por Cristina de la Torre | Mar 11, 2014 | Marzo 2014, Política agraria
“¿Quién manda aquí, el Presidente o la isla de Cuba?”, pregunta Rafael Mejía, vocero de los grandes del campo, y amenaza con retirarle a Santos su apoyo en el proceso de paz. Emulando al uribismo, a dirigentes ganaderos amigos de los Castaño, envuelve en el fantasma del castro-chavismo sus temores de que el Gobierno “irrespete” la propiedad privada y el modelo de libre mercado. Credo parco en él mientras la reconciliación era un albur, irrumpe ahora belicoso cuando la presencia plena de las Farc en La Habana augura buen éxito en la negociación final. Cuando a la discusión sobre sustitución de cultivos ilícitos en zonas de influencia guerrillera se suma el Bloque Sur de las Farc, su frente líder en finanzas, en guerra y narcotráfico. Es que la sustitución sería apenas parte de la reforma rural ya pactada; y podría afectar tierras malhabidas dentro de la frontera agrícola, al beso de las ciudades, allí donde la actividad agropecuaria resulta rentable. A aquellas, entre otras, tendrían acceso miles de campesinos sin tierra y cultivadores de coca que retornaran de su exilio en los extramuros de la patria. Perspectiva abrumadora para paramilitares que estrenan zamarros y terratenientes que llevan 200 años haciendo respetar a sangre y fuego su heredad de media res por hectárea, a menudo con títulos falsos. O sin ellos. Negro horizonte si, además, la Misión para la Transformación del Campo proyecta cambios de fondo como producto de los diálogos con las dignidades agrarias y los acuerdos de La Habana.
Piensa la SAC que la insinuación de expropiar tierras aledañas a las ciudades -aun si bien explotadas- y la ambigüedad del Gobierno frente a los baldíos (de los cuales no se desprenderían los grandes propietarios) ponen en peligro la seguridad jurídica de la propiedad. Pero el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, confirma que el Fondo de Tierras se nutrirá, entre otras fuentes, de la extinción de dominio sobre tierras poseídas en forma ilegal. Y si su afectación “incluye parte de las mejores tierras en zonas centrales del país, como ocurre con frecuencia con la extinción, tanto mejor, pues evitaremos el error histórico de enviar a los campesinos a las zonas más apartadas”.
Mas tampoco parece seguro que las Farc quisieran tributar al repoblamiento en la frontera agrícola con comunidades a las que han gobernado férreamente y cuyo trabajo en los cocales usufructúa la guerrilla. En el negocio del narcotráfico, el fuerte de las Farc son los cultivos. Y no tanto por su rentabilidad económica, como por el poder que deriva del control social y político sobre aquellos colonos y sobre el territorio. Las Farc proponen sustitución de cultivos ilícitos con programas inscritos en alternativas de desarrollo integral del sector que cambien las condiciones de vida de estas comunidades. Pero allí, donde ellas se asentaron, tiempo ha, bajo la égida de las Farc. Incógnitas: de abrirse oportunidades dentro de la frontera agrícola, ¿cuántos de los 300 mil cocaleros permanecerían en tierras de colonización? ¿Cuántos querrían integrarse al mercado sumándose a los nuevos pobladores campesinos cerca de los centros de consumo?
Tal vez en posconflicto la libre movilidad de estos colonos fracture la base social de las Farc. Pero los señores venales de la tierra seguirán perorando su protesta. Y no sólo porque alguna porción de coqueros terminara en predios que fueron suyos mañosamente, sino porque aquellos se sumaran a contingentes mayores de campesinos que tuvieran al fin esa oportunidad sobre la tierra: si se logra la reforma rural que a López Pumarejo le desmontaron a bala hace 80 años; si hoy dejan hacerla los Mejía, los Uribe, los Londoño, los Lafaurie.
por Cristina de la Torre | Feb 25, 2014 | Actores del conflicto armado, Corrupción, Febrero 2014, Izquierda
“Cada 60 años hay una generación de colombianos que debe decidir cómo acaba una guerra y cómo construye una paz duradera; momento excepcional que hoy no podemos confiar a politiqueros y corruptos”, señala Claudia López. Investigadora estrella de la parapolítica, López marcha con el contingente de caras nuevas que aspiran a batirse desde el Congreso por reformas capaces de eliminar las causas de la guerra; y sabe que cualquier viraje supone, para comenzar, acción letal contra la corrupción. En la orilla opuesta, refractario al cambio, un notablato regional remozado en el erario y, a menudo, en el poder intimidatorio de su reciente alianza con violentos: añeja fusta de la comarca, parentela de alcaldes y gobernadores, herederos de parapolíticos y corruptos condenados. Buscan curul 8 delfines de mandatarios locales, 15 familiares de senadores enredados con paras y, otros 15, de parlamentarios destituidos (Semana 10,II). Piponcha de regalías y dineros de salud y educación, con todo, se lucra esta clase política a manos llenas de la contratación pública. Descentralización y privatización, hijas de la democracia 1991 que medró contra el clientelismo y el Estado burocrático, terminaron por servir a un clientelismo tocado de sangre y a una corrupción que devora montañas de recursos públicos. Beneficiarios fueron también sus ejércitos privados y las guerrillas.
Saltan botones de muestra cada día en peldaños más elevados del poder. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y precandidato presidencial del Centro Democrático, resultó cuestionado por presuntos vínculos con paramililitares. Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero, acaba de implicarlo ante la justicia. Ni hablar del carrusel de contrataciones entre jueces, fiscales, magistrados y uniformados cargados de soles. Gruesa tajada del presupuesto de Defensa se esfuma en esos meandros, sin control y bajo el ala de políticos de pro que pujan por mantener el estado de guerra y el estado de cosas; fuerza oscura que asienta sus reales en el susodicho notablato.
Para derrotar la corrupción, López propone expropiar a los corruptos. A políticos, funcionarios y contratistas cuyos haberes se agiganten sin justificación. Y, si parlamentario, despojar de la curul al partido que lo avala. Humberto Molina, dirigente de izquierda, académico, conocedor de su país (Verdes, Senado 85), lucharía por sujetar los organismos públicos a procesos claros de toma de decisiones y asignación de recursos. Por obligarlos a rendir cuentas cada año sobre contratos y concesiones, en informes avalados por los organismos de control. Insiste en defender a los consumidores, interviniendo a los monopolios para garantizar el ejercicio de una sana competencia; en regular el sector financiero y eliminar sus abusos.
Estima Molina que la paz ha de extenderse a todos los agentes del conflicto. Las negociaciones deben incluir a los grupos armados de la derecha, y a los mentores no-armados de la solución militar del conflicto. ¡Paz hasta con Uribe! –exclama-. Las fórmulas de perdón y reconciliación serán comunes para todos los bandos. A lo que López agrega aplicar un mismo rasero de justicia transicional para los “Timochenkos”, los “Mancusos” y los “Ritoalejos”.
Para Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas, el próximo será un congreso constituyente, pues tendrá que discutir una nueva arquitectura institucional. A levantarla ayudará un Frente de reformadores cuya muestra aquí indica que sí hay con quién. Traen ellos otra idea de país, pero llamarán a todos los demócratas a abrazar un imperativo de patria: erradicar la corrupción.
Coda. ¡Cuidado con la vida de Aída Avella! No basta con encontrar quien disparó el arma; hay que identificar a quien disparó la orden.
por Cristina de la Torre | Feb 18, 2014 | Febrero 2014, Internacional, Modelo Económico
Vuelo de campanas y festones de feria rubricaron el lanzamiento de la Alianza del Pacífico como el paraíso soñado de integración latinoamericana, siendo, precisamente, su antípoda: un torpedo contra el acariciado proyecto de unión autónoma de países para buscar su desarrollo e incorporarse a la economía del globo sin morir en el intento. Los firmantes del nuevo pacto montan la plataforma del continente para la Alianza Transpacífico que EE.UU. lidera, cuando este litoral desplaza al Atlántico y deriva en meca de exportaciones. Pero en Washington resopla es el aliciente expreso de multiplicar las ventajas que el libre comercio ha concedido a las transnacionales. Con la Alianza del Pacífico renace el Alca, asociación de libre comercio para las Américas que Bush-padre había lanzado sin éxito. Su corolario natural, culminar la desindustrialización de los socios menores. Colombia apretará el paso hasta convertirse en exportador neto de servicios, carbón y banano, y en manso importador de bienes industriales y agrícolas. De automóviles, verbigracia, que ahora nos llegarán desde el país azteca, carros gringos o chinos que presumen de mexicanos, con cero arancel. Hábil maniobra de “triangulación”, tan cara a nuestro ministro Cárdenas.
En busca de frutos más jugosos, cierra Mazda su fábrica de ensamblaje en Colombia. Emigra a México, desde donde traerá sus carros al país, ahora libres de arancel. Solución providencial a las afugias del sector, que ha reducido dramáticamente su producción. Tan prolífico en su largueza con los poderosos como avaro con los débiles, el ministro de Hacienda recordó que entre las soluciones a aquellos apremios el Gobierno suprimió la obligación de incorporar en el vehículo 35% de partes nacionales. Podrán ellas adquirirse donde se considere “más atractivo y económico”. Si se importan y no se producen en Colombia, no pagan arancel. “Nos deshicimos –agrega exultante- del viejo modelo del Pacto Andino, una camisa de fuerza que le estaba restando competitividad al sector automotor en Colombia”. ¿Cuántos empleos formales se perderán allí? Desatino vergonzoso.
El cierre inminente de la Compañía Colombiana Automotriz, por su parte, apenas ilustra el drama de la industria nacional, que desde César Gaviria agoniza en el altar de una apertura desatada. Agravada por el TLC suscrito con EE.UU, en cuyo primer año bajó 10% nuestra producción industrial y, las exportaciones, 20%. Pero también la agricultura acusará el golpe. La Alianza Pacífico provocará severas pérdidas a 202 productos agropecuarios; la mitad de la producción del sector podría desaparecer. Y no se trata de impedir la inserción de Colombia en la economía mundial; pero tampoco de aceptar asimetrías que sólo benefician a los países más avanzados. Por tecnología y desarrollo, Colombia está en inferioridad de condiciones, no sólo frente a EE.UU, sino frente a México y Chile, sus socios de la hora.
Tres modelos subyacen a las opciones de integración: uno, de economía abierta y libre mercado, que Colombia suscribe. Otro, socialdemocrático, en cabeza de Brasil, Uruguay y el Chile de Bachelet, con proteccionismo, preeminencia económica del Estado y apertura en función del interés nacional. Y un tercero, el llamado Socialismo de Venezuela y Nicaragua, autoritario y, en política económica, palos de ciego. La disyuntiva para Colombia es de hierro: persistir en el camino de la Alianza del Pacífico hasta convertirse en protectorado norteamericano; o bien, retomar la senda de la industrialización, negociar a derechas su participación en la economía global y elevar la productividad del campo mediante reforma agraria. Lo demás es ruido y confeti. Gato por liebre.
por Cristina de la Torre | Feb 11, 2014 | Febrero 2014, Iglesias
Queda en entredicho la canonización de Juan Pablo II; y en peligro, la imagen de renovador que con tanta habilidad y paciencia se ha forjado Francisco. El emplazamiento de la ONU a la Iglesia para que entregue a la justicia civil a todos los curas pedófilos y a sus purpurados encubridores, coloca al papa en una encrucijada dramática. En la contundencia sin antecedentes del organismo internacional contra la iglesia de Roma y el torrente de víctimas que exigen justicia, tendrá el pontífice que encarar este delito infame que la Iglesia cohonestó siempre por inacción o por desgana. Y romper su código de silencio.
No resultará fácil, para comenzar, la elevación de Wojtyla a los altares, habiendo protegido como protegió a Marcial Marciel, el emblemático abusador de niños, sus propios hijos comprendidos, y fundador de los Legionarios de Cristo. Hoy pretenden los nuevos jefes de la orden borrar todo delito con un acto de contrición impostada, sin comparecer en los tribunales y echándole a Maciel toda el agua sucia. Nadie de su círculo íntimo parece libre de culpa. 30 legionarios denunciados por abuso sexual siguen, no obstante, en la organización. Pero a ellos “ni los tocan”, apunta el investigador Fernando González. Que Robles, el nuevo director, perteneciera a aquella rosca, no inhibió a Francisco para darle de nuevo luz verde a la orden.
Se defiende el Vaticano diciendo haber creado una comisión contra la pederastia. Pero Sue Cox la tiene por maniobra de distracción porque los tonsurados “no pueden vigilarse a sí mismos… el Vaticano ha de ser monitoreado por un organismo independiente y secular”. Y señalar a los obispos que protegieron curas pedófilos. Miles de víctimas exigen abordar el caso como crimen de Estado y que el Vaticano sea juzgado por Naciones Unidas. Entre muchos, el ex sacerdote Alberto Athie pide detener la ceremonia de santificación de Juan Pablo II, hasta cuando las autoridades judiciales establezcan el grado de complicidad con los abusos de su amigo Maciel.
El lazo es político de origen, y financiero. Se remonta a los tiempos del sindicato Solidaridad que, al lado del papa Wojtyla, dio en tierra con la dictadura comunista en Polonia. A lo cual contribuyeron en grande los fondos de Maciel. Bajo el ala del nuevo pontífice, su orden creció como la espuma. En reciprocidad, Maciel logró que el gobierno de México invitara al papa a su país, y desde entonces cayó en desgracia también la Teología de la Liberación. Como era secreto a voces y escándalo en la prensa mundial, Juan Pablo conocía las denuncias por pedofilia contra Maciel. Pero nada vio, nada oyó, ni movió un dedo. Antes bien, alabó la “fecundidad espiritual y misionera” de su amigo. Cuando en 1999 el obispo mexicano Talavera inquirió ante el entonces cardenal Ratzinger por este caso de abuso sexual, éste le respondió: “No podemos abrir el caso del padre Maciel porque es una persona muy querida del Santo Padre y ha ayudado mucho a la Iglesia…” En 2011 fue demandado Ratzinger ante la Corte Penal Internacional por “encubrir miles de delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia” (El Espectador II, 6).
Más exigente que ostentar vuelta al Nazareno será la decisión que Francisco adopte en el trance que la ONU le presenta. Si ya el compromiso con los pobres supondría un timonazo en doctrina y en acción, éste de la pedofilia será un reto mayúsculo: o repite la mascarada de sus predecesores -promesas vacías de apretar a los abusadores- o produce una ruptura mandando a la cárcel a la jerarquía responsable. Y aplaza la canonización de un papa cuya flacidez moral supera con creces la sospecha. Será ésta su verdadera prueba de fuego.
por Cristina de la Torre | Feb 4, 2014 | Febrero 2014, Modelo Económico, Salud
Tras muchos ires y venires, este Gobierno parece quedarse con el modelo de salud de Pinochet, que Álvaro Uribe había cooptado: el de competencia privada, con oferta restringida de servicios. Brasil y Costa Rica, en cambio, optaron por el esquema de salud pública integral, que contempla también los determinantes sociales del sector: educación, vivienda, agua potable, ingresos. Impresiona corroborarlo en la ruidosa ausencia de esta reforma en el programa de reelección de Santos. Supérstite de las poderosas EPS y de los políticos que las apadrinan en el Congreso, retiró su oferta original de suprimir esta almendra infecta de nuestra salud mercantilizada. Y la suplió con un publicitado control de precios en medicamentos que, de surtir efecto, le ahorrarían al Estado $136 mil millones. Una miseria, con todo, si se compara la cifra con el billón y medio que Saludcoop les mordió a los fondos del sector, y los ocho billones que según la Contraloría se habrían manduqueado otras EPS. Y el ministro ahí. Lejos de obligarlas a devolver lo rapado, dizque quiere refinanciarlas; es decir, que el Estado asuma sus deudas. Entre otras, las contraídas con 600 hospitales públicos a punto de cierre por asfixia financiera. Mientras tanto, la crisis de la salud –que no es de falta de plata sino de tibieza ante los ladrones- recae sobre la población: o no accede ella al servicio, o éste es pachorro y malo. O configura delito contra la humanidad, como lo indican los 122 casos de muertes hospitalarias por desatención de una EPS que la personería de Bogotá encontró. Pero, arrollado por el carro providencial de la campaña electoral, se apolilla en el Congreso el debate sobre una ley ordinaria que cambie el modelo de salud.
Paul De Vos y Patrick van der Atuyft reconstruyen el derrotero de las dos lógicas que nutren la discusión: la de atención primaria integral que deriva del derecho humano a la salud, y la de competencia privada. Referentes de esta última, el Chile de los 80 y la Ley 100 en Colombia. Enarbolando criterios de universalidad, equidad y calidad, la Declaración de la Organización Mundial de la Salud reunida en Alma Ata en 1978, depositó en el Estado la responsabilidad por la salud de la población. Pero la acometida neoliberal contra el sector público y la inversión social se tradujo en privatización del sector, en políticas de salud selectiva y atención primaria mínima y barata. Paradigma de mercado donde pesaban más las consideraciones financieras que la salud de la gente. En 1993, año en que Uribe presentaba su Ley 100, el Banco Mundial desplazaba el liderazgo de la OMS e imponía el modelo mercantil en salud. Debió el Estado renunciar a su potestad de trazar esta política y a regular el sector. Resultado a la vista: conforme crecen las ganancias del sector privado (EPS), aumenta el desamparo de la gente.
El modelo ha hecho crisis en Colombia. Y ésta pide a gritos devolverle al Estado la responsabilidad de diseñar, planificar, ejecutar, controlar las políticas en salud, y ejercer soberanía sobre los recursos del sector. Lo que no implica la desaparición del sector privado. Bien podrán las EPS seguir prestando servicios, pero bajo condiciones nuevas, taxativas: no serán ya intermediarias financieras del sistema, ni intermediarias de la información, ni intermediarias para aprobar o negar atención al paciente. Habrá fiscalización estricta de lado y lado: ni negocio de EPS ni corrupción pública. Se rompe la crisma el ministro pensando “cómo hacemos compatible el negocio con el bienestar general”. Acaso veinte años de Ley 100 hayan demostrado la inviabilidad de tal matrimonio. Pero sirva el motivo para desenmochilar el debate.
por Cristina de la Torre | Ene 21, 2014 | Enero 2014, Iglesias
Fue la gota que rebosó la alcantarilla: la brutal agresión de la Iglesia de Dios Ministerial contra los discapacitados desnudó la sórdida trama de este reino de superstición al servicio del poder y del dinero malhabidos. Astucia que envilece la libertad de cultos que se ofrecía como una epifanía en medio de las tinieblas. Y salió a danzar el dios bíblico que convenía al interés de doña Maria Luisa Piraquive y su familia, terror de los fieles que osen birlar el diezmo o el voto para los candidatos del Mira, su partido. Dios-azote de homosexuales, del propio hijo de la papisa madre, cuya expulsión convirtió aquella en teatro de escarnio público. Dios-látigo de mujeres que abortan, sin que ello la inhibiera para ultrajar a la odiada nuera en público por negarse a abortar el fruto de su otro hijo. Corolario de esta pasión silvestre, la compra de votos que Carlos Baena, su senador y pastor estrella, promueve. Y la apropiación de los dineros del culto por una familia que amasa óbolos de pobres para comprar propiedades en La Florida por valor de 13 millones de dólares. Estafa y abuso de confianza. Delitos adicionados a los presuntos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que la Fiscalía le investiga.
En buena hora la Carta del 91 introdujo la libertad de cultos y rompió, con ella, el odioso monopolio de la Iglesia Católica; pero fortaleció al tiempo el Estado de derecho. De donde ninguna iglesia puede brincarse la ley, pues su autonomía para organizarse y alcanzar sus fines llega hasta los límites de la Constitución y la Ley. Ninguna podrá aspirar a montar una dictadura teocrática como la de Calvino en Ginebra, porque la nuestra es una república democrática. Ni violar la norma civil que rige para todos. Las sectas satánicas podrán hacer del diablo su dios, mas no sacrificar niños porque el asesinato es crimen castigado por la ley. La iglesia de los Piraquive podrá creer en un dios astuto y vengador, pero no constreñir el voto, ni forzar la entrega de donaciones, ni lavar dineros del narcotráfico, si fuera el caso.
Abundan los pastores protestantes que extreman hasta el delito alguna evocación fundacional del calvinismo que asocia riqueza y salvación. En su versión simplista, la señal primera del elegido de Dios sería el goce anticipado de bonanza en la tierra. Y otra arista de esta ética es un conservadurismo delirante que, proyectado al poder público, configura a menudo tiranías. Destino de tantos regímenes donde el catecismo fue a la vez norma de fe y ley del Estado. Qué pasaría –se pregunta uno- si nuestro partido lefebvrista o el Mira llegaran al poder: ¿respetarían el orden jurídico, o derivarían en régimen de fuerza justificado en la autoridad inapelable del Creador? México, verbigracia, paradigma de la separación entre Iglesia y Estado, conjuró la incertidumbre y el peligro que representa la mezcla explosiva de religión y política prohibiendo a las iglesias hacer política.
Tarde nos llega en Colombia la tolerancia, llave maestra del pluralismo religioso y político que hace tres siglos y medio zanjó en Europa las guerras de religión. Pero muchas de nuestras nuevas iglesias, lejos de honrarla, la mancillan y se dan –como ésta de los Piraquive- a delinquir. A imitación de la Iglesia Católica, se suman a la ofensiva renovada que se despliega ahora contra el Estado de derecho. No es su lucha la de los purpurados católicos que hicieron durante dos siglos su propia guerra política. La de la Iglesia de Dios Ministerial parece peor aún, pues procede por discriminación, estafa y extorsión de su propia feligresía. Caigan los jueces sobre estos mercaderes de la fe, como paso inicial para salvar la libertad de cultos.
por Cristina de la Torre | Ene 18, 2014 | Enero 2014, Partidos
No es apenas que la reelección de Santos aseguraría el fin del conflicto armado, una afrenta contra la derecha que lleva años rugiendo guerra. Es que el posconflicto forzará confrontación de propuestas, blanco sobre negro, para un país que desea mayoritariamente vivir en paz y equidad. En cristiano, significará transitar de la politiquería a la política. Otra afrenta contra élites acostumbradas desde la Colonia a negociar lo público en privado, a espaldas de la guacherna, tan lisonjeada para nutrir urnas, tan perseguida si ensaya voz propia. A la voz de paz y de reformas, por modestas que resultaran ellas, enciende esta derecha las alarmas y pacta sin escrúpulos de ética o de estética. Su símbolo del día, la insólita fotografía en que los dos expresidentes se regalan sonrisas jubilosos.
Llevaban ellos doce años en mechoneo de comadres infestado de insultos, caguanero de acá, paraco ralitero de allá. Mas súbitamente se transforman en reinas de pasarela sentadas a manteles para salvar la patria que el habanero de Palacio les arroja al abismo. Patria inmóvil ésta de Uribe y Pastrana, sembrada en la ignominia, a la que tampoco ellos redimieron, alelados como anduvieron siempre en la autocomplacencia de su epopeya enana. Sin guerra, más expedita y libre será la controversia sobre los alcances de una reforma rural que entregue tierra al campesino (como la entregó hace tanto casi todo el continente) y acoja en política a los excluidos sin que nadie deba morir en el intento. Pero así como la derecha sólo ve terrorismo en la oposición y en el movimiento popular, siente como animal que le sube pierna arriba cualquier cambio que altere su poder. Aunque éste se ciña a la Constitución y a la ley, como lo proponen los acuerdos de La Habana.
La Reforma Rural Integral que el pueblo deberá refrendar es paso inicial hacia cambios de fondo para el campo, epicentro del conflicto. Según el documento suscrito en la mesa de diálogo, apunta a la economía campesina, familiar y comunitaria, pero la articula con otras formas de producción. Se trata de dar tierra al campesino que la necesita, y todos los apoyos para que su trabajo resulte productivo. Se creará para el efecto un fondo de tierras alimentado con predios indebida o ilegalmente adquiridos. Ley en mano, se declarará extinción de dominio sobre baldíos usurpados y tierras inexplotadas que no cumplan la función social y ecológica de la propiedad. Habrá también expropiaciones con indemnización, por motivos de interés social o de utilidad pública, al tenor de la norma. Además de desconcentrar la propiedad improductiva, se formalizarán la pequeña y la mediana propiedad en cabeza de sus dueños legítimos.
Si de sentido común y justicia elemental, propuestas como ésta no pasarán incólumes por la mano negra ni por el ultraconservadurismo. Mas, si no hay uso combinado de formas de lucha, una cosa serán los ejércitos anti-restitución, a los cuales deberá el Estado combatir. Muy otra, la abierta confrontación de ideas, por disímiles que sean. Si no se acude en ella a la violencia, habrá conquistado Colombia territorios inexplorados de la democracia. Podrá seguir Uribe boicoteando las conversaciones de paz con exigencias que frustrarían un acuerdo. Y el procurador saboteando el proceso desde el extranjero. Y Fernando Londoño calificándolo de “trama horrenda”. Pero la tenaza que se cierra contra la paz apunta, sobre todo, a los cambios que ella implica y que las fuerzas más retardatarias no querrán aceptar. Porque sería aperrear el vetusto poder de los señores de la tierra.
Coda para una confesión íntima. Me moriría por asistir al taller de escritura de Julio César Londoño.
por Cristina de la Torre | Ene 14, 2014 | Enero 2014, Iglesias
Casi ningún papa ha sembrado, como Francisco, tanta duda: no se sabe aún si la humildad de sus gestos es búsqueda genuina de Jesús o de la grey que, extraviada en otros predios, socava el poder de la Iglesia. Sus fieles migran en masa hacia templos de evangélicos y pentecostales; y responden más a los regímenes de izquierda que proliferan en América Latina que a las viejas elites aliadas de la Curia vaticana. Se le desperdiga a esta institución el rebaño y, con él, la savia al roble milenario.
Pese a la secreta complacencia de la Iglesia argentina con su dictadura de los 70, hay quienes estiman que el Bergoglio de hoy restaura la Teología de la Liberación. Versión latinoamericana del Concilio de Juan XXIII que convulsionó al catolicismo con la teoría y la práctica de la opción preferencial por los pobres, terminó aplastada por la corriente más retardataria que Juan Pablo II y Benedicto encarnaron. Éste, el ideólogo (cabeza a la sazón de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el nuevo nombre de la Inquisición), movió la mano del polaco que azotó sin tregua ni clemencia a los curas artífices de la renovación.
Pero Leonardo Boff, mentor de aquella teología en el subcontinente, destaca el pronunciamiento de Francisco contra el sistema que ha perpetuado injusticia y desigualdad en la región. Resalta sus críticas a la pasión del lucro y al individualismo que lo sustentan. Encuentra en la postura del argentino la impronta transformadora que le faltó a la doctrina social de la Iglesia. Ideología acuosa –se diría, empero- que ocupó el polo propagandístico de Roma mientras en el otro se instalaba una diplomacia que abrazaba sin pudor a dictadores: Pio XII a Hitler, Juan Pablo II a Pinochet, la jerarquía argentina a Videla. Sólo el tiempo y los hechos medirán el alcance del timonazo papal. Dirán si era dable la ficción del equilibrio entre fuerzas antagónicas simbolizado en la canonización simultánea de Juan XXIII y Juan Pablo II que Francisco prepara.
Para el escritor Carlos Jiménez Moreno, los nuevos desafíos a la Iglesia han creado una situación inédita: hay dos papas. El alemán, gran inquisidor, terror de los teólogos liberales de Europa y de los teólogos de la Liberación en nuestro continente. Francisco, por su parte, sobrelleva el fardo de haber presidido la iglesia más conservadora del continente, pero con su reivindicación simbólica de los pobres ensaya un populismo. Así responde –según Jiménez, al reto de recuperar la principal reserva política y demográfica del Vaticano, sin violar su pacto con las viejas castas del poder. Pero ahora los movimientos populares y cristianos de base y el viraje político de la región hacia la izquierda le plantean un desafío inesperado a la tradición conservadora. Como si fuera poco, las sectas protestantes se disputan el alma de las mayorías populares, y la Iglesia va perdiendo la batalla. Concluye Jiménez que, ante tal debilidad estratégica del Vaticano, los acercamientos de Boff a Francisco traducen una oferta de alianza de mutuo beneficio con la Teología de la Liberación y sus comunidades de base.
Si así fuera, pecaría por exceso de optimismo Boff. Más propagandista que reformador, Francisco trocaría el transformismo de la Teología de la Liberación por invocaciones a la caridad. Reveladora la apreciación de nuestro vaticanista conservador Guillermo León Escobar: “Quienes esperan de Francisco cambios doctrinales se equivocan de medio a medio. (Su acercamiento a la gente) procede más por los gestos y las actitudes que por las palabras. El trabajo doctrinario lo perfeccionó (Ratzinger); ahora ha llegado la plenitud del pastor… en busca de las 99 ovejas que se le han escapado”.
por Cristina de la Torre | Dic 24, 2013 | Diciembre 2013, Mujer, Salud
Se toma mucho en navidad y mucho se agrede a otros; a las mujeres, en particular. Al calor de esta fiesta pagana de cuna religiosa, inspecciones de policía y hospitales se atiborran de heridas que disparan en este día el pico estadístico de la violencia intrafamiliar. En el curso de 2012, registró la Fiscalía 87.385 casos, en mayoría abrumadora contra mujeres y por mano de sus compañeros. Pero allá sólo llegan los casos de violencia física. La violencia moral, sutil y difusa, se ejerce minuto a minuto y resulta devastadora. Porque se afirma en la idea de la inferioridad de la mujer; y en su recíproca, que cifra la virilidad en la disposición del hombre para oprimirla, humillarla y golpearla. Pero además, para esconder los sentimientos, que son “cosa de mujeres”. Violencia en bruto de la cultura que se resuelve en tiranía de un sexo sobre el otro y en atrofia de la capacidad emocional del varón.
La violencia moral y simbólica, antesala de la física, mantiene a la mujer en estado de subordinación y vulnerabilidad permanentes. Es mecanismo eficientísimo de control social y validación de desigualdades inventadas. Violencia moral hay en la descalificación intelectual y profesional de la mujer. Cuando se le impone dependencia económica del cónyuge, bien porque se cercene su libertad de trabajo fuera del hogar, bien porque no se le remuneren los oficios domésticos y de crianza de los hijos. Pago que en Colombia representaría $160 billones al año, la quinta parte del PIB, por trabajo que asumen, gratis, 9 de cada 10 mujeres. También hay violencia en el menosprecio físico y sexual de la mujer, o en su anverso de simple objeto sexual, elevados a valor universal en forma chistes e insultos humillantes.
Los investigadores Javier Pineda y Andrés Hernández apuntan a la necesidad de cambiar la mentalidad masculina, los valores que sojuzgan a la mujer. Han de entender los varones que masculinidad no equivale a dominio, violencia y control; ni a embozalamiento de los afectos. Se les niegan a los hombres virtudes y cualidades que la cultura cataloga como mujeriles: modestia, ternura, pasividad, sensibilidad, entrega, espíritu de colaboración. Al dechado de lo masculino, por su parte, concurren inteligencia, valentía, competitividad y carácter. Notas que riñen con el “eterno femenino”.
Mas no se repara en el costo emocional y vital que tan artificiosa división de caracteres engendra. Ser hombre, escriben nuestros autores, se asocia con el trabajo duro, con roles de proveedor económico y ser sexualmente activo, aunque también con el derecho de apelar a la violencia. Va su puño contra la mujer si no responde ésta al estereotipo que la cultura le asigna. Y contra los otros hombres, con quienes sólo puede relacionarse desde la competencia, el poder y la agresión. De eso mueren muchos hombres: en Colombia, viven ellos siete años menos que ellas. Parte de la solución estribaría en desechar la familia patriarcal –erigida sobre el autoritarismo- y renegociar el contrato de familia hacia relaciones equitativas y democráticas. En “fracturar” la relación de los hombres con el poder y permitirles participar en la lucha por la igualdad entre sexos.
El documental Sin Tiempo para Llorar, del Centro de Memoria Histórica –que todos merecemos ver en cines-, testimonia la tragedia de nuestra violencia de medio siglo, y su particular ensañamiento en la mujer convertida en trofeo de guerra. Esta obra potente y hermosa reconcilia con la verdad, y por lo mismo abre las puertas de la reconciliación entre adversarios. Principie por casa el pacto de no agresión. Y mientras se firma la paz de La Habana, haya navidad amable en los hogares.
por Cristina de la Torre | Dic 17, 2013 | Diciembre 2013, Izquierda
El desplome definitivo de su máscara justiciera provocó una sacudida capaz de catapultar al centro-izquierda hacia la Presidencia el año entrante. La procaz destitución de Petro y su sentencia de muerte política por débiles motivos desnudan de cuerpo entero los delirios de poder de un procurador que desde el Ministerio Público se sacude a un duro competidor para las elecciones de 2018. Pero –oh sorpresa- revitaliza el proceso de unidad entre izquierda, centro y fuerzas populares que bien podría capitalizar la general indignación por este episodio que sella un largo periplo de abuso de poder. El enojo redoblaría la intención de voto para una tercería que, unificada, derrotaría al uribismo en primera vuelta y le disputaría el poder a Santos en la segunda.
Muchos agradecerán al funcionario que castigó la ineficiencia del alcalde, por supuesto. Otros adorarán al pantalonudo que frenó en seco la carrera política de un hombre de izquierda, por ser de izquierda. Elocuente advertencia a cuanto insurrecto quiera abandonar las armas para hacer política. He aquí el electorado que ha cultivado Ordóñez con esmero, a base de látigo, arrogancia, clientelismo, hipocresía e inmoralidad. Candidato extraído de las tinieblas para llenar el vacío de la extrema derecha cuyo caudillo no podrá ya ejercer en cuerpo propio la Primera Magistratura.
Pero no todo el 80% de consultados por Caracol Radio que repudió la destitución del Alcalde, ni todos los ofendidos con esta tropelía son petristas. Encarnan, más bien, el gesto primero del destape en un país amedrentado por la concurrencia venenosa de despotismo religioso y complacencia con criminales incrustados en el poder público, que ha prevalecido en la última década. Díganlo, si no, la identidad de Dios y Patria que presidió el Gobierno de Álvaro Uribe y su persecución sin tregua a la Corte que juzgaba la parapolítica, a la cual no escapó Petro por haberla denunciado. Dígalo también el procurador que transforma su función civil en coacción de una secta religiosa. Mientras declara inocentes a parapolíticos y no investiga o indaga con pereza a quienes se robaron a Bogotá, cuyo señalamiento le mereció a Petro la Alcaldía por votación popular que se quiere burlar.
El aparato venía ya montado y la acción, en marcha. El aparato: miles de empleados sin oficio, encabezados por 776 procuradores que ganan hasta $24 millones; los parlamentarios gobiernistas, que eligieron y reeligieron a Ordóñez; el partido Voto Católico, una tajada sustancial de las altas cortes y la clase dirigente que se caló la levita para engalanar el matrimonio de su hija, cuyo nombre nadie supo. La acción: el exconstituyente Otty Patiño denunció que las sanciones a Petro se habrían pactado de antemano entre el Procurador, Álvaro Uribe y Fernando Londoño. Por su parte Emilio Tapia, testigo principal en el juicio al carrusel de la contratación, reveló que el caos de las basuras fue planeado por los operadores privados para provocar la destitución del Alcalde, como en efecto sucedió. Entre los operadores estarían los hijos del expresidente Uribe.
Pese al poder de Ordóñez, un centro-izquierda maduro podría orientar la rabia larvada de tantos en función del cambio. Empezando por la elección de congresistas respetables. Pero no bastará con la unidad electoral. Si esta tercera fuerza aspira a convertirse en opción de poder, tendría que renunciar a la tentación caudillista, causa de descalabros como el de la Ola Verde. La indignación va más contra la caverna que en defensa de Petro. Si se canaliza en propuestas para el posconflicto, quizá se dijera entonces que a Ordóñez le salió el tiro por la culata.
