por Cristina de la Torre | Jun 15, 2008 | Junio 2008, Personajes, Régimen político, Uribismo
El veto del General Naranjo a la serie de televisión “El Cartel” parece completar el cuadro que va configurando en Colombia el delito de opinión, propio de los Estados policivos. Equiparado el opositor al indeseable o al terrorista disfrazado, será fácil perseguir al escritor Alfredo Molano por apartarse de la ideología oficial y hacer crítica social. O producir desde Palacio un manual para periodistas que “sugerirá” acoger la noción de dios y patria de un Estado cada día más confesional. O convertir a los 200 mil vigilantes privados en “cooperantes” de los organismos de inteligencia, con la misión de sapear a los vecinos, con fundamento o sin él, pero en la patriótica divisa de la seguridad democrática. Versión de derecha de los ominosos Comités de Defensa de la Revolución Cubana, hoy incrustados también en Venezuela. Red de espionaje a la ciudadanía que aumentará el temor a hablar, a discrepar, a confesar simpatías por opciones distintas del uribismo.
Y ahora el jefe de la Policía, hombre probo, se muestra indignado porque un drama sobre narcotraficantes dizque confunde ficción con realidad, distorsiona la verdad, ridiculiza al Estado y sus instituciones, convierte en villanos a los héroes que enfrentaron a los asesinos, exalta a la delincuencia y confunde a la audiencia al subordinar los valores democráticos a los antivalores delictivos. Como responsable de la seguridad y la convivencia –declara-, rechaza interpretaciones que no distingan entre policías buenos y malos. Considera del caso que la ley impida desfigurar “los principios y valores que deben movilizar a nuestra sociedad”.
Como a cualquier espectador, al General Naranjo le asiste el derecho de opinar sobre esta obra dramática del arte escénico. Otros reaccionarán en contrario o por caminos inesperados, efecto plural que es virtud de la función social del arte. Pero no puede el funcionario imponerle al artista una verdad oficial. Ni la moral consagrada por el Príncipe, tan socorrida de déspotas y sátrapas en la premodernidad. Mandones de duro puño que reencarnan en cada místico de la política, de la religión o de la guerra revestido de un aura divina para ejercer la vigilancia dogmática de la sociedad.
Se debate el General en la falsa dicotomía entre ficción y realidad. Pero todo artista parte de la realidad, y la re-crea a su manera. Convierte su arbitraria interpretación de las cosas en símbolo, en metáfora, en modo único de condensarlas. Que “El Cartel” deforma la historia, es posible. Guardadas proporciones, no se le reprochan a Shakespeare las inexactitudes históricas de sus tragedias. Ni a “Casablanca”, obra excelsa del cine, el que metiera nazis en un Marruecos que no los tuvo. No ha de juzgarse si la obra de arte retrata o no la realidad, si dice o no la verdad, si es buena o mala, sublime o perniciosa. El criterio será si la obra resulta verosímil, si llena la cota de calidad que la inscribe en el territorio del arte.
Estética y moral pertenecen a esferas distintas. El arte no tiene por qué ser edificante, como la vida de los santos y los héroes. De hecho, puede ridiculizarlos, y entonces resultará peligroso para los guardianes del orden. Mas, a su vez, podrá educar el criterio en la diversidad de interpretaciones que ofrece, refinar la perceptividad, echar al vuelo la imaginación. El arte, si lo es, es crítico, arbitrario, heterodoxo. Confronta al espectador con sus propios valores y experiencias, suscita mil sentimientos y posturas. Libera. Y convida al pluralismo. Pluralismo y tolerancia, demonios de censores siempre prestos a conjurar desde la fe la opinión libre. Condenar una obra dramática es como quemar un libro. Y allí donde queman libros, dice Heine, acaban quemando hombres.
por Cristina de la Torre | Jun 8, 2008 | Conflicto interno, Internacional, Junio 2008, Narcotráfico
Se arremolinaba la muchedumbre para verlo saludar, con mano torpe, desde la ventanilla de su automóvil. Cientos de carros coronaban el desfile y sus pitos ahogaban los vítores de la multitud. Algún clavel se quedaba suspendido en el aire, incapaz de llegar hasta el astro de la jornada. Con destino a la prisión de Atlanta, pagaría un año de cárcel, no por soborno, ni por extorsión, ni por secuestro, ni por asesinato sino por evasión de impuestos. Era Al Capone, rey de los gangsters de Chicago en 1932.
Tan grosera simpatía hacia un hombre que cargaba con miles de víctimas, héroe impensable en un mundo puritano, señalaba la descomposición moral que había penetrado todas las fibras de la sociedad norteamericana. El mercado negro del whisky devino mina de oro que se nutría de la Prohibición y horadaba las buenas costumbres, la justicia, la democracia. Policías, abogados, jueces, políticos, empresarios y pistoleros se asociaban en un negocio que, por ser clandestino, aseguraba rentabilidad fabulosa y no podía moverse sino con un ejército de matones.
Reinaba la inseguridad. El secuestro y la extorsión eran cosa de todos los días. El índice de asesinatos en las 30 ciudades principales decuplicaba al de Londres. En crisis de ataraxia general, la justicia no operaba ni protegía a nadie. El público registraba impasible, acaso con admiración, las balaceras de los gangsters. Tácita aprobación que autorizaba la intimidación de los capos a las autoridades y su cooptación final.
Bastó la “ley seca” para disparar el negocio, con sus secuelas de crimen y corrupción. Mientras más se le reprimía, mayores utilidades arrojaba, más crecía su aparato armado en número y sevicia, más seducían sus tentáculos en todas las esferas de la sociedad y del poder. Hacia 1929, la venta ilegal de bebidas alcohólicas había adquirido dimensión de problema nacional. Y el presidente Hoover advirtió: “el crimen organizado se ha extendido a todos los confines de la nación”. Con su diagnóstico coincidió la Comisión Wickersham. Tras un estudio que compiló en 14 volúmenes, concluyó que la causa principal de la crisis era la Prohibición. Un año después, desmontó Roosevelt la “ley seca”, desapareció el mercado negro de licores y, con él, uno de los cimientos sobre los cuales había montado su imperio la Cosa Nostra.
Nadie parece aprender de esta experiencia, tan sugerente para Colombia, hoy. La lucha contra el narcotráfico es una involución a los años 20. Una cruzada cuasi-religiosa de los gringos para exorcizar la culpa de saberse primeros consumidores de cocaína en el mundo, ensañándose en los países productores. Odiosa división internacional del trabajo de la que se lucran ellos por partida doble: primero, acaparan casi todo el producido del narcotráfico –colosal, gracias a que es prohibido. Segundo, instalan en nuestros predios esa guerra, nos la venden cara en dólares, en armas y en muertos y, encima, nos declaran parias de la humanidad. Ayer nos vendieron a nosotros un “Plan Colombia”. Hoy le “ayudan” a México con un “Plan Mérida” para combatir el narcotráfico pero, eso sí, si respeta los derechos humanos. Sublime hipocresía.
En la improbabilidad de la legalización de la droga, se imponen alternativas intermedias. Una solución que balancee represión relativa y liberalización controlada. Que castigue la promoción del consumo entre jóvenes y encargue al Estado de suministrar drogas a quienes asuman el riesgo de consumirlas. Educar y prevenir, más que reprimir a látigo batiente.
Sin desmontar el narcotráfico no podremos superar nuestro conflicto interno. Guerrillos y paras seguirán obrando como la fuerza armada del negocio. Y éste no se desmonta persiguiéndolo sino despenalizándolo. Dígalo, si no, el imperio derrumbado de Al Capone.
por Cristina de la Torre | May 25, 2008 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2008, Narcotráfico
Acaso por tratarse de una mujer, y madre, la impiedad de Karina inspira más desprecio que la del guerrillero que mata a traición y, para cobrar recompensa, cercena la mano del amigo. Destinada por la Biblia a parir y no a segar la vida, no le perdona la sociedad a ella sus crueldades. Pero tanta severidad no responde sólo a que esta mujer encarna el anverso del ideal femenino en nuestra cultura cristiana-patriarcal, sino a la monstruosidad de sus actos. Díganlo, si no, los asesinatos y masacres que se le atribuyen. Como el fusilamiento gratuito de Jaime Jaramillo, hijo del Comisionado de Paz de Antioquia, por hombres al mando de Karina en marzo de 2002.
Una entre miles de barbaridades perpetradas por ambos bandos en esta guerra. The Economist le asigna a Colombia el más elevado índice de violencia en América Latina y el puesto 130 entre 140 países en el mundo. A pesar de la seguridad democrática. O quizá como secuela de ella, según lo sugiere (a otro nivel, claro) la rudeza del lenguaje del Ministro Palacio hacia supuestos conspiradores que complotan contra el Presidente, su política y su gobierno. Guerrilleros, narcos, políticos de la vieja guardia y “extremistas de izquierda”, todos a una y en el mismo saco, atentarían contra la democracia. Tono de McArthur en la ominosa década de los 50 en EE UU y de los dictadores del continente por las mismas calendas, que movería a risa si no fuera porque hoy en Colombia sindicaciones de esa laya formuladas desde el poder pueden significar la muerte. Modérese el Ministro, no sea que la intemperancia de su defensa en el yidisgate desdore los avances en la lucha contra las Farc.
Salvadas las pendencias del gobierno y el revanchismo de una sociedad que conspira contra la mujer, Karina simboliza la sima de la degradación de la guerrilla. No nació la insurgencia para ejecutar inocentes, ni para asaltar poblados inermes, ni para secuestrar, ni para traficar con drogas. Marulanda echó para el monte, joven aún, para vengar el asesinato de su familia en épocas de la violencia. Con el bombardeo de Marquetalia, El Pato y Guayabero, pasó de guerrillero liberal a comunista y su proyecto fue entonces, como en el resto del subcontinente, el derrocamiento de un poder que perpetuaba inequidades intolerables y una democracia de mentirijillas. Corrían los tiempos de la guerra fría. China, la Unión Soviética, Cuba, sembraron guerrillas por doquier y los ejércitos hicieron guerra de contrainsurgencia. En vez de contienda atómica, las grandes potencias se disputaron el mundo en patio ajeno, a manera de conflictos de baja intensidad. Guerrillas comunistas sólo sobrevivieron en Colombia, único país donde no fructificó una reforma agraria.
Abandonaban aquí los estudiantes las aulas y muchos campesinos su parcela para empuñar las armas. Pero la revolución se volvió religión. Dos géneros de intolerancia convergieron para cerrarle toda opción a la izquierda legal: la terquedad de una oligarquía hirsuta petrificada en la Colonia; y el totalitarismo de Moscú, Pekín y La Habana, que importamos como obsesión por la lucha armada. La derecha pudo así monopolizar todo el campo de la política. Hasta cuando la guerrilla urbana, el M-19, se desmovilizó, en 1990, y se integró a una izquierda democrática que abre futuro: el Polo.
Karina es el epílogo melancólico de una guerrilla que sucumbió al narcotráfico, la guerra sucia y un espíritu belicista que todo lo contagió. Esta semana, el Presidente mismo instaba a la jefa del Congreso dizque a ponerse las charreteras y dar garrocha. Como si no bastara con las Karinas y sus hombres para inundar de lágrimas a este pobre país.
por Cristina de la Torre | May 18, 2008 | Corrupción, Internacional, Mayo 2008, Narcotráfico, Uribismo
Más que una embestida contra el narcotráfico, la extradición de la cúpula paramilitar es un golpe de opinión. Acosado contra las cuerdas de la ilegitimidad por un voto comprado para aprobar su reelección y por tolerar el apoyo político de delincuentes, el presidente Uribe pretende desmarcarse de aliados que hoy le resultan incómodos. Pero no toca el poder de aquellas mafias en el Estado, ni su organización militar, ni sus negocios.
Se habló primero de disolver los partidos uribistas, con la misma perfidia con que el Primer Mandatario pone en jaque a sus ministros en público, para endilgarles a otros sus errores y pecados. Y ahora extradita a quienes pugnó siempre por presentar como políticos, siendo, como queda demostrado, capos del narcotráfico. Suma así puntos a su popularidad el día mismo en que principia la recolección de firmas para la segunda reelección. Y cuando don Berna y Mancuso se preparaban para despacharse a fondo contra políticos, empresarios y militares enredados en la parapolítica.
Con los 14 del patíbulo se van los secretos supremos de este proceso. En Estados Unidos los juzgarán por tráfico de drogas, no por el reguero de muertos que nos dejan. Metalizada como es, esa justicia aplicará la nueva noción de extradición. No siendo ya castigo, como en tiempos de Pablo Escobar, sino pretexto de negociación, los reos verán reducirse sus penas significativamente, a cambio de dólares contados por millones. Allá se quedarán esos recursos, y aquí seguiremos poniendo la sangre y los 7 billones de pesos para resarcir a las víctimas. De 670 extraditados, 281 negociaron así, pagaron dos o tres años de cárcel y volvieron, felices, a lo suyo.
Pero no se contentan los gringos con esa tajada. Ellos se quedan con el grueso del negocio del narcotráfico, que viene de la comercialización. La exportación mundial de cocaína y heroína vale cada año, en el mercado minorista, 307 mil millones de dólares. Colombia sólo participa en el mercado mayorista, y ello le reporta 15 mil millones de dólares y 3 mil por repatriaciones. Desde luego, por menguada que sea esta proporción, hay quienes estiman hasta en 5% la participación del negocio de las drogas en el PIB de nuestro país. Poderío económico con suficiente capacidad disuasiva como para tomarse el poder político, según se ve.
Ni hablar de los paraísos fiscales, banca internacional que capta, sin preguntar mucho y garantizando confidencialidad, el producto astronómico del narcotráfico: 246 mil millones de dólares al año. Mafias de cuello blanco canalizan por internet todos los días el producido colosal de este negocio, sin que nadie ose siquiera exigir control. ¿Cómo hacerlo, si entre los 73 paraísos fiscales se cuentan lo mismo las Islas Caimán que la civilizadísima Suiza? ¿Cómo proponer la legalización de la droga, si con ella desaparece el negocio, caen en desgracia los jíbaros de las calles de Nueva York y Londres y sufre golpe mortal el sistema financiero internacional?
Si renunciara el Presidente Uribe a andar de golpe en golpe de opinión y cogiera el toro por los cuernos, propondría una estrategia que lo consagraría como líder verdadero: más allá de tanta vanidad mediática, de tanta astucia de ocasión, se aplicaría a desmontar el aparato de poder de las mafias del narcotráfico en Colombia. Con sustitución de cultivos ilícitos por cultivos rentables, mediante planificación y ordenamiento territorial. Fortaleciendo la justicia. Peleando en todos los foros internacionales por la legalización de la droga. Y ahorrándose galanterías a los paras, como aquella de proclamarlos rebeldes con causa y víctimas de un Estado ausente.
por Cristina de la Torre | May 11, 2008 | Internacional, Mayo 2008, Modelo Político
Por congraciarse con los gringos, anda el ministro de Defensa a la zaga de la historia. En el Consejo de las Américas denuncia la amenaza del neopopulismo que, según él, ronda por estos lares y se dispone al asalto de nuestro país. Pero, en asombrosa inversión de la realidad, no dice que Colombia es, precisamente la resaca solitaria del neopopulismo que Fujimori, entre otros, introdujo en América Latina para afianzar el modelo de mercado que las dictaduras del Cono Sur habían adoptado. Visto el desastre, el subcontinente viró a la izquierda –incluidos los populismos de Chávez, Correa y Evo-; y Colombia porfíó en el pastiche del peruano: adaptó los recursos políticos del populismo clásico al modelo neoliberal.
Recaba Santos en la religión de la propiedad privada, el mercado y el libre comercio. Advierte sobre los peligros de las nacionalizaciones y del proteccionismo. Como si todo país que se abocaba al desarrollo no hubiera nacionalizado los renglones de infraestructura y los recursos básicos. Transporte, comunicaciones, industria eléctrica, servicios públicos, recursos energéticos se consideraron bienes públicos y fueron protegidos de la voracidad del capital privado. Lo mismo en Europa que en Norteamérica, en el Sudeste Asiático y en la América Latina que se modernizaba por la vía de la industrialización. Olvida, además, que el TLC no les sirve sino a los norteamericanos, justamente porque respira el proteccionismo que convirtió a Estados Unidos en primera potencia mundial.
El gobierno de Alvaro Uribe se coloca a distancia sideral del espíritu nacionalista, industrializador y redistributivo de un Getulio Vargas. Pero del populismo ancestral recoge, eso sí, el asistencialismo sin medida, capaz de descuadernar las finanzas de un país. La Agencia Presidencial para la Acción Social duplicará sus recursos para el año entrante. Gastará 3 billones y medio de pesos, no ya en un millón y medio de Familias en Acción sino en tres millones de ellas. Y ahora, cuando se cocina una segunda reelección, quien aspire a ese subsidio deberá inscribir la cédula en los puestos de votación de su lugar de residencia.
Uribe ha refinado también el populismo ancestral, multiplicando su eficacia. El contacto del líder con la masa se volvió aquí comunitarismo de parroquia, réplica del de Fujimori, potenciado como propaganda del caudillo por la pantalla de televisión. Y desactivó a la sociedad. Obnubilada por la gestualidad del Príncipe, sin organizaciones capaces de representarla a derechas, ha derivado en masa sin norte, sujeta a una inteligencia “superior” que la manipula a sus anchas.
A la par que el desempleo se sigue disfrazando en oficios deleznables y que el crecimiento de la economía se concentra en empresas extranjeras mientras aumenta la pobreza, nuestro neopopulismo se ha extremado. Acaso porque Yidis puso en entredicho la legitimidad de su elección, lo mismo que su alianza de origen y durante el gobierno con la parapolítica, el presidente Uribe parece coquetearle a una salida abiertamente antidemocrática. No de otra manera puede interpretarse su ojeriza contra la Corte Suprema y su intento de suplantarla por un miniórgano de bolsillo del Presidente. Como lo hiciera Fujimori. Ni se entendería que su comisionado de paz propusiera disolver partidos, ergo, cerrar el Congreso. Como Fujimori. Ni su uso acomodaticio de la Constitución, mientras le sirva para hacerse reelegir. Ni el señalamiento de opositores amenazados de muerte, en un país donde lo menos difícil es disparar. Ojalá no vayamos por la pendiente del modelo dictatorial de América Latina, que reúne autoritarismo con liberalismo económico.
por Cristina de la Torre | May 4, 2008 | Iglesias, Mayo 2008
Medellín, 26 de agosto de 1987. La multitud se agolpa frente a la iglesia de Santa Teresita. Al tímpano de los últimos manifestantes apenas llega el eco del coro de la Universidad de Antioquia que canta misa de requiem por el catedrático y defensor de los derechos humanos, Héctor Abad Gómez. Acaba de morir a manos de paramilitares, al lado de su amigo, profesor también, Leonardo Betancur. Mientras el cuerpo acribillado de Abad yace a las puertas del sindicato de maestros de Antioquia, el asesino caza a su segunda presa, tras una carrera infernal, en la última baldosa del largo corredor de aquella casa, y desocupa sobre ella todo el cargador. La ceremonia religiosa tiene lugar por encima de la orden inapelable del entonces Arzobispo de Medellín, Monseñor López Trujillo. En acto de hipocresía milenaria, no bien expresa el purpurado su pésame a la hija mayor de Abad, opone todo su poder para impedir que se le rinda homenaje religioso a un “comunista” que “no va a misa”.
Ofensa mayor si se recuerda que por aquella época el tonsurado hacía la vista gorda frente a curas suyos que se hacían retratar con Pablo Escobar, acolitaban la Medellín sin Tugurios de aquel cartel y le recibían plata para sus obras “de caridad”. Historia pública jamás desmentida por los implicados, que no le impidió a López Trujillo increpar al ex-presidente Pastrana por salir fotografiado con Tirofijo, “el criminal más grande del mundo”.
Ilustra este episodio, no sólo la doble moral de cierta jerarquía eclesiástica, sino la postura de quienes encarnaron la violenta reacción de la Iglesia contra el compromiso con los pobres que había afirmado el concilio Vaticano II. La Teología de la Liberación representó esta corriente que revolucionó a la Iglesia y, a partir del Celam de Medellín en 1968, se extendió como pólvora por América Latina. Miles de sacerdotes se volcaron a las comunidades de base, en la convicción de que la pobreza es un pecado social y que, sin justicia, no hay evangelio posible. El auténtico socialismo –decían- es el cristianismo vivido a plenitud.
Pero no podía sacudirse impunemente a la pétrea institución de Roma. Menos aún si este cristianismo socializante se desplegaba en medio de dictaduras y regímenes de fuerza. Entre 1964 y 1978, 41 sacerdotes fueron asesinados, 11 desaparecieron, 485 fueron encarcelados, 46 torturados y 253 expulsados de sus países. Miles de laicos activos en estos menesteres fueron asesinados. La opción por los pobres había derivado en pública confrontación entre curas y obispos. Juan Pablo II atacó a los curas de base por atentar contra la unidad de la Iglesia, la intangibilidad del dogma y la moral cristiana. Hasta cuando López Trujillo, aliado del Papa y del entonces Cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, se tomó la conferencia del Celam en Puebla, en 1979. Y fue otro cantar.
Fue una sacudida neoconservadora de la Iglesia que invirtió el signo político de la doctrina y reconquistó el dominio sobre la moral privada. Por encima del Estado laico, volvió la Iglesia a metérsele al rancho a la gente. Y a la cama. La rabiosa intolerancia contra quienes no hincan la rodilla ni conocen el incienso se proyectó como condena irrestricta del condón, del aborto, del matrimonio civil (heterosexual u homosexual). López Trujillo blandió el báculo de la excomunión y del extrañamiento. Así llegó a Roma, para aplicarse a la Congregación para la Doctrina de la Fe –conocida antes como de la Inquisición- y, después, al Consejo para la Familia. Al morir, hace dos semanas, había acumulado un poder enorme, más aconsejado por la astucia y el pragmatismo que abre caminos a codazo limpio que por la humildad de un discípulo de Cristo. Atavismos gestados siglos ha, para dejar ahora la silla vacía. Silla de oro, vaticana, antípoda del rústico asiento donde recibe el desgalonado obispo Fernando Lugo, viejo practicante del cristianismo asociado a los humildes y hoy Presidente de Paraguay, para rabia de dictadores y rivales de la Teología de la Liberación.
No se quedó callado López Trujillo por el asesinato de Héctor Abad. Antes bien, hizo cuanto pudo para prolongar el odio de sus asesinos hasta el momento mismo del funeral. Pueda ser que a la jerarquía de la Iglesia se le ocurra hoy alertar a tiempo sobre las amenazas que se ciernen contra la vida de otro demócrata cuyas investigaciones han resultado cruciales en el proceso de la parapolítica: León Valencia.
por Cristina de la Torre | Abr 21, 2008 | Abril 2009, Internacional, Modelo Económico
Sonrisas. Abrazos. Brindis. Aire de calipso que embriagó también a un presidente gringo de garbo caribeño que –viraje notable- ofreció trato de amigos al resto del continente en la V Cumbre de las Américas. Aunque se conformó con la cláusula marchita de “lucha contra la pobreza” en la declaración final. El evento, convocado cuando hace estragos la peor crisis económica en 80 años, calló, sin embargo, sobre asunto esencial: la revisión del modelo que produjo la hecatombe. No apenas para capotear la mala hora, sino para encaminarse hacia economías redistributivas y corregir las asimetrías de la globalización.
El Consenso de Washington ha muerto. Pero no se sabe si Obama podrá enterrarlo del todo. Ha escrito él que no es tiempo de volver al viejo debate entre Estado dirigista que interviene la economía y capitalismo desenfrenado. Opta en su lugar por un pragmatismo que “promueva la prosperidad” para todos. ¿Acaso pensará que la prosperidad de los países pobres dependa de préstamos del revitalizado FMI para que tengamos con qué seguir comprándoles carros y computadores a los países ricos? ¿O de mantener famélicos a Estados que bien podrían planificar su propio desarrollo industrial? ¿O de extender las admoniciones del G20 contra el proteccionismo de ocasión al proteccionismo estratégico de los países que se modernizan? ¿O más bien anima a Obama el recóndito aliento de un Roosevelt o de un Kennedy?
Reacción espontánea a la crisis, 17 de las 20 potencias del G20 adoptaron al punto medidas proteccionistas. Estados Unidos, la primera. De transitar todos por este camino, colapsaría el comercio mundial. Con mayor razón si a este proteccionismo se agrega el agrícola, consuetudinario, de Europa y Norteamérica, cuya finalidad es mantener la población del campo y garantizar la seguridad alimentaria con criterio de defensa nacional. Proteccionismo autárquico fue otro, que Rusia y Estados Unidos practicaron en su hora. Estos países-continente, de recursos y mercados inagotables, pudieron autoabastecerse sin recurrir a otros. Librecambio hacia adentro y proteccionismo frente a terceros, así blindaron ellos la construcción de su economía nacional.
Por su parte, la CEPAL formalizó el proteccionismo estratégico como divisa de industrialización en América Latina. Selectivo, limitado en el tiempo y negociando la inversión extranjera en función de planes y metas de desarrollo, fue instrumento del Sudeste Asiático y hoy lo practican la China y el Brasil.
En vísperas de la Cumbre, abogó Uribe por defender de la crisis a los pobres, y por crear empleo. Pero en Trinidad comprometió a Obama a reconsiderar el TLC. El tratado le concede a EE UU todas las ventajas y a Colombia se las hurta todas. Para nuestros productos industriales, los aranceles gringos son ya pírricos o no los hay. Si no fuera por la competencia de la China, Colombia se movería a sus anchas en el mercado norteamericano. En cambio EE UU protege a muerte su agricultura y nos exige bajar los aranceles que protegen nuestra incipiente industria. Además, nos niega la cláusula de reserva para poner aranceles en caso de tragedia, crisis, fuerza mayor, o para defender los sectores estratégicos de nuestro plan de desarrollo… si lo hubiera.
¿Qué le hace pensar a Uribe que el TLC, refinado ejemplar del embudo neoliberal, pueda crear empleo? ¿Acaso el Consenso de Washington al que ha seguido con celo le permitió crear los 600 mil empleos que prometió para su primer mandato, y no salió con nada? Y a Obama, ¿le bastará el pragmatismo para conjurar la pobreza del continente?
por Cristina de la Torre | Abr 19, 2008 | Abril 2008, Modelo Económico en Colombia
Descorazona comparar los lineamientos del gobierno de Lleras Restrepo y su sentido ético con los de la administración Uribe Vélez. El contraste es violento. En cosa de décadas, el país ferió una estrategia de desarrollo anclada en la industrialización y la reforma agraria que la Cepal preconizaba, por el modelo opuesto que Uribe heredó y profundizó: se trata ahora de tapar con las migajas de la globalización la hecatombe de una apertura que condena a Colombia al desempleo y la pobreza. Pero además, sobre el decoro y el pundonor triunfó la corriente del liberalismo que catapultó desde el negocio de las esmeraldas y la mariguana el tráfico de cocaína. Todo bajo el lema de “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Subterfugio sibilino que derivó en captura de franjas enteras del Estado por las mafias de la droga y sus adláteres políticos y paramilitares, bajo la mirada indulgente del gobierno.
Pero las políticas actuales no pecan por ser contrarias a las de Lleras, sino por sus efectos devastadores. En vez de Grupo Andino como fórmula de integración regional que hoy resultaría ideal para negociar de tú a tú con las grandes potencias, se nos propone el TLC, ciegos ante la experiencia aleccionadora de México. De la nacionalización del petróleo, antes que lo hiciera Venezuela, y de la conversión de Ecopetrol en la empresa más rentable del país, hemos transitado hacia su privatización progresiva. Enemigo apasionado de la salud de los colombianos, el ministro de Protección Social está a punto de enterrar el Seguro Social, empresa que fuera modelo en América Latina. Y, para el campo, no sólo desprecia el gobierno cualquier alusión a una reforma, sino que contemporiza con la contrarreforma agraria del narcoparamiliatarismo, operada a sangre y fuego, y responsable de cuatro millones de desplazados.
De haberse realizado la reforma agraria de Lleras, como se produjo en el resto del subcontinente, no andaríamos en un conflicto que cobra muertos en proporciones de genocidio. Para eliminar el acaparamiento de la tierra, en abierto desafío al poder tradicional, propuso Lleras redistribuirla. La reforma se acompañaría de crédito, asistencia técnica, educación y mecanismos de comercialización de productos agrícolas. No sólo buscaba equidad social sino ampliar el mercado interno, mediante formas de tenencia y explotación de la tierra capaces de dar empleo a la fuerza de trabajo disponible en el campo. Meollo político de la reforma era la integración del campesinado a su ejecución, organizado en la Asociación de Usuarios Campesinos.
Quien dijo miedo. Se alzó el notablato latifundario que desde la colonia sojuzgaba al campesinado. También entonces, como ahora, debutó el feudalismo de la Costa en la figura de un Nacho Vives. Su infinita picardía transformó a este personaje de prevaricador en opositor y, de allí, en mártir de la “revolución” cuando lo pusieron tras las rejas. Le siguieron los terratenientes del Valle, alebrestados por un intento de expropiación en Jamundí. Y luego, la cofradía toda de los gremios de agricultores y ganaderos. Quedó la reforma agraria tendida en el campo de batalla, a pesar de una movilización campesina sin precedentes en nuestra historia. A poco, Misael Pastrana le daría el golpe de gracia en Chicoral, con la venia de la dirigencia conservadora y de la derecha liberal.
La contraofensiva final se tradujo en un modelo de crecimiento que optó por mejorar la productividad sin afectar la propiedad de la tierra. Pero la agricultura moderna, mecanizada, proporcionaba el 18% de los nuevos empleos rurales, mientras que la agricultura campesina respondía por el 70%. Los pequeños agricultores no se beneficiaron del sector moderno. Antes bien, esta vía de modernización del campo agudizó la violencia y masificó la expulsión de labriegos, acicateada hoy por los paramilitares. Cuando Alvaro Uribe subió al poder, sólo el 0.4% de los propietarios agrícolas controlaba el 61% de los predios rurales. A juzgar por los contingentes de desplazados -que no cesan- y por síntomas tan reveladores como el de Carimagua, no se descarta un crecimiento de tal desproporción.
Dijo una vez Alberto Lleras: “con menos de media docena de hombres como Lleras Restrepo, en cualquier tiempo, la república no habría tenido par en el continente”. Comparado con lo que vemos hoy, no quedan sino ganas de llorar
por Cristina de la Torre | Abr 6, 2008 | Abril 2008, Actores del conflicto armado, Conflicto interno
La agonía de Ingrid y el desamparo de los demás secuestrados han llevado a su clímax el pulso entre el gobierno de Uribe y las FARC. Se camina por el filo de la navaja. O los bandos enfrentados le reconocen a la guerra dimensión política y negocian un acuerdo humanitario, o la confrontación armada termina por crear el clima de opinión propicio a la instauración de una dictadura. Sumarles a las 955 ejecuciones extrajudiciales perpetradas en este quinquenio y al asesinato de cientos de sindicalistas la intención de eliminar intelectuales y políticos de oposición o afectos al gobierno, por defender ideas contrarias, es acercarnos peligrosamente al abismo de los Videla y los Pinochet.
Que el verbo provocador del asesor de Palacio José Obdulio Gaviria halague a los violentos de la derecha no puede justificar una amenaza de la izquierda contra su integridad personal. Tampoco el Ministro del Interior puede asumir como “naturales” los conatos de linchamiento contra Piedad Córdoba (única colombiana que ha logrado liberar secuestrados), por ligerezas políticas que sus malquerientes magnifican sin mirar la paja en el ojo propio. Es que causa alarma la naturalidad con que civiles de ambas orillas cooptan la lógica de la guerra sucia que irrespeta el derecho humanitario y sacrifica la moral a la ley del Talión. Y, por lo mismo, la doble moral de amplios sectores de la sociedad que legitiman la brutalidad de las motosierras en la brutalidad del secuestro. Como si anduvieran sedientos de sangre, transportados en la contemplación de un dios justiciero cuya seducción parece radicar en la firme determinación de despojar a la guerra de toda perspectiva de paz. Paupérrima imaginación política la del Príncipe para cumplir el mandato constitucional de asegurar la paz, prolongando, en su lugar, la carnicería, por mandato indefinido.
En circunstancias tan dramáticas, cobran vigencia renovada las tesis de López Michelsen que Ernesto Samper amplía en el libro El acuerdo humanitario: victoria o solución? Señala este último que, si bien las FARC son culpables del delito de secuestro, el presidente Uribe “es responsable de no haber encontrado con la guerrilla los términos de un acuerdo que hubiera permitido salvar (a Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria, los once diputados del Valle y varios soldados y policías que fueron asesinados)”. El desprecio por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), apunta, nos ha conducido a practicar el principio de que las guerras no son para humanizarlas sino para ganarlas.
En esa lógica, que gobierno y guerrilla comparten, a ninguno de los dos le interesaría el acuerdo humanitario. Ni le animarían razones de fondo para menear a muerte el despeje o no despeje de Florida y Pradera. La verdad es que en cualquier lugar de la geografía del país o allende sus fronteras podrían las partes reunirse para negociar. Por otra parte, una cita eventual en predios de esos municipios tampoco comprometería la seguridad democrática. Mueven a risa, pues, los temores del ministro de Agricultura según los cuales las FARC crearían canales de narcotráfico, construirían depósitos de armas y abrirían corredores militares estratégicos en el breve espacio de 180 kilómetros despejados durante 45 días, ante la mirada escrutadora de cientos de observadores internacionales y periodistas del mundo entero.
Con todo, Samper se muestra pesimista, pues no ve en el gobierno intenciones de reconocer la existencia de un conflicto, ni en la guerrilla las de ceñirse al DHI. Pero no baja la guardia, aunque sospeche que el gobierno no persigue una solución sino una victoria. Propone buscar el acuerdo humanitario despejando ese tramo del Valle, con acompañamiento y vigilancia de la comunidad internacional; o negociarlo en el extranjero. Ilusión que sólo la movilización de los partidos y de la sociedad podrán volver realidad. Para soñar, por qué no, en un paso más audaz, la negociación política del conflicto. Antes que régimen de fuerza, defiéndanse la libertad y la vida. Las de Ingrid y todos sus compañeros de cautiverio, para comenzar. Y sea la primera condición derrotar el fetiche del despeje.
por Cristina de la Torre | Mar 23, 2008 | Iglesias, Marzo 2008
Más de uno se escandalizó. El padre Alfonso Llano, un pensador que supo aterrizar la teología hasta el hombre, esperanza de renovación en la Iglesia Católica, no sólo había mordido el polvo derrotado por una jerarquía cerril que lo amordazó, sino que se volvía ahora más papista que el Papa: abierto mentor de la derecha. En extremismo propio del hereje converso que quiere salvar su alma en la mano que lo estrangula, el ilustre prelado escribió (El Tiempo, marzo 10) que le alegraba ver a Raúl Reyes y a los de su calaña, enemigos de la Patria, “tendidos en medio de la selva”; que se hiciera justicia, pues teníamos derecho a “eliminar a los enemigos de la paz”. Aunque dijo sentir dolor también, rubricó su argumento con una sentencia lapidaria: “privar de la vida a un ser humano es delito grave que, en justicia del Talión, merecería ser privado igualmente del derecho a la vida”.
Vista la polvareda que levantó, emulando a algún asesor de Palacio, una semana después califica a sus críticos de “defensores del asesino” que se aprovechan de un lapsus linguae para ponerlo a decir lo que no dijo, sólo para terminar diciendo lo que ya había dicho. Y saca a danzar la razón que lo matricula en la moda de aplaudir todo cuanto el Príncipe haga, bueno o malo, sin parar mientes en la ley o en la justicia. Como la insólita decisión de premiar a un asesino con una millonada y, encima, exonerarlo de culpa. Un respaldo del 84% al Presidente, sostiene, significa que, “ante un ataque aleve y mortal, hay que recurrir a la legítima defensa”. Allende la legitimidad de ese principio, autodefensas se llaman aquí las organizaciones que apadrinan o practican, motosierra al cinto, el genocidio, aún cuando no sea para defenderse. El presidente Bush la denominó ataque preventivo, estrategia sui generis que al norteamericano le permitió invadir a Afganistán e Iraq, y al nuestro, incursionar en territorio del Ecuador para ponernos a las puertas de un grave conflicto internacional.
Esta doctrina anda pifiada. Según Natalia Springer, no se delinque en nombre del bien, ni se ataca para prevenir la violencia, ni se irrespeta la legalidad internacional cuando conviene. Tampoco, diría yo, se le puede erigir a la mayoría un pedestal, pues no siempre tiene ella la razón. Recordará el padre Llano que una mayoría clamorosa del pueblo se regodeó en la crucifixión de Jesús, así como el júbilo unía a la concurrencia en el circo romano cada vez que un león despedazaba en la arena a un cristiano. Tal vez en ello va el martirio que conduce a la santidad: en la soledad y la indefensión infinitas de la víctima.
De seguro al padre Llano lo anima la buena fe. Pero su viraje ideológico, a tono con el estilo de baculazo en redondo que despliega su superior, el Cardenal Primado, alimenta por fuerza la corriente arrolladora que ha convertido a Colombia en un país de derecha, sin par en el continente. Salvo excepciones como la de Monseñor Castro, intérprete de una buena cauda de católicos, la Iglesia ha vuelto a ser bastión del oscurantismo y del autoritarismo. No es casual. En acto inaugural de su pontificado, Benedicto, la frialdad del acero en su mirada florentina, reduce al silencio a un teólogo del Caribe que osó exaltar la figura humana de Jesús. Y, desde la Congregación para la Defensa de la Fe, antes llamada Oficina de la Inquisición que Ratzinger presidía, éste se da a perseguir herejes, Hans Küng, el más grande, por querer rescatar la doctrina social de la Iglesia. De lo mismo le daría la Curia colombiana al padre Llano, al vetar la publicación de su último libro.
La Iglesia extiende este frenesí purista a su paradójica manera de competir con las religiones y sectas que les roban a sus fieles, encerrándose en un nicho de tinieblas. Frente a las nuevas opciones, no menos conservadoras pero más receptivas -cuando no operan como multinacionales del negocio de la fe-, la Iglesia de Roma se propone recuperar identidad de cuerpo como ejército de Cristo, en vez de disputarse masas amorfas y blandas. Volver a la rancia tradición de los valores “eternos”, en una comunidad menos numerosa pero presta al combate. A la batalla religiosa y política. Repitiendo la historia de Colombia, Dios y Patria, términos tan socorridos del Padre Llano y el presidente Uribe, marchan al unísono, la espada siempre al frente. Botas y sotanas, la derecha sagrada.
