por Cristina de la Torre | Oct 7, 2007 | Iglesias, Octubre 2007
Nunca se desmintió con pruebas. En su lugar, un rosario de descalificaciones públicas a esta columnista. El Presbítero Fernando Gómez la recriminó por querer “mezclar a reconocidos bandidos (…) con pontífices santos y cardenales dignísimos de la Iglesia” (El Colombiano, 2-12-84). Han pasado 23 años de mudez en Roma desde cuando el historiador inglés David Yallop denunció que Juan Pablo II había ocupado la silla de San Pedro gracias al asesinato de su antecesor en conspiración urdida con precisión siciliana por una cofradía de cinco que congregaba a mafioso, estafador, obispo, banquero y cardenal, íntimamente ligados a las finanzas del Vaticano. La suscrita se limitaba a reseñar la obra del británico.
En un segundo libro, vuelve Yallop para revelar, esta vez, la historia secreta de Juan Pablo II. Remite El Espectador a información según la cual este Papa habría preservado aquel poder corruptor y la línea conservadora de la Iglesia que Juan Pablo I se aprestaba a desmontar. Se detiene el autor en las relaciones de Wojtyla con Pinochet, en su moral premoderna (hoy magnificada por Benedicto XVI), en la persecución inclemente de sacerdotes y teólogos que quisieran una iglesia pobre para los pobres.
Mas lo que obstaculiza el proceso de santificación del pontífice polaco es que, muerto Luciani, sus presuntos homicidas, lejos de incriminados, fueron ratificados en sus posiciones de mando. Eran ellos: el cardenal Villot, Secretario de Estado del Vaticano y, según Yallop, el meticuloso extinguidor de toda prueba e indicio, no bien consumado el crimen. El obispo Marcinkus, director ejecutivo del Banco Vaticano, acusado de complicidad en una estafa de mil millones de dólares en 1973. El cardenal Cody, arzobispo de Chicago, quien le sustrajo a la Iglesia casi un millón de dólares para su peculio personal. Michele Sindola, autor de la mayor estafa bancaria conocida por entonces en los Estados Unidos, y acusado en 1982 de controlar el tráfico de heroína desde Sicilia hacia ese país. Sindola les habría pagado seis millones y medio de dólares al obispo Marcinkus y a Roberto Calvi.
Este Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, se vio involucrado en el robo de mil millones de dólares y en lavado de activos de la mafia italiana. También filtraba dineros habidos mediante toda suerte de crímenes para la logia “bastarda” P2, con ayuda del Banco Vaticano. Sepultado Luciani tras sus 33 días de pontificado, Calvi habría seguido al servicio de Juan Pablo II, hasta cuando el banquero murió asesinado años después. Villot, Cody y Marcinkus continuaron en sus cargos.
Tal el poder financiero del papado, que hasta Colombia llegó cuando el Banco Cafetero se prestó para intermediar una operación de fiducia con el Banco Ambrosiano de Lima, en momentos en que noventa instituciones financieras del mundo acusaban al Ambrosiano y Roberto Calvi era llamado a juicio. Hasta en la Comisión Tercera de nuestro senado se denunciaron los hechos el 9 de noviembre de 1983: “Alrededor de los episodios del Banco Ambrosiano, declaró, se presentó una serie de crímenes, además (de otros delitos) que son de dominio público”. Los manejos del Banco Vaticano eran vox populi.
Mientras la iglesia Católica va derivando en secta, regentada por un fundamentalismo hermano del “éxtasis de la mojigatería” que Juan Gabriel Vásquez trae a cuento, hastía y ofende esta clerecía purpurada de Marcinkus y Villot. Aristocracia del oro acostumbrada a mandar a baculazo limpio y a enriquecerse sin escrúpulo. Heredera del siglo de la simonía y de los Borgia, cuando las sucesiones dinásticas se definían por envenenamiento; y de sus vástagos modernos, a quienes André Gide, el maldito, dibuja con singular maestría en su novela “Las Cavas del Vaticano”.
Curioso coctel éste de conservadurismo y angurria que concurre a explicar la desbandada de católicos hacia otras toldas o hacia el limbo. Si Yallop está en lo cierto, no será fácil la ascensión a los altares de un Papa non-sancto
por Cristina de la Torre | Sep 23, 2007 | Internacional, Izquierda, Partidos, Septiembre 2007
Hace cuatro décadas, 20 años antes de la caída del muro de Berlín, escribió Teodoro Petkoff un libro que hizo historia: “Proceso a la izquierda”. El autor rompía allí con el estalinismo en armas de Venezuela, y presentaba su Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza de izquierda democrática que se disputó el poder, de tú a tú, con los partidos tradicionales. La “crisis” del Polo en Colombia no es sino el desenlace tardío de idéntica disyuntiva entre las que Petkoff hoy llama “dos izquierdas”. El divorcio de la hora en América Latina es entre la búsqueda de una democracia redistributiva con mercado regulado (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina), y una aleación de ortodoxia comunista con populismo bolivariano que Chávez encarna, seguido de Bolivia y Ecuador.
En Colombia se enfrentan, de un lado, la alternativa socialdemocrática, que se remonta al Frente Unido de Camilo Torres y al Firmes de Gerardo Molina, resucitada por la incorporación del M-19 a la vida civil y ahora organizada en el Polo Democrático. En la otra orilla juegan las FARC: resaca de guerrilla liberal transformada en insurgencia marxista cuando la Unión Soviética libraba su guerra fría contra los Estados Unidos, por interpuesta persona y en tierra ajena. Y cuando en el país volvía a naufragar la reforma agraria que, mal que bien, se ejecutaba en el resto del subcontinente. Pero, arrebatadas por una guerra que se vuelve contra el pueblo mismo, las FARC no son ya opción. Sobran. Estorban la consolidación de una tercera fuerza frente a partidos reducidos a defender privilegios de casta política, con o sin paramilitares, y alelados en mística contemplación del Mesías que más votos da.
Por la seducción de lo desconocido, el chavismo se ha vuelto prueba de fuego para la izquierda colombiana. Primero, porque a Chávez no le ha temblado la mano para renacionalizar las industrias eléctrica y de telecomunicaciones; para devolverle a Venezuela el control sobre su petróleo. Para intentar una reforma agraria llena de improvisaciones y traspiés, apenas liberal como la de López Pumarejo y Carlos Lleras, sí, pero que da sus primeros pasos.
Mas también porque su “Socialismo del siglo XXI” respira ambigüedad, inconsistencia, vanidosa pretensión de inventar el agua tibia. Propone sustituir el capitalismo y la economía de mercado dizque por una economía de “equivalencias” (de trueque); por políticas públicas adoptadas en democracia popular directa, mediante voto electrónico. Y, sin embargo, sueña el sueño que el Sudeste Asiático hizo realidad, el de crear multinacionales poderosas con tecnologías de punta, ya estatales, ya mixtas, capaces de batirse en el mercado global.
Incógnita mayor se abre con la proclividad de Chávez hacia el caudillismo militarista que con tanta facilidad pelecha en nuestro medio. Súmense a esa propensión reformas como la educativa que anuncia, a todas luces, la aplicación de un mecanismo de indoctrinamiento de la población paralelo al de la propaganda oficial intensiva, tan caros a los totalitarismos de entreguerras. Y el hostigamiento a intelectuales y periodistas de oposición, como a los del diario Tal Cual.
Allá y acá asoma el macartismo su fea cabeza. Movería a hilaridad, si no fuera porque en Colombia, donde discrepar es anatema, al disidente se le declara fácilmente objetivo militar. Ya desde los años 30, vaya paradoja, la socialdemocracia se vio aprisionada entre dos fuegos (el del radicalismo comunista y el del partido nazi). Desde entonces, ha resultado ella silenciada con frecuencia por el dogma y por su argumento final, el fusil. Así venga la bala desde ideologías contrarias.
El debate es un derecho. Y el único camino para preservar la unidad del Polo. Debate público, pues sus comités leninistas son minoría irrisoria frente a los millones de colombianos que votan por el Polo, a la búsqueda de un socialismo democrático distinto del chavismo hirsuto y, por supuesto, de la lucha armada y los métodos criminales de las FARC.
Está maduro el Polo para ventilar ideas, programas y decisiones claras. El dilema de Petkoff sigue vigente. Mas para resolverlo en Colombia hay que escapar a la vez a la tenaza de la extrema derecha y la extrema izquierda confabuladas.
por Cristina de la Torre | Sep 8, 2007 | Internacional, Modelo Económico en Colombia, Septiembre 2007
Sacaron a danzar el coco del Pacto Andino y los efectos no se hicieron esperar. La invitación del Presidente Uribe a Hugo Chávez para reintegrarse al acuerdo sugería timonazo de 180 grados. Para sorpresa de todos, el colombiano parecía plegarse a una estrategia de industrialización a cambio del modelo desindustrializador del TLC, embolatado como andaba éste en el congreso norteamericano.Y Chávez aceptaba volver al redil tal vez pensando en recuperar iniciativa sobre la integración suramericana, cuando Lula obstaculizaba su ingreso al MERCOSUR. Ni lo uno, ni lo otro. Hubo susto en Washington y en Brasilia. Expertos gladiadores de pantalla, Uribe y Chávez hicieron fieros y blandieron fierros ensayando abrazos que amenazaban fundir en uno solo al duro de la derecha y el duro de la izquierda. Inadmisible. A poco, empezó a recomponerse la agenda bilateral de negocios entre Venezuela y Brasil. Y a Bogotá arribó una comisión oficial de Estados Unidos para volver a hablar de TLC.
Por rivalidad con Chávez y porque en Brasil gobierna el Partido de los Trabajadores pero no es fuerza hegemónica, Lula había congelado la propuesta de Chávez de crear una suerte de OPEP latinoamericana y optado por biocombustibles como estrategia energética para la región. Esta resultaba decisiva en la integración del subcontinente. Dígalo, si no, el megaproyecto de gasoducto que despega en Venezuela y pasa por Colombia, para extenderse después a las Américas del Centro y el Sur. Con todo, la alternativa andina resultaba más natural y expedita para los países de esta zona, así se encontrara herida de muerte por quienes sostienen todavía, contra toda evidencia, que protección de lo propio y atraso son una y misma cosa.
Ideado por Carlos Lleras en 1966, el Grupo Andino se propuso crear una zona de libre comercio y una unión aduanera entre Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile; definir un arancel externo común para defenderse de las importaciones de terceros; y conformar un mercado común armonizando políticas económicas y dando igual tratamiento al capital extranjero. Meta final sería la programación industrial: especializar la producción por países y abrirles un mercado ampliado para proyectos de gran magnitud. Se trataba de integrar un bloque comercial para catapultar el desarrollo desde una estrategia de industrialización. Y darle capacidad negociadora frente a otros bloques económicos y países altamente desarrollados. La integración andina añadía a la sustitución de importaciones la sustitución de exportaciones. Vale decir, protegía la industria nacional (como lo hicieron todos los países desarrollados y, más recientemente, el Sudeste Asiático), y saltaba de la exportación de productos primarios a la de manufacturas.
Antípoda de este modelo es el del TLC, que desemboca en una anacrónica división mundial del trabajo. Ella otorga a los países ricos el privilegio de producir bienes complejos que agregan mucho valor, y obliga a los nuestros a sacrificar la industrialización lograda para retornar a la producción de minerales y productos agrícolas. Lejos de consagrar el libre mercado, el TLC impone barreras unilaterales y legislaciones asimétricas. El tratado favorece al Goliat de la partida. No podría sino redundar en una apertura unilateral infinitamente más perniciosa que la de los años 90.
El Pacto Andino lo revolcaría todo. Mejor encajaría en el proyecto bolivariano de Chávez que en la sumisa obsesión de Uribe con el TLC. Querer resucitar a aquél como uno más en la mar de tratados y trataditos que el Presidente propone por doquier, es reducirlo a la insignificancia. Si cambio hubo, fue para recuperar las posiciones perdidas. A la Comunidad Andina se la trataba, otra vez, como a la del paseo.
******
Dios libre al Polo del abrazo de las FARC. Y de las balas que lloverían sobre sus candidatos tras los señalamientos del gobierno que identifican a ese partido con el terrorismo.
por Cristina de la Torre | Ago 26, 2007 | Agosto 2007, Modelo Económico, Narcotráfico, Uribismo
Reveladora, la apatía del gobierno frente a la intimidación de las armas y del dinero que ha revivido en el país con ocasión de la campaña electoral. Es en momentos de elecciones cuando la descentralización de hecho que ha tenido lugar en Colombia asoma abiertamente la cabeza. Pero ella no viene sola. La acompaña una reedición populista del presidencialismo.
Se diría que avanzan aquí tendencias simultáneas a la concentración del poder y los recursos en Presidencia de la República, de un lado, y, del otro, en fuerzas que han impuesto autonomías regionales a la brava. Mientras el gobierno central acapara partidas del presupuesto nacional y usurpa fondos de ministerios y localidades para distraer la pobreza, las mafias regionales nos van convirtiendo en una federación de Estados en ciernes. Movimiento divergente en apariencia pero gobernado por idéntica ambición de capturar el patrimonio público en beneficio propio, brincándose las instituciones. El Presidente, con el fin de acrecer su popularidad, acaso pensando en la reelección indefinida. Los poderes “fácticos”, para avanzar en la toma del Estado. Y, en la mitad, políticos cosechando en este río revuelto de centralización personalista y descentralización de hecho.
Así el poder central recorte transferencias, varias regiones operan en la práctica como Estados paralelos. Catapultado por el narcotráfico, el fenómeno cristaliza en la Costa, en Arauca, en los Llanos. Dondequiera que paramilitares o guerrillas instauran ejército propio, dominan la economía, administran justicia, controlan finanzas públicas, territorio y población, y cooptan a la clase política de la zona.
A la consolidación de estos poderes contribuyen la ausencia de una estrategia nacional de desarrollo y las leyes que descentralizan pero no integran ni controlan. El patrimonio público es festín de las viejas y las nuevas “fuerzas vivas” de la región. A este modelo aportó también la desarticulación de los partidos en baronías electorales. Sacrificada su unidad, aquellos perdieron la función integradora que habían desempeñado en la nación. Y la elección popular de gobernadores entregó el último bastión de cohesión del Estado unitario. No siendo ya agente del poder central y arrollado por realidades que lo superaban, el gobernador se volvió instrumento de una autonomía mafiosa. Hoy se nos vende la idea de que la unidad del Estado puede emanar por milagro del carisma del Príncipe.
Pero Palacio poco dice sobre las severas anomalías que rodean la campaña en las regiones, montada, precisamente, sobre la amenaza y el asalto a las finanzas del municipio. Según Claudia López, todos los partidos que en 2003 se vieron involucrados con mafias y paramilitares conservan la personería jurídica e inscriben a miles de candidatos, así hubieran incurrido en concierto para delinquir o en fraude electoral. 328 municipios estarían en alto riesgo electoral. Es que el resultado de las elecciones de octubre, bien puede proyectarse después hacia el solio de Bolívar.
Por su parte, el poder central no se descuida. En consejos comunales contrae gastos no presupuestados cuya financiación se improvisa después. Mete la mano en el presupuesto de 2008 para sacar una tajada de 3.5 billones con destino a una inversión social cada día más difícil de separar de la incesante campaña electoral del Presidente.
Luis Alfonso Hoyos, zar de la inversión social del gobierno, maneja 31 programas. “Junto a su despacho, se informa, funciona una especie de bunker en el que opera un ´gabinete en la sombra´ integrado por delegados de cada ministerio que resuelven los problemas del sector directamente con él”. Triste condición la de ministros que así degradan su investidura, sometidos a personajes que despliegan todo el poder dentro de la más absoluta informalidad. Reina la arbitrariedad en Colombia. La ley de la selva impera en las regiones dominadas por la mafia y al parecer se pavonea también, altanera, por la Casa de Nariño.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2007 | Agosto 2007, Uribismo
Al quinto año de gobierno, la ilusión de una opinión unánime favorable al presidente Uribe acusa sus primeras grietas. Entonces el Primer Mandatario se arrebata, más que nunca, en estridencias vociferantes y amenaza acudir a las masas para rebelarse contra el poder judicial y brincarse el Estado de derecho. Clásico expediente del liderazgo montado sobre una propaganda envolvente financiada con fondos públicos; sobre la adulación plebiscitaria de las masas; sobre la censura de toda crítica al poder, que él asimila a terrorismo. La escena de la Plaza de Bolívar en la que el Presidente humilla a un hombre humilde desde lo alto de su poder, denuncia la despótica rigidez de las verdades oficiales, únicas, inconmovibles, casi divinas. Y evoca la imagen de los caudillos que ensombrecieron la historia de nuestras banana republics.
Lo nuevo, sin embargo, es que otras voces se atreven ya a dejarse oír, a romper el proclamado consenso en torno a la figura presidencial. Aunque mil plumas sigan fieles al poder. Como la de Saúl Hernández, quien objeta la “perorata efectista (del profesor Moncayo) sobre la pobreza, (la) misma monserga retórica, confusa y amañada que utiliza la subversión para justificar la violencia. (El) ha transformado el discurso humanitario en arenga política para poner en tela de juicio el modelo económico del país”. Es decir: quien hable de pobreza sería un subversivo; el modelo económico no admitiría reparo, aunque obedezca a un mandatario que, disfrazado de pobre, gobierna para los ricos; los derechos humanos, hoy también económicos y sociales, serían ajenos a lo político, si bien el alma de toda constitución democrática, de toda lucha social, son los derechos humanos. ¿Qué es, si no política, la gesta de un hombre que camina mil kilómetros para exigir la libertad de su hijo; qué, el fervor multitudinario que su causa suscita a cada paso? ¿O es que la política es prerrogativa exclusiva del presidente Uribe?
Grosera mordaza que se le pone al pensamiento libre. Si en Venezuela cierra canales de televisión, aquí desconceptúa a quien disiente, así se trate de los ríos humanos que condenan el secuestro y les piden a los bandos enfrentados matizar el discurso monocorde de la guerra.
No contento el gobierno con querer silenciar a más y más colombianos, se insubordina contra la justicia, en el momento mismo en que ésta empieza a meter en cintura la parapolítica. El Presidente desprecia la división de poderes propia de las democracias y se convierte en el primer sedicioso. Acaso para salvar pactos secretos con personajes non-sanctos, puja por que las instituciones se acomoden a su personal interés y voluntad, en vez de someterse él a la legalidad. Con Uribe los principios jurídicos resultan ad hoc: cambian según las necesidades del mandatario y los altibajos de su temperamento.
Para completar, en gracia de su vocación populista, el Presidente anuncia que buscará el respaldo del pueblo a su iniciativa de convertir en delincuentes políticos a criminales confesos, dizque para salvar la paz. Como si no existieran otros recursos jurídicos y políticos. José Obdulio Gaviria insulta a los críticos del gobierno y declara que “el pueblo, que es sabio, (apoya) al Presidente”. “En la lucha contra el terrorismo, escribe, a Uribe sólo lo acompañará incondicionalmente el pueblo raso (…) Ese pueblo tiene un líder que lo conduce a la libertad y la seguridad”. Uribe sería el líder de la nación.
Nada nuevo bajo el sol. Todos los autoritarismos de la modernidad cabalgan sobre el mito de la Patria, de la Nación sagrada. Agitan la bandera del pueblo-uno, correlativa a la imagen del poder-uno concentrado en un gobernante que encarna la unidad y la voluntad populares, así en su intimidad subestime a la plebe. Herido el mito de su popularidad, ojalá el Presidente no sucumba a la abierta tiranía de las mayorías que ha engendrado al príncipe que no coincide sino consigo mismo. El “egócrata” de Solzhenitsyn.
por Cristina de la Torre | Jul 29, 2007 | Izquierda, Julio 2007, Partidos
Si el Polo no destapa ante el país sus debates internos, corre el riesgo de desaparecer como primera fuerza de oposición legal. Una minoría irrisoria, resaca de credos atávicos y soterradas fidelidades a las FARC, podría dar al traste con un capital político inmenso. No sólo por lo que se ha visto – la alcaldía de Garzón, los 2 millones 800 mil votos de Carlos Gaviria- sino por lo que augura: la esperanza creciente de ver consolidarse en Colombia una izquierda capaz de trocar la revolución por la reforma, de gobernar para las mayorías y romper sin vacilar con quienes defienden todavía la lucha armada y justifican veladamente los crímenes de la guerrilla.
Máxime ahora, cuando la Corte Suprema reafirma la imposibilidad de confundir delito común con delito político. Imposible encontrarle sentido político al secuestro, al asesinato, la extorsión o el narcotráfico. El asesinato de los diputados por las FARC es un delito atroz, crimen de lesa humanidad que el Polo cometió el error de no condenar sin reservas cuando el país todo se levantó contra él. Incalculable el daño causado, cuyo primer efecto fue, sin duda, el desgano de la ciudadanía para participar en la consulta electoral de una organización que de buenas a primeras parecía simbolizar el más descarnado militarismo y la tozudez de sectas ciegas a los cambios operados en los últimos 40 años. Reductos de una izquierda ahistórica, petrificada, que quisiera avasallar al contingente mayoritario del Polo y malograr la simpatía de tantos y tantos otros que buscan un auténtico socialismo democrático.
Porque no otra cosa se logra con callar frente al secuestro practicado como arma de guerra. Frente al hecho de que a ELN y FARC se les atribuya la mitad de los 23.144 secuestros efectuados en la última década. Frente a la muerte en cautiverio de unos 600 de sus plagiados. Frente a la revelación de que, sólo por extorsión, los ingresos de las guerrillas pueden sumar 7 millones de dólares al año. O aquella de que sólo en el año 2006 hubo en Colombia 1.107 víctimas de las minas antipersonales sembradas por aquellas.
Al lado de este debate viene el de la organización del Polo, fuerza que desborda ya a los grupos de sus orígenes, para situarse en la arena de las grandes ligas. Y aquí sale a danzar de nuevo el espíritu conspirativo tan afecto a los núcleos de iluminados que desde las sombras de su aislamiento se sintieron más de una vez a las puertas del asalto final del poder. Militantes de ideas fijas organizados en una red de nodos inexpugnables y alerta contra todo peligro de contaminación exterior. En la contraparte, quienes registran el fenómeno del Polo como una suerte de “nebulosa” o movimiento de círculos concéntricos que abrazan sectores amplios de una sociedad cada vez más diversa y compleja, en la perspectiva de bifurcarse entre un populismo de derechas y un reformismo socializante y democrático.
Los partidos de comités, comunistas y burgueses, entraron en barrena hace más de medio siglo. Fueron ocupando su lugar organizaciones más flexibles, abiertas a compaginar intereses y programas variopintos, aunque con afinidades esenciales. Caso estelar, los partidos socialdemócratas de Europa, cuya solidez se funda en una transacción entre socialismo y democracia. Y en su disposición a interpretar realidades impronunciables en blanco o negro.
Discutible, pues, el diagnóstico de Maria Elvira Samper, para quien el Polo ha de escoger entre “construir identidad propia y un partido organizado”, y una dinámica de alianzas electorales. Identidad puede haber en un horizonte de coaliciones sin tener que acudir al expediente conservador del partido de clase o de gremio. Faltaría, claro, un ingrediente esencial: qué piensa el Polo y qué propone.
Tremenda responsabilidad enfrenta el Polo. Bien hace en tratar de preservar su unidad, pero no hasta el punto de morir en el cadalso del dogmatismo armado y doctrinario. Como ha sido historia repetida en Colombia.
por Cristina de la Torre | Jul 15, 2007 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Julio 2007
Un sentimiento de prepotencia que esconde cobardía mueve el gatillo de guerrilleros y paramilitares, autores del genocidio en Colombia. Machismo, se le llama en criollo. Epopeya enana de insurgentes que se plegaron al narcotráfico y a la guerra sucia; asesinatos en masa de un Jorge 40, personaje siniestro que osaría pasar por héroe de la cacareada Patria.
Héroes de la patria fueron, esos sí, los pensadores de la independencia fusilados por Morillo y cuyo espacio vinieron a ocupar los poderes provinciales alzados siempre en armas, para dejar su impronta belicista sobre dos siglos de República. Nuestra clase “dirigente” se afirmó en el poder militar de hacendados cuya peonada obraba a la vez como fuerza de trabajo, ejército particular y cauda electoral. Los señores de la guerra, hoy Mancuso y Jojoy.
Tal vez sobre este precedente redoblaría aquí su impacto la influencia corrosiva de los totalitarismos fascistas y comunistas. Pesaron los primeros en el espíritu que durante la violencia bifurcó a la dirigencia de los partidos entre liberales afectos al New Deal y simpatizantes de la Falange española. La acción intrépida y el atentado personal de aquellos tiempos parecen reencarnar en el verbo intrépido del ex ministro Fernando Londoño. Y en el ánimo de los lunáticos que hicieron del país un campo santo.
La intolerancia hirsuta del estalinismo-maoísmo-leninismo se enseñoreó sin dificultad de grupos guerrilleros que pronto devinieron sectas fundamentalistas, amigas de una revolución imaginaria e implacables aún con sus propios correligionarios. La juventud de mis días había mirado con respeto a los condiscípulos que abandonaban las aulas para empuñar el fusil, a la búsqueda de un país mejor. De ello, poco quedó.
Si el Frente Nacional obstaculizaba la expresión de opciones políticas distintas de las tradicionales, las guerrillas impusieron la lucha armada como posibilidad única para la izquierda. Y, para rematar, jefes hubo que descargaron sobre sus combatientes todo el rigor de una autoridad arbitraria. Escribe Jaime Arenas que en la infancia del ELN murieron más guerrilleros fusilados que en combate. La discrepancia ideológica y hasta la tardanza en “acampesinarse” o en coger el paso de la marcha por el monte llegaron a considerarse delitos contra la revolución.
Difícil calcular cuánto pesó esta atmósfera de “auténticos varones” en el padre Camilo Torres para que éste se lanzara, todo ingenuidad e inexperiencia, a morir en el intento de ganarse el arma en combate. En acto de arrojo forzoso, como si se tratara de uno más, moría Camilo a la vista del jefe, Fabio Vásquez, que increíblemente permitía así el sacrificio de un líder de masas que hubiera emulado con el poder de arrastre de Gaitán.
A Ricardo Lara, segundo al mando del ELN, lo ejecutó un comando de la organización en una calle oscura de Barranca. No le perdonaron a Lara que se hubiera separado de ella para encabezar un movimiento de izquierda legal. Se sacrificó la existencia de una izquierda democrática a la glorificación de las armas, a la ambición de figuración personal y de poder. Pueda ser que hombres como Francisco Galán reviertan esta triste historia en las conversaciones de La Habana.
El dogma de la lucha armada y la combinación de formas de lucha terminaron aupando el militarismo criminal que avasalló al país y que borra diferencias entre la guerrilla y el paramilitarismo. Sin tales referentes no se entendería la naturalidad con que estos ejércitos ilegales secuestran y ejecutan a sus víctimas o las dejan morir de selva. Ni se entendería la orden de la comandanta Karina de matar, porque sí, al hijo de Jaime Jaramillo, Comisionado de Paz de Antioquia. El machismo no conoce género.
Viril es bajar el arma que apunta a un humano indefenso, por el valor civil y la grandeza que ese acto encierra. Es hora de terminar esta guerra de verdugos y de erradicar el lenguaje beligerante que la alienta. No más guerra de vanidades.
por Cristina de la Torre | Jul 1, 2007 | Julio 2007, Modelo Económico en Colombia, Uribismo
El gobierno central vende patrimonio público y usurpa funciones y recursos de otras esferas del Estado para financiar su campaña incesante de propaganda, fuente de popularidad del Primer Mandatario. A propaganda parece reducirse la política social del gobierno. Monopolio de la oficina de Acción Social de Presidencia, “lo social” se ha vuelto dádiva del Jefe de Estado a los pobres. No evoca ya al Estado de bienestar, que funde en una misma estructura seguridad social y desarrollo económico. Más bien recuerda la figura de un Menem, de un Fujimori, aconductados ejecutores de la nueva política social ideada por el Banco Mundial para aletargar la bomba que resultaba de imponer a la brava la economía de mercado –sin sacrificar el modelo. Este le sirve al presidente Uribe para fungir como redentor del pueblo mientras clausura el Seguro Social y privilegia al gran capital.
Por otra parte, el prestigio personal que su imagen de Titán contra las FARC le reporta al Presidente aumenta la confianza en el gobierno central y acentúa la inclinación autoritaria que hoy se observa en el país. Tan generoso apoyo de opinión le permite a la Casa de Nariño extender sus tentáculos sobre todo cuanto en el Estado presente cariz “social”. A Caballero Argáez le preocupa que el gobierno nacional “sustituya con sus programas de gasto público y sus consejos comunales las funciones de inversión y tributación (de) los gobiernos locales”, pues ello atenta contra la autonomía de las regiones.
En un país sin estrategias de desarrollo propio, sin clase dirigente ni partidos respetables, donde las encuestas de opinión marcan la ruta de la acción pública, la política social degenera en asistencialismo y queda librada al azar del primer audaz que sepa echarle mano para usufructo de él y de sus políticos. Al populismo se suma el clientelismo. Politiquería (y seguramente corrupción) con recursos que el gobierno proyecta en 18.5 billones para los cuatro años venideros.
Pero las finanzas locales no son la única fuente que nutre los incontables servicios sociales de Presidencia. Por ejemplo, la nueva ley agraria le entrega a la Presidencia la asignación y protección de tierras para desplazados, y sus recursos. Además, permitiría legalizar predios adquiridos mediante fraude o por las armas; y lavar activos. Así, Presidencia usurpa funciones para las cuales no está preparada, se apodera de fondos ajenos y, frente a anomalías de calibre penal, calla.
El multimillonario Plan Vial empezó a ejecutarse en los consejos comunales, a la topa tolondra, sin llenar los requisitos técnicos y, a veces, en forma dolosa. Festín de asignación de “carreteritas” para contento de la galería, el plan no podía sino desembocar en el escándalo que hoy rodea al Ministerio de Transporte.
El ministro de Protección Social va en grande: clausurará el ICSS y entregará a las EPS privadas los 1.25 billones que el Instituto recibe de sus afiliados cada año, mientras aquellas dejan morir pacientes a las puertas de sus hospitales. De la mano de esta insólita decisión va, claro, el Sisbén, donde el Presidente o sus agentes entregan el servicio a beneficiarios con nombre propio. En medio de sus penurias, adquieren éstos deuda de gratitud personal con el benefactor que así desnaturaliza la universalidad de la política social y la convierte en instrumento de contraprestación política.
En Colombia la proporción del gasto del gobierno central con relación al PIB es del 22%; en América Latina es del 12%. Sin embargo, 13 millones de colombianos padecen miseria extrema. Se combinan aquí con singular maestría populismo y clientelismo. Caudillismo adobado con política de filigrana que despoja a muchos de la ciudadanía, convirtiendo sus derechos en necesidades silvestres sin alcance político. El pueblo colombiano va derivando en ejército de mendigos fijado a la ilusión del “chequecito”, alivio fugaz de sus miserias. En vez de empleo, caridad. Es el modelo.
por Cristina de la Torre | Jun 3, 2007 | Junio 2007, Narcotráfico
Natalia Springer apunta directo a la mandíbula de la crisis. Señala ella que “los verdaderos patrocinadores y las grandes responsabilidades de esta guerra siguen en la sombra, perfectamente a salvo”. Si. En las entretelas del escándalo, el narcotráfico. Economía paralela de proporciones inimaginables que en 30 años ha favorecido a tantos, sin distingos de clase. Si en más del 80 por ciento de los municipios de Colombia compró tierras el narcotráfico, el filón mayor del negocio está en el sector financiero. Millonadas ha recibido de él la banca mundial, poco escrupulosa inclusive cuando de lavar dinero se trata, y acaso también la propia. A ello contribuyeron las reformas de los años 90. La internacionalización de la economía liberaba el movimiento de capitales en un escenario de desregulación de mercados, informalidad en las transacciones financieras y falta de controles.
El valor de la cocaína exportada en estas tres décadas, a precio mayorista, asciende a un billón 800 mil millones de dólares. No queda todo en manos del narcotráfico. Parte considerable de este valor se riega entre productores, transportadores, comisionistas, militares, paramilitares, guerrilleros, políticos, lavadores, funcionarios públicos, cultivadores… Pero el grueso va a parar a los 17 paraísos fiscales que lavan y reciclan fondos, muchos de los cuales terminan en la bolsa de Londres o en la de Nueva York. Proliferan en aquellos paraísos las transacciones invisibles de lavado de dólares, al abrigo de la confidencialidad que ofrecen y de sofisticados recursos para eludir controles legales.
Explica Ricardo Rocha que el narcotráfico también trae al país capitales encubiertos en operaciones internacionales legales, a través de la balanza de pagos. Sus coartadas más frecuentes, contrabando y subfacturación de importaciones, sobrefacturación de exportaciones, y capitales declarados como transferencias. Pero existe, además, una cantidad abrumadora de operaciones financieras realizadas por fuera de los establecimientos legales. Mercados paralelos, financiero y cambiario, que hacen las delicias de capitales de difícil explicación. Providencial resultó, pues, esta reforma financiera que suprimía los controles a los flujos de capital y de divisas, antes en cabeza exclusiva del Banco de la República.
Se creó en Colombia un enorme mercado negro de capitales que ha servido, por contera, para financiar el negocio de la droga. Coexisten en nuestra economía un sector formal y un sector informal. La soterrada repatriación de capitales provocó lo que nuestro autor llama “recomposición de la riqueza”, favorecida por esta eliminación de controles. La industria de la droga se traslapa con la economía formal, coexiste con ella y la complementa. En línea similar, casos se han visto de nuevas elites que se traslapan con las viejas elites, coexisten con ellas y las complementan. Movilidad social. Apenas natural, cuando uno de los costos gruesos de esta economía paralela es el lavado de activos y la inserción en la economía legal. La empresa del narcotráfico requiere organizaciones especializadas de carácter legal e ilegal. Como se exigen garantías sobre activos en Colombia, las inversiones se canalizan hacia construcción, propiedad rural y activos financieros. Las relaciones con la economía formal y con la sociedad procede por cooptación y por corrupción.
Tras la fría dinámica de la economía hay gente. Si FARC y Auc derivan del narcotráfico el grueso de sus ingresos, también empieza a revelarse que la responsabilidad de muchos empresarios en esta guerra trasciende la simple flojera frente a la extorsión. Se sabe. El gobierno lo sabe. Podrán meterlos a todos en la cárcel. A Mancuso y sus huestes, a Tirofijo y las suyas, a sus cohortes políticas. Pero mientras siga vivo el narcotráfico y sus principales beneficiarios en la sombra, otros ejércitos vendrán a reemplazarlos. Y seguiremos en esta macabra comedia de las equivocaciones.
por Cristina de la Torre | May 20, 2007 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2007, Narcotráfico
El alegre compadrazgo de políticos con ejércitos de criminales apenas encubre el mar de fondo del narcotráfico, negocio multinacional acaso tan pujante como el del petróleo. El impacto del genocidio y sus horrores parece distraer las miradas del fenómeno que ha signado la desgracia del país. Los paramilitares y no pocos de sus aliados –que durante años alternaron la ilegalidad con la cheveridad en casa de familias prestantes- no son sino la punta del iceberg de una cadena económica que arranca en el narcocultivo y culmina en operaciones de alto vuelo en el mercado financiero internacional. Mercado protegido por paraísos fiscales de países que fungen como templo de la civilización y se escandalizan con la barbarie de nuestras banana republic.
También los paramilitares incursionaron en el narcotráfico, claro. Pero, no obstante la parcial desmovilización de las AUC, los carteles de la droga siguen intactos y vaya uno a saber qué círculos poderosos de nuestra sociedad andan en ello. O qué porcentaje de la población vive directa o indirectamente del negocio, con frescura que desafía a la ley y a las buenas costumbres. Mares de insatisfechos dirán que la droga les ofreció la salida en un país que hostiliza a su gente y ha expulsado a cinco millones de compatriotas por falta de empleo y de oportunidades.
Se sabe que en el origen está la alianza de narcotraficantes (para hacerse con la propiedad de la tierra) y autodefensas (para facilitarles la operación y protegerlos). Hace diez años, los narcotraficantes habían comprado más de cuatro millones de hectáreas en 409 de los 1.023 municipios de Colombia. Y no se sabe a cuántos se extiende hoy su dominio. Inversión rentable que permitía lavar activos y aprestigiaba a los nuevos contingentes sociales, la compra de tierra garantizaba, sobre todo, el control estratégico de los corredores de comercialización y exportación de la droga. El control económico, militar y territorial también daba cobijo seguro a laboratorios para producirla y dominio dictatorial sobre la menguada población que en ella quedaba.
Se desencadenó un proceso de hiperconcentración de la propiedad rural que para muchos significó venta obligada de sus fundos o desalojo violento. Se echó mano de la fuerza armada para operar toda una contrarreforma agraria en el breve término de 10 o 15 años. Máxime cuando no tardaron las guerrillas en agredir a los nuevos propietarios, bien por disputarles el control del territorio que también a ellas servía para contrabandear armas y sacar droga, bien por esquilmarlos mediante secuestro y extorsión.
Debido al asedio de la guerrilla, muchos propietarios vendieron sus fincas a precios irrisorios. Pero, según el investigador Alejandro Reyes, otros tantos latifundistas tradicionales se unieron al narcotráfico para refinanciar sus haciendas. En adelante, en el departamento del Magdalena, combinarían labores agropecuarias legales con el negocio de la droga.
Los paramilitares evolucionaron de simples peones dotados de armas cortas para defender fincas, a mercenarios profesionales de acción ofensiva para recuperar territorios con armamento de guerra. Al filo de su desmovilización, las AUC constituían verdaderos ejércitos financiados por narcotraficantes, empresarios y terratenientes tradicionales, que parecían controlar medio país, cada uno con su monopolio de la fuerza, de la justicia y de las finanzas públicas.
Por su parte, el llamado de las Fuerzas Armadas a formar autodefensas y su apoyo ocasional a los paramilitares legitimó la participación de estos últimos en una alianza antisubversiva que les mereció la simpatía del latifundismo tradicional, que además conservaba el poder político de las regiones.
La parapolítica no es, pues, sino el brazo político y militar de una purulencia descomunal que sólo desaparecerá con la legalización de la droga y una reforma agraria que haga justicia y modernice el campo.
