por Cristina de la Torre | May 28, 2013 | Mayo 2013, Modelo Económico en Colombia
La Alianza Pacífico formalizó en Cali el enfrentamiento de dos modelos de integración en América Latina. Uno, Mercosur en cabeza del Brasil, busca de nuevo el desarrollo, vínculos con la economía mundial que lo estimulen, y autonomía de sus políticas frente a Washington. Otro, el paradigma de libre comercio asimétrico que EE. UU. reanima con tratados comerciales entre tiburón y sardinas, e inyecciones de oxígeno como ésta de cuatro presidentes en diligente labor de salvamento del engendro que agoniza en el mundo entero. Su divisa, sustituir el trabajo nacional por el extranjero en países como Colombia que ven ahogarse su producción bajo la inundación de importaciones que invaden supermercados y carreteras. Paraíso tan ficticio como efímero, pues no se sabe cuándo huyan en estampida los capitales especulativos y comerciales que financian la importación de tanta mercadería foránea.
Rezando el credo de propiedad privada y libertad absoluta de mercados, se propone esta Alianza liberar por completo la circulación de mercancías, capitales e inversiones entre los países miembros, Estados Unidos el primero, pues con él han suscrito todos ellos TLC. Se extenderá, pues, a medio continente la dinámica de los tratados que la estrella del Norte suscribió con México, Chile, Perú y Colombia; con Costa Rica, Panamá y Guatemala, que tocan a las puertas de la Alianza. Y otros vendrán. La posibilidad de exportar al Asia resulta de momento nula para Colombia pues, a falta de café, nuestro universo exportador es una polvareda de chichiguas. (Petróleo y minerales no reintegran dólares). El Alca levanta el vuelo desde sus cenizas. Proyecto de vida o muerte para Estados Unidos que, amenazado por la China y no contento con despachar a Latinoamérica el 40% de sus exportaciones, va por su mercado todo. Como acaba de confesarlo entre eufemismos el vicepresidente Biden, en celebración del primer aniversario del TLC.
En desafío al ridículo, se vanagloria nuestro Ministro de Comercio agitando el numerito de 187 nuevos productos que en este año se habrían exportado a Estados Unidos. Chichiguas. Claro, no dice cuántos negocios cerraron aquí, ni cuántos dejarán de montarse por siempre jamás, pues los gringos coparon con sus productos el espacio potencial que se les abría. El hecho abrumador es que las importaciones de productos norteamericanos aumentaron casi 20% y, nuestras exportaciones a ese país, sólo 3.3%. Vergonzoso balance que permite presentir cuanto se avecina con la Alianza Pacífico. Para no mencionar la generosidad del TLC con estadounidenses que pueden invertir en este país sin límite ni condición. Compran lo nuestro, a huevo, y no montan media fábrica. ¡Valiente inversión!
En su involución al liberalismo de dos siglos atrás, los promotores de esta Alianza, conservadores de nación, contemporizan con la vetusta ideología que en Europa catapultó al capitalismo desde la extenuación de la fuerza laboral. La misma que hoy siembra maquilas de multinacionales por doquier y que en Bangladesh paga a sus operarias 72 mil pesos mensuales, cuando el edificio donde trabajan no se les viene encima. La misma que generó la más aguda crisis de la economía mundial desde los años 30. La misma que entronizó este modelo neoliberal en Chile al amparo de la dictadura de Pinochet. La misma que en 1998 inspiró la fervorosa defensa pública del dictador por el entonces senador Sebastián Piñera, hoy adalid de la Alianza Pacífico. Mal anda su compañero de aventura, Juan Manuel Santos, si cree poder navegar en dos aguas indefinidamente: en el reformismo deslumbrante del acuerdo agrario con las Farc, y en una Alianza como esta que sólo augura ruina para Colombia.
por Cristina de la Torre | May 21, 2013 | Mayo 2013, Política agraria
Entre discusiones de tono mayor, una revolución agraria se insinúa desde La Habana; y no es socialista, es liberal. Pero capaz de fracturar los cimientos del modelo de miseria, atraso, injusticia y violencia que ha cobrado la vida a miles de labriegos y, su parcela, a millones. Con o sin las Farc (si el diálogo fracasa) el Gobierno comenzaría por entregar al campesinado tierras arrebatadas a particulares y al Estado. Y, con la actualización del catastro, afectaría el latifundio improductivo; sueño siempre malogrado desde 1936. Marisol Gómez revela (El Tiempo, 5-19) que se creará un banco de tierras con destino a 250 mil campesinos. Se nutrirá éste con baldíos recuperados y con 3 millones de hectáreas usurpadas por avivatos, narcotraficantes y grupos armados. Sumadas a los 2 millones que el Gobierno ha formalizado y a las restituciones que despegan en firme, toda la tierra rescatada recaería en el campesinado. Parte de ella en Zonas de Reserva Campesina, como un instrumento de desarrollo rural.
Lo impensable: en un año largo habría catastro actualizado en el campo. Entonces la presión del impuesto predial, elevado por el valor real de la propiedad, no el declarado, liberará tierras para la venta a precios razonables. Predios que, entre otros, podrá adquirir el Estado y operar una reforma agraria que reordene propiedad y uso de la tierra, mejore la vida del campesino y provea a la seguridad alimentaria del país, que hoy importa la mitad de los alimentos que consume. Bien podrá el Estado asignar tierras a cooperativas de producción campesina, independientes o asociadas con grandes empresas de agroindustria. Una medida que ganaderos y especuladores de tierra boicotearon siempre fue ésta de la actualización del catastro, pues así pagaban prediales irrisorios o ninguno. Medio catastro rural vegeta intocable entre polillas y naftalina, como vegetan sujetos de fusta o de motosierra dedicados a engordar predios o a volverlos lavandería del narcotráfico. ¿Les llegó su hora?
Otro flanco estratégico del acuerdo agrario y del posconflicto sería el relanzamiento de las Zonas de Reserva Campesina, creadas en 1994 con aval del Banco Mundial. Recuerda Juan Manuel Ospina que su propósito era impulsar la pequeña propiedad entre comunidades campesinas organizadas, para protegerlas de la expansión del latifundio que acaparaba los baldíos una vez mejorados por colonos que debían continuar su diáspora hacia el monte. Se trataba de crear una clase media rural capaz de alianzas productivas con verdaderos empresarios agrícolas, generadores de empleo, no con rentistas cazadores de valorización. Ayer, como hoy, estas reservas recibirían asistencia técnica, crédito, facilidades de comercialización y bienestar básico para su gente. Un factor descorazona: las Zonas se ubican en terrenos baldíos, alejadísimos de los centros de consumo. De no integrarse a cadenas productivas con la agroindustria, que procesa el producto en el sitio mismo donde se cosecha, su destino será de simple subsistencia.
Si ya Santos se embarcaba en restitución de tierras, el desafío que le sigue será esta incursión liberal en el agro, que hasta las Farc han reivindicado siempre. Solución de sentido común que acaso al latifundismo estéril y su Mano Negra les resulte subversivo. Dijo Sergio Jaramillo que el proceso de La Habana “requiere una transformación profunda del mundo agrario”, que la paz ha de “redistribuir tierras”. No será fácil. Tendrá Santos que batirse por ella con pasión, y lograr refrendación popular del acuerdo suscrito con las Farc. Sólo entonces podrá salir airoso de una negociación con su Unidad Nacional, tan infestada de derecha recalcitrante.
por Cristina de la Torre | May 7, 2013 | Internacional, Mayo 2013, Narcotráfico
Sorpresa. Cuando la mesa de La Habana se aboca, sigilosa, a discutir la inmersión de las Farc en el narcotráfico, provoca Obama un timonazo en política antidrogas capaz de definir la suerte de la paz en Colombia. Pero si también nuestro país lo da. Ni legalización súbita ni represión a ultranza, aquel mandatario inaugura un estadio de transición: cuanto se vaya mordiendo al presupuesto militar contra las drogas se traslada a educación, prevención y tratamiento de adictos. Que no es idea en el aire sino política en ejecución lo prueba un primer incremento de 16% en presupuesto para la nueva opción. Es paso inicial en el desmonte paulatino del fracasado prohibicionismo, la mira puesta en la despenalización regulada del consumo. Salud pública y seguridad ciudadana que “todos los países deben considerar” es la divisa. Si el mundo la acoge y reconoce su buen éxito allí donde ya la aplican, será la agonía del negocio.
Colombia vería derribarse su más formidable barrera contra la paz, pues se secaría el surtidor de la gasolina que mueve el motor de la guerra. Surtidor que Uribe no cerró en Ralito cuando (¿ingenuo?) confió la refundación de la patria a mafiosos que pasaban por autodefensas. La “nueva” patria fue apenas refrendación ampliada del narcotráfico y su inclemencia sangrienta. Lección robusta para el gobierno que hoy negocia la paz con las Farc, y que Fernando Londoño rescata, aunque impúdicamente salpicada de flores al asesino Carlos Castaño. Pero de La Habana se esperaría, con mucho, un compromiso taxativo de las Farc para abandonar el narcotráfico. Y del Estado, para pedir cuentas también a los otros beneficiarios del engendro: a los banqueros y empresarios que se lucran del lavado de activos; a los usurpadores de lo ajeno en el campo, políticos comprendidos, redoblando la ofensiva en restitución de tierras; a tantas manzanas de uniforme.
Mas el verdadero apretón vendría de cooptar al punto la estrategia de quitarle el oxígeno al narcotráfico: reemplazar paso a paso la prohibición –que es lo que valoriza el negocio- con prevención. Ya Bernardo García proponía en su libro Colombia Insólita radicalizar la lucha contra las drogas, pero no por la vía de la represión, sino mediante prevención, educación y cura sanitaria. Transfiriendo partidas crecientes del presupuesto de un rubro a otro durante varios años. “Se cambiaría de sitio y de oficio un montón de plata y a un montón de gente”, dice. Pacto de paz habrá, probablemente. Mas si no se le suma el marchitamiento de la prohibición, las Farc derivarán en Farcrim. Y la violencia seguirá, movida por el incentivo multimillonario de la droga.
En este negocio global, una golondrina no hace verano. Desde luego. Pero Estados Unidos no es cualquier golondrina. Potencia promotora de la nefasta interdicción, hoy encabeza no obstante el viraje que América Latina reclamaba a gritos desde los despojos de sus cientos de miles de muertos. Volvió a oírse el coro de mandatarios de Centroamérica y el Caribe la semana pasada, con ocasión de la visita de Obama. Se había adelantado él a replantear la interdicción, sin lo cual fracasaría su propuesta de integración comercial con los 12 países del litoral Pacífico.
Mucho significa el respaldo de ese gobierno y de 62 de sus congresistas a nuestro proceso de paz; y el anuncio de que reorientará su ayuda hacia inversiones de paz y no ya de guerra. Póngale Obama acelerador a la nueva estrategia antidrogas. Y súmese Santos, cuanto antes, al marchitamiento de la prohibición. Perspectiva crucial del post conflicto, cuya puerta ha abierto inesperadamente Obama.
Coda. ¿Ya sabe la Justicia quién atentó contra Ricardo Calderón, y por orden de quién?
por Cristina de la Torre | Abr 23, 2013 | Abril 2013, Corrupción, Izquierda, Personajes
Los Nule son migaja en sólo uno de los 35 frentes de contratación que el “gobierno en la sombra” de Samuel Moreno habría abierto para robarse a Bogotá. En informe que hará historia, revela Semana la inmensidad del latrocinio, a cuya cabeza se habría puesto por vez primera el alcalde mismo de la capital. Una junta secreta administraba desde Miami el saqueo a 35 entidades o contratos, de cuyo valor se extraía hasta la mitad. Mordidas había para los contratistas, mientras éstos les garantizaran su porcentaje a los hermanos Moreno. El contrato de recaudo del Sistema Integrado de Transporte, negocio de 64 billones, dejaría mordida de 56 millones diarios para los Moreno y Tapia durante 16 años. Un edificio en Miami que aquellos compraron en remate por US25 millones representaría sólo el 5% del “producido” de Bogotá. Con la plata de los bogotanos se enriquecieron hampones de la empresa privada, y de la gama entera de los partidos.
Muestra al canto, la Fiscalía indaga a 17 concejales de todo el espectro político: 6 de la U, 3 de Cambio Radical, 2 del Polo, 2 del Partido Liberal, 2 verdes, 1 del PIN y otro del partido Conservador. Queda su autoridad en entredicho para ejercer control político sobre el gobierno distrital. La oposición en el Concejo al proyecto de endeudamiento del Distrito sin cuyos recursos se paraliza el desarrollo de Bogotá huele a retaliación contra Petro, por su espantable denuncia del cartel de la contratación. Huele a revanchismo contra la persona del burgomaestre, así apareje boicot a obras indispensables para desatascar el tráfico de la ciudad. De tal envión obstruccionista se infieren a la vez la dimensión del desafuero y la talla de la muralla que la derecha le levanta a una opción progresista. Los errores de Petro y su agreste personalidad le vienen a aquella providencialmente para tenderle la encerrona, cuando la campaña electoral despega y más de uno teme ir a la cárcel.
Va in crescendo la campaña. Informa La Silla Vacía sobre reunión de concejales de Cambio Radical en casa de Julio César Argote –uno de los investigados- para improbar el proyecto de endeudamiento, o cercenarlo. “No podemos permitir –se dijo- que con recursos públicos haga Petro sus dos campañas: la de la presidencia, y otra para evitar que lo revoquen”. Lo que en cristiano significa: si una buena alcaldía le da prestigio a Petro, entonces mejor que se hunda la ciudad. Mezquindad comparable a la de sus colegas que se habrían robado los recursos de la salud en Bogotá.
Frente jugosísimo del asalto a la capital fue el de los hospitales, que concejales habrían exprimido hasta la última gota de sangre. Consistía el negocio en inflar astronómicamente los gastos, y en construir nuevos hospitales donde la sisa podía llegar al 30%. Según el informe de marras, así se habrían repartido en Bogotá: el hospital de Kennedy para el concejal José Juan Rodríguez, el de Santa Clara para Jorge Salamanca, el de San Rafael para Jorge Durán, los de Chapinero y Fontibón para Andrés Camacho, el de San Blas para Darío Fernando Cepeda y el de Meissen para el ex secretario de Salud Héctor Zambrano.
Los contratos de servicios pasaron en la capital de 12 mil a 38 mil entre 2010 y 2011. ¿Acaso esta explosión de nómina paralela reblandeció el espíritu crítico de los jefes del Polo hasta provocar, incluso, su ruidosa defensa del ya cuestionado alcalde que lo eximía de toda responsabilidad política? Aquellos dirigentes les deben explicaciones al país y a sus prosélitos por alcahuetear los presuntos delitos de un mandatario que gobernaba en nombre de su partido. Y si es su divisa unir fuerzas para el cambio, urge su repudio sin atenuantes a la cleptocracia de Samuel.
por Cristina de la Torre | Abr 20, 2013 | Abril 2013, Iglesias
No se sacude Colombia el lastre de la Iglesia en el poder público. Caverna contra la sociedad plural y el Estado laico que desde nuestra frustrada revolución liberal de los años 30 redobla su ofensiva contra el poder civil, una mayoría de senadores hundió el matrimonio gay, más a embates de biblia que de código civil. Rebaño del abominable Ordóñez, se brincó el derecho de igualdad que a todos cobija, minorías incluidas. Así lo prescribe la democracia, para desdicha de mayorías que suelen imponerse a golpe de tumulto, y de devotos siempre prestos al golpe por la fe. Pero nuestra democracia anda en pañales, pues la historia se repite sin cesar.
Cuandoquiera que los segregados levantaron la cabeza, se atrincheró la reacción en su territorio de privilegio moral, bajo la égida de un dios despótico. Dios hechizo a la medida del integrismo católico de un monseñor Builes para fustigar a la mujer que exigía ciudadanía y voto. Dios hechizo para potenciar el griterío de un Laureano contra el divorcio y el matrimonio civil. Dios hechizo de las Ilva Myriam y políticos-pastores para bloquear el matrimonio igualitario y el aborto terapéutico de ley. Dios hechizo con pasajes que el Ku Klux Klan rebuscaba en la biblia para justificar el asesinato y la esclavitud eterna de los negros en EE UU. Hasta 1964 vivieron ellos segregados en el lema “iguales pero separados”. Como en Colombia quedó para las parejas homosexuales: tendrán ellas los mismos derechos jurídicos y patrimoniales de las heterosexuales; pero, eso sí, no se llamará lo suyo matrimonio sino unión solemne. El rótulo discrimina, pues se le asigna en exclusiva a una minoría repudiada. Es fórmula paternalista de mera tolerancia: reconozco que, a mi pesar, existes; no te mato pero tampoco te incluyo; tu destino es el gueto. Gueto fue el de los negros en EE UU.
Campeó en el Congreso, en la plaza y en las redes la misma intransigencia religiosa que aquí se resolvió en guerras, en violencia moral sobre la familia, en ataque al postulado liberal formulado hace siete siglos por Marcilio según el cual la vida civil ha de regirse por la ley civil, no por la divina. El canonizado obispo Ezequiel Moreno, contribuyente de las tropas conservadoras en la guerra de los Mil Días, parecía hablar ahora por boca de nuestra jerarquía eclesial y política. Como reavivando la “sana y recta aversión” del santo a las ideas liberales que “son pecado”, monseñor Falla desconceptuó a la Corte Constitucional y, en defensa de la familia patriarcal, condenó el matrimonio igualitario. El senador Gerlein logró síntesis feliz del Estado confesional, premoderno: “política y religión deben ser aliadas; la Iglesia Católica iluminó a quienes han escrito nuestras Cartas políticas para definir el matrimonio entre hombre y mujer”.
Hoy se reedita el acoso contra el liberalismo y el laicismo. Contra la igualdad de derechos, el respeto a las minorías y a la diversidad creciente en los modelos de pareja y de familia. Diversidad que adquiere legitimidad, visibilidad y voz. E incluye el paradigma de la pareja homosexual, que una nueva ley ha de reconocer y proteger, con igual denominación del vínculo y derecho de adopción. Como en el caso del aborto, este debate no remite a la moral religiosa sino a los derechos civiles. No puede dirimirse entre Dios y el Diablo, sino entre Estado laico y teocracia. Así vocifere todavía la república clerical.
Mea culpa. Por error que lamento, escribí en mi columna pasada que se habría realizado reunión política en casa del concejal Argote para oponerse a un proyecto del Alcalde. Se trataría –según La Silla Vacía- del apartamento de Julio César Acosta y no del concejal Álvaro Argote Muñoz. Rendidas disculpas.
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2013 | Abril 2013, Internacional, Modelo Económico
Miles de trabajadores festejan en Londres la muerte de Margaret Thatcher; otros tantos protestan en las calles de Lisboa contra la devastación que su revolcón neoliberal causó: desempleo; recortes en salud, educación y seguridad social; privatización de los servicios públicos; empobrecimiento de los más y enriquecimiento estrafalario de los menos. Pero Portugal es apenas el último escenario de una crisis que emula la de los años 30 y a ella no escapan Europa y Estados Unidos. La desaparición de Thatcher sella el declive del periplo neoliberal que se bate en retirada, con todo y las loas a esta heroína del capitalismo más rapaz. También periclita en Suramérica, cuna del paradigma que se autoproclamó el fin de la historia, parido sobre los cadáveres de la dictadura Pinochet. Salvo en Colombia, donde la doctrina sigue aplicándose con fe de carbonero. Sordos a su letanía postrera, nuestros amanuenses se postran todavía de hinojos ante el moribundo. Mientras tanto, casi todo el subcontinente contrae los TLC a acuerdos razonables, con control moderado de importaciones, rescata la planeación del desarrollo y la iniciativa del Estado.
Había desatado Pinochet aquella oleada, con el abrazo de Milton Friedman, de Reagan, del papa Wojtyla y, a poco, de su amiga Thatcher que elogió al dictador por “devolverle la democracia a Chile”. Pronto se apiñó el Cono Sur en la alianza Cóndor –contrainsurgente y neoliberal- con ausencia del Brasil. A la par que este país, México y el Sudeste Asiático sustituían importaciones, el resto abandonaba la industrialización. En Colombia se había ya preparado el camino. Misael desviaba los fondos públicos hacia la producción no exportable de vivienda y López Michelsen sacrificaba después la perspectiva industrial a la expansión financiera. Le ganaba así la partida al desarrollismo de Carlos Lleras, para sentar las bases del capitalismo rentista que prevalece hoy, afincado en la especulación inmobiliaria, comercial y financiera. Epílogo de las dictaduras del Cono Sur, el Consenso de Washington de 1989 y su adaptación neoinstitucional de 1996 formalizaron el modelo de mercado en la región. Desmontaron el Estado social y las políticas de desarrollo. Primero, con medidas de shock y después, amortiguando los efectos sociales de aquella incursión arrasadora. Pero la nuez del programa seguía intacta: liberación del comercio y las finanzas, privatización de empresas públicas y vuelta al Estado mínimo, ahora constreñido a proteger el mercado. Se trocó el Estado promotor del desarrollo por el Estado para la globalización que convenía a las multinacionales.
Sobre dos rieles marchó la nueva divisa: vuelta a la democracia y a la economía de mercado sin control. Y fue César Gaviria su más entusiasta promotor. En la Carta del 91 el principio igualitario de la democracia abrió el abanico de participación política. Su principio liberal reafirmó el Estado de derecho y la división de poderes, pero abrió de par en par las puertas a la libertad de mercado y desmontó piezas clave del Estado desarrollista. Por ejemplo, los préstamos del banco central al Gobierno deben pasar ahora por la banca privada, con mayor margen de interés para ésta. Sólo en los dos primeros meses de este año, las ganancias del sector financiero fueron $7.99 billones. Y los tres grupos bancarios mayores concentran el 70% de todos los créditos y depósitos.
Manes del modelo Thatcher, aquí y en Inglaterra. Aunque también allá se sintió el latigazo, el entierro de la dama le costará al Estado 15 millones de dólares. Ken Loach propuso “privatizar el funeral, licitarlo en ofertas competitivas y aceptar la más barata. Es lo que ella, sin duda, hubiera querido”. Sea.
por Cristina de la Torre | Abr 9, 2013 | Abril 2013, La paz
Tal vez el escenario más expresivo del reordenamiento político que el país registra sea la movilización de los colombianos en respaldo al proceso de La Habana, y la elocuente ausencia de sus detractores. Mientras las calles se colman al grito de paz, el ex presidente Uribe se margina pues, creyendo reconquistar así el poder, se la juega de nuevo por la guerra. Dirigentes del conservatismo y de la U acatan las marchas a regañadientes: nadan entre aguas de Uribe y Santos, esperando el sol que más alumbre. Mas hoy podrá inclinarse definitivamente la balanza en favor de la paz. Del fin del conflicto, primero; y después, de la limpia confrontación de modelos de país que emanen de las fuerzas en liza por el poder. A despecho de los nostálgicos de la Guerra Fría, no figurará entre las opciones un duelo entre capitalismo y comunismo. Será entre desarrollismo industrial –modelo Brasil- y capitalismo rentista centrado en especulación comercial, inmobiliaria y financiera –modelo Colombia hoy-. En todo caso, el resultado de los diálogos repercutirá en las elecciones, pero también sacudirá la modorra ideológica de nuestros partidos y los forzará a idear programas.
El mismo presidente Santos, capaz de audacias como ésta de la paz, o de reivindicar a las víctimas y devolverles su tierra, o de proponerle al mundo la despenalización de la droga, podrá naufragar en las ambivalencias que su Unidad Nacional de patria boba le impone. Primero, avala la reelección del inquisidor Ordóñez, quien lanza ahora carga letal contra el instrumento legal indispensable para la reinserción política de los desmovilizados. Segundo, los TLC riñen con la nueva Colombia que la paz augura, pues siembran al país en la prehistoria y frustran su industrialización. En virtud de la reforma tributaria, dejará el Gobierno de recibir $6.7 billones por parafiscales perdonados a empresas que tampoco crearán empleo. Vacila Santos entre el viejo López y el más acrisolado neoliberalismo. Con todo, si al final hay apretón de manos en La Habana, habrá pasado Santos a la historia como el hombre de la paz. Y sobre otros recaerá la responsabilidad de pelearse la edificación de una Colombia que no de lugar a rebelión armada: un Frente Amplio auténticamente reformista.
A los esfuerzos unitarios de Antonio Navarro –entre otros- ha respondido la presidenta del Polo, Clara López, con invitación a formar un frente democrático de fuerzas alternativas que compartan la paz, programa común y candidato único a la presidencia. No sería “una confluencia para seguir siendo minoría sino consensos suprapartidistas para ser mayoría”, declara. Y apunta a un modelo distinto del que rige, que “está haciendo agua”, pues no atiende al interés nacional, genera enfermedad holandesa, desindustrializa y quiebra al agro. Vocero de Pido la Palabra, José Antonio Ocampo reafirma que la apertura económica redujo el crecimiento y agudizó la desigualdad. La equidad no se logra, según él, con asistencialismo sino con una ambiciosa estrategia de desarrollo productivo y tecnológico; educando y creando empleo y con un sistema universal de protección social “que iguale lo que el mercado desiguala”. Para estimular la innovación y la creación de empresa, financiamiento del Estado, de preferencia mediante bancos de desarrollo. En suma, poner el acento en la industria y la agricultura, los sectores que dan empleo. Puntadas para una paz duradera.
Los partidos no podrán ya limitarse a usar los resultados de La Habana en función de su interés electoral. Tendrán ahora que proponer modelos políticos y de desarrollo que conjuren la exclusión, la pobreza y la inequidad. Se oye la voz de la ciudadanía: la paz es el cambio, o no lo será.
por Cristina de la Torre | Abr 2, 2013 | Abril 2013, La paz
Envuelta en procacidades de rufián, la tenaza Pastrana-Uribe contra la paz ayuda a despejar el panorama de la política colombiana. Siendo el fin del conflicto eje de las definiciones de la hora, aquel amancebamiento atornilla nítidamente a sus antagonistas en el extremo derecho de la cancha. Y abre espacio a la tercería de un frente de avanzada, pacifista, capaz de hacerle chico a Santos en materia económica y social, si la negociación con las Farc prospera. Culpas, pifias, hipocresías, envidias, rencores personales que quisieran elevar a hecho histórico, y la lacerante viudez del poder animan esta embestida contra el proceso de La Habana. Donde se juega el cese de una guerra de 50 años y se apuntala la construcción de un país menos injusto, menos cruel. El plato está servido, cuando los diálogos se abocan a la participación de los desmovilizados en política. Y evidencian, por contraste, los yerros y purulencias de otros intentos. El del Caguán y el de Ralito son modelos de cómo no negociar con ilegales. Ahora se aplica su anverso: sin pactos secretos, sin despeje, con agenda, apunta a puerto seguro. Y es esta probabilidad de paz la que exaspera a los ex presidentes. Quiere Patrana tapar, como Uribe, y por contera, la incuria de su gobierno que abrió las fauces del tiburón sobre nuestro Mar Caribe.
Se indigna Uribe en previsión de concesiones legales a la guerrilla. Pero su Gobierno favoreció a los paramilitares con penas irrisorias y no logró verdad ni reparación a las víctimas. Menos autoridad lo asistiría mientras no se aclare si su alcaldía en Medellín duró la flor de cuatro meses en 1982 porque tuviera Uribe supuestos vínculos con el narcotráfico. Lo denuncia Germán Jiménez en libro que levanta polvareda, revela Maria Jimena Duzán en su columna de Semana. Reproduce ella diálogo de la obra en el cual el entonces presidente Betancur le pregunta exaltado a Álvaro Villegas, gobernador de Antioquia, “¿cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una persona de quien me han dicho que tiene nexos con los narcotraficantes? (…) Sé por qué se lo digo, tengo datos concretos”. En abono de la verdad, que es presupuesto de paz, Betancur le debe a Colombia precisiones sobre sus palabras. Y como la verdad ha de ser completa, o no lo es, las Farc por su parte tendrán que reconocer vínculos con el narcotráfico y alianza de frentes suyos con las Bacrim.
Una paz con las Farc brindaría oportunidad de oro a la izquierda para disputarse el poder, mas no será fácil su unidad. Víctima –entre otras- del protagonismo de guerrillas que le robaron su espacio y la convirtieron en carne de cañón para la derecha armada, con todo, el frente único que Antonio Navarro y Clara López promueven deberá integrar también a los reinsertados. Lo cual exige, primero, reglamentar el marco jurídico para la paz; hoy se sabe que podrían concederse amnistías, indultos o perdones judiciales. Segundo, organizaciones dónde aterrizar. Llámese UP, si se le restituye la personería jurídica; o Marcha Patriótica, si la Corte Constitucional tumba la inhabilidad que pesa sobre Piedad Córdoba, su jefe, para ejercer política. Y un escenario, las Zonas de Reserva Campesina acogerían a la base social de las Farc y sus tropas desmovilizadas.
El umbral del 3% forzará su alianza con organizaciones sociales, Progresistas, Pido la Palabra, independientes, liberales y conservadores de avanzada, y el Polo. Si este partido no comete la torpeza de marginarse de la movilización por la paz que se prepara para el 9 de abril. Cifras y Conceptos había revelado que 28% de los colombianos votaría por la izquierda. También a ello obedece, sin duda, la ruidosa asonada de Uribe y Pastrana contra la paz.
por Cristina de la Torre | Mar 26, 2013 | Marzo 2013, Salud
Decepciona. No responde al anhelo general de cambio del modelo, ni para el Gobierno será, por tanto, el otro salvavidas al lado de los acuerdos de paz. Panderetas aparte, la propuesta de reforma a la salud que el Presidente radicó el martes pasado tiende a reafirmar la vocación privatizadora de la Ley 100 que convirtió la salud en cueva de ladrones. Descentraliza el servicio, sí; unifica beneficios y, con la creación de un fondo único de carácter público, quisiera devolverle al Estado el control de los recursos del sector. Pero en vez de poner a raya a las EPS, fuente principal del pantano en que se hunde la salud y usufructuarias del desvío de billones, el proyecto les “redefine” funciones sin desmedro de su poder. Así, las ventajas de un modelo mixto de convivencia y control recíproco entre los sectores público y privado podrán terminar embolatadas en el privilegio de los particulares que trocaron en negocio la salud.
El proyecto suprime la intermediación financiera directa de las EPS, mas ahora –como gestoras de salud- les entrega la organización del sector en redes regionales, el control de cuentas de los hospitales, y el poder de ordenarle al flamante Fondo estatal qué giros emite o retiene por servicios prestados a los 12 mil hospitales, clínicas y proveedores. La bicoca anual de 30 millones de cuentas y auditoría sobre 600 mil consultas, cirugías y laboratorios. Más aún, les permite mantener integración vertical en atención básica con sus hospitales. Tronera por donde se escurrió un torrente de dineros de salud hacia el bolsillo de las EPS. Seguirán ellas ejerciendo como aseguradoras en los niveles especializado y especial, vale decir, como intermediarias financieras. Y en tal condición seguirán, por pagar incapacidades y licencias de maternidad. Bien a tono con el literal x del Capítulo I del proyecto, según el cual los recursos de la salud “son públicos hasta que se transfieren de Salud-Mía a los agentes del sistema”.
Exultando prerrogativas, las gestoras (mayormente EPS privadas) formalizarán contratos con las clínicas y hospitales que integran la red de salud en el área de gestión respectiva. También deberán “auditar las facturas por servicios prestados, realizar el reconocimiento de los montos a pagar y ordenar los giros directos desde Salud-Mía (a los prestadores de salud) y a los proveedores de medicamentos y dispositivos médicos”. Otro bastión de poder, ahora las EPS podrán gestionar, hacer seguimiento y control de la información administrativa, financiera y médica propia y de los hospitales y clínicas que pertenezcan a su red.
A una ley ordinaria de semejante envergadura debe precederla un estatuto de principios y estrategias que den marco y sentido a la definición del servicio médico y al modelo por seguir. Al lado de la presente, el Congreso debate una ley estatutaria que concibe la salud como derecho fundamental garantizado para todos por el Estado y financiado con recursos públicos. De donde no podría volver a desprenderse el paradigma mercantilista y discriminatorio que ha prevalecido en estos 20 años. Acaso mas bien un modelo mixto donde el Estado preserve la iniciativa y el control en la sustancia, y la empresa privada se ofrezca como complemento, limpiamente remunerado. Por lo demás, entre políticos y negociantes permanecería abierto un ojo escrutador de doble vía.
La iniciativa oficial da demasiado a las EPS: éstas estructuran la red, se organizan verticalmente, envían los pacientes a sus hospitales, controlan la información, vigilan sus propias cuentas y ordenan sus propios pagos. El poder todo. Venga una ley que consagre al Estado como garante supremo del derecho a la salud. Sin meter gato por liebre.
por Cristina de la Torre | Mar 19, 2013 | Iglesias, Marzo 2013
El papa que hoy asume suscita más incertidumbres que certezas: salvo su condena sin atenuantes del matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y el uso del condón, todo en él denota aún misterio, contradicción, ambigüedad. Dijo el sábado que la suya sería iglesia pobre para los pobres. Pero episodios de su pasado indican lo contrario. Lo grita su silencio (o complacencia) como provincial de los jesuitas en Buenos Aires con el dictador que asesinaba a miles de argentinos por reivindicar a los pobres. Imitaba así Bergoglio la costumbre papal de abrazar tiranos. No se sabe, pues, si sus exhibiciones de humildad sean recurso prestado a la publicidad para presentarse en sociedad, o entrega ciega del corazón y los haberes al hermano hambriento. Como la practicó Francisco de Asís. ¿Prefiere Bergoglio lavar la cara –o los pies- de la miseria para no tener que cambiar la sociedad que la produce, al tenor del Vaticano II? Su crítica a los excesos de la economía liberal ¿bebe en aquella fuente social democrática, o se emparenta con la descalificación antimoderna de la democracia liberal, que al lefebvrismo del vaticano se le antoja “demonio redivivo”? Contrario a las corrientes de avanzada dentro de la Iglesia y enemigo activo de la teología de la liberación, acaso este heredero de Wojtyla y Ratzinger piense, como nuestro monseñor Builes promotor de la Violencia, que el liberalismo es pecado. O como monseñor Ordóñez, que el también el Estado laico lo es.
Mientras el general Videla exterminaba en la Argentina a liberales y socialistas, Bergoglio ejecutaba allí la contrarreforma de Juan Pablo a la orientación social que Juan XXIII le había dado a la Iglesia. A menudo confluyeron sotanas y bayonetas en la celada contra sacerdotes que asumían su apostolado como opción preferencial por los pobres. Es la hora en que el tonsurado porteño no ha explicado a satisfacción si Orlando Yorio y Francisco Jalics, curas de su comunidad que hacían trabajo social en barrios marginales, cayeron en manos de de la Junta Militar por indiferencia de Bergoglio o porque éste los acusó. Lo que sí se supo es que la iglesia argentina, la más retardataria del orbe, colaboró sin pudor con la dictadura y no estuvo Bergoglio entre los pocos obispos que denunciaron esta alianza. Es que la siniestra Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA) torturaba y desaparecía a sus víctimas en la finca de recreo del arzobispo de la capital. Propiedad eclesiástica convertida en campo de concentración. Aún hoy campea en ese país la idea de que el golpe de 1976 fue a la vez militar, político y clerical.
De atrás viene esta fascinación por los dictadores. Se conocen de autos los concordatos suscritos por Pio XI y Mussolini, y por Pio XII y Hitler en 1933. Ya Pacelli había suscrito, como vocero del Vaticano, otro tratado con Dollfus, dictador de la entonces Austria fascista. Al canto de Pio XII medraría monseñor Escrivá, fundador del Opus Dei, aliado de Franco y protegido después de Juan Pablo II. El papa polaco visitó a Pinochet en 1987, lo abrazó, le dio la comunión, lo cubrió de bendiciones y no le preguntó por las víctimas del régimen militar. El Vaticano se alió con la satrapía del El Salvador que persiguió sin pausa a los curas “populares”, y asesinó a monseñor Romero.
Helder Cámara, obispo abanderado de los olvidados, se quejaba: “si doy comida a los pobres me llaman santo; si pregunto por qué no tienen ellos comida, me llaman comunista”. Ni santo ni comunista, Francisco habrá de escoger entre perpetuar el conservadurismo suicida de los dos últimos papas o recoger las banderas de Juan XXIII. Si lo primero, será la misma barca con el faro a sus espaldas.
