La caída del siniestro Jojoy en acción sin precedentes que destruyó el pivote militar y financiero de las FARC no sería una victoria más en la saga de la guerra. Pertenecería al componente bélico de la nueva estrategia de seguridad, que introduce políticas de desarrollo social y económico allí donde la fuerza pública ha recuperado territorio por las armas; y en toda la periferia, donde la pobreza y el abandono del Estado les abrieron las puertas a guerrillas y paramilitares. Visión integral donde la ley de tierras se perfila como núcleo de la llamada Consolidación, esta reorientación marcaría un salto adelante en materia de seguridad, pues no se limita ya a lidiar con las FARC. No parece casual que el ataque al búnker de Jojoy sucediera como epílogo a dos “pactos por la prosperidad” del Presidente Santos, uno en San Vicente del Caguán y otro en La Macarena, para coordinar políticas de desarrollo con sus autoridades locales. Estos municipios, a dos pasos de la guarida de marras, han sido emblema de los dominios de las FARC en la región y hoy son cabecera de la principal zona de Consolidación en el país. En el Cañón de las Hermosas, verbigracia, refugio de “Alfonso Cano”, despunta otro Plan de Consolidación que a la fecha acumula 261 mil millones de inversión. Se quiere acompasar la acción militar del Estado con una política social enderezada a salvaguardar población y territorio del control eventual de la guerrilla. Pero, incipiente todavía, apenas desborda los logros anteriores de la Consolidación, circunscritos a fortalecer la inteligencia y las redes de informantes.
Por eso sorprenden las declaraciones de Sergio Jaramillo (El Espectador 09-20), ex viceministro de Defensa y designado Coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, pues sugieren que el cambio de enfoque es sustancial, y ambicioso el propósito. En su sentir, la solución del conflicto depende de redefinir la política de Consolidación. Se trata de llevar las instituciones del Estado y el desarrollo a todas las regiones del país. Comenzando por las ya recuperadas militarmente. Un desafío monumental, dice, a la vista de políticas como la de regalías, la de fronteras o la de restitución de tierras, que demanda garantía de vida y trabajo para los campesinos asentados en su terruño. Lograr las reformas que el Gobierno se propone supone sentar a una misma mesa a todos los ministros involucrados en planes que requieren una visión integral, a la vez militar, económica, social y de justicia. Se trata de darle coherencia a la acción toda del Gobierno. En el entendido de que desde los logros alcanzados por la seguridad, hay que enfrentar ahora retos más complejos: consolidar no significaría apenas debilitar a la guerrilla para obligarla a negociar. Con independencia de las FARC, concluye Jaramillo, el Estado tiene que recuperar los territorios cooptados por los violentos y enrutarlos hacia la prosperidad.
¿Sueña el Gobierno? Tal vez no. A lo menos su entereza reformista así lo sugiere. Pero surgen preguntas: sin un plan de desarrollo que le ofrezca divisa estratégica al país, ¿cómo integrar políticas diversas hacia un fin coherente? ¿Cómo lograr que acciones sociales en zonas de conflicto salten de paliativos de ocasión a planes regionales de desarrollo inscritos en el reordenamiento del territorio? Que las FARC derivaran en banda de criminales no niega su origen como alzamiento por la tierra cuando en Colombia se negaba la reforma agraria que se regaba por el continente. Ni niega las inequidades que persisten en el campo. Si, como parece, el Gobierno le concede lugar de privilegio a la tierra en su concepción de seguridad, ¿cómo armonizará las reformas del agro con el TLC que Santos acaba de reclamarle a Estados Unidos en el Washington Post?