por Cristina de la Torre | Ene 20, 2019 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Enero 2019, Iván Duque, Posconflicto, Proceso de paz
Sí, se avecina una segunda fase de la guerra que se creyó clausurada con el Acuerdo de La Habana. Faltaba el coletazo de la otra guerrilla. Cuando nadie lo esperaba, la villanía del ataque terrorista a la escuela de cadetes adjudicado al ELN descorrió las compuertas de la lucha contrainsurgente. Un acto de suprema estupidez que el senador Uribe saludó, se diría jubiloso, con el retorcido argumento de que obedecía a la paz de Santos; y acaso también porque excitara sus fantasías de inmortalizarse en una guerra perpetua. No contaba, empero, con la general reprobación de su baladronada; ni con la ciudadanía que se volcó este domingo a protestar en las calles sin miedo contra la violencia y para pedirle al presidente no cerrar la ventana que le dejaba abierta a la paz. Ningún Popeye desfiló esta vez al lado del Centro Democrático pidiendo sangre.
Por su parte, otro factor coronaba la violencia: el asesinato sistemático de 426 líderes sociales en dos años ha obrado como obstáculo poderoso al cambio incorporado en los programas que apuntan a la paz en las regiones más martirizadas por el conflicto. Revivirá, pues, la guerra antisubversiva, allí donde más se ansía la construcción de paz; donde sigue el Estado ausente, y las élites se imponen a sangre y fuego. Donde, mal que bien, se incuba la paz. Grande es el riesgo de volver a involucrar a la ciudadanía inerme porque el ELN no son las Farc, cuyos campamentos podían identificarse y bombardearse. El ELN, en cambio, se mimetiza entre la población civil y toda ella resultará objetivo militar. Si no se privilegia el trabajo de inteligencia, renacerá la justificación profiláctica de la derecha que aprovecha el conflicto para desaparecer a sus contradictores políticos calificándolos de guerrilleros vestidos de civil. Invaluable favor de las guerrillas para acorralar al movimiento social, a las fuerzas alternativas de la política, y petrificar el país en estadios de abominación.
Camilo Bonilla, coordinador de un estudio que revela la sistematicidad en el asesinato de líderes sociales, afirma que “sectores del Estado han sido cómplices de la estrategia paramilitar […] principal victimario de líderes”. Es que “la cabal implementación del acuerdo supone transformaciones sociales que ponen en riesgo la hegemonía de ciertos grupos de poder que transitan entre la legalidad y la ilegalidad […] y acuden a estructuras armadas para neutralizar los intentos de cambio. Personas y familias emparentadas con el poder político y económico y que sienten amenazados sus privilegios acuden a los grupos armados”. (Cecilia Orozco, El Espectador, enero 20).
De reanudarse el conflicto armado donde más pesa el ELN —en Arauca, Chocó y Norte de Santander—, el impacto sobre la población civil podrá ser brutal. Se ha levantado en esas comunidades un clamor por reanudar conversaciones con esa guerrilla. Advierte una lideresa del Chocó que, si el Gobierno levanta la mesa, su comunidad las retoma, pues no quiere padecer de nuevo los golpes de la guerra. De lo contrario, se dispararán los asesinatos de líderes sociales. La misma angustia crece en el Catatumbo, en Cauca, en Nariño.
A tal drama podrá el sentido común ofrecer soluciones al canto: uno, que el ELN se allane a la exigencia del presidente de liberar a los 16 secuestrados en su poder y declare cese unilateral del fuego y las hostilidades, para reabrir la negociación política. Dos, que el Gobierno se decida, por fin, a implementar con el vigor necesario el Acuerdo, avanzando en reforma rural, planes de desarrollo territorial y proyectos productivos. Tres: aplicar de inmediato medidas eficaces de seguridad y protección de todos los líderes sociales, empezando por los amenazados. Sólo con decisiones de este tenor podrán combatirse el terrorismo y la violencia, y salvar la paz.
por Cristina de la Torre | Ene 15, 2019 | Clientelismo, Corrupción, Derecha, Enero 2019, Iván Duque, Modelo Económico, Modelo Político, Uribismo
Perdió Duque el cuarto de hora en que podía todavía jugar con ambigüedades entre las palabras y los actos de Gobierno. Con su tácito respaldo a auxilios parlamentarios tamaño catedral; con decretos que favorecen el renacimiento oficial del paramilitarismo; con la revitalización financiera de Fedegán, gremio al uso de la élite más oscura y violenta, remacha el presidente el rumbo que enmascaraba pudorosamente, para devolver a Colombia de cabeza al socavón. Así acotado el espíritu de su mandato, al pacto nacional de enero 28 responderán los conmilitones naturales de la derecha: la clase parlamentaria, previa garantía de que podrá embolsillarse la quinta parte del presupuesto de inversión. Difícil seducir con semejante pastel a las fuerzas alternativas. A medio país que aspira al cambio con propuestas distintas o contrarias al militarismo y la inequidad y que completa el cuadro de la diversidad. El llamado de Duque a disolver distinciones entre izquierda y derecha –como si de un artificio diabólico se tratara– apunta a subsumir la oposición en el hegemón retardatario de su proyecto. A negar el pluralismo y el conflicto tramitado pacíficamente. A negar la democracia.
Para asegurar gobernabilidad, agiganta el partido de gobierno los añosos auxilios parlamentarios –ahora 20% del presupuesto nacional de inversión– y los eleva a norma constitucional. A su lado, la vieja mermelada dispensada para obras locales de los parlamentarios resulta una chichigua deleznable. Si corrupción y delitos de toda laya florecieron siempre al calor de estas partidas presupuestales, aquellos crecerán ahora en la proporción billonaria del soborno. Aquí, ¿quién la hace y quién la paga: sólo quien se manduquea los recursos, o también el mandatario que se hizo el desentendido?
Si empacha de mermelada a la clase política, no olvida a quienes añoran los ríos de sangre que con el acuerdo de paz devinieron riachuelo. Y expide decreto que “flexibiliza” las condiciones para adquirir y usar armas, dizque allí donde la gente corra peligro y deba defenderse. Sardónico eufemismo para nombrar el renacimiento de las temibles Convivir. La norma –promovida por el Centro Democrático, el Partido Conservador y la nueva cúpula militar, según Semana– entrega a la inquietante persona del ministro de Defensa la potestad de decidir a quién armar. Y a las guarniciones militares que no ha mucho cohonestaron los 10.000 falsos positivos. Así feria el Gobierno su monopolio del uso de la fuerza, principio fundacional del Estado de derecho, y delega en particulares la seguridad ciudadana.
Para rematar, le devuelve Duque a Fedegán el manejo de $93.000 millones anuales de recursos públicos, mediante contrato a 10 años cedido a José Félix Lafaurie, presidente de la agremiación, cuando corría licitación pública obligatoria para asignar la partida. Y mientras el dirigente de marras seguía sin explicar manejos irregulares a raíz de los cuales había perdido el control sobre esos recursos. Sustanciosa gabela que se suma a los 10 años de gracia por impuestos que el Gobierno le concede, entre otros privilegiados del campo, al latifundio ganadero. Porque sí. Por razón del inmenso poder que ostenta y defiende empleando todas las formas de lucha. Recuerda el investigador Alejandro Reyes que en tiempos de la reforma agraria de Carlos Lleras nueve clanes familiares poseían en Sucre 360.000 hectáreas, el 40% de la tierra del departamento. Su dominio se ha extendido a la política, al control social y al usufructo privado del erario.
El poder terrateniente y su desproporcionada representación parlamentaria han vuelto al mando. Y a la vera del camino, los ejércitos de civiles que aportaron su cuota macabra al desangre de Colombia. Y Duque ahí: solícito garante de la ultraderecha.
por Cristina de la Torre | Dic 11, 2018 | Corrupción, Diciembre 2018, Iván Duque
Ni torpeza ni ingenuidad; pura marrulla. Hasta un niño sospecharía que la terna del presidente para escoger fiscal ad hoc se armó (¿en algún establo de Rionegro?) con el fin de que la Corte la devolviera en el acto. Como en efecto sucedió, pues más inhabilidades y pasiones de partido no podían ostentar sus miembros. Consecuencia inmediata: no habrá por ahora quién investigue a los señalados de las grandes ligas en las coimas de Odebrecht. Paralizadas las pesquisas, se guarecerán ellos todavía bajo el sopor del olvido, del silencio y la inacción. El primero, el propio presidente que, siendo senador, acudió a cita en el Brasil donde se negociaron apoyos publicitarios para la campaña del candidato de su partido, Óscar Iván Zuluaga, financiados por la oscura multinacional. Si a título de pato (como lo sugiere él), o sólo para ir al baño (según versión del expresidente Uribe) o a título de experto en números con el que su partido lo distinguía, nunca se supo. Ni Duque explicó a satisfacción ni los jueces se tomaron el trabajo de indagar.
Cuando Margarita Cabello renunció, ya ocho magistrados de la Sala Penal habían decidido oponerse a votar esa terna, pues tendrían que declararse impedidos para favorecer a la colega que había contribuido a elegirlos a ellos. Además, ternada en 2010 por el entonces presidente Uribe para fiscal general, la Corte Suprema rechazó su candidatura por “inviable”.
Por su parte, de ser elegida fiscal ad hoc, Clara Lucía González, secretaria jurídica de Palacio, pasaría a juzgar al jefe por su presunta participación en la operación de enganche de Duda Mendonça a la campaña de Zuluaga en 2014, publicista pagado por Odebrecht. Se desempeñaba ella en esa campaña como asesora jurídica del candidato. Proselitista apasionada en la reelección de Álvaro Uribe, a pedido de la Casa de Nari fungió González como abogada de Yidis Medina. Mas no para defender a la parlamentaria que había revelado presiones y dádivas del círculo personal del presidente en palacio, sino para que se retractara y sacara en limpio a la crema del poder presidencial en la dolosa operación que prolongó esa presidencia por cuatro años más.
Tras el escándalo por la tortuosa operación en Brasil, Zuluaga reconoció que su campaña había contratado a Duda a través de Odebrecht; que el pago sería de $2.859 millones. Pero Duda aseguró que Odebrecht le pagó $4,3 millones de dólares por la campaña de Zuluaga. Como en gesto de reciprocidad, en enero de 2017 el entonces senador Duque denunció a Odebrecht por competencia desleal, pero se cuidó de hacerlo también contra el grupo Aval. Abrió así la puerta judicial para que la superintendencia de Industria salvara de multas al consorcio y de inhabilidad para contratar con el Estado por 10 años. Ya la mano peluda de Odebrecht le había extendido $6,5 millones de dólares al entonces viceministro de transporte de Uribe, Gabriel García, coima por la entrega de un contrato en 2009.
En previsión del juego dilatorio con otras ternas inconstitucionales y proclives a absolver conmilitones políticos; del cerrado apoyo de las derechas al fiscal Martínez para atornillarlo en el cargo, parlamentarios de la oposición le piden a la Corte Suprema gestionar con Naciones Unidas la integración de una comisión independiente que ayude a las pesquisas de Odebrecht en el país. Sin funciones judiciales sino de apoyo a nuestros órganos de control. Argumentan que “en Colombia existe un entramado entre las altas esferas políticas e institucionales que impide el real acceso a la justicia, así como a la transparencia y celeridad en las investigaciones”. Única salida honorable contra el adefesio de montar un fiscal uribista para juzgar delitos del uribismo y sus aliados.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2018 | Diciembre 2018, Iván Duque, Proceso de paz
No llegó el Presidente, no llegó la Vicepresidenta, no llegó el Comisionado de paz, y su ausencia se sintió como un latigazo en pleno rostro. Acto trascendental tras la firma del Acuerdo de Paz, la instalación de la Comisión de la Verdad discurrió como encuentro premonitorio, de emociones contenidas, entre el que disparó, el que secuestró, el que violó y masacró, con huérfanos y con madres que vieron asesinar a sus hijos. Acaso anduviera el primer mandatario ocupado en el nombramiento de Vicente Torrijos como director del Centro de Memoria Histórica (CNMH). Para reemplazar con este conserje de militares y entusiasta del fascista Bolsonaro a Gonzalo Sánchez, historiador respetado en Colombia y en el mundo por el rigor y la fecundidad de su trabajo de décadas. Por su honradez intelectual. Quedaría ahora engavetado este caudal de memoria histórica, decenas de libros que desdoblan los pliegues variopintos de la guerra; rica fuente documental y analítica para la Comisión de la Verdad, trocada por la particular versión de un solo actor del conflicto. Pero la verdad no es una. Son muchas, que habrán de contrastarse, si de asegurar la paz se trata. Pastora Mira, sobreviviente del municipio de San Carlos flagelado con 33 masacres, cuya familia murió a manos de las Farc, de los paramilitares y el Ejército, dijo que el trabajo encomendado a la Comisión de la Verdad es el más importante y reparador para todas las víctimas: “la construcción de una verdad con todas las voces”.
La verdad, expresó Francisco de Roux, presidente de la Comisión, ha sido ocultada por el miedo, los silencios, las mentiras y el terror. Vamos, dijo, por una verdad dolorosa pero necesaria; sin sesgos ni subordinación a intereses políticos, económicos o de prestigio. Único camino para alcanzar su cometido será esclarecer el impacto de la violencia en la sociedad, las responsabilidades en la guerra, sus causas y las razones de su persistencia durante medio siglo.
Para el empresario Henry Eder, hijo del primer secuestrado por las Farc y asesinado en cautiverio, sin la verdad será imposible un entendimiento entre los colombianos. Lo mismo piensan el ex coronel del Ejército, Carlos Eduardo Mora, denunciante de los falsos positivos; y Jaime Parra, excomandante de las Farc, quien asume la construcción de paz como un reto histórico. El evento alcanzó un clímax emotivo cuando Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, excomandante de las AUC, pidió perdón por las atrocidades cometidas. Dijo: “es hora de pasar la página del dolor. Sin la verdad es imposible reconciliarnos […] hago público reconocimiento del daño que hice, invoco el perdón de las víctimas […] Señores de las Farc, en el pasado fuimos enemigos, hoy somos amigos de la paz. Les doy mi mano”.
Entre las miles de personas y cientos de organizaciones que protestan por la designación en marcha de Torrijos como director del CNMH, descuella la investigadora Maria Emma Wills (El Tiempo, nov. 23). Según ella, el profesor Torrijos no ostenta la independencia académica necesaria para dirigir una institución cuya vocación no es hacer un relato militante. Un relato histórico no es un panfleto, o sólo lo es cuando el Estado acapara la investigación y la convierte en caja de resonancia de sus creencias. Es decir, cuando se desliza hacia el totalitarismo.
A tono con su arremetida para desvertebrar la JEP, desdeña el Gobierno a la Comisión de la Verdad y reduce su presupuesto a menos de la mitad. Pretende convertir la memoria del conflicto en credo político de uniformados y estrado de propaganda reaccionaria. ¿Por qué sacrifica el presidente la independencia del CNMH y su sindéresis? ¿A qué maltratar la Comisión de marras? ¿Teme su Gobierno a la verdad? ¿No son estas astucias otra manera taimada de hacer trizas la paz?
por Cristina de la Torre | Nov 27, 2018 | Derecha, Educación, Iván Duque, Modelo Económico, Movimiento social, Noviembre 2018
El movimiento universitario recoge periódicamente en Colombia ecos del que surgiera hace un siglo en Argentina. La sublevación buscó el reconocimiento intelectual de las clases medias, se proyectó como ideología libertaria por toda la América Latina y gestó más de un partido popular. Hace un siglo, en 1918, despertó en Córdoba, ciudad aletargada bajo el sopor hispánico y clerical, para convertirse en otro catalizador de la revolución liberal que avanzaba en el subcontinente. No fue un fugaz episodio estudiantil. Interpelada por la Guerra, por las revoluciones mexicana y rusa, por el fascismo naciente, la reforma universitaria incorporó desde su cuna una intención de cambio social que desbordaba el aula de clase. Escuela para el reformismo de los sectores medios, en ella abrevaron las contraélites liberales, laicas y socialistas del continente.
Nuestros estudiantes no apuntan hoy a la revolución; construyen opciones que brillan como flores en el desierto de la politiquería. Su tesón para rescatar la universidad pública del cerco financiero que se le ha tendido, para multiplicar sus puertas de acceso y elevar la calidad de sus programas es empresa llamada a producir cambios dramáticos en esta sociedad de pétreas jerarquías. Riadas de muchachos llevan 45 días de protesta en las calles. Cientos de ellos ajustan tres semanas de marcha al sol y al agua, desde otras capitales, para sumarse el 28 a la gran manifestación en Bogotá. Sus dirigentes demuestran, cifras en mano, que “plata sí hay (para evitar la desaparición de la educación superior pública), pero lo que no hay es voluntad política” del Gobierno. Claman por el derecho de todos al desarrollo pleno de sus capacidades para volcarlas sobre un país de riqueza natural incontrastable. En la maratón privatizadora de la educación, se la juegan por la universidad pública como bien común de la Nación. Contra la política neoliberal que propulsa la privatización financiando la demanda –vía créditos de Icetex– en lugar de financiar la oferta. Pese a las amenazas de muerte, han logrado sus líderes interpretar la legítima aspiración de los colombianos a vencer la estadística ominosa: de cada 75.000 aspirantes a ingresar en la Universidad Nacional, ésta sólo puede recibir 5.000.
En Argentina, la reforma nació en nicho de clase media para destronar la escolástica y sus tonsurados en el gobierno de la universidad, reemplazarlos por estudiantes y profesores, y democratizar el acceso a las aulas. Pero, acicateada por el humanismo, por el socialismo liberal y el nacionalismo democrático, pronto desbordó aquella frontera para tender lazos hacia las clases trabajadoras. Saltaba el movimiento a la política y se proyectaba al continente, donde adquirió su élan americanista, apunta Juan Carlos Portantiero, estudioso de aquella experiencia que aquí seguimos (Estudiantes y política en América Latina, Siglo XXI, 78). En el Perú, del seno del movimiento universitario surgió el Apra, primer partido nacionalista y popular del continente que extendió su influencia a toda la región.
También el movimiento ha desbordado aquí los intereses de gremio para instalarse en la política. En jornadas memorables contra la dictadura de Rojas. En huelga de un año de todas las universidades públicas en 1971, contra el sistema de poder universitario y en apoyo a campesinos y maestros que alcanzaban la cima de su contienda. También ahora la brega es política, pues cuestiona el criterio oficial en la distribución del presupuesto nacional: mucho para las armas y las élites improductivas, poquísimo para la universidad pública. Como adivinando su deceso por inanición, el flamante presidente de la “equidad” propone caridad pública para acercarle un mendrugo de pan. Así elude su deber de gobernante mientras los mercaderes de la educación hacen su agosto.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2018 | Clientelismo, Corrupción, Iván Duque, Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2018, Uribismo
No. Es claro que el presidente Duque agencia un proyecto: el proyecto de derechas de Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, que lo llevó al poder. Que su Gobierno aparezca errático, contradictorio, obedece a la confusión que el propio mandatario ha creado. Por querer proyectar una imagen de bonhomía, contraria a la del protomacho desafiante de su mentor, Duque barniza con suave palabrería la contundencia de los hechos. Por más cabecitas y vallenatos que interprete, ahí están su reforma tributaria, monumento a la inequidad; el naufragio de los proyectos anticorrupción; atropellos de su partido contra la justicia transicional, contra la ley de restitución de tierras y las curules para las víctimas; la agonía por abandono de las leyes de catastro y reforma rural. Está la inaudita defensa presidencial del negocio del agua de su ministro Carrasquilla y la del fiscal que enmudeció ante posibles coimas en el caso Odebrecht. Y la mar de colombianos que protestan en las calles. Si todo ello abreva en el modelo de la economía para el gran capital, en política no podía faltar el recurso a los consejos comunales, fuente fecunda de poder entresacado de la premodernidad. El uribismo en marcha. A cien días de Gobierno, la imagen del Presidente no podía sino desplomarse al 27,2%.
Es que la gente toma nota. Pese a su alharaca contra la mermelada y la vieja política, ha activado el buenazo de Duque dos fuentes suculentas de mermelada: la reforma tributaria, y los auxilios parlamentarios. Cupos para los congresistas, esta vez por la quinta parte del presupuesto nacional de inversión: 220 billones. Una cosa es la legítima gestión de necesidades regionales que los parlamentarios representan y, muy otra, la privatización de los recursos públicos en manos de la clase política, por demás venal.
De otro lado, gruesa tajada de los 14 billones que el Gobierno dice necesitar vía impuestos lubricará clientelas, aparato electoral propio en cada municipio donde presida Duque un consejo comunal. Entre otras, por esta razón se habría disparado el plan de gastos del Gobierno, sin el necesario respaldo financiero. Denuesta el presidente el Estado derrochón, pero su presupuesto redistribuye las partidas reservándose la más apetitosa para sus untaditas de pueblo cada semana.
Herencia del caudillismo atávico que en Colombia Uribe reeditó, estos consejos son escenario dispuesto para el protagonismo del presidente convertido en tramitador de mil ruegos de parroquia, por encima del plan de desarrollo local. Su público, auditorios expectantes integrados por personas seleccionadas y aleccionadas de antemano. Con Uribe, la comedia culminaba en la entrega de chequecitos que parecían sacados del bolsillo del Benefactor, pero respondían, rigurosamente, a partidas presupuestales ya definidas y negociadas con la clase política. Con Duque, serán partidas sacadas de la mermelada que su Gobierno destine a consejos comunales, mientras los parlamentarios miran para otro lado: el de su propia mermelada. Todo queda en familia.
En provincia hace Duque microgerencia y demagogia; en Bogotá el ministro de Hacienda –el mismo de Uribe– hace lo suyo: exprimir a los más necesitados en favor de potentados que recibirán exenciones billonarias para que generen 50 empleos, y financiar el clientelismo presidencial. No será con esta reforma tributaria ni desdeñando al movimiento estudiantil como podrá Duque alcanzar su inverosímil meta de equidad. Aun si lo quisiera, tampoco podría. Baste con leer el texto de Uribe sobre los cien días del presidente en El Espectador: respira tono de rendición de cuentas y proyecciones de Gobierno exclusivas de un mandatario en ejercicio. El proyecto de Duque es el de Uribe. Y no apenas por afinidad ideológica, sino por suplantación del Presidente.
por Cristina de la Torre | Nov 12, 2018 | Banca, Iván Duque, Modelo Económico, Noviembre 2018
Después de tanto vaivén, de tanta calculada ambigüedad, se despoja el Presidente de la piel de oveja para desnudar su más puro pedigrí reaccionario: el proyecto de reforma tributaria. Asalto a la mesa de los pobres y a la flaca bolsa de la clase media, llenará con ello el hueco de nuevas exenciones a los multimillonarios. Como si les faltaran. Otros $12 billones cercenados sin anestesia a las rentas del trabajo, en favor de las rentas del capital. Si apuntara al 1% de las familias que acaparan el 21,6% del ingreso nacional y pagan impuestos irrisorios, o ninguno; si fuera esta reforma progresiva –como en cualquier democracia– recaudaría en el acto decenas de billones y más aún en el mediano plazo. Cifras que Álvaro Uribe tapa mientras dice oponerse al Iva del pupilo, como abrebocas de campaña electoral. Fue el propio expresidente el primero en intentar la introducción del Iva en 2003; y en 2006 concedió gabelas de escándalo a grandes firmas nacionales y extranjeras. A zonas francas y mediante contratos de estabilidad fiscal, que Duque retoma.
Para Salomón Kalmanovitz, si a la élite empresarial se le aplicara el 37% de impuesto a la renta que regiría para salarios de la clase media, se obtendrían $52 billones ya. Además, por arriendo de propiedad rural de lujo y por la propiedad del suelo rural se acopiaría cifra parecida. Si se suprimieran todas las exenciones a zonas francas, a hoteles y (ahora) a la dichosa economía naranja, se recaudaría otro tanto. Las exenciones de renta representaron $59,3 billones en 2007.
¿Por qué no paga tal impuesto el sector financiero, cuyas utilidades fueron el año pasado $17 billones? ¿Por qué no se cobran los $18 billones con cargo a capitales ocultos en Panamá? ¿Y los $50 billones que la corrupción le roba al Estado cada año, cuyo control legal deja hundir en el Congreso este Gobierno, mientras le entrega a la clase parlamentaria la quinta parte del presupuesto en calidad de mermelada? Reconociendo que proteger el erario no es logro alcanzable a la vuelta de la esquina; y que un pago justo de predial dependerá del catastro –saboteado por el latifundismo desde hace 90 años– una suma de niño diría: a la mano, por impuestos sobre rentas de la elite, sus exenciones suprimidas y tributos sobre depósitos en paraísos fiscales, bien podría el monto superar los $70 billones. A mediano plazo, el control de la corrupción más impuestos sobre la tierra, reportarían unos $100 billones. Populismo, se dirá, siguiendo la moda. No. El recaudo tributario en Chile representa el 5% del PIB; en los países de la Ocde, el 8%; en Suecia y Finlandia, hasta el 12%. En Colombia representa mísero 1,5%.
A la clase media se la tienen montada. Quieren ahora acorralarla con Iva, más impuesto de renta, ampliación de la base gravable y gravamen a las pensiones. Retener impuesto a las pensiones, después de que su titular cotizó y tributó durante décadas, configura doble tributación; y violenta derechos adquiridos que la Constitución protege. Ya a los pensionados se les descuenta el 35% de su mesada, 12% en salud y descuento por solidaridad. En suma, reciben 55% menos de lo debido. Sin contar el 13% perdido en los últimos años por reajuste según el Índice de Precios al Consumidor y no por referencia al salario mínimo.
A la voz de reforma tributaria, Fernando Londoño propone más bien acopiar recursos cerrando “ese engendro de la Corte Constitucional”, prohibiendo “cabildos abiertos y cerrados”, dejando de gastar plata “en el embeleco del posconflicto (en vez de aumentar magistrados en la Jep, quitarle 28, pues) da lo mismo suprimirlos que mantenerlos”. Nada raro. También el Gobierno anuncia, si su reforma se hunde, recortes en inversión social y en el posconflicto. Queda, pues, todo el cobre a la vista.
por Cristina de la Torre | Nov 4, 2018 | Derecha, Modelo Político, Noviembre 2018, Régimen político
Que populismo, que crisis de los partidos, que Occidente se va al despeñadero. Tal vez no. No en toda la línea. Asistimos, más bien, a un ciclo de auge de la democracia plebiscitaria en manos de demagogos como Trump y Bolsonaro, que se imponen con la mentira, el odio, el miedo y ofertas de violencia que riegan la simiente del resentimiento y la venganza. Cosechan en la Europa que ve cuartearse medio siglo de bienestar sacrificado a la cohabitación de la socialdemocracia con el neoliberalismo. Y en América Latina, con el descenso de la aurora izquierdizante que en 15 años redimió de la pobreza a decenas de millones de personas, para terminar ahogada en corrupción. Ahora se refocila la derecha, neoliberal en economía, despótica en política: libertad económica en provecho de pocos, cargas de profundidad contra la democracia y los derechos ciudadanos.
Pero la propia democracia alberga antídotos que podrán mover el péndulo en sentido opuesto. Dígalo, si no, la persistencia de capitalismo social y democracia que rige en Uruguay bajo el ala de Mujica, sabio entre sabios de todas las tribus. O el cambio que un López Obrador traería a México. O la fundada esperanza de “revolución tranquila”, a la uruguaya, que una convergencia en ciernes entre fuerzas de izquierda y de centro podría entronizar en Colombia. Tan prometedora, que la derecha en pleno sueña con frenar su ascenso prolongando el período de Chares y Peñalosas.
Si Bolsonaro restaura los demonios más retardatarios de la región (milicia, latifundismo, religión, privilegios para los menos y fusta contra los mas), lastre empotrado en la roca de los siglos, la Cepal vuelve a encararlos. Gestora del modelo industrializador, reformista, que su antípoda ultraliberal echó a perder, la Comisión porfía en postular la erradicación de la pobreza, de la desigualdad, de la extrema concentración del ingreso y la riqueza, agudizadas por el modelo que ha imperado en los últimos decenios. Medios para lograrlo: acción decidida del Estado en inversión social e impuesto progresivo, y planificación concertada del desarrollo. Un nuevo paradigma económico, social y ambiental. Y rebelión contra la cultura del privilegio. Aquella que desde la Colonia naturaliza las jerarquías sociales, las asimetrías de acceso a los frutos del progreso, a la deliberación política, a los activos productivos. ¿Qué dirá nuestro flamante presidente Duque, tan empeñoso en vender como igualitaria la reforma tributaria más inequitativa que pueda concebirse?
Para Joaquín Estefanía, por confraternizar con el neoliberalismo, perdió la socialdemocracia europea su identidad y su legitimidad política. Olvidó que en ella no contaba sólo la igualdad, sino también la democracia y la libertad. Entonces el modelo que irrumpía avasallador ocupó el vacío que el hostilizado Estado de Bienestar dejaba, y se apropió el concepto de libertad. Su libertad. La libertad de los desiguales, patrimonio exclusivo de la minoría que ostenta el poder y la riqueza. Por su extremismo, este paradigma ha terminado por abrir espacio al renacimiento de la socialdemocracia clásica, pero adaptada al capitalismo del siglo XXI. No ya apenas para extender el bienestar a toda la población (ideal todavía soñado entre nosotros), sino para ampliar libertades y espacios de autorrealización del individuo.
Así en la sociedad de la abundancia como en ésta de las precariedades, reaparece el capitalismo social como alternativa a las purulencias que el neoliberalismo ha creado. Allá y acá. Si en Europa se trata de redistribuir la abundancia, en América Latina principiará por erradicar la pobreza y las desigualdades más afrentosas. En Colombia nace una convergencia para el cambio que ya demostró inmenso poder electoral y capacidad de lucha. ¡Enhorabuena!
por Cristina de la Torre | Oct 28, 2018 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Octubre 2018, Proceso de paz
Por vez primera en la historia de nuestros conflictos peligra el pacto de silencio que salvó de responsabilidad a los grandes promotores del horror. Y no por un alarde de honradez sacado del sombrero sino, en particular, porque las víctimas pueden ahora denunciar y reclamar ante instancias creadas para develar la verdad: la Justicia Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. Casos al canto, los políticos secuestrados por las Farc cuyo testimonio sacudió al país esta semana; y los dolientes de los miles de “falsos positivos” que se cobró el Ejército. Pese a la ristra de trampas y emboscadas que en su frenesí por salvar el pellejo le ha tendido el uribismo a la paz, el alud de ataques no consigue frenar la afluencia de informes, testimonios y comparecientes ante la JEP. Aunque el partido de Gobierno apadrine proyecto de ley que le niega a la Comisión de la Verdad acceso a información reservada del Estado —vital como insumo para su trabajo— desde todas las orillas fluye ésta y ayudará a documentar responsabilidades en el alto mundo político, militar, empresarial y de la dirigencia guerrillera.
El mío, empezó Betancur ante la JEP, no es el relato de una detención ilegal sino el relato de mi descenso al infierno. Y agregó: “yo acuso a las Farc de tortura sicológica contra mí y contra mi familia”. Todos los miembros del Secretariado son culpables de la crueldad, el sufrimiento y los vejámenes a los que nos sometieron sus hombres, declaró. Por su parte, informes de la Fiscalía y de oficiales del Ejército señalan a miles de uniformados como incursos en la dantesca escalada de “falsos positivos”, por los cuales comparece ante la JEP el mismísimo excomandante de esa arma, general Montoya. Para Human Rights Watch, esas ejecuciones, “cometidas en gran escala (entre 2002 y 2008) constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”.
Betancur afirma haber sufrido en carne propia la misoginia de las Farc, que cobró en ella su condición de mujer, de política y “enemiga de clase”. Tras una fuga, revela entre lágrimas, la tuvieron varios días encadenada a la intemperie. Para dormir, en las caletas, la obligaban a tender el plástico sobre nidos de congas, de garrapatas o sobre la letrina colectiva. Nos mantuvieron encadenados a un árbol durante años, dice. Enfermarse era una tortura: tenían los medicamentos pero no nos los daban. Me recuerdo “suplicando inútilmente de rodillas al enfermero que me facilitara las pastillas contra la malaria antes de cada ataque de convulsiones”. Le negaron a Luis Eladio Pérez una ampolla de insulina, estando a punto de un coma diabético. Ni alias Gafas lo socorrió cuando sufrió un infarto; antes bien, lo molió a patadas. Tras varios días de marcha en muletas, el general Mendieta no pudo ya levantarse y tuvo que arrastrarse en codos y manos. “Estoy convencida de que el Secretariado sabía de todo esto”.
Otros victimarios no son menos desalmados. Según el fiscal Jaime Camacho, se investiga si 2.429 casos de muerte en combate con el Ejército entre 2006 y 2008 eran falsos positivos, cuando comandaba el general Montoya, y estaba en su apogeo la valoración de resultados por número de cadáveres. 180 batallones en 41 brigadas resultaron involucrados en la práctica siniestra. El diario inglés The Guardian habló de 10.000 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2010, con base en investigación realizada por los excoroneles de la Policía Omar Rojas y Eduardo Benavídez.
Jesús Abad, soberbio retratista del conflicto, afirma: “aquí hay demasiados culpables que sólo ven el mal en el prójimo, y se lavan las manos en jabón Poncio Pilatos para evadir responsabilidades [Pero] no hay tinieblas que la luz no venza”.
por Cristina de la Torre | Oct 23, 2018 | Derecha, Internacional, Octubre 2018, Racismo
Bolsonaro pinta como aleación de Leonidas Trujillo –depurado ejemplar del déspota latinoamericano– y el no menos siniestro Pinochet, con sus aires prestados de Chicago-boy. El más opcionado candidato a la presidencia del Brasil reencarnaría al dictador que hace 54 años se impuso allá por la fuerza y completaría la figura con el traje neoliberal que el chileno entronizó. Modelo que Brasil había cooptado a medias. El exmilitar adoptaría ahora en su plenitud el ultraliberalismo económico que acompañó a la dictadura de Pinochet. No en vano se declara Bolsonaro ferviente admirador del autócrata chileno. Y Sebastián Piñera, a su turno, del candidato brasilero. En Chile se montó el régimen de fuerza para pulverizar un experimento socialista. En Brasil, para agrietar el Estado promotor del desarrollo que campeaba bajo el ala de una industrialización autóctona y reforma agraria en ciernes.
Pero tampoco esta vez sobreviviría el modelo de mercado a ultranza que Bolsonaro anuncia sin descargar puño de hierro contra la democracia; contra negros, obreros, mujeres, comunistas y homosexuales. A la altura de los sátrapas que lo antecedieron, lamenta Bolsonaro que la dictadura del 64 se limitara a torturar y no pasara a matar. Trujillo, El Supremo, homenajeó un día a presos políticos con opíparo asado tasajeado del cadáver, tibio todavía, de otro opositor caído en desgracia. Y el chileno hizo matar por tortura de largos días y noches al cantautor Víctor Jara; el golpe de gracia, machacar y cercenar las manos del guitarrista excelso.
En previsión del dispositivo político adecuado a su fórmula de poder, convocará el brasileño una “comisión de notables” que redacte la constitución del caso, con instrumentos para disolver el parlamento y las cortes cuando resulte necesario. Promete tortura y pena de muerte para delincuentes, libre porte de armas y la formación de grupos paramilitares. Habrá esta vez en el Congreso un grande contingente de militares y exmilitares. Y el gabinete de Gobierno tendría ahora más uniformados que los hubo en tiempos de la dictadura. Cientos de planteles de educación pública serán militarizados. Y los partidos alertados sobre toda tentación libertaria y de protesta.
Añoso andamiaje de los regímenes de fuerza, cuyo solo anuncio provocó un primer estallido de júbilo en la bolsa de Nueva York, será garantía de crecimiento concentrado en los grandes capitales, sin redistribución. Apertura económica, privatización de empresas y servicios del Estado, rejo a las clases trabajadoras bajo el eufemismo de flexibilización laboral, privilegio para los fondos privados de pensiones, reducción de impuestos a los ricos, amputación del Estado en favor del monopolio de la riqueza.
Brasil conocerá, pues, el modelo neoliberal en bruto y empeloto. Tal como se aplicó en Chile. Recuerda Martín Espinoza que el propio Milton Friedman, su inspirador, acuñó la especie del “milagro chileno” con crédito a Pinochet. Su sueño, retornar al capitalismo puro, despojando al Estado de toda capacidad regulatoria y sin barreras arancelarias al comercio internacional, aun en países que hacían sus primeras armas en industria. Para lograrlo, se impusieron políticas de shock que sólo podían aplicarse mediante una constitución diseñada para proteger el modelo, del movimiento social.
Se dirá que por acogerse a elecciones democráticas no podrá inscribirse a este hombre en la camada de los chafarotes. Discutible. También Hitler y Mussolini llegaron al poder mediante elecciones. Y se erigieron en dictadores. Hoy abundan golpes de Estado que en vez de tanques y bombardeos acuden a la democracia formal. Todo indica que Bolsonaro va en pos del atávico matrimonio entre fascismo y neoliberalismo. ¿Quedará capacidad de reacción en América Latina? ¿Qué esperar del México de López Obrador?
