por Cristina de la Torre | Mar 9, 2008 | Arte, Marzo 2008
Ante el Festival Iberoamericano de Teatro, con obras de primer orden en el mundo, las artes escénicas de Colombia parecen desvanecerse en sombras. Y no es que la creación universal conspire contra lo propio. Lo nuestro, cuya era dorada debutó con la incursión del teatro moderno en los años 60, zigzagueó su propia historia y muchos piensan que ahora anda en capilla. Un Berliner Ensamble, una Royal Shakespeare Company, un Peter Brook dejan expósito, por contraste, el estadio final de nuestro teatro en este medio siglo.
El teatro colombiano navega hoy en tres direcciones: una, experimenta formas y lenguajes a la búsqueda de una dramaturgia autóctona, con olvido de los autores que vencieron los siglos y la geografía. Abundan en ella audacias de mochila pero sin un genio capaz de depurar propuestas y volverlas arte. Un segundo bloque, el de los grupos profesionales de elevada factura estética que lograron remontar la crisis, como La Candelaria y el Teatro Libre, alternan obras clásicas y de vanguardia. Pero la avalancha, fácil, lucrativa, es la del teatro comercial; involución al vodevil que dominó la escena en los 40, aunque con el toque de los nuevos tiempos: revista musical, reality show y telenovela llevada a las tablas, mientras los grandes actores de teatro, cansados de privaciones, emigran hacia la televisión. Entre los talentos que debieron abandonar el escenario, duele el caso de Gustavo Angarita.
Acaso recuerde él los tiempos del teatro El Buho, hacia finales de los 50, cuando se pasa del teatro de aficionados al profesional. Llegan a formarse doce grupos estables, a la altura del mejor teatro argentino y chileno. Enrique Buenaventura, Santiago García, Carlos José Reyes, Jorge Alí Triana, Ricardo Camacho crean escuela, y un movimiento que arranca de su aldea al teatro colombiano. A ello contribuyó –y de qué manera- el Festival Internacional de Manizales. El teatro universitario crece como la espuma. Se agita por entonces el mundo desarrollado contra el industrialismo, la guerra de Vietnam y el Estado autoritario, y por la revolución del Ché en América Latina. En rara simbiosis de contracultura y revolución cultural china, aguijoneado por el imperativo del arte comprometido en un país de desigualdades sin nombre, nuestro teatro se vuelve panfleto. Convierte la estética en consigna política, y las obras de autor en “teatro burgués”.
Se impone la creación colectiva como camino único para explorar nuestras raíces y problemas. Pero esta técnica, sin suficientes directores y dramaturgos que le dieran norte y vuelo estético, enemiga del teatro de repertorio, derivó en polvareda de pequeños narcisismos. Una virtud habría de reconocérsele: la ruptura con el pasado que oprime, pero mientras ofrezca el relevo de la norma consagrada. Pueda ser que entre tanto iconoclasta se vaya dibujando un horizonte nuevo, capaz de redescubrir, también, la universalidad de La Marquesa de Yolombó de Carrasquilla y el colombianísimo sabor del Tartufo de Molière.
La epifanía del Iberoamericano nos reafirma como país de contrastes. Mientras el teatro colombiano ensaya salidas para construir una dramaturgia nacional, el público brinca de la comedia ligera a lo más granado del teatro mundial. Mas, algo deja el contacto con este festival. Del laboratorio de experimentación frenética van surgiendo propuestas sorprendentes como la de Patricia Ariza, o las de los grupos Matacandelas y L’Explose.
En suma, si de arte se trata, perseguir lo propio implica derrotar el parroquialismo disfrazado de postmodernidad. Algo va del tamal y el vallenato al Gran Teatro de todos los tiempos.
***********
Emociona el masivo pronunciamiento de la sociedad contra la violencia y en apoyo de los millones de víctimas abandonadas del Estado. Menos numerosa esta movilización que la de febrero, pero más calificada: aparecieron en ella los dolientes de carne y hueso y se atrevieron a gritar que ya no aguantan más. Y Uribe ahí, ausente.
por Cristina de la Torre | Feb 10, 2008 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Febrero 2008
No obstante el grado considerable de independencia que exhibió la marcha del 4 de febrero, los Wilson Borja repetirán que fue un montaje guerrerista del gobierno, y los José Obdulio la considerarán resultado de la seguridad democrática. Mucho dependerá ahora de las interpretaciones interesadas y de la destreza para vendérselas al público. Que en ello se cifra la posibilidad de revisar políticas o de relanzarlas.
Ya se filtran indicios de que el gobierno asume la protesta contra las FARC como tácita refrendación de apoyo a su ardoroso contendor de años, el presidente Uribe; y, en consecuencia, a un horizonte de guerra sin retorno. En esta perspectiva, el Presidente podrá darse por reelegido. Habrá cosechado el fruto de un gobierno montado sobre armas y artificios, tan caros a iluminados que no pueden menos que plegarse a los designios de la Providencia para eternizarse en el poder.
Pero a tal hazaña abrían contribuido otros. Primero, las monstruosidades de las FARC. Las pruebas de “supervivencia” de secuestrados arrancaron al país de su letargo y lo lanzaron a las calles en grito unánime de rabia contra los villanos. Segundo, los insultos de Chávez y sus amenazas se estrellaron contra un Uribe inesperadamente digno, anverso calculado de su natural pendenciero y lenguaraz, para incubar un nacionalismo siempre funcional al poder del príncipe. Y, por último, el autogolpe del Polo, cuya vocación suicida le devolvió a la derecha el monopolio de la política.
Aturdido en sus ires y venires, todo ambigüedad y eufemismo, va feriando el Polo su capital político. Carlos Gaviria, primero en darle a la izquierda tres millones de votos, es su víctima suprema. Petro, De Roux, Navarro, le siguen camino del cadalso. Quiere Gaviria juntar el agua con el aceite. Pero no es dable la unidad con sectas despóticas, esclavas de un purismo propio de iglesias que se resuelve en la divisa increíble de no mezclarse con la masa. Si Uribe juega a la tiranía de las mayorías, éstas juegan a la tiranía de las minorías. Tanto peor.
Aprisionado el país en la disyuntiva mentirosa de escoger entre las FARC o el gobierno perpetuo de Uribe, gana el Presidente por KO. Es que la marcha vino precedida de un espíritu pugnaz cultivado con esmero desde arriba, para involucionar a la ética de la acción intrépida y el atentado personal. Seis años disparando balas y consignas de guerra no habrán pasado en vano. Los conatos de linchamiento contra Piedad Córdoba no son sino sombra de extremos inconcebibles en señoras de su casa que hallaron micrófono expedito en alguna emisora para glorificar la masacre y el sicariato. En carta dirigida por estos días a El Tiempo, A. Mejía no justifica la liberación de Consuelo y Clarita , ni sacrificar la seguridad de 43 millones de colombianos por 45 o 750 secuestrados; la guerra le parece un “mal menor”.
No hubo entre los millones de manifestantes llamados a la guerra, no. Pero ellos marcaron un punto de inflexión que el Presidente asumirá como carta blanca para decidir desde su Olimpo la suerte de Colombia, apenas perturbado -¡horror!- por una oposición desacreditada que se ahoga en su perplejidad. Acaso el cerco a las FARC ande ya en camino para “rescatar” a los secuestrados, por cerco o por asalto, así mueran en el intento. Su consejero de cabecera le recordará que el cerco representa “la esencia de la seguridad democrática”, que “paralizarse” o debilitar la ofensiva sería “traicionar su mandato”. Una hecatombe.
Pero nunca se sabe. Sobre todo cuando el destino de un pueblo depende por entero de la índole del príncipe, de su personalísima manera de entender la patria. Tantos decibeles ha alcanzado el tono del conflicto, que a lo mejor el Presidente se debate hoy en el dilema de entresacar el anhelo de paz que gravitaba en la marcha y sintonizarse con él; o bien, interpretarla como un plebiscito en su favor y porfiar en el uso de un recurso que a otros convirtió en dictadores: trocar la opinión pública en arma de guerra.
por Cristina de la Torre | Ene 27, 2008 | Enero 2008, Internacional, Modelo Económico
A la búsqueda de un modelo contra el neoliberalismo en América Latina, Hugo Chávez ha dado en resucitar la anacrónica polaridad capitalismo-comunismo como núcleo de la política actual en la región. El encarnaría a un Bolívar amoldado a la brava al pensamiento de Marx, a los desvaríos de Daniel Ortega, a las infamias de las FARC; el presidente Uribe representaría el polo opuesto como aliado del imperio. Si de imágenes se trata, no le falta razón en el diagnóstico. Como razón le asiste a Alvaro Sierra al señalar que no hay en el subcontinente dos proyectos más antagónicos que los de Uribe y Chávez. Es verdad. Sólo que el escenario principal de la disputa anda en otra parte.
La explotación propagandística de aquella disyuntiva, enderezada a consolidar apoyos para cada uno en su país, no dibuja la realidad de conjunto. El hecho es que Brasil lidera aquí la aplastante mayoría de países que al modelo de mercado y sus estragos responden con una perspectiva de industrialización en el mundo globalizado. Modelo de economía mixta que supone el concurso del empresariado nacional.
Pero no contó Chávez con este apoyo para implantar el modelo. La burguesía venezolana ha producido en la práctica una huelga de inversión y fuga masiva de capitales, desde el momento mismo en que el coronel llegó al poder. Su ley de reforma agraria, no más audaz que la de Carlos Lleras, provocó, sin embargo, la más recia oposición de todos los gremios económicos, compactados en la poderosa Confecámaras.
Chávez debió evolucionar entonces desde el modelo nacionalista y cepalino con el que debutó, libertad económica, propiedad privada y responsabilidad social del Estado comprendidas, hacia el vetusto paradigma que conocemos hoy: una economía inspirada en la autogestión comunitaria, con propiedad colectiva de los medios de producción y reparto igualitario del excedente.
Mas, ante la precariedad del Estado para acometer ese ideal, se crean las “misiones”. Mil programas paralelos al Estado responden como pueden a las necesidades más acuciantes. Si respetables los logros de la política social, no se ha podido superar la improvisación; la informalidad que conlleva el marcarlo todo con la impronta personal del caudillo; la corrupción que se extiende a la par con el deslumbramiento de la “Venezuela Saudita”, cubierta de petrodólares pero sin norte. Se cayó en el pastiche que pone a convivir una economía premoderna con obras de infraestructura faraónicas, bajo el paraguas del militarismo conservador de un autócrata.
La altisonancia del lenguaje revolucionario de Chávez acaso revele una acción desesperada, tras su derrota en el último referendo. Proponía en él “refundar la patria”, con perfiles que evocan los regímenes comunistas desaparecidos en 1989; “limitar y redefinir” la propiedad privada; “acabar” con el régimen capitalista; convertir la educación en instrumento de indoctrinamiento político; crear un poder popular ad hoc, no elegido y controlado por el Presidente que, en adelante, podría eternizarse en el poder, concentrándolo en sus manos, así como la renta petrolera. Curioso rescate del patrimonialismo oligárquico, tan odiado del propio Chávez. Y tan distante del sentimiento que por los tiempos del caracazo lo identificaba con las masas pardas empobrecidas por el ajuste draconiano de la economía y despreciadas por las clases pudientes que se habían inventado una “democracia ciudadana” de su exclusiva propiedad.
Bases hay, pues, para decir que Chávez encarna el viejo comunismo soviético, y Uribe, su contrario neoliberal. Pero no es ésta la polaridad que prevalece hoy en América Latina. Por megalomanía, por estrechez de miras, por obstrucción de su burguesía, el venezolano derivó en un modelo autoritario que, siendo excepción, confirma la regla: aquí domina es la tendencia de izquierda democrática. Es ella la protagonista principal y alternativa de la hora. Así Chávez y Uribe pujen por reeditarnos la Guerra Fría en pleno siglo XXI.
por Cristina de la Torre | Ene 14, 2008 | Actores del conflicto armado, Febrero 2008, Modelo Político
Se veía venir. Los inquisidores de la derecha quieren reducir la pluralidad política del país a una contienda moral entre buenos y malos. A la diestra del Padre, los elegidos antifarc, la patria toda; a la siniestra, los condenados, un lunar de prosélitos camuflados de la subversión que afean el paisaje. Su escenario, una sociedad apolítica, incontaminada, sin divisiones entre izquierda y derecha, sin conflicto. La Colombia idílica que marcha en pos de una inteligencia sobrenatural hacia la tierra prometida. Otra vez el oro y la escoria de la Violencia contra el ateísmo, la masonería y el liberalismo, hoy en clave de guerra santa contra el demonio del terrorismo. La espada y la cruz remozadas a la Bush, y en el verbo incendiario de los Leopardos.
La pretensión no es gratuita ni es nueva. Germina en un país de partidos moribundos o en embrión, que denigra de la política. Y no le falta razón. Venimos de 30 años de gobiernos compartidos por colectividades sin ideas, sin oposición, marchitadas por la corrupción, parte de las cuales terminó arrastrada por el narcotráfico y el crimen. En la otra orilla, una izquierda democrática se sacude como puede la coyunda del conservadurimo que triunfó en su hora sobre la tendencia de la historia y ahogó en sangre el viraje liberal que se intentó en los años 30. Y la coyunda de la guerrilla, que se creyó dueña única del cambio.
Pero al descrédito de la política contribuyó también una cruzada de 20 años contra el Estado, contra los partidos, los gremios y los sindicatos. Esta ideología se coló en la Constitución del 91, tan enamorada de la democracia directa, “participativa”, ejercida por individuos autónomos, inteligentes y cultos, liberados de maquinarias, dueños, por fin, de su destino. La divisa era saltar del clientelismo a la ciudadanía. De Dinamarca a Cundinamarca, en la supuesta superioridad moral de la ciudadanía sobre aquella forma depravada de la política. Pero la intención profiláctica, como suele suceder, degeneró en misión sagrada: había que extirpar toda purulencia, cuanta organización política quedara todavía en la sociedad. Y en eso andamos. Somos una comunidad debilitada que apenas si conserva el cascarón de sus canales de expresión colectiva por antonomasia, los partidos.
Eso no demerita, sin embargo, el despertar de la sociedad civil, ni su proyección política. La fuerza arrolladora de la masa variopinta provocó lo impensable: una propuesta de acuerdo sobre lo fundamental, salvar la vida, por encima de todo interés de grupo o de persona; iniciativa que la dirigencia del país no podrá darse el lujo de mirar por encima del hombro. Hasta ahí, la capacidad política de la sociedad como agregado de individuos desorganizados: explosión fugaz que se disuelve en átomos a la vuelta de la esquina, emoción que cualquier habilidoso puede tornar en su favor, amparado en la candorosa “apoliticidad” de los organizadores de la marcha de febrero. Cosa distinta es la perspectiva política de partido o de movimiento, más estable, abarcadora y eficaz, por su vocación de poder. Y diversa, si en democracia estamos.
Nuestros Torquemadas de ocasión, remedo del siniestro mentor de la Inquisición española, quieren deformar la realidad y revolver todo con todo. Según ellos, nadie que marche contra las FARC podrá marchar también contra los asesinos de la motosierra y sus cómplices en el Estado. Traicionan a la Patria y a la moral. Además, nadie puede transgredir las fronteras de una definición primaria, monolítica: quien no esté conmigo, está contra mí. Así como se proscribe toda diferencia y matiz en un espacio copado por enemigos de muerte, se niega toda diferencia de bandería partidista. Si el gobierno ofrece protocolizar el despojo de campesinos entregándoles su tierra a sus victimarios, otros proponen devolver a los desplazados los 7 millones de hectáreas que el paramiliatarismo les arrebató. Abrebocas de una reforma agraria siempre archivada y corazón del conflicto. En suma, matar la culebra por la cabeza, y no echarles tierra a las causas últimas de la violencia. Como ocurrió con la de hace 50 años, cuyos autores intelectuales jamás fueron juzgados y siguen pontificando. Otra diferencia: muchos colombianos vemos en la despolitización inducida de la sociedad un peligro para la democracia. El gobierno, en cambio, se ha graduado con honores en la ciencia de usar el señuelo de la antipolítica como arma de la peor politiquería.
por Cristina de la Torre | Ene 12, 2008 | Enero 2008, Movimiento social, Mujer
Tras medio siglo de voto femenino en Colombia, nuestras mujeres no descuellan en particular como políticas ni por las luchas «de género» que las feministas promueven.
Valen, más bien, por el callado heroísmo de enfrentar sin alardes los desafíos del diario vivir cuando todo parece conspirar contra ellas. Y porque son ellas las primeras en poner la cara para defender la vida, manoseada por pragmatismos y vanidades de celebridades que, ya en Venezuela, ya en Colombia, presumen de estadistas sin ofrecer a sus pueblos horizonte ni futuro. Incapaces de emular a doña Clara de Rojas, personificación de inteligencia, pundonor y valor, se reducen ellos a políticos de oportunidad que sacrifican las razones del corazón al vértigo del poder bruto. Olvidan, precisamente, la carga política que en nuestros días se le reconoce al principio humanitario.
En todas las democracias siguen las mujeres luchando por salvar distancias entre leyes que consagran derechos iguales para hombres y mujeres, y una cultura tarda y remisa que confunde todavía diferencia con inferioridad. Pero en Colombia la paradoja resulta dramática. Doña Clara representa el agudo contraste de un país en guerra a cuyas crueldades responden muchas mujeres con brazo firme, pero donde no ceden la discriminación, la exclusión, la violencia contra ellas. Desapareció de nuestros códigos el ominoso articulito que autorizaba el asesinato de la mujer por su marido, si se hallaba éste “en estado de ira e intenso dolor”. Mas, en la práctica, siguen la ira y el intenso dolor avasallándola.
Leyes como las de paternidad responsable y despenalización del aborto allanan el camino hacia la igualdad de derechos. Claro. Menos lo logra la legislación que protege a mujeres y niños de la violencia en familia, ni la llamada a garantizar igualdad de oportunidades y de remuneración en el trabajo.
Leemos en la prensa que a Gleidis Durán le cogieron 47 puntos en pleno rostro tras un ataque de su compañero con el pico de una botella. Salió él de la cárcel antes de que ella abandonara el hospital. Sofía Pérez, empleada de aseo, fue violada por su padre desde los cuatro años; el marido la cela hoy con el argumento de que ya desde niña era coqueta y, por lo tanto, culpable de que su propio papá no pudiera controlarse. Que se sepa, en Colombia han sido violadas 722 mil mujeres, a manos de familiares, amigos o vecinos. En el 85% de los casos de lesiones por maltrato de pareja, la víctima es la mujer.
Una verdadera revolución silenciosa se produjo en Colombia con la incursión masiva de las mujeres en fábricas y universidades. Su participación en el mundo laboral pasó del 19% en 1950 al 55,8% en 2000. La desaparición de la brecha educativa y ocupacional entre géneros no redunda, sin embargo, en salario igual por trabajo igual. Entre profesionales, ellas ganan 30% menos que ellos. Además, crece la participación femenina en el mundo laboral, paro aumenta a la par el número de mujeres cabeza de familia. Es decir, de las que cumplen al menos dos jornadas de trabajo cada día. Las estadísticas engañan: según ellas, mientras el 92% de los hombres trabaja, apenas el 60% de las mujeres lo hace. La verdad es que no se pagan los servicios domésticos, ni de protección y educación de la prole que la mujer asume. No se reconoce la “economía del cuidado”, ni se remunera.
Como en todas partes, las colombianas incursionan de lleno en la política, con la consagración del sufragio femenino. Pero han de enfrentar un mar de dificultades y obstáculos. No se crea, empero, que sean por ello inferiores a sus colegas varones. Con el mismo arrojo de Piedad Córdoba para lidiar por un acuerdo humanitario, Cecilia López persigue un nuevo modelo de desarrollo, Martha Lucía Ramírez lucha por una base respetable de ciencia y tecnología y Gina Parody enfrenta la corrupción y el paramilitarismo. No han llegado ellas al Congreso por ser mujeres, sino por ser capaces, meritorias y combativas.
Las demandas de las mujeres no son cosa de mujeres; traducen problemas de interés general. Exclusión, discriminación y violencia son problemas públicos que la democracia resuelve extendiendo hacia los afectados —esta vez las mujeres— todos los derechos y la protección del Estado. Tampoco es cosa de mujeres la batalla que doña Clara libra. A ella la acompañan millones de corazones masculinos que han sabido sacudirse el mito de que los hombres no lloran, baluarte de tanto bravucón que pasa por político.
por Cristina de la Torre | Dic 16, 2007 | Conflicto interno, Diciembre 2007, Uribismo
Inocultable, la rabia del presidente Uribe al proponer una zona de encuentro con las FARC para negociar la liberación de secuestrados. Tanta irritación denuncia la batalla que libra contra su propio corazón y contra sus convicciones de soldado. Y el temor de comprometer su proyecto político. Cuando el país espera un gesto de grandeza, él parece asumirlo como una claudicación.
Pesará en él, sin duda, el recuerdo incancelable del padre asesinado por esa guerrilla. Aunque otros motivos explicarían también la tacañería de la oferta y su falta de realismo. Uribe nada concede. Condenada al fracaso de entrada porque en una negociación no se puede pedir sin dar, la iniciativa parece calculada sólo para impresionar de momento a gobiernos extranjeros. Mientras tanto, busca preservar a toda costa la imagen heroica de la seguridad democrática, pasaporte seguro hacia un tercer período presidencial.
Advierte el Primer Mandatario que la zona de encuentro no podrá dar vuelo político a la contraparte, pues ello menoscabaría su estrategia de seguridad. Falso dilema que contrapone seguridad a humanitarismo. Para los secuestrados la seguridad democrática consiste, precisamente, en el intercambio humanitario. Los cien millones de dólares destinados a recompensar guerrilleros que entreguen plagiados, verbigracia, son un torpedo contra la propuesta misma de la zona de encuentro. Si, pero no. Borra el Presidente con el codo lo que escribe con la mano, como traicionado por una voz interior que, en todo caso, se deja oír en la inflexibilidad delirante y ramplona de su ministro de Agricultura.
La publicitada oferta no parece tan enderezada a salvar vidas como a prevenir una sindicación de complicidad por omisión en el padecimiento de las víctimas. O en la muerte de Ingrid –el cielo no lo quiera-, símbolo de todos los secuestrados, que desfallece ante la mirada glacial de Tirofijo, alias “don Manuel”, planta carnívora de la selva que morirá de edad y sin gloria tras convertir un sueño de justicia en mar de sangre.
El Vicepresidente convoca un levantamiento de la sociedad civil para que las FARC devuelvan a los secuestrados “sin ningún tipo de contraprestaciones”. Según él, la vida de Ingrid no está en manos del Presidente ni del gobierno sino de la sociedad. Verdad es que la ciudadanía y los partidos deben dar todo de sí al propósito de presionar la libertad de las víctimas. Pero el Estado no puede soslayar la responsabilidad contraída con los asociados, so capa de “empoderar” a la sociedad civil, descargando sobre sus hombros funciones que competen al poder público y que éste, por ineptitud o por oportunismo, no asume. Ya tenemos suficiente de consejos comunales, parodia de democracia directa que delega en la gente un poder engañoso porque no permite deliberar y, menos, decidir; pero que al gobierno le sirve para sacudirse obligaciones y, de pasada, crear la impresión de que el pueblo es el que manda.
La política de seguridad democrática ha devuelto confianza, sí, pero nos está costando un ojo de la cara. Y la pobreza, factor prominente del conflicto que ha colocado a los secuestrados en el límite de su resistencia, no cede. Al Estado le cuesta 100 veces más reclutar un soldado, que a las FARC, un guerrillero. Más de 600 millones le representa capturar, dar de baja o desmovilizar a un insurgente. José Fernando Isaza y Diógenes Campos señalan que en 2007 el presupuesto militar llegó al 6.3% del Producto Interno Bruto, cuando en Estados Unidos no pasa del 4%, y en los países europeos de la Nato apenas bordea el 2%. Se calcula que para el año entrante el 81% de los cargos públicos pagados por la nación corresponderán a tareas de defensa, seguridad y policía. Más de la mitad de los sueldos y salarios que dependen del presupuesto central serán para el Ministerio de Defensa, y el 65% de la inversión total del gobierno recaerá en equipo militar.
En la base del reclutamiento militar del ejército, la guerrilla y los paramilitares, están el desempleo y el ansia de reconocimiento, entre jóvenes que de su infancia sólo recuerdan abandono, humillación y privaciones. No los mueve a ellos la patria ni la revolución. ¿Por qué la inversión pública no contempla también un modelo de desarrollo con empleo? ¿No es eso seguridad democrática? ¿O es que aquella no puede traducirse sino en balas? ¿Hasta cuándo seguirá la nación aprisionada entre un príncipe belicoso, lleno de ira, y una guerrilla sanguinaria?
por Cristina de la Torre | Dic 2, 2007 | Diciembre 2007, Internacional, Modelo Político
Pelea de pavos reales, claro. Cacería de votos para perpetuarse en el poder, acá y allá, por supuesto. La crisis estalla a seis días del referendo que podría convertir a Hugo Chávez en presidente vitalicio, y cuando el partido de la U lanza el proceso para repetir la reelección de Alvaro Uribe, también por referendo. Injurias van y vienen. El insulto electriza a la galería. Se sabe. Pero en el mar de fondo se adivina el reventón entre dos estilos de gobierno que, no obstante sus afinidades, ya no podían tolerarse. El choque entre Uribe y Chávez protocoliza el divorcio entre un populismo de derecha y otro de izquierda, que ambos mandatarios personifican en versión de caudillismo autoritario.
Uno y otro rescatan los ingredientes políticos del viejo populismo latinoamericano; como el contacto directo con el pueblo, esta vez bajo la forma de consejos comunitarios. Pero en economía ocupan polos opuestos. Mientras Uribe funge como discípulo aconductado de un modelo de apertura que multiplica la pobreza, Chávez recupera para su nación el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones; promueve una reforma agraria. Y sin embargo, desde su propia orilla, cada uno intenta saldar la deuda social agigantada por la implantación del neoliberalismo en estos países, acaparando recursos públicos para aliviar la pena del pueblo con mano de benefactor de la patria, único, imbatible, imprescindible.
El de allá dispone de 20 mil millones de dólares arrancados a la renta petrolera para inversión social en su país. Ha disminuido la pobreza en Venezuela, mas no la desigualdad. Con aquel “fondo opaco” financia, por contera, su diplomacia del oro negro. Pone la mira en un liderazgo continental que le abra puertas en la China, en el Medio Oriente, y le permita soñar con un nuevo mapa geopolítico que les sitúe a los gringos el fundamentalismo islámico en Caracas, a tiro de mortero (o de bomba atómica), en vista de que la Habana no representa ya amenaza. Por su parte, el de acá oficia como aliado solitario del imperio. Acaso más apegado al terruño, monta un emporio de “acción social” que opera desde la propia Casa de Nariño, arrebatando platas y funciones a más y más entidades públicas. Ha extendido a las ciudades su programa de Familias en Acción, para dar subsidios de ocasión a los más desamparados mientras el desempleo sigue incólume. Y su Ley 100 convierte la salud pública en vergüenza nacional. Como en todo populismo, el gasto social ocupa sitio de honor en Venezuela y en Colombia. Allá y acá, sociedades a la deriva, se concentra en manos del gobernante, que así concentra más poder. Manes del asistencialismo. La diferencia es que Chávez “politizó la miseria”; la prestación de los servicios públicos ha producido cambios sustanciales en el país hermano, y en el nuestro obra apenas como propaganda del gobierno.
Al lado del interés por “lo social”, otros rasgos comparten: la obsesión por el mando personal y la ojeriza contra el adversario político. Para muestra, el trato a la prensa. La SIP advierte sobre una celada del gobierno de Chávez contra la libertad de prensa en su país, y la nueva constitución protocolizaría la censura. El sociólogo Luis Hernández denuncia el surgimiento de un “macartismo tropical, una ideología de la persecución, la intimidación y la delación, (una) criminalización de la disidencia, de buscar en todas partes traidores a la patria…” Si por allá llueve, por aquí no escampa. Se sonroja nuestra democracia al registrar un trato parecido del presidente Uribe contra periodistas que informan sobre hechos que incomodan al poder. Pierde los estribos el jinete y fustiga a voces a sus críticos, sin reparar en que allí donde él pone la imprecación otro bien podría poner la bala.
Chávez triunfó en el 98 con la idea de devolverle al Estado su función social y económica. Pero la cosa derivó en caudillismo militarista; en castrismo agonizante fundido con un socialismo sin horizonte de desarrollo sostenible. Equívoco radicalismo que recupera la ortodoxia comunista disfrazada de democracia participativa, diría Petkoff. Uribe, en cambio, siempre fue claro. Desde el comienzo propuso un modelo de derecha, y en él vamos. Fue claro incluso en la hecatómbica ligereza de confiarle a Chávez una intermediación con las FARC, sin imaginar que ésta podría llegar a buen puerto. Por eso sacó al coronel a sombrerazos. Para no darle el mérito.Y Chávez, previsible, dio el salto mortal de la social-bacanería a la social-boconería
por Cristina de la Torre | Nov 18, 2007 | Izquierda, Noviembre 2007, Personajes
Un hálito de misterio envuelve su figura. Tímido, al contacto personal, en la controversia de auditorio puede triunfar con una idea incendiaria expresada a sotto voce, y en la plaza pública arrastra multitudes. Su debate contra el presidente Uribe, en el que acusó a familiares del Primer Mandatario de cultivar amistades peligrosas, lo convirtió en figura nacional. Y su crítica sin atenuantes a las FARC lo catapultó al partidor de las candidaturas presidenciales. Pero sus ideas son una incógnita. Parecería imposible imaginar, por ejemplo, que Gustavo Petro pudiera abrevar en la misma fuente de los neoliberales.
Hilando delgado, eso podría colegirse de artículo suyo que publica la revista Foro, para desconceptuar el Estado nacional y magnificar la globalización. Desde orillas opuestas, claro, ambos parecen concebir la globalización como una fatalidad sin reversa, lo mismo que la desaparición del Estado a manos de poderes mundiales que no respetan fronteras. Esta ideología les ha permitido a las multinacionales avasallar al Tercer Mundo y, al “Socialismo del Siglo XXI”, levantar de su tumba a Bakunin, anarquista inefable del siglo XIX. Ninguno de los dos repara en que, precisamente, la izquierda democrática que hoy se extiende por América Latina empieza a recuperar la autonomía arrebatada a estos países, para trazar sus políticas nacionales. Y a recomponer los Estados maltrechos en la debacle causada por una apertura que postró el desarrollo de la región y generalizó la pobreza.
Estima Petro que, globalizada la producción, la democracia del siglo XXI no puede ser sino global. Si el Estado-nación sirvió para construir un mercado propio, no servirá para ampliar mercados allende nuestras fronteras. No siendo ya pública la planificación, el nuevo Estado nacional deberá limitarse a articular los movimientos sociales, a democratizar los poderes locales y a propiciar la pluralidad económica. En el horizonte se dibujarán realidades supraestatales, acaso la de una civilización latinoamericana que amalgame a los pueblos de este mundo, como lo querían Marx y Lenin; que disuelva la rémora del Estado, como lo quería Bakunin, para que la raza pueda converger toda, en multitud, en una lucha concertada de la humanidad contra el capital. Marxistas y neoliberales coinciden en la concepción del Estado como aparato que oprime a la sociedad. Unos y otros simplemente desearían que el Estado desapareciera, pues éste no sería sino el parásito que ceba a una burocracia inútil y sirve, en todo caso, a intereses privilegiados.
Ideas parecidas formula Heins Dieterich, teórico del Socialismo Siglo XXI y asesor de cabecera de Hugo Chávez. Con la apertura de la sociedad global, dice él, se abre una nueva civilización: la democracia participativa y la abolición del capitalismo. Objetivo final será el de recuperar la sociedad global y apropiársela para convertirla en conglomerado sin discriminación cultural, sin economía de mercado y sin Estado. Utopía carente por completo de originalidad y, peor aún, de poesía. Pasa por alto no sólo la probada inhabilidad del marxismo para enfrentar realidades inéditas, sino la no despreciable experiencia de un siglo de socialdemocracia en Occidente.
Este trabajo de Petro es un desarrollo inesperado de cuanto él mismo registra en su “biografía Autorizada” (Editorial la Oveja Negra). Y sorprende porque se aparta del Ideario de Unidad del Polo, que propugna un Estado y una economía soberanas, para fortalecer la producción nacional y el mercado interno. Quiere el Polo “recuperar la soberanía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, el control de cambios y la fijación de aranceles”. Carlos Gaviria eleva dos banderas: primero, reivindica la soberanía del país, pues sin ella “no habría dignidad nacional y ni siquiera Estado”; argumenta que integrarse a la globalización no significa abdicar de la soberanía nacional. Segundo, propone recuperar para el Estado colombiano la dirección de la economía.
Entre las tendencias que conviven en el Polo, Petro encarna la del Socialismo del siglo XXI. En el sano debate ideológico que anima a este partido, es de esperar que el joven líder vaya aclarando los misterios que le permiten conciliar el marxismo más añejo con una teoría que bien puede convertirse en tributaria del neoliberalismo. Aunque puede vislumbrarse desde ya un elemento común: la anarquía en política sería corolario feliz de la anarquía del mercado.
por Cristina de la Torre | Nov 3, 2007 | Clientelismo, Modelo Político, Noviembre 2007
Al calor del clientelismo armado se formaron nuestros partidos en el siglo XIX. Entonces los hacendados lucían charreteras y subordinaban a la peonada tendiéndole una mano paternal mientras le apretaban el cuello con la otra. Los labriegos de aquellos ubérrimos y sus familias obraban a la vez como fuerza laboral, cauda electoral y contingente armado para librar las guerras del patrón que así afirmaba su hegemonía en provincia y apuntaba al poder del Estado central.
Ahora los señores de la guerra, en alianza con políticos y narcotraficantes, rescataron de sus cenizas el modelo. Si en estas elecciones no exhibieron sus fierros y permitieron que las FARC monopolizaran el asesinato de candidatos, no fue por un acto de contrición. Es que ya no lo necesitaban. Dueños del poder en la tercera parte del país, de los contratos oficiales y los fondos públicos, dueños del miedo de las gentes, les bastaba consolidar con votos comprados o arrancados mediante amenazas las posiciones conquistadas por las armas; máxime si sabían que los cinco mil hombres que se han rearmado de los paras desmovilizados configuran una retaguardia bien avisada y atenta al negocio de la droga y al de la política.
La involución al siglo XIX que presenciamos hoy tiende un manto de olvido sobre la evolución del clientelismo en el siglo XX. Este recogió de sus entrañas las relaciones de lealtad, el sentido de reciprocidad que animaba el intercambio de favores entre patronos y clientes. Suministraban aquéllos los servicios que el Estado por ineficiencia no prestaba o prestaba mal, y los segundos aportaban su voto. Lejos se estaba de las democracias liberales que acompañaban a los capitalismos de Occidente. Y de los populismos redistributivos de América Latina. El clientelismo fue nuestro modelo político. Mecanismo eficiente de integración a la política, de cooptación del descontento, de cierta promoción social y reconocimiento cultural en un país que mezquina el ascenso de los menos pudientes.
Con el desarrollo económico y el Frente Nacional, el clientelismo de lealtades políticas y personales se vio suplantado por un espíritu pragmático y utilitario que empezó a emparejar a jefes con “tenientes” políticos de barrio. Conforme ganaban éstos independencia frente a sus superiores en la pirámide clientelista, perdía eficacia la cooptación como medio para apaciguar a los rivales. Ascendieron los tenientes a capitanes y, luego, a coroneles. Dueños ya de su propio electorado, podían negociar posiciones de poder con el notablato local o con el mejor postor. Naufragaban las lealtades de partido y se esfumaba, así, el factor que le daba al clientelismo estructura y permanencia. La fusión de los partidos en los sucesivos gobiernos del Frente Nacional borró las fronteras que los separaban, lo que alegró la feria de deslealtades políticas, entronizó la filosofía del sálvese quien pueda en el mercado electoral, y comenzó a sacar la cabeza el principio de limitar la corrupción a sus justas proporciones. El eclipse de las jefaturas naturales marcaría el principio del fin de los partidos políticos.
Con el individualismo “moderno” que inspiró la Carta de 1991; con su crítica aristocratizante del clientelismo, de la clase política y la democracia representativa; con su exaltación de la democracia directa que en nuestro caso no podía resultar sino refrendaria; con su demagogia descentralizadora que asignó recursos a las regiones pero descuidó el control central de los mismos, los partidos se atomizaron, entraron en agonía y el clientelismo derivó en veleta de los nuevos vientos que soplaban. Dejó de ser eje de partidos, canal de ascenso social y de rotación de elites políticas. El narcotráfico y las mafias lo colonizaron, para convertirlo en plataforma de asalto de la economía y la política local, regional y nacional. Fue subsidiario del poder militar de nuevas elites, que no pecan por nuevas, sino por gestarse lo mismo en la compra de votos que en el fraude electoral o el asesinato en masa.
Seguimos a la espera de que el presidente Uribe rechace de viva voz y con la pasión que le es propia, no ya los cincuenta votos comprados que quiso endilgarle a Samuel Moreno, sino los varios millones de votos con los que el nuevo clientelismo armado ha contribuido a llevarlo dos veces al solio de Bolívar.
por Cristina de la Torre | Oct 21, 2007 | Clientelismo, Octubre 2007, Uribismo
Populismo y clientelismo millonario convergen en esta campaña para solaz del conservadurismo y de las mafias. La Constitución del 91 quiso neutralizar el clientelismo con la democracia directa, pero ésta derivó en populismo. Y el viejo sistema de favores y contraprestaciones, corazón de nuestra tradición política, se recompuso bajo la impronta del narcotráfico.
El nuevo modelo debilitó el poder público y desactivó a la sociedad. La política social no fue ya iniciativa del Estado a través de sus agencias e instituciones, sino respuesta personal del Príncipe a las necesidades de los más pobres. Maestro del oficio, Uribe ha sabido monopolizar la función social del Estado y sus recursos, y administrarlos como cosa propia, políticamente condicionada, regando chequecitos por doquier, siempre frente a las cámaras. Mientras tanto, la parapolítica metamorfoseó el clientelismo ancestral, de simple intercambio de favores a la coacción de las armas y del dinero.
Ya en los años 80 perdía prestigio el clientelismo. Cuando empezó a extenderse desde el Gun Club hacia los barrios populares, desde el Ejecutivo central hacia la base de la pirámide electoral, retumbó la voz airada de la “gente bien” contra aquel “foco de corrupción”. Y, no bien se convirtió en canal de ascenso social y de promoción de nuevas elites políticas, la dirigencia del país y la intelligenzzia criolla cooptaron el pensamiento único que predicaba las bondades del mercado y desplegaba una campaña que no termina contra Estados, partidos, sindicatos y órganos de representación popular. Contrapartida de tanta lacra debía ser una sociedad integrada por ciudadanos racionales, libres, ilustrados, respetuosos de lo público y regidos por la ley; no por padrinos. En suma, la democracia anglosajona trasplantada a un país de montoneras hambreadas y sin horizonte.
Pero el clientelismo no desapareció. Cobró nuevos bríos y otro ropaje. Con la captura del Estado y de la política por las mafias de metra y motosierra, se agigantaron los defectos del clientelismo atávico y el crimen llegó a campear en la política con asombrosa naturalidad. Si en su momento ayudó aquél a capear los desajustes de la transición hacia una modernidad esquiva y excluyente, hoy es el aparato de partidos cuya nueva dirigencia regional medra muchas veces en la presión armada, en el raponazo de los fondos públicos, en la ilegalidad o en el crimen.
La nueva Carta tampoco modernizó la política ni elevó el sentido de ciudadanía. Mas bien contribuyó a fracturar la sociedad y, en lugar de propender a la democracia económica, amplió la brecha social. Pan caliente para un clientelismo que abruma con platas y becas y tejas y tamales sin fin, financiados ahora con recursos dudosos o producto descarado del delito.
Esta Colombia desintegrada sería también pasto del populismo. Populismo tardío que introdujo Alvaro Uribe, pero ahora bajo el signo del mercado y en provecho de los ricos. Ningún descamisado se beneficiará de él con un empleo que le ofrezca ingreso decoroso y dignidad.
Cuentan que el Príncipe alimenta a menudo sus carnitas, a la hora del desayuno, en compañía de algún politicastro que mueve la más fabulosa maquinaria clientelista guardada con sigilo en un computador de Palacio. Organigrama rococó que incluye hasta el último portero del último resquicio del último municipio donde la coalición de gobierno asienta sus reales. El ágape íntimo será antesala del próximo consejo comunal televisado, ya de miles de súbditos incapaces de desprender sus retinas de la chequera presidencial. Como si se tratara de la chequera misma de Name Terán. El presidente Uribe encarna esta síntesis feliz de caudillismo mediático y clientelismo de filigrana. Pobre democracia.
“”””””””””””””
El Polo ofrece candidatos de lujo dispuestos a cambiar tan desapacible panorama. Figuras como las de Aurelio Suárez y Carlos Vicente de Roux le darán al Concejo de Bogotá el vigor necesario para consolidar en la capital un desarrollo con democracia y equidad. De Roux ha brillado como el mejor concejal de la ciudad en el período que culmina.
