por Cristina de la Torre | Jul 18, 2011 | Izquierda, Julio 2011
Por no ser ya democrático ni alternativo, el Polo se aboca a la desbandada final. Dos de las notas llamadas a esculpir su identidad (respeto a las diferencias internas y ruptura con la inmoralidad de la vieja política) terminaron sacrificadas en el altar de la corrupción. Responsable: la beligerante inacción de sus jefes frente al robo, que fue divisa de la Alcaldía en cuyo nombre se jugaba la izquierda su futuro. En férrea alianza con el Moir, siguen reinando los hermanos Moreno: uno, desde la cárcel; el otro, toreando como puede su propia condena. Hegemonía despótica del maoísmo-anapismo, labrada a pica y pala para presunto enriquecimiento de la Casa Rojas, y a garrote contra quienes en el Polo denunciaron el estropicio. A éstos se les repudió, se les acusó de complotar con la extrema derecha contra el partido. Para contento de la Mano Negra, blandiendo el látigo de la mitad más uno, las directivas de ese partido se empecinan en cavar la tumba de la izquierda. Largo y duro será el trabajo de reconstruirla.
Elegido presidente del Polo Jaime Dussán -en sesión del Ejecutivo que había dado con la puerta en las narices de opositores como César Manrique-, aquel repitió la tesis que pretende exonerar al Polo de responsabilidad política en la defraudación de Bogotá: que son los jueces quienes tienen la última palabra. A qué tanto escándalo, sugiere, si la corrupción es fenómeno generalizado. ¿Consustancial a la naturaleza humana? ¿Tolerable, si reducida a sus justas proporciones? No se ha pronunciado Dussán sobre el convenio que por 20 mil millones firmó en diciembre el entonces subsecretario de Educación del Distrito, Jorge Torres, con Humberto Jiménez de Alma Mater y gracias al cual resultó estafada la ciudad con miles de libros inservibles. El Tiempo (VII,15) señala su supuesta cercanía con ambos personajes.
En tónica parecida habló la semana pasada el entonces candidato del Polo a la alcaldía de Bogotá, Tarsicio Mora. Avalado por Moir, Anapo, PC y la alcaldesa en funciones, para él la crisis ética y política de su partido se reduce a “errores de carácter personal”. Versión vicaria del credo que Jorge Enrique Robledo ha dado en recitar de tiempo atrás, según el cual el Polo no tiene por qué autocriticarse: si alguien delinque –dice- asume una responsabilidad que es individual (El Espectador, VII, 10). ¿Por qué, entonces, en su debate estelar contra Agro Ingreso Seguro puso el dedo sobre la responsabilidad política del Gobierno, antes que en las sindicaciones individuales de los funcionarios implicados? Apóstol de la misma idea es Aurelio Suárez, seguro candidato a la Alcaldía que aquella coalición del Polo lanzará hoy. Hombre probo, un intelectual, minimiza sin embargo la acción corrosiva de la corrupción en su partido, y advierte a grandes voces sobre una supuesta alianza de la derecha y la izquierda democrática contra el Polo. Como si el saqueo de Bogotá no hubiera procedido por alianza de su Administración con el uribismo, en contubernio legitimado por el silencio del Moir y sus amigos en la dirección del Polo. Una verdadera traición al partido, diría el dirigente Guillermo Asprilla.
Inocencio Meléndez, ex director jurídico del IDU, desnudó el carrusel de la contratación en Bogotá. Declaró que Samuel Moreno era “el director de la orquesta”, que nada se movía sin su consentimiento. ¿Qué dirá ahora el flamante candidato del Polo a la Alcaldía? ¿Qué, cuando se abulte la seguidilla de dirigentes que empaquen maletas y arrastren con su gente? ¿Qué, cuando los colombianos les vuelvan la espalda a quienes cohonestaron la corrupción y empujaron al Polo hasta el abismo? Gris el panorama que se abre: Moir y PC tornarán a su estado de sectas desamparadas. Anapo migrará al samperismo. Y no faltarán quienes porfíen en formar una izquierda pulcra y democrática.
por Cristina de la Torre | Jul 12, 2011 | Julio 2011, Modelo Económico en Colombia, Salud
A punto de clausura se encuentran decenas de los hospitales públicos que el ex ministro Palacios no alcanzó a cerrar. Hoy, como ayer, agonizan porque las EPS y el Gobierno no les giran a clínicas y hospitales los cuatro billones que les adeudan. Ignominia de un sistema de salud entregado a marchantes sin escrúpulos –con bendición de la Constitución y la ley-, el hecho revela la dimensión de la catástrofe. La salud derivó en enfermo terminal que el ministro Santa María quisiera reanimar con paliativos, medidas aisladas y ambivalencias para con las EPS. Hoy le preocupa el Fosyga, pero no hace mucho defendió la integración vertical que a aquellas les permitió ensanchar la chichería con hospitales propios, casi siempre comprados a huevo tras expoliarlos hasta la quiebra.
El Gobierno se rajó ante la Corte Constitucional, que desde 2008 había ordenado correctivos de fondo a la crisis que el entonces presidente Uribe sugería conjurar con las cesantías y pensiones de los enfermos. Para no tocar su Ley 100, fuente de los males que aquejan al sistema de salud. Ni el artículo 336 de la Carta del 91, que ordena enajenar o liquidar empresas del Estado y entregar su actividad a particulares, cuando aquellas no cumplan los requisitos de eficiencia. Léase de rentabilidad, de lucro, de competitividad. En obediencia del mandato, la ley de marras privatizó el servicio público de salud y lo libró a la mano siniestra del mercado. Como lo ordenaba, a su vez, el Consenso de Washington. Esta crisis es, pues, hija putativa de la Constitución del 91 y del modelo que se nos impuso para engorde y solaz de un puñado de malhechores.
Mil estudios han demostrado que las políticas de salud del Estado mínimo devolvieron a América Latina al siglo XIX: hasta allá condujo la privatización de las instituciones públicas, envuelta en vociferante descalificación de las políticas sociales en cabeza del Estado. Se las acusó de populistas, de ser financieramente insostenibles, de arriesgar el equilibrio fiscal. Invectivas de esta laya autorizaron en Colombia la destrucción o privatización de la red de hospitales públicos, construida en largas décadas con el esfuerzo de todos. Condujeron a la norma de estabilidad fiscal que subordina el derecho fundamental a la salud a la liquidez del presupuesto, mientras banqueros, importadores y multinacionales nadan a sus anchas en un mar de gabelas. Setecientas investigaciones adelanta la Fiscalía por corrupción en el sistema de salud. Pero ésta es apenas un derivado de la crisis. Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, sitúa el origen del desastre en políticas cuyas cuerdas movió Washington y nuestros sucesivos gobiernos aplicaron a rajatabla (Razón Pública, 29-V-11). Ineficacia e inequidad habrían sido efectos previsibles de un sistema no montado sobre el derecho irrenunciable a la salud sino sobre el ánimo de lucro de unos cuantos. Eliminados el Seguro Social y las Cajas de Previsión –únicos entes públicos capaces de competirles- las EPS se organizaron en cartel. El oligopolio disparó los costos, degradó la calidad del servicio y, gracias a su poder político, neutralizó los tímidos controles del Estado. Entonces todo fue suplantación de esta función pública y apropiación de sus recursos. El barco seguirá su curso: la reforma a la salud expedida en diciembre sigue protegiendo a las EPS y no altera la estructura del sistema.
Un coro de indignación se alza en Colombia para pedirle al Gobierno que recupere el manejo de la salud, que suprima las EPS y entregue directamente los recursos a la red de hospitales públicos. Pide derogar la Ley 100, rediseñar el papel de los agentes privados y aguzar la vigilancia. De responder a este clamor, el Presidente Santos sumaría un lance estelar al ya histórico de la restitución de tierras.
por Cristina de la Torre | Jul 5, 2011 | Julio 2011, Modelo Económico en Colombia
Difícil cantar hoy el Aleluya que hace veinte años bautizó entre lágrimas la Constitución que auguraba paz y patria para todos. Si agridulce el balance en política, amargo resulta en economía: la Carta del 91 fue instrumento del revolcón neoliberal que no cesa. El hálito socialdemocrático le vendría de su porción intervencionista, que entresacó de la Constitución de 1968. Mas en esta equívoca amalgama de disposiciones y valores opuestos, la exaltación de la libre competencia a rango de derecho fundamental obró con eficacia ejemplar: extremó hasta el escándalo la concentración de la riqueza. El principio igualitario fue más arabesco que mandato, y el Estado social, letra débil. Tampoco lo que había era la panacea, claro. Pero allí donde sobrevivió el núcleo del modelo industrializador, nació una estrella: Brasil.
El jurista Luis Carlos Sáchica dibuja el espinazo de aquel modelo de Estado, entonces responsable de la dirección general de la economía, con vistas al desarrollo edificado sobre la justicia social (Economía Colombiana No. 208). El Estado puede monopolizar sectores económicos de interés general: política fiscal, seguridad nacional, servicios públicos, promoción del desarrollo económico. Por razones de utilidad pública, para impedir el enriquecimiento sin causa y la concentración de la propiedad, podrá expropiar a particulares, sin indemnización. También podrá manejar empresas de interés social. O asociarse con particulares en fórmula de economía mixta. Formas de intervención del Estado que respetan, no obstante, la libertad de empresa y de mercado, si ésta no riñe con el bien común.
La intervención sobre el Banco de la República y las instituciones financieras era potestativa del Presidente. Con la nueva Carta, desaparece la facultad de intervención del Gobierno en el ahorro. Y las de inspección y vigilancia sobre este sector crucial de la economía, se ven obstaculizadas por la ley. Toda norma de control sobre la economía obra hoy como camisa de fuerza que rompe en la práctica con la tradición intervencionista practicada desde 1936. El Estado perdió, pues, la facultad de intervenir la banca y vio menguada su capacidad para vigilarla. Pero, sobre todo, se le arrebataron los fondos de fomento del desarrollo. Por su parte la planificación, método excelso de intervención, quedó reducida a agregado mecánico de partidas presupuestales sin divisa estratégica. No se interviene ahora para propiciar el desarrollo industrial y agropecuario sino para garantizar el libre mercado, así éste se resuelva en monopolios privados.
Dificultades y errores de aplicación debilitaron el modelo que los Lleras prohijaron en la década de los 60, hay que decirlo. La concertación con los gremios para planificar la economía no logró sacudirse del todo el fardo oligárquico que venía de muy atrás. A los empresarios beneficiados con protección y subsidios no se les exigió contraprestación en productividad y calidad de sus productos. Y hubo también talanqueras que frustraron la opción del desarrollo: se abandonó el Grupo Andino como mercado ampliado para producir en grande, ensanchar la gama de las exportaciones y construir una trinchera de países hermanos desde donde pudiera negociarse una inserción decorosa en la economía mundial. La siempre beligerante extrema derecha frustró, otra vez, la reforma agraria. Los partidos empeñaron su vocación de lucha en el amancebamiento del poder. Luego vendría la estocada letal, el modelo neoliberal, incrustado en la entraña misma de la Constitución que hoy celebramos. Ni epifanía, ni coro de júbilo. Lejos de mejorar la condición de vida de las mayorías, esta Carta contribuyó más bien a degradarla. Acaso sea hora de corregir el rumbo; de mirar con distancia tanta floritura igualitaria devorada por el torbellino del mercado.
por Cristina de la Torre | Jun 28, 2011 | Internacional, Junio 2011, Modelo Económico en Colombia
Envuelta en pétalos de rosa, la Constitución del 91 validó un modelo económico ultraconservador que frustró en el huevo la divisa del desarrollo y su dirección por el Estado. Catapultó a una elite de importadores y banqueros sin patria, glotones, indiferentes a la miseria que dejaban a su paso por el poder. Entre los panegíricos que proliferan por estos días –merecidos, digamos, por la consagración del Estado laico y el entierro del Frente Nacional- poco se habla de la realidad económica que se impuso sobre la letra (a menudo reformista) de la Carta. Si Colombia es hoy campeón en desigualdad, pobreza y violencia en América, no será porque la norma escrita tardara en transformar la realidad. Es, precisamente, por lo contario: parte de sus disposiciones no podía sino producir tan vergonzoso resultado. El principio neoliberal que prevaleció en su inspiración y cobró cuerpo en el articulado se engulló el “derecho a la vida digna”, hasta convertirlo en rey de burlas. A medias contuvo la tutela la ofensiva del “nuevo” paradigma contra los derechos económicos y sociales de la población. Más papistas que los papas del Consenso de Washington, los nuestros tornaron al rudo lesefer que en el capitalismo de los siglos XVIII y XIX había animado la revolución industrial en Inglaterra. Ms no para hacer aquí industria, sino para desmontarla.
Todo ello al calor de una apertura comercial y financiera que quebró al campo, noqueó a la precaria industria y hoy insiste en potenciarse a la ene con teelecés que nos niegan de entrada un futuro de industrialización. Al calor de la fiebre privatizadora, se despojó al Estado de su prerrogativa como promotor del desarrollo; y de la función social que el bien común aconseja. La trocó en negocio de malandrines, dizque por ser éstos más eficientes e incorruptibles que el Estado. ¿Saludcoop? ¿Los Nule? ¿Los beneficiarios de las concesiones de Andrés Uriel? Finalmente, el Banco de la República quedó reducido a batallar –batalla enana- contra la inflación. Olvidó el desempleo, al que tuvo por “mal necesario”. Y su tarea medular como banco de fomento del desarrollo. El desarrollo, una “antigualla”. Entonces se le concedió a la banca privada una gabela descomunal: en adelante sería ella y no el Banco Central la que le prestara (carísimo) al Gobierno, ¡con dineros del propio Banrepública! Se forzó así la intermediación de los banqueros, para que en esta vuelta absurda colmaran sus arcas. Pésimo negocio para las finanzas públicas, de oro para las privadas. De eso se trataba.
Mientras Suramérica desmonta el modelo de mercado sin controles que las dictaduras del Cono Sur habían cooptado; mientras torna al desarrollo propio paladeando a los amos de la globalización, Colombia porfía en la fórmula sin esperanza del siglo XIX: exportar oro, carbón, florecitas, bananitos, e importar computadores. Productos primarios que pagan salarios irrisorios, contra bienes que han incorporado toda una cadena de trabajo bien remunerado. He allí la prosperidad que nos espera. Sellada con broche del más rancio neoliberalismo. La norma de sostenibilidad fiscal, afincada en la Constitución. Ella canta victoria sobre los derechos económicos y sociales de los colombianos, sobre la tutela, tan tímida sin embargo con el derecho al trabajo.
Carta contradictoria ésta del 91, donde termina ganando siempre la disposición conservadora. La negra mano del mercado, cargada sin atenuantes a favor de los poderosos, pues no se afirma sobre competencia verdadera, no crea oportunidades iguales para todos. Cómo andaremos de mal que el ex ministro Alberto Carrasquilla –hombre no propiamente de izquierda- proclama su desilusión con “la Constitución cavernaria que (de hecho) nos rige en lo económico y social”.
por Cristina de la Torre | May 31, 2011 | Corrupción, Mayo 2011, Modelo Político
El Alcalde de Teusaquillo, Juan Carlos Almonacid, pide rectificar información registrada en mi columna anterior según la cual el 97.7% de la contratación en esa localidad es directa. Vale decir, no procede por licitación y convierte en norma lo que sólo se autoriza por excepción. El remitente estima que esta información es “errónea e imprecisa, no cita ninguna fuente oficial y no corresponde a la realidad de la ejecución contractual de la administración a mi cargo”. Ni errónea, ni imprecisa ni ficticia. El malentendido obedece, sin embargo, a una omisión de mi parte –que lamento: el dato de marras corresponde a la contratación de 2009 (que el señor Alcalde se cuida de eludir, no obstante oficiar en el cargo desde 2008) y no a la de 2010 que él ofrece como materia de “rectificación”: ventila cifras de 2010 para desvirtuar las del año anterior. También le ofrezco excusas por no haber citado la fuente oficial, que paso a glosar.
En su página 96, el Informe de Auditoría Gubernamental de la Contraloría de Bogotá sobre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, vigencia 2009, expedido en mayo de 2010, reza: el Fondo “utilizó como mecanismo principal de contratación para la ejecución del Plan de Desarrollo Local, la contratación directa y la establecida a través del decreto 777 de 1992 comprometiendo recursos por valor de $ 13.177.4 millones, lo que representa un 97.7% de lo ejecutado (…) aspecto que la misma ley ha catalogado como mecanismos excepcionales y que el Consejo de Estado en reiteradas jurisprudencias lo ha confirmado”. Y en la página 141concluye: “En cuanto a la tendencia de la contratación, a pesar de que (…) la regla general en la administración pública es que para preservar el principio de transparencia la contratación estatal debe ejecutarse mediante procesos licitatorios y que como consecuencia la contratación directa es una excepcionalidad a la cual apela el ordenador del gasto (…), para la vigencia 2009 el monto total de recursos contratados por vía directa en sus diferentes modalidades llegó al 97.7% del total de lo contratado (…), con lo cual principios contractuales como la selección objetiva del contratista se vuelven puramente retóricos y se pone en peligro la obtención del objetivo de una gestión pública efectiva y transparente”. Ignoramos si el señor Almonacid habrá objetado este informe, que parece traducir la realidad de la ejecución contractual en su administración durante el año 2009.
De la misiva del señor Alcalde se desprende que en 2010 la contratación directa de esa localidad se redujo al 41%. Enhorabuena. Aunque resulta todavía excesiva como para considerarla excepcional. A tal proporción ascienden los 22 convenios suscritos en esa modalidad, previa exclusión de los 72 que son enganche de personal. Llaman la atención las 77 adiciones a contratos de 2009, que doblan el valor de las anteriores: en cifras del Alcalde, éstas saltaron de 15.6% a 35.5%. Prórrogas que, cuando menos, sugieren ineficiencia contractual. Y abren el margen de sospecha que acompaña al abuso de este mecanismo, reputado como vital en la corrupción abrazadora de la contratación pública.
Mucho indica que las Alcaldías locales de Bogotá no escapan a esas prácticas. La inversión se resuelve allí casi siempre en la informalidad de contratos amañados entre amigos, sin licitación, sin controles ni respeto por las reglas de contratación pública que la ley prescribe. Al punto que se percibe una descentralización del carrusel de la contratación que ha carcomido la administración central de la ciudad. Si en 2010 la contratación directa en Teusaquillo se redujo a la mitad, serán la gente y los organismos de control quienes señalen si el carrusel anda ya a media marcha, o si se las ingenia para seguir –por los atajos- a todo vapor.
por Cristina de la Torre | May 24, 2011 | Mayo 2011, Modelo Político
No es sólo que prefieran a Uribe como candidato a la alcaldía. Es que, de resultar elegido Peñalosa, concejales de la U perderían su parte en el chicharrón de 600 mil millones que hoy llegan a las localidades del Distrito, gracias a la descentralización presupuestal que Moreno restableció. Un sordo descontento reverbera en ese partido, pues el candidato verde retomaría el control de los Fondos de Desarrollo Local. Réplica del carrusel de la contratación que se armó desde la alcaldía mayor, la inversión en las alcaldías menores se resuelve en la informalidad de mil contratos suscritos entre amigos, sin licitación, sin control ni respeto por las normas de contratación pública. Resultado: entre un puñado de alcaldes menores, ediles, contratistas y políticos se festinan el erario. Todo a título de desconcentrar, que es bandera de demócratas. No habiendo plan ni modelo de ciudad, se descentraliza lo que hay: pequeñez de miras, improvisación, corrupción. Y eficiencia en la organización del convite. Se sabe de localidades que formalizan la repartija en documento escrito: a la vera del presupuesto oficial se agazapa el “Plan de acción” que asigna a cada edil sus contratos y montos y gabelas.
El decreto 101 de 2010 entrega a las alcaldías menores la contratación de su localidad. Si el ordenador del gasto era antes el poder central, ahora lo son los alcaldes. La nueva disposición da autonomía para contratar, pero con arreglo a las normas de contratación pública. Sólo por excepción permite contratación directa. Y ésta ha de suscribirse con entidades sin ánimo de lucro, de reconocida experiencia, solvencia y probidad. Sin embargo, la excepción derivó en norma: en la localidad de Teusaquillo el 97.7% de los convenios va por contratación directa. Sin licitación. A dedo. Se montaron en la ciudad en estos años 140 comedores comunitarios, con una inversión de 42 mil millones. Sorpresa: sólo tres de ellos fueron asignados por licitación. En esta feria de convenios descuella un contingente de contratistas que venía de financiar la campaña de Iván Moreno. Con una tal Fundem –presuntamente en cabeza de Diana Mesa, novia de un concejal- se firmó en San Cristóbal un convenio de apoyo a ancianos por cien millones. La ONG desarrolló mal el programa y no depositó los auxilios prometidos. Pero la alcaldía le certificó cumplimiento del 100%. ¿¡Y la plata!? Caso patético de un contrato disfrazado que se le entrega a un inepto, para favorecer a un concejal.
Entre otros, la edil de Teusaquillo Maria Fernanda Rojas pidió a los organismos de control investigar al concejal de la U Andrés Camacho Casado, “cerebro de cinco fundaciones que contratan con entidades del Distrito” y universidades que subcontratan la ejecución de los convenios con esas mismas firmas. Tales fundaciones operarían en casas del concejal -que fueron también su sede de campaña- y mantienen estrecha relación con su equipo político. No se licita. Todo lo acaparan personajes que fungen a la vez como interventores y ejecutores de los contratos, en intrincada red que intercambia posiciones en esas fundaciones. Antes de llegar al Concejo, Camacho había sido alcalde de Kennedy. Y fue allí donde las cinco fundaciones lograron el mayor número de contratos. Hoy sería enlace de Julio Gómez y Emilio Tapia, astros del cartel de la contratación en Bogotá. Y sería, claro, beneficiario de la descentralización del carrusel. Premio que no querrá perder a manos de Peñalosa.
por Cristina de la Torre | Abr 5, 2011 | Abril 2011, Corrupción, Modelo Político
Entre la recentralización que desfiguró la divisa autonómica de 1991 y la glotonería de políticos que en provincia agitan regionalismos de campanario sólo para seguir engulléndose las regalías, se cuelan propuestas estratégicas de regionalización que el gobierno haría bien en escuchar. Porque desbordan los linderos de parroquia, para otear las regiones desde propósitos nacionales que recuperan la idea del desarrollo. Se ventilaron ellas en concurrido foro que sobre el tema organizó, entre otros, la revista Semana. El ex ministro Antonio Hernández adjudica el desamparo de medio país a políticas generales que acentúan la pobreza y la desigualdad, taras que las regiones rezagadas sufren doblemente: los desequilibrios entre regiones redundan en inequidad, y ésta, en pobreza. De donde el objeto de la regionalización será combatir el hambre y la desigualdad, no sólo entre los colombianos, sino entre regiones. Y no será liberando las fuerzas del mercado, que ha probado su ineptitud en la materia. Ni trocando la equidad en asistencialismo. Ese valor ético e instrumento del desarrollo no podrá contentarse con mitigar las penurias de la gente o convertirse en medio para pescar votos.
Resultado de la corrupción política y del debilitamiento de las instituciones, Colombia apenas crece y es marcadamente desigual. Hoy ocupa el cuarto lugar en desigualdad en el planeta y es campeón del desempleo en América Latina. El fenómeno se siente más en las regiones. En 2005, 78.5% de los chocoanos eran pobres y 48.7%, indigentes. Este último rubro apenas alcanzaba en Bogotá el 4.5%. La región Caribe presenta índices de necesidades básicas insatisfechas por debajo del promedio nacional. A pesar de que acapara el grueso de las regalías, diríamos aquí; gran parte de las cuales se embolsillan funcionarios, políticos y gamonales armados y desarmados. Mientras tanto, la economía crea poco empleo o ninguno, pues al proceso de desindustrialización se suman la minería y la ganadería extensiva, tan avaras en fuerza de trabajo.
La perspectiva de región Caribe se cifraría, dice Hernández, en ganar la autonomía necesaria para planear y promover su desarrollo. Se traduciría en un Plan Decenal de Desarrollo Regional y en acciones coordinadas con el gobierno central para mejor aprovechar los beneficios de la inversión en la región. Se guiaría la competitividad desarrollando una estrategia de encadenamientos productivos, con miras al consumo interno y a los mercados externos.
En esa perspectiva, el Caribe y el Pacífico bien podrían derivar en polos de desarrollo de amplias regiones bendecidas por el beso de dos océanos. Su vocación sería primordialmente industrial. Casi todas las industrias del mundo se localizan en sus costas marítimas, pues al minimizar costos de transporte, dinamizan la importación de insumos y sus exportaciones ganan en competitividad. Colombia afirmó su centro político y financiero en Bogotá. Pero eso no autoriza la ridiculez de querer convertirla en “ciudad globalizada”. El futuro industrial es ya. Está en las costas. Y en las zonas aledañas que suministren piezas, partes y servicios a esos conglomerados industriales. El efecto irradiaría como multiplicación del consumo de alimentos y vivienda, ahora costeables porque habría salarios decentes; y el Estado captaría más impuestos para atender el gasto social. Además, se potenciarían puertos, vías de comunicación, tecnología, servicios y mano de obra calificada. Otras regiones encontrarían su vocación en el turismo, en producción agropecuaria, en pequeña y mediana industria de bienes de consumo final.
Muchos empresarios de la Costa empiezan a distanciarse de quienes buscan una “región autónoma a la caza de regalías”. Prefieren convertirla en una de las dos regiones industrialmente estratégicas del país. ¿Un sueño? No. Un plan de lucha.
por Cristina de la Torre | Mar 29, 2011 | Internacional, Marzo 2011, Modelo Político, Personajes
No salió con nada. Se esperaba que su discurso en Chile replicara la envergadura del que pronunciara Kennedy en 1961 al lanzar la Alianza para el Progreso, en perspectiva de cooperación igualitaria con América Latina. Obama se limitó a los cumplidos de rigor y a repetir que apoyaría el TLC con Colombia y Panamá. Precisamente la antípoda de la divisa socialdemocrática de aquella Alianza que propugnaba la industrialización del subcontinente y no la desindustrialización que el libre mercado entre dispares traería. Daño que los tratados “igualitarios” de comercio entre sardinas y tiburones consumarán. Lejos de consagrar el libre mercado, estos tratados legitiman sus defectos; desnaturalizan el modelo ideal de libre cambio, pues en su tremenda asimetría sólo favorecen al más fuerte. Otra cosa había planteado Kennedy: que el comercio internacional dejara de ser un medio para avasallar el desarrollo del aliado y, en cambio, lo impulsara.
Si Obama peca por omisión, Luis Alberto Moreno, presidente del BID, interpreta a su acomodo la propuesta de Kennedy: insinúa que la economía de mercado –tal como se impuso aquí- es fruto y trofeo de la Alianza para el Progreso. (El Espectador, 20-3) No. Sabe él, y todos saben, que aquel mandatario empeñó buena parte de su prestigio en el propósito de rescatar a las mayorías sojuzgadas de América Latina. Preocupación por completo ajena a los promotores de la economía de mercado en la región. En los últimos 20 años, este modelo se orientó a encubrir la desigualdad creciente con asistencialismo. El crecimiento económico sería banquete exclusivo de los ricos. De importadores y banqueros y especuladores, pues la economía productiva languideció. No hay, pues, solución de continuidad entre la Alianza para el Progreso y la economía de mercado que vemos hoy, como Moreno lo quisiera. Antes bien, la ruptura fue radical.
En tiempos de Kennedy -como ahora- la disyuntiva en América Latina se formulaba entre desarrollo y subdesarrollo, entre países ricos y pobres, entre economías tecnificadas y atrasadas. La clave era la industrialización. El recién elegido presidente de los Estados Unidos pensaba que el desarrollo era problema internacional y deber moral de los países avanzados. Pero exigía también cambios en la estructura de la sociedad y de la economía regional. Transformaciones que sólo serían dables con reformas agraria y tributaria llamadas a redistribuir la tierra y el ingreso; con planificación y con un enérgico protagonismo del Estado. Su pareja natural sería una mejoría sustancial en vivienda, educación y salud para toda la población.
Verdad es que entonces la revolución cubana amenazaba extenderse hacia el continente entero. En la iniciativa de Kennedy pesó también la urgencia de salvar el capitalismo, democratizándolo: “si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres –dijo-, tampoco podrá salvar a los ricos que son pocos (…) Los que hagan imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta”. Sean cuales fueren sus motivos, la reacción de las oligarquías petrificadas en sus privilegios desde la Colonia daría la medida de aquella revolución pacífica. En Colombia, por ejemplo, jamás prosperó la reforma agraria que se ensayaba por doquier.
Las cosas han cambiado, claro. Pero el desafío sigue siendo la industrialización. Y ésta tendrá que recomenzar venciendo la desindustrialización operada al amparo del modelo de apertura, tan caro al presidente del BID. Brasil es buena muestra de un país que supo armonizar su estrategia industrializadora –que nunca desmontó- con las nuevas dinámicas del comercio internacional: resolvió la globalización a su favor. Dura lucha le espera a Obama contra la derecha de su país, para poder emular a Kennedy. La misma que enfrenta todavía al capitalismo democrático con el neoliberalismo vergonzante.
por Cristina de la Torre | Mar 22, 2011 | Corrupción, Izquierda, Marzo 2011
Razones sobran. Ineptitud, despilfarro, improvisación, corrupción y el loco empeño en destruir también el último corredor semitransitable que le queda a Bogotá: la carrera séptima. Vía para un transmilenio cuyas obras se inician no ya en mayo sino en julio. Quedará taponada por un año la única conexión del centro con el norte de la ciudad, cuando ésta se encuentra virtualmente colapsada por casi 300 obras emprendidas a la vez y que no avanzan. Para no mencionar la mafia de sanguijuelas que se reputan contratistas del Distrito, los Nule a la cabeza, que dicen haber pagado comisiones al alcalde y a su hermano sobre el contrato de la calle 26. Si no penal, a Samuel Moreno le cabe responsabilidad política y ante la sociedad por tres años de desafueros y torpezas que convirtieron la capital en un infierno, y cualquier democracia cobraría con el puesto del burgomaestre.
Angélica Lozano, ex alcaldesa de Chapinero y líder del movimiento cívico La Séptima se Respeta, ha demostrado con lujo de cifras y argumentos que el alcalde improvisa: se precipita a adjudicar el contrato de la séptima sin plan ni estudios suficientes; sin diseños para la estación multimodal de la calle 100; sin haber comprado los predios respectivos; sin puente sobre esta calle que resista el peso de buses biarticulados de 40 toneladas, ni el tiempo necesario para programar a derechas y gestionar esta obra gigante de renovación urbana. La sola expedición de licencias de construcción para montar el terminal de la cien puede demorar años, como años ha durado el trámite de la Estación Central de Transmilenio. En efecto, Lozano prueba que los diseños y planos no están listos. Dizque se harán conforme avance la obra, de donde resultarán sobrecostos astronómicos como los de la 26. Manes del novel sistema de contratación que acorrala al Estado y le deja uña larga a la contraparte. Del alcantarillado, ni hablar. Como el sistema se reventaría, se sabe ya que sería necesario intervenir el 72% de la red, con un costo aproximado de 20 mil millones; mas para este rubro sólo se destinaron 3 mil. Los andenes se reducirían todo lo más a metro y medio. Y la ciclovía, envidia de cien ciudades, desaparecería.
En el chamboneo de una obra abortada, el despilfarro de dinero alarma. Entre estudios repetidos o inútiles, sobrecostos y concesiones al abusivo monopolio de los transportadores, Maria Teresa Ronderos calcula en 350 mil millones el derroche de Samuel. Serían 175 mil pesos arrancados a cada hogar bogotano por las mirrias señaladas. Y no hay datos de “otros municipios”. Entre tanto hueco y buldózer, vaya uno a saber cuánta plata se ha arrojado por el caño. O cuánta se embolató en seisporcientos sobre contratos. Los de Nule son apenas parte de la feria.
Tanta indelicadeza pone al Polo en entredicho. Sobre todo por la doblez de sus directivas que, presumiéndose alternativa a la corrupción, encubren al bandido, le echan tierra a la carroña que ronda la Alcaldía y vociferan contra los colegas que la denuncian. Conspiradores los llamaron, aliados de la extrema derecha. Como la Dirección conservadora cuando se sorprendió a parlamentarios suyos en saqueo de lo público: se dijeron víctima de persecución política. El jefe del Directorio azul meneó el caballito de moda, tal como lo hicieron los jefes del Polo: mientras los jueces penales no sentencien, los acusados son angelitos. Como si no existieran control político y sanción ciudadana. Para Carlos Vicente de Roux, nuestra política se ha hiperpenalizado; se pretende subordinar la sanción política del electorado a una condena judicial previa. Diríase que en el caso de Bogotá la ciudadanía no tiene por qué esperar el fallo de los jueces. Le sobrará con las ejecutorias del alcalde para cobrarle con la renuncia la responsabilidad política que no asume.
por Cristina de la Torre | Mar 15, 2011 | Marzo 2011, Política agraria
Ardida andará la ultraderecha que ve menoscabarse su poder, edificado con fruición en los años de la seguridad democrática. Y no sólo porque desespere de salvar el pellejo cuando se la sorprende en el saqueo de entidades públicas que había recibido como coto de caza del gobierno anterior; a veces de consuno con la mafia, caso de la Dirección de Estupefacientes. O porque resienta la pérdida de su poder burocrático, como lo lloraba el senador conservador Eduardo Enríquez. Será sobre todo porque, con su política agraria, Santos irrespeta emblemas sagrados de las fuerzas que consolidaban el mayor despojo de tierras en Occidente durante el último siglo, mientras sufragaban por el mandatario que nunca rechazó sus votos. Primero fue el plan de choque de la restitución de tierras en Montes de María, santuario del paramilitarismo, símbolo ominoso de la contrarreforma que concentró aún más la tierra y expulsó a cuatro millones de campesinos. Ahora vendría la contracara del modelo Carimagua, tan caro al entonces presidente Uribe, a su ministro Arias, al puñado de empresarios agraciados no ya apenas con subsidios a manos llenas sino con las tierras del Estado. Pues Santos acaba de entregar las 17 mil hectáreas a 500 familias de desplazados que se asociarán en una empresa agroindustrial con apoyo múltiple del Estado. Se montará allí un proyecto piloto de desarrollo integral que pueda replicarse en toda la Orinoquia.
Adelanto de la ley de Tierras, la complejidad del proyecto de desarrollo de la Orinoquia y su afianzamiento institucional indican que, para el Gobierno, la entrega de tierras no basta. Desde Carimagua despega una estrategia de desarrollo con asistencia técnica, investigación aplicada y proyectos productivos sostenibles. Habrá megaobras de infraestructura como la carretera entre Meta y Vichada que facilitará el comercio de carga por Venezuela. Juan Manuel Ospina, director de Incoder, explica que los suelos ácidos de la Orinoquia podrán adecuarse, como lo hizo Brasil con los suyos, hoy sin par en la agricultura tropical del mundo. También el Vichada promete convertirse en gran despensa de alimentos. Motor del modelo serán campesinos organizados y asociados en proyectos empresariales productivos. Que no excluyen grandes proyectos agroindustriales, en convivencia –que el gobierno quisiera funcional- con la agricultura campesina, esta vez asociada y modernizada. Mas para que ésta resulte competitiva y no se la devoren los mayores, habrá de ser subsidiada. Y los grandes empresarios tendrán que pagar, por fin, impuesto predial ajustado al valor de la tierra y sus beneficios. La perspectiva es la del desarrollo planificado, según una estrategia nacional concertada con las regiones.
Si el de la Orinoquia se insinúa como modelo de repoblamiento planificado en perspectiva de desarrollo, en otras regiones éste no sería viable sin tocar la excesiva concentración de la tierra. La estructura agraria se interpone al desarrollo. En Colombia se explota apenas la tercera parte de su potencial agrícola. La ganadería bien podría contraerse a la cuarta parte del área que hoy ocupa. Ricardo Bonilla (Razón Pública) sostiene que, de recuperarse el uso productivo de las tierras ociosas, la agricultura le daría al país seguridad alimentaria y produciría excedentes de exportación. Habría que fomentar la producción de alimentos, operar una transformación agroindustrial en el campo y modernizar la ganadería para cederle tierras a la agricultura.
La reacción siente esta incursión del Gobierno en Carimagua y Montes de María como sal arrojada a las heridas. Pero las encuestas consolidan un 74% de colombianos que respaldan la restitución y la ley de Tierras. ¿Se atreverán sus enemigos a contradecir la opinión de mayorías que dimensionan ya el horror de la violencia y el despojo?
