Los negociantes que llevan tres décadas volviendo fiesta los recursos públicos de salud sufren pánico de perder la piñata que este año alcanzará 73 billones. Callan frente a desfalcos billonarios como el de Saludcoop o deudas de las EPS por $23 billones que ahogan a clínicas y hospitales. Desesperan. No faltan quienes mienten y tergiversan hasta dibujar la imagen de un salto fatal del paraíso al infierno. Grosera deformación de una reforma inspirada en la Ley Estatutaria de 2015 que elevó la salud a derecho fundamental y desde hace años estudian con esmero las asociaciones médicas y científicas, de pacientes, hospitales, trabajadores y organizaciones sociales.
El proyecto recoge las ideas madre, que este Gobierno cooptó: en pos de una salud plena para todos, mejorar la calidad y el acceso a los servicios desde la atención primaria y preventiva hasta la especializada, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad financiera. Propone fortalecer la red de hospitales públicos, devolverle al Estado la iniciativa en políticas de salud y el control de sus dineros. No más administración privada de recursos públicos: habrá, como en toda democracia, administración pública de los recursos públicos. El régimen será centralizado en lo financiero desde la Adres y descentralizado en el servicio. La junta directiva de este órgano será tripartita, integrada por empresarios, gobierno y trabajadores. Se vinculará a estos últimos mediante contrato laboral formal. Por razones de eficiencia y de transparencia, se creará un sistema único de información que operará en línea y en tiempo real. Y se adoptarán los sistemas más desarrollados de vigilancia participación y control.
El proyecto invita a reconocer las desigualdades de un sistema que consagra cobertura universal en el papel, pero en los hechos resulta discriminatorio. Que estar afiliado al sistema no siempre significa recibir el servicio lo demuestran los 308 niños que el año pasado murieron por desnutrición, el record de Colombia en muerte materna entre los países de la Ocde, los 630 municipios que carecen de dispensarios de salud rurales, los 20 millones de colombianos que en los territorios reciben precaria o nula atención médica, las 250.000 tutelas y el millón de quejas ante la Supersalud por desatención médica.
Con todo, señala la ministra Carolina Corcho que el proyecto de reforma construye sobre lo construido, reconoce logros de la Ley 100 y desvirtúa el rebuscado fatalismo de sus detractores. El sistema recupera el manejo de sus recursos, pero no será estatizado. No elimina el aseguramiento en salud, pues éste sigue nutriéndose de los aportes de empresarios, trabajadores y del presupuesto nacional que, gracias a la Ley 100, no representa ya 3% sino 8% del PIB. Así deba hacerse efectiva para todos, la cobertura de casi 100% del sistema es otro logro del modelo vigente. Se avanza en el control de precios de medicamentos logrado, y hacia la producción nacional de drogas, con el sector privado. Tampoco entrega el sistema a alcaldes y gobernadores. Cambia, eso sí, el mecanismo de pagos a clínicas y hospitales: no ya por medio de las EPS, sino mediante giro directo de la Adres a los prestadores, en su mayoría privados. Tampoco desaparecen las EPS, éstas permanecen en el sistema de redes integrales e integradas de salud, que son públicas, privadas y mixtas.
Este modelo, más preventivo que curativo, avanza innovaciones como la de los primeros 1.007 de 20.000 equipos de personal médico desplazados a hogares en los territorios. Les seguirá la construcción de hospitales y puestos de salud. Elocuente señal del horizonte que la reforma abre. Tras el rigor técnico y de prospectiva que la informa, respira, sin eufemismos, un principio moral y político: la salud es derecho pleno de todos, no un negocio.