por Cristina de la Torre | Oct 12, 2010 | Modelo Político, Octubre 2010
No se sorprenda, amable lector, si de pronto irrumpen en la Plaza de Bolívar columnas de descamisados que marchaban desde Casanare y Arauca y Cesar y la Guajira, el puño en alto contra un centralismo que querría expropiar a sus regiones. Lugareños cada día más pobres hincharán, no obstante, el coro de las mafias políticas que los gobiernan y claman contra una redistribución de regalías que, según ellos, aniquila la descentralización. Mas, sin planes de desarrollo regional, sin sentido de equidad y sin controles, tal descentralización derivó en la más lucrativa demagogia. En contravía del verbo repartir y por encima del interés general, una minoría de municipios acapara las regalías, beneficio de las riquezas del subsuelo que por norma de la Constitución pertenecen a toda la nación. Ocho billones por ese concepto se esfumaron el año pasado entre vericuetos y papeles y contratos de las alcaldías y gobernaciones agraciadas, y sus amigos armados o desarmados. Lo que quedó, lo dilapidaron en construcciones faraónicas e inútiles: en centrales de leche donde no había ganado o en acueductos de 18 mil millones sin agua, como en Barrancas, Guajira. Mientras tanto, su gente desfallece en la pobreza. A pesar de las regalías billonarias que la Guajira recibe, este departamento bate la marca nacional de indigencia y mortalidad infantil. Un estudio del Externado demuestra que en dos décadas los ingresos de ese Departamento aumentaron 10.4 veces, pero la población que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas aumentó tres veces y media. El fenómeno se repite en Arauca (Saudita), donde también el ELN sacó tajada de los 3 billones 387 mil millones que a junio había recibido por regalías ese Departamento.
El Gobierno propone redistribuir esos recursos equitativamente. Y, a la luz del ordenamiento territorial, apuntar a otros objetivos estratégicos: invertir en ciencia y tecnología, impulsar el desarrollo en zonas costaneras y de frontera, financiar proyectos regionales de desarrollo mediante Consejos Regionales de Planeación. Con todo, hay en el proyecto una laguna colosal: no contempla mecanismos efectivos de control sobre el manejo de las regalías. Si corrupción e ineficiencia hay en provincia, también ellas campean en el poder central. No por entregarle al Gobierno nacional la administración de esos recursos desaparecen los tentáculos de la corrupción que succionan todas las finanzas del Estado.
Por otra parte, si de llenar el hueco fiscal se trata, más valdría comenzar por desmontar las exenciones tributarias a las grandes empresas, cuyo monto ascendió el año pasado a 8 billones de pesos. El representante David Barguil denuncia que carboneras que el año pasado debían pagar 1.2 billones lograron exenciones por 900 mil millones. Pero además estas empresas le hacen trampa al Estado colombiano. La Contralora Sandra Morelli encontró un desfase de 23 mil millones en el pago de regalías de la BHP Billiton. Barguil declaró a Semana que “esta es la punta del iceberg de un aberrante caso de corrupción en el que pueden estar refundidos miles de millones en regalías y en impuestos…” Si en este caso se impone mano firme, habría que revisar a fondo la política frente a la inversión extranjera. Es que Colombia recibe de las compañías petroleras las regalías más bajas del mundo: 8%. Encima, se quedan ellas hasta con el 92% del recurso, y se les permite remesar todas las utilidades.
Sin activar todos los dispositivos de control -en el poder local y en el central- el trascendental proyecto de regalías no logrará corregirle el caminado a la descentralización, ni superar la desigualdad entre regiones. Y entonces los elegidos de la fortuna, en trance de reelección, podrán decir que el pueblo salvó a la patria de las fauces del centralismo.
por Cristina de la Torre | Oct 5, 2010 | Internacional, Octubre 2010, Personajes
Mientras en Colombia el latifundismo pensaría reactivar su guerra centenaria contra el reformismo liberal que Santos ha desempolvado, en Brasil, puntal del orden que se abre paso en América Latina, la disputa discurre entre propuestas de industrialización y desarrollo para apurar el salto de ese país a quinta potencia del mundo. Si aquí un liberalismo avanzado nos resulta panacea, en Brasil el conservadurismo ultramontano es hoy apenas eco del pasado. Más aun, los cariocas desbordaron hace rato la anacrónica disputa entre capitalismo y comunismo, para actualizar la versión criolla del Estado de bienestar europeo. Modernizando el modelo de la CEPAL que Brasil supo preservar, armonizaron crecimiento con redistribución e integración a la economía mundial. Dilma Rousseff, cerebro económico del Gobierno de Lula, limó el acoplamiento entre Estado y mercado, a menudo gestado en el muñequeo con empresarios y trabajadores cuando de negociar políticas económicas se trataba. Ex guerrillera torturada durante meses por la dictadura cuando iniciaba su condena de tres años de cárcel, con el marchitamiento de los militares Rousseff evolucionó hacia el socialismo democrático, que deposita en el Estado la dirección del desarrollo sin sacrificar las libertades económicas.
Lula catapultó el crecimiento mediante copiosas exportaciones a mercados nuevos, y dándole a la mitad de los brasileños capacidad de compra de sus propias manufacturas y alimentos. Rescató de la pobreza a 30 millones de personas y creó 14 millones de empleos. Los índices de desigualdad no bajaron sensiblemente, pero ahora se registran en niveles de vida superiores. La industrialización se disparó. Su industria automotriz es totalmente integrada y propia. Brasil produce barcos y aviones y computadores y todas las líneas de la petroquímica. Petrobrás acaba de hacer la mayor emisión de acciones en el mundo, por valor de 74 mil millones de dólares, que vendió en media hora.
Ciencia y tecnología han jugado el papel del rey, como en Corea: Brasil sacó la investigación de las aulas académicas y la metió en las fábricas. Y en las haciendas. Ya en 1973, cuando el país era todavía importador neto de alimentos, el Gobierno creó el primer centro de investigaciones agrícolas. En los seis primeros meses había enviado 1.200 profesionales a especializarse en el exterior. A su regreso, adaptaron ellos variedades agrícolas y pecuarias que redundaron en una verdadera revolución verde, pues en tres décadas la producción creció 150%. Cambiaron el latifundio improductivo por explotaciones modernas de agrocombustibles, sin afectar otros sectores de agroindustria ni la economía campesina. Brasil es hoy el mayor exportador de café, azúcar, carnes y etanol.
Un sano nacionalismo desempeñó también su papel. Si bien Lula prolongó las medidas de su antecesor, Cardoso, para controlar la inflación, pronto se negó a aplicar las medidas de choque que el FMI impuso en el resto del continente. Cuando la IBM le ofreció montar en Brasil su casa matriz, Lula la despachó con un “no, gracias, nosotros producimos los computadores”. Y a Bush le condicionó la firma de un TLC a que Estados Unidos suprimíera los subsidios a sus agricultores. No hubo acuerdo. Dilma Rousseff se muestra orgullosa de haber “renacionalizado” la industria petrolera. Sin los aspavientos de Chávez, Brasil ha sabido preservar para sí los mayores beneficios, sin alienar la asociación con terceros.
Aunque reconoció que el grupo guerrillero en el que militó “hizo tonterías”, Rousseff dijo sentirse orgullosa “de haber tenido la valentía de querer un país mejor”. Ahora lo es. A ello contribuyó su paso por la vida y por el poder. Pero, sobre todo, que Brasil no sufriera ya del latifundismo virulento que padecemos aquí.
por Cristina de la Torre | Sep 28, 2010 | Actores del conflicto armado, Modelo Político, Septiembre 2010
La caída del siniestro Jojoy en acción sin precedentes que destruyó el pivote militar y financiero de las FARC no sería una victoria más en la saga de la guerra. Pertenecería al componente bélico de la nueva estrategia de seguridad, que introduce políticas de desarrollo social y económico allí donde la fuerza pública ha recuperado territorio por las armas; y en toda la periferia, donde la pobreza y el abandono del Estado les abrieron las puertas a guerrillas y paramilitares. Visión integral donde la ley de tierras se perfila como núcleo de la llamada Consolidación, esta reorientación marcaría un salto adelante en materia de seguridad, pues no se limita ya a lidiar con las FARC. No parece casual que el ataque al búnker de Jojoy sucediera como epílogo a dos “pactos por la prosperidad” del Presidente Santos, uno en San Vicente del Caguán y otro en La Macarena, para coordinar políticas de desarrollo con sus autoridades locales. Estos municipios, a dos pasos de la guarida de marras, han sido emblema de los dominios de las FARC en la región y hoy son cabecera de la principal zona de Consolidación en el país. En el Cañón de las Hermosas, verbigracia, refugio de “Alfonso Cano”, despunta otro Plan de Consolidación que a la fecha acumula 261 mil millones de inversión. Se quiere acompasar la acción militar del Estado con una política social enderezada a salvaguardar población y territorio del control eventual de la guerrilla. Pero, incipiente todavía, apenas desborda los logros anteriores de la Consolidación, circunscritos a fortalecer la inteligencia y las redes de informantes.
Por eso sorprenden las declaraciones de Sergio Jaramillo (El Espectador 09-20), ex viceministro de Defensa y designado Coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, pues sugieren que el cambio de enfoque es sustancial, y ambicioso el propósito. En su sentir, la solución del conflicto depende de redefinir la política de Consolidación. Se trata de llevar las instituciones del Estado y el desarrollo a todas las regiones del país. Comenzando por las ya recuperadas militarmente. Un desafío monumental, dice, a la vista de políticas como la de regalías, la de fronteras o la de restitución de tierras, que demanda garantía de vida y trabajo para los campesinos asentados en su terruño. Lograr las reformas que el Gobierno se propone supone sentar a una misma mesa a todos los ministros involucrados en planes que requieren una visión integral, a la vez militar, económica, social y de justicia. Se trata de darle coherencia a la acción toda del Gobierno. En el entendido de que desde los logros alcanzados por la seguridad, hay que enfrentar ahora retos más complejos: consolidar no significaría apenas debilitar a la guerrilla para obligarla a negociar. Con independencia de las FARC, concluye Jaramillo, el Estado tiene que recuperar los territorios cooptados por los violentos y enrutarlos hacia la prosperidad.
¿Sueña el Gobierno? Tal vez no. A lo menos su entereza reformista así lo sugiere. Pero surgen preguntas: sin un plan de desarrollo que le ofrezca divisa estratégica al país, ¿cómo integrar políticas diversas hacia un fin coherente? ¿Cómo lograr que acciones sociales en zonas de conflicto salten de paliativos de ocasión a planes regionales de desarrollo inscritos en el reordenamiento del territorio? Que las FARC derivaran en banda de criminales no niega su origen como alzamiento por la tierra cuando en Colombia se negaba la reforma agraria que se regaba por el continente. Ni niega las inequidades que persisten en el campo. Si, como parece, el Gobierno le concede lugar de privilegio a la tierra en su concepción de seguridad, ¿cómo armonizará las reformas del agro con el TLC que Santos acaba de reclamarle a Estados Unidos en el Washington Post?
por Cristina de la Torre | Sep 21, 2010 | Régimen político, Septiembre 2010, Uribismo
Aprendiz de artes escénicas, José Obdulio salta ahora al proscenio disfrazado de paloma. Fingiéndose demócrata, gorjea anacronismos de la Guerra Fría contra la izquierda y se proclama liberal. Pero a poco va perdiendo su plumaje hasta desnudarse como heraldo de la derecha. ¿Aliento último del uribato? No. Admonición anticipada del mandatario que arrastró a Colombia hasta la frontera de la dictadura y liderará la oposición a las reformas de Santos. Propagandista de oficio, en su última columna de El Tiempo (15-09) Gaviria invierte con exactitud matemática todos los factores que forjaron un período nefando de nuestra historia, pretendiendo demostrar, contra toda evidencia, que el de Uribe fue un régimen libérrimo. Ahora resulta defensor de la libertad de expresión, de la oposición, de la competencia política y enemigo del unanimismo. Tampoco dizque comulga con el autoritarismo del marxismo que erige gobiernos hegemónicos, de partido único, que liquidan a los contradictores y criminalizan a la oposición. Si se hubiera propuesto la autocrítica, no lo habría hecho mejor. Olvida que a todo librepensador se le asimilaba a terrorista, Corte Suprema comprendida, cuando ella se dio a juzgar prosélitos del Gobierno asociados con el crimen. Y olvida que la otra cara de los totalitarismos marxistas es la de las dictaduras fascistas, algunos de cuyos rasgos se ensayaron aquí. El propio Vicepresidente Garzón declaró que la conspiración del DAS respondía a prácticas fascistas.
Pero luego, como arrepentido de sus coqueteos con la democracia, apunta precisamente contra políticas del nuevo Gobierno enderezadas a restablecerla. Contrario a la paz, denosta del lenguaje “melifluo” que propiciaría el diálogo para acabar la guerra y reordenar el gasto público. Es que en ocho años el gasto militar superó los cien mil millones de dólares. Y, sin embargo, 15 mil guerrilleros y 8 mil miembros de bandas criminales siguen en armas. Vaya seguridad democrática. Tampoco le gusta la Unión Nacional porque “se hace eco del discurso sobre la ilegitimidad de la propiedad rural, dizque arrebatada a las malas a 3,5 millones de campesinos”. Gaviria será el único en negar que, después de Sudán, Colombia ofrece el mayor índice de despojo de tierras en el mundo, como lo señala el Ministro Restrepo. El IGAC informa que apenas el 0.06% de propietarios son dueños del 53% de los predios rurales. Acción Social registró un salto de desplazados de algo más de 300 mil en 2002 a más de 3 millones 300 mil en 2009. Las investigaciones de Memoria Histórica que Gonzalo Sánchez dirige reconstruyen el horror que subyace a la “legitimidad sin mácula” de nuestra propiedad rural. María Victoria Uribe, coautora del trabajo con Álvaro Camacho y otros, revela en reportaje de Juanita León para Lasillavacía que el conflicto paramilitar arroja 2.500 masacres, casi todas contra civiles inermes, usadas para producir terror y desplazar.
Remata Gaviria criticando el exceso de celo que se ponga en conjurar los falsos positivos (práctica de espanto sin paralelo en nuestras dictaduras tropicales); el plan de desmantelar la inteligencia del Estado (involucrado como anda él mismo en el escándalo del DAS); y la que denomina persecución político-judicial contra funcionarios que fueron de Uribe (casi todos implicados en su reelección fraudulenta). Balance desapacible del modelo que Gaviria pretende vendernos hoy como ejemplar. Pero no inhibe al viejo régimen para aprestarse al combate contra el reformismo, bien apertrechado como quedó en el Congreso, en la burocracia oficial y en más de una cadena informativa. José Obdulio sabrá que el paramilitarismo, brazo armado de gamonales, latifundistas y mafiosos, convirtió en realidad el sueño imposible de la insurgencia marxista: la toma del Estado por las armas.
por Cristina de la Torre | Sep 14, 2010 | Corrupción, Iglesias, Septiembre 2010
La libertad de cultos le llegó a Colombia con una libertad incontrolada de abusos que cientos de pastores y guías espirituales cometen contra sus fieles, en nombre de Dios. Al recrudecimiento de la simonía, compra-venta de bienes espirituales, responde un proyecto de ley que cursa en el Congreso para contener esta epidemia que les hurta a los devotos sus haberes. En 20 años de pluralismo religioso se han constituido 1490 iglesias y sectas, con personería jurídica pero sin control ni vigilancia del Estado sobre el origen y el movimiento de sus finanzas. Resultado, cualquiera puede fundar una iglesia, negocio redondo, que cosecha en el renacer de la religiosidad, en la fe de carbonero de los afligidos. El estudiado patetismo de tanto ministro cristiano que invade las pantallas de televisión doblega los espíritus de una audiencia que busca consuelo en la religión y termina por creer que la voluntad del pastor es mandato divino. Ignoran, inocentes, que esa voluntad apunta muchas veces a desplumarlos.
El representante Pablo Salamanca propone incorporar en el código penal el delito de “constreñimiento religioso” para mandar a la cárcel a quienes, abusando de su condición de guías espirituales y manipulando sentimientos religiosos, inducen o fuerzan a sus ovejas a entregarles ingresos y bienes. De sobra se conocen las prácticas de estos pastores-impostores (que no lo son todos) para esquilmar a la feligresía, previo ablandamiento por acoso sicológico, moral y emocional. Salamanca cita el caso del ex senador y pastor de la iglesia Bethesda, Jorge Enrique Gómez, denunciado por supuesto incumplimiento en el pago de cien millones que le habría sonsacado a Graciela Murillo, fiel de su iglesia, para quedarse con ellos. Colombia oyó atónita el relato la semana pasada por la W Radio. Por otra parte, el personero de Paipa, José Cifuentes, informa que seis personas han denunciado al pastor cristiano Julio Ramón Pérez por robar y estafar “a una comunidad entera”, según la exposición de motivos del parlamentario. Luz Marina Mesa acusa a Pérez de querer robarle 85 millones y, encima, de amenazarla con conjuros de esta laya: “Ay de aquella oveja que se llegare a sublevar contra uno de los pastores de Dios, porque su hogar será destruido por Satanás y sobre su vida vendrán castigos muy grandes”.
Varios de estos pastores llegaron al Congreso de la mano de Dios y de la parapolítica. Enrique Gómez fue cabeza de lista de Colombia Viva, en reemplazo de Dieff Malof, cuando toda la cúpula de ese partido terminó sub judice por alianzas non-sanctas. Edgar Espíndola reemplazó a Luis Eduardo Vives, debutó con el compromiso de “reconstruir la patria a partir del amor de Dios” y arrojando lenguas de fuego contra el pecado de adulterio; hoy funge como vocero del PIN. Víctor Velásquez, senador por el mismo movimiento, propuso duro castigo contra prostitutas y homosexuales que usaran prendas “exhibicionistas”.
He aquí la versión criolla de la Teología de la Prosperidad, tan en boga en EE.UU., que reza: al buen cristiano la riqueza le viene naturalmente de su comunión con Dios, sin necesidad de trabajar. Bomba letal para un país como el nuestro, tan dado a acoplar enriquecimiento con violencia, delito y política. El mismo principio moral que bendice el enriquecimiento fácil autoriza estafar a los fieles y cobrarles diezmos. Maria Escalante, mujer humilde del barrio Villa Mayor de Bogotá, hipotecó su casita por 20 millones y se los entregó a su pastor. En menos que canta un gallo, el avivato se esfumó con el dinero. Doña María quedó sin un peso, sin casa y sin fe. Símbolo ominoso de esta ignominia, que ojalá la ley pueda vencer. Aunque Yesid Celis vocifere contra el ponente desde la publicación “Valores cristianos”, calificándolo de “inquisidor” y “Satanás”.
por Cristina de la Torre | Sep 7, 2010 | Izquierda, Personajes, Septiembre 2010
Si el Partido Verde está biche, pasmado, al Polo quieren madurarlo biche: declararlo partido, cuando alcanza a ser apenas coalición de tendencias. Y por no reconocerlo se ve a cada paso en trance de desaparecer, bombardeado por alguna de sus fuerzas que pretende imponerles su propia divisa a las demás, en la ficción de una homogeneidad imposible. Exótico lunar en el concierto continental de la nueva izquierda. El último incidente lo dice todo: Gustavo Petro, brillante candidato de la pasada campaña electoral, se declara vocero de la “Corriente Democrática” del Polo y, a despecho de sus malquerientes, anuncia que permanecerá en él. Al punto, eco de sectas que quisieran hacer prevalecer su izquierdismo puro y duro, Carlos Gaviria insta a Petro a crear un nuevo partido, si tiene incompatibilidades con el Polo. El dirigente Luis Sandoval sostiene, sin embargo, que éste nació como convergencia de grupos disímiles con derecho a expresarse como tendencias. En el ascenso de una derecha extremista, los unía la búsqueda de la democracia y la igualdad, en una economía de mercado, siempre abiertos a nuevos aliados que compartieran ese derrotero, desde la lucha civil y no la armada. Ni la revolución ni el socialismo estaban en la mira. Pero con aliados tan distintos –exguerrileros del M19, sindicalistas, liberales de izquierda, anapistas fieles al General Rojas Pinilla, estalinistas afectos a Mao y al politburó del socialismo soviético- se imponen reglas de convivencia que garanticen la unidad en lo acordado y respeten la identidad de cada cual. Si no, la cohesión quedará sacrificada en el altar de la anarquía.
En los últimos cuarenta años, la izquierda latinoamericana se ha organizado en partidos-coalición. En Chile, en Brasil, en Uruguay, llegaron al Gobierno. El Frente Amplio (FA) de Uruguay cobijó bajo un acuerdo “progresista y democrático” a socialistas, demócrata-cristianos, obreros, comunistas, trotskistas, exguerrilleros y fracciones de los partidos tradicionales (Blanco y Colorado). Treinta y cuatro años después, en 2005, el FA lleva al poder a Tabaré Vásquez y, en 2009, al extupamaro José Mojica. No hubo allí fusión sino coalición de fuerzas dispares unificadas en torno a un programa común y en el respeto de una férrea disciplina cuando de propender a los objetivos de la alianza se trataba. Pero dueñas de sus propias ideas, de sus estructuras y mecanismos de decisión política.
Uruguay es, claro, país de tradición civilista, de migración europea hecha a la democracia, a la experiencia sindical, y dueño de un elevado nivel de vida. No prendieron allá las guerras civiles que signaron la historia de Colombia, ni hubo narcotráfico y, si guerrilla existió, ésta fue efímera. No alcanzó ella a autoproclamarse opción única de izquierda para taponar, como taponó aquí, la acción legal por el cambio. Ni el liberalismo uruguayo cooptó las consignas de la izquierda, dejándola en el limbo.
El Polo anda en pañales. Pretende actuar como partido sin serlo. El peso de la historia y de una izquierda sectaria y arrogante que les hace sombra a sus mejores líderes, puede frustrar una alternativa de oposición unificada, contrapunto a la Unidad Nacional. A falta de reglas que disciplinen la cohabitación de tendencias, no faltará en el Polo el dirigente que actúe por su propia cuenta. Ni la descalificación a hombres como Petro, cuya bandera agraria el nuevo Gobierno no pudo menos que enarbolar. Dura prueba le espera al Polo para conseguir, desde la crítica y las propuestas, que ella se traduzca en hechos. Otra prueba de fuego, vencer la doble moral de quienes en el Polo alternan su pureza cardenalicia con apoyo al Alcalde que corrompió hasta la médula el Gobierno de Bogotá. Y la prueba final: transitar del espíritu de secta al de coalición moderna.
por Cristina de la Torre | Ago 31, 2010 | Actores del conflicto armado, Agosto 2010, Corrupción, Modelo Político, Narcotráfico, Uribismo
Un país descuadernado, preñado de malhechores que se ríen desde todas las posiciones del poder, recibe el nuevo Gobierno. Reformista o neoliberal, democrático o tiránico, pulcro o corrompido, sea como fuere, no podrá ignorar esta realidad abrumadora. Pero 84% de aprobación para un Presidente que debuta con bandera de reforma agraria integral sugiere que la gente espera un viraje, no continuidad. Y el cambio, que se reputa de cuño genuinamente liberal, implica vencer la fortaleza que políticos y narcoparamilitares han levantado para adulterar la democracia y rediseñar la fisonomía del Estado, con un fin preciso: si emergentes, enriquecerse; si dueños de heredad, acabar de llenar la bolsa. Impostando respeto a la ley, claro. O a bala.
El diagnóstico de Claudia López permite imaginar los alcances de la lid que se aproxima. Con un acervo impresionante de documentación, en el libro Y refundaron la patria sigue ella el curso de las relaciones entre mafia y política, saga de violencia que redundó en cooptación de medio Estado por iniciativa recíproca de “legales” e “ilegales”. Ya desde el escenario de la legalidad, ya moviendo cuerdas tras bastidores, actuaban todos en pos de idéntico desenlace: capturar la administración del Estado y sus recursos, darle a su poder figura corporal en la política. Tarea de mérito menguado, se diría, pues los cruzados de la nueva patria no encontraron resistencia en el gobierno que, más bien, los acogió como pieza madre de su proyecto histórico. A un tercio del Congreso llegó la representación del paramilitarismo. Y casi todos los 102 parlamentarios investigados por ese cargo eran uribistas. “Los ilegales, escribe López, no eran tan clandestinos. (Contaron) con toda una gama de personas ‘de bien’ y una enorme estructura política para promover sus objetivos en todos los niveles territoriales, políticos e institucionales”.
En el origen del matrimonio obró la resistencia de los notables de provincia al surgimiento de nuevas fuerzas que amenazaban el monopolio de los feudos tradicionales del bipartidismo, porción grande de los cuales sería bastión del narcotráfico. Obró también la pérdida en 1986 del estatus legal de las autodefensas (abrigo de gamonales y narcotraficantes), y su renacimiento diez años después en las “Convivir”. De todo ello, sostiene la investigadora, derivaron necesidades e intereses complementarios entre elites políticas, mafiosas y armadas: unos necesitaban defenderse (del secuestro), otros administraban chequera y ejércitos para ofrecer protección. Unos medraban en los órganos de la política, otros necesitaban acceder a ellos para blindar el negocio, validar sus intereses y evitar la extradición. Resultado final, una contrarreforma agraria sangrienta; y la parapolítica, con su prontuario de coacción armada y fraude electoral.
Las mafias catapultaron la corrupción pública hasta fronteras insospechadas. Sostiene la autora que del clientelismo, el cohecho y el soborno se pasó a la captura masiva de recursos y negocios públicos en la fuente, mediante cambios legales, exenciones tributarias, concesiones, contratos de estabilidad jurídica, zonas francas y carteles de contratación. Todo bajo un manto de legalidad.
Los jefes del paramilitarismo cayeron en desgracia y los agraciados resultaron ser los políticos y gamonales más propositivos en aquella alianza con el crimen. Sórdido notablato aderezado ahora de narcos, legitimado por un Gobierno que le dejó avanzar en 8 años lo que no hubiera logrado en 30. Fuerza reaccionaria ésta del uribismo duro, que Santos y su Ministro Restrepo parecen dispuestos a enfrentar por el flanco que a Colombia más le duele: la tierra. Acaso ese 84% dijera del hastío general con tanta desmesura. Y que, de persistir, el Gobierno no estaría solo.
por Cristina de la Torre | Ago 24, 2010 | Agosto 2010, Corrupción, Narcotráfico, Política agraria
En iniciativa que marca el mayor contraste con el conservadurismo atrabiliario del pasado Gobierno, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anuncia una reforma agraria que apunta a la tenencia de la tierra, corazón del conflicto armado. Restitución de tierras arrebatadas a sus dueños, redistribución y formalización de la propiedad rural, y una estrategia de desarrollo productivo del campo cimentada en el campesinado menor constituyen la nuez de un proyecto que sorprende y enciende una luz al final del túnel. La propuesta del Gobierno guarda proporción con una historia de horror tejida en torno a la propiedad rural, que ensanchó sin medida los fundos de siempre, incorporó nuevos contingentes de terratenientes forjados al calor del narcotráfico y sus ejércitos y expulsó a cuatro millones de campesinos en los últimos ocho años. Sin contar los muertos. La Fiscalía calcula que en dos décadas el número de muertos de esta guerra asciende a 165 mil; las masacres de campesinos, a 1.300; y los desaparecidos, a 31 mil. Las dictaduras del Cono Sur, juntas, arrojaron 10 mil desapariciones forzosas.
Restrepo declara su decisión “firme e irreversible” de llevar a cabo una reforma que aún las democracias más imperfectas acometieron en su hora. Acaso adivine rugidos desde la caverna. Es que devolver tierras usurpadas; descorrer el velo de los testaferros; entronizar un modelo de desarrollo agrícola que prefiera subsidiar y dar crédito al labriego y no tanto al empresario grande del campo; poner al latifundista a producir y a pagar impuesto predial –por módico que resulte-, todo ello les parecerá afrenta, anatema, a los consentidos del poder que cohonestó todos los privilegios y excesos de una satrapía: en Colombia, el 4% de los propietarios controla el 61% de las mejores tierras. “Todo esto, añade Restrepo, requiere decisión política, coraje, valentía. No faltarán las amenazas y la intolerancia, pero el Gobierno sigue adelante”.
Tremendo desafío se impone, en el país del Sagrado Corazón y a la Virgen de los sicarios. En sintonía con los aires de su tiempo, intentó López Pumarejo una reforma agraria liberal y el latifundismo respondió con la Violencia. Tres décadas después Carlos Lleras insistió, para ver naufragar la reforma en Chicoral, año de 1973, arrollada en la revuelta del mismo latifundismo de escapulario y fusil. Hoy recoge Santos la bandera, cuando una derecha agresiva de políticos y empresarios que cooptaron a los paramilitares controla porción considerable del Estado, y vio legitimado su poder por el régimen que le había aceptado plata y cauda electoral. A su radicalización contribuyó –gloria inmarcesible de la guerrilla- la criminal secuestradera de hacendados por las FARC y el ELN. Entonces la guerra de autodefensa lo justificaría todo. La contrarreforma de Chicoral se amplió, escudada por los ejércitos del narcotráfico. Alias Pitirri, testigo de la parapolítica, sintetiza así el fenómeno: “unos iban matando, otros comprando (tierras) y otros legalizando”.
Pero el país ya no resiste el espectáculo de tanta tierra sin hombres y tantos hombres sin tierra. Ni el adefesio de una guerra interminable que en los últimos ocho años representó un gasto militar de cien mil millones de dólares, según cálculos del economista Diego Otero. Sentimientos difusos que reclaman expresión organizada de los colombianos, si de salvar este tercer intento de reforma agraria se trata. Un símbolo alimenta la esperanza: el agudo contraste entre la desvergüenza ofensiva del ex ministro Arias, y la solvencia, la honradez y el carácter que respira Juan Manuel Ospina, el nuevo director de Incoder. Con semejante puntal, si no flaquea la voluntad política y se moviliza la sociedad, habrá reforma.
por Cristina de la Torre | Ago 17, 2010 | Agosto 2010, Corrupción, Internacional, Modelo Económico
Bajo tierra, en cajas fuertes a prueba de bombas, acorazadas de tecnología, la banca suiza brinda abrigo y secreto a miles de tarjetitas de papel que representan a otros tantos clientes cuyos nombres no coinciden con el número de su cuenta bancaria. Así se protegen el producto monumental del narcotráfico y capitales de tamaño parecido que huyen de sus países para evadir impuestos. Clientes del mundo entero confían sus haberes bajo cuerda a banqueros de la honorable Suiza: caballeros de dos metros y manos pulcras que, no obstante, acusaron manchas cuando se descifraron cuentas cifradas y nombres y el santo y seña de quince mil magnates norteamericanos. Fue hace dos años. Traicionando a UBS, Banco insignia de Suiza, el norteamericano Bradley Birkenfeld, ex funcionario de la entidad, destapa los secretos de éste, el rey de los paraísos fiscales. Michael Bronner registra en el Global Post los hilos de la trama que había burlado a todos los órganos de seguridad en Occidente: información sobre cuentas clandestinas de terroristas, dictadores, traficantes de armas y de drogas. Y de potentados que evaden impuestos y especulan a sus anchas, mimetizados en el torrente financiero que hace treinta años viaja sin control por el planeta.
El fraude fiscal al gobierno de Estados Unidos alcanzaba en 2007 unos 20 mil millones de dólares en cuentas no declaradas que al UBS le reportaban ganancias de 200 millones de dólares al año. El descubrimiento le abrió la primera tronera al secreto bancario en 150 años. Le dio a Obama argumentos para acometer la más audaz reforma financiera que su país conociera en un siglo. Desencadenó un terremoto político en la comunidad internacional: en momentos de hecatombe financiera, el G20 exigió intervención de los Estados en el sector y descorrer el velo de la banca que medraba a la sombra de los paraísos fiscales. Se dijo, además, que el intento de erradicar el narcotráfico despenalizándolo no prosperaría si no se caía sobre la meca de su producido, los paraísos fiscales. Que en este caso, la neutralidad, el silencio o el desprecio por el origen de los fondos allegados configuraban complicidad con el crimen. Y es que gran parte de ellos son lavado de dinero del narcotráfico. El Fondo Monetario Internacional calcula en 350 mil millones de dólares al año el monto de la lavatija en los 17 santuarios más reputados por su verticalidad en la preservación del secreto bancario.
Indicio de que muchos capitales colombianos se habrían fugado hacia allá sería la respuesta atronadora que en 1992 se le dio a la amnistía patrimonial y tributaria que el gobierno de Gaviria ofreció por repatriación de bienes ocultos. Millones llegaron de Panamá, de Islas Caimán y las Bahamas. Pero estrategias de industrialización no había ya, o eran precarias. Ni las hubo más. A qué tener el dinero aquí, se preguntarán industriales que derivaron en importadores y, tantos, en rentistas o en especuladores. Mientras tanto, Santos anuncia un plan de choque para “motivar” a los empresarios a crear empleo. Medidas para reorientar el destino de las regalías regionales. Y, tal vez, revisar las exenciones y gabelas que en estos años se les concedieron a grandes empresarios. Enhorabuena. Pero si de conjurar la pobreza y la desigualdad se trata, una mirada más abarcadora se impone. ¿Acaso el desarrollo no requiere un plante de capital de inversión en sectores productivos que las multinacionales se ahorran? ¿Habrá recursos de colombianos en los paraísos fiscales? ¿Dónde anda la plata? Y, sobre todo, ¿habría voluntad política para revivir el IFI (Instituto de Fomento Industrial) que Eduardo Santos creó cuando en este país se pensaba en crear oportunidades de inversión?
por Cristina de la Torre | Ago 10, 2010 | Agosto 2010, Corrupción, Uribismo
Epílogo de la era Uribe, dos escenas contrapuestas permanecerán incrustadas en la retina de los colombianos. Una, el aplauso de tres mil personalidades al mandatario saliente, gestor de triunfos resonantes contra las FARC, en la Plaza de Bolívar, durante ceremonia de posesión de Juan Manuel Santos. Otra, desde las escalinatas rojas de Palacio, flanqueado por dos muchachos aturdidos bajo el peso del amor paterno, Uribe se permitía un último ultraje –brutal- contra un magistrado de la Corte. Yesid Ramírez, vocero del órgano supremo de la Justicia, había ordenado compulsar copias para investigar al hijo del Presidente por presunto tráfico de influencias en la designación de una notaria, cuando notarías se feriaban para hacer reelegir a su papá. El hecho –si se dio-, odioso como ninguno por favorecer a la familia presidencial, puro abuso de poder, empañaría la gloria militar del expresidente, y evocaría los modos y alcances de la corrupción en este gobierno. Que son enormes, y crecieron aún más cuando Uribe modificó la ley de contratación pública para favorecer a los particulares.
La pobreza en Colombia no deriva sólo de políticas que miman a los ricos y abandonan a los pobres a su suerte. El robo de los recursos públicos pesa, y mucho. Entre 1985 y 2005, mientras los ingresos municipales crecían en la Guajira nueve veces y media, las Necesidades Básicas Insatisfechas crecían también tres veces y media. Es decir, se hinchaban las arcas de las alcaldías y, a la par, se degradaba la vida de la gente. En tierra de regalías. De 1994 a la fecha, el país generó 50 billones por ese concepto. 77 entidades acapararon el 95% de ellas, pero hoy ocupan los mayores rangos de pobreza. Ineficiencia y corrupción.
Descentralización fiscal sin controles suficientes, entrega de las tareas del Estado a negociantes de toda laya y colonización de la administración pública por el narcotráfico convierten a Colombia en un Estado de Corrupción. El concejal De Roux sostiene que la contratación pública acusa en Colombia un estado general de descomposición. Desmantelado el Estado, en 15 años los recursos disponibles para contratistas particulares se multiplicaron por seis. Surgió una verdadera mafia de contratistas, con oficinas de intermediación y estructuración de licitaciones, que financian campañas, ponen funcionarios públicos, controlan bancadas y sobornan a los representantes de la ley. En convocatorias y concursos arrasan, no los que saben el oficio, sino los que saben ganar licitaciones. Y, claro, nada funcionaría sin participación de funcionarios oficiales.
De ello hablan hechos recientes. La licitación de la Transversal de las Américas se adjudicó a la brava, a dos días de finalizar el gobierno, burlando el concepto de todos los organismos de control y denuncias de sobrecostos de medio billón. Del mismo tenor fue la adjudicación de la Ruta del Sol el 22 de julio pasado. “No se sabe –diría el editorialista de este diario- si el Ejecutivo intervino más de la cuenta o si los comités evaluadores están comprados (o si) el dinero se filtró a los organismos de control… nada queda claro”. Por errores en el contrato, la doble calzada Bogotá-Girardot ha reajustado su monto 15 veces, siempre en contra del Estado. De Bogotá, ni hablar, donde un cartel de la contratación compromete al hermano del Alcalde.
Santos ofreció gobernar en una urna de cristal, con un estatuto integral anti- corrupción. Ya en la campaña puso el dedo en la llaga: impedir la prescripción de los delitos contra el erario público. Si hace unos años siete millones de colombianos se lanzaron a las calles contra las FARC, en la primera vuelta de las pasadas elecciones se pronunciaron contra el todo-vale. Sin derrotar la corrupción no podrá edificarse un nuevo país.
