por Cristina de la Torre | Oct 16, 2018 | Conflicto armado, Derecha, Educación, Movimiento social, Octubre 2018, Uribismo
Se desconcierta la caverna. Primero, sin el señuelo de las Farc, el acariciado enemigo de décadas que le permitió a nuestra derecha prevalecer erigiéndose en antagonista del terrorismo, sufre ésta un duro revés. Y ahora se le insubordina la sociedad largamente embozalada, maniatada en el país que pasaba por meca del conservadurismo en el continente. En cosa de meses, el centro-izquierda arañó las puertas de la Presidencia; casi doce millones de colombianos le plantaron cara a la corrupción, fortín del poder tradicional; un millón de muchachos y profesores y rectores y padres de familia se tomó calles y plazas en defensa de la universidad pública, abandonada a la muerte por inanición. Entonces la facción más oscura de la elite acude a su expediente de siempre: a la guerra.
El predecible senador Uribe insta a propiciar una intervención militar doméstica (léase golpe de Estado) en Venezuela, con apoyo de la comunidad internacional (léase Estados Unidos). Pero, antes que avalar pronunciamiento de militares venezolanos contra el dictador Maduro para imponer en su lugar el dictador que la CIA diga, Trump tomará el camino preferido de la primera democracia del mundo: la invasión militar sangrienta. Desde su patio trasero, Colombia, en perfecta posición geoestratégica entre el Caribe y Suramérica, y con nueve bases militares gringas que desde Uribe se asientan en su territorio. Si no, no se entendería el afrentoso entusiasmo de Francisco Santos con el proyecto de armarnos para la ofensiva con aviones de guerra y para la defensa con misiles antiaéreos. Todo comprado a precio de oro a la industria bélica del gringo del peluquín naranja. Modesto aporte que a Colombia le costará un ojo de la cara para que el bufón de marras pueda ganar las elecciones en noviembre y apoderarse del petróleo de Venezuela. Como en Irak. “Colombia tiene que prepararse”, declaró nuestro embajador en Washington, fungiendo sin ruborizarse como vocero del imperio. De “ellos”, los gringos, a quienes tributa ciega sumisión y cuya manera de pensar dice compartir.
Y el presidente Duque, con su aflautada vocecita monocorde, dirá que no es belicista, pero hará todo lo contrario. Fue nuestro Canciller el único de toda la América Latina en negarse a firmar la declaración de Lima, que fustigaba al dictador Maduro pero también toda pretensión de intervenir en su país por la fuerza. Su embajador en EE UU repite sin cesar que no puede descartarse una salida armada contra el país hermano. Su ministro de Defensa, Guillermo Botero, clama por aumentar el pie de fuerza, para lo cual le viene como maná del cielo el pretexto de los cultivos ilícitos. Y el de Hacienda velará por preservar el ajuste de $3,6 billones para la cartera de guerra.
Pasaremos, pues, de un salto, de la guerra contrainsurgente –con sus ocho millones de víctimas y su medio millón de muertos y desaparecidos– a una guerra internacional librada desde territorio colombiano. En ella, será Colombia la que ponga los muertos, los de siempre: los muchachos más humildes, los acosados por la vida y por la muerte. Muerte por mina quiebrapata, muerte por emboscada, muerte por falso positivo. Después, en fugaz farsa de consolación, los llamarán héroes. De destrucción de la infraestructura del país, ni hablar. Ni hablar del dineral que esta guerra infame le arrancará al desarrollo y a la inversión social.
Nada tan conveniente como la guerra para contener la movilización de la sociedad y preservar la hegemonía en el poder. Mas, por simple coherencia, ¿no deberían entonces los promotores de la contienda ser los primeros en enviar a sus hijos al frente de batalla? ¿No deberían contribuir a financiarla con su patrimonio personal? No más el divertimento de precipitar guerras para que sean otros los que sirvan de carne de cañón.
por Cristina de la Torre | Oct 9, 2018 | Derecha, Iván Duque, Octubre 2018, Política agraria, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo
Entre 2002 y 2010 el uribismo hizo la guerra y montó, a su amparo, un régimen arbitrario, de la estirpe del de Chávez y Fujimori. Hoy vuelve al poder para dinamitar los pilares de la paz: la Reforma Rural Integral y la Justicia Especial de Paz. Mientras el presidente cocina sudoroso proyectos que aterricen sus propuestas y en función de halagar a todos en la derecha, su partido ocupa el escenario, lleva la voz cantante y termina por escoger la carne del sancocho. Que del recado se ocuparán los técnicos del gabinete. Unos conciben las políticas –el presidente eterno, el empresariado glotón, el latifundismo, las fuerzas más retardatarias y violentas que lo siguen–; otros, políticos vergonzantes que pasan por expertos incontaminados, las convertirán en hechos tangibles. En marchitamiento de la restitución de tierras: de baldíos robados a la nación o adquiridos dolosamente; de predios usurpados o comprados a huevo bajo amenaza y readquiridos casi siempre por propietarios de mala fe. En boicot al fondo de tierras con destino al campesino que las requiere; o al catastro multipropósito, por ser éste medio de modernización del campo y de reforma agraria sin alharacas. Por razones de espacio, aquí aludimos sólo al cerco contra la reforma rural. Otra vez será sobre la asonada de la derecha para debilitar la JEP, deslegitimarla y obstruir su funcionamiento. Para destruirla.
Cursa en el congreso proyecto de María Fernanda Cabal que hiere de muerte la restitución de tierras y legaliza el despojo. Porque revierte la carga de la prueba contra el reclamante de su predio. Si la ley de 2011 obliga al ocupante a demostrar que lo ocupó o lo compró de buena fe, ahora será la víctima quien deba demostrar el despojo. Y el presidente no dice mu. Antes bien, entrega las entidades líderes de la reforma rural a sus más enconados detractores; y a beligerantes enemigos del Acuerdo de Paz, cuyo punto nodal es este de la reforma en el campo. Andrés Castro, exsecretario general de Fedepalma será ahora director de la Unidad de Restitución de Tierras; y Myriam Martínez, también del gremio, lo será de la Agencia Nacional de Tierras. Claudia Ortiz asumirá la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural. Adversaria radical de los programas que deberá desarrollar, ¿violentará sus convicciones, o bien, encabezará el sabotaje de la reforma rural desde la cumbre?
Investigadores de la UN han identificado –hasta ahora– 368.000 hectáreas de baldíos adquiridos irregularmente por particulares. Tierras con destino a beneficiarios de reforma agraria, serán el núcleo del Fondo de Tierras previsto en la reforma rural. Mas, mediante argucias jurídicas, se ha trocado a estos baldíos en fuente adicional de concentración de tierra, la segunda mayor del mundo. Así adquirió la firma Mónica Colombia 12.238 hectáreas en Puerto Gaitán. ¿Qué dirá el Gobierno? ¿Qué hará?
Y a la voz de catastro multipropósito, ¿seguirá haciéndose el desentendido? Probablemente. Es que un catastro actualizado en el campo lo dirá todo sobre propiedad, uso y vocación económica de la tierra. Permitirá planificar el desarrollo en los territorios. Y tasar a derechas el impuesto predial, fuente principal de las finanzas en el municipio. Pero nuestros terratenientes llevan siglos impidiendo, fusil en mano, la conversión de sus heredades especulativas en inversión productiva. Bueno, el catastro obligaría a declarar el valor real de la tierra y a pagar impuestos en su debida proporción. O ponerla a producir. O venderla. Pero no más aquello de avalúo enano y precio comercial astronómico.
Por razonable que parezca la reforma rural si de asegurar la paz se trata, no será su artífice el uribato que interpreta su segundo acto en el poder. Queda el cambio en manos de la gente.
por Cristina de la Torre | Oct 2, 2018 | Ciencia, Educación, Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Octubre 2018, Posconflicto
Es un insulto. Mientras las 32 universidades públicas se declaran al borde del colapso por falta de recursos, este Gobierno estudia partida adicional de $3.4 billones en Defensa. Para que Pachito y el ministro Botero se diviertan jugando a soldaditos de plomo con Venezuela. Y con avioncitos F-16 que acaso le compremos a Trump –ferviente animador del negocio de la guerra- según decires a los que en brillante columna alude Maria Isabel Rueda. El déficit para funcionamiento en las universidades públicas asciende a cifra parecida, y el de infraestructura, a $15 billones. En ciencia, tecnología e innovación, aliadas naturales de la formación superior, Colombia invierte mísero 0.4% del PIB. Hoy cobra vigencia renovada la obsesión de Rodolfo Llinás: el futuro dependerá de nuestra capacidad para organizar la educación; la hija de la educación, la ciencia; y la hija de la ciencia, la tecnología. Pero, digo yo, nuestra clase dirigente resolvió proscribir toda estrategia nacional de desarrollo: por eso la ciencia marcha aquí a la deriva y vestida de harapos; por eso la universidad pública agoniza en la indigencia.
En manos de casta tan pueril, difícil le resultará a Colombia ostentar un sistema de educación superior sólido, bien financiado, integrado al aparato productivo, a la comunidad científica y sintonizado con las particulares necesidades de esta sociedad. En lo archisabido, seguimos dando palos de ciego: ni la enseñanza prioriza el pensamiento, el análisis, la interpretación, la crítica; ni se articula un sistema capaz de asociar la educación universitaria con la ciencia, la industria y políticas de Estado enderezadas al desarrollo y la democracia.
En deslumbrante seminario convocado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se insiste en pautas de las que un mandatario perspicaz debería echar mano. Porque el desarrollo se cifra en el conocimiento, dice, éste se erige en recurso principal de cualquier economía. El punto de partida del desarrollo es, pues, la educación; la generación de conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mas en ello resulta imprescindible la constitución de instituciones sólidas y financiamiento proporcional al desafío. Así lo entendió Corea, que en los años 60 compartía con Colombia nivel similar de desarrollo, y hoy ocupa posición de liderazgo en la economía mundial: el país asiático invierte diez veces lo que el nuestro en ciencia y tecnología. Tendríamos que empezar por revertir una tendencia vergonzosa: hace una década, la inversión anual por estudiante de universidad pública en Colombia era de $10.825.000; hoy es de $4.785.000.
Propone la Academia crear una instancia decisoria de políticas, donde tengan asiento el Estado, el sector productivo y la comunidad científica. Para promover proyectos de desarrollo e incorporar el conocimiento de frontera. De donde podrán surgir nuevas industrias que aprovechen y conserven los recursos y la riqueza natural del segundo país más biodiverso del mundo. Sin ciencia propia, reza una conclusión del seminario, queda el país condicionado a hallar soluciones en desarrollos de otras latitudes, sin poder alcanzar las suyas. Y con pérdida dramática de oportunidades, como la que se infiere de 1.769 patentes derivadas de estudios realizados por colombianos, pero en el extranjero.
En entrevista reciente (revista Bienestar, Colsánitas), puntualiza Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional: El conocimiento genera riqueza. No hemos entendido que son la ciencia, la tecnología y la innovación los motores del desarrollo. “Nosotros lo tenemos todo, sabemos cómo hacerlo… pero nos falta dinero”. Bueno, terminada la guerra, que se trasladen sus recursos a ciencia y educación. Así lo exigirá la marcha nacional estudiantil que se prepara para este 10 de octubre.
por Cristina de la Torre | Sep 25, 2018 | Septiembre 2018
Dos hechos notables abren por estos días nuevas válvulas de escape a la inconformidad que hierve contra los abusos del neoliberalismo. Primero, contra el leviatán de la derecha tradicional y la alegre minoría que acapara la riqueza, una muchacha socialdemócrata gana en Estados Unidos la candidatura al Senado por Nueva York. Segundo, la revista The Economist, puntal del debate desde la orilla liberal, se declara en rebeldía contra el “patriciado” autocomplaciente que, a fuer de libre mercado, enterró la idea liberal: en manifiesto del 15 de septiembre invita a reinventar el liberalismo.
Mientras tanto, media Colombia se ha pronunciado contra los partidos a cuya vera medraron la corrupción y los excesos del paradigma de mercado. Aunque sin formal contrapropuesta aun, una treintena de dirigentes liberales renuncia al partido que César Gaviria preside. Mentor del modelo que quebró el campo y la escasa industria alcanzada, y entregó los bienes del Estado a cuanto caballero de industria se vistió de santo, Gaviria es hoy aliado vergonzante del Gobierno que extrema el modelo de marras. Por los síntomas de allá y de acá, ¿podrá decirse que se gesta desplazamiento del péndulo hacia un capitalismo social?
Con el arrojo de sus 28 años, brillante intérprete del “socialismo” de Bernie Sanders que apunta a la socialdemocracia noruega, Alexandria Ocasio-Cortez propone otro orden de prioridades: una democracia que conjure la pobreza, restaure la protección social en salud y educación para todos, y salve el planeta del calentamiento global. Tiembla de ira Bush. Tiemblan los republicanos, tiembla la derecha demócrata. Es que Sanders llegó hasta el umbral de la Casa Blanca. Y su discípula, ¿por qué no un día ella también?
La revista inglesa señala, por su parte, que el mundo moderno se vuelve contra el liberalismo que lo creó: una rebelión popular se cocina contra esta élite liberal codiciosa, olvidada de los demás. Reafirma su profesión de fe liberal, pero insta a volver por los fueros del reformismo perdido. A sacudirse el monopolio de las grandes corporaciones. A diferencia del optimismo de un Fukuyama que a la caída del muro de Berlín proclamó el fin de la historia y la paradisíaca eternidad de la economía liberal, The Economist declara que fue precisamente en ese momento cuando el liberalismo perdió de vista sus valores esenciales, su vocación por el cambio gradual y desde la base.
Entre los anhelos de libertad e igualdad que catapultaron la Revolución Francesa oscila la democracia liberal. Del énfasis que se ponga en uno u otro principio, podrá el péndulo de la historia oscilar entre un capitalismo agreste y una fórmula social-democrática. Va una simplificación que el lector sabrá excusar: por su acento en el valor de la libertad económica, el siglo XIX fue el reino del capitalismo salvaje. Nadie como Dickens dibujó aquella afrentosa realidad. A sus crueldades y a la amenaza de revolución social respondió el liberalismo a principios del siglo XX con una transacción entre capitalismo y socialismo y, poniendo ahora el acento en el valor de la igualdad, se instauró el Estado social, llamado de Bienestar desde la segunda posguerra. En los años 80, tras medio siglo de prosperidad y pleno empleo en Europa y Estados unidos, vino la contraofensiva de las grandes corporaciones: con la denominación de neoliberalismo, se involucionó al laissez-faire del siglo XIX.
Y, henos aquí, a las puertas de un viraje que restaure el valor de la igualdad. En Ocasio-Cortez, en The Economist, en múltiples manifestaciones del estilo se tiende a retomar, con beneficio de inventario, valores y estrategias del Estado de Bienestar. Aunque Fernando Londoño, el intelectual del partido de Gobierno en Colombia, lo tenga por “una idiotez costosísima”. Claro, lo suyo es el liberalismo cavernario.
por Cristina de la Torre | Sep 18, 2018 | Derecha, Septiembre 2018
Tras el sello de conservadurismo y arbitrariedad que va apareciendo conforme toma Duque las riendas del Gobierno, se agazapa la propuesta de crear un ministerio que proteja la “moral” de la familia, su “armonía” y “funcionalidad”. Consiste el diseño burocrático en integrar programas y recursos en torno a un súper ente de política social, cuya validez podrá discutirse. Pero da pánico el puerto ideológico a donde quieren llevarlo. El tal ministerio podrá convertirse en edén de la familia nuclear (padre-madre-hijos) que el fundamentalismo religioso glorifica; pero también en látigo de todos los demás modelos de familia que hay en Colombia. El 70% de nuestros hogares sería estigmatizado por la alianza lefebvrista-católica-evangélica, hoy de vuelta en el poder.
En el proyecto del senador conservador Juan Carlos Wills, reconocido opositor al matrimonio igualitario, la nueva cartera podrá presentar programas de formación ética y moral, crear centros de rehabilitación espiritual, Informar y formar en “valores universales, principios éticos y morales”. Formulará denuncias penales en defensa de la familia, los niños y los jóvenes. ¿Profilaxis de santa inquisición?
Tras derrotar un acuerdo de paz agitando el artificio de la ideología de género, en Dios unida, la liga Ordóñez-Uribe-Viviane no desdeñará este bocatto di cardinale. Querrá imponer a golpes de biblia, como opción única posible, el sagrario de la familia patriarcal. Con su sistema de poder inapelable y su crueldad. Toda otra modalidad de familia (la extensa, la compuesta, la monoparental, la homoparental), fruto de la historia y de la diversidad cultural, será maldecida del Señor por mano inmaculada de un líder subjudice, de un procurador suspendido por corrupto, de una creyente que imita la marcha rutilante de la jerarquía católica hacia el Estado confesional: para convertir el Estado laico en instrumento inquisitorial de algún dogma. Todo, con la venia del Primer Mandatario y la bendición de su presidente eterno, en virtud de acuerdo programático suscrito con Justa Libres para ganar la elección.
Diverso y cambiante es el universo de la familia en Colombia. Cuadro heterogéneo, complejo, como complejas son las circunstancias que rodean la formación de cada tipo de familia y sus funciones. Revela la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 que a partir de los años 60 se dispara el número de parejas sin hijos y el de los hogares sin núcleo conyugal; las familias en cabeza de mujer alcanzan en zonas urbanas el 39,6%. También aumentan los acuerdos de convivencia que no incluyen parentesco y las familias homoparentales. Menos de la tercera parte de las familias colombianas son hoy de tipo nuclear. Y las formadas por parejas sin hijos son el 9,8%. La familia extensa representa el 22,6%.
Ya el Consejo de Estado honraba esta realidad. En fallo de julio 2013 decía: “La familia podrá estar constituida por un padre y una hija, o por una madre soltera con su primogénito, o por la tradicional decisión libre y voluntaria entre un hombre y una mujer de hacer vida conyugal, o por la (misma) entre dos personas del mismo sexo que se profesan amor…”. A leguas de la realidad tangible, se corona Uribe campeón de la familia tradicional. Si de adopción se trata, Viviane Morales sólo le reconoce “idoneidad social, moral y física” a la familia formada por papá, mamá e hijos. Y Torquemada Ordóñez porfiará en su sino de “restaurar el país en perspectiva de valores y familia”.
Va una fantasía: ¿Y si a Duque se le ocurriera enterrar tal adefesio de ministerio y creara en su lugar el ministerio de la Mujer? Haría justicia con mares de víctimas de discriminación y violencia en el país campeón del feminicidio en América. Y daría un paso de gigante hacia el cambio social que Colombia anhela.
por Cristina de la Torre | Sep 9, 2018 | Corrupción, Impunidad, Septiembre 2018
A siete billones de pesos ascienden por ahora los costos del desastre de Ituango. Y ya muestra sus fauces el secular patrón del abuso que en contratación público-privada socializa las pérdidas y capitaliza en la faltriquera del negociante de turno las ganancias. EPM propone descargar la billonaria pérdida en la ciudadanía, feriando empresas que a ésta le pertenecen. Y pone en riesgo la inversión social de Medellín, que se nutre mayormente de EPM. Pero el gobernador Luis Pérez echa mano de concluyente informe de la Contraloría según el cual EPM tomó decisiones sin sustento técnico suficiente, para notificar que la autoridad departamental no responderá por los errores técnicos del consorcio constructor. Si la contingencia, dice Pérez, no se presentó por fallas geológicas sino por errores en la construcción, entonces son los contratistas quienes deben responder: Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa. Con más veras, se dirá, si median dudas sobre la pulcritud del contrato que enganchó a la firma brasileña.
Mas, para ganar liquidez en la emergencia, lejos de apretar a los responsables, EPM venderá su participación en ISA, en las chilenas Aguas de Antofagasta y Cururos. El retraso en las obras de Hidroituango engloba lucro cesante de $4 billones (dinero que en tres años no recibirá por suministro de energía), $2 billones para concluir la obra y $1 billón por contingencia de las comunidades afectadas. Globo optimista, pues sólo dentro de cuatro meses se conocerá el grado de destrucción producido en la sala de máquinas, corazón de la obra.
Según la Contraloría, el taponamiento de los túneles diseñados para regular el cauce obedeció más a criterios económicos (de ahorro) que técnicos. “En su reemplazo, EPM construyó el túnel que al colapsar generó la falla del sistema (…) EPM perdió el control hidráulico del proyecto y el plan de contingencia no tenía previsto el riesgo catastrófico ocurrido”. Además, ocultó información e incumplió sistemáticamente las obligaciones que la autoridad ambiental le imponía. De palabra, que no de obra, pues nunca se impuso ésta sobre el negligente. Para el contralor Maya, los daños sociales y ambientales causados son incalculables. El ente de control registró 35 hallazgos disciplinarios y penales, hoy en manos de la Procuraduría y la Fiscalía.
Grave. Asegura la Fiscalía tener evidencia seria de pagos irregulares en la contratación de Hidroituango. El Espectador (2, 28, 17) informa que el alcalde Federico Gutiérrez denunció en esa fecha irregularidades en la contratación de EPM con Camargo Correa, y la fiscalía le abrió a la firma investigación preliminar, previa inspección judicial a las oficinas de EPM en Medellín. La concejal del Centro Democrático Maria Paulina Aguinaga había denunciado las irregularidades en la contratación que hoy ocupan la atención de la Fiscalía; sus cuantiosas adiciones y modificaciones a los contratos. Y El País de España revelaba que el grupo brasileño había pagado sobornos a altos funcionarios de Latinoamérica por valor de 788 millones de dólares. A la manera de Odebrecht. ¿A más de incompetente corrupto?
Concejales de Medellín apoyarían la venta de acciones de EPM en ISA; pero piden a los órganos de control que, amortiguada la emergencia, señalen a los responsables del desastre. De fracasar el proyecto, las pérdidas serían de $9 billones y sumirían en crisis las finanzas de la ciudad. El exviceministro Daniel Quintero remata: si en lugar de los contratistas brasileros asume EPM esos costos, cada familia de Medellín perdería $20 millones. Y se confirmaría el negro sino: con complicidad del primer necio que pasa por gerente, cualquier angurriento sin escrúpulos podrá embolsillarse la empresa más querida de los antioqueños.
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2018 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, La paz, Posconflicto, Septiembre 2018, Uribismo
Cuando a sólo tres semanas de gobierno se le escurre la opinión entre los dedos, en el imperativo de empezar por fin a ejercer para prevenir un hundimiento prematuro, el presidente Duque calibra fidelidades y rupturas con el hombre que lo elevó al poder. Y nada entre dos aguas. Entre la cooptación del resonante mandato anticorrupción que Uribe quiso boicotear, e inesperadas concesiones a la paz, por un lado; y por el otro, reeditar la política fiscal que el expresidente había aplicado fríamente mediante el mismo Carrasquilla: bajar más impuestos al capital y subírselos al trabajo.
Una seguidilla de retractaciones y reveces políticos de Uribe y, sobre todo, la inminencia de un juicio penal contra el caudillo que así desnuda sus flaquezas perjudican al pupilo. La desilusión con el superhombre que desdice de su renuncia al Senado, de la recusación a sus jueces, de su originario aval a la consulta contra la corrupción; que se hace derrotar en ella y en la elección del contralor, se proyecta sobre su protegido. Pero Duque parece revertir el daño en causa propia, convirtiéndose en líder de un pacto contra la corrupción –de hondas repercusiones, si prospera- que reúne en Palacio el abanico entero de la política, desde Timochenko hasta Paloma. En tácita refrendación del Acuerdo de Paz, le da el Presidente al exguerrillero bienvenida a la democracia y éste agradece la mano tendida a la reconciliación. Quién dijo miedo. Un alud de trinos se precipitó desde el uribismo contra Duque por sentarse a manteles con el “criminal”.
Mas el Presidente había ya moderado sus “ajustes” al Acuerdo de Paz, hasta volverlos inocuos para las Farc y efectivos sólo a futuros, para el ELN. Las propuestas no alteran la esencia de lo acordado. Que el narcotráfico no será amnistiable; que, de delinquir tras la firma del Acuerdo se perderán los beneficios, son letra escrita en él. Así como la de velar por la integración de la guerrillerada a la vida civil. En un futuro, no podrá elegirse para corporaciones públicas a responsables de delitos de lesa humanidad. Sobre la suerte de los hoy elegidos de las Farc decidirá la JEP, al tenor de lo acordado en La Habana y refrendado por el Congreso y la Corte Constitucional. Como prescribe la ley, la erradicación de cultivos ilícitos será forzosa, aunque este Gobierno respetará los acuerdos de erradicación voluntaria. Anatema. En el CD se secreta babaza.
Y lenguas de fuego para quemar la carta del Presidente a las Naciones Unidas en la que les pide extender un año más el trabajo de su Misión de Verificación de los Acuerdos con las Farc. Agradece Duque “el apoyo de las NU en el proceso de construcción de paz en Colombia, para lograr una implementación rápida del Acuerdo”. Viraje de 180 grados sobre la reiterada, descomedida hostilización del uribismo a ese organismo, al que ha llamado aliado de terroristas. Esta diferencia podrá ahondar grietas en el CD, pues toca puntos de honor tejidos en su guerra contra la paz y por asegurar la propia impunidad.
Si Duque tiene olfato y ojos para ver y oídos para oír el rumor que se avecina de marchantes en protesta contra la plutocracia que él quiere montar sobre los hombros de las clases trabajadoras, comprenderá que la cruzada anticorrupción no será suficiente salvavidas. Que pretender equidad agudizando la inequidad en un país donde ya el 1% más adinerado acapara el 40% de la riqueza es juego diabólico y mendaz. Tendrá que pensar en el flaco bolsillo de las mayorías, mayorías con más voz y voto desde cuando se estrena un nuevo mapa político en Colombia. ¿Querrá el novel presidente transitar de su dilema entre lealtades y fisuras con el jefe hacia una propuesta más igualitaria y justa, que demanda tanto o más valor que la lucha contra la corrupción?
por Cristina de la Torre | Ago 27, 2018 | Agosto 2018, Corrupción, Impunidad, Iván Duque, Justicia, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Narcotráfico, Partidos
Superando de lejos la votación alcanzada por presidente alguno en la historia de Colombia, casi doce millones de votos contra la corrupción crearon un hecho político soberbio: se alzó la gente contra la ratería que convirtió a Colombia en cueva de Alí Babá y sus buenos muchachos. Victoria del voto libre, no comprado, la clase parlamentaria no podrá sino asumirla como mandato popular para ejecutar las reformas que ocho veces enterró. Fracasó el boicot que contra la consulta se fraguaba: el sabotaje del uribismo, estridente y mentiroso, como lo fuera su campaña en un plebiscito para negar la paz; y el sabotaje por calculada pereza de los partidos que traicionaron su originario respaldo a la consulta en el Congreso. Pero no pudieron ahogar la rebelión de la ciudadanía, hombres y mujeres de todas las clases sociales y colores políticos que echaron los cimientos de un monumento contra la corrupción cuya edificación no cesará ya.
Censura de la sociedad al bandidaje instalado en salas de gobierno y de ricos particulares, que ha mandado a la cárcel a siete exmandatarios en Brasil, Perú, Guatemala, Panamá y Salvador; mientras en Colombia fungen los campeones de la corrupción como patriarcas coronados. Una vergüenza. Un prolongarse el secular asalto a lo público, transmitido al ADN de la nación por ejemplo de sus élites, hoy catalizado por dos disparadores nefandos: la privatización del Estado y el narcotráfico. Sin cortapisas éticas, en el frenesí del ascenso y la revancha social en un país de inequidades extremas, bajo el ala del narcotráfico y tratativas dolosas con el Estado, mafiosos y politicastros de fusta y camándula devienen héroes.
Con la privatización de funciones y empresas del Estado vino el auge de la contratación pública directa. Pícaros que pasan por emprendedores, por viceministros, por parlamentarios, se han feriado los dineros de todos. El contralor saliente, Edgardo Maya, calculó en $50 billones las pérdidas anuales del Estado por corrupción. Mas la plata desaparece en las arcas del canalla, no se recupera. Autor de un desfalco de $70.000 millones, el exgobernador Alejandro Lyons sólo repondrá $4.000 millones.
Extravagancias de hoy que echan raíces en un remoto pasado. Eduardo Lindarte (Razón Pública 8, 18) encuentra entre las causas de tales desafueros una degradación de las normas morales y legales que las reduce a obstáculos por vencer, de donde resultará casi natural violarlas. La concentración del poder en élites que dominaron siempre todas las esferas de la vida en Colombia se resolvió en privilegio suyo, defendido a capa y espada. La corrupción se volvió regla y toda la sociedad cayó en ella. Grande daño causó la dualidad de una tradición legalista –que no legal– al lado de la doblez de una Iglesia que se arrogó el derecho de impartir la moral mientras ella misma caía en corrupción. Para Lindarte, la demora en el trámite de los cambios sociales por la vía política ha sido el motor principal de la violencia, la ilegalidad y la corrupción.
Ya se recordaba en este espacio que el modelo de la hacienda decimonónica –paternalista y despótica– se proyectó como estructura del Estado y este fue patrimonio privado de la élite. Hoy deglute ella la contratación pública y la comparte con élites emergentes que reclaman lo suyo. No pocos entre ellas sobreenriquecidos en el narcotráfico.
La consulta del domingo devuelve confianza en la Justicia. Y abre perspectiva de soluciones que apuntan a las raíces del mal. Educación, sanción social, control ciudadano, compromiso inescapable de la dirigencia nacional con una cruzada sin pausa contra la corrupción. Para empezar, deber del Presidente de explicar la designación del corrupto Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA. Doce millones de votantes lo reclaman.
por Cristina de la Torre | Ago 20, 2018 | Agosto 2018, Conflicto armado, Conflicto interno, Izquierda, Modelo Económico en Colombia, Partidos, Régimen político, Uribismo
Sí, vuelve la caverna con todos sus fierros al poder: con la estrategia bifronte de extremar la desigualdad en este país de pobres y excluídos y, por otro lado, apretar con mano de hierro la protesta social que de allí derive. Riesgo a la vista cuando ocho millones de colombianos repudiaron las miasmas de la politiquería y recelan del curubito empresarial. Símbolo ominoso de las componendas que sellaron alianzas en la cumbre cuandoquiera que el monolito del poder se vio amenazado, tres expresidentes -dos aparecidos y otro subjudice- dizque saltaron de la polarización a la reconciliación. Fue, sin duda, pacto de yo-con-yo para repartirse la torta que un incauto administra. Del Frente Nacional rescatarán las políticas de seguridad y orden público que atribuían al pueblo el carácter de enemigo interno. Y, en economía, coronarán el ponqué neoliberal que desde Gaviria todos ellos amasan, con la roja cereza de una reforma que eliminará casi el último tributo que pesaba sobre los ricos, y cargará contra las clases trabajadoras.
Reforma regresiva montada desde hace 30 años sobre la conveniente falacia de que regalarles impuestos a las empresas (¡a sus dueños!) dispara el empleo, esta vez podrá estancar el crecimiento y dejar al Estado con recursos franciscanos para educación y salud. Lo que eleva la productividad y el empleo, demostrado está, es la innovación que nuestros flamantes empresarios no abocan. Sostiene Fabio Arias (Las2orillas) que en cinco años los empresarios dejaron de pagar $46 billones por parafiscales, concesión del Gobierno en 2012. Por exenciones sobre patrimonio y renta de los últimos años, se habrían ganado $6 billones adicionales, a los que sumarán otro tanto por la reforma tributaria de Carrasquilla-Uribe-Duque. Pero la informalidad laboral sigue en 64% y el desempleo aun ronda el 10%.
No se sorprendan, pues, si la gente se toma las calles. Ni pretenda el ministro Botero, de Defensa, imponer la protesta asexuada de sus sueños, aconductada por el mazo con el que cree destripar la lucha de clases. El de protesta pacífica es derecho inherente a la democracia, no es subversión ni revuelta ni crimen. Sin él, no hubieran conquistado las mujeres su derecho al voto, ni los trabajadores el suyo a jornada laboral de ocho horas, ni los campesinos despojados podrían recuperar sus tierras.
Mas, mucho indica que la derecha montaraz de vuelta al poder acaricia la impronta contrainsurgente que marcó las políticas de seguridad y orden público en el último siglo. Bajo la capa anticomunista (del conservatismo y la Iglesia primero y, luego, de la Guerra Fría) se estigmatizó, persiguió o asesinó al que protestara o discrepara. Todo librepensador resultó sospechoso de profesar el bolchevismo en la República Conservadora, el comunismo en el Frente Nacional, el terrorismo vistiendo de civil en el Gobierno de la Seguridad Democrática, el castrochavismo como enseña de pánico para la retoma del poder. Al trato de insurgente que recibió el ciudadano inerme contribuyeron las guerrillas. Su táctica de lucha legal e ilegal redundó en el sacrificio de muchos demócratas que nunca dispararon. Y le dio a la derecha argumentos para violentar a la izquierda legal y al movimiento social, pretextando lucha antisubversiva.
No se visualiza la desaparición de tal legado: el ministro Botero evoca ahora símbolos de aquella tradición. Y el CD acaba de presentar proyecto de ley que niega acceso de la JEP y de la Comisión de la Verdad a información reservada sobre las vicisitudes del conflicto armado, con el argumento de que algunos de sus magistrados son “de tendencia de izquierda». Secta de extrema derecha en lo político y en lo económico, el partido de Gobierno rinde otra vez tributo a su lema: mano dura y corazón de piedra.
por Cristina de la Torre | Ago 13, 2018 | Acuerdos de paz, Agosto 2018, Clientelismo, Conflicto interno, Corrupción, Iván Duque, La paz, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Personajes, Posconflicto, Presidente 2018, Régimen político, Uribismo
Pese a la embestida de troglodita que el Centro Democrático protagonizó contra el Presidente Duque cuando asumía el cargo —con oda a Álvaro Uribe, descalificación de sus jueces y puñaladas al llamado del ungido mandatario a la unidad— un pacto con el uribismo sobre políticas de Gobierno no ofrecerá obstáculos: serán las mismas del expresidente en la cosa tributaria, laboral, agraria y de seguridad. Distinto sería un compromiso en materias de Estado, como el respeto a la vida y la preservación de la paz: aquí se mostraría esta caverna cuando menos retrechera. La oposición, por su parte, adversario natural del poder en funciones, casi medio país que hoy agradece el estrechón de manos entre Robledo y Petro, espera iniciativas de fondo. Además, respeto a la libre controversia entre propuestas de gobierno. Y a la libertad de prensa, otra vez en peligro por amenazas de muerte contra la periodista que registró reunión secreta de la bancada uribista –gavilla “traidora” de malandrines que despotricaba del Gobierno que ella misma había elegido.
Mas, no es seguro que el Presidente y su partido anden divorciados. Tras el estoicismo con que Duque recibió la avalancha de lodo se habrán cincelado las dos caras de una moneda: cara de Duque, en verso amable, conciliador; sello en ruda prosa del presidente eterno y su bancada de siervos para el debate torticero en el parlamento. Así lo reconoce Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior que recibe una de las cinco carteras más importantes del gabinete, entregadas a Uribe. No existe, dijo, distancia real entre uno y otros: el Legislativo tiene que liderar el debate político y el Gobierno tiene que gobernar para todos.
De momento, el pacto se contrae al gran mundo empresarial. Duque ha conformado gabinete con predominio de los gremios, son ellos los que trazan su política económica y liderarán el diálogo social-empresarial. Ellos, quienes derivarán los frutos de trocar la economía campesina en surtidor de asalariados para la agroindustria. Y ahora se los tendrá por punta de lanza de la equidad, exótico papel asignado a capataces y señores que llevan siglos manejando el país como finca de su propiedad. Atavismo que el ministro de Defensa, Botero, recoge para advertir, indignado, que no permitirá la protesta de minorías alebrestadas contra mayorías indefensas. Y el senador Uribe apunta a sabotear la consulta anticorrupción, como apuntó siempre contra la paz.
Consejo Gremial y ministro Carrasquilla propondrán a dos manos duplicar la base de contribuyentes para cobrar impuesto de renta a quienes devengan desde $1.900.000 y extender el IVA a la canasta familiar de la clase media. Regalos tributarios a las empresas, dizque para elevar la productividad, la competitividad, y las cotas de empleo. Pero demostrado está que estos estímulos, lejos de traducirse en puestos de trabajo, favorecen a un reducido sector de privilegiados. Dígalo, si no, la flexibilización laboral de Carrasquilla-Uribe, con su contratación temporal y de cooperativas; con sus contratos de trabajo a término fijo. Antes que reducirse el desempleo, aumentó el trabajo informal. Y esta política perdura en el nuevo Gobierno.
A las ligas mayores pertenecen las cinco temáticas de Estado que Clara López propone como materia de un pacto de país: respeto a la vida y consolidación de la paz; cumplimiento del Acuerdo con las Farc y apoyo al diálogo con el ELN para terminar definitivamente el conflicto armado; respeto a las libertades públicas, en particular al derecho de movilización y protesta pacífica, defensa de la soberanía nacional y devolución al Estado del valor de la palabra que lo designa. Si el presidente Duque las contempla, ¿incurrirá en traición al padre, para desplomarse bajo su puño de hierro?
