por Cristina de la Torre | Dic 14, 2010 | Diciembre 2010, Política económica
Según Ernesto Samper, el Partido Liberal tendrá que escoger entre la derecha conservadora del uribismo, el “inocuo” centro, y las banderas sociales “duramente golpeadas” por la apertura económica de la Administración Gaviria (El Tiempo, 11-12). El problema atañe tanto al partido como al Presidente Santos, gestor de la unificación liberal en marcha. Pero una definición concluyente habrá de esperar. La avanzada reformista de Santos convive todavía, en frágil equilibrio, con la resaca neoliberal. Herencia de Uribe, mas también de su propio paso por los gobiernos que volvieron religión la doctrina del mercado, hasta lograr que Colombia figurara entre los países más desiguales del mundo.
Se maravilla el país con la enhiesta determinación del Gobierno de resarcir a las víctimas del despojo y la violencia; pero les concede a las voraces EPS el privilegio de mantener el negocio de sus clínicas. Y defiende un proyecto de estabilidad fiscal que subordina los derechos de educación, salud y vivienda a la obsesión neoliberal del equilibrio fiscal. Propone una ley de tierras que redime la economía campesina, pero espera impasible el arribo del TLC con EE.UU. a sabiendas de su poder destructor de nuestra producción agropecuaria. La vergonzosa negociación de ese tratado traerá, no bien entre en vigencia, reducción del área cultivable, pobreza y desempleo en el campo. De entrada, caerá en 10.2% el ingreso de los productores campesinos, ha dicho el experto Fernando Barberi.
El Gobierno lanza un plan de desarrollo de perfil indicativo, promisorio, tras largos años de naderías en esta materia, pero se asusta con la bonanza minera. Recursos cuantiosos que cualquier país sensato añoraría para catapultar su industria, aquí se quieren congelar, esterilizar, extraditar. Dan vueltas los economistas del poder, aguzan la imaginación, componen, a cual más, fórmulas de fantasía para conjurar la desgracia de la bonanza. Presa de pánicos de mecánica económica, los asfixia el fantasma de la inflación. Obsesionados con la mecánica del vehículo, jamás se preguntan cuál es su rumbo. Todo oídos, el Gobierno escucha y toma nota. Por su parte, la flamante junta del Banco de la República vela en su solemnidad por el agüita para el radiador, aprieta tal cual tornillo. Pero no se ocupa del empleo ni de proyectos industriales ni les corta la especulación a los bancos para que más bien financien inversiones productivas. Clausurado el IFI (Instituto de Fomento Industrial), pasaron a la historia los hombres de industria. Ahora se dedican ellos a colocar sus capitales donde más renten. Las grandes corporaciones acometen los proyectos de envergadura y a nosotros se nos dejan las sobras: pequeñas y medianas empresas que perecen a la vuelta de la esquina, trituradas por la competencia. Sabedor de lo que un plante de capital representó en el despegue de todo país que se industrializó, a López Michelsen se le oyó decir que su único remordimiento fue el no haber aprovechado la bonanza cafetera que le llegó a Colombia durante su gobierno.
No se sabe si esta mixtura de continuismo y reforma inicie una transición hacia la socialdemocracia suramericana que armoniza democracia económica y social con democracia política. O si, manes del centrismo, se quiera nadar entre dos aguas: malabarismo que podrá durar la flor de una legislatura, mientras el Congreso pare con dolor las reformas más controversiales; mas llamado a naufragar, por incongruente, si se le fuerza como modelo permanente. Sabrá Santos que transitar los caminos de un liberalismo social es la opción que le queda para pasar a la historia. Que a la larga tendrá que escoger entre la vela que le enciende al pueblo humillado y aquella que les enciende a elites y tecnócratas que perdieron a Colombia y, no obstante, insisten en seguir mandando.
por Cristina de la Torre | Dic 12, 2010 | Diciembre 2010, Izquierda, Personajes
Lejos de las sectas de izquierda, de la guerrilla y de los partidos tradicionales, se dice parte de quienes “fuimos exilados en nuestra propia tierra” por la dura tenaza de las extremas. Hoy exaltado como segundo mejor concejal de Bogotá y miembro de la comisión que denunció la corrupción de su Gobierno, en Carlos Vicente de Roux brilla un hálito de rectitud que le ha hecho fama, y podría encumbrarlo a la alcaldía de la capital. A diferencia de Petro, él permanece en el Polo, según dice, para dar la batalla por una apertura de su partido hacia otros demócratas y por derrotar la venalidad que rodea a la Administración del Distrito.
Ernesto Samper, Carlos Pizarro y Noemí Sanín fueron sus compañeros de aula en la Universidad Javeriana. Un destino menos previsible le esperaba a él. Por rebelde y por dedicar tantas horas a la lectura de El Capital de Marx, salió expulsado del claustro católico. Aunque desoyó la invitación de Pizarro a ingresar en el M-19: “no tuve la suficiente dosis de coraje y de locura”, confiesa. Aterrizó en El Externado, donde se hizo abogado. Hombre de acción y de ideas, este caleño de finas maneras fue consejero presidencial para los Derechos Humanos en los gobiernos liberales de los años 90 y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora le espera batallar como minoría para devolverle al Polo la credibilidad perdida. Habrá de concitar sanción social y política contra quienes en su seno convirtieron la política en negocio particular.
Mas, para algunos, la denuncia se malogró; no ofreció pruebas. Caso contrario, hubiera dado lugar a la “refundación” del Polo. Pero De Roux no se sitúa en el terreno de los jueces sino en el de la acción ciudadana y el control político. La verdad, sostiene, es que la comisión demostró una elevada concentración de los contratos del Distrito en pocas manos; una agresiva avanzada hacia la contratación directa, a dedo, sin licitación; y la adjudicación de grandes paquetes de contratos a una red de sociedades entrelazadas y lideradas por Emilio Tapia, hombre de la cuerda de Iván Moreno. Según De Roux, las declaraciones de Nule robustecen todo el caudal probatorio ante los jueces penales. Por su parte, la comisión espera pronunciamientos políticos del Polo y de su comité de ética, en relación con los hermanos Moreno. “En Colombia, explica, la política se ha hiperpenalizado. El espacio de deliberación política sobre fenómenos de corrupción y violencia se cierra en favor de la justicia penal. Ya no hay sanción política del electorado sin condena judicial previa. Pero el control y la sanción no son sólo legales; son también políticos y sociales. Se equivocan las directivas del Polo: en vez de coger el toro por los cuernos, como lo hizo Lula cuando el PT se vio envuelto en escándalo parecido, sigue la política del avestruz de López Obrador en México, para dar al traste con su partido”.
P. Usted desdice de su pasado marxista?
D.R. Es imposible hacer política convirtiendo El Capital en libro sagrado. Además, el mundo ha cambiado. Y no todos los ensayos de socialismo resultaron edificantes. La izquierda que conocí en mi juventud era una constelación de sectas dogmáticas, capillas desconectadas de la gente y del país. Hasta cuando nació el Polo y, con él, la esperanza para la izquierda democrática. Una amplia alianza, madura, se medía en las grandes ligas. Pero traía el componente genético de la casa Rojas, que convirtió la política en negocio, hasta acabar con el partido.
P. ¿Hay en el Polo gente proclive a las FARC?
D.R. Casi todos los miembros del Partido Comunista se consagran a la acción política legal. Pero discrepo de su caracterización de las FARC. Demasiado benévola. No perciben el daño que la lucha armada le hace al país; ni que ella desquicia toda posibilidad de lucha democrática. Mi diferencia con ellos es ideológica. Claro, si hay allí quien auxilie a las FARC, deberá ser confrontado con las armas de la ley. En un partido pacífico como el Polo, eso es inadmisible”.
P. Con la cooptación de banderas de la oposición por Santos, ¿quedará la izquierda condenada a repetirse como colera del liberalismo?
D.R. En Colombia hay espacio para otras alternativas. Batido el monopolio de la lucha armada, podrá desarrollarse un centro-izquierda. Iniciativas de este Gobierno sobre Tierras y Víctimas –que debemos apoyar aunque sean perfectibles- sólo podrán coronar venciendo a la reacción que anida en la Unidad Nacional. Pero, además, este Gobierno se queda corto en asuntos cruciales. Para Bogotá, por ejemplo, preserva el modelo de expansión anárquica de la ciudad sobre la Sabana. Monstruo urbano que expulsa a los pobres hacia la periferia, dispara los costos en servicios públicos, agrede al medio ambiente y no ofrece equipamiento social e institucional. Es una ocupación del territorio discriminatoria, desordenada y antieconómica.
De Roux no quiere “convertir la lucha contra la corrupción en un recurso electoral”. Acaso no necesite hacerlo. Ya él parece encarnar el prototipo de dirigente que tantos colombianos buscan: la antípoda del político mendaz. Ave rara en nuestro medio.
por Cristina de la Torre | Dic 7, 2010 | Diciembre 2010, Educación, Modelo Económico
Sin abrir un libro, miles de estudiantes “ganaron” este año gracias al adefesio de la promoción automática. Más demagogia que innovación, la disposición que rige desde 2003 enmochila la exigencia académica, que es condición ineludible del aprendizaje y de la formación del carácter. Por ahorrarle al Estado costos en Educación mientras gasta 100 mil millones de dólares en Defensa en ocho años, la institucionalización de la vagancia es, entre otras, causa ominosa del bajísimo nivel de nuestros educandos. Obedece también al recurso engañoso de mostrar que aumenta el número de bachilleres y desaparece el de repitentes, así no aprendan nada. El fetiche de la cobertura (a expensas de la calidad) para impresionar a la galería. Mas no faltaría el efecto de demostración contrario, único: el Liceo Campo David, colegio del sur de Bogotá que acaba de ganar el primer puesto en las pruebas del Icfes, y cuyo lema es sentido de compromiso con la sociedad y elevado nivel forjado en la exigencia a sus estudiantes.
Refiere la educadora Maria Antonieta Cano que en directiva del 16 de noviembre la Ministra de Educación prohibió a secretarios de educación y docentes que algún estudiante perdiera el año escolar. La preocupación del Gobierno por la repitencia escolar, señala, responde en realidad a un problema económico: por cada niño que repita el año, el Estado debe reinvertir el valor del subsidio, 930 mil pesos. Se trataría de reducir la reprobación a su mínima expresión para ahorrar recursos, con independencia del resultado académico de los estudiantes y de la deplorable calidad educativa que resulta de la promoción automática. Explica que con el recorte del presupuesto de educación y de las transferencias de la Nación a los municipios para cubrir ese servicio, el ahorro por promoción automática compensaría la disminución de recursos al sector. Como si fuera poco y contrario al espíritu de la Constitución, el proyecto de estabilidad fiscal del Gobierno subordinaría el derecho a la educación a las posibilidades del presupuesto. Pero, eso sí, el fisco no tocará las ganancias astronómicas de los banqueros ni Hacienda volverá a barajar el presupuesto de modo que la Educación cobre dignidad. El médico Ramiro Arteta me escribe: “El desastre educativo en Colombia se debe a la aplicación de criterios financieros por encima de políticas de docencia para resolver los problemas de educación. Lo que guarda cierto paralelismo con el desastre de la salud que sobrevino con la Ley 100, en cuya virtud los criterios financieros tienen prioridad sobre los métodos de diagnóstico y tratamiento. Todo seguirá siendo un desastre de calidad, mientras sean los economistas quienes marquen las pautas a seguir en materia de educación y salud”.
Pero la Ministra Campo aduce también que la reprobación de los estudiantes puede obedecer, entre otros factores, a prácticas pedagógicas ineficientes. No le falta razón. Dígalo, si no, la excepción estelar del Liceo Campo David, donde se aprende, primero, jugando y después, enfrentando problemas que desafían toda la creatividad del alumno, y tareas permanentes. Mientras se privilegia el estudio de matemáticas, ciencias naturales e idiomas, en español se trabaja en comprensión, crítica y construcción de textos. Pero el rector, Henry Romero, aclara que hay también clases de ritmo y rumba; salidas al campo a sembrar árboles, y “a encontrarnos con nuestros orígenes”. Romero se duele de tantos planteles públicos que no son colegios sino “depósitos de niños”.
Insistencia en la promoción automática, tacañería presupuestal e indiferencia hacia un modelo pedagógíco mandado a recoger parecen destinar la Educación al último vagón de la llamada prosperidad democrática. Aquí, ni sombra de las audacias que en otros terrenos se abren paso.
por Cristina de la Torre | Nov 30, 2010 | Modelo Político, Noviembre 2010, Partidos, Uribismo
El divorcio entre Santos y Uribe podría adelantarse. Mas no será por puestos. Por vez primera en décadas, en la disolución de este vínculo pesarían más las ideas, los programas. Tras larga orfandad de debate ideológico, la envergadura del viraje que Santos ensaya y el principio que lo sustenta obran ahora como el elemento diferenciador. Desconciertan a los sectores más oscuros de su coalición, liderados por Uribe. Y los obliga a buscar en los viejos baúles de los abuelos hilachas de doctrina para salvar la partida con honor. Difícil. A la voz de restitución de tierras, de protección de la agricultura campesina en una revitalización del campo, grandes voces y puños se levantan contra el proyecto que, según algún columnista, “nos dejará a todos sumidos en un lodazal”. La reacción se acompaña del odio bíblico contra la mujer –el demonio- esta vez con el fin de reversar el aborto, subordinando la norma civil a la ley de Dios. Parece despabilarse el ave fénix de la controversia política que precedió a la hibernación de los partidos durante la patria boba del Frente Nacional. Y después de 1991, irrelevantes, desperdigados en una polvareda de empresas electorales, muchas financiadas por el narcotráfico. País anacrónico el nuestro, anclado en el dilema que los vecinos resolvieron hace marras y que a nosotros nos parece todavía novedad: democratización del campo y Estado laico versus latifundismo soberbio y teocracia.
Los de Santos y Uribe son talantes opuestos. Como que en el primero respira de nuevo la dignidad del cargo. Pero hay más, que es cosa de contrastes y rupturas. Aparte de lo dicho sobre víctimas y tierras, rescatar a Colombia de su aislamiento en Suramérica; prodigar respeto a las Cortes; negar la imposición de un fiscal amigo del ex presidente cuando se avecina el juicio de sus coequiperos; empezar a desmontar los regalos tributarios que aquel les hizo a los más ricos. Y ahora, una carga de dinamita que abrió honda grieta en esa alianza: la descalificación del Estado colombiano por Uribe quien, por salvar el pellejo, trocó en perseguidos de la justicia a los ejecutores de una conspiración de Estado urdida desde la entraña misma de su Gobierno. El asilo de la ex directora del DAS, promovido por Uribe, repetía el recurso aplicado con la extradición de los jefes paramilitares: desterrar la verdad.
Para El Espectador (23-11), las medidas de Santos traducen una línea más roja que azul; mientras el Partido Liberal y Cambio Radical proponen cambios programáticos, el Conservatismo y la U se limitan a resistirlos. Dos facciones de la Unidad Nacional, donde la confrontación de ideas reclama espacio. Enhorabuena. Sería el renacer de los partidos, sin los cuales la democracia es un chiste. Bienvenida la petición de parlamentarios conservadores al director de su partido para convocar un congreso ideológico que le dé a esa colectividad norte y programa; que la redima de su papel puramente contestatario.
Si la recomposición de fuerzas en la Unidad Nacional cobra vuelo ideológico, evocará, por analogía, al viejo bipartidismo. Pero será, en realidad, confluencia de las derechas liberal y conservadora alrededor del uribismo duro, por un lado; y, por el otro, convergencia del reformismo de origen liberal y conservador, en torno a Santos. Nótese que es el conservador Juan Camilo Restrepo quien apadrina los proyectos estelares de este Gobierno. No faltarán aquí liberales de la U que prefieran acompañar al príncipe en funciones. Si hay divorcio, podrían a la larga decantarse estos dos bloques en partidos, y volver a configurar un bipartidismo. Sería un avance. Pero insuficiente, si de democracia pluralista se trata. Faltaría, a gritos, la izquierda democrática que amenaza desaparecer, tras la puñalada letal que la corrupción del Gobierno de Bogotá le asestó al Polo.
por Cristina de la Torre | Nov 23, 2010 | Ciencia, Educación, Modelo Político, Noviembre 2010
De 37 años, él es científico, con post-doctorado en Estados Unidos y 23 publicaciones internacionales. La madre, faro de su vida, apenas inicia la primaria. Flor exótica de la Comuna Oriental de Medellín, Angel González dirige la Unidad de Micología Médica y Experimental de la Corporación para Investigaciones Biológicas de esa ciudad. Tesón y sacrificio del muchacho, y de esta mujer que hizo de su hijo la excepción a la regla. Porque la educación en Colombia, duele decirlo, es mala y discriminatoria. Aunque llegue a más colombianos. Se universaliza una escuela pobre para pobres, y se preserva el sistema de privilegios y oportunidades educativas para los más pudientes. Pero el rasero general descorazona: 45% de los colegios evaluados este año por el Icfes arrojaron bajo rendimiento en competencias básicas. En las últimas pruebas de PISA, Colombia fue el colero de América Latina en ciencias y matemáticas. Nuestras universidades ni siquiera se mencionan entre las 500 mejores del mundo.
El nuevo Gobierno se propondría mejorar la calidad. Se trataría, sobre todo, de orientar los contenidos hacia la innovación y la productividad. De armonizar la educación con el mundo del trabajo y con el llamado emprendimiento empresarial. Contempla la creación de 880 mil cupos para educación básica y superior, y 225 mil nuevos créditos educativos. Se destinaría 10% de las regalías a ciencia y tecnología. Dice la Ministra Campo que, a la búsqueda de calidad, se capacitaría a los docentes, de preferencia, en el Sena. Vaya, vaya. El Sena, dispensador de técnicas y oficios, como corazón del sistema educativo para adiestrar fuerza laboral en un país detenido en el atraso y sin perspectiva de industrialización. El politécnico. Sin vuelo científico ni humanístico. Para las mayorías.
Mas, para todos los niveles, ¿dónde queda el enfoque pedagógico? ¿Y los contenidos? ¿Qué enseñar y cómo enseñarlo de modo que no castre la imaginación y la inventiva? ¿Cómo dar el vuelco necesario, si educar –se dice- es enseñar a estudiar, a pensar, a interrogarse, a escribir, a criticar, a crear? ¿Cómo transmutar al profesor de déspota de “la verdad” en guía de inteligencias libres? ¿Y a los estudiantes, de receptáculo pasivo de dogmas, en hervidero de problemas que habrán de resolver? ¿Cómo lograr que los Angel González no sean una flor en el desierto?
En países como Colombia, la calidad de la educación no es el único dilema. También lo es la inequidad que la rodea. Universalizar la educación es garantizar que todos puedan acceder a ella, pero en condiciones de igualdad. Más allá de las diferencias de clase, que tienen su marca de origen: pobreza, discriminación, injusticia. El sistema educativo se resuelve en circuitos diferenciados. Como un sino, la escuela marcará desde la cuna la competitividad del profesional. Y entonces la meritocracia, mecanismo de selección de concursantes que compiten “en condiciones de igualdad”, es ficción. Ya los elegidos del destino se quedarían con los cupos y los puestos y las becas y los honores. La igualdad de condiciones, que es ideal de la democracia, principia por el goce general de una educación de calidad. Para que en el desierto proliferen los oasis. Es hora de moderar la obsesión de la cobertura, y trazar verdaderos derroteros de calidad en la educación: en los colegios, en el Sena, en la Universidad. No sea que se repita aquí lo sucedido en el sistema de salud: muchos beneficiarios y cero calidad.
“”””””””””
En carta a El Espectador (17-XI), Bernardo Congote (cuyos escritos respeto) se queja, con razón, de que en mi pasada columna apareciera incompleta la referencia bibliográfica de expresiones tomadas de Gonzalo Sánchez. El texto consultado es el prólogo al libro “La tierra en disputa”.
por Cristina de la Torre | Nov 16, 2010 | Movimiento social, Noviembre 2010, Política agraria
En los años 60 y 70, recuperar tierras era actividad tolerada como parte de la democratización que la Violencia había ahogado en sangre. En la academia, entre funcionarios oficiales, en los partidos el problema agrario ocupaba lugar de privilegio. Liberales y conservadores de avanzada cortejaban la ocupación de tierras, recuerda Gonzalo Sánchez, Director de Memoria Histórica en la Comisión Nacional de Reparación. Hoy no se habla, como entonces, de ocupar predios o redistribuirlos sino de devolvérselos a sus dueños. Y, sin embargo, hay quienes le atribuyen a la ley de Víctimas, instrumento de la restitución, la malévola intención de “revivir” una guerra civil imaginaria. Pero aquí guerra civil no hubo y sí, en cambio, sucesos más tortuosos: una campaña criminal de narcotraficantes por el control del territorio, condición necesaria del negocio de la droga. Su brutalidad vino a descubrirse en los cientos de fosas comunes de campesinos que no alcanzaban a huir a las ciudades. Narcos devenidos terratenientes -en manguala con políticos, gamonales, funcionarios y militares- despejaban de población los territorios donde operaban sus centros de aprovisionamiento, cristalizaderos químicos y corredores para el transporte de la droga. Cruda rapiña armada.
Dos procesos paralelos habían conspirado contra la lucha por la tierra: el látigo del Estado, y la pretensión de las guerrillas de subordinar a sus delirios el movimiento campesino. Resultado, éste ingresó en la nómina de actividades subversivas. Hacia finales de los 70, había sido virtualmente ilegalizado. Y en los últimos años, dondequiera que amagó, se le dio trato de terrorista.
A ello contribuyó el deslizamiento subrepticio de insurgentes en alguna marcha campesina para escudarse de los operativos del ejército (¡). Y el ansia de las guerrillas por medrar en el movimiento, que sólo fructificó –a medias- entre colonos perdidos en la lejanía. En la creencia de que Colombia estaba a punto para una insurrección armada, el Epl puso sus ojos también en el proletariado rural. Incursionó en los sindicatos bananeros de Urabá para disputárselos a bala con las Farc. Sobre los trabajadores recayó la peor parte de este arrebato demencial. Manes de la combinación de formas de lucha, que siempre terminaba sacrificando incautos mientras los responsables huían heroicamente con sus fierros monte adentro.
Si efímero, el “entrismo” del Epl en el movimiento campesino terminó por justificar la violencia que se ensañó contra él. Poblaciones enteras fueron blanco de operativos contrainsurgentes. La criminalización de la protesta campesina legitimó después la embestida paramilitar, que combinó violencia selectiva (asesinato de dirigentes) con violencia masiva (masacres, despojo y desplazamiento). Para Rosmy Rojas, actual Presidente de Anuc en Córdoba y miembro de su Junta Nacional, “las guerrillas le hicieron un daño enorme al movimiento campesino”.
La Costa Atlántica fue a la vez epicentro de las luchas de Anuc y cuna del proyecto político-militar que quiso “refundar” la patria, pasando sobre el cadáver de la organización campesina y la reversión de las parcelaciones habidas desde los años 60. El proyecto fue, recuerda Sánchez, “punta de lanza de uno de los grandes monstruos de la violencia contemporánea en el país, el paramilitarismo y su expresión política, la parapolítica”. Agrega que el problema de la tierra no se asocia hoy a la reforma agraria sino a la dimensión monumental del despojo. Que sin movimiento campesino, no habrá restitución de tierras.
Tanto se retrocedió en las últimas décadas, que hoy la tierra no suscita controversia entre izquierda y derecha sino entre un liberalismo genuino y una derecha extremista. Tan mal venimos, que el solo restituir es ya una revolución.
por Cristina de la Torre | Nov 9, 2010 | Movimiento social, Noviembre 2010, Política agraria
Sorpresa, don Berna y el Alacrán ofrecen devolver 45 mil hectáreas. El Ministro Restrepo adivina en algún enemigo de la restitución de tierras una “vaga amenaza para debilitar la voluntad del Gobierno en defensa de las víctimas del despojo organizado por los señores de la guerra, que se volvieron los señores de la tierra”. Ablandamiento de unos. Férrea determinación del Gobierno. Sí, pero aquí falta un elemento crucial: el apoyo organizado del campesinado. Destinatarios de las reformas en ciernes, los campesinos serían su aliado natural y fuerza de presión incontrastable para acometerlas. Como lo fueron en tiempos de la ANUC. Hasta cuando el gigantesco movimiento agrario de los años 70 fue derrotado por los terratenientes, la Fuerza Pública y el gobierno de Misael Pastrana. Y terminó en los 80 infiltrado por las guerrillas, pretexto providencial que redobló la brutalidad del latifundismo contra los campesinos. Guerrilla contra la cual habrán de precaverse hoy, celosamente, no sea que a las FARC les de por barnizar sus vergüenzas fingiéndose amigas de la justicia en el campo.
Con sus luces y sus sombras, la experiencia de ANUC resulta aleccionadora. La asociación de usuarios campesinos fue creada por el Gobierno de Carlos Lleras como base de apoyo social de los directamente interesados en la reforma agraria. Ante el poder hacendario, Lleras decidió saltarse las redes clientelistas de los partidos; y ejecutar la reforma con el campesinado, sin intermediarios. Aunque nació arriba, la ANUC se construyó desde abajo: era una organización de alcance nacional; heterogénea, pues integraba a toda la diversidad del campo; a su legitimidad institucional sumaba la que le otorgaba un sistema de representación democrático.
En los años 70 prohijó un movimiento orgánico de lucha por la tierra que se resolvió en la recuperación de centenares de latifundios. Si encendido el discurso, sus demandas se ceñían a una divisa reformista. El Primer Congreso declaró que la solución a los problemas campesinos no estaba en la lucha de clases sino en la lucha pacífica contra el atraso y la marginalidad. Hervía en los campesinos el anhelo de ser propietarios, no “sirvientes de los ricos”.
En los 80, ya derrotado y dividido, el movimiento degeneró en movilizaciones dispersas, a veces salpicadas de guerrilleros del EPL o del ELN. Mientras el ala radical de ANUC languidecía, la oficialista tornaba al clientelismo. Los labriegos de la Costa que habían conquistado sus tierras en la década del 70, las perderían en los años 90. El narcotráfico y sus ejércitos se hacían terratenientes y cerraban filas con el gamonalismo regional. Escribe León Zamosc que la amenaza de una convergencia entre guerrilla y movimiento social creó el caldo de cultivo ideal para que caciques políticos, terratenientes, narcotraficantes y militares se articularan en torno a un proyecto común. Mientras la guerrilla secuestraba, extorsionaba y asesinaba, intentaba acaballarse sobre la lucha campesina. Y, claro, el paramilitarismo sembró el terror allí donde se había recuperado tierra. Entonces fue la guerra. Y el despojo. Daño inmenso le causó la guerrilla al movimiento campesino.
Más de uno se asusta hoy a la voz de organización campesina. Los poderes consagrados, porque saben que, cohesionados, los campesinos pueden ser un aliado formidable del Gobierno en este trace. Algunos demócratas desavisados, porque les dijeron que quien discuta los valores de tradición, familia y propiedad es terrorista. Mas no el Vicepresidente Garzón. Al parecer, él propone trabajar con la organización que ya existe, en vez de inventarse otra ANUC. Esta necesitará el respaldo de toda la sociedad, para que no le caigan los buitres de la guerrilla y las Aguilas Negras.
por Cristina de la Torre | Nov 2, 2010 | Conflicto interno, Izquierda, Noviembre 2010, Partidos
No es Petro quien quiere matar al Polo. En su trasegar suicida, el destape de la corrupción en el Gobierno de Bogotá parece anunciar el último resuello de la oposición. La izquierda democrática terminaría sacrificada en el altar de la retardataria y corrompida Anapo y su ayuda de cámara, el Moir. Este aire enrarecido que invade la ciudad es apenas epílogo de una prolongada autoflagelación del Polo como alternativa de oposición recta y verosímil. Desde el parto comenzó el suicidio. No bien nació, se creyó partido, siendo sólo coalición de fuerzas distintas. Pero esta camisa de fuerza ignoró además abismos insalvables entre el turbio legado del rojaspinillismo y la izquierda moderna. Un matrimonio que nunca debió ser, pues ninguna afinidad los acercaba. Populismo de derecha y estalinismo terminaron asociados en el propósito de ahogar a la corriente democrática del Polo. La alianza se extendió al uribismo en el Concejo y en los negocios de Bogotá, para arrojar una montaña de indicios probatorios de corrupción que la justicia investiga. Ya la ceguera de sus sectas le había infligido al Polo un golpe de muerte, cuando se marginó de los ocho millones de colombianos que se lanzaron a las calles contra el asesinato de 12 diputados del Valle por las FARC.
Ahora Avellaneda, senador del Polo, inculpa a Iván Moreno de enriquecerse con los contratos de Bogotá y, a su hermano, el Alcalde, de ser el responsable por acción o por omisión. Moreno responde que el denunciante y sus colegas, Petro y De Roux, quieren matar al Polo. Su Comité Ejecutivo en pleno – manipulado y despótico- rodea al Alcalde y acusa a los acusadores de complotar con la extrema derecha contra él. ¿Complot sería también la quiebra de Bucaramanga a resultas de la alcaldía de Iván Moreno? ¿Complot, los escándalos de corrupción que rodearon esa administración? Y el incendio de la alcaldía con todos los contratos, ¿fue caso fortuito o provocado? Denuncia Petro que el 70% de la contratación para movilidad en Bogotá quedó en manos de cinco grupos. Que una gruesa porción de los contratos se entregó sin licitación. Que dos supuestos amigos y socios de los Moreno, Julio Gómez y Emilio Tapia, recibieron contratos por 173 mil millones. Parte de los anticipos de los contratos de obras, dice, terminan pagando comisiones: “es el costo de la corrupción, pues esos dineros no se aplican a las obras”.
Miguel Nule revela que Julio Gómez y Emilio Tapia le pidieron una comisión del 6% sobre dos contratos de vías con destino a Iván Moreno. Según la revista Dinero, Colombia pide levantar el secreto bancario para establecer si la firma Geos Investment recibió 30 millones de dólares que se habrían pagado en comisiones por contratos de Bogotá. Y para conocer el origen de fondos que Moreno hubiera movido desde sus cuentas en Islas Vírgenes. El representante de Geos en Miami es Emilio Tapia, amigo, contratista y gran elector de Moreno en Sahagún. Y Luis Alfredo Baena, negociante colocado por su amigo lván en la administración del Distrito, figura como socio de las mismas firmas radicadas por el senador en aquel paraíso fiscal. Dinero reconstruye la apretada telaraña de contratistas de la Alcaldía que serían amigos o socios de Iván Moreno, mientras su hermano, el Alcalde, le nombra los enlaces en la administración del Distrito. Todo queda en familia.
Si el Polo no sanciona a sus corruptos, desaparece como opción de cambio. Termina bifurcado entre el amorío de la casa Moreno-Rojas y el Moir, de un lado; y, del otro, la izquierda democrática que se apoya sobre una base sustantiva de la organización y sólido respaldo de opinión. Destino del PC sería, tal vez, la solitaria tozudez de sus homólogos del mundo, fósiles de la política. Por lo visto, no habría asesinato del Polo sino suicidio.
por Cristina de la Torre | Oct 26, 2010 | Modelo Político, Octubre 2010, Política agraria
Como si no hubiera sido precisamente el latifundismo el más cruel entre los protagonistas de la Violencia con que se respondió a la reforma agraria de López Pumarejo; como si los terratenientes del Valle y de la Sabana de Bogotá no hubieran amenazado con armarle a Carlos Lleras una guerra civil cuando éste les meneó el Incora en los 60; como si el agreste notablato rural de la Costa no hubiera asestado el golpe de gracia que terminó por enterrar la reforma en Chicoral; como si la motosierra no fuera prolongación de aquella máquina infernal, Fernando Londoño tritura la realidad para acomodarla a su verdad (El Tiempo, 10-21). Ahora resulta que las leyes de Víctimas y de Tierras se proponen “volver atrás y cobrar cuentas viejas… (Son) el mandato legal del odio, de la revancha”. Si de aquel pasado se tratara, flaco favor le haría a su argumento. Por otra parte, a leguas del odio y la revancha, estas iniciativas buscan paliar las consecuencias del conflicto armado, según el Ministro Restrepo. La restitución de tierras sería el paso inicial de una ambiciosa política para ordenar la propiedad rural y optimizar el uso del suelo. Ni regalo a sus legítimos dueños, ni atentado contra el sacrosanto “derecho” de sus usurpadores. Sería “el pago de una deuda insoluta con los campesinos despojados de su tierra por medio de la violencia organizada”. Saldada la deuda con los campesinos, el Gobierno emprendería una reforma que embarcara a campesinos y empresarios en el “gran salto adelante” del desarrollo rural. Ha repetido de mil maneras que no habrá cacería de brujas, que la reparación a las víctimas no tiene color político, que su meta es la paz. Y ya arrancó, con un plan de choque que principia con la devolución de 320 mil hectáreas en el próximo semestre.
Pero Londoño escribe que la ley de Víctimas traerá caos y “una violencia nueva, movida por los aspirantes a dueños reparados y respondida por los que sienten suya, legítimamente suya, la empresa que no quieren cambiar por TES”. ¿Se hace eco Londoño de los intereses tenebrosos de quienes se apropiaron los fundos a sangre y fuego? ¿Eco de la bipartidista APEN y su órgano ideológico, La Razón, que en cabeza de Juan Lozano y Lozano instigaba a la violencia contra el campesinado que pedía tierra en tiempos de la Revolución en Marcha? ¿Eco del grupo de choque llamado Centro de Acción Conservadora que se alzó contra las reformas del 36 y se proclamó vanguardia de las derechas colombianas, católicas y reaccionarias?
La escalada mayor del despojo tuvo lugar en los últimos 20 años. Y es en este período donde el Gobierno concentrará su acción. En él, la cifra de muertos a causa del conflicto asciende a 163 mil. Razón poderosa para resarcir a los dolientes de tanto baleado y descuartizado y masacrado y desaparecido, que se quedaron sin los suyos y sin el terruño. Razón poderosa para forjar una alianza entre el Estado y los campesinos, como lo propone Absalón Machado, para defenderse de los enemigos visibles e invisibles de la democratización del campo, con instituciones y mecanismos capaces de suprimir el gamonalismo y los ejércitos ilegales. Voceros de las víctimas se ofrecieron en foro de Semana a concertar con empresarios del campo una devolución pacífica y legal de tierras. Cármen Palencia pidió solidarizarse con el Presidente, fortalecer la organización del campesinado y derrotar el miedo.
Dijo el Primer Mandatario que comprometía su alma en el empeño de devolver a las víctimas su tierra. Después de tantos años y de tanta sangre, las primeras medidas indican que se pasa de las palabras a los hechos. Pueda ser que los apologistas de la guerra desechen para siempre las viejas convocatorias de Laureano a la acción intrépida, al atentado personal, a “hacer invivible la República”.
por Cristina de la Torre | Oct 19, 2010 | Octubre 2010, Política económica
Con excepciones honrosas como la de Horacio Serpa, Gobernador de Santander que en defensa de las regalías regionales ofrece rendir cuentas de lo suyo y pide cárcel para los corruptos, no son gobernantes de provincia y sus compinches de la motosierra los únicos usurpadores de estos recursos. También las multinacionales mineras han hecho su agosto, gracias a la sospechosa inacción de Ingeominas, el organismo designado para fiscalizarlas. Y al mutismo de la Contraloría, cuyos secretos vino a desenterrar la nueva titular de la entidad, Sandra Morelli. No contentas con las gabelas de fábula que el gobierno saliente les concedió, esas firmas sacan robustas tajadas de los impuestos y regalías que deben pagarle a Colombia. Navegando en la cresta mundial del “superciclo” minero que ahora se vuelca sobre las reservas del Tercer Mundo, acaso vuelve a animarlas el caduco derecho natural en virtud del cual los recursos naturales de la tierra (y, claro, del subsuelo) no pertenecen a Estado o nación alguna sino a la humanidad entera. El Primer Mundo se sintió la humanidad entera. Y a la luz de aquel faro floreció el colonialismo que le exprimió a la famélica África hasta el último gramo de riqueza, hasta la última gota de sangre. Menos sufrió América Latina, pero también sufrió. A medias por la amenaza o la invasión, a medias por la testa humillada de sus elites.
La desidia de Colombia para fiscalizar a las multinacionales del sector se trocó en parálisis desde 2004, cuando Ingeominas asumió como autoridad minera. Según el representante David Barguil, la entidad no las vigila, no verifica su información contable y tributaria, no hace auditoría a sus contratos de explotación ni somete a las compañías a control de aduanas a la hora de exportar. Se limita a aceptar, acto de fe, las autoliquidaciones de regalías e impuestos que ellas presentan. Ingeominas nunca creó los mecanismos de seguimiento, fiscalización y control para verificar producción y costos, base de cálculo de los tributos al Estado. La Contraloría identificó cinco posibles detrimentos fiscales relacionados con la liquidación de regalías por la Drumont y Cerro Matoso, por un monto de 284 mil millones. Para explotar nuestro níquel recibió la primera beneficios tributarios por 920 mil millones entre 1995 y 2007. Por regalías, sólo pagó 283 mil millones en el mismo período. Si Cerro Matoso dejó de pagar 24 mil millones entre 2004 y 2008 por su explotación en Montelíbano, Córdoba, ya podrá inferirse cuánto se birló en los 21 años anteriores, desde 1982, cuando inició trabajos.
Si en predios del carbón y el níquel llueve, en los del oro no escampa. Un incremento astronómico en los precios del dorado metal, las exorbitantes exenciones que el gobierno anterior concedió a las multinacionales del ramo, la facilidad con que concedía explotaciones y la no menos atractiva oportunidad de lavar activos por este medio han despertado una fiebre que amenaza desplazar al narcotráfico a un segundo lugar en la economía ilegal. En los últimos seis años se cuadruplicaron los títulos mineros. Dice La Silla Vacía que el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República calculan en 3.5 billones las regalías que el Estado dejó de recibir en el último año. Si para 2010 y 2011 se esperan regalías por 18 billones, ¿a cuánto ascenderá lo no pagado?
Ha dicho el Presidente que la ley de regalías busca redistribuirlas en beneficio de todos y no de pocos. Que atacará la corrupción que ha rodeado su manejo en las regiones. Pero engavetó su propuesta de campaña enderezada a lograr que los delitos contra el erario no prescribieran. Tampoco ha dicho esta boca es mía frente a la desfachatez de multinacionales que ven –con razón- en nuestra “confianza inversionista” el alma del esclavo.
