por Cristina de la Torre | Abr 1, 2019 | Marzo 2019, Modelo Político, Movimiento social, Política agraria, Reforma Agraria, Tierras
A la fuerza de los símbolos se sumaba la contundencia de las palabras y los hechos. En debate de televisión convocado por Laura Gil sobre la minga que se riega como aceite por Colombia, se encaraban los exponentes clásicos de nuestra desigualdad social: una élite criolla codiciosa, prepotente, y el indio. Jorge Bedoya y José Félix Lafaurie, voceros del Consejo Gremial y Fedegán, evocaban en su desdén al encomendero que lleva siglos arrebatando vida, tierra e identidad a los pueblos indígenas. En otra orilla, el senador Feliciano Valencia personifica la resistencia de su gente, en lucha asimétrica que hoy canaliza, empero, el flujo de la protesta social hacia un paro nacional el 25 de abril. Clamor contra políticas como la tributaria, que han disparado la desigualdad en este, el segundo país más desigual de América. Con su acicalada barba de galán, invoca Bedoya el principio de autoridad para judicializar a los organizadores del bloqueo a la Panamericana. Y Lafaurie condena, cómo no, los “actos criminales” y la “protesta armada” que anidarían en el movimiento. Pero ellos mismos encabezan asociaciones a veces infestadas, esas sí, de criminales de metra y papel sellado en veredas y caminos y notarías.
Se escandalizan porque los indígenas reclaman tierra feraz que fuera suya antes de que se las robaran y los arrojaran a zonas improductivas y al rastrojo. Porque reclaman ampliación de resguardos; avance en los sistemas propios de salud, educación y medio ambiente; y el presupuesto necesario para todo ello, debidamente incorporado en el Plan de Desarrollo. No como promesa y simple anexo.
Obrando desde el prestigio de sus luchas, la Onic promueve “una gran minga nacional por la defensa de la vida, el territorio y la paz”. 490 organizaciones sociales la suscriben; la primera, el Cric, la organización social más poderosa del país. Campesinos, pueblos indígenas, negritudes, estudiantes, sindicatos, cafeteros, maestros, transportadores van convergiendo en propósito común, casi que por simple afinidad existencial con la historia y la causa indígenas. Y por sufrir todos el golpe de la inequidad.
Tras la esclavización y el genocidio, usurparon los encomenderos las tierras de los indios, explotaron su trabajo, subordinaron su cultura y los redujeron al hambre en parcelas que pertenecían también a señores de dudoso pedigrí. La élite esclavista de Popayán fue dueña del 40% de los esclavos del país y no falta entre sus líderes quien proponga hoy segregar definitivamente a la población indígena en los estériles confines del Cauca.
Al lado de la minga indígena, otra bandera potencia el pronunciamiento del movimiento social: el mentís a la desigualdad que en este Gobierno se dispara y atenta contra la democracia. Explica Clara López que a mayor concentración de riqueza, mayor concentración de poder político que a su vez permite diseñar las reglas del juego en favor de los poderosos. El año pasado, escribe, la ganancia total del Banco de Bogotá fue de $2,93 billones, 53,9% más que el año anterior. Una tasa 20 veces mayor que el crecimiento de la economía. Y la política tributaria no hace sino agudizar la inequidad. Por eximir de nuevos impuestos a los ricos en montos que suman decenas de billones, no podrá cumplir este Gobierno siquiera con la partida mínima prometida a las comunidades indígenas. Eso sí, nuestros modernos encomenderos seguirán pidiendo cárcel y represión para ellas.
¿A qué tanto escándalo porque López Obrador proponga que el Gobierno de España y el Papa pidan perdón por la conquista exterminadora de nuestra América? Moderen sus impulsos Bedoya y Lafaurie si les indigna el guardia indígena que pregunta: si los indígenas llevamos 500 años de resistencia, ¿por qué no vamos a mantener la minga el tiempo que sea necesario?
por Cristina de la Torre | Mar 25, 2019 | Derecha, Iglesias, Marzo 2019
Se diría que no les basta con el segregacionista proyecto de ley que crea un ministerio para la familia patriarcal. A esta iniciativa del senador por el Centro Democrático Juan Carlos Wills se suma ahora la de suscribir en el Plan de Desarrollo un pacto en defensa de la familia tradicional. A instancias del senador John Milton Rodríguez del partido cristiano Colombia Justa-libres, la propuesta apunta a tomarse medio Estado vía Centros de Atención Familiar integrados por sicólogos, sexólogos y miembros de comunidades religiosas, y un aparato paralelo de puntos móviles de “orientación” y propaganda por medios masivos de comunicación. Con loables propósitos que quedarían sin embargo avasallados por éste de salvar la familia bíblica (papá-mamá-hijitos). Que tras bastidores asoma las orejas el eje Uribe-Ordóñez-Viviane lo sugieren rasgos del diagnóstico que Rodríguez aproxima en apoyo de su idea: crimen le parecerían a él, sin distingos, el feminicidio, la infidelidad conyugal, la violencia intrafamiliar y el modelo de familia en unión libre. Le alarma que en 2016 no se registraran matrimonios en Puerto Carreño. Le alarma el aumento de divorcios.
Pero no lo inquieta la afinidad de su propuesta con el ministerio de Familia que Bolsonaro creó a la medida de su titular, una pastora evangélica rescatada del rancio oscurantismo que cogobierna con un violento en el Brasil. Mucho pesó en su designación una vivencia mística que la llenó de luz: dijo ella haber visto la figura de Dios en un guayabo… (en un palo de guayaba). Acaso le ordenara el Señor promover la ley que eleva penas contra la mujer que aborta y premia con subsidios a la embarazada por violación si no lo hace. En homilía incendiaria llamó esta Damares Alves, desde el púlpito, a ejercer el poder todo; nos llegó la hora de copar la nación, exclamó entre vítores de su feligresía.
Acaso nuestros uribistas y evangélicos no alberguen tan descomunal ambición. Pero los proyectos de Wills y Rodríguez sí apuntan a copar grande porción del poder público en Colombia. Quieren encaramarse sobre el Instituto de Bienestar Familiar, el Departamento de Prosperidad Social, los ministerios del Interior y de Cultura, las comisarías de familia, la Policía Nacional, la Fiscalía, las alcaldías y gobernaciones para integrarlos con “el sector religioso”: con un partido cristiano que querrá subordinarlos a su fe y a su interés electoral. El propósito es atacar con expediente bíblico la crisis de la familia tradicional, con olvido de todos los demás modelos de familia, que son la mayoría en Colombia: la familia extensa, la monoparental, la compuesta, la homoparental son el 70%. Las familias en cabeza de mujer representan hoy el 40%, mientras aumentan las de matrimonio igualitario y unión libre. La familia nuclear apenas alcanza el 29%.
Pero el conservadurismo nada contra la corriente. Es lo suyo. Cuando la sociedad busca libertad y mejores aires, aquel le atraviesa cadáveres ataviados de fina seda y rodeados de flores. Una escena grotesca me aguijonea la memoria. No hace mucho, ante una pareja de jóvenes que contraía matrimonio por el rito cristiano recitó el pastor a grandes voces pasajes que dijo extraer de la Biblia: instó al hombre a asumir con energía la autoridad que Dios le daba al varón; y a ella, a honrar postrada al que la salvaba del fango putrefacto que desde el origen de los tiempos había signado su condición de mujer. Los hijos que vinieren habrían de seguir la ruta de sus padres. ¿Habrá todavía quien crea que en estos oscuros meandros podrá cultivarse una salida a la crisis de la familia tradicional? ¿No estaría el remedio más bien en humanizarla? ¿A qué la toma de medio poder público para perpetuarla, en ofensiva de ejército de ocupación?
por Cristina de la Torre | Mar 18, 2019 | Acuerdos de paz, Iván Duque, Justicia, La paz, Marzo 2019, Modelo Político, Paramilitarismo, Proceso de paz
No, no son iguales. Uribe llegó al poder para afianzar la economía de mercado y, Chávez, para desmontarla. Pero en política, guardadas diferencias de grado, cogieron ambos por la vertiente autoritaria del populismo latinoamericano. En Venezuela desemboca el chavismo en la dictadura de Maduro, agente ejecutor de la divisa del coronel; en Colombia regresa la de Uribe sobre los hombros de Iván Duque. Hace 14 años aventuraba yo en un librito (“Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia”) que aquellos líderes suscribían elementos medulares del mismo modelo político: el del neopopulismo con carga de arbitrariedad y mano dura. La prueba del tiempo parece darme la razón y ratificarlo hoy, cuando, la mirada en su mentor, desafía Duque la legalidad: desacata fallo de la Corte Constitucional (una barbaridad, dirá Sergio Jaramillo), pone en riesgo la división de poderes, induce el retorno a la guerra y reanuda campaña electoral con la jauría aulladora que ha vuelto invivible la república.
Mucho en Chávez y en Uribe conspira contra la democracia: la búsqueda ciega del unanimismo; la determinación de absorber o cooptar el fuero de jueces y legisladores, por convertir la democracia constitucional en Estado de opinión manipulada; la militarización de la sociedad, el anclaje de la seguridad en una policía política, la búsqueda del poder para quedarse en él. Y, en Uribe, la idolatría de la guerra. Manes de los regímenes de fuerza que proliferaron en la región y cuyos signos restablece Duque, solícito exhumador del uribechavismo. Sus objeciones a la JEP calculan el golpe en dos planos. Primero, para resucitar el proyecto subversivo de la ultraderecha contra la democracia y la paz; con su efecto colateral de asegurarles impunidad a prestantes promotores de atrocidades en el conflicto. Segundo, convertir la campaña electoral en borrasca de odios y mentiras, siempre pródigas en votos.
Llegado al poder, creó Chávez el instrumental para perpetuarse en él, para neutralizar al Congreso y a las Cortes. En parecida dirección obró Uribe. Su propuesta originaria de referendo apuntaba a revocar el Congreso, pero la Corte Constitucional estimó que, a guisa de reforma constitucional, sólo buscaba atacar a un grupo de gobernantes. Calificó el proyecto de “contrario a la idea más elemental de Estado de derecho y de constitucionalismo”. Y lo tumbó.
Uribe reformó un “articulito” de la Carta para hacerse reelegir en 2006. “Ya que le dieron 40 años a don Manuel (Marulanda), ¿por qué no le dan un tiempito más largo a la seguridad democrática?”, dijo. Y, a son de democracia plebiscitaria, su ministro Pretelt defendió la opción de reelegirlo por veredicto popular, no por regla constitucional. A la segunda reelección y tras escándalo de soborno a parlamentarios, se opuso la Corte en 2010 porque atentaba contra la separación de poderes. Con una segunda reelección, hubiera Uribe terminado por controlar las Cortes; la Suprema incluida, a la cual persiguió con saña cuando ésta investigaba a su bancada por parapolítica.
Maduro corona el modelo: atrapa presidencia indefinida, altas cortes, poder electoral y una constituyente de bolsillo en remplazo de la Asamblea Legislativa. Duque le sigue el paso. Ya desde su campaña proponía disolver las Cortes para fundirlas en una y reducir el Congreso a la mitad. De prosperar sus reparos a la JEP, le habrá arrebatado a la Constitucional su poder de órgano de cierre, en favor del Ejecutivo. Y va por la cooptación de los congresistas entregándoles 20% del presupuesto de inversión. Mas, si hace unos años desfallecían la oposición y el movimiento social bajo la fusta de Uribe, no podrá Duque ignorarlas ahora: media Colombia prepara la defensa de la democracia y de la paz. Si precarias, resultan ellas infinitamente más deseables que el ominoso uribechavismo.
por Cristina de la Torre | Mar 12, 2019 | Clientelismo, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, Marzo 2019
Es del talante de Duque dictar una medida mientras la neutraliza con otra mayor: avanza un paso y retrocede un kilómetro. Así, encarando la corrupción que reina en la contratación del Estado, sanciona por fin el decreto que adopta el pliego único en licitaciones de obras públicas; formato que golpearía el favorecimiento previo a un único oferente y a las mafias de contratistas. Enhorabuena. Pero el Plan de Desarrollo crea por su lado el llamado Fondo de Inversiones de Iniciativa Congresional, un quinto del presupuesto nacional de inversión a disposición de la clase parlamentaria. Toneles de mermelada como ésta viera jamás. Y con premio adicional: no tendrían ya esos billones la cortapisa de Planeación Nacional, porque el artículo 35 del Plan le arrebata a la entidad el control sobre el presupuesto de inversión, para depositarlo en el ministro de Hacienda. Ecónomo del país que políticos y hombres de bien usufructúan como finca y faltriquera propias. Hoy será Carrasquilla, habilidoso contratista que ordeñó decenas de municipios con sus bonos de agua. Mañana podrá ser otro de parecida jaez.
El pliego tipo se contrae por ahora al sector transporte, porción menor de la contratación pública que en 2017 alcanzó $147 billones. Según el profesor Alejandro Barreto, no toca a la contratación directa que ese año representó casi $45 billones; ni a regímenes especiales como los de las Fuerzas Armadas, Ecopetrol y empresas de servicios públicos, cuya contratación llegó a $36,9 billones; ni a las licitaciones de particulares ante el Distrito Capital. Sólo afecta al tipo de licitaciones que representaron entonces $10,5 billones. Si buena, poco podrá la medida contra la exultante expansión de contratos que en provincia se adjudican casi siempre a dedo: 85% según el entonces contralor Maya.
Porfiará el político en el negocio por punta y punta, mientras prepara alforjas para almacenar los auxilios multiplicados de Papá Noel. Que ahora le sobrará más de la financiación privada de su campaña, y de la pública. Y podrá seguir adjudicando contratos a sus prosélitos y amigos, por mano del copartidario alcalde o gobernador. Sigue Verónica Tabares en La Silla Vacía un estudio de la MOE que relaciona financiación de campañas y contratación pública según el cual 112 donantes a campañas en Antioquia aportaron $663 millones y obtuvieron contratos públicos por $85.903 millones: recibieron $129 millones por cada millón invertido. 93% de los contratos se entregaron a dedo. Y Milena Sarralde informa en El Tiempo que un puñado de vivos acapara la contratación pública, multiplicándose en mallas cerradas que repiten beneficiarios. Concentran un tercio de la contratación pública. Son contratistas –dice el contralor– que actúan con vocación de carteles, mafias rapaces que se organizan metódicamente para monopolizarla.
A la voz de que empeora el país en el rango mundial sobre percepción de corrupción, Transparencia por Colombia le pide al presidente idear una lucha estructural contra ella y anclarla en el Plan de Desarrollo. Ni modo. Lo estructural que vemos en el descosido mamotreto es la multimillonaria partida que se asignará a la clase política, convenientemente confiada ahora a la cartera de finanzas. Se disocia con ello la inversión pública de la estrategia de desarrollo, de sus metas y políticas, brújula que le marca el norte y le da sentido de conjunto. Queda la inversión sometida al albur de una nube de mercaderes y políticos que hacen del erario un carnaval. Si ya lo bailan en la ancha alcantarilla de la contratación pública, ¿qué no harán con el presupuesto todo en sus peludas manos? Si tuviera el presidente Duque algún sentido de patria corregiría a tiempo la procaz iniciativa, y reviviría los proyectos contra la corrupción que el país exigió. No más la charada del sí-pero-no.
por Cristina de la Torre | Mar 4, 2019 | Derecha, Internacional, Marzo 2019
No todo es obsequiosa sumisión al bárbaro que blande el mazo contra Venezuela; también del peón recibe sus lecciones el imperio. Si el mote de castrochavista que la ultraderecha le acomodó en Colombia a la oposición democrática sentó tres veces a Uribe en el solio de Bolívar y fracturó la paz, el eficaz ardid aplicado al socialismo democrático que estalla en Estados Unidos podría reelegir a Trump. El coco de Venezuela despierta los fantasmas de la Guerra Fría, para repetir la decrépita cruzada contra el comunismo, en dos países donde éste es brizna en el huracán de la política. Cruzada mentirosa, porque no salva en ellos a la democracia, de un estalinismo imaginario, y sí trae, en cambio, aires de fascismo. Allá en el Norte, es reacción de la caverna contra el sorpresivo renacer del socialismo democrático que evoca el New Deal que Roosevelt entronizó en los años 30 y devino Estado de bienestar.
La última encuesta de Public Policy Polling le da al socialista Sanders (léase liberal de izquierda) 51% de intención de voto, contra 41% a Trump; 63% de los jóvenes se declaran allá socialistas y anticapitalistas. Pero el mono deforma la realidad ideológica y presenta a la socialdemocracia como comunismo. Truco de alto impacto en el electorado de La Florida, decisivo en elección de presidente, cuyo componente latino es anticastrista de nación y ahora, por extensión, enemigo del castrochavismo. Nada nuevo. Ya el teórico Friedrich Hayek asociaba socialdemocracia con comunismo totalitario, acaso en respuesta al clamoroso espectáculo del New Deal. Batiéndose por la economía de mercado, reafirmaría sus tesis en los 70, para dar soporte a la Escuela de Chicago que trazó la ruta del neoliberalismo.
Como se sabe, también el modelo de Roosevelt es economía de mercado pero con impuesto progresivo y sólida política social. Pasó del énfasis en el capitalismo individualista al Estado redistributivo, con regulación de la economía y pleno empleo. La igualdad ante la ley se acompañó ahora de seguridad social y económica. Para Roosevelt la supervivencia del capitalismo dependía también de la planificación económica, pues la crisis del sistema resultaba del abuso de la libertad de empresa. Adaptó formas del socialismo al capitalismo, y éste evolucionó de un sistema de explotación sin escrúpulos a otro de responsabilidad social.
Mas no todos estaban conformes. Explica Hayek en 1976 que cuando escribió Camino de Servidumbre, 32 años atrás, socialismo significaba nacionalización de los medios de producción y planificación económica centralizada. Que éste se resuelve ahora en una profunda redistribución de las rentas a través de los impuestos y del Estado de bienestar. Pero cree que “el resultado final tiende a ser exactamente el mismo”. Postulado acomodaticio, pasa por alto diferencias de naturaleza que separan a los dos modelos. Más aun cuando asevera que “la planificación conduce a la dictadura (porque contraviene) la naturaleza esencialmente individualista de la civilización occidental”. Como si fueran iguales la planeación coactiva de la Rusia soviética y la planeación indicativa del Occidente industrializado.
Aunque riñe con la realidad y legitima la modalidad más cerril de capitalismo, la razonada disertación de Hayek se vuelve caricatura en las torvas manos de un Trump o de algún presidente eterno en banana republic. Y la plutocracia ahí, empachada, la mira puesta en el petróleo de Venezuela. Abortada la ayuda “humanitaria”, se congratulará Trump, sólo queda la intervención militar contra la dictadura castrochavista. ¡Se me apareció la virgen, pensará; reelección asegurada! Hasta cuando empiece a llamar castrochavistas a los millones de norteamericanos que no le marchan. Porque tienen clara la diferencia entre dictadura estalinista y un New Deal para el siglo XXI.
por Cristina de la Torre | Feb 26, 2019 | Derecha, Febrero 2019, Iglesias, Iván Duque, Paramilitarismo
Pelando todo el cobre, sorprende este Gobierno cada día con alguna iniciativa para llevar el pensamiento libre al paredón. Ya apunta contra la libertad de prensa; ya contra la libertad de cátedra y la pluralidad de miras en historia, en memoria, en sociedad; ya instala Torquemadas en tu biblioteca y en tu alcoba; ya entrampa la libre profesión de ideas políticas en una telaraña de informantes (¿cuántos armados?), a manera de policía política, cuyos 800.000 miembros son apenas el huevo de un aparato en expansión, probado ya. Pan comido en los gobiernos fascistas y comunistas, son bípedos erguidos a un tiempo sobre la violencia física y la violencia ideológica. Y éstas sostienen los regímenes de fuerza para que prevalezca el pensamiento del jefe, por simple eliminación de toda disensión. Aplanada por la propaganda hasta reducirse a groseras simplificaciones y mentiras, su ideología deriva en dogma afilado para la acción intrépida, profiláctica, que Stalin, Hitler, Mussolini, Fidel, Maduro, Bolsonaro y Trump esgrimieron a su paso por el poder. Lo terrible es que el modelo pega con naturalidad en esta Colombia acostumbrada a dirimir diferencias a puño limpio. O a bala.
En seis meses se ha tejido aquí un dechado de esperpentos. Mientras se amenaza a periodistas independientes, se quiere estrangular a Noticias UNO y se lanza proyecto de vigilancia oficial y censura de prensa, un plumífero le cuelga desde su poder una lápida a la columnista Ana Cristina Restrepo: la sindica de oficiar como activista política de las Farc. Para embolatar las memorias de la guerra, se nombra director de la entidad encargada a un amigo de responsables del horror que necesitan escurrírsele a la verdad y a la justicia. Ahora se escribirá una historia oficial contra el terrorismo, látigo de la democracia ejemplar que aquellos representan. En esta cruzada envolvente contra el pluralismo y la libertad de pensamiento no podía faltar la incursión en la moral privada. Cursa proyecto para crear un Ministerio de la Familia (nuclear), no de la gran diversidad de familias existente, dizque para proteger su moral, armonía y funcionalidad. El ente activará programas de formación ética y rehabilitación espiritual y formulará denuncias penales para salvar a la familia y a los niños.
Se radicó proyecto que sanciona también, aun penalmente, a educadores que hagan en las aulas proselitismo político, “que inciten a discusiones políticas” o influyan en la ideología política de los estudiantes. ¿Cómo enseñar historia si el registro de los hechos, de sus protagonistas e ideas, remite al azaroso movimiento del poder? ¿Y las mil disputas que lo rodean no son, precisamente, la política? Y para justipreciarlas, ¿no se impone la libre evaluación de todas las versiones? Esta sicopatía de querer salvar a la juventud de la aventura de pensar por neurona propia sacrifica su derecho a la educación: a explorar, a razonar, a comparar, a imaginar, a criticar, a hablar de política.
Proyecto éste para un Estado confesional, constriñe la libertad y es idéntico al del filofascista Bolsonaro, cuyo ministro de educación suspira por preservar con él la familia, la religión, la ciudadanía, el patriotismo. El Gobierno de Duque ha adoptado el mismo tono inquisitorial para idéntico principio de censura que ya Monseñor Builes respiraba en 1945, aunque sólo en materia de religión: denostaba el prelado “la corrupción de las mentes por las doctrinas erróneas”, la masonería y el comunismo. Educar en todas las religiones, escribe, es “moldear a la juventud en troqueles de impiedad […] como si las religiones falsas basadas en el error tuvieran derechos…”.
He aquí, apenas entresacados, hilos de la mordaza que el extremismo de derechas ha vuelto a tejer. Menos fácil le será imponerla que jugarse, como se juega, una invasión militar a Venezuela.
por Cristina de la Torre | Feb 18, 2019 | Derecha, Educación, Febrero 2019, Iván Duque, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Política económica, Salud
Conforme el neoliberalismo ensancha desigualdades hasta la obscenidad, florece en el mundo su corolario político: gobiernos de derecha, satrapías comprendidas como las de Erdogan, Bolsonaro y Trump (con su rendido ayudante de cámara, el presidente Duque). Pero a este edén de los tribillonarios sustentado en regímenes de dios, patria y bayoneta le ha salido su contrapartida: una socialdemocracia preparada para los desafíos del mundo postindustrial y afincada en lo suyo, el principio de solidaridad en lugar de la avara, humillante caridad. ADN del capitalismo social que se instauró en Europa tras la guerra y en EE.UU. con el New Deal. Mas vendría en los 80 el modelo de Estado eunuco y mercado sin control a cercenar cuatro décadas de prosperidad como el occidente industrializado no viera jamás.
Años lleva la contrapropuesta madurando como respuesta global a la dominación sin fronteras de la banca mundial, y lanzada ahora a tres manos por Bernie Sanders, dirigente del Partido Demócrata remozado hacia la izquierda; Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista inglés que recupera al sindicalismo y podría volver al poder, y Yanis Varoufakis, adalid de la rebelión griega contra las políticas de choque de la banca multilateral. A su lado, el movimiento Primavera Europea, pone también el dedo en la llaga de la desigualdad, para reclamar equidad y democracia. Tienden ellos lazos entre la tradición socialdemócrata con su Estado de bienestar y la herencia del New Deal con su programa de acción económica desde el poder público. Se comprobó entonces que la economía no se corrige sola, y, ahora, que tampoco cabe redistribución de la riqueza por goteo.
Y es que la desigualdad no es cosa baladí. Según Oxfam, sólo 26 personas acumulan más dinero en el mundo que los 3.800 millones de personas más pobres. Media humanidad. Y la riqueza de aquella minoría crece a ritmo endemoniado, mientras baja sin pausa el poder adquisitivo de los más. Porque se mezquinó la inversión pública en salud, educación y seguridad social, se eliminó el impuesto progresivo, cundió la corrupción en las altas esferas y el Estado dejó de controlar los mercados. Desigualdad hay por falta de bienes y servicios básicos y por concentración del ingreso y la riqueza.
Contra todo lo esperado, con Sanders renace en EE.UU. el viejo socialismo, pero tocado del intervencionismo de Roosevelt y del Estado de bienestar escandinavo: redistribución, sí, y regulación de la economía, pero con respeto de la libre empresa. Al igual que Corbyn y Varoufakis, propone devolverle su poder al sindicalismo, renacionalizar los servicios públicos y universalizar salud y educación gratuitas. Fustiga Sanders la paradoja de que los beneficios empresariales crezcan mientras se comprimen los salarios, desaparece la clase media y aumenta la brecha entre los ricos y el resto de la sociedad. Corbyn, por su parte, ataca los recortes a la inversión social y, con el griego, las draconianas políticas de austeridad que golpean a la sociedad.
Peligrosa debe de resultarle esta alianza al modelo de mercado, pues su propuesta es reformista, se ha llevado ya a la práctica y queda al alcance de la mano. Es viable. Apunta a cambios de fondo, pero dentro del sistema capitalista. No propone una revolución burguesa para dar al traste con el sistema feudal; ni una revolución proletaria contra el sistema capitalista. Reforma el régimen, no el sistema, con transformaciones de beneficio común que salvan, sin embargo, al capitalismo de su propia incontinencia: lo hizo el New Deal, lo hizo el Estado de bienestar. ¿En qué consistirá el “pacto por la equidad” que el presidente le propone a Colombia si no menciona siquiera la afrentosa concentración del ingreso y la riqueza, baluarte del neoliberalismo que aquí se mima y reverencia?
por Cristina de la Torre | Feb 10, 2019 | Febrero 2019, Paramilitarismo
No sorprende, pero verlo confirmado en hechos, dispara las alarmas; o al menos suscita preguntas nacidas del miedo a lo conocido: ¿volverán los horrores de la seguridad democrática? Con sus redes de cooperantes y el estamento ganadero en armas, místicos todos de la fe que niega el conflicto armado y lo reduce a amenaza terrorista, ¿se inicia otra escalada de la guerra? También la nueva norma de seguridad crea su red de informantes para alertar sobre “situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas”. En el Gobierno de Uribe resultaba peligroso, por definición, quien no hincaba la rodilla ante el caudillo o reclamaba algún derecho o, si togado, juzgaba en derecho. Entonces convergieron los sectores más reaccionarios del campo para perseguir y aún apretar el gatillo contra ellos; o para mandarlo apretar desde las Convivir, refugio que fueron de paramilitares a cuyo amparo acaecieron el despojo y el desplazamiento en masa. ¿Hoy se recompone aquel modelo de seguridad?
Saca sus uñas la guerra, mientras el Gobierno y su partido van liquidando los instrumentos de paz. Como la JEP, en capilla mientras el presidente decide si objeta la ley que la reglamenta o la cercena hasta dejarla manca. Por su parte, Rafael Guarín asegura que el Gobierno no quiere armar a nadie sino, al contrario, desarmar. Será retórica, pues el copresidente Uribe viene de avivar la presión de los ganaderos del Cesar para rearmarse. Y su palabra es la ley. Bloque de acero interpuesto además al primer amago de controlar las dinámicas perversas de la Red –si lo hubiera–. O de justipreciar el peligro de entregar tareas de inteligencia y seguridad a particulares. O de medir el riego de repetir “errores” del pasado. Casos al canto, las detenciones masivas y sin pruebas de ciudadanos inermes; y la abominación de los falsos positivos. Todo lo cual apunta a sabotear las reformas que la paz conlleva.
Dos innovaciones trae la nueva política: primero, eleva la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente a problema de seguridad nacional, por tratarse de preciados bienes estratégicos. Enhorabuena. Segundo, monta una inmensa plataforma tecnológica al servicio de la Red de informantes. Para bien o para mal, esta será infinitamente más eficaz que la de Uribe. Establecerán ellos contacto anónimo con el Ejército y en el primer año serán un millón, prestos a señalar ciudadanos “potencialmente peligrosos”.
Espectro tan amplio e indeterminado dará para cualquier cosa: para prevenir un asalto a la Caja Agraria o el linchamiento de un atracador; pero también para señalar a líderes sociales como potencialmente peligrosos, terroristas, e inducir su asesinato. O la ejecución de miles de jóvenes potencialmente peligrosos porque no andarán cogiendo café, y estirar con ellos la lista de los 10.000 falsos positivos. Es que el anonimato podrá amparar desde abusos y cobardías y venganzas, hasta el linchamiento político originado en sospechas de algún ardoroso vengador que quiere hacer justicia por mano propia. Especulo, sí, pero desde un referente poderoso: es ésta una experiencia ya vivida cuyo mentor recompone ahora con los trazos inconfundibles de su mano de hierro y corazón de hielo. Ojalá me equivoque.
Mas, así formulada, esta política de seguridad desafía al Estado de derecho y al país que busca la paz por medio de la democracia. Desarmando a la sociedad civil, no armándola. Ni cooptando a la ciudadanía en un ciclópeo aparato de espionaje, copia fiel de los comités de defensa de la revolución cubana. La gobernabilidad del presidente no depende sólo de la mermelada que derrame sobre la manzanilla. Ahora depende, sobre todo, del respeto que le profese al movimiento social, activo inconforme contra un modelo de seguridad que no podrá pelechar sino en la guerra.
por Cristina de la Torre | Feb 2, 2019 | Febrero 2019, Mujer
Colombia, país campeón en feminicidio, registra tres casos de abuso sexual por hora, y 97 por ciento de impunidad en los denunciados. Pandemia desbocada, no perdona clase social, edad ni estatus de poder. De idéntica calaña, lo mismo abusa y viola el habitante de calle que el encumbrado hombre público ―hasta la cima del Estado― doblemente expuesto al escrutinio de la sociedad sobre su vida privada por encarnar la dignidad del liderazgo que se le confía. El concejal y aspirante a Alcalde de Bogotá Hollman Morris carga con demanda penal de su esposa, Patricia Casas, por delitos de violencia intrafamiliar que al parecer ofenden el más primario sentido de decencia. A su querella se suman ahora denuncias de tres víctimas de acoso sexual.
“Doy fe de que Hollman Morris sí ha acosado sexualmente a una mujer. La víctima fui yo”. Esto escribió María Antonia García de la Torre en su columna de El Tiempo el 1 de febrero, pese al difícil proceso que debió surtir para hablar, venciendo “el miedo a represalias que me paralizaba”. Ante la denuncia de su esposa, no podía seguir callando. Hace 8 años, dice, trabajaba ella en el periódico El Mundo (de Madrid). Como preparaba un artículo sobre el documental Impunity de Morris, se reunió con él para hablar sobre el tema, pero inopinadamente “me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”. Conocidos de Morris presenciaron la escena. Decidió irse de inmediato, pero antes de salir “me besó otra vez por la fuerza. Hoy hablo de ese humillante episodio”, escribe, “en un país donde muchos hombres que se consideran de izquierda todavía se comportan y piensan como hombres de la más rancia derecha patriarcal”. En entrevista de Vicky Dávila por la W, admitiría Morris el 24 de enero la veracidad de esta denuncia.
Viene a la memoria la columna de opinión de García de la Torre sobre el tema, publicado hace un año en el New York Times, a raíz de la denuncia de violación de Claudia Morales por “Él”, intocable cuyo nombre se reservaba ella el derecho de callar. Por su aporte a la comprensión del fenómeno, me permito glosarlo aquí, a la letra: Un dedo en la boca ―símbolo universal del silencio― fue lo único que necesitó el violador de Claudia Morales para que no lo denunciara. Morales escribió que había sido abusada sexualmente por un antiguo jefe. No dio su nombre. Desde ese momento, ha promovido ella el silencio como refugio frente a las leyes colombianas, incapaces de lidiar con la violencia de género y el acoso.
Denunciar a un violador en países machistas como Colombia, sostiene García, condena a la víctima al ostracismo. El silencio se convierte en única defensa de las mujeres atacadas. Pero esta estrategia debe cambiar. El debate público ha de dirigirse a la administración de justicia, pues su inoperancia condena a mujeres por legiones. Mujeres que han soportado el dolor del abuso con estoicismo, como si no nombrar el mal lo erradicara. Mas, quien calla les otorga poder a jefes, maridos, taxistas que abusan de ellas amparados en la impunidad. El abuso sexual se alimenta del miedo femenino a denunciarlo.
Es hora de desenmascarar, en particular, a personajes públicos como Morris, que atropellan porque monopolizan injustamente el doble poder que reciben de la cultura y de la política. Es hora de exigirles un sentido ético en su esfera privada, indisociable de su rol público, como se hace de oficio con políticos en EE.UU. Es hora de respaldar a Juliana Pungiluppi, directora del ICBF, en su empeño por aplicar sin concesiones la ley contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, víctimas de sus propios familiares y vecinos. A sabiendas de que no basta con fortalecer la justicia. Tendrá que obrar también la corresponsabilidad de las instituciones del Estado y de la sociedad.
por Cristina de la Torre | Ene 29, 2019 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Derecha, Enero 2019, Iván Duque, La paz, Paramilitarismo, Proceso de paz
Gracias al eje Duque-ELN, vuelve la guerra a mostrar sus fauces a la vuelta de la esquina. Siniestro coqueteo de la Peluda tras el desmonte de la mesa de negociación con esa guerrilla. Mas, como a la espera del primer pretexto, se envalentonan acezantes los viudos de la violencia en la izquierda y en la derecha para resucitar la guerra sucia; la que prevaleció siempre en Colombia y cuya apoteosis se registró en el Gobierno de la seguridad democrática, hoy de regreso al poder. Guerra de sevicia y brutalidades que repugna a la humanidad, viola todos los principios de la ética y del derecho y sacrifica diez veces más civiles inocentes que combatientes. Guerra que se salta la frontera entre la mano dura y la Mano Negra. Entre la aplicación de la fuerza toda del Estado contra el terrorismo, como ha de ser, y la transmutación de un conflicto armado en tierra arrasada y degradación patológica de la contienda.
A la monstruosidad del ataque eleno contra la escuela de Policía se suman otras señales de alarma. Como el decreto que flexibiliza la entrega de armas a civiles y la repetida invocación oficial a las redes de cooperantes creadas por la Administración Uribe. De donde podrán reactivarse las Convivir, germen de paramilitarismo, y nuestra copia de los comités de defensa de la revolución (cubana y bolivariana) o los de defensa del Estado fascista en la Alemania de Hitler. Lo que allá y acá sirvió para matar, sembrar miedo y forzar adhesión al régimen. En Colombia, para ejecutar crímenes que rayan en exterminio, como los falsos positivos; y asesinatos selectivos como el del catedrático Correa de Andreis en Barranquilla, 2004. En ambos casos jugaron papel preponderante las redes de cooperantes, que señalaban arbitrariamente o por conveniencias de poder a sus víctimas, y luego actuaba la Fuerza Pública o los paramilitares. El Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación por la detención arbitraria de Correa D’Andreis, que desembocó en su asesinato mediante alianza del DAS con paramilitares.
El senador Uribe instaba no ha mucho a la ciudadanía a vincularse a las redes cívicas de cooperantes. Y el presidente Duque las mencionó en su segunda intervención televisada tras el ataque del ELN, como fórmula de trabajo mancomunado entre la ciudadanía y la Fuerza Pública para vencer el terrorismo. Lo que no se sabía es que ya en septiembre del año pasado se habían reestructurado estas redes en nueve departamentos. Sólo en Medellín reunían 40.000 miembros. Tampoco se han recordado revelaciones de wikileaks y la embajada estadounidense en 2007 según las cuales los jefes paramilitares Macaco, el Alemán y Jorge 40 confirmaban que “había un acuerdo con el Gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del Ejército” (El Espectador, 4,3,11).
“Con terroristas no se negocia”, declaró lapidariamente el comisionado Ceballos. Así recogía el guante que providencialmente le brindaba el ELN, para taponar cualquier solución negociada. Se sentirá el Gobierno en su salsa con sus redes de informantes. Pero haría bien en percatarse de que la de hoy no es la Colombia de la seguridad democrática. No, después de desarmar a la mayor guerrilla del Continente. No, tras el despertar de fuerzas alternativas que hace unos meses arañaron la presidencia. No, con casi 12 millones de colombianos que votaron contra la corrupción. No, cuando cientos de comunidades se reconstruyen, piedra a piedra, sanando heridas que supuran todavía tras la guerra y dispuestas a defender la paz contra viento y marea. Allá el ELN y la ultraderecha si deciden compartir todavía su gusto por la muerte en contienda signada por los mismos métodos fascistas: los de la Mano Negra. La gente no se dejará ya arrebatar el nicho de paz que está construyendo.
