por Cristina de la Torre | Sep 27, 2011 | Internacional, Modelo Económico en Colombia, Septiembre 2011
Aflige la comparación. Tras el aplauso al buen éxito del Presidente Santos en Corea se agazapan diferencias colosales entre dos países que hace 50 años compartían el mismo estadio de subdesarrollo y hoy se sitúan en los extremos opuestos del desarrollo: mientras una dirigencia voraz y sin patria mantiene a Colombia detenida en el atraso y la desigualdad, Corea se codea con los países que les compiten a las multinacionales gringas y europeas. Aquí abandonamos en el huevo la industrialización y la rematamos con el Consenso de Washington; allá se porfió en ella, a la manera de las grandes potencias: con proteccionismo, apoyo del Estado y despliegue exportador de sus manufacturas.
Ambos países se abocaron en los 60 a idéntico desafío modernizador, bajo la enseña de la CEPAL. Corea se lanzó en seguidilla de planes estratégicos cada vez más ambiciosos. Colombia avanzó con el Plan Decenal bajo los Lleras hacia una manufactura más compleja, puesta la mira en una unión aduanera con los países andinos. Pero desde los 70 se saboteó este esfuerzo y se fue matando al Grupo Andino por inanición. Por su parte, el país asiático no daba tregua a su avance industrializador. Se concentró primero en fibras sintéticas, petroquímica y equipamiento eléctrico. A la par que aumentaba exportaciones protegía con celo su mercado interno. Avanzó a nuevos territorios en siderurgia, electrodomésticos, construcción naval. Y aterrizó por fin en grandes conglomerados automotrices, producto de inventiva privada con soporte condicionado del Estado. Éste puso casi toda la banca al servicio del desarrollo; dio crédito fácil a las industrias; obligó al capital extranjero a asociarse con capitales nacionales o programas del Estado; y montó un sistema de protección aduanera selectiva, en armonía con el plan de desarrollo, limitado en el tiempo y bajo el compromiso perentorio de exportar.
Pinochet en Chile y sus compinches de sable y casaca en la región protagonizaban el viraje neoliberal. Se impuso por doquier la nueva fe, hasta culminar en el Consenso de Washington que distinguió con todos sus blasones la involución hacia el modelo de mercado puro. En él se embarcó Colombia, hasta apuntarse un éxito clamoroso en la estrategia de desindutrialización. Gabriel Misas demuestra que la participación de nuestra industria en el PIB decreció y algunas ramas desaparecieron. La proeza se afirmó sobre la apertura comercial de César Gaviria, que el TLC con Estados Unidos magnificará. Golpeado el arancel, no pudo nuestra incipiente industria competir. De eso se trataba. Y a eso se prestó humillando la cerviz nuestra clase dirigente. Entonces se nos dijo que, negados por Dios y por natura para producir bienes industriales, debíamos aplicarnos sólo a aquello con lo que pudiéramos competir: minerales, florecitas, bananitos. A una economía primaria, de riqueza engañosa y empleo irrisorio. El tan ponderado boom minero será apenas una economía de enclave.
Dos “insignificancias” separan a estos países, que oteaban el mismo horizonte pero emprendieron caminos opuestos: primero, Corea sustituyó importaciones y coronó el proceso con ímpetu exportador; Colombia sucumbió al embate del conservadurismo económico. Segundo, tiene Corea una clase dirigente con sentido de patria; la nuestra, ay, es una dirigencia siempre lista a golpear a los más débiles entre los suyos y a doblar la rodilla ante los monos. No obstante el ruidoso fracaso de sus ejecutorias, los gestores de la debacle quieren seguir mandando y no rinden cuentas. Desde su prepotencia inmarcesible, esta secta va dando baculazos a diestra y siniestra, bien acomodada como anda en la locomotora minera, cuyo estrépito no logra, sin embargo, ocultar la ausencia de aquella que ellos jamás echarían a andar: la de la industria.
por Cristina de la Torre | Sep 20, 2011 | Política agraria, Septiembre 2011
Se abre paso el debate de fondo. Ante la iniciativa oficial en marcha de modernizar el campo sin tocar la estructura de propiedad de la tierra, ya se pronuncian quienes estiman imposible aprovechar el potencial productivo del sector sin afectar antes nuestra escandalosa concentración agraria, segunda en el mundo después de la del Brasil. Reafirman que este modelo de tenencia y el uso inadecuado de los suelos que de él se desprende son las grandes talanqueras del desarrollo agropecuario. Porque sin acceso a la tierra tampoco hay inversión, ni producción, ni ahorro; el crecimiento resulta deleznable o nulo, y explosivo el potencial de conflictos. El anteproyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural (versión no oficializada) del gobierno, lejos de repartir tierras, propone subsidiar a los campesinos para que las compren. No sorprende. Ya el Ministro de Agricultura había dicho en forma expresa que la nueva ley, complemento de la restitución, no repetiría la propuesta redistributiva de los años 60. Que respondería por el desarrollo social y económico del campo, privilegiando al campesinado medio y pequeño. Que esta política integral de tierras se enderezaba a modernizar el campo, a formalizar la propiedad, a mejorar el uso del suelo, a proteger la frontera forestal y facilitar el acceso del pequeño poblador a la tierra.
En la misma dirección iría el proyecto de ley de marras. Aunque también introduce cambios de honda repercusión. Primero, vuelve a poner en cabeza del Estado el desarrollo del agro, como estrategia planificada de largo plazo: tras décadas de festín del mercado que degeneró en crisis, recupera la capacidad intervencionista del poder público para ponerle coto al desmadre. De otro lado, rescata del olvido la Unidad Agrícola Familiar. Crea las Áreas de Desarrollo Rural, unidades de planificación y ordenamiento territorial. Reorienta el malhadado Agro Ingreso Seguro hacia la población más vulnerable del campo. Y este 29 de septiembre el Gobierno anunciará el restablecimiento de la asistencia técnica a pequeños campesinos, como servicio público y gratuito.
Reconocidos tales avances, para Absalón Machado redistribuir la propiedad agraria es, no obstante, presupuesto ineludible de la modernización del campo. No se trataría de fraccionar aún más el minifundio en parcelas liliputienses condenadas a la miseria, sino de fortalecerlo mediante fórmulas asociativas, y de robustecer la mediana propiedad a expensas del latifundio improductivo. Surgiría así una clase media rural, fiel de la balanza que equilibrara los poderes en el campo. Tampoco comulga con perpetuar el modelo de colonización, ahora hacia la altillanura propicia a la gran explotación agroindustrial y parca en empleo. Este expulsa al campesinado “sobrante” de la frontera agrícola, para no tocar el latifundio improductivo ni la ganadería extensiva que aloja media vaca por hectárea en tierras de vocación agrícola. En Colombia sólo se explota la tercera parte de su potencial agroforestal, mientras mares de campesinos deambulan sin tierra y sin trabajo. Propone Machado intervenir el latifundio ocioso; repartir tierra; enderezar las distorsiones del mercado, articular a pequeños, medianos y grandes propietarios en una economía agraria común.
Sobre dos pilares se erigieron todas las reformas agrarias de corte liberal en el mundo: redistribución de tierra y cambios en el uso del suelo. ¿Habrá coraje en Colombia para completar el intrépido proceso de restitución de tierras alterando la propiedad en el campo? Si no, ¿cómo hablar de modernización?
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El PNUD presentará al Gobierno la próxima semana una obra trascendental sobre la problemática del campo: Colombia Rural, Razones para la Esperanza, propone una “reforma rural transformadora” que empiece por cambiar la estructura de tenencia de la tierra. Bienvenida.
por Cristina de la Torre | Sep 13, 2011 | Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico, Septiembre 2011
“Los colombianos se entregan con pasión a cuantificar el negocio de la droga, pero pasan por alto el problema mayor: la corrupción que éste propaga”. Eso dijo Alain Labrousse, Director del Observatorio Geopolítico Mundial de la Droga, sede París. En su columna del 5 de septiembre, Salomón Kalmanovitz ignora el núcleo de mi columna del 30 de agosto que apunta al narcotráfico como causa de los estándares que hoy alcanza la corrupción en Colombia. Y se detiene en un dato incidental según el cual en 1998 nuestras exportaciones de drogas ilícitas superaron las legales. Exagerado le pareció. Pues bien, si de medir exportaciones ilegales se trata, repitamos el ejercicio.
Yo dispongo de tres fuentes clásicas: El libro editado por Francisco Thoumi, Drogas ilícitas en Colombia, con investigaciones de Sergio Uribe y Ricardo Rocha, entre otros; Los dólares del narcotráfico, de Roberto Steiner; y el estudio de consultoría BG-DANE-FMI-1999, bajo reserva y no publicado, copia del cual reposa en mi poder. Todos ellos aplican una metodología que se aproxima a la del “valor retornado”, que es igual a exportaciones menos la suma de costos externos y utilidades. También yo usé la fórmula para calcular cuánto nos dejaban los enclaves petroleros, en trabajo para la Contraloría General. Los tres estudios proceden, pues, en forma similar, pero llegan a resultados muy distintos. Veamos por qué.
Para calcular las hectáreas sembradas de coca, Rocha usa la muestra satelital de NICC (cuadros XIII y XIV, p. 240, 242) y no la muestra ampliada del estudio sobre el terreno, de Sergio Uribe. Rocha termina por desechar las cifras de Uribe. También las ignora Steiner (Cuadro 5, p. 27). BG-DANE-FMI valida la cifra de Uribe para 1994, y la proyecta con los incrementos registrados por la muestra satelital NICC. Valida, así mismo, el rendimiento ponderado por variedades y que Uribe calcula in situ en 1.021 kilos por hectárea. Rocha y Steiner, también fuentes de Kalmanovitz, calculan la producción de hoja de coca sobre una cosecha anual. Pero Uribe ha verificado sobre el terreno que son entre 5 y 6.5 cosechas al año. Recomienda 5, y el estudio del DANE-FMI acoge el dato, previa verificación de campo en el Guaviare, el Caguán, la Sierra Nevada y el Macizo Colombiano. Para valorar los insumos de pasta de coca que aún se importaban de Perú y Bolivia, Steiner aplica a kilos el precio del gramo de pasta. O sea que reduce ese valor en mil por ciento (Cuadro 6, p. 32). BG-DANE-FMI usa las cifras de los decomisos registrados por la Policía Nacional.
Precaviéndose de los errores y omisiones señalados, bien pueden estimarse las exportaciones potenciales de drogas ilícitas. Las 700 toneladas a precio mínimo mayorista de US$16 mil el kilo, según la DEA, valen US$11.200 millones. Si a ese valor se agrega el de la heroína extraída de las 5 mil hectáreas que quedaban después de fumigaciones, esas exportaciones ilegales sumaron los US$13.118 millones cif Miami que yo registraba en mi columna para el fatídico año de 1998.
Ese año principió la más grave crisis que Colombia padeciera. Fue provocada por penuria de dólares y exceso de importaciones, no obstante el publicitado boom petrolero de Cusiana y Cupiagua, cuyas exportaciones dizque nos inundarían de dólares. Pero estos no llegaron. Acaso porque desde el gobierno de César Gaviria se había eximido a las petroleras de reintegrarle a Colombia dólares sobre sus exportaciones. Además, volaron en estampida los capitales calientes. Como co-director que fue del Banco de la República, el doctor Kalmanovitz podría explicar por qué extraño sortilegio se hacen figurar ingresos por exportaciones de petróleo que no entran; y se minimizan las exportaciones de drogas que revierten, esas sí, aunque sigilosamente, a la economía nacional.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2011 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Narcotráfico, Septiembre 2011
Apareció el fresco entero, con todos sus trazos y colores. La recuperación de 41 mil hectáreas en Urabá destapó la red de alianzas entre paramilitares y fuerzas legales que sustenta por doquier el poder de la patria refundada. Y que se apresta a afianzar su toma del Estado ganando más alcaldías y gobernaciones este 30 de octubre. Pocos episodios tan elocuentes como éste, con el que el Gobierno desentraña en Montes de María los patrones de usurpación de tierras. Veamos.
El Presidente denuncia robo masivo de tierras en Urabá, a manos de empresarios y paramilitares. El Fondo Ganadero de Córdoba las había comprado, casi todas, a menos precio. Según el director de Notariado y Registro, en la mitad de esas compras hubo presión y, en la otra mitad, estafa. El negocio fructificó por concierto con funcionarios del ICA, Incoder y el viejo Incora; con alcaldes, y notarios a granel. Para adquirir a huevo esas tierras, los ganaderos se valieron de Sor Teresa Gómez, parienta de los Castaño y condenada por el asesinato de la líder agraria Yolanda Izquierdo. Algunos de los predios terminaron en manos del paramilitar Pedro Bonito. Y Benito Osorio, hoy preso por parapolítica, fue durante siete años gerente de aquel Fondo. Informa El Espectador (agosto 27) que Osorio pareció jugar papel preponderante en la captura del poder público por el paramilitarismo; que el entonces presidente Uribe lo había nombrado gobernador encargado de Córdoba.
Que la manguala descrita treparía hasta el poder central se infiere del debate parlamentario del pasado 31 de agosto. Se reveló allí que el ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández, violando las medidas de protección que cobijaban fincas susceptibles de despojo, habría incitado a campesinos de María la Baja a feriar sus tierras. Dijo el ministro Restrepo que inversionistas, comisionistas, notarios y registradores habían violado “de diez mil maneras” esa figura de protección de predios. Elocuente botón de muestra que pone en evidencia los alcances de la nueva patria, que avanzó en ocho años cuanto no hubiera logrado en treinta: políticos, paramilitares, narcotraficantes, lavadores de activos y funcionarios públicos formaron un bloque inexpugnable para hacerse con la tierra ajena. Y con el poder local y sus recursos.
Estas elecciones serán plato suculento para los poderes de la motosierra y sus amigos, que hoy practican modalidades de violencia menos ruidosas pero no menos pavorosas. Hace cuatro años, a la Embajada de Estados Unidos le preocupaban “los comprobados nexos de los políticos con las autodefensas” en departamentos como Sucre y Córdoba. El entonces candidato a la alcaldía de San Onofre, José Meléndez, temía el triunfo electoral de grupos criminales gracias al cual podrían “controlar dos departamentos que eran una gran ruta para el narcotráfico” (Wikileaks, 9.25.07). El mismo cable registra el caso de la actual gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, quien publicó a la sazón aviso de prensa donde anunciaba alianza con parapolíticos encarcelados. La saga sigue intacta. Diana Mancilla, candidata a la alcaldía de María la Baja y hermana de ex jefe paramilitar, figura en informe de inteligencia militar como cómplice de paramilitares. Arco Iris demuestra que casi todos los parapolíticos están hoy apoyando candidatos. Algunos, desde la cárcel.
No contentos con los exorbitantes réditos del narcotráfico, los nuevos poderes van en octubre por todas las regalías regionales y las platas de la salud y las rentas de los municipios. Se pelearán cada centímetro cuadrado de la tierra “conquistada”. Con los ganaderos o con otros aliados. Es hora de que los flamantes candidatos de la Unidad Nacional digan esta boca es mía frente a la restitución de tierras. Es que este programa, o se ejecuta ahora, o se pierde para siempre.
por Cristina de la Torre | Ago 30, 2011 | Agosto 2011, Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico
La audaz recuperación de 41 mil hectáreas la semana pasada en Urabá es una carga de dinamita contra el bastión agrario del narcotráfico. Enhorabuena. Pero, siendo causa suprema de la corrupción sin límites que este Gobierno y los organismos de control destapan día a días, el narcotráfico produjo efectos más perniciosos aún: torció la mentalidad de los colombianos hacia la complacencia con el robo y la indiferencia frente el crimen. No pocos asumen estas actitudes o aspiran a imitarlas. En particular, cuando gobernantes y delincuentes de cuello blanco se convierten en modelo de conquista a codazos del poder y la riqueza, en un país donde las oportunidades son privilegio de ricos. Para muchos colombianos, el narcotráfico es la oportunidad que redime de la pobreza. Aunque pulverice la ética y trace pauta a las escuelas del crimen que enseñan un grosero pragmatismo y sangre fría en el quehacer público y privado. Más escandaloso que el lenguaje soez de algún mandatario que incitaba en público a la violencia es la impavidez y hasta el júbilo con que sus prosélitos recibían el mensaje. Crecía su popularidad. Y el número de muertos. Según la Fiscalía, sólo entre 2006 y 2010, 173 mil inocentes murieron a manos de paramilitares y 34 mil desaparecieron. Y la corrupción administrativa cobró dimensión sin precedentes, como lo comprobamos hoy.
Datos del Banco de la República y consultorías del DANE revelan que en 1998 nuestras exportaciones legales sumaban menos que las ilegales. Las de café, petróleo, carbón y productos tradicionales, entre otros, alcanzaban 10.930 millones de dólares; las de cocaína y heroína, 13.118. La tendencia se mantiene. Pero la fría cifra encubre el drama. Si miles de familias viven, gozan y sufren de la economía cafetera, seis veces más familias viven, gozan, sufren y mueren de la economía del narcotráfico. Múltiples actividades la componen: siembra, procesamiento, transporte, comercialización, lavado de activos, reinversión en tierras, en propiedad raíz o en la bolsa. Con diferencias abismales –como en toda actividad económica que termina por concentrar sus réditos en unos cuantos- del narcotráfico viven raspachines; laboratorios químicos y procesadores de alcaloides; camioneros, aviadores y uniformados de todos los rangos que cobran por no ver; abogados, notarios y notables; alcaldes y gobernadores y parlamentarios que buscaron a los mafiosos para enriquecerse ellos también. Y, ay, los banqueros, la cabeza del león, con sus paraísos fiscales y su secreto bancario a discreción de narcotraficantes, dictadores, ladrones de fondos públicos y bandidos de prestancia social indiscutida. Tras todos estos protagonistas visibles de una economía así dinamizada, el poder institucional y político de la nueva patria. Despótica, brutal. Promesa de un ascenso social que dosifica y mezquina su poder conforme la nueva dirigencia se asimila a la gente de pro, y ésta multiplica su riqueza en santa alianza con el odiado advenedizo.
La llamada cultura mafiosa que invade todos los pliegues de la sociedad y del Estado, que se adivina en cada escándalo de corrupción no es, pues, una simple propensión al enriquecimiento fácil. Éste es apenas manifestación de un fenómeno más perturbador: la irrupción de una sicología colectiva proclive a la trapisonda, a la violencia y el crimen. Bienvenida la recuperación de tierras usurpadas por paramilitares y el Fondo Ganadero de Córdoba, entonces presidido por Benito Osorio, hoy preso por parapolítica. Paso siguiente en la lucha contra la corrupción será atacarla de raíz: erradicar el narcotráfico. Probada la inutilidad del prohibicionismo, el Presidente Santos deberá pelearse la legalización de la droga, arma letal contra el narcotráfico. Entonces a Colombia se le borrará el sanbenito de país mafioso.
por Cristina de la Torre | Ago 23, 2011 | Agosto 2011, Mujer
Destilando odio, jefes conservadores, algunos jerarcas de la Iglesia, pastores evangélicos, el Procurador y damas de pro capaces de extremos inauditos redoblan una cruzada contra la mujer, que linda con el crimen: negarle el derecho a salvar su vida sacrificando la del feto, si es el caso, puede llegar a configurar homicidio culposo contra la mujer que así enfrenta el duro trance de sobrevivir. La iniciativa de volver a penalizar el aborto en tres casos de excepción será sentencia de muerte para miles de mujeres que, acorraladas por el fanatismo y sin protección legal, tendrán que rendir su vida a la de un ser que a la temprana hora del aborto no es persona todavía, pues no habrá desarrollado el sistema neurocerebral. Otras tantas morirán, obligadas a abortar en secreto y a mansalva: prohibido el aborto legal, se catapulta el ilegal y, con éste, el riesgo de muerte para la mujer. Entonces cantarán victoria quienes –todo carnitas y huesitos- se consideran a sí mismos encarnación de la moral y de la ley divina. Ciegos en su arrebato a la doctrina misma de la Iglesia, la deforman a su antojo. Contradictorio, sí, pero en todo caso más versátil, tal principio prohibe matar a un ser humano indefenso, mas justifica el aborto en legítima defensa de la vida de la madre. Sin embargo, los paladines de marras acomodan el precepto religioso al golpe de la espada que se propone hacer justicia sin distingos ni contemplaciones. Parecieran querer eliminar de un tajo a todas aquellas cuya supervivencia es prueba flagrante de haber atentado contra la vida del feto. Y, ay, se dicen enemigos de la pena de muerte
El Catecismo de la Iglesia Católica prohibe matar a un inocente, pues la vida humana es sagrada, creación de Dios. Pero señala excepciones, entre ellas, la legítima defensa. El amor a sí mismo es principio fundamental de la moralidad, reza el artículo 2264; de donde resulta legítimo hacer respetar el derecho a la vida propia: el que defiende su vida no es culpable de homicidio, aún cuando se ve obligado a eliminar a su agresor. El Código de Derecho Canónico prescribe atenuantes cuando la persona actúa coaccionada por el miedo o por necesidad o para evitar un perjuicio grave. Para el caso que nos ocupa, quien aborta no incurre en pena de excomunión (Artículo 1324). Explica la teología más reflexiva que la doctrina de la Iglesia es ambivalente porque la vida no es un absoluto que se resuelva en blanco o negro. Si un náufrago logra asirse a un madero y un segundo que no cabe pretende lo mismo, el primero tendrá que decidir si abandona y se suicida o si desaloja al intruso para salvar su propia vida. Vale la metáfora para la madre y el feto. Aquí lo único que cuenta es la conciencia de la mujer. En ello se apoyan, verbigracia, “Católicas por el derecho a decidir” sobre el aborto.
En sus luchas intestinas de poder, terminó por imponerse en la Iglesia la facción ultraconservadora que el Opus Dei preside. Arrinconada la corriente liberal, cobró nuevos bríos el tabú de la sexualidad, que la niega como fuente de placer y sólo la justifica para procrear. Por eso prohibe lo mismo el aborto que el condón: ambas cosas conducen a la abstinencia sexual. Y a negar el derecho a la vida de la mujer, la igualdad de géneros, la libertad reproductiva.
Creada la identidad entre pecado y delito, se arroja leña a la pira inquisitorial de tiempos idos, con incineración de la mujer que se negó a morir de parto. Pena tan cruel como la prisión perpetua –muerte en vida- que la senadora Gilma Jiménez propone para los violadores de niños. Promueve ella referendo para validarla. Como referendo promoverá el jefe conservador José Darío Salazar contra el aborto que la Constitución autoriza. Apoteosis del Estado de opinión al servicio del fundamentalismo.
por Cristina de la Torre | Ago 16, 2011 | Agosto 2011, Mujer
Acaso no se lo propusiera la senadora Liliana Rendón. Pero su agreste inculpación a una señora por la golpiza que el “Bolillo” le había propinado provocó un escándalo mayor que el del agresor, y efectos inesperados. Primero, le dio visibilidad y rango político a la violencia contra la mujer que, siendo asunto público, pasa por privado. Segundo, formalizó la extendida teoría de que esa tara social es culpa de la mujer, demonio que provoca la ira del varón y su desenfreno sexual. Tercero, puso en entredicho la interpretación contraria, que acusa el ejercicio incontrolado de la fuerza bruta, masculina, contra la mujer que es pétalo de rosa “incapaz de una opinión desemejante” –diría el poeta-, negada para el heroísmo o la perversidad. Ambas versiones degradan a la mujer. Y saltan por las ramas de una planta carnívora que echa raíces en el seno mismo de la sociedad que desprotege a las mujeres hasta reducirlas a minoría discriminada, sin auxilio de la justicia y del Estado.
Aquí la cultura se regodea en su peor expediente: decreta la inferioridad “natural” de la mujer y la recíproca superioridad del hombre. Ella nació para el sufrimiento y la resignación; él, para la acción que podrá resolverse en agresión impune. La familia patriarcal asoma todos los días su fea cabeza de autoritarismo y violencia contra niños y mujeres. A la mujer se le golpea, se le paga menos por su trabajo, se le impone doble jornada laboral. A poco, si aborta para preservar su vida se le decretará muerte en vida tras las rejas. Hasta no hace mucho, la ley perdonaba al hombre que “en estado de ira e intenso dolor” asesinara a su mujer. La norma se derogó, mas no su espíritu. Éste sigue vivo en la conducta de los colombianos, en la tolerancia de la sociedad con la crueldad, en la indolencia de la ley para socorrer a la mujer y devolverle su dignidad de ciudadana con derechos que son iguales para todos. Según Forensis, en estudio de 54 asesinados en entorno familiar, 47 eran mujeres.
La queja de víctima indefensa debilita aún más a la mujer, pues le reafirma una condición de inferioridad que no nace de su natural femenino sino de la desprotección. Sea cual fuere el remedio, la sociedad y ley deberán llevar la batuta: sociedad solidaria y justicia eficaz. Responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. Ellos, para entrar en razón; ellas, para no permitir el maltrato. Vecinos y transeúntes, para denunciar siempre y con premura cualquier episodio de violencia contra la mujer. Nada de ello se logrará, sin embargo, sin campañas masivas de educación enderezadas a no contemporizar con estos delitos. Ejemplo al canto, el del cigarrillo: fume usted en un lugar público y será linchado; pero péguele a su mujer en la calle y la gente seguirá de largo. A la vigilancia permanente y el compromiso de cada ciudadano ha de sumarse la ley. Con dientes. Dotar a la Fiscalía, a juzgados e inspecciones de policía, a las oficinas de trabajo, del instrumental necesario para tramitar las denuncias por maltrato y por discriminación salarial. Todo ello amparado en políticas que propendan a la igualdad entre hombres y mujeres.
Cuando la protección de la mujer sea responsabilidad mutua de géneros, de la sociedad y del Estado, pasará a la historia el manido discurso que atribuye la debilidad de la mujer a su supuesta inferioridad: ni arpía subhumana, ni pétalo de rosa. Aunque no tenga la musculatura del varón, la mujer no es débil de suyo; es que la discriminación social la debilita. Sobrará también la humillante condescendencia de imponer cuotas políticas para ella, merézcalas o no. Ni una mujer como Angélica Lozano, ni un hombre como Rodrigo Lara Restrepo necesitarán graciosas concesiones para hacerse elegir concejales de Bogotá. Llegarán por mérito propio.
por Cristina de la Torre | Ago 9, 2011 | Agosto 2011, Partidos, Uribismo
En el crudo enfrentamiento entre Uribe y Santos, al parecer éste ha lanzado una carga de profundidad: precipitar la disolución de la U, baluarte político del expresidente. A instancias de Rafael Pardo, jefe del partido que lleva la voz cantante en el Gobierno, una consulta popular el 30 de octubre consolidaría la unificación liberal en marcha. Por sustracción de materia, regresaría la U a su casa de origen, el Partido Liberal. No parece imposible, pues 25 de sus 28 senadores son liberales. Pero sobre todo, como suele suceder con organizaciones de circunstancia, hoy la U se inclina más a congraciarse con el príncipe en funciones que a defender el legado de un mandato arbitrario y corrompido como ninguno otro en un siglo. Y no será por razones morales, claro, sino en obediencia a la pragmática política. Los comicios de octubre acentuarán un sordo proceso de realinderamiento político que por vez primera en muchos años se tejería no apenas en el interés puramente electoral sino alrededor de proyectos históricos distintos. Incipientes, sí, pero que evocan la ancestral disyunción de ideas entre liberales y conservadores. Divorcio dramático en tiempos del viejo López, cuando se ensayó el primer intento de reforma agraria, y la reacción lo ahogó en sangre.
Así lo sugiere, verbigracia, la áspera oposición del uribismo a la devolución de tierras a víctimas de tantos paramilitares que votaron las dos veces por Uribe. Entre otros, la rechazaron parlamentarios sucesores de los que armaron bancada de parapolíticos, y a quienes el entonces presidente Uribe les pidió votar sus proyectos “antes de que los (metieran) a la cárcel”. Plumíferos de la derecha no se dan por vencidos con la aprobación de la ley de Víctimas y sus aplicaciones iniciales. Peroran a voz en cuello contra sus costos fiscales –que se cuidan de inflar-. Pero callan frente a los 9 billones que el Estado les regala cada año a grandes empresarios por no crear empleo. Más ardorosa, si cabe, su intransigencia, al comprobar que la política agraria sirve a la causa de la paz. La paz, anatema. Estado laico, anatema, en un país donde el jefe del Ministerio Público despacha con la Biblia. Lucha contra la corrupción es traición, negra venganza contra el Hacedor de la Patria.
Mas no todo es desencuentro. Unos y otros marchan con el paradigma neoliberal. Con el mercado como fórmula de crecimiento económico en provecho de los menos y abandono de los más. Como medio de integración a la economía mundial que convierte a Colombia en protectorado de alguna potencia industrial, a la manera ominosa del TLC con Estados Unidos. Como entrega de la salud a la codicia de negociantes. Como sujeción de los derechos económicos y sociales del ciudadano a las rigideces del equilibrio fiscal. Lo que trueca ahora al liberalismo en aleación de republicanismo democrático y derecha en economía.
La U, Cambio Radical y el Partido Liberal prolongan la tradición de diversidad ideológica que integró siempre a esta colectividad. Una coalición de matices de izquierda, diría con cándido optimismo Carlos Lleras. Unificado el liberalismo, forzaría, por un lado, la cohesión a distancia de los conservadurismos: las mayorías del partido conservador, el uribismo rancio y las iglesias. Por el otro, la maduración de las izquierdas desde la oposición: el Polo y Progresistas. Pluralidad de partidos que nos acercaría más a la democracia. Pero no basta abrir el abanico de opciones. Además habría que sanear a los partidos. Librarlos de los mafiosos y ejércitos ilegales que con complicidad del viejo notablato político se tomaron el poder local. Sin romper con la extrema derecha que los acolita, no será dable recomponer la política en Colombia ni democratizarla. Tremendo desafío se le ofrece a Santos en su disputa con el uribismo.
por Cristina de la Torre | Ago 2, 2011 | Agosto 2011, Internacional
Rubio, hermoso, cristiano y bien nacido. Ario. Y sin embargo Breivik disparó sin pestañear sobre 80 compatriotas suyos en la idílica Noruega, meca del Nobel de Paz, refugio de perseguidos. Ni negro ni musulmán, la blanca piel del asesino magnificó el horror, pues violentaba la estética política de un continente exquisito que hoy padece los estragos del mercado, tras décadas de bienestar sin precedentes. En crisis de identidad y desempleo, media Europa se indigna contra la opulencia de los banqueros, labrada en la desgracia de muchos y en menoscabo de sus clases medias. La otra mitad se agita en populismos de derecha y apunta contra la raza de los invasores: islamitas, africanos, latinoamericanos. El “peligro amarillo” hecho carne. Si después de la Segunda Guerra aportaron ellos su cultura a una sociedad plural y su trabajo a la prosperidad, hoy son Belcebú, el enemigo bíblico que inca sus garras en los oficios manuales que ya sus anfitriones quieren. Ahora son migrantes que buscan destino en el Viejo Continente, tras perderlo en sus países de origen por la invasión de mercaderías europeas a costa de las suyas propias.
Europa se descompone bajo el peso de la crisis económica. Unos se revuelven contra medidas de choque que en América Latina pasaron como un ciclón y ahora se les imponen allá. Recortes al gasto público, privatización de los servicios públicos y la seguridad social, austeridad draconiana, flexibilización laboral. Otros como Breivik van por una deriva del modelo: la competencia cobriza por los puestos de trabajo presentada como amenaza a la cultura cristiana occidental. El fanático de marras declaró con frialdad digna de Torquemada que obraba en protesta contra los musulmanes, los migrantes y el multiculturalismo. Manes de las más vergonzosas profilaxis raciales y culturales que en el mundo han sido: siete siglos de cruzadas contra el Islam, la cremación de judíos en los hornos de Hitler, las leyes anti inmigración de Berlusconi. En España, los jóvenes demandan democracia económica y política. En Noruega, el Partido del Progreso de nuestro tronante mono predica mano dura contra el extranjero. Del mismo jaez, el Tea Party en Estados Unidos persigue inmigrantes, despliega un discurso tan incendiario como el del Ku Kux Klan, e inspira adefesios como el del centro de indoctrinamiento ultraconservador y racista, la Tampa Liberty School.
Conforme se agudiza la crisis y nuevos migrantes pisan tierra europea, se multiplican allí los partidos de extrema derecha. En Escandinavia, en Austria y Ungría, en Francia y Bélgica; En Holanda, Italia y Dinamarca cogobiernan. La civilizada Europa torna al populismo –de derecha-, “anacronismo” que se creía exclusivo de la silvestre América Latina: la pasión desnuda, mentís del ciudadano excelso que habría de venir con la economía de mercado. Aventuraba Chantal Mouffe que estos movimientos venían a llenar el vacío de opciones que la mimetización de los partidos tradicionales en el centro del espectro político había creado: a partidos asexuados en el consenso, partidos beligerantes en el disenso. Razón tendría. Mas en estos años -como en los años 30 cuando a la crisis del capitalismo el nazi-fascismo opuso políticas de choque, violencia, odio racial y ultranacionalismo- los populismos de derecha responden a nuevos motivos.
Variopinta es la respuesta a la presente crisis. Los indignados reclaman la nuez del Estado de bienestar. Devolución al poder público de su función social. Intervención en la economía. Empleo. Los Breivik, por su parte, denostan de la liberalidad de la socialdemocracia con el extranjero, practicante de costumbres sospechosas, creyente de otros dioses y usurpador de su empleo. Es la respuesta atávica a la crisis de una Europa que se desvertebra en el mercado.
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2011 | Actores del conflicto armado, Julio 2011, Narcotráfico, Política agraria
Desplomado ‘Uribito’, el entonces sucesor de Uribe al trono, queda también en entredicho su modelo agrario. No se conformó Arias con reverenciar a los ricos para que éstos lo elevaran al solio de Bolívar. Es que además le bullía por las venas el arquetipo Carimagua: aquel que desde tiempos inmemoriales dispensa a los privilegiados todos los privilegios del desarrollo en el campo y convierte al campesinado en sus peones de brega. Pero, aunque no cobra forma todavía su anunciada transformación integral del agro, Santos debutó con un lance inesperado que tiene vociferando a la Mano Negra: titular cuatro millones de hectáreas, la mitad de ellas a despojados de sus fundos por la fuerza. A la fecha, ha devuelto 350 mil hectáreas. Mas, se echó de menos en su discurso del 20 de julio la prometida ley de Tierras y Desarrollo Rural, con sus apoyos en crédito, tecnología, sistemas modernos de comercialización y obras publicas de beneficio común. Complemento indispensable de la formalización en curso de la propiedad, sin ella quedaría el trabajo a medio andar. Y más incierto aún, si no se rompe el espinazo de las talanqueras que hunden al sector rural en el subdesarrollo y, en la pobreza, al 68% de sus habitantes: concentración escandalosa de la tierra, ahora extremada por el narcotráfico; ganadería extensiva, con media vaca por hectárea de las mejores tierras; burla impune de los terratenientes al impuesto predial, aunque se sabe que la eficiencia en el agro se logra pagando por la tierra ociosa; menosprecio del campesinado, que produce la mitad de la riqueza y podría garantizar la seguridad alimentaria del país. De seguir ignorando tales rémoras, nuevas frustraciones pesarían sobre una deuda que las revoluciones liberales saldaron por doquier, menos aquí: la reforma agraria.
Verdad es que este gobierno rescató las 17 mil hectáreas de Carimagua de las garras de cuatro palmeros agalludos, a quienes el ex ministro Arias quiso regalárselas, no obstante pertenecer la hacienda a desplazados. Como abrebocas de la restitución de tierras – primero en Montes de María, santuario del paramilitarismo, y luego en el predio de marras- Santos entregó Carimagua a sus legítimos destinatarios. Bajo la figura de empresa mixta y asociativa, el Estado abrió allí un horizonte cierto de desarrollo. Plan piloto para la región y para el país, el experimento se construye sobre una alianza entre campesinos y empresarios. Quinientas familias de desplazados se incorporan a procesos productivos integrados a escala comercial. Ya el ministro Restrepo había dicho que las nuevas políticas no amenazan la agricultura empresarial de vocación exportadora; que la agricultura campesina, modernizada y competitiva, bien puede convivir con aquella. Carimagua es hoy elocuente contracara del modelo que el ex ministro sub judice quiso perpetuar a carcajada batiente. Pero restitución de tierras, empleo, producción de alimentos, agroindustria y modernización de la ganadería podrían naufragar si no se ablandan los diques del poder en el campo. Y si no se promueve la organización de los campesinos. Perspectiva insoslayable si, como lo expresó por estos días, el Presidente quiere poner la mira no sólo en las víctimas de la violencia sino en las de la pobreza.
De paz volvió a hablar esta semana el Jefe de Estado. De paz hablan de nuevo las FARC, un movimiento de lucha por la tierra desde cuando Tirofijo empuñó su primer fusil. Ya ‘Cano’ había declarado que la ley de Víctimas abría caminos en esa dirección. Un reformismo consistente para el campo en Colombia traería la paz, pues tocaría el corazón mismo del conflicto. Devuelta la esperanza, ‘Uribito’ vería desde el ostracismo desvanecerse su sueño retardatario de Carimagua. Y sus delirios de guerra.
