por Cristina de la Torre | Dic 4, 2011 | Diciembre 2011, Izquierda, Personajes
Contra viento y marea. Contra los radicalismos de izquierda y de derecha, se hizo Gustavo Petro, exguerrillero, con la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo en importancia después de la Presidencia de la República. Acontecimiento sin precedentes en el país más conservatizado de América Latina, donde todos los fanatismos se conjugan para apuntalar una Colombia inmóvil. Y este hombre, ángel para unos, demonio para otros; a la vez azote del latifundismo y admirador del dirigente conservador Álvaro Gómez, se ofrece ahora como esperanza de una izquierda moderna, mentis viviente de las Farc y, para los poderes consagrados, el rufián. Tímido al contacto personal, en la controversia de auditorio puede triunfar con una idea incendiaria musitada con un hilo de voz, y en la plaza pública arrebata multitudes. Meses y meses de días y noches enteros siguiendo la letra menuda de expedientes judiciales y, luego, su temeridad en debates parlamentarios que hicieron historia, lo consagraron como el denunciante irrebatible de la parapolítica cuando empezaban a aparecer cientos de fosas comunes de víctimas del paramilitarismo. Cuestionó a parientes del entonces presidente Uribe, se convirtió en su antagonista y su fama creció conforme se extendía la devoción hacia el Primer Mandatario. La crítica sin atenuantes de Petro a las guerrillas consolidó su prestigio y lo catapultó a la candidatura presidencial. La denuncia del llamado cartel de la contratación en Bogotá precipitó la ruptura con su propio partido, el Polo Democrático, y le significó la Alcaldía de la capital.
No es nueva la censura de Petro a la lucha armada. Desde 1985, cinco años antes de que el M19 (su guerrilla) firmara la paz, se entregó a defender en ella la alternativa de la desmovilización. Había palpado en La Picota el sufrimiento inútil de decenas de compañeros, y el suyo propio. También él había padecido torturas en las caballerizas del Ejército y pagado dos años de cárcel por portar un arma que nunca disparó. “Me fui a la tortura sabiendo que iba a ser papá – le dijo a Alonso Sánchez-; en la cárcel conocí a mi hijo Nicolás de nueve meses de nacido”. Pero en el empeño de paz pesaron más experiencias que definieron el horizonte de su política: así, la construcción en minga del Barrio Bolívar en Zipaquirá, juntando brazos para darse techo en una comunidad olvidada de todos. Todavía recuerdan allá al muchacho que trocaba su acento costeño por el rolo. Que devoraba en sus ratos libres a los clásicos griegos y a Marx, núcleo duro de la biblioteca paterna.
El padre era laureanista y lloró la muerte del Ché. ¿Vendrá de allí la que algunos perciben como ambivalencia ideológica de Petro? ¿O fue deslumbramiento con la embestida de Gómez contra “el régimen” cuando le arrebataron a Anapo el triunfo electoral en 1970, un suceso que dio origen al M19? El hecho es que Petro lo mismo propone reforma agraria integral (anatema para el conservadurismo) y arriesga el pellejo encarando a las mafias, que exalta al dirigente con quien el M19 cocinó buena parte de la Carta del 91. Se pregunta la opinión si su voto para elegir procurador a Ordóñez, conmilitón del laureanismo, nació de convicción política o fue un desliz. Petro se propone desarrollar su movimiento Progresistas juntando amigos de acá y de allá. Piensan muchos que del criterio con que escoja aliados dependerá que este líder fogueado en mil batallas multiplique y organice la oposición democrática a los poderes consagrados. Fuerza que él encarna hoy en Colombia. Si no lo sacrifica todo, su orgullo comprendido, a demostrar que no era tal rufián.
por Cristina de la Torre | Nov 29, 2011 | Educación, Internacional, Noviembre 2011
Para Ripley. Estudiantes de economía en la Universidad de Harvard violaron esta semana el sagrario del credo neoliberal. Abandonaron sacrílegos el salón de clase, dejando a su profesor con un palmo de narices y una carta entre las manos que debió devorar a trochas y mochas, arrastrado como vio su nombre por el piso. Era el célebre Gregory Mankiw, ex asesor de Bush y gurú del pensamiento único que dio alas a abusos inenarrables de los potentados cuyo desenlace fue la peor crisis económica desde los años 30. Su manual de economía se impuso en las escuelas de esta disciplina en Occidente. Como en su hora se impuso en los países de la Cortina de Hierro la obra de Nikitin, anverso doctrinario de pobreza comparable a la del norteamericano.
Se rebelaron los muchachos contra el contenido y el enfoque de la asignatura, “sesgada” hacia la sola doctrina del lesefer (Julia E. Martínez, Starviewer.wordpress.com). En recuerdo de la universalidad que inspiró a los fundadores de universitas en vísperas del Renacimiento, reclaman los de Harvard estudio crítico de las virtudes y defectos que acompañan a la constelación entera de modelos económicos y acceso al conocimiento de todas las teorías. ¿Por qué sólo Smith, reclaman, y no también Keynes, verbigracia? Demandan ellos -como demandaron los sublevados contra todo oscurantismo que embozaló a la ciencia en artículos de fe- “una comprensión amplia y crítica de la economía”. Denostan del “vacío intelectual y la corrupción moral y económica de gran parte del mundo académico, cómplice por acción u omisión de la actual crisis económica”. Reivindican -¡otra vez!- libertad de cátedra, de crítica, y autonomía de las universidades, hoy convertidas por las grandes corporaciones en instrumento de sus intereses y llave maestra de los mercados. Y, en vez de sesión de catecismo, se suman indignados en Wall Street al movimiento “que está cambiando el discurso sobre la injusticia económica”. La insubordinación de Harvard se ha extendido a las universidades de Berkeley y Duke y ya pisa los talones de otras adscritas a la confesión neoclásica.
La fuerza del movimiento estriba en su punto de mira. Aunque embrionaria, esta rebelión de miembros de la elite que se preparan para dirigir el mundo tal vez busque otro mundo: no éste de pobreza general y riqueza creciente en el vértice de la pirámide, doblemente bendecida por exenciones tributarias que J. Sachs califica de inmorales. Investigadores del Swiss Federal Institute of Technology concluyen que sólo 1.318 grandes corporaciones –casi todas del sector financiero- controlan el 60% del poder económico mundial. Depurada la lista, apenas 147 reciben el 40% de las ganancias globales. Maticen los apologistas de este modelo sus diagnósticos, que construyen, a la manera de los propagandistas, por la vía del absurdo: no es el Estado de bienestar el responsable del desastre. Es precisamente en el desmonte de su regulación financiera donde está el origen de la crisis. Y en la insensatez de gobiernos progresistas que se plegaron a las políticas de choque de sus contrarios: de quienes fetichizaron a Smith y enterraron al Keynes que dio la pauta para sortear la crisis de los años 30, hoy proscrito de Harvard.
También de Harvard fue Galbraith, crítico supremo de la sociedad opulenta que el socialismo democrático había instaurado. El bienestar beneficiaba entonces a todos. En proporciones distintas, pero a todos, por el camino de la planificación económica, de la concertación y la inversión social en cabeza del Estado. Ahora se levantan sus pupilos, pero contra el modelo que concentra la opulencia en el uno por ciento. En una minoría inmoral y despiadada que se tomó las universidades y cooptó en sus homólogas de América Latina a obsequiosos prosélitos doctorados en el arte de humillar la cerviz.
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2011 | La paz, Narcotráfico, Noviembre 2011
Con todo y sus altibajos, dos hazañas registra en su haber el presidente en lo que lleva de gobierno, ambas enderezadas a la paz. Primero, la política de restitución de tierras a las víctimas del conflicto, osadía que tiene alebrestada a la Mano Negra. Segundo, su propuesta al mundo de considerar la legalización de las drogas, como alternativa al ruidoso fracaso de la guerra contra ellas. En declaraciones al Observer de Londres que le dieron la vuelta a Europa, el Presidente de Colombia sorprendió con su tácita descalificación de la política antidrogas que el Gobierno de Estados Unidos impuso, aunque sabe que somos nosotros quienes ponemos los muertos. Es menos dañino legalizar que perseguir el tráfico de drogas, argumentó. Pese a la presumible resistencia que le opondrían todos los poderosos que se han lucrado de esta guerra, no le tembló la voz. Cavilosos andarán el gobierno norteamericano; los productores de armas; los mafiosos y sus ejércitos que han colonizado un tercio del Estado colombiano, amén de los políticos que les hacen la segunda; las Farc, que devinieron cartel de la cocaína; los militares colombianos, hechos ya a sueldos y primas y gabelas del astronómico presupuesto de guerra, no pocos enriquecidos con sobornos de narcotraficantes. Y la banca internacional que nutre con los réditos de este mercado negro la cueva de Alí Babá, eufemísticamente llamada paraísos fiscales.
Si para Estados Unidos la política antidrogas dizque es problema de seguridad nacional, para Colombia es tragedia nacional. Aquí la persecución al narcotráfico, lejos de erradicarlo, valorizó el mercado negro de la droga, nos inundó de sangre y elevó a toda suerte de maleantes al poder en un tercio del Estado. De donde, si prosperara el debate mundial y se produjera un viraje, la legalización sería un proceso responsable –que reordenara prioridades del presupuesto-. Se trataría entonces de invertir más en prevenir, educar y rehabilitar que en gasto policivo y militar. Gasto insultante para un país donde la quinta parte de su gente se acuesta con hambre.
Por otra parte, afloran en la comunidad mundial síntomas discretos de que podría llegar a intervenirse el emporio financiero de los grandes capos del narcotráfico. Juega en él la gran banca internacional que capta sumas inimaginables del narcotráfico global, las lava y las recicla en inversiones legales, sobre todo en las bolsas de valores. La sola palabra ‘legalización’ le resulta a este sector ‘éticamente’ intolerable: las proporciones del negocio autorizan cualquier impostura. Es que del precio final de la coca al campesino plantero le llega el 1%; los mayoristas se quedan con el 23%, y los distribuidores finales, con el 73%. Sólo 3.5% del valor final retorna a los países productores, mientras los banqueros acaparan la parte del león.
El dirigente empresarial Nicanor Restrepo le dijo a Semana: como la droga es un negocio ilegal, produce utilidades tan jugosas que permiten armar ejércitos y corromper políticos, empresas, aduanas, bancos, todos los instrumentos necesarios para mantener a flote una economía clandestina. De la descomposición social, de la estela de muertos que va dejando a su paso, ni hablar. Pero está probado que la represión del narcotráfico no desmonta el negocio ni conjura la violencia que conlleva. En buena hora tuvo Santos la valentía de abrir el debate sobre la legalización de la droga. Mas, para ganar aquí la partida, tendrá que convocar el apoyo de los colombianos. Sólo así podrá enfrentar la oposición de quienes han cosechado blasones y riquezas a costa de esta guerra absurda. De Álvaro Uribe que, cabeza de la derecha más reaccionaria, se apresuró a descalificar todo conato de legalización. Como cuestionó la ley de víctimas. Acaso porque restitución de tierras y legalización de la droga ayudarían a la paz.
por Cristina de la Torre | Nov 15, 2011 | Educación, Movimiento social, Noviembre 2011
No es cualquier victoria. Reivindicar el derecho a educación gratuita, buena y para todos, desentraña el grotesco de una sociedad petrificada en las jerarquías y privilegios de tiempos de la colonia. Pone en evidencia el apartheid social que reina aún entre nosotros, donde los ricos acaparan la mejor educación y a los pobres que logran acceder a ella se los estafa con la peor. Tampoco es ya Colombia la autocracia que no hace mucho se ensayó. En gesto que lo engrandece, el Presidente se allana a la fuerza de un movimiento pacífico que se revuelve contra la mezquindad del Estado con la universidad pública, contra la marcha inexorable hacia su privatización.
La protesta de 600 mil estudiantes el pasado jueves, salpicada de canciones y colores y besos a miembros de la policía antimotines, epílogo de las 1573 movilizaciones que tuvieron lugar en el país entre enero y septiembre, indica que Colombia despierta: se repone del letargo catatónico que la mantuvo levitando durante ocho años en arrebato místico frente al mesías que gobernó, rosario en mano, mientras parecía no ver entre su fanaticada a los políticos en manguala con los de la motosierra. Tremendo contraste con un gobierno capaz de archivar su propuesta e invitar a debate “amplio, democrático y de cara al país”. Aunque Pacho Santos, ex vicepresidente del ex presidente, vocifere descompuesto contra el Primer Mandatario: “el Presidente tiembla” frente a los estudiantes, dijo, y convidó a neutralizarlos con choques eléctricos. Intolerables le resultan porque reclaman educación como derecho ciudadano, no como negocio. Porque la organización que representa a estudiantes de casi 80 universidades públicas y privadas prepara propuesta alternativa a la ley 30 que propusiera el Gobierno. Pero, sobre todo, porque sus líderes declaran maravillados: “volvimos a tomar conciencia de que otro mundo no sólo es posible sino necesario”.
Después de 40 años, renace el movimiento estudiantil. Corría el año de 1971. En los 7 meses que duró el paro nacional universitario, no hubo flores ni abrazos a la fuerza pública y sí, en cambio, 20 muertos y cientos de heridos y encarcelados. Entonces los estudiantes pensaban también que democratizar la educación, elevar su calidad científica y humanística, preservar la autonomía de las instituciones de educación superior, financiarlas con partidas suficientes del presupuesto nacional y recomponer sus organismos de dirección con participación de estudiantes y profesores era empezar a convertir en realidad el sueño de un mundo nuevo. La divisa de los estudiantes desbordó las fronteras de su Programa Mínimo, para proyectarse a los problemas grandes del país. Nunca se discutió tanto ni con tantas cifras como en aquel entonces. Nunca se acercaron tanto los estudiantes al movimiento campesino que protagonizaba ardua lucha por la tierra, ni a otros sectores populares que desarrollaban la suya propia. Pero fue flor de un día. El ascenso de una izquierda empeñada en incrustarle a Colombia el modelo de la revolución soviética o de la china o la cubana, sin contemplar los pormenores de lo propio, desnaturalizó el movimiento. Lo convirtió en presa de sectas políticas y aquel, con buen sentido, las abandonó a su suerte. De los cientos de miles de muchachos manifestando en las calles no quedaron sino los exiguos promotores del tropel.
Pero las banderas de los jóvenes siguen ondeando y cobran vida nueva: lejos de abrirse una educación de calidad para todos, en estos 40 años la universidad pública se empobrece día a día. La discriminación en las aulas apenas expresa cuánto han crecido en este país los abismos entre clases sociales. “En el tercer país más desigual del mundo –recuerda Maria Antonia García- tenemos el ejército más temible de Latinoamérica y la educación más inequitativa”.
por Cristina de la Torre | Nov 8, 2011 | La paz, Noviembre 2011
La paz con las FARC parece más esquiva que nunca. Desaparecido ‘Cano’, el último jefe capaz de preservarles algún aliento ideológico y de mantener la línea de mando unificado, esta guerrilla podría fragmentarse en bandas entregadas al narcotráfico. Negocio que derivó en factor determinante del conflicto: la lucha por la tierra, bandera histórica de las FARC, perdió protagonismo frente a la puja por el control del territorio y sus corredores de comercialización de la droga. De modo que la paz pende ahora de la eliminación del tráfico maldito, vale decir, de la despenalización de la droga. En crisis de liderazgo que no hace sino acentuar su derrota estratégica, poco jugo se encontrará en guerrilleros que andan en la guerra por la paga y el negocio, y no por mística revolucionaria. ¿A cambio de qué, comparable a las millonadas del narcotráfico, puede ventilarse una negociación de paz?
Y no es que falte voluntad política; es que las circunstancias han cambiado. Verdad es que Santos debutó en su Gobierno con una ambiciosa política de restitución de tierras que él proclama como presupuesto de paz. Con ella mordía en la vieja reivindicación campesina por la tierra que Tirofijo agitó como guerrillero liberal y encarnó después como insurgente comunista. Mordía en la solución de continuidad entre movimiento agrario y lucha armada que nuestra historia ofrece desde el sabotaje a la reforma agraria de 1936. ‘Alfonso Cano’ declaró entonces que la iniciativa del Presidente marchaba en la ruta de la reconciliación. Un año después, el 20 de julio pasado, Santos ratificaba que su Gobierno no sólo hablaba de paz, sino que estaba “construyendo las condiciones para la paz”. A lo que ‘Cano’ respondió en video dirigido a un Encuentro de Barrancabermeja que “el diálogo es la ruta”.
Pero desde los años 80 la tierra empezó a trocarse en factor de guerra. No se la buscaba ya apenas como medio de vida de campesinos enfrentados a terratenientes. Para protegerse de la guerrilla, muchos ganaderos, hacendados y narcotraficantes se armaron en autodefensas. Entraba en su apogeo el mercado negro de la droga. Ahora los contendientes perseguían el control militar del territorio y de la población, y aseguraban así la logística del negocio de narcóticos. El conflicto armado había tomado un rumbo nuevo: saltaba de la lucha por la tierra “para quien la trabaja” a la disputa del territorio entre ejércitos ilegales financiados por el narcotráfico. Dura realidad que no podrá enderezarse con la sola restitución de tierras a las víctimas. Si paz se quiere, habrá que desmontar el narcotráfico, que es el combustible de la guerra. Propósito mayúsculo que rompe nuestras fronteras patrias y debería incorporarse a la diplomacia de Colombia en todos los foros internacionales. Empezando por sumarse a la exigencia de intervenir los paraísos fiscales, meca del sistema financiero internacional que capta por narcotráfico cada año 350 mil millones de dólares, según cálculos conservadores del FMI. Se comprenderá por qué de allí viene la más ruda oposición a la despenalización de la droga.
He aquí la carta de un lector llamado ‘Otty’ a La Silla Vacía: “Esto que está ocurriendo no es una guerra, es una trágica tontería. No creo que haya nadie en las FARC con la grandeza de asumir la derrota y dirigir y negociar la capitulación. No creo que haya nadie en el Estado con la grandeza de asumir que el problema de la violencia en Colombia es la formidable economía marginal, cuyo mayor componente es el narcotráfico. Las FARC son una parte más bien residual de (aquella)”. Residual en el conjunto, sí, pero el narcotráfico nutre casi por entero a esta guerrilla. Mientras siga vivo, seguirá la guerra. Como siguió con las autodefensas “desmovilizadas” que reencarnaron en bacrim, hoy aliadas de frentes enteros de las FARC.
por Cristina de la Torre | Nov 1, 2011 | Izquierda, Noviembre 2011, Partidos
Tan resonante el triunfo de Petro en Bogotá, como desigual la cosecha para el uribismo. Perdió el expresidente gobernaciones y alcaldías importantes, y fue derrotado con estruendo en la capital de la república y en el santuario mismo de su imperio: Antioquia y Medellín. Mas esta mengua parece amortiguada con la victoria de sus prosélitos en un tercio de los municipios, pequeños pero rebosantes de regalías. Beneficiarios privilegiados de la desintegración de los partidos en una turbamulta de candidatos incompetentes, a resultas de dos décadas de campaña contra la “partidocracia”: su divisa fue madurar la democracia destruyendo los partidos. Su cuna, la ideología que inspiró la Carta de 1991. De buena fe, sin duda, confundieron los constituyentes la fiebre con las sábanas y, en vez de aliviar al paciente, lo enfermaron más. Desmontaron el Frente Nacional, sí, pero introdujeron mecanismos que terminaron por anarquizar el sistema político. Se alzó una polvareda de microempresas electorales levantada por la facilidad que la ley ofrecía para formar partidos. Y por la operación avispa. Hoy, pese a las reformas que creyeron cohesionar ese avispero en 12 partidos, y en virtud del voto preferente, perduran cientos de organizaciones de garaje en cabeza de caudillitos de ninguna idea, capitanes de ninguna batalla, como no sea la de apertrecharse bien para saquear.
Rafael Pardo reconstruía casi jubiloso la raíz del fenómeno: la Carta del 91 cambió las reglas del juego político y el modelo de desarrollo. Se desmontó el centralismo intervencionista en favor de las regiones, por un lado y, por otro, se disolvió la verticalidad interna de los partidos. A ello contribuyeron la transferencia de recursos a las regiones y la elección popular de alcaldes. En suma –diríamos aquí- los partidos perdieron su línea de mando nacional y, el gobierno central, el control que ejercía sobre la ejecución de los recursos en provincia. Las colectividades, que fueron confederaciones de dirigentes regionales alrededor de un jefe nacional, derivaron en agregados inorgánicos de extorsionistas del Estado sin ningún control, asociados a menudo con criminales. Y no es que fueran antes la panacea, pero a lo menos se los vigilaba y rendían cuentas. Con la decadencia de las casas políticas en favor de alternativas regionales nació la tendencia a presentar en elecciones opciones uninominales. La nueva Carta aceleró la tendencia, hasta volar en átomos a los partidos.
La Carta abortó una descentralización política que con la elección popular de alcaldes ensayaba sus primeras armas, y para la cual no estábamos preparados. La debilidad institucional puso el poder regional al alcance de los más vivos, que supieron aliarse con los vivos de siempre. Banquete suculento de transferencias y regalías, pues control no hubo y sí, en cambio, fuete y fierro y motosierra. La idea de democracia directa, otra novedad de la Carta, también jugó su parte. Introducida para llenar los vacíos de la democracia representativa, pronto se resolvió, no obstante, en el vértigo plebiscitario que condujo a Uribe hasta el límite mismo de la dictadura. Debilitados partidos y sindicatos, desactivada la sociedad, floreció el personalismo sin ideas que hoy cosechamos a granel.
Mas fueran inocentes estos cambios si tras ellos no medraran nuevos sectores que hallaron en el narcotráfico su fuente de redención. Visionario, cómo negarlo, Uribe interpretó la fuerza histórica de esta revolución social y recibió, sin objetarlo, su caudal electoral. Por su parte, Gustavo Petro se perfila como la contraparte de izquierda democrática capaz de organizar una fuerza alternativa al uribismo que llegó para quedarse. Tendrá que empezar por gobernar bien. Por cohesionar a sus electores en torno a un programa. Por crear el partido de la oposición.
por Cristina de la Torre | Oct 25, 2011 | Octubre 2011, Partidos, Personajes
Si, así serán las elecciones del domingo. No sólo porque a la fecha la campaña acumula 43 candidatos asesinados, como en los peores tiempos de esta guerra. Es también porque ellas plantean una disyuntiva crucial: o se arroja un salvavidas a nuestra maltrecha democracia, o se consolida en provincia la toma del Estado por las mafias armadas y sus amigos, el notablato político y empresarial. Y en Bogotá, o se reelige al brazo político de los carteles de la contratación –17 concejales de todos los partidos llamados a indagación preliminar por presunta participación en ellos- o bien, se eligen figuras nuevas, representantes genuinos de la ciudadanía y capaces de controlar al poder. En provincia, la insurgencia social que se impuso a bala y en los últimos ocho años se atornilló en los despachos oficiales, se la juega toda por preservar sus conquistas y ensancharlas. Se trata de doblegar definitivamente a jueces, alcaldes y concejales al interés de sus negocios particulares, narcotráfico comprendido. De afirmar su control sobre el erario, la reasignación de regalías, los billones destinados a la reconstrucción de lo que el invierno se llevó. Pero, sobre todo, de boicotear la restitución de tierras.
A perspectiva tan alarmante contribuye la anarquía de los partidos que, horros de ideas y programas, disgregan su energía en la glotonería de políticos casi siempre abiertos a corromper o a dejarse corromper. No los inspira el bien general sino el propio. Reducen la política a la búsqueda del lucro indebido que puedan extraerle a una curul. Lo que la tierra da silvestre: maleza, plantas carnívoras. Ni figuras prestantes ni estadistas. Mas, acaso guiada por un instinto de conservación, empieza la sociedad a reaccionar contra la corrupción. Gina Parody debe su prestigio a la valentía con que se opuso a la presencia de Mancuso y sus secuaces en el Congreso cuando, dueños de la escena, revelaron que suyo era un tercio de la corporación. En cambio Peñaloza, candidato del partido que se decía azote del todo-vale, se cuelga al cuello la pesada roca del ex presidente que simboliza lo contrario… y se lanza al agua. Es fama que Gustavo Petro le dio con la puerta en las narices a algún intrigante que en 1999 le ofreció 60 millones si aprobaba una ley de su interés. Este hombre anti-mafias desencadenó el proceso de la parapolítica que llevó a la cárcel a decenas de parlamentarios. Fue el promotor de las denuncias contra el carrusel de la contratación en Bogotá, que hoy tiene tras las rejas al Alcalde mismo de la capital, y eventualmente a muchos de sus concejales cómplices. Si resulta elegido Alcalde no será sólo por el recuerdo aún fresco de su brillante candidatura a la Presidencia, sino por la entereza en su batalla contra la corrupción.
En este despertar, candidatos hay al Concejo de Bogotá que irrumpen como una bocanada de aire fresco. Roberto Hinestrosa, decano de Finanzas de la Universidad Externado, exhibe credenciales de experiencia en la vida pública y de solvencia moral necesarias para ejercer control político desde esa corporación, a la cual aspira a llegar como cabeza de lista de Cambio Radical. Fue Viceministro de Justicia y jefe de gabinete de Cundinamarca, desde donde contribuyó a diseñar la ciudad-región. Angélica Lozano, candidata número 7 por el movimiento Progresistas, fue alcaldesa local de Chapinero y líder del movimiento cívico que derrotó el proyecto del transmilenio ligero por la Séptima. Lozano impidió así repetir en esta avenida el drama de la 26: probó que al millonario contrato le faltaban diseños, predios y licencias. Pueda ser que las nuevas caras revolucionen el Concejo. Y les insuflen a sus colectividades la savia de las ideas y de programas que los conviertan en partidos verdaderos pues, sin partidos, la democracia es pantomima.
por Cristina de la Torre | Oct 18, 2011 | Modelo Económico en Colombia, Octubre 2011
Con la aprobación del TLC, el frente político del neoliberalismo que se hace llamar “los economistas” parece llegado al paroxismo de la euforia. Mientras indignados protestan en 82 países contra el desempleo que multinacionales y banqueros generan al amparo de aquel modelo, aquí sus pontífices se congratulan de que se instaure en pleno el lesefer y la apertura económica no tenga ya límites. El Ministro del ramo declara que el libre comercio con Estados Unidos “nos ayudará a consolidar el aparto productivo nacional y a traer inversión para el país, lo que derivará en más empleo y prosperidad”. Aseveración contraevidente, pues ignora la experiencia de estos 20 años de apertura, antesala de lo que vendrá: la economía registró el menor crecimiento del siglo, el desempleo las cotas más altas, y la distribución del ingreso, un severo retroceso. Lo demuestra Eduardo Sarmiento. La asimetría del tratado no favorece sino a la contraparte: Colombia reduce sus aranceles de 13 a 0 y Estados Unidos, de 3 a 0. Aquí desmontamos todo control de capitales y la regulación cambiaria. Mientras allá se mantienen los subsidios a sus agricultores, aquí desprotegemos a los nuestros. A la inversa de Brasil y Argentina, que no suscribieron tratado comercial con Bush porque éste se negó a desmontar tales subsidios. El propio ministro de Agricultura advierte que el agro no está preparado para estos TLC. De industria, ni hablar. El tratado mata en el huevo lo que existe y esteriliza lo porvenir. Ahogada como se verá por la competencia de una potencia industrial, ya no surgirá en Colombia ninguna industria nueva.
Como importaremos mucho más de lo que exportemos, el déficit comercial crecerá sin cesar, y la bomba del crédito externo con el cual estamos llenando el hueco querrá estallar. Lo que sí exportamos –con o sin TLC- son minerales y petróleo. Pero estos bienes no reintegran divisas: las cifras espectaculares de exportaciones que nos muestran, engañan. Y sobre ello callan celosamente los apologistas del modelo minero-exportador, dizque locomotora líder de la prosperidad. Pasan impertérritos la mirada sobre el régimen especial vigente que exime del reintegro de divisas por ventas externas a firmas extranjeras aplicadas a exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel y uranio. Así lo disponen los artículos 48 a 82 de la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. En arroz y maíz no podemos competir, ni en avicultura y porcicultura, ni en carnes y productos lácteos. En textiles, confecciones, cueros y marroquinería tendremos que competir con la China, que ya invadió el mercado norteamericano. En frutas y plantas decorativas, Centroamérica es rival temible. Poco prometedor el panorama.
Después de los gringos, con este TLC los únicos ganadores seguirán siendo los importadores y su llave, los banqueros, que les financian la clientela. Núcleo selecto de FENALCO, los importadores se pelearon en el Congreso la aprobación del TLC por medio de Sabas Pretelt, su flamante vocero que fungía entonces como ministro. Para interpretar el interés de la nación -no apenas el de esta minoría insaciable-, para integrarnos a derechas en la economía global, tendremos que empezar por modernizar el campo -con redistribución y uso adecuado de la tierra- y trazar una estrategia de industrialización concertada con el Estado. De momento, para corregir este pacto de adhesión que es el TLC, renegociarlo exigiendo cláusulas de excepción por razones de desarrollo y de seguridad nacional. O bien, para escándalo de nuestra intelligentzia neoliberal, “denunciarlo”: romper el tratado unilateralmente, o mediante consulta popular, por razones de soberanía. Como se estila en las democracias maduras cuando la tragedia se abate sobre ellas.
por Cristina de la Torre | Oct 11, 2011 | Iglesias, Octubre 2011
No se contentó Uribe con legarnos el bulto de la corrupción que en su mandato echó barriga hasta reventar. También nos heredó la semilla teocrática del conservatismo rancio que orientó a su gobierno y hoy florece en las carnitas del procurador Ordóñez. El diario manoseo al padre Marianito desde la silla presidencial ambientó el destape del jefe del Ministerio Público. Líder de la revuelta contra el Estado laico que la Carta del 91 había rescatado de las calendas de 1936, en su celada contra el aborto legal Ordóñez subordina la norma civil de interés común a la hegemonía de una iglesia en particular, la católica: se ríe de la libertad de conciencia, de la igualdad y la libertad de cultos, patrimonio de las democracias liberales. El proyecto contra el aborto que cursa en el Congreso somete derechos fundamentales de la mujer al principio absoluto de una fe religiosa. Recula desde un orden laico y pluralista hacia el Estado confesional que tiraniza desde un credo a la sociedad entera. Como si todos los colombianos fueran católicos.
En honor de alianzas apolilladas que vuelven por sus fueros, son paladines de esta iniciativa la jerarquía católica y los jefes del conservatismo. E iglesias protestantes que nacieron a la política gracias a la libertad de cultos que la Constitución del 91 trajo, y ahora se rebelan contra ella. Ordóñez, cabeza de la conspiración, retoza en sus escritos contra el amor libre, los anticonceptivos, el aborto, la fecundación in vitro, la “ideología de género”; y, por supuesto, contra el “laicismo militante”, motor de la “agresión a nuestras tradiciones cristianas”. Reivindica la preeminencia de la ley divina sobre la terrenal. Pero el terrenal cargo de Procurador catapultó su poder, que éste despliega con potencia de cruzado. Y con desfachatez. No contento con aplicarlo al proselitismo religioso montando oratorios, colgando crucifijos y oficiando misas en las dependencias mismas de la Procuraduría, edifica su imperio espiritual sobre la amenaza de investigar y destituir a funcionarios y políticos herejes. Senadores de la Comisión que debate el proyecto contra el aborto tiemblan ante la espada de este Savonarola. Cinco de ellos le confesaron a La Silla Vacía estar “asustados de votarle en contra el proyecto al Procurador y sufrir luego (sus) represalias”.
La beligerancia de Ordóñez evoca la propia de su mentor, Laureano Gómez, en rebelión contra la Constitución de 1936 que separaba a la Iglesia del Estado, proclamaba el origen de la autoridad en el pueblo (no en Dios), y consagraba la libertad de conciencia y de cultos. “De ningún modo se debe obedecer a la potestad civil cuando manda cosas contrarias a la ley divina”, había exclamado el jefe del partido católico-azul prusia. El 15 de septiembre de 1940 convocaba Gómez a la guerra civil contra López Pumarejo, el “tirano” que había negado el origen divino de toda ley. Nueve años después, la guerra había saltado de la acción intrépida y el atentado personal al proselitismo armado, con intimidación, escarnio y ejecución de los contradictores. Entonces fueron la Violencia y sus 280 mil muertos. Guardadas proporciones y matices, sentenciar a prisión o a la muerte a cientos de miles de colombianas que por razones médicas abortan cada año, ¿no es declararle la guerra a la pecadora bíblica en pleno siglo XXI? ¿No es sumar más violencia a esta martirizada Colombia?
El Estado laico es de todos, no de los devotos ni de los incrédulos. Tampoco lo es del senador Gerlein, a quien “matar niños (le parece) aterrador”, pero no así el homicidio culposo contra sus madres. Ni lo es de los Andrés Uriel, ministro estrella del uribato que al reclamo por la corrupción que rodeó su desempeño en Obras, respondió altanero: yo no le rindo cuentas sino a Dios. La teocracia al servicio de la truhanería.
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2011 | Mujer, Octubre 2011, Régimen político
La penalización del aborto –escribe- “no salva fetos, pero sí mata mujeres” que, sin protección legal, han de abortar mediante procedimientos que desafían su propia vida. La mayoría de los 400.412 abortos que se practican en Colombia cada año son ilegales, según el Instituto Guttmacher; 132 mil de ellos presentan alto riesgo para la madre. En cinco años, el Ministerio de Protección registra apenas 966 abortos legales. Y es que muchos centros médicos se brincan la ley y le niegan el procedimiento a la paciente que por contera es, casi siempre, pobre. Para la promotora de la norma que despenalizó el aborto en los casos señalados, aquí, más que un dilema moral, se dirime un asunto de justicia social.
Roa aboga por reducir así el número de abortos como el de embarazos no deseados, que en Colombia ascendieron en 2008 a 911.897. Para lo cual se requiere educación sexual, acceso universal a los anticonceptivos y eliminar la violencia contra la mujer. El verdadero bienestar de los no-nacidos comienza por garantizar atención prenatal gratuita y nutrición adecuada para todas las mujeres que decidan tener hijos. En cambio reducirlas a prisión porque en su desesperación aborten, es negarles su condición humana, es tratarlas como “máquinas reproductoras de la especie humana”. La autora invita a sumar fuerzas para frenar la inclusión en el Congreso de “una agenda moral que se presenta en abierta oposición a la realidad y a los principios laicos de nuestra Constitución”.
En cuatro días, miles de firmantes habían ya suscrito y comentado la misiva. Para Alberto Alonso, verbigracia, por ser Colombia Estado laico, “cualquier afirmación religiosa no es argumento jurídico”. Diego Vargas estima imposible legislar contra los derechos humanos: imposible alienarles a los homosexuales su derecho a tener familia, o a las mujeres el suyo de abortar, o a cualquiera negarle la libertad de escoger el momento de su muerte. La doctora Gloria Lucía Erazo, citóloga, lamenta las graves consecuencias que afrontan las mujeres, por carecer de una legislación que las proteja como seres dignos de respeto, con derecho a “concebir los hijos que desde su conciencia pueden y desean traer a la vida. (Tenemos que) convertir a Colombia en un país de seres humanos deseados”. Quiera Dios que nuestro jefe conservador convenza a su familia de devolverle a Estupefacientes la casona que –según la prensa- recibió por el atajo y destinó a citas non-sanctas, de donde vendrían nuevas camadas de niños indeseados. A ver si se sacude el conservatismo el aura de hipocresía que lo infecta. Y el terror bíblico que despliega contra la mujer.
Adenda. Por contraste con tanto incompetente que aspira a corporaciones públicas, reconfortan candidaturas de académicos que dominan los problemas del país y han transitado por los asuntos públicos. Es el caso de Roberto Hinestrosa, cabeza de lista al Concejo de Bogotá por Cambio Radical. Estupendo elemento de renovación y rectitud.
