Feminicidio: ¿coartada de la debilidad?

En Colombia, el mito mariano que adjudicó a la mujer el papel de reina del hogar convivió naturalmente con el de objeto de todas las violencias en familia, feminicidio comprendido. Para millones de colombianas, el lugar más amenazante es su propia casa. Éste se extenderá en el conflicto hacia escenarios donde ejércitos de todos los colores querrán probar su hombría ante el enemigo, convirtiendo a las mujeres en trofeo de guerra. El medio, una imaginación desbocada en recursos de sevicia sexual que tampoco se ahorra el feminicidio. El propósito, deshumanizar, humillar, desmoralizar; con la eficacia de quien suma al desprecio por la mujer aprendido desde la cuna el odio por el contendiente armado. Compañero, marido o novio violenta y mata en casa por odio enmascarado de amor. Amor que mata. Se diría que en la guerra obra el odio desnudo, librado al desenfreno de la barbarie. La guerra, sostienen investigadoras encabezadas por Argelia Londoño (Amores que matan, Medicina Legal, 2016) afecta de preferencia a las mujeres porque en ellas se construye y legitima todos los días la masculinidad guerrera.

Entre 2002 y 2009 registraron las autoridades 627.000 casos de violencia contra la mujer. De ellos, 11.976 fueron feminicidios. Entre 2010 y 2013, la mitad de los homicidios contra mujeres en Medellín fueron feminicidios. Informa Oxfam que Colombia carga con el 40% del total de estos crímenes habidos en América Latina en 2016.

Recuerda Londoño el peso abrumador de los estereotipos de género en la reproducción de la violencia contra las mujeres, en su legitimación, en su transmisión de generación en generación. La vida de pareja condensa, como ninguna otra experiencia, todas las discriminaciones y jerarquías asignadas a los roles de hombre y mujer. Pero no es ella su única víctima. La definición de masculinidad por atributos asociados a la guerra y al uso de la fuerza le impone al varón desafíos permanentes por un reconocimiento de hipervirilidad, mientras le niega la expresión de sus sentimientos y su sensibilidad. Condena al hombre a una reciedumbre imperativa, prestada, capaz de precipitarlo en el vértigo de la violencia. Del homicidio, que pesa desproporcionadamente en los varones, mil veces asociado a la masculinidad competitiva y virulenta que la cultura impone. Del feminicidio, que más parece coartada de íntima debilidad que arrojo viril.

Nuestro conflicto armado se asocia en forma escandalosa al feminicidio. La guerra profundiza el control y la dominación sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, expresa el Grupo de Memoria Histórica. Refuerza la cultura patriarcal mediante la militarización de la vida diaria. Es la imagen de lo masculino y depredador resuelto en violencia y rubricado por la ostentación de las armas. Los paramilitares ejercieron la violencia sexual con sadismo inusitado. Buscaban atacar a las mujeres por su condición de liderazgo; destruir el círculo afectivo del enemigo; cohesionar el grupo armado y afianzar su identidad violenta; naturalizar el atávico estereotipo masculinidad-feminidad a bala, tortura, cercenamiento de órganos sexuales, violación, asesinato.

El reto: para empezar, educar desde la cuna con criterios de igualdad y de respeto entre sexos. No basta con poner fin a la guerra, escenario que proyecta también el odio ancestral a la mujer. Será preciso conjurar, además, la guerra que desde su nacimiento se libra contra ella, reina del hogar condenada de todas las biblias por encarnar la perdición del varón, y sobre cuya carne ha de caer el fierro del hombre-dios.

Coda. La sordidez de los ataques del senador Uribe contra sus jueces, por salvar el pellejo, cubren a Colombia de vergüenza. Pero el país sabe que la Corte Suprema hará justicia. Y no será la primera vez.

Toreando la guerra

Fue una guerra despiadada, cargada de sevicia contra la población inerme, como no se viera en parte alguna de América Latina. Mas, por orden del Presidente electo Duque, el Centro Democrático y sus aliados de última hora en el Congreso incrustaron en los cimientos de la justicia transicional torpedos enderezados a reanimar la conflagración. Y a la ferocidad de esta embestida, inconstitucional, meca de batallas sin tregua contra la paz, le siguió la caída de la última hoja de parra: anunciaron Paloma Valencia y Paola Holguín que su partido convocaría referendo para disolver la JEP y bloquear su participación en política a los líderes de la guerrilla que entregó las armas y se allanó a las reglas de la democracia. Vale decir, romper la espina dorsal del Acuerdo de Paz.

No fueron ajustes inofensivos al Acuerdo de La Habana, que los tales cambios encierran el potencial de hacerlo trizas. Y revelan, blanco sobre negro, el diabólico propósito de la caverna de volver a la guerra. Con la autoridad que le asiste, señala Humberto de la Calle los desafueros perpetrados, en advertencia que aquí gloso (El Espectador, 28/7). Dizque por salvar el honor de los militares incursos en crímenes como los falsos positivos, se los excusa de comparecer ante la JEP. Pero los deja en un limbo de inseguridad jurídica y en riesgo de juicio por tribunales internacionales. Y quedan sus víctimas sin la verdad y sin la reparación que los uniformados les deben. Con ello se rompe la unidad de la verdad y quedan esas víctimas en “un limbo de desigualdad aberrante”.

La atrocidad de aquellos crímenes emula la de muchos cometidos por las Farc, apunta el exjefe negociador de Paz. Pero si sólo se pide cárcel para los jefes de la guerrilla y no para los terceros y los agentes del Estado, “nos encontramos en una ruptura esencial que dejará sembradas las semillas de nuevas violencias”. Porque castigar a uno solo de los actores del conflicto y concederles impunidad a los demás será incentivo poderoso para que la guerrillerada vuelva al monte.

¿Eso queremos? Es que renacería el conflicto, acaso para cobrar otros 220.000 muertos certificados y 85.000 desaparecidos (investigadores de prestigio calculan que aquella cifra representa apenas la cuarta parte de las víctimas mortales; sólo entre 1985 y 2015 habrían sido 700.000). Comparados con ella, los sacrificados por todas las dictaduras del Cono Sur alcanzarían una reducidísima proporción. Para no mencionar las formas del horror que esta violencia alcanzó en Colombia, ejercida masiva e indiscriminadamente contra la población civil:

Con la complacencia de un general del Ejército, paramilitares juegan fútbol con  cabezas de campesinos recién sacrificados, a la vista de toda la comunidad. La cifra certificada de falsos positivos ronda los 5.000, aunque The Economist habla de 10.000. Paramilitares montan escuelas de descuartizamiento de personas vivas, con motosierra. Francisco Villalba confiesa a la Fiscalía que recibió el entrenamiento de marras en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia. Las Farc desoyen durante meses la súplica de un secuestrado para ver a su hijo, un niño que va muriendo de cáncer. Tampoco puede ver el cadáver. Crueldad refinadísima que clama al cielo. En manos del Mandatario electo queda la decisión de recular y mantener sellado el dique de la barbarie, cuando sus iracundos copartidarios torean la guerra.

Bien merecido el Nobel de Paz que distinguió al Presidente Santos por haberla conjurado. Y aleccionador el sello final de su Gobierno: “La popularidad, dijo –esa caricia efímera para la vanidad- la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar a cambio de una sola de esas vidas salvada”. Gratitud por siempre, Presidente.

¿Gobierno corporativista?

En la ficción de que por un lado va el técnico y por otro va el político, muchos celebran  en el nuevo gabinete el predominio de especialistas experimentados supuestamente ajenos a la mano maloliente de los partidos. Pero tal vez se engañan. Por dos razones. Primero, porque ejecutar un programa de Gobierno  es hacer política. Dar vida a la propuesta que triunfó en elecciones. Ejercer el poder. ¿O es que no hace política –de extrema derecha– un Carrasquilla que emplea la aséptica matemática para elevar a 16 salarios anuales la retribución de los altos funcionarios del Estado, mientras reduce de 14 a 13 las mesadas de los pensionados, pobres en su mayoría? Segunda razón: porque un gabinete integrado casi en exclusiva por emisarios del gran capital organizado en asociaciones gremiales emula la fórmula política del corporativismo fascista. En gobierno de tal naturaleza, no expresan los gremios objetivos generales de la sociedad sino intereses particulares que suplantan el fin del bien común propio del Estado democrático.

En Colombia, son intereses de vertiente común con el programa económico del entonces candidato uribista, ahora vertidos en propuesta del Consejo Gremial Nacional al Presidente Duque, denominada Reactivación Económica 2018–2022. Intereses encarnados, para rematar, en ministros que proceden de Fenalco, Andi, Asobancaria, Anif, Fenavi, Asomóvil, Asocolflores, Asograsas… Y todo ello signado por la elocuente aglomeración de empresarios en el proceso de empalme entre gobiernos. Tantas coincidencias sugieren preguntas incómodas: ¿cooptará el Gobierno de Duque a los gremios?; ¿estos lo suplantarán?, o bien ¿serán gremios y Gobierno una y misma cosa?

Acaso por la costumbre ancestral de prevalecer si émulos, el documento de marras respira la convicción de que el desarrollo del país solo depende de los empresarios; y, por lo tanto, del apoyo que el Estado les brinde para competir sin cortapisas, ojalá sin impuestos a los ricos o con muy pocos. Aspira el CGN a que el nuevo Gobierno acoja su grosera escalada de ventajismos como insumo para el Plan de Desarrollo. El Estado, dice el documento, debe “intervenir para garantizar la competencia, evitando interferir y obstaculizar el desarrollo de los negocios”.

Propone reducir impuestos a las empresas y compensar el faltante aumentando el número de contribuyentes, con todos los que reciban desde 2,5 salarios mínimos. Y suprimir los impuestos parafiscales. Pero nada dice de gravar dividendos, fuente sustanciosa de grandes fortunas que no pagan este impuesto. Mantener los contratos de seguridad jurídica, creados por Carrasquilla en el Gobierno de Uribe para favorecer sin pudor a grandes firmas. En simultánea, pide mantener la flexibilidad laboral y su tercerización, mecanismos que degradaron el ingreso de los trabajadores.

Sobre el campo, el discurso consagrado para mantener el estado de cosas y las iniciativas de modernización solo en favor de los poderosos: demanda reglas claras sobre extinción de dominio por inexplotación o por causas ambientales, pues teme que “dichos mecanismos se utilicen de forma arbitraria para alimentar el Fondo de Tierras […] en desmedro de la propiedad privada…”. También le parece que la rigidez comercial de la Unidad Agrícola Familiar  le impide a la agroindustria desarrollar economías de escala. Pero nada dice del latifundio improductivo, ni de la ganadería extensiva.

Si esta propuesta parece puntualización del modelo económico que Duque ofreció como candidato, si una señal abrumadora de que podría compartirlo es la designación de un gabinete dominado por la impronta de los gremios económicos, ¿se estaría coqueteando con el corporativismo de derechas que quiso Laureano Gómez implantar en 1952?

 

 

 

El fantasma del comunismo

Taca burro la cofradía neoliberal. Su socorrida reducción de toda idea divergente a comunismo comeniños resulta contraevidente y no cumple sino función de propaganda. Con López Obrador en México y el sorpresivo despertar del centroizquierda en Colombia, la nueva izquierda de la región  termina por depurarse, sin muchas reservas, en alternativa socialdemocrática. A distancia sideral de las dictaduras sanguinarias de Venezuela y Nicaragua. Y del modelo económico que el presidente electo, Iván Duque, ofreció en campaña por medio de su hoy ministro Carrasquilla, conspicuo ejecutor del modelo que ahonda las desigualdades, en el segundo país más desigual del continente.

El llamado de Duque a la unidad nacional por la prosperidad de todos parece contraerse a la sola prosperidad de los gremios económicos que recibirán nuevas gabelas sin contraprestación y la mitad de los ministerios en el gabinete ¿Será este el Gobierno de la plutocracia encabezado por un titular de Hacienda que considera el salario mínimo “ridículamente alto”? Modelo apolillado, cruel, que el mismísimo Banco Mundial acaba de cuestionar, mientras algún portavoz de nuestra élite abreva en la misma acequia: para escándalo de más de un gurú del Consenso de Washington, Miguel Gómez Martínez propone volver a los planes de desarrollo y a la planeación económica (Portafolio 4/7/18).

El discurso de AMLO respira aires de la Cepal de Prebisch y Frei y Carlos Lleras. Ni Stalin ni Castro ni Maduro. Anuncia el mexicano cambios profundos de beneficio prioritario a los más pobres pero dentro de la legalidad, respetando la propiedad privada y las libertades de asociación y empresa. Con disciplina financiera y fiscal (como lo hizo mientras fue alcalde de la capital). En busca de mayor igualdad, aumentarán la inversión del Estado en política social y su iniciativa empresarial para crear empleo. En Colombia, centro y petrismo convergieron en pacto reformista cuyo decálogo, de izquierda democrática, se firmó en mármol.

Tendrán ellos que huirle a la tentación populista, inflacionaria, de emitir dinero para financiar la política pública; volver al desarrollo y a la planeación concertada con el sector privado; y, en la lucha contra la pobreza, reemplazar subsidios por empleo. Reindustrializar; regular mercados; y redistribuir en serio,  ajustando el salario mínimo y cobrando más impuestos a los que más tienen. El Banco Mundial se alinea ahora con el modelo de agricultura familiar, clama por devolverle al Estado sus funciones sociales y habla de política industrial.

No así Jorge Humberto Botero, vocero de los gremios y exministro de Comercio del uribato. En Semana en vivo declaró: “Yo nunca creí en las políticas industriales […] creo que el Gobierno hizo bien en [abandonarlas]”. Y agregó que él bajaría aranceles y expondría los sectores productivos a la lucha fría de la competencia internacional. En otra orilla, parece Miguel Gómez  lamentar que, a instancias del neoliberalismo, desmontara César Gaviria muchos instrumentos de intervención del Estado en la economía, y clausurara la idea del modelo de desarrollo. Que, con la internacionalización de la economía, ya no se hablara de desarrollo sino de mercado.

Carrasquilla fue mentor estrella del modelo neoliberal. Viene de favorecer gratuitamente a los grandes capitales y de golpear los ingresos de las clases  trabajadoras. De arrojar la economía al garete de los mercados, con graves consecuencias para las mayorías indefensas. No hay por ahora indicios de que el Gobierno en ciernes marque un rumbo distinto.

Con el desarme de las Farc y la galvanización del reformismo democrático como fuerza equiparable a su antípoda encallada en el pasado, podrá decirse que en Colombia el comunismo es un fantasma. Pero no lo es el engendro neoliberal.

 

¡Ni un muerto más!

En exabrupto que ofendió al país, la cúpula del Centro Democrático descalificó la velatón que decenas de miles de colombianos protagonizaron para exigir el fin de la matanza de líderes sociales: 311 en los dos últimos años, 10 en los cuatro primeros días de este julio. Tras largo silencio que algún gatillero pudo tener por venia, abrió aquel por fin su boca. Mas no para tender una mano de consuelo a las víctimas, ni para examinar cuántos muertos produce la violencia en el lenguaje, ni cuántos arrojaría la reanudación de la guerra –proyecto que ese partido edifica con esmero. El senador Uribe declaró, indignado, que “la paz de Santos incendió al país”.

Lo que viene pierna arriba es última edición de nuestras miserias: no bien se amplía aquí el espacio de la democracia, hoy gracias al desarme de las Farc,  caen con sus fierros los guardianes de la empalizada que la aprisiona. Se trata ahora de extirpar el embrión de nuevos espacios de participación política que el Acuerdo de Paz abrió: programas de desarrollo con enfoque territorial, curules transitorias para las víctimas de esas zonas olvidadas (ya enterradas por la prematura mayoría de derechas en el Congreso). Todo ello apuntaría a  desatar dinámicas de integración del territorio y de democracia en las localidades más apartadas. Dinámicas que los autores intelectuales de la matanza querrán frenar en el huevo.

Matar a un líder en zonas huérfanas de Estado es quitarle su articulador y vocero a la comunidad, apalear sus organizaciones, provocar nuevos ciclos de desplazamiento; reinstalar el miedo a la masacre, no ya colectiva, sino graneada. Muerto el líder, desaparece la acción colectiva por el cambio que aquel promovía. Entre los que disparan, parece especialmente envalentonado el renacido paramilitarismo, que lee jubiloso el resultado de las elecciones como derrota del proceso de paz. Y va por lo suyo. Por líderes de derechos humanos, de restitución de tierras, y por miembros de organizaciones de base social como la Acción Comunal. La mitad de los asesinados pertenecía e esas Juntas y muchos de ellos preparaban candidatura para las elecciones del año entrante. Veinte de las víctimas eran activistas de Colombia Humana; la de este domingo, profesor Darío Rincón, asesinado en Pitalito. Crímenes de abierta intención partidista que evocan la espantosa aniquilación de la UP.

Pero también otros acuden al festín: Clan del Golfo, ELN, disidencia de las Farc se disputan corredores del narcotráfico y se sacuden a bala a críticos de economías ilegales o depredadoras. Y el Gobierno de Santos ahí. Impertérrito. Presenciando indolente la ocupación de las viejas zonas de las Farc por toda la criminalidad armada, mientras el ministro Villegas reduce la tragedia a líos de faldas.

No hay aquí plan de exterminio ideado por una sola cabeza. Son fuerzas que matan porque interpretan el silencio del partido de sus afectos como autorización para disparar. El ejecutor no es el mismo, pero sí es sistemático el perfil de las víctimas: reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y de la paz, cuadros con aspiraciones políticas. Ya les habían embolatado las 17 curules a las víctimas de esos territorios. Ahora les quitan la vida para que no puedan participar en sus escenarios naturales de acción política. Y la senadora Guerra del CD grita anatema contra la protesta social en las calles.

Hace 32 años escribía María Teresa Uribe que habíamos construido en Colombia una cultura de la violencia y “una resistencia casi delirante a los cambios y las reformas, por tímidos que sean [Le tenemos] horror al cambio, a la democracia, a la participación popular, a la paz”. Ahora estas pulsiones se contraen al flanco armado de la caverna. Y Colombia le grita ¡ni un muerto más!

 

San Builes: ¡lo que faltaba!

Si no fuera por la sangre derramada a causa, entre otras, de incitación a la guerra santa por Monseñor Builes, daría risa su canonización en marcha. Adalid del integrismo católico que se resolvió en persecución al liberalismo, al comunismo, al protestantismo, a la masonería, a la mujer, el misionero fundador de parroquias fue sobre todo desafiante animador de la Violencia que nos dejó 300.000 muertos. “Los obispos que no defenestran desde el púlpito la apostasía roja no son más que perros echados”, escribió. Y sí. Una legión de tonsurados tradujo su verbo incendiario en clarín de guerra contra toda aquella “bestia diabólica” que retaba la hegemonía –política y religiosa– de Cristo-Rey. Por su parte, cientos de curas encogidos bajo el estruendo de aquellas catilinarias se entregaban en voz baja al apostolado. Hoy recoge Monseñor Darío Monsalve este legado del Evangelio; pero en discrepancia con la jerarquía católica, que en la guerra sucesora de la Violencia se sumó al golpe asestado un 2 de octubre contra un tratado de paz.

Como ciudadano, le asiste a Builes el derecho de divulgar su pensamiento; mas no el de convertirlo en puñal para segar vidas, derecho primero de todos. De la libertad de cultos y de la libertad política no se sigue la de matar. Una secta satánica podrá escoger al diablo como dios, pero no sacrificar niños en su rito religioso.

Un recorrido por las pastorales del prelado mostrará su rápida asimilación entre metáfora de Biblia y conminación a la acción. A veces sutil, otras, brutal. Antes de cooptar la sentencia de san Ezequiel Moreno para quien el liberalismo es pecado, escribía Builes: “Si en las divinas Escrituras se os llama Señor de los ejércitos, contened las fuerzas del infierno […] burlad sus sacrílegos intentos, tronadles en vuestra ira, conturbadlos en vuestro furor […] quebrantadlos con vara de hierro y despedazadlos como artefacto de barro” (Pastoral 10, 9, 44). En lucha contra el protestantismo defendió la licitud de “repeler la fuerza con la fuerza”. Después, en arrebato contra el comunismo,  inquirió si quienes “formamos los ejércitos de Cristo ¿no hemos de jurar la defensa de sus derechos, aun a costa de la sangre y de la vida?”. En manifiesto de los prelados al pueblo católico que Builes suscribió se leía: “Ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestros fieles permaneceremos inermes y pasivos”. Y fue Troya.

Si no todo pasado se parece al presente, hay soluciones de continuidad que dicen de fardos que sobreviven al tiempo. No hace dos años todavía, cientos de curas instaron desde el púlpito a votar contra la paz. Bien interpretaron el infundio de que ella comportaba una tal ideología de género enderezada a instaurar una dictadura comunista, atea y gay. Vociferó el pastor protestante Arrázola –vaya paradoja– contra el Acuerdo de La Habana, dizque por haberse pactado “con brujería… ¡fuera el enemigo! Decretamos juicio de Dios contra el comunismo”. Involución del castrochavismo a la Guerra Fría.

Todo, bajo la aséptica coartada de neutralidad ante el plebiscito que el Cardenal Rubén Salazar ordenó. Como si se pudiera permanecer impávidos, mudos, neutrales frente al hombre que amaga el paso, sin saberlo, hacia el precipicio. No contento el purpurado con su contribución al sabotaje de la reconciliación, descalificó al obispo Monsalve por apoyar la paz. Susana Correa, senadora del Centro Democrático, lo instó a cambiar la sotana por el camuflado de guerrillero. Reminiscencias de un pasado que se niega a desaparecer. Agua ha corrido bajo nuestros puentes, sí, pero volvemos a elegir civiles de paso marcial y charreteras. Ensotanados o no. Y, lo que faltaba,  el Papa hace santo a un fanático que libra guerras en la era del computador con blasones del Medio Evo.

 

Gobierno-oposición, más democracia

Guerra civil en el siglo XIX, violencia liberal-conservadora, guerrilla comunista: fantasmas del pasado que moldearon la idea de oposición como amenaza contra la patria y la civilización cristiana occidental. Versión heroica sobre los demonios que la jerarquía católica y la ultraderecha ayudaron a crear, cuando arrojaban la oposición al ostracismo. Tal percepción campeó aun cuando la oposición pudo ser corolario civilizado del gobierno en períodos democráticos, y no lo fue. Experiencia al canto, la ciega beligerancia –desleal, obstruccionista– que el Centro Democrático desplegó desde su orilla contra el mandatario que alcanzaba la paz, mientras ignoraba aquel partido el reclamo de la sociedad por cinco mil “falsos positivos” habidos en su Gobierno. Claro que la oposición puede abusar de las prerrogativas que la democracia le brinda. Mas no impunemente. Parte sustancial de la variopinta votación de Petro sufragó por hastío con la intemperancia de la oposición uribista, con el irrespeto de su jefe a las instituciones, con el protagonismo del sicario de los 300 muertos como ululante opositor del CD, sin que ese partido dijera mu.

Con el viraje político registrado en estas elecciones, la depuración ideológica de las propuestas en liza y la entronización del estatuto de oposición este 20 de julio, un nuevo capítulo se abre en la política colombiana. Y no apenas por las garantías que aquella normativa ofrece a la oposición, sino porque el  presidente electo, Iván Duque, trazó la pauta medular antes de asumir en propiedad. Le ordenó a su mayoría en el Congreso bloquear la reglamentación de la JEP, pieza angular de la paz. Su jefe, el senador Uribe, escaló la avanzada mediante instrucciones a Paloma Valencia para lograr sus objetivos cantados:  prisión para los jefes de la Farc antes de hacer política, y crear dos instancias independientes de la justicia transicional encargadas de procesar a uniformados y a particulares responsables de delitos en el conflicto. En suma, crear las condiciones necesarias para volver a la guerra. Amenaza, esa sí, capaz de unificar la oposición de nueve millones de colombianos que se jugaron en las urnas por la paz y a los muchos que votaron por Duque creyéndolo inofensivo componedor del Acuerdo con las Farc.

Manes del binomio gobierno-oposición, dos caras de la democracia, que da tantas garantías al Gobierno para ventilar sus ideas y convertirlas en políticas, como a la oposición para defender las suyas, controlar al poder y erigirse en alternativa de cambio. Cobran aquí vigencia renovada los postulados de Virgilio Barco, genuino liberal, en vísperas de asumir la Presidencia: No le basta a la democracia con el voto, escribe; es de suyo también la existencia de un gobierno con una oposición que lo fiscaliza, serena, civilizadamente. “En una democracia, los derrotados en elecciones pierden el derecho a administrar el país; pero no el de expresar a través de sus voceros su inconformidad […]. Más que a los críticos le temo la ausencia de fiscalización. [Para mi Gobierno] pido una constante vigilancia política desde las Cámaras, desde los medios de comunicación y desde todos los foros donde se expresan libremente los colombianos”. (La oposición política, Patricia Pinzón de Lewin).

El tic frentenacionalista de la unidad idílica entre todos para salvar la patria es antidemocrático. Democracia no es falso consenso que disuelve el pluralismo en uniformidad, en ficción de concordia. Democracia es disenso, conflicto tramitado por la vía de las instituciones. Lo que no impide compartir ideales y proyectos que trascienden quereres particulares. Como el ideal de la paz y las reformas que le dan figura corporal.

Coda. ¡Divina la selección Colombia! Va para ella una lagrimita de emoción…

Oposición libertaria y reformista

La pluralidad de fuerzas que, coligadas, arañaron el poder este domingo con 8 millones de votos augura una oposición tan vigorosa como abominable podrá ser un tercer mandato de Álvaro Uribe. Libertaria, reformista, pacifista, antípoda de la caverna que lo abriga, no le faltará a la oposición energía para hacerse respetar. Pero su eficacia dependerá de la disposición a converger en tareas comunes, ya en el Congreso; ya en las urnas; ya en las calles, arena primigenia de la democracia. Dependerá de su lealtad a la democracia liberal y a su corolario contemporáneo, el Estado social. Se fincará en la defensa de las libertades individuales y políticas cuando el DAS –órgano de seguridad del Estado– resurja como policía política del “presidente eterno” compartida con criminales para perseguir a las Cortes que lo juzgan, a la prensa libre y a sus contradictores. Dependerá, en fin, del ardor con que defienda al Estado que vuelve a respirar, tras décadas de asfixia bajo la tenaza neoliberal.

En campaña de ideas, esa sí política, menearon el centro-izquierda y la derecha concepciones divergentes del Estado y su relación con la economía y la sociedad. Dibujó cada uno la matriz de economía política que sustenta su propuesta de país. La reacción, Estado mínimo al servicio de latifundistas y banqueros. La Colombia contestataria que se despabila, Estado promotor del desarrollo y protector de los derechos sociales con recurso al impuesto progresivo sobre el ingreso.

Eje del capitalismo democrático que prevaleció en Europa y Estados Unidos entre 1930 y 1980 (en Colombia como intento malogrado del reformismo liberal), el Estado social busca redistribuir el ingreso en función del bien común, prestar servicios públicos y garantizar los derechos ciudadanos: derecho a educación, a pensión, a salud (ahora convertida en negocio de mercaderes). Derechos de la mujer, de la población LGBTI, de las comunidades étnicas. Derecho de propiedad, violado aquí mediante despojo masivo de tierras por el narcoparamilitarismo y su brazo político seguidor del uribismo. Una nueva oleada de expropiaciones a campesinos se avecina con el relanzamiento de las tenebrosas Convivir.

Correligionario del neoconservadurismo que hace agua por haber esquilmado a los más en provecho de los menos, Duque representa el anverso del Estado social que grava comparativamente más a los pudientes, para financiar la política social de beneficio común. El nuevo presidente rompe el cordón umbilical que une al Estado contemporáneo con el impuesto progresivo, siempre defenestrado por las élites colombianas. Y ahonda las desigualdades: multiplica beneficios a los acaparadores de la riqueza, en un país donde el 1% de los más ricos concentra el 20% de los ingresos.

Como si apoyo les faltara para llenar alforjas: con su ley, contra la ley o a bala, como es ya historia patria en Colombia. En el campo, donde el feudalismo de zurriago y sus ejércitos de matones guerrea sin pausa por preservar las tierras usurpadas y sus privilegios de casta. Duque los exime del impuesto predial y archivará la actualización del catastro. Y al empresariado todo, baluarte de su campaña, le concederá decenas de billones en exenciones tributarias.

No consiste la redistribución moderna en expropiar a los ricos para enriquecer a los pobres. Consiste en desarrollar la función social del Estado  por referencia a un principio decoroso de igualdad. Y esto, que en otras latitudes es pan comido, a la oposición le plantea un reto colosal: entre las reformas por la paz, hacer de nuestro Estado social de derecho una realidad. Empresa descomunal, pero proporcional a la revolución operada el domingo: 46% del electorado gritó “no más” al grosero pavoneo de estas castas sin patria y con prontuario.

¿Volverá la horrible noche?

Si regresara Uribe a la silla de Bolívar en la persona de Duque, no necesitaría convocar constituyente. Para reeditar, ahondado, su modelo de gobierno autoritario y violento, le bastará con ejecutar la sustancia inocultable de las reformas que su pupilo barniza: suprimir la independencia de los poderes públicos, revivir la guerra y abrir nuevas puertas al abuso del poder. A ello conducen, por un lado, la disolución de las Cortes y su integración en una sola, sacada del cubilete del Presidente; y el achatamiento del Congreso a cien miembros, para lo cual tendría primero que revocarlo. De otro lado, los anunciados “ajustes” al acuerdo de paz apuntan a destruirlo; de donde no podrá resultar sino el regreso de la guerrillerada a las armas y el sabotaje a la reforma rural. Audacias que el mórbido Duque acometería, rodeado como estará por las fuerzas vivas de la patria: el clientelismo en pleno, los gremios económicos, el latifundismo, el cuerpo de notables sub judice o prófugos de la justicia, la parentela de la parapolítica, iglesias adictas a la teocracia, verdugos de la diversidad sexual y el popeyismo.

Al nuevo tribunal supremo erigido sobre el cadáver de las cortes que investigan al expresidente y familia, podrá el Primer Mandatario, es decir Uribe, enviar magistrados de su círculo personal. La reforma le entrega al presidente el nombramiento del fiscal, al Gobierno la estructuración de la investigación criminal, y a la Policía, funciones judiciales. En modo viejo DAS, anuncia Duque la creación de un aparato de control político envolvente sobre la población: Un sofisticado sistema de denuncias y seguimiento, con monitoreo electrónico que lo coloca por encima de la Stasi en la Alemania Oriental, de la KGB, de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana y sus vástagos del madurismo.

Providencial, esta reforma de las Cortes borraría de un plumazo las 280 indagaciones que se le siguen al senador Uribe, más de una de carácter penal. Como la recién reabierta por presunta responsabilidad por omisión del entonces gobernador de Antioquia en las masacres perpetradas por paramilitares y Fuerza Pública en La granja y El Aro en los 90. Y en relación con el asesinato del líder de Derechos Humanos en ese departamento, Jesús María Valle, tras suplicar sin éxito al mandatario seccional protección para la población de esas localidades. Según Semana, la Corte Suprema investiga la formación del grupo paramilitar autor de tales masacres, “que habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez”. El senador pidió celeridad en la investigación.

Por otra parte, Duque le pone dinamita al Acuerdo de Paz. ¿O es que impedir el debut de los desmovilizados en política para arrojarlos a la cárcel no redunda de inmediato en el regreso de 10.000 guerrilleros hacia la disidencia de las Farc o hacia las bacrim? ¿No es eso reactivar la guerra? ¿No es revictimizar a las víctimas que se quedarán, así, sin verdad, sin reparación y blanco de una nueva guerra? De una guerra donde son los campesinos los que ponen los muertos de todos los ejércitos, pues nunca van los hijos del poder al frente de batalla.

He aquí los hilos de la constituyente uribista que Duque lanzaría, no tanto por blandura como por convicción. Chavismo puro y duro. Como lo prueban sus debates de ocho años en el Congreso. Ni Duque es “el James de la política” –despropósito de su jefe de campaña–, ni es Uribe el Cid Campeador de todos los colombianos en todos los tiempos. Media Colombia acaba de apartarse en las urnas de quien encarna, más bien, al procaz perdonavidas, seductor de  reprimidos por las hipocresías eclesiales: las religiosas y las políticas. Se ha rebelado ya contra la horrible noche que se le ofrece.

Entre derecha y centro-izquierda

La excluyente confrontación que muchos temíamos entre extremismos que podían abrevar en un mismo modelo chavista ya no tendrá lugar. En vez de polarización hubo pluralidad en primera vuelta, pues no fueron dos sino tres los competidores con opción de triunfo. Y dos de ellos, petrismo y fajardismo, son voto libre insubordinado contra los partidos que se hunden en su propio fango. Esta inflexión histórica del 27 de mayo, la depuración del discurso de Petro como opción democrática y la negociación de coaliciones propia del sistema a dos vueltas redefinieron los términos de la disyuntiva electoral: no será ahora entre derecha e izquierda sino entre derecha y centro-izquierda, con nítida definición ideológica para dos modelos de sociedad. A la manera de las democracias maduras. El dilema no será –como querrá presentarlo la reacción– entre capitalismo postmoderno y comunismo totalitario. Será entre una aleación de feudalismo y neoliberalismo, de un lado, y socialdemocracia, del otro.

Así lo indica la índole de las coaliciones que se fraguan. En torno a Duque, el uribismo con su temible corriente filoparamilitar, reforzado con el aparato en pleno de la politiquería que exhala miasmas. En torno a Petro, cinco millones de inconformes acompañados de una mayoría de verdes y polistas, la mitad de sufragantes de Fajardo y De la Calle, los movimientos que acompañan a Clara López y un  contingente indeterminado de votantes libres. El voto en blanco servirá al retorno de Uribe, alternativa de ultraderecha que procede por golpe de mano. Lo sabemos. Podrá aquel sufragio obrar como cace simbólico de una tercería, pero con riesgo de esfumarse a la vuelta de la esquina. Como la Ola Verde.

Mejor perspectiva es la de coalición, por su probada eficacia como fórmula de convergencia para gobernar, ejercer oposición o proyectarse en estrategia de largo aliento. Pero una cosa es adhesión gratuita, sin condiciones, sin honor, como la obsequiada a Duque por todos los partidos tradicionales. Otra, la que negocia con Petro puntos irrenunciables de un programa común, formal y hecho público: la de los Verdes, la de Clara López. El acuerdo suscribe un programa de capitalismo social común a todo el centro-izquierda, Petro incluido. Y registra precisiones sagradas: respeto a las instituciones y a la propiedad privada; renuncia a la convocatoria de una constituyente, con cierre del Congreso; respeto a la regla fiscal, nombramiento de servidores públicos por méritos y apoyo a la consulta anticorrupción, entre otros. Horizonte decisivo cuando la disputa entre modelos de país se traducirá en políticas opuestas sobre el desarrollo de los acuerdos de paz; sobre la construcción de otra Colombia, o bien, el empeño en mantenerla en la injusticia, y la violencia.

Ejemplo aleccionador de pacto sobre programa mínimo entre fuerzas diversas que preservan, no obstante, su identidad política, sus estructuras y decisiones, es el del Frente Amplio de Uruguay. De su proyección histórica hablan los 50 años de existencia y los 20 que lleva en el poder. Un conjunto variopinto de fuerzas políticas acordó actuar al unísono en defensa del Estado de derecho, la democracia, la paz y la justicia social. El balance queda a la vista.

Con 51% de los votos, ¿no estarían las fuerzas del centro-izquierda preparadas para un desafío semejante? O, de entrada, para acordar coalición electoral por Petro? Si faltara quien le impusiera sindéresis al temperamento de Petro, ahí está la vicepresidenta, Ángela María Robledo, mujer admirable probada en peores batallas. De momento, resuenan las palabras de Antonio Navarro: “He luchado toda mi vida contra el clientelismo y la política tradicional. Toda ella está hoy con Duque. No me rindo, ni paso votando en blanco”.