Entonces dieron la cara. No bien anunció el Gobierno la intención de combatir el monopolio de medicamentos biotecnológicos que un puñado de multinacionales usufrutúa, desenvainaron ellas todos sus fierros contra el decreto en ciernes. No es para menos, se juega una billonada. Es que el hueco que quebró el sistema de salud asciende a 14 billones –según Sergio Isaza, presidente de la FMC (Federación Médica Colombiana)-, y en él cabaron a fondo estas farmacéuticas. Al amparo de la libertad de precios que el entonces Ministro Palacios autorizó y en la alegre complicidad de las EPS, que le cobran al Fosyga sobre precios estipulados por aquellas firmas. Precios elevados hasta en un 3.204 por ciento, caso del Interferón B1-B; o del Rituximab, que en Colombia vale 3.500 dólares y, en Inglaterra, 278. El año pasado, el 70% de los 1.8 billones recobrados al Fosyga respondió a tales medicamentos.
La controversia ha alcanzado proporciones mayúsculas, y grande es la expectativa porque el Gobierno persevere hasta superar el desastre. Mientras la ministra Beatriz Londoño busca ampliar el abanico de la oferta con laboratorios que ofrecen mejores precios al consumidor, la trinca de los biotecnológicos se desgañita en defensa de sus privilegios. Dizque por razones de calidad. Pero Isaza señala que “tras ese sofisma de calidad se esconde el más crudo interés comercial de actores que sin ninguna moral desangraron el sistema de salud”. Y Alberto Bravo, presidente de Asinfar, insta a derribar las barreras artificiales que bloquean la competencia de medicamentos. Sin esas barreras, dice, los precios bajan.
Como se sabe, a la quiebra del sistema contribuyeron a saco las EPS. Y no sólo por acolitar la ruindad de aquellas farmacéuticas. En general, porque se apropiaron dolosamente los fondos de la salud para acrecer su patrimonio. En toda suerte de negocios particulares y en financiamiento de campañas de políticos amigos terminaron los dineros que los colombianos aportan para cubrir su derecho fundamental a la salud. Hasta Caprecom, la EPS pública del régimen subsidiado, financió en provincia a políticos que andaban en malos pasos con amigos de dudosa condición. Para Isaza, la crisis de la salud es la mayor defraudación al Estado que se conozca: sólo por recobros de medicamentos al Fosyga entre 2008 y 2010, ésta alcanzó los seis billones; y, por deuda no pagada a la red de hospitales públicos y privados, casi siete billones. Hubo robo continuado durante 18 años, apunta: “se ha perdido el dinero y alguien lo tiene en el bolsillo”.
Pese a algunas reformas del último año y a la valiente incursión que la Ministra emprende para desmontar el odioso monopolio de los biotecnológicos -ventosa de los recursos públicos y del bolsillo de los pacientes- el sistema de salud mantiene el diseño perverso que lo vio nacer. En lugar de privilegiar la atención integral del paciente, favorece la intermediación financiera privada con ánimo de lucro que envileció el sistema y lo llevó a la quiebra. Mientras las EPS sigan operando como intermediarias inútiles del sistema; mientras no se retome una política de control de precios en medicamentos –más allá de propiciar una competencia más equilibrada- seguirá viva la crisis. Y no se trata de suprimir las EPS. Se trata de integrarlas como red privada del sistema que contrate servicios con una red pública competente y autosuficiente, bajo rigurosos criterios de cumplimiento y calidad. Y a precios razonables. El vocero de la FMC propone crear un fondo único de salud en cabeza del Estado, vigilado por la Contraloría, la Supersalud y la ciudadanía. Al sistema de salud no lo aqueja la pobreza, pues dispone de 43 billones este año, el 6.5% del PIB. Plata hay. Pero hay que evitar que se la roben.