En los años 60 y 70, recuperar tierras era actividad tolerada como parte de la democratización que la Violencia había ahogado en sangre. En la academia, entre funcionarios oficiales, en los partidos el problema agrario ocupaba lugar de privilegio. Liberales y conservadores de avanzada cortejaban la ocupación de tierras, recuerda Gonzalo Sánchez, Director de Memoria Histórica en la Comisión Nacional de Reparación. Hoy no se habla, como entonces, de ocupar predios o redistribuirlos sino de devolvérselos a sus dueños. Y, sin embargo, hay quienes le atribuyen a la ley de Víctimas, instrumento de la restitución, la malévola intención de “revivir” una guerra civil imaginaria. Pero aquí guerra civil no hubo y sí, en cambio, sucesos más tortuosos: una campaña criminal de narcotraficantes por el control del territorio, condición necesaria del negocio de la droga. Su brutalidad vino a descubrirse en los cientos de fosas comunes de campesinos que no alcanzaban a huir a las ciudades. Narcos devenidos terratenientes -en manguala con políticos, gamonales, funcionarios y militares- despejaban de población los territorios donde operaban sus centros de aprovisionamiento, cristalizaderos químicos y corredores para el transporte de la droga. Cruda rapiña armada.
Dos procesos paralelos habían conspirado contra la lucha por la tierra: el látigo del Estado, y la pretensión de las guerrillas de subordinar a sus delirios el movimiento campesino. Resultado, éste ingresó en la nómina de actividades subversivas. Hacia finales de los 70, había sido virtualmente ilegalizado. Y en los últimos años, dondequiera que amagó, se le dio trato de terrorista.
A ello contribuyó el deslizamiento subrepticio de insurgentes en alguna marcha campesina para escudarse de los operativos del ejército (¡). Y el ansia de las guerrillas por medrar en el movimiento, que sólo fructificó –a medias- entre colonos perdidos en la lejanía. En la creencia de que Colombia estaba a punto para una insurrección armada, el Epl puso sus ojos también en el proletariado rural. Incursionó en los sindicatos bananeros de Urabá para disputárselos a bala con las Farc. Sobre los trabajadores recayó la peor parte de este arrebato demencial. Manes de la combinación de formas de lucha, que siempre terminaba sacrificando incautos mientras los responsables huían heroicamente con sus fierros monte adentro.
Si efímero, el “entrismo” del Epl en el movimiento campesino terminó por justificar la violencia que se ensañó contra él. Poblaciones enteras fueron blanco de operativos contrainsurgentes. La criminalización de la protesta campesina legitimó después la embestida paramilitar, que combinó violencia selectiva (asesinato de dirigentes) con violencia masiva (masacres, despojo y desplazamiento). Para Rosmy Rojas, actual Presidente de Anuc en Córdoba y miembro de su Junta Nacional, “las guerrillas le hicieron un daño enorme al movimiento campesino”.
La Costa Atlántica fue a la vez epicentro de las luchas de Anuc y cuna del proyecto político-militar que quiso “refundar” la patria, pasando sobre el cadáver de la organización campesina y la reversión de las parcelaciones habidas desde los años 60. El proyecto fue, recuerda Sánchez, “punta de lanza de uno de los grandes monstruos de la violencia contemporánea en el país, el paramilitarismo y su expresión política, la parapolítica”. Agrega que el problema de la tierra no se asocia hoy a la reforma agraria sino a la dimensión monumental del despojo. Que sin movimiento campesino, no habrá restitución de tierras.
Tanto se retrocedió en las últimas décadas, que hoy la tierra no suscita controversia entre izquierda y derecha sino entre un liberalismo genuino y una derecha extremista. Tan mal venimos, que el solo restituir es ya una revolución.