Se arremolinaba la muchedumbre para verlo saludar, con mano torpe, desde la ventanilla de su automóvil. Cientos de carros coronaban el desfile y sus pitos ahogaban los vítores de la multitud. Algún clavel se quedaba suspendido en el aire, incapaz de llegar hasta el astro de la jornada. Con destino a la prisión de Atlanta, pagaría un año de cárcel, no por soborno, ni por extorsión, ni por secuestro, ni por asesinato sino por evasión de impuestos. Era Al Capone, rey de los gangsters de Chicago en 1932.
Tan grosera simpatía hacia un hombre que cargaba con miles de víctimas, héroe impensable en un mundo puritano, señalaba la descomposición moral que había penetrado todas las fibras de la sociedad norteamericana. El mercado negro del whisky devino mina de oro que se nutría de la Prohibición y horadaba las buenas costumbres, la justicia, la democracia. Policías, abogados, jueces, políticos, empresarios y pistoleros se asociaban en un negocio que, por ser clandestino, aseguraba rentabilidad fabulosa y no podía moverse sino con un ejército de matones.
Reinaba la inseguridad. El secuestro y la extorsión eran cosa de todos los días. El índice de asesinatos en las 30 ciudades principales decuplicaba al de Londres. En crisis de ataraxia general, la justicia no operaba ni protegía a nadie. El público registraba impasible, acaso con admiración, las balaceras de los gangsters. Tácita aprobación que autorizaba la intimidación de los capos a las autoridades y su cooptación final.
Bastó la “ley seca” para disparar el negocio, con sus secuelas de crimen y corrupción. Mientras más se le reprimía, mayores utilidades arrojaba, más crecía su aparato armado en número y sevicia, más seducían sus tentáculos en todas las esferas de la sociedad y del poder. Hacia 1929, la venta ilegal de bebidas alcohólicas había adquirido dimensión de problema nacional. Y el presidente Hoover advirtió: “el crimen organizado se ha extendido a todos los confines de la nación”. Con su diagnóstico coincidió la Comisión Wickersham. Tras un estudio que compiló en 14 volúmenes, concluyó que la causa principal de la crisis era la Prohibición. Un año después, desmontó Roosevelt la “ley seca”, desapareció el mercado negro de licores y, con él, uno de los cimientos sobre los cuales había montado su imperio la Cosa Nostra.
Nadie parece aprender de esta experiencia, tan sugerente para Colombia, hoy. La lucha contra el narcotráfico es una involución a los años 20. Una cruzada cuasi-religiosa de los gringos para exorcizar la culpa de saberse primeros consumidores de cocaína en el mundo, ensañándose en los países productores. Odiosa división internacional del trabajo de la que se lucran ellos por partida doble: primero, acaparan casi todo el producido del narcotráfico –colosal, gracias a que es prohibido. Segundo, instalan en nuestros predios esa guerra, nos la venden cara en dólares, en armas y en muertos y, encima, nos declaran parias de la humanidad. Ayer nos vendieron a nosotros un “Plan Colombia”. Hoy le “ayudan” a México con un “Plan Mérida” para combatir el narcotráfico pero, eso sí, si respeta los derechos humanos. Sublime hipocresía.
En la improbabilidad de la legalización de la droga, se imponen alternativas intermedias. Una solución que balancee represión relativa y liberalización controlada. Que castigue la promoción del consumo entre jóvenes y encargue al Estado de suministrar drogas a quienes asuman el riesgo de consumirlas. Educar y prevenir, más que reprimir a látigo batiente.
Sin desmontar el narcotráfico no podremos superar nuestro conflicto interno. Guerrillos y paras seguirán obrando como la fuerza armada del negocio. Y éste no se desmonta persiguiéndolo sino despenalizándolo. Dígalo, si no, el imperio derrumbado de Al Capone.