En casi todo país van a la cárcel; en Colombia no. Miles de empresarios, políticos, negociantes y familias divinamente –entroncados o no con mafias de variado pelambre– ocultan fortunas en Panamá y completan en ese país su evasión doméstica de impuestos, que alcanza el 90%. Revelación de Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian. Según él, a ese paraíso va a parar buena parte del producto de la corrupción política, de la evasión tributaria y del crimen organizado. Con los $300 billones que estos patriotas expatrian se financiaría casi la mitad del Plan de Desarrollo para los cuatro años venideros. Y los $30 billones que dejan de tributar en Colombia doblarían el recaudo esperado de la reforma tributaria en ciernes, que caerá como un piano sobre los hombros de los más desfavorecidos.
Ahora bien, entre la maraña de cuentas secretas y firmas fantasmas, brillan excepciones de compañías registradas con el nombre de sus dueños verdaderos, que producen, declaran a la Dian y tributan. Pero el grueso de los que estafan al fisco desde Panamá –miembros prestantes de la élite incluidos- no enfrentarán la suerte de sus homólogos en otras latitudes. Hoy pagan sus deslices tras las rejas, por ejemplo, el ministro de Hacienda de Francia y, en España, el extesorero del partido de Gobierno.
Al amparo del secreto bancario degluten insaciables las entidades financieras esta economía paralela hecha de evasión tributaria, lavado de activos y ocultamiento de capitales malhabidos o bienhabidos. En ocho mil billones de dólares se calcula lo escondido en paraísos fiscales: diga usted una décima parte de la riqueza mundial. Casi un tercio de la riqueza de América Latina reposa en ellos. Y son los bancos su puerta de entrada. La cuarta parte del sector financiero en Panamá es colombiana, con los grupos Aval, Empresarial Antioqueño y Davivienda a la cabeza. Fueron grandes cacaos colombianos y, desde luego, Panamá, quienes se opusieron en 2014 a declararlo paraíso fiscal. Se dijo –apunta Ortega– que “el poder político del sistema financiero terminó echando para atrás la medida”.
Vista la desfachatez inmarcesible de los más ricos, mal hará el Gobierno en imponer una reforma tributaria que empobrece aún más a la clase media y arroja nuevos contingentes de pobres a la miseria; en lugar de apretar a los adinerados, que resultan ser los grandes evasores. Será efecto inevitable de elevar el IVA al 19%, esperando de este impuesto regresivo el 80% del nuevo ingreso tributario. Injusticia que clama al cielo, en un país donde el 1% más rico paga 11% de lo que recibe; el 0,1% tributa 4% y los asalariados pagan el 22% de sus ingresos. Para no mencionar a ganaderos y terratenientes, que seguirán pagando impuestos irrisorios, o ninguno, mientras no se actualice el catastro rural. Las empresas que honran las reglas tributan hasta el 40%; pero son las menos.
Contra esta orgía global de pillos de cuello blanco en paraisos fiscales propone Piketty un impuesto mundial al capital, calculado sobre información de flujos financieros entre países. Y retomar el control de un capitalismo financiero que ha enloquecido, “renovando los sistemas de impuestos y gastos, corazón del Estado social moderno”. En Colombia, habría que empezar por aplicar el añoso principio del impuesto progresivo al ingreso. Además, para que nuestra tributación deje de ser un chiste, taponar el hoyo que succiona el erario: la corrupción. Y aprender de Islandia, donde la protesta ciudadana provoca la renuncia de su Primer Ministro por incurrir en operaciones oscuras en un paraíso fiscal. Allá se movilizan contra el corrupto; aquí, en cambio, la derecha delira en defensa del corrupto. ¿Hasta cuándo?