por Cristina de la Torre | Feb 28, 2012 | Febrero 2012, La paz, Modelo Político, Narcotráfico, Política agraria, Posconflicto
Es decisión política de alto vuelo. La anunciada Ley de Desarrollo Rural podrá interpretar la aspiración centenaria del campesinado a la tierra, o bien, favorecer a la ultraderecha de Antioquia y de la Costa que, Uribe a la cabeza, encarna hoy un sistema de jerarquías petrificadas desde la Colonia. Aunque el Ministro ha dicho que no se trata de repartir tierra sino de legalizarla y de modernizar el campo, el Presidente habló de revolución agraria. Y cabe la pregunta: ¿revolución (liberal) sin redistribución? ¿Modernización sin tocar la estructura de propiedad cuando se sabe que el latifundio improductivo y el mal uso del suelo que conlleva son las grandes talanqueras del desarrollo y la equidad en el campo? ¿Modernización expulsando el último reducto de población “sobrante” en la frontera agrícola hacia la Altillanura (edén de la agroindustria avara en empleo) o hacia los semáforos de las ciudades; sólo porque los ganaderos prefieren especular con la tierra y adjudicarla más bien a bovinos, a razón de vaca por hectárea?
Modelo aquel de colonización para la miseria que el inefable presidente de Augura retoma: a la voz de restituciones, en vez de llamar al orden a miembros de su gremio presuntamente asociados con paramilitares despojadores, éste aboga por expandir la frontera agrícola. Necoclí demostró que la restitución no sería un decir del Gobierno. Que Santos la llevaría a cabo “contra todo y contra todos”, si fuera necesario. Así los Urabeños amenacen difundiendo la imagen tenebrosa de motosierras ensangrentadas y tras ellos se agazapen ganaderos, comerciantes, políticos, uniformados y empresarios dispuestos a quedarse con tierras malhabidas (El Tiempo, 26-2). Pero el ambicioso programa de restitución, crédito y tecnología incluidos, es apenas parte de la sacudida que el campo demanda. Y a ella apuntaría la Ley de Tierras que se cocina si, como dice el Ministro de Agricultura, ésta tendrá la envergadura de la Ley 200 de López Pumarejo.
Y no se trata de canonizar el ya improductivo minifundio. O de repartir por repartir. Es que la absurda concentración de la propiedad rural inhibe la inversión, la producción y el empleo. Bloquea el acceso del campesino al trabajo y a los recursos productivos. Es antieconómica e injusta. De allí que modernizar sin redistribuir perpetúa el estancamiento del campo. Y la convivencia de un modelo de agricultura capitalista, patrimonio de pocos, con otro de economía campesina, cercado por el atraso, el abandono del Estado y la agresión de los violentos. Chicoral exaltó al primero, le dio todas las gabelas y condenó al olvido al campesino raso. Pero los grandes empresarios, lejos de jalonar el desarrollo, lo deprimieron aún más. No crearon riqueza ni empleo. Desde 1991, Colombia casi decuplicó sus importaciones de alimentos. En 2010 la agricultura creció cero, y la pobreza rural llegó al 64%. La “modernización” del campo fue privilegio de los menos, y coronó en adefesios como el de AIS.
Absalón Machado propone fortalecer la mediana propiedad a expensas del latifundio improductivo. Entre la gran propiedad subexplotada y el minifundio, nacería una clase media, fiel de la balanza en las democracias. Es su idea articular a pequeños, medianos y grandes propietarios de la frontera agrícola en un movimiento común de economía agraria y sobre un territorio compartido. Acaso el Presidente logre así apuntalar “sin fusiles” la revolución agraria que todos los liberalismos hicieron en los años 30. Habría que devolverle al Estado su protagonismo. Porfiar en la política de despenalizar el narcotráfico, catalizador del conflicto. Y tenderles a campesinos y gremios del agro una mano para concertar cambios de fondo en el campo, presupuesto de la paz. Nunca es tarde.
por Cristina de la Torre | Feb 21, 2012 | Ciencia, Corrupción, Febrero 2012, Modelo Económico en Colombia, Salud
Entonces dieron la cara. No bien anunció el Gobierno la intención de combatir el monopolio de medicamentos biotecnológicos que un puñado de multinacionales usufrutúa, desenvainaron ellas todos sus fierros contra el decreto en ciernes. No es para menos, se juega una billonada. Es que el hueco que quebró el sistema de salud asciende a 14 billones –según Sergio Isaza, presidente de la FMC (Federación Médica Colombiana)-, y en él cabaron a fondo estas farmacéuticas. Al amparo de la libertad de precios que el entonces Ministro Palacios autorizó y en la alegre complicidad de las EPS, que le cobran al Fosyga sobre precios estipulados por aquellas firmas. Precios elevados hasta en un 3.204 por ciento, caso del Interferón B1-B; o del Rituximab, que en Colombia vale 3.500 dólares y, en Inglaterra, 278. El año pasado, el 70% de los 1.8 billones recobrados al Fosyga respondió a tales medicamentos.
La controversia ha alcanzado proporciones mayúsculas, y grande es la expectativa porque el Gobierno persevere hasta superar el desastre. Mientras la ministra Beatriz Londoño busca ampliar el abanico de la oferta con laboratorios que ofrecen mejores precios al consumidor, la trinca de los biotecnológicos se desgañita en defensa de sus privilegios. Dizque por razones de calidad. Pero Isaza señala que “tras ese sofisma de calidad se esconde el más crudo interés comercial de actores que sin ninguna moral desangraron el sistema de salud”. Y Alberto Bravo, presidente de Asinfar, insta a derribar las barreras artificiales que bloquean la competencia de medicamentos. Sin esas barreras, dice, los precios bajan.
Como se sabe, a la quiebra del sistema contribuyeron a saco las EPS. Y no sólo por acolitar la ruindad de aquellas farmacéuticas. En general, porque se apropiaron dolosamente los fondos de la salud para acrecer su patrimonio. En toda suerte de negocios particulares y en financiamiento de campañas de políticos amigos terminaron los dineros que los colombianos aportan para cubrir su derecho fundamental a la salud. Hasta Caprecom, la EPS pública del régimen subsidiado, financió en provincia a políticos que andaban en malos pasos con amigos de dudosa condición. Para Isaza, la crisis de la salud es la mayor defraudación al Estado que se conozca: sólo por recobros de medicamentos al Fosyga entre 2008 y 2010, ésta alcanzó los seis billones; y, por deuda no pagada a la red de hospitales públicos y privados, casi siete billones. Hubo robo continuado durante 18 años, apunta: “se ha perdido el dinero y alguien lo tiene en el bolsillo”.
Pese a algunas reformas del último año y a la valiente incursión que la Ministra emprende para desmontar el odioso monopolio de los biotecnológicos -ventosa de los recursos públicos y del bolsillo de los pacientes- el sistema de salud mantiene el diseño perverso que lo vio nacer. En lugar de privilegiar la atención integral del paciente, favorece la intermediación financiera privada con ánimo de lucro que envileció el sistema y lo llevó a la quiebra. Mientras las EPS sigan operando como intermediarias inútiles del sistema; mientras no se retome una política de control de precios en medicamentos –más allá de propiciar una competencia más equilibrada- seguirá viva la crisis. Y no se trata de suprimir las EPS. Se trata de integrarlas como red privada del sistema que contrate servicios con una red pública competente y autosuficiente, bajo rigurosos criterios de cumplimiento y calidad. Y a precios razonables. El vocero de la FMC propone crear un fondo único de salud en cabeza del Estado, vigilado por la Contraloría, la Supersalud y la ciudadanía. Al sistema de salud no lo aqueja la pobreza, pues dispone de 43 billones este año, el 6.5% del PIB. Plata hay. Pero hay que evitar que se la roben.
por Cristina de la Torre | Feb 14, 2012 | Corrupción, Febrero 2012, Narcotráfico, Política agraria
Cuando el Incora quiso distribuir tierras en la Sabana de Bogotá y en el Valle del Cauca, los hacendados levantiscos amenazaron con guerra civil. La parcelación de Jamundí y la radicalización del campesinado precipitaron el Pacto de Chicoral, que sepultó para siempre la reforma agraria. 45 años después, la Ley de Restitución de Tierras revive las veleidades levantiscas de la Mano Negra. Aunque no se trata ya de repartir tierra sino de devolver la usurpada a sus dueños, ésta juega ahora como factor de guerra: los protagonistas del conflicto van por el control militar del territorio, necesario para asegurar los corredores del narcotráfico. Y en la mitad, las víctimas. Ayer, derrotadas por una derecha bicolor, de fusta y rosario; hoy, en la incertidumbre que transmite la coalición de un gobierno que apunta a una “revolución agraria” pero alberga en su seno a los más temibles enemigos de la restitución. Enemigos de fusta y rosario y motosierra.
En la concentración de 30 mil personas en Necoclí, epicentro de todas las violencias, el miedo y el dolor dibujados en cada rostro, se adivinaba empero la esperanza de que el Presidente pudiera cambiar la historia del país, de gancho con las víctimas. Como lo hiciera en su hora la Anuc, organización campesina creada por Carlos Lleras para apuntalar su estrategia agraria. A Lleras lo derrotó el mentís de los partidos de gobierno a su política para el campo. Al punto que fue el muy liberal Indalecio Liévano quien firmó en nombre de su partido el sepelio de la reforma agraria. Desenlace de la avanzada reaccionaria del latifundismo costeño que retuvo así sus heredades intocadas, inexplotadas, engordadas en el sojuzgamiento del campesinado: el más sufrido, el más masacrado, expulsado del terruño sin piedad.
En las nuevas circunstancias, ¿bastará la alianza del Presidente con el pueblo? ¿La envergadura de esta ley de tierras llegará a provocar deslinde de ideas, de programas, de pautas de acción política entre los partidos que conforman la patria boba de la Unidad Nacional? ¿Qué futuro se le augura a la restitución de tierras si el partido de la U, puntal de la coalición oficialista fue casa predilecta de los parapolíticos sindicados de andar en malos pasos con mafiosos y paramilitares que sólo en Urabá protagonizaron decenas de masacres y expulsaron a 1.036.456 campesinos? Ambigüedad de un partido que, gozando del poder, conspiró sin embargo en la sombra contra esta Ley de Víctimas y la suscribió a regañadientes.
Pero no todo es malo. A Álvaro Uribe se le abona la franqueza con que descalificó el recurso al pueblo del Presidente Santos. Y la restitución de tierras, por estimar que ella podía “generar nuevos odios contra los empresarios del campo (y los grandes agricultores) que ya se venían superando y que, como en los años 60, hicieron tanto daño”. Si injusta por venir de quien había erigido su estado de opinión sobre el fervor de las masas, su postura constituye un aporte inesperado a la democracia. Porque defiende sin inhibiciones a los poderosos del campo mientras otros hablan por los derechos de los más débiles. Expresión de intereses distintos, no tejidos ya en la golosina de puestos y contratos sino en función de una estrategia de calado histórico. Bueno sería que esta discrepancia de fondo contribuyera a diferenciar opciones políticas, a singularizar fisonomías propias de partido. Y sin irse a las manos, como lo propone la democracia, no fuera que del encono personal resultaran otros disparando fuego. Pesimista se muestra Mauricio García al temer que “las intenciones de la extrema derecha y del clientelismo regional, si bien más solapadas, siguen siendo las mismas”. Pregúntese el presidente Santos hasta cuándo puede seguir durmiendo con el enemigo.
por Cristina de la Torre | Feb 7, 2012 | Febrero 2012, Izquierda
Se veía venir. En mezcla explosiva de revanchismo (en unos) y fidelidad a su entraña de derechas (en casi todos), se sublevó el Concejo de Bogotá contra el alcalde Petro. Engolando la voz, el pecho henchido, despacharon los concejales con un leve movimiento de meñique la invitación del burgomaestre a cogobernar, programa y rendición de cuentas de por medio. ¡”Clientelismo”!, apostrofaron, y se negaron a participar en práctica tan ominosa. No mencionaron, claro, los fines de la coalición propuesta: erradicar la corrupción, moderar la discriminación social en la capital, defender el medio ambiente. Otras son sus ideas, tejidas para una Colombia cerrada, inmóvil y a menudo complacientes con la venalidad. Tampoco se quejaron –como lo hicieron algunos en privado- porque les hubieran ofrecido cargos de segunda (Semana, 2-5). (¿No se conformaban con chichiguas, querían clientelismo en forma?). Ni se mosquearon con el contraste entre ésta su dignidad de última hora y el prontuario que la mitad de ellos capotea ante la Fiscalía, por denuncias del propio Petro sobre la monumental defraudación de la ciudad. Y como presidente del Cabildo designaron a Darío Cepeda, investigado por presuntos nexos con el cartel de la salud. La U, líder de la derecha, promovió esta proyección de la Unidad Nacional en unidad distrital contra la nueva Administración. La misma coalición que fuera aliada de Samuel Moreno, hoy tras las rejas.
Víctima del maniqueísmo, se queda Petro con el pecado y sin el género. Pero recoge el guante. Ratifica su recurso al pueblo en cabildos abiertos donde la gente discuta y escoja entre proyectos del Gobierno distrital que obedezcan a criterios de desarrollo e inclusión social. Difícil le quedará al Concejo desconocer asignaciones del presupuesto adoptadas de consuno con la gente. Agualongo, comentarista de este espacio, apunta que si los partidos cobran por ventanilla la valentía de Petro al denunciar la corrupción, hay que acudir a la base, pues los problemas de Bogotá demandan solución colectiva. Dos peligros ofrece, con todo, este tipo de consulta popular. Primero, si la Alcaldía coopta los escenarios de participación popular, los deslegitima, pues aliena la vocería de otros igualmente interesados en ganancias de ciudad. Segundo, la consulta en montonera, sin organizaciones sociales que les den a las decisiones cauce y representatividad, puede derivar en populismo; en simple medio de figuración del gobernante que así quiera robustecer su imagen y ganar votos. Riesgo inminente en una ciudad como Bogotá, 95% de cuyos habitantes declara no pertenecer a asociación cívica alguna. El modelo de Porto Alegre, Brasil, que se ha extendido a 70 ciudades y al parecer inspira la iniciativa de los cabildos abiertos, se edificó sobre larga experiencia de resistencia popular a la dictadura; y sobre centenares de organizaciones y movimientos de masas que en Colombia no existen. Desafío mayúsculo: acudir al pueblo sin caer en un populismo empalagoso y disolvente como el del uribato.
No será Petro el primero en buscar respaldo del pueblo a sus políticas. Ya Carlos Lleras, bandera agraria en mano, había exclamado: “Se hará el cambio social, pase lo que pase. Saldré a buscar a las masas y veremos al fin quién gana”. Hoy cuenta Petro con 70% de apoyo. Mientras el Concejo no caiga en el boicot y respete la dinámica popular que se avecina, la democracia agradecerá el deslinde de ideas –y de aliados- que se perfila en la política de Bogotá. También agradecerá menos arengas del Alcalde y más disposición a medir cuanto va del discurso al acto administrativo y, de éste, a la ejecución. No basta con ser honrados; hay que saber gobernar. Para rescatar a Bogotá. Y para que a la izquierda, en jaque, no le den mate.
por Cristina de la Torre | Ene 31, 2012 | Enero 2012, Izquierda, Personajes, Régimen político, Uribismo
Usufructuario estelar de la democracia directa que la Constitución del 91 introdujo, Álvaro Uribe resolvió esta forma de participación en populismo de derecha. Ahora Gustavo Petro parece reivindicar el que algunos consideran sentido genuinamente participativo de la Carta Política. Protagonizaría un salto cualitativo del consejo comunal del ex presidente al cabildo abierto. Las asambleas de Uribe, integradas por delegados escogidos en Palacio de antemano con el fin repartir chequecitos acá y allá, catapultaron el proyecto de reelección para prolongar a doce años aquel gobierno arbitrario y corrupto. Petro, en cambio, corregiría los defectos del experimento dándoles a los concurrentes capacidad decisoria, previas campañas de información y discusión pública: prepara cabildos abiertos donde la gente se informa, delibera, define montos del presupuesto de Bogotá y decide las asignaciones levantando la mano. Apoteosis de democracia ateniense en sociedad de montoneras. “Se van a tomar decisiones vinculantes (y) la Alcaldía firmará compromisos públicos que serán llevados al Concejo”, anuncia Antonio Navarro. Serán cuatro billones cada año. ¡Cuatro billones! Tránsito notable del control personalista de los recursos públicos hacia la determinación popular de su inversión. Concedida la buena fe que anima esta iniciativa, ¿no entraña ella el peligro de diluir los dineros de la ciudad y tornar al populismo?
Inquieta la perspectiva de atomizar el presupuesto en mil proyectos de barrio para satisfacer la turbamulta de necesidades sentidas que, aún sumadas, desdeñan la jerarquía de necesidades que comprometen el bien común en una metrópoli de ocho millones de habitantes. Necesidades cuya solución reposa ahora en los expertos, en instituciones de envergadura y organización compleja, como complejos son los problemas grandes de la ciudad. Algo va de montar otra panadería en la esquina, o cincuenta más, a un programa de desarrollo industrial para crear empleo. Lo que no excusa, claro, el deber de consultar urgencias puntuales de cada localidad que emanen de los cabildos abiertos, las JAL sistematicen como proyectos y el gobierno central del distrito ejecute con una porción discreta del presupuesto distrital. Lo inexcusable será desinstitucionalizar en aras de consultas al pueblo, fuente de gobernabilidad y de votos, que derivan casi siempre en democracia plebiscitaria. Como la de Uribe.
Por otra parte, si, honrando la inquina de los constituyentes del 91 hacia los partidos, la convocatoria a cabildos se dirige en su lugar a asociaciones sociales, discutible resultará la representatividad de quienes voten en ellos plan de desarrollo y presupuesto de la capital. Es que 95% de los bogotanos declaran no pertenecer a ninguna organización social. Quienes levanten la mano, ¿serán, acaso, los activistas y los interesados de siempre que se autoproclaman “la sociedad civil”? ¿Podrán ellos encarnar el “gran salto en participación ciudadana”, el “Estado progresista que se pliega a la población misma”, en palabras del propio Petro?
El viraje hacia cabildos abiertos así concebidos persigue, sin duda, una democracia menos imperfecta. Pero despierta dudas sobre su conveniencia para acometer planes y presupuestos. Y evoca problemas de participación y representación política. Sin invocar la falsa disyuntiva entre democracia directa y democracia representativa, y en vista del efecto deplorable que la primera arrojó con Uribe, más se haría por una participación calificada depurando los partidos y revitalizándolos. Si ya Uribe era anacrónico por involucionar a tiempos idos del populismo, anacrónico resulta también negarles a los partidos su papel en la forma indirecta de participación política que hoy recupera su vigor en el mundo entero.
por Cristina de la Torre | Ene 24, 2012 | Enero 2012, Modelo Económico en Colombia
A la voz de reforma tributaria, rozando propuestas de Luis Carlos Villegas, vocero de la ANDI, el presidente Santos se pronuncia en favor de ampliar la base tributaria y reducir el impuesto de renta (El Espectador, 1-22). Vale decir: extender este tributo a nuevos contingentes del trabajo entre las clases media y baja y favorecer –más aun, si cabe- a los ricos. Idea regresiva que riñe con los principios de justicia y equidad propios de la política fiscal en democracias modernas. Y perpetuaría a Colombia sin remedio como el país más desigual de América Latina después de Haití. La tal idea es huevito cacareado aquí desde tiempos inmemoriales, calentado en el pasado gobierno que abrumó de exenciones a los millonarios, y que Santos empollaría ahora (¡Dios no lo quiera!) para júbilo de los más pudientes. Agrega el Presidente, empero, que la reforma buscaría tapar los huecos de la evasión y la elusión fiscales. Enhorabuena. Así, el esfuerzo heroico de Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, contra la evasión del IVA verbigracia que en establecimientos comerciales ronda los 10 billones al año, podría penetrar nichos inexpugnables hasta ahora. Como el de los terratenientes, que burlan masivamente el impuesto predial. Vaya usted a saber cuánto paga Víctor Carranza por sus tierras tras adquirir, no ha mucho, la hectárea número un millón.
Debería complementarse la cruzada, no obstante, con una reforma tributaria estructural guiada por criterios de inclusión social y capaz de recuperar la tributación directa, que viene de capa caída. Ésta no alcanzó ni a la mitad del recaudo en 2010. Es que el impuesto directo y progresivo, aquel que grava a cada cual con tarifas crecientes según su real capacidad económica, es el instrumento redistributivo por antonomasia. Si parte del ingreso que perciben las clases altas migra al bolsillo de los sectores medios y bajos, aumenta la demanda de bienes, las fábricas deben multiplicar su producción para satisfacer las nuevas necesidades, y enganchar nuevos trabajadores. El gobierno, por su parte, dispondría de recursos para financiar gasto público y políticas sociales. Una reforma tributaria así concebida dinamizaría, pues, la economía y crearía empleo. Colombia es hoy el tercer país en población de América Latina, después de Brasil y México. 46 millones de habitantes con capacidad adquisitiva, salud y educación serán mercado interno apetecible para nuestros empresarios.
Además del impuesto directo y progresivo sobre la renta, habría que volver al impuesto sobre remesas de dividendos de las firmas extranjeras que Uribe había eliminado. Para que la inversión extranjera deje de ser ficción, la vuelta del bobo: en la última década, los inversionistas extranjeros remesaron fondos por el mismo valor del capital que habían invertido en Colombia. Y las regalías que las multinacionales mineras le pagan al gobierno están muy por debajo del promedio internacional. Negocio redondo, pero para otros.
Siempre sostuvo la derecha que la economía debía primero crecer y repartir después. Pero el desafío es convertir el crecimiento en desarrollo, compartir la prosperidad con los sectores olvidados de la población. Vencer el abismo de la desigualdad. Y eso sólo se logra repartiendo conforme se crece. Gabriel Gonzalo Gómez, profesor de Eafit, sostiene que la pobreza en Colombia obedece más a la inequidad en la distribución que a la incapacidad para producir riqueza.
“Quiero ser recordado, declaró Santos, por haber conseguido la prosperidad, no para unos pocos sino para todos los colombianos”. Sea. Mas con reformas tributarias como la que el gobierno cocina, la prosperidad seguirá siendo prerrogativa de los menos, olvido de los más. Con este codo borraría el Presidente la página gloriosa que se propuso escribir con la restitución de tierras.
por Cristina de la Torre | Ene 17, 2012 | Conflicto interno, Enero 2012, Izquierda, Personajes
En esta Colombia conservadora y violenta, la elección popular de un exguerrillero como alcalde de la capital conmueve los cimientos de su tradición política. La Mano Negra y la Mano Roja parecen cerrarse en puño de hierro para golpear, una, al intruso; la otra, al hereje. Y es que Gustavo Petro encarna una fuerza que por vez primera gobernará a Bogotá con demócratas de izquierda decididos a operar el tránsito hacia otra idea de ciudad. No con Anapo ni con la U. Ni con carteles de ladrones que pasan por contratistas. Dos trazos gruesos empiezan a dibujar el perfil de su movimiento Progresistas. Primero, una vocación de paz que sepulta para siempre toda veleidad con la táctica comunista de la combinación de formas de lucha. Segundo, el rescate de la Constitución del 91 que Petro ha erigido en plataforma ideológica suya. En particular, de mecanismos de participación e inclusión social como el cabildo abierto para decidir porción sustancial del presupuesto de la ciudad de consuno con la gente. Sería ésta, según Navarro Wolf, una genuina marca de fábrica de la izquierda. Mas no será fácil diferenciar estas audiencias populares de los consejos comunales que Álvaro Uribe convirtió en punta de lanza de su “gobierno de opinión”, tributario de la democracia plebiscitaria que llevó a Colombia al borde la dictadura.
Ni fácil será suplantar con tales mecanismos de democracia directa la democracia representativa, donde el pueblo refrenda con su voto el programa que su candidato ofreció en campaña y lo autoriza a ejecutarlo. Si no, ¿para qué elegir, para qué la competencia de ideas y programas que se ventilan en campaña electoral? Papel distinto (y crucial) desempeñarían estos cabildos como escenario de rendición de cuentas del gobierno y medio de control político de partidos y organizaciones civiles. Pero empeñar la iniciativa y el poder decisorio del gobierno a la volubilidad de una ciudadanía sacralizada y sin norte puede ser camino expedito hacia la demagogia y el desmadre de las políticas públicas. Salvo que la experiencia demuestre lo contrario.
Un flanco que sí resulta decisivo para desahogar a la izquierda es la ruptura sin atenuantes con la combinación de formas de lucha. La glorificación excluyente de la lucha armada le había hurtado a la izquierda por décadas el derecho de hacer política, y cercenado el ya reducido espacio de la tolerancia. La táctica de marras contribuyó a su manera al exterminio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90: muchos militantes de ese partido legal cayeron inermes como carne de cañón en una guerra ajena, mientras el grupo armado se refugiaba heroicamente con sus fierros monte adentro. Diablillo que se insinuaba de tanto en tanto en el seno del Polo, las “sieteluchas” pusieron su grano de arena en las disensiones que terminaron por polarizarlo en polos irreconciliables hasta la ruptura final.
Capítulo aparte merecerá la capacidad de Progresistas para retomar la disposición constitucional de trazar planes indicativos de desarrollo que armonicen crecimiento con política social y ambiental. Ya Petro lo sugiere con su apelación reiterada a las alianzas público-privadas. Perspectiva de verdadera intervención del Estado que le devolvería al Primer Mandatario la orientación del ahorro nacional, y podría moderar los poderes ilimitados que se le han otorgado a la Junta del Banco de la República. Cabrían entonces, otra vez, una estrategia de industrialización y mecanismos eficaces de inserción en la economía mundial sin caer en la miseria.
De la madurez y el coraje con que Petro y su equipo aborden asuntos de tanta enjundia dependerá que Bogotá salga del pantano. Y que Progresistas florezca como alternativa de izquierda democrática capaz de romper las cadenas con que los extremistas de todos los colores han querido siempre estrangularla.
por Cristina de la Torre | Dic 20, 2011 | Diciembre 2011, Educación, Modelo Político, Régimen político
Tan acucioso el Procurador Ordóñez para defender la vida del feto aunque ello signifique la muerte de la madre; tan diligente para impugnar la devolución de dos niños que anhelan los cuidados de su padre adoptivo –el periodista estadounidense Chandler Burr, todo entrega y dedicación- por ser éste homosexual; pero tan lerdo para defender a los niños víctimas de violencia sexual en sus colegios. Acaso la retórica del derecho a la vida desde la concepción no le alcance para proteger la integridad de menores que, entre clase y clase, en colegios laicos y religiosos, públicos y privados, sufren acoso y hasta violación por sus superiores y maestros. Entre cientos de casos que la Procuraduría conoce, ésta sólo ha resuelto un número irrisorio. A diferencia de otros países donde este delito escandaliza y suscita la protesta en masa de la sociedad, en Colombia permanece oculto bajo una viscosa capa de silencio e impunidad.
La Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide abren decididas el debate sobre acoso, relaciones sexuales bajo coacción, abuso, chantaje y petición de favores sexuales a cambio de calificaciones escolares. Entre nosotros, la agresión resulta más extendida que en otros lares. Raza, edad, género, condición social, situación de desplazamiento y la guerra multiplican la violencia sexual contra infantes y adolescentes. Cuando encuentran ellos por fin manera de denunciar, los silencian. Y la justicia no llega. O tarda demasiado. Una minoría logra exámenes médico-legales a menores por presunto delito sexual en instituciones educativas. En 2009 se denunciaron 489 casos. De 208 quejas conocidas por la Procuraduría General, ésta ha resuelto apenas 32 casos, el 15.5%.
Todo parece conspirar en Colombia para mantener el fenómeno escondido en el cuarto de San Alejo. En primer lugar, se tiene por normal o tolerable el abuso sexual de profesores o directivos sobre los estudiantes. Es la institucionalización del abuso de poder y su extensión a todas las órbitas de la persona. En homenaje al concepto de que educar es dar rejo, muchos consideran que ese tipo de violencia forma el carácter (¡). Y que, en todo caso, el menor no estaría en condiciones de defenderse ni de invocar el respeto de sus derechos. Comprensible en un país donde la iniciación sexual de la mayoría de nuestras mujeres corre por cuenta de tíos, primos, vecinos, padrastros y hasta del padre carnal, que las violentan a menudo desde la infancia. Y a muchos niños también. Los colegios por su parte prefieren encubrir estos delitos para ahorrarse escándalos que desdoren su prestigio. Del desinterés de la Procuraduría, ni hablar. Circunstancias que se conjugan para arrojar “impunidad rampante”, justamente allí donde se forma a los niños para la vida en sociedad. Mónica Roa, luchadora por las mujeres y los niños, invita a respetar los derechos humanos en las instituciones educativas. Volmar Pérez, Defensor del Pueblo, insta a denunciar a los abusadores; y, a los organismos de control, a investigarlos y castigarlos como la ley manda.
Entre tanto, rectores ciegos ante el estropicio; obispos mudos ante la pederastia que es epidemia entre la clerecía católica; y el procurador Ordóñez (tocado en su indolencia de aureolas y crucifijos y rosarios y alitas de querubín) andarán cantando villancicos y elevando plegarias por navidad. Miles de niños, en cambio, contemplarán el pesebre sin alegría y de soslayo, abrumados bajo la carga de una culpa que es ajena. Que de otros era la ofensa al Niño Dios.
Adenda 1. Me sumo a la legión de amigos y discípulos del incomparable Álvaro Camacho, que lloran su muerte.
Adenda 2. Réquiem por El País que pierde a Ramiro Bejarano y, de paso, a Cecilia Orozco, baluartes de la opinión ndependiente.
Adenda 3. Por vacaciones, esta columna se reanudará el 17 de enero. ¡Feliz navidad a los lectores!
por Cristina de la Torre | Dic 13, 2011 | Diciembre 2011, Internacional, Modelo Económico
Dos caminos se han abierto para enfrentar la crisis económica de Europa: el de asfixiar a la gente con recortes draconianos de ingresos y de empleo para pagar la deuda pública al sistema financiero que provocó la hecatombe (como acaban de reafirmarlo en Bruselas los líderes de la Unión Europea). O bien, el de declarar cesación de pagos y meter en la cárcel a los banqueros y funcionarios promotores de la crisis (como lo hizo Islandia, en revolución pacífica celosamente silenciada por la prensa de Occidente). Dos caminos, con su respectivo nervio de interpretación: la mano invisible, por un lado, fatalidad de la naturaleza que subyace a la sentencia de Clinton “es la economía, estúpido”, para indicar la dinámica “inexorable” del mercado que todo lo justifica. Otros apuntan a la gula de encopetados dirigentes que disparan la deuda externa de los países con préstamos para financiar el exceso de importaciones, o con inversiones descabelladas de banqueros que se enriquecen con el dinero de la gente, o a manos de populistas manirrotos que arruinan a sus países. Angurria desatada en miseria y despojo de masas enteras, en lo que ya el derecho internacional registra como crímenes económicos contra la humanidad.
Islandia, ejemplo aleccionador, en vez de premiar a los banqueros artífices de la crisis, los está juzgando. Los que no huyeron, como Sigurdur Einarsson, quedaron entre rejas. La isla había sido literalmente saqueada por un puñado de banqueros, empresarios y políticos –informa El País de Madrid- En su desenfreno, los activos de los bancos llegaron a ser doce veces el valor del PIB, castillo de naipes que a un pastorejo se derrumbó. Movilizado el pueblo, forzó desde las calles y por referendo la renuncia en pleno del Gobierno, la nacionalización de la banca principal, la retención de todo pago a Inglaterra y Holanda y la redacción de una nueva Constitución que blindará a la nación contra los abusos del sistema financiero internacional. “Nos dijeron que si nos negábamos a (sus) condiciones nos convertirían en la Cuba del Norte (con bloqueo económico). Pero de haber aceptado, nos hubieran convertido en el Haití del Norte”, declaró su Presidente.
Ya Grecia se perfilaba como ficha primera de un efecto dominó que indignados de todas partes podrían activar. Después de siete huelgas generales y en la antesala de un referendo para negarse a pagar la deuda, Grecia parecía a punto para seguir los pasos de Islandia. Entonces Merkel estigmatizó en público al Primer Ministro, Papandreu, hasta obligar su renuncia. Pero nada dijo del origen de la crisis en ese país: el doloso ocultamiento de la verdadera cifra de endeudamiento externo, que no era el 3.4%, sino el 12.7% del PIB. Nada hicieron aquí las fuerzas inexorables de la naturaleza y mucho, en cambio, el silencio cómplice del banco Goldman Sachs. Las penurias y sacrificios que al pueblo griego se le impusieron desde septiembre, anunciaban la rudeza de las medidas que acompañan hoy la refundación de la Unión Europea: austeridad y control fiscal extremos, con evidente riesgo de provocar una verdadera crisis de producción; y la promesa incierta de que habrá fondos para refinanciar la deuda de sus miembros en dificultades.
Pan comido: ni democracia, ni solidaridad ni equidad. Aquí el pleito es entre deudores y acreedores, siempre empeñados éstos en vender bien sus mercaderías y en ganar también por financiar al comprador. Pero, codiciosos, se les va la mano y terminan matando a la gallina de los huevos de oro. Destaca Semana que la oposición y la prensa de todo el continente les recriminan a Merkel y Sarkozy la “falta de agallas” para enfrentar a los banqueros. La transformación de la eurozona le deja uña libre a la banca privada que, pese a la crisis, “no abandona su veneración al capitalismo salvaje”.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2011 | Diciembre 2011, Modelo Económico en Colombia
Un abismo separa aquí al discurso de la realidad. En ritual que se repite periódicamente desde hace décadas, hoy es Marta Lucía Ramírez quien reza la letanía de la industrialización, cuando el TLC ahoga el último aliento de nuestro potencial de desarrollo. Vocera de la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana, recomienda ella desarrollar una política industrial de nueva generación, base de un nuevo marco de planificación de la economía. Propone “cerrar la brecha de productividad” que nos separa de nuestros homólogos en los TLC; definir productos de exportación estratégicos a partir de los recursos naturales, de la biodiversidad y el potencial agroindustrial, pues hay que lograr “un sector productivo competitivo”. Pero la sana intención que la anima se estrella contra los hechos, fruto del andamiaje que desde 1991 montaron nuestros gobiernos para frustrar el desarrollo de una industria propia. Artífices directos de esta política fueron los ministros de Hacienda y de Comercio exterior –Juan Manuel Santos y la propia Ramírez, entre ellos- que le hurtaron al país una estructura exportadora. Culminó el ciclo Hernando José Gómez, “negociador” de un TLC que le cede todas las ventajas a la recia contraparte. Tratado que el actual ministro celebra con alborozo y, en su candidez, publicita la enseña de “comprar colombiano”. A posteriori. Cuando ya no ha lugar para prepararse y defenderse de una competencia arrolladora. Cuando ya la suerte está echada.
Sin apoyo a la industria, la apertura económica no podía resolverse a favor de las exportaciones –de nuestra producción nacional- sino de las importaciones –de mercaderías extranjeras-. La balanza comercial registra hoy un déficit que equivale al 5% de PIB, el más elevado de América Latina y uno de los mayores del mundo. En el nuevo modelo, los grandes conglomerados abandonaron la producción de bienes exportables, se dedicaron a importar, a los bienes raíces o a la banca. La experiencia de Cauchosol se extendió como pólvora: esta empresa de calzado cerró, pues prefirió importar botas del Brasil. Cientos de familias quedaron en la calle. Carlos Arturo Zuluaga, presidente de Asesco, declara sin rodeos que, por desgracia, con el TLC “la solución óptima pasa por convertirse en importador” (El Espectador, 13-6-11).
Con lógica impecable, invita la exministra a adaptarse a las condiciones del mercado mundial, donde prevalece el intercambio de manufacturas de alto valor agregado. Y a devolverle al Estado el liderazgo de la cosa económica. Aunque la nueva política industrial –dice- deberá evitar subsidios (a la empresa privada) que “generan un entorno proteccionista y poco competitivo”. Evoca los ejemplos de Corea y Brasil, sin reparar en dos factores que marcan una diferencia colosal con Colombia. Primero, esos países persistieron en su proceso de industrialización mientras el nuestro lo frenó y, más aún, se desindustrializó. En segundo lugar, sin protección del mercado nacional, sin subsidios y créditos de fomento industrial y agrícola, no hubieran despegado ni hubieran podido abrirse después al comercio mundial. En cambio Colombia clausuró el Instituto de Fomento Industrial (IFI), desmontó la intervención del Estado y abrió súbitamente su economía. Suprimió aranceles para las importaciones y subsidios a las exportaciones. Hoy cosechamos los resultados. La propuesta de Ramírez, si de buena fe, resulta extemporánea. Y es espejismo.
Una política de fomento industrial tendría que empezar por disolver los pactos que benefician al león y aplastan al ratón. Por renegociar el TLC o romperlo unilateralmente, pues amenaza convertirnos en protectorado de los EE.UU. Comenzaría por movilizar a la sociedad en torno a ese propósito. Desafío estratégico para Progresistas, la oposición de izquierda democrática en Colombia.
