Ardida andará la ultraderecha que ve menoscabarse su poder, edificado con fruición en los años de la seguridad democrática. Y no sólo porque desespere de salvar el pellejo cuando se la sorprende en el saqueo de entidades públicas que había recibido como coto de caza del gobierno anterior; a veces de consuno con la mafia, caso de la Dirección de Estupefacientes. O porque resienta la pérdida de su poder burocrático, como lo lloraba el senador conservador Eduardo Enríquez. Será sobre todo porque, con su política agraria, Santos irrespeta emblemas sagrados de las fuerzas que consolidaban el mayor despojo de tierras en Occidente durante el último siglo, mientras sufragaban por el mandatario que nunca rechazó sus votos. Primero fue el plan de choque de la restitución de tierras en Montes de María, santuario del paramilitarismo, símbolo ominoso de la contrarreforma que concentró aún más la tierra y expulsó a cuatro millones de campesinos. Ahora vendría la contracara del modelo Carimagua, tan caro al entonces presidente Uribe, a su ministro Arias, al puñado de empresarios agraciados no ya apenas con subsidios a manos llenas sino con las tierras del Estado. Pues Santos acaba de entregar las 17 mil hectáreas a 500 familias de desplazados que se asociarán en una empresa agroindustrial con apoyo múltiple del Estado. Se montará allí un proyecto piloto de desarrollo integral que pueda replicarse en toda la Orinoquia.
Adelanto de la ley de Tierras, la complejidad del proyecto de desarrollo de la Orinoquia y su afianzamiento institucional indican que, para el Gobierno, la entrega de tierras no basta. Desde Carimagua despega una estrategia de desarrollo con asistencia técnica, investigación aplicada y proyectos productivos sostenibles. Habrá megaobras de infraestructura como la carretera entre Meta y Vichada que facilitará el comercio de carga por Venezuela. Juan Manuel Ospina, director de Incoder, explica que los suelos ácidos de la Orinoquia podrán adecuarse, como lo hizo Brasil con los suyos, hoy sin par en la agricultura tropical del mundo. También el Vichada promete convertirse en gran despensa de alimentos. Motor del modelo serán campesinos organizados y asociados en proyectos empresariales productivos. Que no excluyen grandes proyectos agroindustriales, en convivencia –que el gobierno quisiera funcional- con la agricultura campesina, esta vez asociada y modernizada. Mas para que ésta resulte competitiva y no se la devoren los mayores, habrá de ser subsidiada. Y los grandes empresarios tendrán que pagar, por fin, impuesto predial ajustado al valor de la tierra y sus beneficios. La perspectiva es la del desarrollo planificado, según una estrategia nacional concertada con las regiones.
Si el de la Orinoquia se insinúa como modelo de repoblamiento planificado en perspectiva de desarrollo, en otras regiones éste no sería viable sin tocar la excesiva concentración de la tierra. La estructura agraria se interpone al desarrollo. En Colombia se explota apenas la tercera parte de su potencial agrícola. La ganadería bien podría contraerse a la cuarta parte del área que hoy ocupa. Ricardo Bonilla (Razón Pública) sostiene que, de recuperarse el uso productivo de las tierras ociosas, la agricultura le daría al país seguridad alimentaria y produciría excedentes de exportación. Habría que fomentar la producción de alimentos, operar una transformación agroindustrial en el campo y modernizar la ganadería para cederle tierras a la agricultura.
La reacción siente esta incursión del Gobierno en Carimagua y Montes de María como sal arrojada a las heridas. Pero las encuestas consolidan un 74% de colombianos que respaldan la restitución y la ley de Tierras. ¿Se atreverán sus enemigos a contradecir la opinión de mayorías que dimensionan ya el horror de la violencia y el despojo?