Paradoja. La anhelada unificación del POS precipitaría la clausura de todos los hospitales públicos. Por seguir calentando el huevito de la confianza inversionista en salud, la extensión de los mismos servicios médicos a todos sin tocar las arcas de las EPS para financiar la demanda adicional de 8 millones de usuarios del régimen subsidiado en los hospitales públicos, dará al traste con la red entera. Ya el gobernador de Cundinamarca vaticinó que de sus 37 centros asistenciales, acaso sobrevivieran 4. Es que la medida del Gobierno universaliza en la letra los servicios de salud, pero no los recursos. Perpetúa así la discriminación entre ricos y pobres, porque aporta menos para atender a los usuarios del régimen subsidiado que a los del contributivo, de modo que los primeros seguirán recibiendo un servicio degradado. Cada día peor, hasta el cierre total de los centros médicos que, sin fondos suficientes para asumir la nueva responsabilidad, morirán de inanición. Como seguirán muriendo excluidos a las puertas de los hospitales. Y, a poco, en la fría calle. Ciego ante el desplome inminente del sistema de salud, en vez de liquidar el monopolio infame de las EPS, el Gobierno aumenta sus ventajas y les confía ahora el territorio ensanchado del sector. Aunque no paguen los 7.8 billones que les adeudan a los hospitales. Ya no cabe duda de que esta crisis es hija del modelo Ley 100 que convirtió el sistema de salud en sistema de intermediación financiera para lucro de un puñado de malhechores. Dineros públicos en bolsillos privados. A 2011, las EPS habían multiplicado su patrimonio 177 veces: éste asciende hoy a unos 800 billones. Revela la contralora Morelli que la intermediación de las EPS se come el 52% de los recursos de la salud. Legal e ilegalmente.
¿Qué razones poderosas mueven a este Gobierno a proteger tal adefesio? En sus ambigüedades y vaivenes, ¿por qué hipoteca Santos su acariciado paso por la historia a la vileza de un diseño pernicioso, gestado y moldeado a mazo limpio por Álvaro Uribe, mentor de la derecha colérica y cabeza de la oposición a su Gobierno? ¿Por qué cogobierna el Presidente con ministros de la más íntima entraña uribista? ¿Por convicción? ¿Por oportunismo? ¿Por un pragmatismo sin principios que ni siquiera atiende la elemental exigencia de darse identidad política, cuando ya el otro monta tolda aparte? ¿Algo que ver con la cercanía de varias figuras de su gabinete con las EPS? Sabido es que la esposa de Sergio Diaz-Granados era contratista y miembro de la junta directiva de Saludcoop cuando éste se desempeñaba ya como ministro de Comercio. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, defendió en estudios realizados al parecer para esa empresa la libertad de precios en medicamentos y la integración vertical. Gracias a la primera, aquellos cuestan en Colombia más que en el Primer Mundo. Gracias a la segunda, también defendida por el ex ministro Santamaría, abultaron las EPS sus alforjas comprando a huevo hospitales deliberadamente quebrados por el Gobierno anterior. Privatización expedita y barata.
Es hora de definiciones. No sólo por la urgencia de singularizar opciones políticas sino porque la gente no tolera ya tanta deformidad en el sistema de salud. 50 mil médicos y todos los secretarios de salud del país promueven referendo por un cambio radical del modelo. Uno que recupere la seguridad social y sus recursos en cabeza del Estado. Que suprima la intermediación de las EPS con dineros públicos y las confine a prestar servicios médicos debidamente remunerados. El viraje no da espera, pues el sistema de salud pasa de crisis a colapso. Y eso no es cualquier lagaña de mico.