por Cristina de la Torre | Dic 15, 2013 | Diciembre 2013, Personajes
El mechón sobre la frente, la risa fácil, signos inesperados del temple sin ruido de este médico que desafió el abuso de las farmacéuticas en precios de medicamentos, e indujo las primeras medidas de control del Gobierno sobre los mismos. Las medidas, una luz entre las tinieblas de la Ley 100 que transformó la salud en negocio de EPS y desde 2003 permitió elevar precios de medicinas hasta veinte veces por encima de los internacionales. Una afrenta –diría él- contra el acceso a medicamentos como parte vital del derecho a la salud.
Boliviano por amor, colombiano por adopción, Andia lleva cuatro décadas entregándole a nuestro país trabajo, inteligencia y tesón. Arrastrado en la diáspora de suramericanos que partieron de sus países sojuzgados por la dictadura, el joven galeno salió del suyo cuando el general Bánzer se tomó por las armas el poder. Debutó el de charreteras destruyendo los equipos de la Facultad de Medicina en La Paz. Entonces hacía año rural Andia en la localidad de Catagaita. Allí extendió su trabajo al afianzamiento del hospital y propendió a la descontaminación del río, fuente de severa amenaza a la salud. Coincidió su campaña cívica con la de misioneras Lauritas y javerianos de Yarumal, que traducían el Evangelio en acción social. Como lo enseñaba el Concilio Vaticano de Juan XXIII, que hoy retoma el Papa Francisco. Pero, se sabe, hasta la práctica evangélica cayó bajo sospecha y Andia marchó, con toda una generación, al exilio. Los religiosos tendieron puentes con Colombia, y hoy es director del Observatorio de Medicamentos y Vicepresidente de Política Farmacéutica Nacional de la Federación Médica Colombiana. “Me siento colombiano, además, porque mi señora y mi hija lo son”, declara con orgullo.
Su cruzada contra prácticas perversas de las farmacéuticas despuntó hace diez años cuando, a instancias del libre mercado que anima el modelo de salud, el Gobierno decretó libertad absoluta de precios. El efecto fue devastador. No apenas para los usuarios en droguerías, sino sobre los recobros de las EPS al Fosyga. Éstos saltaron de $113.000 millones en 2003 a $2.236.000 millones, y pusieron en jaque las finanzas del sector.
Andia se congratula de que este Gobierno iniciara control de precios y de que el proyecto de ley en curso lo contemple. Reconoce, sin falsa humildad, que a ello contribuyó su seguimiento estricto de la libertad a ultranza, desde la Federación. Fruto del reclamo de los médicos a participar en el diseño de las políticas en salud, en política farmacéutica y creación de un sistema único de información de medicamentos. Si positiva, en su opinión la medida del ministro Gaviria resulta parcial e insuficiente. Porque de momento sólo afecta el canal institucional, y porque muchos precios desbordan todavía los internacionales.
Si los genéricos son de calidad óptima –preguntamos- y si valen muchísimo menos que los medicamentos de marca, ¿por qué no monopoliza el Estado su producción para responder a las necesidades básicas de salud? Por falta de convicción y de voluntad política, responde. Pero una solución central sería estimular la producción nacional de genéricos, tal como lo propone el proyecto de ley en discusión. Como se practica en la India y se propone ya en casi toda Suramérica. El Gobierno podría centralizar las compras y proteger el autoabastecimiento nacional con productos genéricos.
A todos sorprendió el llamado del Ministro a combinar negocio con bienestar del paciente. ¿Lapsus linguae? ¿Provocación? ¿Metáfora de sistema mixto en Salud? Si sistema mixto, dice Andia, no podría manejarse la salud, que es derecho fundamental, con criterio de mercado. Ni autorizar libertad de precios. Pero podría encargarse a privados la prestación de servicios y tareas de investigación científica. En todo caso, la sostenibilidad del sistema de salud pasa por una adecuada regulación de precios de los medicamentos – remata. Propósito que ha perseguido Óscar Andia en Colombia, con el mismo empeño que lo hubiera hecho en su primera patria, Bolivia.
por Cristina de la Torre | Dic 10, 2013 | Diciembre 2013, Educación
No obedece sólo a la mediocridad de nuestros maestros, ni a barbaridades como aquellas de suprimir la cátedra de historia o dispensarle al estudiante todo esfuerzo en virtud de la promoción automática. Que Colombia ocupe casi el último lugar del mundo en educación resulta también del dogma como sistema de pensamiento que la Iglesia impuso desde hace un siglo largo, por lo menos, cuando metió mano en las aulas y las avasalló. Está por verse cuánto habrá pesado en nuestras carencias esta pacatería de aldea, mancuerna de la república bananera que se nos alebresta periódicamente. Y no apenas en la violencia, recurso del dogma extendido a la política que se resuelve en eliminación del contradictor. También en el hecho inexcusable de que nuestros muchachos, levantados en el miedo, no sepan pensar, ni analizar, ni comparar, ni criticar, ni imaginar, ni crear, ni resolver problemas.
Último botón de muestra, el veto de la Curia, del procurador Ordóñez y del Opus Dei a los libros sobre diversidad sexual que formaban parte de la Colección Semilla en el Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación. Iniciativa que dota de biblioteca selecta a 20.600 colegios oficiales. Son 270 títulos que abren horizontes al mundo y entrañan correctivos de fondo a la crisis de contenidos y métodos de enseñanza. Flor en el desierto de nuestra malhadada educación, resultó también mancillada por aquellos paladines de la caverna. Y la Ministra, lejos de imponer respeto al Estado laico que ella representa, humilló la cerviz.
En artículo titulado Educación sin sexo, sexo sin educación (Arcadia 6,13), señala Lina Vargas que en la Colección quedó proscrito el tema de la sexualidad. En el cedazo de los evaluadores quedaron atrapados títulos de calidad y delicadeza sin par, sólo para ahondar la fractura que acusa la educación sexual de nuestros jóvenes. Pese a que debe impartirse por obligación; pese al boicot del Procurador, para quien la ley imponía una cátedra abortista, el Estado apunta a instruir al estudiante sobre derechos sexuales y reproductivos, de modo que pueda decidir responsablemente sobre su vida sexual, respetar a los demás y acercarse a una ciudadanía plena. Pero el golpe de mano del oscurantismo se tradujo en este caso en censura de los textos que abordaban el tema de marras.
A la campaña se suma el Centro Cultural Cruzada, en página web del Voto Católico, para exigirle al Ministerio de Educación que “pare de corromper a la infancia y a la juventud”, y cancele su programa de educación sexual, proyecto anticristiano inspirado en la “ideología de género”. Reclamando el derecho de los padres a educar a sus hijos, Catalina Castillo invita en Red Familia a dar un paso al frente en esta “guerra”, y “el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros hijos”. Razón legítima le asiste a Castillo si quiere sustraer a sus hijos de la educación sexual. Mas, por tratarse de un Estado laico, no puede imponer desde su ideología religiosa la supresión de un programa oficial. E instaurar en su lugar un dogma de fe como política de Estado.
Ha pasado a la historia la fórmula jurídica de la Teocracia decimonónica, cómo no; pero sus poderes de facto siguen pujando por moldear mentalidades en los enjutos parámetros del dogma de fe. Mentes aprisionadas en ideas fijas, ajenas a la reflexión, a la experimentación, al arte propios de una educación para la vida. Mentes dóciles al mesianismo, que a falta de libros varios se contenten con algún catecismo, de Franco o de Fidel. Si algo sabe Ordóñez por experiencia juvenil es que prohibir libros es como quemarlos; y quien quema libros termina quemando gente.
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2013 | Diciembre 2013, Izquierda
Si el centro-izquierda se uniera como tercería electoral afirmada en un programa mínimo de cambio, no se definiría la justa presidencial en términos de guerra o paz, sino entre banderías de reforma para una Colombia nueva. Una Clara López, un Navarro, quien resultare candidato único de esta tercera fuerza, podría superar en primera vuelta al candidato de la extrema militarista y enfrentar a Santos en la segunda. Con o sin acuerdo en La Habana, se abocaría el electorado por vez primera a escoger entre propuestas para el posconflicto. No entre águilas y palomas. Ni ya tanto en pago de la amarga y el tamal. Para contento de la democracia, los partidos tendrían por fuerza que empezar a decantar ideas y programas. Pero si fracasa en la izquierda el acuerdo, no tendría el Presidente contendor. Porque ésta, tan dada a implosionar, se diluiría en una polvareda de candidatos sin fruto. Zuluaga, por su parte, no convoca el fervor del uribismo y, antes bien, carga con el deshonor de haber llegado a candidato por fraude.
Verdades de a puño que, sin embargo, nuestra izquierda podría darse el lujo de ignorar. Mientras unos dirigentes forcejean por la unidad, otros se muestran retrecheros y, meñique al aire, sentencian: si no es en mis propios términos, adminículos todos de mi partido, no será; si no soy yo el candidato, ninguno lo será. Ajenos a la historia, la mirarán pasar, sin romperse ni mancharse, desde sus catedrales de naipes.
Pero no se repetirá esta oportunidad. Así lo entienden –entre muchos- Navarro y Clara López, motores de la celosa brega por una convergencia de demócratas que ensanche el horizonte de la política y responda a los desafíos de la paz. Para comenzar, listas al Congreso concertadas y designación de candidato único a la Presidencia por consulta entre los partidos de la coalición. Con todo, el proceso parece rezumar más hiel que miel. A la propuesta de Claudia López de conformar lista única respondió Mockus poniéndole nuevas cargas de dinamita a la accidentada empresa de unidad: montó tolda aparte para erosionar la votación independiente. Y Enrique Peñalosa, candidato verde que marchó con Uribe por la alcaldía de Bogotá, dijo no rotundo a todo acuerdo con otros sectores políticos. De otro lado, tomándose la vocería del Polo y aludiendo a Progresistas, espetó Jorge E. Robledo que su partido “no hará acuerdos con santistas solapados”. Esto de unir las fuerzas alternativas “no está sucediendo -se quejó Navarro-. Cada día parecemos más dispersos, más separados. (El momento histórico) parece escurrírsenos como agua entre las manos”.
No va sola la enfermedad infantil del narcisismo. También la pretensión de trocar de entrada en partido la tercería en ciernes conspira contra su real posibilidad cuando de fuerzas disímiles se trata. De momento, lo que la tierra da es un frente amplio que comparta principios y reglas de juego básicos para preservar unidad de propósito general y autonomía organizativa de sus miembros. De su eficacia hablan Brasil, Chile, Uruguay. Lo otro sería repetir el disparate del Polo, que se creyó partido siendo apenas una alianza, e impuso disciplina para perros. Su destino fue la diáspora.
Catapultadas por un nuevo estado sicológico del país que acusa destape, las tareas del posconflicto despuntan ya. No quiera la izquierda ignorarlas ahora. Pero sólo podrá acometerlas con eficacia si llega unida a elecciones y si trabaja por ellas como bancada parlamentaria de la Tercería. No se cumpla el vaticinio de Angélica Lozano: que la justicia quede en manos de los congresistas investigados; la salud, en Roy Barreras; la paz, en el uribismo, y la izquierda ahí. Dividida.
por Cristina de la Torre | Nov 26, 2013 | Conflicto armado, Noviembre 2013
La sustitución de cultivos en zonas cocaleras no es alternativa para el campesino que, a falta de otras opciones, suministra la materia prima al narcotráfico de las Farc. Tampoco lo es abrirle carreteras en los extramuros de la patria, inhóspito destino de labriegos arrojados de sus tierras por el latifundio. Y menos servirá revitalizar la aparcería a fuer de alianza de pequeños cultivadores con el gran capital agroindustrial, como lo pretende el ministro Lizarralde. En los dos flancos que ofrece el debate con las Farc sobre drogas y cultivos ilícitos (la renuncia de esta guerrilla al narcotráfico y la suerte de los cocaleros que la abastecen), el segundo reclama soluciones de fondo ya: una política de repoblamiento que sitúe a estas comunidades campesinas en zonas de desarrollo y tierras productivas al beso de los centros de consumo, donde puedan ellas fácilmente vender sus productos. Tierras hay en la frontera agrícola que sirven a este propósito, dentro del más amplio que abarca al campesinado todo: las incautadas a la mafia, las desperdiciadas en ganadería extensiva, las especulativas. Y las formas de organizar la producción pueden variar desde el trabajo familiar o comunitario en zonas de reserva campesina, hasta la alianza con productores grandes en condiciones de equidad. Como se ve, un acuerdo en la mesa sobre cultivos ilícitos va inextricablemente ceñido al de tierras, ya suscrito.
Parte de los colonos que en su hora fueron retaguardia de las Farc, en la lucha inútil por sobrevivir con cultivos de pancoger y llegar a mercados inaccesibles, terminó sembrando coca cuando la economía de la droga saltó a economía de guerra y demandó más trabajadores y territorios cada día. Raspachines sobraron, en un país de campesinos sin tierra y tierra sin campesinos. Su rescate apunta ahora a darles tierra y crédito y asistencia técnica. Pero no podrá ser en zonas de colonización que los condenan a la miseria, por más que cultiven caucho en vez de coca; por más vías que construyan, pues las distancias encarecerán en exceso su producto.
En los años 80 se selló el maridaje entre conflicto armado y narcotráfico. Se retroalimentaban. La expansión de las fuerzas en liza demandaba los recursos del negocio; y éstas retribuían con servicios de seguridad y control de población y territorio. Hubo alianza entre guerrilla y narcotráfico, mientras los cultivos de coca se expandían en zonas de influencia de las Farc. Pero hacia finales de la década se rompió esta alianza y fue la guerra, una de las causas del exterminio de la UP. El nuevo partido nacía como brazo político de las Farc, producto de acuerdos de paz con el Gobierno de Betancur. Hoy trabajan de consuno algunos frentes de las Farc y las bacrim.
Si las Farc abandonaran la droga, no moriría el narcotráfico, negocio global que multiplica por 500 el valor del producto en la cadena de comercialización: el kilo de pasta de coca que en nuestras selvas vale 650 dólares, vendido en las calles de Nueva York arroja 330.000 dólares. Pero en Colombia se replantearía la política antidrogas, de modo que recayera sobre las redes del narcotráfico, sobre su brazo político y el lavado de activos; no sobre los raspachines, el eslabón más débil de la cadena. Débil por su desamparo y porque fue víctima del control que, en ausencia del Estado, le impusieron las Farc. Una fuerza que obró como autoridad de hecho y ejército de ocupación, bajo la égida despótica del fusil. Ojalá se allanen las Farc a desmontar el negocio y a estos colonos se les ofrezcan alternativas rentables al cultivo de la coca. En verdaderas zonas de desarrollo, no en la porra y a la buena de dios.
por Cristina de la Torre | Nov 19, 2013 | Mujer, Noviembre 2013, Personajes
Por boca de Andrés Jaramillo habló el sátiro milenario que violenta a la mujer y, encima, le adjudica el crimen a ella, criatura despreciable, inacabada, a media falda apenas. Pero hablaron también tantas mujeres que, habituadas a la humillación, suman su voz a la del bruto que prevalece a coces: por miedo y sin saberlo, pisan la trampa que convierte su diferencia biológica en inferioridad, y terminan por allanarse a la discriminación y a la violencia que de allí emanan. Las hay también –una minoría- que maltratan al hombre y éste, prisionero del ridículo estándar de virilidad que el machismo impone, calla por temor a confesarse frágil. Otras, como la senadora Liliana Rendón, apuntan al poder político desde la desgracia de sus congéneres, en un país donde se asesina a cuatro mujeres por día o se las agrede sexualmente cada media hora. Donde la violación y el abuso son práctica consuetudinaria, armas de guerra y brutal iniciación sexual en alarmante proporción de nuestras niñas. Pues la Rendón defendió a zurriago limpio la paliza que Bolillo Gómez le propinara a una señora. La de la culpa es ella, argumentó, pues de seguro lo provocó. Si mi marido me pega –remató casi feliz- es porque me la gané. Sacará más votos de esclavas.
El machismo femenino –fruto del legado bíblico que deposita en el varón todo el poder- resulta de cooptar la mirada y los usos del macho cabrío contra el sexo opuesto, y se manifiesta de mil maneras: ya porque se acepte la mujer como estereotipo sexual o como sirvienta del marido; ya porque censure a la que despliega su feminidad y disfruta del sexo (una “puta”); ya porque a la vista de la violación mire para otro lado, una manera de justificarla. Y la violación es epidemia. Para Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, la agresión contra las mujeres en Colombia configura una verdadera crisis humanitaria y casi nunca se castiga (la impunidad es del 86%). La ley ampara a las mujeres, explica, mas “en la vida real no sucede lo mismo”.
Se dirá que la incursión masiva de nuestras mujeres en fábricas y aulas desde los años 50 produjo una revolución silenciosa; que la píldora y el divorcio y el matrimonio civil y la ley de paternidad responsable y las leyes de protección femenina de 2008 completaron la gesta. Si. Pero iglesias y atavismos enfermizos la frenan a mitad de camino o la devuelven. Como puja la procuraduría por pulverizar el derecho adquirido al aborto terapéutico. Así que la orgullosa emancipación femenina se ha traducido en doble jornada para la mujer: la del trabajo, mal remunerada; y la del hogar, no remunerada. Porque, además, no cambian, o cambian sólo de empaque los roles de hombres y mujeres en la sociedad y la división del trabajo por sexos de la familia patriarcal. Y así se acepta en general. No logra, pues, la cultura cogerle el paso al cambio social y jurídico. Rezago no desmentido siquiera por el hecho de que la mitad de los universitarios sean mujeres.
La sindicación de Jaramillo contra una joven que pudo ser violada en sus predios no parece ser inocente desliz. Es sabido que desde los albores del negocio se les pedía a las meseras –niñas bien y bellas- vestirse “más ceñidas”. Se popularizó allí el gracejo de usar “body propinero”. En su moral acomodaticia, bien podría Jaramillo suscribir el ideal de esposa de Cochice Rodríguez: una mujer virtuosa, hogareña, que no use minifalda. (¿E indiferente a la violación?). Los cambios jurídicos y sociales sólo podrán respirar a pleno pulmón con una justicia operante y al calor de una revolución cultural, educativa capaz de trocar en vergüenza el feminazismo que anida en amplios sectores de ellos y ellas.
por Cristina de la Torre | Nov 12, 2013 | Conflicto armado, Noviembre 2013
Enorme la trascendencia del acuerdo político firmado en La Habana: nunca en su historia se habían comprometido las Farc a dejar las armas y a hacer política en la legalidad, mientras el Estado ensancha la democracia. Nunca un comandante del Ejército, el general Rodríguez, había prometido con tanta convicción proteger los derechos y libertades de la guerrilla que ingrese a la civilidad. César Caballero infiere de su última encuesta que “hay apoyo contundente de los líderes de opinión al proceso de paz”; y Omar Yepes, jefe del Conservatismo, acoge la representación política que se les daría a las Farc. El acuerdo de participación política se suma al agrario, para encarar el conflicto desde sus flancos más dolorosos: la inequidad en el campo y la democracia restringida.
Todo ello ceñido a la Constitución. Así el acuerdo político como el agrario confirman que no se montó la mesa de diálogo para instaurar el castro-chavismo en el país, ni para hacer la revolución por decreto. Aunque lo firmado a la fecha sí apunta, tras un siglo de rezago, a las reformas agraria y política que las mayorías reclamaron siempre e inspiraron el nacimiento de las Farc. El desplome del Muro de Berlín terminó por evidenciar la dualidad del discurso de esta guerrilla que cubría de radicalismos pueriles o ajenos a lo nuestro la pepa de su reivindicación histórica: el viejo programa agrario y democrático de Marulanda. También las Farc a la zaga de la historia, dan hoy el timonazo que todas las guerrillas del continente protagonizaron hace casi 30 años, con la caída de las dictaduras, para contribuir al viraje hacia el abanico de socialdemocracias que hoy se abre. Pero Colombia no era otra dictadura, era una democracia recortada. Y tras la Constitución del 91, por deslucida que ande, las Farc y el ELN resultan ser anacronismos. Y su guerra derivó en atrocidades que ofenden a la nación entera.
Así como las Farc vuelven por los fueros de un reformismo liberal moderno (aunque puedan después endurecer el tono), Pepe Mujica, viejo guerrillero Tupamaro y hoy presidente de Uruguay, transitó del marxismo hacia una socialdemocracia adaptada a los tiempos de la globalización. Así Dilma Rousseff, otra exguerrillera que gobierna el Brasil. Los Tupamaros empezaron por la crítica de las armas, para tornar a la legalidad en 1985 bajo la divisa de que “es preferible la peor democracia que la mejor dictadura”. Se unieron al Frente Amplio y conquistaron la Presidencia en 2010. En su discurso de posesión, reivindicó Mujica el inconformismo de su juventud, para construir una sociedad mejor. Admitió que respeta el socialismo del siglo XXI, pero dijo que el suyo sería distinto, un camino de construcción, más autogestionario. Cuando pase Chávez –declaró- no habrá construido ningún socialismo. De los gobiernos de izquierda en América Latina dijo que “no se debe ir tan a la izquierda como pensábamos hace 40 años ni tan a la derecha como los que vimos. La aguja parece que se va arrimando al centro”. En efecto, el Frente Amplio se acerca más a una economía social de mercado que al socialismo marxista de los Tupamaros. Ejemplo aleccionador.
La disyuntiva entre guerra y paz será el fiel de la balanza en las elecciones del 14. Meter Schechter, director del Centro para América Latina en Washington, dijo que pocos presidentes han corrido los riesgos políticos de Santos con la paz: no juega él a la negociación, sino que está jugado por la negociación, así con ello pierda la Presidencia. Y sí, animado por los logros sin precedentes en La Habana y aludiendo a los “buitres” de la guerra, instó Santos a desterrar el miedo, pues “el miedo nos encadena al pasado”.
por Cristina de la Torre | Nov 5, 2013 | Iglesias, Noviembre 2013
No es el único, pero sí uno de los más crudos ejemplares de la especie que convirtió a Colombia en el país archiconservador del hemisferio. Retrato en mano, Alejandro Ordóñez pide a gritos un espacio en la galería rococó de los hombres que manosearon el sentimiento religioso hasta convertirlo en fórmula de gobierno inquisitorial. En su nostalgia de Cruzadas y órdenes militares del Medioevo, apenas disimula el toque neonazi que la adapta a los tiempos. Desde Rafael Núñez, pasando por san Ezequiel de Pasto y monseñor Builes y Alvaro Uribe – santo de cabecera del beato Marianito- y algún pastor cristiano enredado en parapolítica, larga es la lista de nuestros teócratas que vuelven siempre sobre los pasos de la historia para petrificarla. Para sumarle nuevas telarañas a la caverna, mientras el mundo rebasa las modestas fronteras del liberalismo que aquí nos resulta todavía esquivo. Pero, más que iluminado, Ordóñez es un concupiscente del poder que, apuntando al solio de Bolívar, mueve la fibra goda de los indoctrinados en el miedo a la paz, a la pluralidad, a la preeminencia de la ley civil sobre la divina que vino con la modernidad.
La galería abruma. Núñez negoció el Estado laico contra la bendición pontificia a sus pecadillos de alcoba. Ezequiel fue heraldo de la sentencia que trocó el liberalismo en pecado y cobró miles y miles de vidas en la guerra de los Mil Días. La continuó monseñor Builes, pulpiteador de aquella sentencia de muerte contra el pueblo desafecto al partido católico, cuando Laureano, luz de Ordóñez, se declaraba seguidor del nazi-fascismo y promovía la acción intrépida y el atentado personal. Gobernaron los tonsurados por interpuesto presidente. Monseñor Perdomo, el Cardenal Crisanto Luque y Monseñor Muñoz Duque ungieron para el gobierno civil a los mandatarios Concha, Suárez, Abadía Méndez, Ospina, Gómez y Betancur. Debieron desfilar todos por el Palacio Cardenalicio para acceder a la casa de Gobierno. Y devolvieron con creces a la poderosa Iglesia sus galanterías. Los pastores cristianos siguen el ejemplo. De la sana libertad de cultos que la Carta del 91 consagró, saltaron a la divisa “un fiel un voto”. Son los suyos feudos electorales de incautos que pagan diezmos y sufragan a menudo por quienes ofrecen resignación en la tierra por la gloria de Dios. Sin preguntar antes si ofician también de parapolíticos o si su paz es la de los sepulcros. Como el pastor Jaime Fonseca, quien se permitió predicar energúmeno su fórmula divina para alcanzar la paz: “oración de cristianos y plomo ventiado”.
Ordóñez milita en una secta ultramontana del catolicismo que bebió, entre otras, en el pontificado de Benedicto. Instaba éste a la organización de políticos dispuestos a batirse por Cristo y contra el príncipe diabólico. El padre Iraburu extremó el llamado contra la “bestial liberal” y para alzarse en armas contra ella. En su tesis de Derecho, exalta Ordóñez “los alzamientos militares del heroico catolicismo mexicano y español” y aboga por un Estado confesional edificado sobre el cadáver de la democracia. Homicidio perpetrado a dos manos: por el integrismo católico y por el ejemplo nazi. Fiel a sus fuentes, ya en 1978, fungiendo como cruzado medieval, repitió Ordóñez la incineración de libros que aprendiera de Hitler, de Videla y Pinochet. El procurador es resultado y síntesis de esta historia. Fingiéndose elegido de Dios para salvar la religión católica, no oculta, sin embargo, su pasión por el poder mundano. Hacia éste apunta el ejercicio selectivo de sus condenas “judiciales” ejecutadas a golpes de Biblia y de clientela. Contra blancos legítimos del dios de sus ejércitos.
por Cristina de la Torre | Oct 29, 2013 | Corrupción, Octubre 2013, Uribismo
Impostando dignidad ofendida porque el Gobierno “negocia la paz con terroristas”, la convención del uribismo dio luz verde a la más encarnizada campaña de la derecha por la guerra. Hasta legítima sería, si antes revelara ésta sus componendas con los terroristas de la contraparte armada. Si levantara el velo del pacto de Ralito, donde negociar fue protocolizar una vieja asociación con el narcotráfico y sus ejércitos. Fue refundar la patria paramilitar, cuyo brazo político cogobernó a sus anchas con el poder legal mientras sus huestes usurpaban tierras, desplazaban y mataban. Como la guerrilla. ¿De dónde, pues, esta moral prestada, bellamente tocada de “seguridad”, electorera y siniestra que se relame en el espectáculo de la muerte? La violencia de la asonada contra la paz responde al grito de quienes prevalecen en la guerra: la caverna del campo, media clase política, traficantes de armas y de drogas, usufructuarios del mayor presupuesto militar (uniformados o no) en el subcontinente. Oscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, debutó con la divisa de clausurar el proceso de paz y un saludo emocionado a Luís Alfredo Ramos, detenido por parapolítica.
En su diatriba contra Santos dizque por capitular ante terroristas al concederles estatus político, impunidad y elegibilidad, olvida Uribe los beneficios que otorgó él a miles de criminales de las AUC a quienes quiso pasar por políticos y las penas irrisorias que algunos de ellos recibieron. Tampoco recuerda la mirada complaciente de su Gobierno a los jefes paramilitares que, presididos por Mancuso, se pavonearon en pleno parlamento para proclamar que su poder alcanzaba el 35% del Legislativo. Ni la visita de Job, enviado de Don Berna a Palacio para conspirar con el círculo íntimo del entonces presidente contra la Corte Suprema que enjuiciaba la parapolítica. No se enteró de esas fruslerías su vicepresidente, Francisco Santos, acaso ocupado en responder a investigación judicial por supuestos vínculos con el Bloque Capital de los paramilitares. Tampoco se mosqueó Fernando Londoño, ministro de Gobierno, ocupado a su vez en escribir un panegírico de Carlos Castaño.
En texto publicado por El Colombiano en 2006, señala Londoño diferencia crucial entre Castaño –un “intelectual hecho a pulso”, un político antisubversivo- y los mafiosos, indeseables que se habrían tomado las autodefensas. Según aquel, Mancuso se perfilaba como el otro intelectual. Ficción. Ya desde siete años antes, en 1999, se había propuesto Castaño trazar un corredor entre Urabá y Catatumbo para sacar cocaína a la exportación. Y en efecto lo hizo, dejando a su paso un rosario de masacres como no se vio jamás. Entonces proliferaron los enfrentamientos con las Farc, claro. Pero no fue choque de patriotas contra subversivos sino de carteles por el control de territorios indispensables para la comercialización de la droga. Tal el héroe de nuestro refinado ideólogo del uribismo, acaso el más sanguinario de los jefes paramilitares. Pero el exministro, magno orador en la convención de marras, considera todavía una ignominia negociar con terroristas. “Logramos la victoria (contra las Farc)”, dijo. Y entonces, ¿por qué insisten en prolongar la guerra?
Es consigna del uribismo la guerra a muerte contra el narcoterrorismo. El de las Farc, se entiende, pues nada dice del que sigue vivo y coleando como bacrim o como Kikos en el poder local o como ejércitos anti restitución de tierras. A lo menos ninguna alusión a éste se oyó en la flamante convención de mayorías prefabricadas por un gallo singular que pone huevos, los adoba con manzanilla y estrecha la mano peluda de la guerra.
por Cristina de la Torre | Oct 22, 2013 | Octubre 2013, Salud
Hace un año se comprometió el Presidente a resolver la crisis de salud liquidando el modelo que rige y sus EPS, origen del que los colombianos consideran problema capital del país; pero esta semana celebraba el Gobierno la revitalización en el Senado de la estructura mercantil que convirtió en negocio el derecho a la salud, y cuyo símbolo siniestro llegó a ser el paseo de la muerte. La reforma cambia nombres y algún procedimiento burocrático, mas no toca la sustancia. Antes bien, la afianza.
Médicos, pacientes, ciudadanos la rechazan porque con ella las EPS conservan el control económico del sistema y su intermediación financiera; organizan las redes del servicio; deciden a quién pagar y cuánto, vale decir, ordenan el gasto; auditan; preservan la gabela suculenta de la integración vertical en el nivel básico –el de mayor impacto- para contratar consigo mismas, y reciben más dinero del Estado. Sólo que no se les entregará ya por adelantado sino después.
Aunque Salud Mía concentre el recaudo, las cotizaciones al servicio perderán su carácter público al contacto con las EPS. Aunque gire directamente a los hospitales, será a aquellos que las EPS señalen. Los primeros, sin duda, los suyos propios. Y, genuflexión suprema al mercader, la reforma porfía en negarle al Estado su función de asegurador único. Trocadas en “gestoras”, las EPS seguirán como aseguradoras y, en consecuencia, manejarán el dinero del sector. Acrecentado. Ahora abultarán el lucro con pagos por administración del riesgo, incapacidades, reaseguramiento, rendimientos financieros, y el valor de las UPC.
Dos innovaciones consuelan. Primero, el propósito de atacar la escasez de especialistas provocada por universidades privadas que restringen su formación a dosis mínimas para asegurar, por falta de competencia, ingresos hasta de 40 millones para estos egresados. Odioso mecanismo de privilegio que impone, por contera, tarifas prohibitivas al paciente. Segundo, el control de precios de medicamentos, que el Gobierno pasado había librado al abuso de las farmacéuticas. Mas éstos son derivados, no pilares del sistema.
El doctor Fernando Galindo reclama respeto a los principios que informan un servicio de salud concebido como derecho, centrado en el paciente, no en el negocio. De donde emanan imperativos como el de suprimir toda forma de integración vertical, igualar los beneficios para todos, volver al Estado como director-asegurador único del sistema y depositario exclusivo de ingresos y pagos. Con veeduría ciudadana.
Nunca se insistirá bastante en eliminar las EPS, intermediarios superfluos –y ladrones- en un sistema cuyos hospitales y secretarías regionales constituyen los articuladores naturales de las redes de salud. El proyecto aprobado en el Senado no sólo escamotea la crisis sino que agrava sus causas: la privatización y mercantilización de este derecho. Triunfo resonante de las EPS, que el Gobierno suscribe. ¿Por debilidad? ¿Por convicción? Sea cual fuere la razón, tres debates le quedan en el Congreso para corregir el rumbo. No quiera él cargar con el estigma histórico de haber precipitado la salud “de Guatemala para guatepior”.
Coda. El pronunciamiento de la Corte Constitucional contra apelación de Piedad Córdoba por su ilegal destitución a manos del procurador podrá supeditar la independencia del Congreso a los raptos de un exaltado que aspira a prevalecer sobre el voto popular. Según la Constitución, cuando de elegidos se trata, el procurador sólo podría sancionar a diputados y concejales, por ser administrativas sus funciones; no a congresistas, cuya función es legislativa. Contra Córdoba lo que hay es impúdica persecución política.
por Cristina de la Torre | Oct 8, 2013 | Conflicto armado, Octubre 2013
La asimetría en la aplicación de justicia sobre parapolíticos y farcpolíticos alimenta la ojeriza de la derecha hacia la paz. Y engendraría ánimo de venganza en una eventual guerra sucia que el fiscal Montealegre teme para el posconflicto, si la sociedad y el Estado no la desactivan a tiempo. Según él, serían sus protagonistas el latifundismo y el narcotráfico, los intereses que yacen tras los apologistas de la guerra y que sufrirían el efecto de acuerdos enderezados a reformar el campo. Pero, por otra parte, diríase que la reclusión de docenas de políticos aliados de paramilitares mientras sus recíprocos de las Farc gozan de libertad, es incoherencia capaz de inducir una brutal retaliación. En el río revuelto de la guerra navegaría esta revancha. Caso distinto es el contacto de personas con las Farc en La Habana en libre son de paz y no de concierto para delinquir, como lo insinúa la derecha, en su pérfida acumulación de pretextos para sabotearla.
En artículo magistral (“¿Sacrificar la verdad para alcanzar la paz?”, en Razón Pública) el analista Gustavo Duncan fustiga el silencio sobre nexos de la clase política con grupos armados ilegales de izquierda y de derecha, omisión que seguiría alimentando el conflicto. Gloso aquí el texto: en el proceso con las AUC –escribe- se sacrificó la verdad en aras de la paz. Toda la culpa se les adjudicó a los paramilitares, mientras la clase política jugaba a salir indemne. Como lo probaría el caso de Luís Alfredo Ramos. De la misma manera, en la farcpolítica los legales involucrados con este grupo armado apuestan al encubrimiento de la verdad. El silencio en aras de la paz. Si se hiciera justicia, afirma Duncan, sería apenas natural que, luego de una eventual desmovilización, algunos dirigentes de partidos y ONG de izquierda fueran a prisión por haber tenido relación con las Farc. “Sería un caso casi idéntico al de Luís Alfredo Ramos”.
Cien parlamentarios fueron procesados por parapolítica. Pero sólo se reveló parte de la verdad y se desconoce el proceder de las elites nacionales que pactaron con esos políticos. En particular, el de la elite política de Bogotá. Apunta el autor que Uribe no tiene por qué asumir toda la representación de los parapolíticos. Ya ellos existían antes de que el antioqueño llegara al poder, pues configuraban la base de gobierno de ambos partidos, el liberal y el conservador, en Administraciones anteriores y en la actual. Y remata Duncan: “Ni en la derecha ni en la izquierda parece haber asomo de acuerdo para buscar una salida sensata en este tema. Ningún dirigente es capaz de reclamar amnistía para su colectividad política a cambio de la verdad, al tiempo que reclame el mismo tratamiento para sus contradictores”.
Explica las relaciones de políticos con paramilitares y narcotraficantes, por el dominio de éstos sobre la economía en las regiones. Economía criminal que financiaba la política y era el núcleo de la organización social en provincia. Sí, la base social del paramilitarismo venía ya conectada al Estado, mientras las Farc apuntaban contra él. Pero unos y otros se apropiaron las rentas del Estado con anuencia de políticos. Y mataron para prevalecer.
Piden las Farc una comisión de la verdad que esclarezca la historia del conflicto y señale a todos los responsables, guerrilla comprendida. Paso significativo hacia el reconocimiento de las víctimas. Pero insuficiente si el país escamotea la verdad de los políticos que se coligaron con ellas. O si ignora todas las posibilidades de una justicia de transición: si no amnistía para todos, cárcel para todos. O la solución plena, justicia restaurativa para todos por igual.
