por Cristina de la Torre | May 12, 2007 | Iglesias, Mayo 2007
Una explosiva aleación parece cocinarse en Colombia, capaz de aniquilar lo que queda de democracia. Mezcla de fanatismo religioso y derecha política alentada cada vez más abiertamente desde el poder, su mayor peligro está en el caldo que la recibe: la naturalidad con que amplios sectores de opinión contemplan extremos de violencia e intolerancia que evocan momentos aciagos de la historia. En las democracias, el verdadero preámbulo a un régimen de fuerza es la predisposición de la opinión a aceptar la arbitrariedad, la injusticia, el horror. Sin ella, nada podría la caprichosa voluntad del Príncipe, siempre interesado en guardar apariencias de libertad y sindéresis. Y hábil, en nuestro caso, para tocar fibras de religiosidad silvestre elevando a mística la política de seguridad.
Registremos síntomas. El paramilitar Francisco Villalba describe cómo aprendió a descuartizar con personas vivas y declara que “no es bueno dedicarse a picar gente por mucho tiempo”. Lo bueno sería, tal vez, la economía de espacio y trabajo cuando a cavar fosas tocaban. Y la eficiencia para sacrificar víctimas –decenas de miles- como en genocidios técnicamente perpetrados en otros lares.
Cientos de fosas comunes se abren con sigilo para arrojar restos a los ríos. Se informa que Mancuso hizo desenterrar a un líder indígena para botarlo al Sinú. A renglón seguido, que el líder de las AUC “condiciona” la entrega de bienes a que no se juzgue a sus lugartenientes. Mientras tanto, políticos amigos de paramilitares siguen proclamándose uribistas y el Presidente, en lugar de sacudírselos cuando se los denuncia, condena y persigue al denunciante. Desconceptúa a la oposición que pone el dedo en aquella llaga repulsiva; y confiesa, como un triunfo de la virilidad, que su gobierno espía a la oposición. Pero, oh sorpresa, al punto sabemos que la popularidad del Presidente no baja del 80%.
Algo hay aquí de teflón, algo de manipulación mediática. Pero otro tanto de reacción contra guerrillas que perdieron hace rato su razón de ser y cayeron en el vértigo de la guerra sucia. ¿Quién responde por las 119 víctimas inocentes que murieron en la iglesia de Bojayá a manos de las FARC? Muchos colombianos ven pasar también, como alelados, el quinto aniversario de esta masacre.
A la par que el Presidente subestima el compromiso de prosélitos suyos con hechos que repugnan al mundo civilizado, comparte las posiciones más conservadoras de la jerarquía católica y le permite violar los fueros del poder civil. Como si la Constitución no prohibiera –por fin!- imponer la educación religiosa, la ministra de esa cartera reconoce que, tras prolongada discusión, fue “forzada” por los obispos a reglamentar la clase de religión en los colegios. Alarmante involución a la constitución decimonónica de Núñez, santo de la devoción del presidente Uribe.
Pero ya desde principios de su gobierno había instado él a la juventud a dejar el “gustico” para después; así como la Iglesia recomienda a sus fieles la abstinencia y califica de descarada la campaña de la Alcaldía para fomentar el uso del condón en los colegios. Elocuente desliz en su propensión a invadir la vida y la moral privadas. “No se puede hacer en pleno siglo XXI lo que hacía Hitler hace 60 años”, apuntaría el senador Helí Rojas. Olvidó mencionar la apelación a los vocablos “Dios” y “Patria”, tan socorridos en regímenes que funden en uno solo el poder de la Iglesia y el del Estado, las teocracias.
Peligrosa mezcla de religión y política. En Europa se anhelaba el fascismo, un autoritarismo de orientación religiosa, antes de que se inventara aquel término. Ese sentimiento ha vuelto a surgir. Con Bush se abrió paso en Estados Unidos la alianza entre neoconservadurismo y la derecha cristiana. Un clima fascista que derivó en guerra santa. ¿Estaremos los colombianos en peligro de padecer idéntica experiencia?
por Cristina de la Torre | Abr 15, 2007 | Abril 2007, Política económica
Como maná del cielo debió de caerle al conservatismo la denuncia de que contratistas del Distrito habían falsificado parte de su actualización catastral, en momentos en que el alcalde Garzón reajustaba las tarifas del impuesto predial y el partido azul azuzaba al pueblo para boicotear la medida. Abocado a la campaña electoral, este partido querrá crear la impresión de que defiende los intereses populares cuando, en verdad, no hace sino reproducir el ancestral pataleo de los poderosos contra el predial. Se escuda en los contribuyentes de a pie para defender, sin confesarlo, los intereses de los grandes.
En Colombia es recurrente la atávica repulsa al avalúo catastral y al impuesto que de él deriva. Desde hace 70 años, cuando Carlos Lleras echó los cimientos de un catastro moderno para un país que se modernizaba, la legislación del catastro navega al vaivén de las presiones de latifundistas y casatenientes. El Frente Nacional le devolvió al Agustín Codazi la autoridad perdida en los años de la violencia. Finalizando los años 60, se preparó el primer plan nacional masivo de catastro. Buscaba, entre otros objetivos, el de avaluar los inmuebles que en función de la reforma agraria debía adquirir el Estado. Pero en 1972, la administración de Misael Pastrana congeló todo el programa catastral. El proyecto de reforma agraria provocaba, como se recordará, una brutal reacción en los núcleos sociales que desde la Colonia mandaban con perrero en el país. Hasta cuando se desmontó en Chicoral y se le amortajó con un sistema catastral que subvaluaba la tierra, reduciendo la base gravable al gusto de sus interesados.
A cada tentativa de reajuste del predial, organizaba el notablato la reacción. En más de un municipio se presentaron problemas de orden público. En Málaga, Santander; en la Tebaida y Quimbaya, Quindío, funcionarios del catastro nacional se vieron al borde del linchamiento por turbas instigadas desde el púlpito, desde la alcaldía o el concejo municipal. A la muerte de la reforma agraria se sumaba, pues, el debilitamiento del catastro hasta su más lánguida expresión.
Por fin, en 1983, Ernesto Parra Lleras, director a la sazón del Catastro Nacional, redacta la ley que institucionaliza el índice de reajuste anual, obliga la actualización masiva del catastro cada cinco años y generaliza el autoevalúo. Diez años después, un nuevo modelo de Estado privatizaría también las funciones del IGAC. Un seguimiento a los últimos tres lustros prueba, sin embargo, que el catastro es más eficiente supervisado y controlado desde el centro y financiado con recursos del presupuesto nacional. Como lo propone Parra Lleras.
El ajuste que Garzón adopta para Bogotá es remedio modesto a un monumento de contrastes e inequidades. Como el del avalúo de un almacén Éxito que hace un año registraba 2 millones de pesos el metro cuadrado y con el reajuste quedaría en 8, cuando su precio comercial se estima en 40 millones el metro. También los predios rurales declaran valores irrisorios. En San Alberto, Cesar, tierra de explotación intensiva, el avalúo promedio por hectárea es de sólo 387 mil pesos y el avalúo promedio por predio es de 47 millones. Lo que vale una casita de interés social en las goteras de Bogotá! Ni hablar de la valorización de tierras por los lados de la costa Caribe, donde es más acusado el violento proceso de contrarreforma agraria que el narcotráfico protagonizó, con ayuda de los paramilitares y aval de su clase política.
En la urgencia de estudiar un modelo de catastro para el nuevo país que pide pista, descorazona saber que en su Plan de Desarrollo 2002-2006 el presidente Uribe elimina la elaboración del catastro en las zonas rurales. Y que su alianza con el conservatismo no desfallece, aunque este partido reedite hoy la acción intrépida que en tiempos de la violencia cooptara del fascismo.
por Cristina de la Torre | Mar 21, 2007 | Iglesias, Marzo 2007
Parecería un suicidio, pero tal vez no lo sea. El retroceso ideológico de la Iglesia Católica que el Papa Benedicto acaba de formalizar sugiere que Roma decide recuperar identidad de cuerpo en vez de seguir disputándose masas amorfas inclinadas a religiones de empaque más receptivo a sus angustias. Condenar el aborto, el divorcio, la eutanasia, el matrimonio de los clérigos y entre homosexuales en pleno siglo XXI es desandar el camino a zancadas hacia la rancia tradición de los valores “eternos”. Resucitar el latín y el canto gregoriano para la misa no se entiende sino como recurso del ritual cuya eficacia se ha perdido por contemporizar con el rock y la guitarra eléctrica. Ahora se endereza de nuevo a amalgamar la comunidad de creyentes en un mismo sentimiento de amor a Dios, a lo innombrable, a lo desconocido. La fuerza de la liturgia va en el símbolo y en el misterio. Y la Iglesia lo sabe.
Si todo ello conduce a solidificar una comunidad de fieles más reducida pero selecta, no menos lo hace la persecución a los “herejes”. En el principio inquebrantable de unidad ideológica e institucional cifró la Iglesia su poder. Por eso persigue hoy al teólogo centroamericano que se atrevió a exaltar la figura histórica y humana de Jesús. En menos que canta un gallo lo condenó la Congregación para la Defensa de la Fe, antes presidida por Benedicto cuando todavía se llamaba “Oficina de la Inquisición”. Fue éste su primer acto de gobierno como Papa.
Pero el “gran hereje” resulta ser Hans Küng por pretender volver a la doctrina social de la Iglesia que Juan XXIII trazara en los años sesenta, verdadera revolución en el seno del catolicismo. En el Tercer Mundo se acuñó aquella doctrina como “opción social por los pobres” y su arrastre de terremoto obedeció a la simplicidad de la propuesta: volver al cristianismo primigenio, al Sermón de la Montaña. Consuelo que en países donde la inequidad es norma, resulta, como entonces, subversivo. Mas no en la Europa socialdemócrata del Papa campesino. Pontífice que, en lugar del poder terrenal montado sobre el sentimiento religioso de las gentes, buscaba el poder espiritual traducido en justicia social.
Juan adaptó su Iglesia a la unánime exigencia de moderar el capitalismo al tenor del Estado social que desde principios del siglo XX se había entronizado en Europa occidental y Norteamérica. Entonces los curas de base dibujaron horizontes de esperanza, no para la eternidad sino para el diario vivir. Los dos Papas que le siguieron echaron pie atrás. Se acomodaron a la dinámica del neoconservadurismo que, en economía, volvía al mercado sin control y, en moral, a la concepción medieval de familia y sexualidad. La exhortación de Benedicto finiquita esta tendencia. Justamente cuando en América Latina el péndulo busca de nuevo una opción capaz de corregir el desastre causado por la ambición sin freno de los menos a costa de los más.
Ordena el Papa a sus obispos emprender la lucha ideológica en defensa de valores no negociables y desde un “catolicismo militante”. Evoca, acaso sin quererlo, la imagen de la Espada y la Cruz, armas de guerra santa que la Iglesia blande periódicamente. Relucieron ellas en las Cruzadas y en la Inquisición. En nuestros predios, no ha mucho, durante la violencia, cuando ciertos purpurados pulpiteaban a los liberales mientras la guerra entre partidos arrojaba muertos y muertos cada día.
Con Benedicto culminan los ires y venires de la política eclesiástica en los últimos 40 años. Todo indica que se propone sacrificar algo de la masa de fieles que hoy comulgan y mañana abortan, por un conglomerado quizá más reducido pero más dispuesto a actuar como ejército de fe imbatible, dentro de una Iglesia que torna a la oscuridad. Principio aristocrático que emularía con la doctrina de los elegidos, y que en mexicano reza: somos pocos, pero machos.
por Cristina de la Torre | Mar 20, 2007 | Internacional, Marzo 2007, Modelo Económico
Con un siglo de retardo, la China tiende hoy hacia el modelo que la socialdemocracia había adoptado en los países desarrollados como fórmula de transacción entre un capitalismo sin control y el paradigma totalitario que se ensayaba en Rusia. La Asamblea Popular china acaba de aprobar por mayoría abrumadora la ley que le otorga a la propiedad privada el mismo estatus de la propiedad pública y la colectiva. Desenlace de un proceso de ablandamiento de ideas e instituciones que comenzó hace tres décadas, cuando el coloso de oriente se dio a disputarse el mando de la economía mundial. Hoy ocupa el cuarto lugar entre las potencias del planeta. El “peligro amarillo” ya no evoca el mito de la raza famélica que todo lo invade en busca de sustento, sino el riesgo de destronar a Estados Unidos, Europa y Japón.
Pero el timonazo final parecía inevitable también porque casi dos tercios de su producto interno bruto pertenece ya al sector privado. Sin embargo, la vetusta dirigencia del Partido Comunista seguía atornillada a una ortodoxia inflexible que le impedía ver la realidad: el gigante feudal se había industrializado. Roto el cascarón del subdesarrollo, incursionaba en la modernidad sin mirar atrás, como no fuera para adaptar los símbolos de su cultura milenaria a nuevos afanes. El Estado podía ahora dulcificar su avasallamiento de la producción y el consumo. Se había escalado la condición que en su momento le permitió a Europa democratizar el Estado y la economía por el camino de las reformas y no por el de la revolución violenta.
Heredera del liberalismo y, además, cuna de recias organizaciones obreras, Europa occidental introdujo el Estado social al despuntar el siglo XX. Intervencionista, el nuevo Estado rompe el principio de la autonomía del mercado como agente principal de regulación de la economía. Pero respeta la libertad de empresa. Lo mismo propicia el crecimiento que condiciones de vida decorosa para todos. No redistribuye la propiedad, a la usanza del comunismo, sino el ingreso. Y, en régimen de economía mixta, planifica concertando con las fuerzas de la sociedad. Mas, ¿qué es, si no, economía mixta, esta convivencia y cooperación entre capital privado y público que se observa hace rato en China? Acaso no se cumplan allá todas las notas que le dan su fisonomía al Estado social en el mundo capitalista. Pero se adivina el poder de inducción de una economía mixta sobre las demás aristas del modelo.
Si desde la orilla de la China Roja el péndulo se desplaza hacia un socialismo “de mercado”, desde el extremo neoliberal amaga éste con devolverse a su turno hacia un punto medio o moderado. Así lo sugiere Joseph Stiglitz, exdirectivo del Banco Mundial cuando este organismo suspiraba con más brío por el lesefer. Ahora él considera insostenible el fundamentalismo de mercado y necesaria la intervención del Estado, si se quiere eficiencia en la economía. Inesperadamente, exalta el modelo sueco como “otra forma de economía de mercado”; a sabiendas de que Suecia representa, ni más ni menos, el tipo más acabado del Estado social. Para rematar, elogia el desempeño de buena parte del Este asiático en la globalización, cuya gestión, le parece, beneficiaría por igual a países desarrollados y subdesarrollados.
Parece claro, pues, que los modelos radicales tienden a moderarse y a converger en algún punto intermedio. Y que el modelo socialdemócrata adquiere vigencia renovada, en la medida en que tanto la tiranía del Estado como la del mercado se muestran hoy como engendros intolerables del pasado.
Con todo, un hondo abismo separaría todavía al nuevo modelo chino del socialdemócrata europeo: el autoritarismo del régimen político. Sería hora de reconciliar democracia económica con democracia política. Antes de que ocurra otra masacre como la de Tiananmen para silenciar a bala la rebelión contra la dictadura.
por Cristina de la Torre | Mar 18, 2007 | Marzo 2007, Modelo Político
No es un ardid, es un modelo. Un libreto estudiado y calculado, diría en aguda observación Rafael Pardo, refiriéndose a la habilidad del presidente Uribe para resolver a su favor las crisis y amenazas que lo asechan. En las llamadas democracias de audiencia, donde los medios de información protagonizan la acción, todo acto de gobierno se apoya en un control riguroso de la opinión.
Diríase que nada nuevo hay bajo el sol. Ya Hitler y Stalin, cada uno en pos de su propio fin, habían llevado a la apoteosis el despliegue de la propaganda política como medio de manipulación y control de los gobernados. Pero hoy, cuando partidos y programas van cediendo el paso a expertos en comunicación que pasan por caudillos, no se trata apenas de convertir la política en espectáculo para seducir a la masa. Se trata de lograr que piense menos, lo más parecido posible, y reaccione con más agilidad a los apremios políticos de cada día, al ritmo de sus emociones primarias. En cristiano, somos presa de la demagogia.
Cierto que por obra de la radio y la televisión, la discusión de los problemas se desplaza hacia el público mismo. Humberto de la Calle destaca el poder de la W para “potenciar el lenguaje de la gente como factor importante en la toma de decisiones públicas”. Concedido. Pero de allí a pensar que la radio puede constituir una especie de Agora moderna, media un abismo.
El “lenguaje de la gente” casi nunca es expresión genuina de lo que ella piensa y siente. Resulta a menudo del propio poder de inducción de los medios. Y sobre éste cabalga el populismo refrendario, que pesca en el río revuelto de sociedades desorganizadas y maleables. El Presidente pone a los medios a hablar de lo que él quiere, y a la gente a reaccionar en consecuencia. Suya es la iniciativa, suya la audiencia. Encarna al líder de nuestros días, en buena medida confeccionado al calor de reflectores y micrófonos, imagen rediviva del iluminado que hoy los medios potencian hacia territorios más vastos.
A configurar este cuadro contribuye el fetiche de la democracia directa. En nuestras sociedades de masas, dominadas por los medios y cuyas formas organizadas han sufrido el embate de un modelo que procura debilitar al Estado y desactivar a la sociedad civil, la democracia directa no puede ser sino refrendaria. Contra lo esperado, en ella se sacrifican las formas más calificadas de participación política, pues reduce, deforma o elimina los escenarios de deliberación, control y decisión política. Termina por uniformar la opinión y por movilizar a la sociedad alrededor de un hombre providencial, el César postmoderno.
La política deriva en mística entrega de la voluntad popular a un personaje que puede terminar gobernando sin Dios y sin ley. Peligroso avance hacia la democracia del aplauso. Porque considera que el consenso puede legitimar cualquier abuso y que el disenso resulta, de suyo, amenazante. Tal como se vio en el referendo de 2003, cuando se quiso asimilar a terroristas a quienes se oponían a la iniciativa del gobierno.
No todo ensayo de democracia directa sirve a la democracia. Los consejos comunitarios del presidente Uribe parecen diseñados para servir sólo a la imagen de un mandatario que reasigna partidas del presupuesto a título personal. Melancólica réplica del Agora griega, cuyo propósito medular consiste en que los medios registren la escena, durante horas, en vivo y en directo, pues a los asistentes se les ha privado de todo poder. Derechos reducidos a cristiana largueza sobre pequeñeces de parroquia.
Si el presidente Uribe es maestro en democracia de audiencia, acaso ello se deba también a que el modelo viene como anillo al dedo inquisitorial de su personalidad. Desafiante, responde a la fantasía de poder de un pueblo que hacía rato añoraba jefe. Y, si vulnerable, su dominio de las cámaras le permite presentar las pequeñas vanidades como fuerza de carácter.
Refinada técnica de propaganda la de este populismo envolvente, capaz de trocar la astucia en heroísmo y, en santidad, la ambigüedad frente a excesos que cualquier democracia conjuraría sin vacilación.
por Cristina de la Torre | Feb 11, 2007 | Febrero 2007, Modelo Económico en Colombia
A propósito del retorno de algunos países latinoamericanos al Estado intervencionista, descalifica Rudolf Hommes a quienes “desempolvan” un “estatismo” cuyas virtudes no se habrían manifestado en el pasado y hoy promueve nacionalizaciones injustificadas o un manejo populista de la economía.
Mentor de la apertura económica que se introdujo en Colombia desde 1990, el ilustre economista peca por omisión y por confusión (deliberada?) de procesos. Por omisión, pues calla frente al papel modernizador del Estado promotor del desarrollo en buena parte de la región durante el siglo XX. Y por intentar desorientar a la opinión al catalogar como populista a todo cuanto se aparte del mercado.
Olvida él que, gracias al Estado intervencionista, se encaminó América Latina hacia el desarrollo, a contrapelo de oligarquías que se contentaban con exportar alimentos y materias primas, mientras manejaban la cosa pública como cosa propia.
La modernización despuntó en los años 30, alcanzó su cima con el modelo de la CEPAL y, a mediados de los años 70, entró en agonía. Por dificultades políticas, falta de flexibilidad institucional y, a menudo, corrupción, es cierto. Pero, sobre todo, por obra de las dictaduras del Cono Sur, que se prestaron para desindustrializar a Chile, Argentina y Uruguay y contribuyeron a preparar el camino para extender la receta al resto del continente.
Estado de compromiso se llamó en estas latitudes al Estado social que los países desarrollados habían adoptado en Europa occidental y Norteamérica. El modelo se asocia al intervencionismo del poder público que rompe el principio liberal de la autonomía del mercado como principal agente regulador de la economía, pero sin negar la libre empresa. Busca, a la vez, controlar la marcha de la economía y condiciones de vida decorosa para todos. Lo mismo persigue el crecimiento económico que la redistribución del producto. En régimen de economía mixta, planifica concertando con los sectores organizados de la sociedad.
El Estado social fue en Europa hechura de la socialdemocracia, producto democrático de transacción entre capitalismo y socialismo. Aquí, la transacción fue entre el viejo poder hacendario y elites modernizantes. Su producto fue el reformismo liberal de un López Pumarejo en los años 30, primero. Y, luego, la industrialización por sustitución de importaciones promovida por un Estado que desplegaba a la par funciones sociales de beneficio común. Hasta mediados de los 70, cuando el laissez-faire comenzó a levantarse de su tumba, para reinar hasta nuestros días blandiendo el dogma inapelable del mercado.
Verdad es que los logros de la CEPAL no constituyen la panacea. La dinámica industrializadora no aseguraba, por sí sola, un mejoramiento general del nivel de vida. Y, de otro lado, las políticas sociales del Estado apenas mitigaban las inequidades de sociedades que no lograban sacudirse el lastre de jerarquías y abusos que venían desde la colonia. Muchos de los cuales perduran aún hoy. Con todo, comparado con el modelo que vino a suplantarlo, el de la CEPAL exhibe resultados y enfoques de economía política que merecen estudiarse con cuidado.
Pero nuestro columnista no sólo omite esta historia sino que parece cohonestar la tendencia que funde en uno solo el modelo de desarrollo de la CEPAL con el modelo populista. Malévola asociación de términos que el propio Raúl Prebisch, cabeza de la CEPAL, repudiara en su momento. Acaso por confundir a la opinión, también ahora acuden a ese expediente perverso quienes califican de populista todo cuanto no favorezca al mercado donde los oligopolios hacen su agosto.
Nacionalizar el transporte, la industria eléctrica, las telecomunicaciones, los recursos energéticos fue pan de cada día dondequiera que se montó la infraestructura del desarrollo y se le encomendó al Estado el deber de preservarla del interés privado. Ocurrió en Europa, en el Sudeste Asiático, en América Latina.
Sorprende el escándalo que, por ejemplo, la recuperación del petróleo para Venezuela suscita en las filas de los privatizadores. Como si el vecino país no hubiera nacionalizado este recurso precisamente siguiendo los pasos de Colombia que así procedía en los años 60, y montaba ECOPETROL, la empresa pública más rentable del país.
No sobraría volver los ojos hacia el modelo intervencionista. Si no para revivir el Estado social tal como se dio antes de verse desplazado por el arquetipo neoliberal, a lo menos para intentar el ejercicio de evaluarlo y entresacar de allí elementos útiles a la discusión de alternativas al modelo que rige. Vale la pena, a veces, mirar al pasado. Aunque no a un pasado tan remoto como el del liberalismo rudimentario de Manchester, cuyo fracaso en su nobel reedición no se atreven a negar ni sus más apasionados defensores.
por Cristina de la Torre | Ene 29, 2007 | Enero 2007, Modelo Político
Reveladora la polémica que sobre el populismo desarrollan en este diario los columnistas Eduardo Posada y César Rodríguez. Sucede, sin embargo, que en Colombia se habla a veces de populismo como si se tratara de un fenómeno exótico propio de sociedades premodernas, ajeno a los refinamientos intelectuales de nuestra clase dirigente. Y no es de extrañar, pues mientras en muchos países de América Latina prevaleció el populismo en sus más variadas formas, en Colombia se impuso el clientelismo. Hasta cuando Alvaro Uribe entronizó el modelo populista en nuestro país, tras los amagos episódicos de Gaitán y Rojas Pinilla.
Pero el del presidente Uribe es un populismo de nuevo cuño, introducido por Menem en la Argentina y Fujimori en el Perú. Este neopopulismo recupera las viejas formas políticas del populismo clásico y las integra al paradigma económico neoliberal. Uno es el populismo clásico –nacionalista, industrializante, redistributivo- y, otro, el neopopulismo que funge como discípulo aconductado del FMI, que desmonta el embrión de industria alcanzado en el subcontinente y extrema los abismos entre ricos y pobres.
El primero propicia integración social y política de las masas; y procura responder a sus necesidades más apremiantes, a menudo, es verdad, sin mucho tino en el manejo de las variables gruesas de la economía. El neopopulismo, en cambio, cabalga sobre la dinámica del mercado sin control, que desmonta la función social del Estado y desarticula a la sociedad, pues quiere disolver sus formas organizadas, sean ellas movimientos populares o de gremios, sindicatos y, lo más grave, los partidos políticos.
Pero en lo político el modelo sigue incólume: lo mismo Perón que Menem, Fujimori, Chávez o Uribe, todos ellos desconocen mientras pueden las instituciones de la moderna democracia liberal y los lazos que comunican a la sociedad con el Estado. Herederos de un caudillismo ancestral, querrían gobernar sin interferencias de la justicia o del congreso, sin partidos que se interpongan entre el jefe único y la masa ignara, anhelante de un Mesías.
Un elemento distingue, sin embargo, al populismo más reciente de su referente político originario: el neopopulismo ha querido convertir a los medios de información en instrumento privilegiado del poder personal del gobernante, para tratar de demostrar lo indemostrable. Por ejemplo, que los favores prestados a la gran empresa; o la conversión de la salud pública en negocio de unos pocos; o el silencio frente a aliados del poder acusados de crímenes atroces, son factores que concurren a la conquista de una Patria para todos.
Hay, pues, populismos de populismos. El de Perón empujó la modernización de la Argentina, mientras en política saltaba del autoritarismo a la democracia, aunque siempre arrebatando multitudes en la plaza pública. El de Fujimori, paseó al presidente por todos los rincones de su país, para ponerlo en contacto directo con el pueblo en consejos comunitarios que les cerraban las puertas a los partidos, pero nada redistribuyó. No era su modelo económico el de la industrialización sino el de la desindustrialización que los Consensos de Washinton aconsejaban.
Alvaro Uribe copió el neopopulismo de Fujimori. Con el ítem de que no cerró el congreso, como sí lo hizo el “chinito”. Pese a sus promesas de campaña, Uribe debió echar mano de la negociación palaciega con los políticos, para combinar clientelismo y populismo, en fórmula feliz que le aseguró la reelección.
Si el autoritarismo chabacán de un Chávez ofende el honor de nuestra clase dirigente, no será porque él quiera perpetuarse en el poder como personero de un partido único, sino porque el vecino desmontó, a tronchas y mochas, el modelo neoliberal. El hecho es que en los círculos del poder en nuestro país se empieza a proponer abiertamente una tercera reelección del presidente Uribe y, por qué no, la reelección indefinida. Como si la reelección de Chávez no pudiera ser sino autoritaria y populista, y la de Uribe, democrática y postmoderna.
Algo va del populismo de Uribe, refrendario y neoliberal, al populismo de Chávez, refrendario y torpemente redistributivo.
