por Cristina de la Torre | Mar 8, 2011 | Marzo 2011, Partidos, Personajes
Muchos le endilgan ahora al pobre Uribe el maquiavélico propósito de dividir a los Verdes, sólo porque aquel respaldó la candidatura de Peñalosa a la alcaldía de Bogotá. Pero, en rigor, el ex presidente se ha limitado a hacer política. Política a la manera como se practica aquí: sin principios y a codazos. Y como la ejercen otros también en la ola del no todo vale, cuando pretenden devorar por el atajo, subrepticiamente, los votos del uribismo, sin fungir de uribistas. Quieren sellar alianza con el campeón de la politiquería y el abuso del poder sin que se note mucho. Como si el credo y las prácticas del uribismo no se materializaran, precisamente, en las carnitas y los huesitos del héroe del Ubérrimo. Como si éste ofreciera gratis su cauda electoral. Bien podrían los jefes verdes confesarse pragmáticos a la usanza tradicional; pero entonces no deberían presentarse como cruzados sin mácula de la ética pública, terror del clientelismo, la corrupción y el delito. Se pregunta Juanita León en La Silla Vacía si los Verdes podrán mantenerse cerca de Uribe y, a la vez, lejos de toda la corrupción que rodeó su gobierno. Si podrán aceptar a Uribe pero no a los partidos que conformaron Primero Colombia (Alas, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática), cuyos parlamentarios terminaron, casi todos, juzgados por parapolítica.
Que Peñalosa fuera uribista y convidara a Uribe a ser su coequipero no sorprende. Él nunca lo ocultó. En cambio Mockus ha querido serlo sin parecerlo, cuando conviene, en elipses misteriosas que terminan por trocar sus vacilaciones en pasaporte hacia una alianza capaz de pulverizar el partido en ciernes. Los hechos hablan solos. En enero pasado, la dirección nacional del partido Verde decidió por mayoría –Mockus comprendido- aceptar el apoyo de Uribe para ganar la alcaldía de Bogotá. Apunta León que en ninguno de sus comunicados públicos ha rechazado Antanas ese aliado. El 28 de febrero, en el lanzamiento de la candidatura de Peñalosa, Mockus se ratificó: “Mis diferencias con Uribe –dijo- no están por encima del bien de la ciudad”. El exmandatario captó el mensaje y se lanzó en brazos de la oportunidad. Designó a Lozano y a Zuluaga para “emprender diálogo con el doctor Peñalosa”. Y trazó los ejes de un programa de gobierno para la capital. Peñalosa saludó conmovido el apoyo del amigo “que tiene una gran acogida entre los bogotanos”. Gilma Jiménez, senadora votadísima de los Verdes, “celebra y agradece” que Uribe designara a estos “respetables líderes” de la U para conversar con los Verdes. Pero la Ola Verde se sublevó. Muchos se sintieron traicionados por la reencarnación de Uribe en el candidato de su partido. La parlamentaria Ángela Robledo escribió: “No en mi nombre se negocian los principios… no queremos que se nos ofrezca vino viejo en odre nuevo”. Entonces Mockus “confió” en que “Peñalosa (guardaría) distancia con el todo vale”. Mas la suerte estaba echada. Su oferta de cuidarle a Uribe los huevitos laceraba la memoria de los Verdes y situaba más atrás el origen de la alianza que fructificaba hoy. A titubeos parecidos se atribuyó la derrota colosal de Sergio Fajardo en las elecciones de marzo pasado, por servir a la vez a Dios y al diablo.
No es Uribe el que divide a los Verdes. Es la inconsecuencia, la abulia, la torpe astucia de sus jefes. Incapaces de transformar una rica promesa contestataria en opción de poder, a Uribe le bastó dar el pastorejo de gracia a este castillo de naipes descoloridos que es el movimiento Verde. Pero Mockus se permite una declaración final que parece broma de teatro pánico: dizque quisiera que “el proceso de acercamiento de la U no afectara nuestra identidad y nuestro rigor”. ¿Cuál identidad? ¿Cuál rigor? Bien le cantaría el bardo: si el ‘no-todo-vale’ vale nada, el resto vale menos.
por Cristina de la Torre | Mar 1, 2011 | Actores del conflicto armado, Marzo 2011, Política agraria
Acosado por el ejército y por el rencor de los colombianos, ‘Alfonso Cano’ declara que las políticas de Santos para el campo abrirían el camino de la paz. El Presidente, por su parte, ha explicado que la idea es “iniciar con acciones un verdadero proceso de paz”. Cuentas de un rosario de coincidencias que van desde semejanzas de fondo en materia agraria hasta galanteos de ‘Cano’ con la ley de Víctimas y restitución de tierras que esta semana inicia su jornada final en el Senado. Tan notoria sintonía movió a la Alta Comisionada de la ONU en Colombia a ponderar los posibles acercamientos de paz entre Gobierno y guerrillas. Algo sugiere que Santos les arrebata a las Farc su legendaria bandera agraria para allanar el camino de la paz, mientras el jefe guerrillero pretende izarla de nuevo para negociar una paz con honor. Enhorabuena, si no fuera ésta otra treta de las FARC para ganar oxígeno en la guerra, sino un intento por rescatar el último vestigio de política que les quedara antes de convertirse en banda de forajidos.
Todo comenzó en la posesión del Presidente, cuando ofreció mantener a mano la llave de la paz. Luego se comprometió a devolver cuatro millones de hectáreas usurpadas a sus dueños, “así en ello me fuera la vida”. En diciembre declaraba ‘Cano’ que la ley de víctimas “contribuiría a la solución del conflicto”; y habló de “una ley de Tierras moderna, con visión estratégica, sembradora de paz”. Sobre su propuesta de crear empresas asociativas en el campo, explicó Santos: “luchar contra la guerrilla no se opone a tener una agenda de izquierda”. En desarrollo del plan de devolución de tierras, el Gobierno ha entregado a la fecha unas 200 mil hectáreas y espera titular 500 mil este año. Refiriéndose a la ley de Tierras que se avecina, el ministro de Agricultura apuntó que por primera vez en la historia del país se implementará una política integral de tierras y desarrollo rural. Habría, pues, restitución y desarrollo agropecuario; con crédito blando, apoyo tecnológico y sistemas modernos de comercialización.
A tono con la expresión de las FARC en su Octava Conferencia de 1993 que reivindica “el pago de la enorme deuda social… con las grandes mayorías desfavorecidas”, este Gobierno funda su reformismo agrario en la voluntad de “saldar la duda social” con los expulsados de sus fundos. Afinidades hay también en el referente histórico. El ministro Restrepo recoge el principio de la función social de la propiedad de López Pumarejo. Ya la Comisión Temática de las FARC señalaba en 2001 que “la ley 200 de 1936 (fue) el primer intento serio y moderno en la historia de Colombia, tal vez el único, de solucionar las agudas desigualdades en el campo, con una reforma agraria antilatifundista”. Desde su nacimiento en 1964 y cuandoquiera que hablaron de política, las FARC reclamaron la tierra para el campesino. Y su proyecto agrario es de corte liberal, como liberal es el de Santos. La Comisión Temática cifra las posibilidades de “reconciliación nacional” en un modelo que liquide las trabas del latifundio e impulse el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país. La Octava Conferencia insistía en la democratización del crédito, en asistencia técnica y mercadeo.
Y en la redistribución de la propiedad en el campo. Punto crucial que no contempla el gobierno de Santos y que, según Absalón Machado, dejaría coja su reforma. Los propagandistas de la derecha dirán que reasignar tierras inexplotadas es comunismo. Pues comunistas no fueron López Pumarejo ni Carlos Lleras ni la CEPAL ni la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, que esto propusieron. Pero en Colombia estamos. De momento, la sola aproximación de las partes hacia una idea común de justicia y desarrollo en el campo abriría horizontes de paz. Así la restitución le resulte al latifundismo tan intolerable como la paz.
por Cristina de la Torre | Feb 22, 2011 | Febrero 2011, Iglesias, Mujer, Régimen político, Salud
Como en épocas de bárbaras naciones, José Darío Salazar, presidente del Directorio Conservador, consigue sin esfuerzo apoyo de la jerarquía eclesiástica a su iniciativa de invalidar la norma constitucional que autoriza el aborto en casos de excepción. En abierta insubordinación contra el Estado laico y con aval de los purpurados, el ensotanado conservador dice batirse por el derecho a la vida del feto. Mas no por el de nuestras mujeres, que mueren por miles en abortos practicados con ganchos de alambre en la clandestinidad. Única manera de impedir la llegada de un hijo malformado, o producto de violación, o para salvar la vida misma de la madre: casi ningún facultativo las atiende, como manda la ley. Tampoco se le oyó a Salazar una queja por las 173 mil vidas segadas por paramilitares que la Fiscalía registra sólo en el segundo cuatrienio de Uribe. Va de suyo. El dirigente conservador oficiaba entonces de sargento del novel ideólogo de su partido, que lo fuera de corazón, de palabra y de obra. Hasta de notaría se lucró cuando en feria de gabelas a los parlamentarios se compró la reelección de Álvaro Uribe.
La renovada cofradía de azules y tonsurados evoca más de una tragedia de nuestra historia nacional. Una y otra vez se conjuraron ellos, no para defender la vida sino para glorificar la muerte. Avanzada siniestra que en tiempos de la Violencia instó desde los púlpitos y los directorios conservadores al exterminio de la media Colombia que no compartía ideas con Laureano y Monseñor Perdomo. Poco imaginativo este devoto, imitador de tiranuelos que se complacen en fundir violencia y fe en un mismo grito de guerra. Del amo que invocaba al padre Marianito mientras defendía, a grandes voces y contra toda evidencia, al “buen muchacho” que él había puesto en cabeza del DAS –nido de maleantes- y terminó procesado por asesinato.
Doble moral ésta de autoproclamarse cruzados de la vida y abogar al mismo tiempo por la prohibición absoluta del aborto, a sabiendas de que éste apareja en muchos casos la muerte de la mujer. Y la pérdida de su libertad. Así concluyen las Naciones Unidas en estudio de 2008, y agregan que las muertes causadas por embarazo en nuestro país son expresión indiscutible de la condición de inferioridad económica, social y cultural que la sociedad le impone a la mayoría de nuestras mujeres. Destino fatal de “reinas del hogar” desprovistas de todo derecho y protección, como aconseja la divisa bíblica de la humillación.
Lapidar a la mujer pareció ser el fin oculto de la inquisición que reapareció en Medellín en 2009 para impedir la creación de una Clínica de la Mujer que, entre muchas funciones, acogería el derecho al aborto en los casos señalados. Las “fuerzas vivas” de la ciudad, presididas por el Procurador y decenas de obispos, se rebelaron ferozmente contra el proyecto, claro, en defensa del derecho a la vida. El Alcalde se prosternó ante la clerecía y ésta seguirá mandando sobre la vida y la muerte en la ciudad. Como lo hace desde hace siglos. En Medellín, meca de la insurrección de las sotanas, la segunda causa de muerte femenina es el aborto desesperado. Pero El Colombiano se permitió publicar en septiembre de ese año el siguiente comentario de un tal Juan David: “Si hoy permitimos que una madre mate a su hijo, debemos (…) plantearnos la idea de matar madres abortistas para que las cosas se equiparen”.
So pretexto de defender la vida, las costumbres cristianas, la familia patriarcal, la propiedad y el sagrado derecho del más fuerte, la violencia se ha impuesto en Colombia como norma de control de la moral privada y del ejercicio de la política. Andan juntas la espada y la cruz. Escudo de los Catones de cada hora, siempre prestos a levantar el severo dedo inquisitorial, ya para anatematizar a la mujer que quiere vivir, ya para disparar contra el opositor. Loor a la hipocresía.
por Cristina de la Torre | Feb 15, 2011 | Clientelismo, Febrero 2011, Modelo Político
Plena de buenas intenciones, la Constitución del 91 se equivocó, sin embargo, en materia grave. Atribuyendo al clientelismo el origen de todos nuestros males, convirtió en religión la erradicación de esta forma de intermediación en nuestra democracia representativa, que “bloqueaba la participación genuina del ciudadano” en política. El argumento pegó en su blanco natural: los partidos. Como el Estado había devenido propiedad de rentistas y políticos; como, además, sus funciones sociales y económicas dizque hacían agua, el otro blanco natural fueron las entidades del Estado que redistribuían bienes públicos. La democracia habría de ser, de preferencia, directa, sin intermediarios. Y sólo podría desplegarse a plenitud en la descentralización, pues el poder local devolvería a los ciudadanos su verdadera identidad. Contra el Estado burocrático y corrupto se alzaría la sociedad civil, dueña, por fin, de su destino. Ríos de tinta corrieron en panegíricos a este salto de la tradición a la modernidad, del clientelismo a la ciudadanía. Dos figuras simbolizaron el antagonismo entre buenos y malos: el ciudadano y el cacique clientelista.
Pero la democracia directa se resolvió en el “Estado de opinión” que algún cacique de caciques montó sobre la ficción del poder ciudadano. Y éste fue apenas versión vicaria del populismo puesto al servicio de un proyecto autoritario. Por su parte, la autonomía municipal abrió cancha a nuevos sectores. Mas pronto derivó en la toma armada del poder regional por fuerzas ilegales. Lejos de desaparecer, el clientelismo se reinventó en la alianza de gamonales y paramilitares. El Estado Central había perdido influencia en la periferia. La elección popular de alcaldes había fracturado el mando central de los partidos. La fractura se tradujo, en 2002, en una polvareda de microempresas electorales. Y hoy, en dos corrientes tradicionales reconstituidas sobre baronías regionales en disputa permanente con el poder central.
Pero el clientelismo era hijo putativo del Estado de bienestar que el neoconservadurismo en boga se propuso demoler. Izquierda y derecha pescaron al unísono en el torbellino “democratizador” que homogenizó a la intelligentsia latinoamericana. Lo mismo se habló de libertad política que de libertad económica. La democracia participativa, sin partidos y en un Estado famélico, fue el corolario político de la economía de mercado. Arquetipo redondo que dio nuevo impulso a los grandes poderes económicos, dueños ya de un mundo globalizado. Casual no parecía esta coincidencia de las extremas políticas, que aquí se hizo carne en el abrazo entre Alvaro Gómez y Navarro Wolf en la Constituyente del 91. Ni sería puro gesto de liberalidad. Identidad habría en el común desdén hacia el Estado: neoconservadores y marxianos lo tienen por aparato que oprime a la sociedad; por parásito que ceba a una burocracia inútil y sirve en todo caso a camarillas privilegiadas. Ambos preferirían que el Estado simplemente desapareciera. O musitara apenas.
Verdad es que con el entierro del Frente Nacional la Carta del 91 abrió puertas al pluripartidismo. La tutela ha sido mecanismo eficaz de democratización de la justicia. La proclamación de los derechos económicos y sociales de la población hizo honor al Estado social que la Constitución del 36 había entronizado. Pero la del 91 borraba con el codo lo escrito con la mano: en homenaje a la privatización de las funciones públicas y a la libertad de mercados, entre muchas medidas, le retiró al Banco Central todos los fondos de fomento al desarrollo. Si el modelo de mercado reinó sobre el cadáver del Estado intervencionista y redistributivo, tampoco puede decirse que en política hubiera avanzado la democracia. ¿Qué pensarán los dirigentes de izquierda que proponen la Constitución del 91 como programa de gobierno?
por Cristina de la Torre | Feb 8, 2011 | Febrero 2011, Modelo Económico en Colombia, Personajes
Me pusieron apodos los banqueros –dijo el ministro Echeverry con su cara de niño travieso- y creo que hasta me declararon persona no grata. No era para menos. Hacía muchos años ningún miembro del alto gobierno se atrevía a calificar de abusivo al todopoderoso gremio financiero. Menos aún sobre el recuerdo, todavía fresco, de un Uribe que tomaba decisiones de Estado al pie de la letra dictada por Luís Carlos Sarmiento. Ante los precios excesivos de servicios al usuario, el ministro anunció regulación del gobierno: “si hay abuso de posición dominante, si no hay competencia, tendrá que intervenir”. La decisión quedó incorporada a la reforma tributaria. Quién dijo miedo. Los banqueros pusieron el grito en el cielo. Denunciaron torva incursión del intervencionismo contra la sacrosanta libertad del mercado financiero. Exclamaron que aquellos eran los precios fijados por el mercado, que los bancos no tenían por qué subsidiarlos en aras del bien común. Maria Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria, se quejó de una medida que “va contra todo lo que se ha venido haciendo para liberar mercados”. Pero Echeverry no cedió, acaso inspirado en el principio de que el Estado debe intervenir para evitar que el monopolio y la concentración del poder económico aniquilen la libre competencia.
La verdad es que el proceso de liberación financiera en Colombia, que se gestó en los años 70 y culminó en los 90, eliminó la competencia en el sector. Lo que hay es oligopolio concertado en los clubes sociales, whisky en mano, o sea, monopolio. Sin competencia, se sabe, los magnates se meriendan los mercados y les pasan la cuenta a los usuarios. Mientras tanto, se dedican a negocios de alta rentabilidad especulativa (en la bolsa, en la compra-venta de divisas) y a disfrutar de las ventajas que la Constitución del 91 les dio: prestarle carísimo al Gobierno, con la plata del Banco de la República. La celebrada Carta le prohibió al banco Central prestarle al Gobierno y obligó la intermediación de la banca privada, que anda piponcha con esta vuelta absurda, pésimo negocio para las finanzas públicas.
Pero aquí, son unas de cal y otras de arena. El gobierno aprieta con una mano los costos de los servicios al usuario –el componente menor de los ingresos financieros-. Y con la otra sube el tope de la tasa de usura, vale decir, permite elevar las tasas de interés de los bancos. Y no toca el corazón de los privilegios de un gremio que exhibe, exultante, ganancias que ofenden al ciudadano de a pie. A noviembre de 2010, los ingresos de la banca, distintos de intereses, alcanzaron los 26.2 billones. Sus ingresos por comisiones crecen 15.9% cada año, mientras el salario mínimo se ajustó esta vez en menos del 1 por ciento real. Ni hablar de la diferencia entre los intereses que pagan por un CDT y los que cobran por un crédito de consumo. Será Colombia el único país donde una cuenta de ahorros alimentada día a día nada renta y, encima, al ahorrador le devuelven mucho menos de lo depositado.
La libertad de mercado les dio a los bancos patente de corso. Ya no hay bancos de inversión ni de fomento ni especializados por sectores ni de apoyo a pequeños y medianos empresarios. Nada que produzca empleo. Sólo hay bancos de negocios. Las migajas se destinan a crédito productivo. Y en la cumbre, una política añeja: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Audaz el anuncio de intervenir para controlar abusos contra el usuario. Anatema contra el gremio consentido que ha terminado por construir un monopolio voraz. Negocio de fábula que distorsiona la función primordial de la banca: financiar la prosperidad para todos. Si el ministro mordiera la nuez de sus privilegios y no apenas la corteza, se habría ganado el bien merecido título de persona no grata entre banqueros. Un honor.
por Cristina de la Torre | Ene 25, 2011 | Enero 2011, Iglesias
El júbilo se apoderó de los católicos más firmes. El 18 de enero se confirmó que el testimonio de un milagro atribuido al difunto Juan Pablo II abría la puerta a la beatificación de este Papa, despegue de una carrera hacia su canonización inexorable. Tras estudio concienzudo del caso, teólogos, siquiatras y neurólogos del Vaticano concluyeron que “no había explicación científica” en la sanación de la monja francesa Marie Simon-Pièrre, víctima de parkinson; que fue la mano de Juan Pablo la que obró el prodigio. La Congregación para las Causas de los Santos ratificó el hallazgo, y el Papa Benedicto lo sancionó con su firma. Juan Pablo será Magno. Y santo.
Pero la feligresía desengañada de un papado que funge como la última monarquía despótica y corrupta de Occidente no asimila la extravagancia de beatificar a un hombre que se ha tenido por la sombra de los Borgia: mafias; sectas secretas; frenético agitar de sotanas por los sombríos corredores del Vaticano para encubrir la pedofilia de los clérigos y el lavado a raudales de dinero que hoy tiene a la jerarquía de Roma entre los palos de la justicia; discursos, homilías y una diplomacia de aliento a dictadores; mordaza a los inconformes que quieren volver a Jesucristo; y, ay, el que David Yallop denunciara como presunto asesinato de Albino Luciani por envenenamiento en el día 33 de su pontificado, por anunciar látigo contra la corrupción financiera de la Iglesia, por proponerse retomar la perdida senda liberal y evangélica de Juan XXIII. Juan Pablo II ocuparía el trono y porfiaría en hacer la vista gorda frente a los males que a tantos católicos han alejado de Roma.
Conocida de autos su predilección por sátrapas como Pinochet, Videla y la Junta Militar de El Salvador –que cobró la vida a 75 mil personas- Juan Pablo abandonó a Monseñor Romero cuando éste se hizo voz de su pueblo. Según Yallop en su libro El Poder y la Gloria, al voluminoso expediente que Romero le había presentado, cargado de pruebas contra el gobierno militar de su país, y en la convicción de que el Papa alzaría una voz de protesta, éste le respondió que no todo habría de ser la justicia social; que lo primero sería conjurar el peligro del comunismo; que le recomendaba prudencia y, en vez de denunciar “situaciones específicas (se acogiera) a principios generales”. Dos meses después moría Romero de un balazo en el pecho, en presencia de la multitud, mientras oficiaba misa. El Cardenal López Trujillo, artífice del viraje ultraderechista de la Iglesia en la Conferencia Episcopal de Puebla en 1986 y favorito del Papa, concluyó que a Romero lo habían asesinado izquierdistas interesados en provocar una revuelta.
Escribe nuestro autor que un informe de 2001 estimaba en 50 mil millones de dólares la lavatija del Banco Vaticano. Hoy abordan el caso los jueces. Tan desenfrenado como la venalidad financiera será el envilecimiento moral de la jerarquía eclesiástica, siempre lista a disolver en el secreto el abuso sexual de los curas. Y de obispos como Marcial Maciel, protegido del Papa, aún a sabiendas de que sus crímenes sexuales se extendieron a los propios hijos del fundador de los Legionarios de Cristo.
En su libro Los Pecados de la Intransigencia, Alvaro Ponce recuerda que hace un siglo, cuando ya el clero colombiano instigaba a los conservadores a librar guerra santa contra los liberales, el padre Baltasar Vélez llamó a la cordura. Pero el Obispo de Pasto, Ezequiel Moreno, prohibió terminantemente obedecerle. Un decreto pontificio de la Santa Romana Universal Inquisición ratificó la censura. En 1992, el Papa Juan Pablo II proclamaría santo al obispo Ezequiel. Bueno, si se ha canonizado también a Escrivá de Balaguer, ¿por qué no elevar a los altares a López Trujillo, tan veloz en recibir platas non-sanctas “para los pobres”? ¿O a Juan Pablo Magno?
por Cristina de la Torre | Ene 18, 2011 | Corrupción, Enero 2011, Modelo Político, Narcotráfico
Sobre tres cimientos formidables se ha montado la corrupción en Colombia: sobre la insólita largueza de la norma de contratación pública con empresas privadas. Sobre la designación de los controladores por los propios controlados, en cuya virtud gobernadores y alcaldes terminan “vigilados” por amigos que no ven la uña larga de muchos gobernantes que se roban la plata de todos en asocio de pillos de cuello blanco y hasta de criminales. La pudibunda clase política fiscalizándose a sí misma. También se ha montado la corrupción sobre la connivencia de un número creciente de jueces de base que, amedrentados o pagados, terminan por favorecer al funcionario o al contratista corruptos.
Desde la Ley 80 de contratación estatal, hija putativa del desmantelamiento del Estado, se cubrió de besos y mimos a cuanto negociante se ofreció como digno ejecutor de tareas que el poder público dizque no podía ya acometer, colapsado como se le diagnosticó, por ineficiente, politiquero y corrupto. Prueba estelar de que el remedio privado resultaría acaso peor que la enfermedad pública es el caso de los Nule. Por su parte, la confabulación de gobernadores con contralores departamentales y de alcaldes con sus personeros floreció al calor de la demagogia descentralizadora que sacrificó instrumentos vitales del Estado unitario: convirtió en rueda suelta la provincia y en caricatura de descentralización el legítimo anhelo autonómico de las regiones. Allí cosecharon fuerzas que, mutilada la injerencia del Estado central, se tomaron por las armas el poder local. Guerrillas y narcoparamilitares hicieron su agosto. Desregulación, ligereza privatizadora, caótico desencuentro entre poder central y poder regional son producto de la Constitución del 91 que la inundación de medio país dejó expósitos. Gobierno y organismos nacionales de control desesperan por evitar hoy el desvío de ayudas a los damnificados. Y mañana, el asalto a las billonadas de la reconstrucción que se invertirán mediante contratos con el sector privado. Mas, si se porfía en la actual dinámica de licitaciones amañadas y contratación a dedo, será, sin duda, la feria de los avivatos.
41 billones de pesos, equivalentes al 21 por ciento del presupuesto nacional, se destinan a contratación. En 4.2 billones calcula el Auditor General, Iván Darío Gómez, la tronera por donde se fugan cada año los recursos públicos a manos ajenas. Unos 9 billones valen los sobreprecios de la contratación amañada. Casi lo mismo que la reconstrucción. Dice el senador Luis Fernando Velasco que en Colombia no se gana el poder sino que se compra: se invierte en ganar alcaldías, gobernaciones, curules en los cuerpos colegiados; la retribución vendrá con creces. Es que la Ley 80 les entrega la contratación del Estado a los alcaldes y, además, les permite a éstos delegarla en cualquiera. Más aun, autoriza adiciones sucesivas a los contratos, de donde se entiende por qué ellos triplican a poco su valor. Para completar, la ley 1150 de 2007 abre la posibilidad de adicionar los contratos de concesión. Vencido el contrato, éste se puede prolongar, sin que medie nueva licitación pública. Fue así como Andrés Uriel adicionó concesiones en vías por valor de 10 billones. Las obras entregadas, claro, representan porción insignificante de lo programado.
En acción envolvente contra el monstruo, Contraloría, Auditoria y Procuraduría proponen reformar el estatuto de contratación del Estado. Y afilan sus medios de control con rendición mensual de cuentas, información unificada sobre ejecución de los recursos en tiempo real y, en ausencia de los partidos –que son el andamiaje de la corrupción- convocan la ayuda ciudadana. Objeto de otras gestas será derribar el muro madre de la corrupción: el narcotráfico.
por Cristina de la Torre | Ene 11, 2011 | Enero 2011, Modelo Económico en Colombia
A cambiar tocan. Si reconstruir significa repetir el esperpento de país que nuestras clases dirigentes edificaron para si, con frío desdén por las mayorías y los damnificados de siempre, será una frustración colosal y el harakiri de un gobierno que tantas esperanzas ha sembrado. Parece llegada la hora de erguirse sobre la desgracia, no para llorar sobre las lágrimas de tantos colombianos que perdieron hasta su último andrajo, sino para lanzarse hacia el desarrollo que vecinos como Brasil y Chile conocen ya. Relocalizar masivamente a la población. Industrializar. Planificar. Resucitar las marchitadas instituciones que el pasado gobierno terminó de sacrificar en el altar de la demagogia y la corrupción. Dejar en su sitio los huevos del gallo. Devolverle al Estado su protagonismo cuando lo que está en juego es, ni más ni menos, la vida, la dignidad, el futuro de 47 millones de colombianos. Y descentralizar.
Saltar de la regionalización de la recuperación a la descentralización del desarrollo. Con los debidos controles y sin concesiones a regionalismos que son a menudo coartada de mafias, políticos y gobernantes locales coligados. Tono distinto ofrece la propuesta de Judith Pinedo, Alcaldesa de Cartagena, quien, en nombre de la Costa Atlántica presentó una estrategia de auxilio en la emergencia, reactivación productiva, reubicación de las víctimas y, sobre todo, de desarrollo económico y social de largo plazo para la Región Caribe. La envergadura del proyecto y su acogida por el Gobierno central sugieren que se ha dado un primer paso en dirección del ordenamiento territorial, con una primera región de planificación y desarrollo articulada a la divisa del Plan Nacional de Desarrollo.
Será ocasión providencial para desarrollar el corredor industrial del Caribe, capaz de ocupar a nuevos contingentes de desplazados. Para que el Observatorio del Caribe se proyecte como un IFI (Instituto de Fomento Industrial, también ahogado por la avalancha neoliberal) y otee el horizonte a la búsqueda de oportunidades de inversión. En su auxilio, la Corporación Financiera del Caribe podría darse perfil industrial. Proyectos no faltan. La firma Gerdau del Brasil, el mayor grupo de su género en América, le propuso a Barranquilla montar allí un megaproyecto siderúrgico que le garantizaría a Colombia autosuficiencia en acero y le dejaría remanentes de exportación.
Otro corredor industrial que espera un empujón es el del Pacífico, en el eje del Valle del Cauca. Comprende a Popayán, Santander de Quilichao, Cali, Palmira, Buga, Tulúa y Buenaventura. Conectado con el corredor industrial del eje cafetero (Manizales, Armenia, Pereira, Cartago) sería el espinazo de una segunda región. Que también necesitaría su IFI. Sobre todo ahora, cuando acaba de sellarse acuerdo entre México, Colombia, Perú y Chile, y se espera el ingreso de otros países para buscar un mercado común en la región y poner la mira en el Asia-Pacífico. Area de integración promisoria, pues no sólo amplía los mercados regionales y se proyecta hacia otro continente, sino que podría desarrollar economías de escala. Si la Región Caribe empieza a aterrizar el ordenamiento territorial que el Gobierno persigue, aquellas perspectivas de industrialización encauzarían la dichosa competitividad. Lo mismo se diría del desarrollo agropecuario. Si es que se vence la sórdida avaricia al tributar de terratenientes y ganaderos de media vaca por hectárea.
Allende la tragedia invernal, es en el desafío de reinventar el país donde el papel del Estado cobra todo su vigor. Y entonces cabe la pregunta: ¿por qué no es Planeación Nacional la institución que lidera la aventura y en cambio se le confía a un dirigente de la empresa privada? ¿No se vería mejor don Jorge Londoño como asesor del Gobierno en una empresa que no es negocio sino el bien común?
por Cristina de la Torre | Ene 1, 2011 | Enero 2011, Partidos, Personajes
Peñalosa no tiene la culpa de ser uribista. El nunca lo ocultó. El problema es de Mockus, que resolvió andar en malas compañías, para venir a arrepentirse de ello a la hora de nona. Hoy simula sorpresa porque su aliado se deja cortejar de Uribe, ese dechado de virtudes morales, de tersura, de honradez. Salta a la palestra sugiriendo que se postula a la Alcaldía de Bogotá, no por ambición, sino para salvar a su partido de la contaminación uribista. Pero su matrimonio con Peñalosa se consumó en la comunión de un modelo que genera pobreza y desigualdad. El mismo de Uribe, cuyas políticas Mockus nunca se propuso cambiar: en plena campaña electoral ratificó su apoyo a instrumentos creados por el mandatario antioqueño, como la ley 100, que convirtió en negocio la salud; o la ley de flexibilización laboral, con su aporte descomunal al desempleo, la inequidad y la miseria. En materia económica y social hubo, pues, un triángulo pasional que el propio Mockus santificó no hace mucho en visita al entonces presidente. Se ofreció como vigía imbatible de los tres huevos de Uribe, que Maria Jimena Duzán denominó en femenino (y con diéresis), para solaz de las señoras y gloria de la precisión idiomática.
Bofetada a la Ola Verde que sin embargo no le impidió al candidato de la decencia proclamarse intérprete del hastío general con la moral mafiosa que se apoderaba del país. De allí no podía resultar sino el Partido Verde que nunca fue: un pastiche de incoherencias, lagunas, vacilaciones y egocentrismos, que terminó atrapado en los vicios más odiosos de la politiquería. Fragilidad de una explosión fugaz afirmada en la fe, en cabeza de un profeta que fustiga a la política cuando él mismo lleva veinte años practicándola. A poco, se quedaría el “partido” sin habla, sin banderas, sin jefes. Santos había pescado en aquel río de desconcierto, para capitalizar la lucha contra la corrupción.
A Juanita León (La Silla Vacía) no le parece imposible una coalición de los Verdes con la U. Para ella, los parlamentarios del primer movimiento, Gilma Jiménez, Jorge Londoño, John Sudarsky y Alfonso Prada “son más uribistas que antiuribistas”. Igual que Sergio Fajardo, tan vertical en el juego de sus ambigüedades, diríamos aquí, tras el cual no consigue ocultar su predilección por el coterráneo. Sostiene León que aquella alianza viene cocinándose desde el año pasado, y hoy pende de la mediación de Francisco Santos y Juan Lozano. He allí también por qué Peñalosa sostuvo siempre que si los Verdes se lanzaban a la oposición “perdían su vocación de poder”. Por qué considera tan “honroso” el apoyo del expresidente a su candidatura. Por qué insiste en El Tiempo del pasado domingo en que “no hacemos la política contra nadie”, y retoma la consigna de la seguridad democrática. Para hacerse con la Alcaldía, propone una política de alianzas tan amplia, que hasta el diablo cabría en ella. Menos Petro, estigmatizado por Mockus en aquella campaña, pues marchar con el brillante candidato a la Presidencia y demócrata de izquierda le hubiera acarreado la maldición del mentor de la derecha.
Hay en todo esto una concepción de las alianzas que sacrifica los principios. Dígalo, si no, Samuel Moreno, vástago inocente de su abuelito, el General-dictador, que respiraba caverna azul y no legó a su descendencia propiamente una estela de pulcritud en el manejo de la cosa pública. Pero Sammy no es culpable. Aquí el problema es, de nuevo, de Robledo y Gaviria, por andar callados en malas compañías. Culpable tampoco es Peñalosa, tan obsequioso con el impoluto Uribe, mientras Mockus finge estupor frente a las conocidas veleidades políticas de su amigo y calla ante el desastre de una economía que venía manejada con los pies. Es que, a la voz de poder, Mockus parece pelar el cobre. Por pura glotonería.
por Cristina de la Torre | Dic 21, 2010 | Diciembre 2010, Política económica
Ardorosas y fecundas reacciones ha provocado la pasada columna de este espacio titulada “Santos entre dos aguas”. Se aventuraba allí que en el Gobierno conviven, en frágil equilibrio, una avanzada reformista como no se veía en décadas y la resaca de los doctrineros del mercado que, no obstante las desgracias causadas, aspiran a seguir mandando. Obsesionados con la mecánica económica, no conciben ellos estrategias de desarrollo nacional. La pregunta era si esta mixtura de reforma y asedios neoliberales anunciaba una transición hacia la socialdemocracia latinoamericana o, mas bien, el propósito de nadar entre dos aguas. Protagonistas de un debate conceptual y político largamente silenciado, los lectores apuntan al modelo económico y social que habremos de adoptar. Hoy tienen ellos la palabra.
Comienza “Vic” por aclarar que socialdemocracia moderna no es comunismo: es un sistema que combina economía de mercado con protección de los derechos y libertades individuales. Se propone alcanzar la igualdad sin sacrificar la libertad. Defiende la propiedad privada y la iniciativa individual, pero evita la formación de monopolios y la concentración excesiva de la riqueza. Redistribuye el ingreso. Y traza una política social enderezada a ofrecer igualdad de oportunidades para todos. Lo mismo rechaza el capitalismo salvaje que el comunismo totalitario.
A Andrés Trejos lo escrito le parece “dogmático y lleno de imprecisiones económicas”. Los mercados, dice, no son ningún diablo de la oligarquía; antes bien, fortalecerlos mejora la calidad de vida de la gente. Tampoco la búsqueda del equilibrio fiscal es “obsesión neoliberal” sino “un acto de responsabilidad”: gastar menos de lo que ingresa, para no quebrar. Por otra parte, nadie ha demostrado que el TLC vaya a destruir el agro colombiano. Trejos evoca “al economista que más sabe de comercio internacional”, para quien ese tratado aumentará el bienestar de los colombianos “vía beneficios para los consumidores, que somos todos, y fortalecerá algunos sectores económicos”. Apunta que “la inflación no es ningún fantasma” y obra, en cambio, como el peor impuesto contra los trabajadores. Por fin, “en economía no existe la distinción que hace la autora entre rumbo y mecánica… nos trazamos rumbos y luego usamos la ciencia económica para estructurar el cómo”.
Alberto Velásquez replica que desde cuando César Gaviria “hundió a Colombia en la temeraria empresa de la apertura económica, los colombianos afrontamos una aventura medieval según la cual los dómines de la teoría económica se han arrogado un poder semejante al de la Inquisición”. A quienes pensaban distinto y, a riesgo de ser acusados de herejía y blasfemia, criticaron “el talante apodíctico” de aquellas propuestas, se les amordazó. Y terminó por imponerse una nueva cultura económica: “el mito de la apertura, el oropel de la globalización, las garantías ilimitadas a la inversión extranjera y los sacrificios fiscales con miras a mantener el cariñito de la Banca Mundial”. Se empleó la “regulación” de la economía para abrirnos sin pudor al sector externo.
En abono de estas afirmaciones vienen las de Eduardo Sarmiento en entrevista concedida a Fernando Arellano: “Lo peor que pudo pasarle a Colombia fue la apertura económica. Los hechos han controvertido los dogmas y paradigmas dominantes: apertura, privatizaciones, especulación financiera y represión monetaria configuraron en este país una de las sociedades más desiguales del mundo”.
Tal vez el cataclismo de La Niña obligue ahora al Estado a tensionar su músculo, a responder por lo que al mercado le es ajeno: planificar y ejecutar la reconstrucción de lo perdido, y construir un país nuevo sin envilecer la obra histórica en una feria de contratos.
Apostilla. Por vacaciones, esta columna reaparecerá el 18 de enero. Feliz navidad a los lectores.
