Ni torpeza ni ingenuidad; pura marrulla. Hasta un niño sospecharía que la terna del presidente para escoger fiscal ad hoc se armó (¿en algún establo de Rionegro?) con el fin de que la Corte la devolviera en el acto. Como en efecto sucedió, pues más inhabilidades y pasiones de partido no podían ostentar sus miembros. Consecuencia inmediata: no habrá por ahora quién investigue a los señalados de las grandes ligas en las coimas de Odebrecht. Paralizadas las pesquisas, se guarecerán ellos todavía bajo el sopor del olvido, del silencio y la inacción. El primero, el propio presidente que, siendo senador, acudió a cita en el Brasil donde se negociaron apoyos publicitarios para la campaña del candidato de su partido, Óscar Iván Zuluaga, financiados por la oscura multinacional. Si a título de pato (como lo sugiere él), o sólo para ir al baño (según versión del expresidente Uribe) o a título de experto en números con el que su partido lo distinguía, nunca se supo. Ni Duque explicó a satisfacción ni los jueces se tomaron el trabajo de indagar.
Cuando Margarita Cabello renunció, ya ocho magistrados de la Sala Penal habían decidido oponerse a votar esa terna, pues tendrían que declararse impedidos para favorecer a la colega que había contribuido a elegirlos a ellos. Además, ternada en 2010 por el entonces presidente Uribe para fiscal general, la Corte Suprema rechazó su candidatura por “inviable”.
Por su parte, de ser elegida fiscal ad hoc, Clara Lucía González, secretaria jurídica de Palacio, pasaría a juzgar al jefe por su presunta participación en la operación de enganche de Duda Mendonça a la campaña de Zuluaga en 2014, publicista pagado por Odebrecht. Se desempeñaba ella en esa campaña como asesora jurídica del candidato. Proselitista apasionada en la reelección de Álvaro Uribe, a pedido de la Casa de Nari fungió González como abogada de Yidis Medina. Mas no para defender a la parlamentaria que había revelado presiones y dádivas del círculo personal del presidente en palacio, sino para que se retractara y sacara en limpio a la crema del poder presidencial en la dolosa operación que prolongó esa presidencia por cuatro años más.
Tras el escándalo por la tortuosa operación en Brasil, Zuluaga reconoció que su campaña había contratado a Duda a través de Odebrecht; que el pago sería de $2.859 millones. Pero Duda aseguró que Odebrecht le pagó $4,3 millones de dólares por la campaña de Zuluaga. Como en gesto de reciprocidad, en enero de 2017 el entonces senador Duque denunció a Odebrecht por competencia desleal, pero se cuidó de hacerlo también contra el grupo Aval. Abrió así la puerta judicial para que la superintendencia de Industria salvara de multas al consorcio y de inhabilidad para contratar con el Estado por 10 años. Ya la mano peluda de Odebrecht le había extendido $6,5 millones de dólares al entonces viceministro de transporte de Uribe, Gabriel García, coima por la entrega de un contrato en 2009.
En previsión del juego dilatorio con otras ternas inconstitucionales y proclives a absolver conmilitones políticos; del cerrado apoyo de las derechas al fiscal Martínez para atornillarlo en el cargo, parlamentarios de la oposición le piden a la Corte Suprema gestionar con Naciones Unidas la integración de una comisión independiente que ayude a las pesquisas de Odebrecht en el país. Sin funciones judiciales sino de apoyo a nuestros órganos de control. Argumentan que “en Colombia existe un entramado entre las altas esferas políticas e institucionales que impide el real acceso a la justicia, así como a la transparencia y celeridad en las investigaciones”. Única salida honorable contra el adefesio de montar un fiscal uribista para juzgar delitos del uribismo y sus aliados.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los lectores.