Sí, vuelve la caverna con todos sus fierros al poder: con la estrategia bifronte de extremar la desigualdad en este país de pobres y excluídos y, por otro lado, apretar con mano de hierro la protesta social que de allí derive. Riesgo a la vista cuando ocho millones de colombianos repudiaron las miasmas de la politiquería y recelan del curubito empresarial. Símbolo ominoso de las componendas que sellaron alianzas en la cumbre cuandoquiera que el monolito del poder se vio amenazado, tres expresidentes -dos aparecidos y otro subjudice- dizque saltaron de la polarización a la reconciliación. Fue, sin duda, pacto de yo-con-yo para repartirse la torta que un incauto administra. Del Frente Nacional rescatarán las políticas de seguridad y orden público que atribuían al pueblo el carácter de enemigo interno. Y, en economía, coronarán el ponqué neoliberal que desde Gaviria todos ellos amasan, con la roja cereza de una reforma que eliminará casi el último tributo que pesaba sobre los ricos, y cargará contra las clases trabajadoras.
Reforma regresiva montada desde hace 30 años sobre la conveniente falacia de que regalarles impuestos a las empresas (¡a sus dueños!) dispara el empleo, esta vez podrá estancar el crecimiento y dejar al Estado con recursos franciscanos para educación y salud. Lo que eleva la productividad y el empleo, demostrado está, es la innovación que nuestros flamantes empresarios no abocan. Sostiene Fabio Arias (Las2orillas) que en cinco años los empresarios dejaron de pagar $46 billones por parafiscales, concesión del Gobierno en 2012. Por exenciones sobre patrimonio y renta de los últimos años, se habrían ganado $6 billones adicionales, a los que sumarán otro tanto por la reforma tributaria de Carrasquilla-Uribe-Duque. Pero la informalidad laboral sigue en 64% y el desempleo aun ronda el 10%.
No se sorprendan, pues, si la gente se toma las calles. Ni pretenda el ministro Botero, de Defensa, imponer la protesta asexuada de sus sueños, aconductada por el mazo con el que cree destripar la lucha de clases. El de protesta pacífica es derecho inherente a la democracia, no es subversión ni revuelta ni crimen. Sin él, no hubieran conquistado las mujeres su derecho al voto, ni los trabajadores el suyo a jornada laboral de ocho horas, ni los campesinos despojados podrían recuperar sus tierras.
Mas, mucho indica que la derecha montaraz de vuelta al poder acaricia la impronta contrainsurgente que marcó las políticas de seguridad y orden público en el último siglo. Bajo la capa anticomunista (del conservatismo y la Iglesia primero y, luego, de la Guerra Fría) se estigmatizó, persiguió o asesinó al que protestara o discrepara. Todo librepensador resultó sospechoso de profesar el bolchevismo en la República Conservadora, el comunismo en el Frente Nacional, el terrorismo vistiendo de civil en el Gobierno de la Seguridad Democrática, el castrochavismo como enseña de pánico para la retoma del poder. Al trato de insurgente que recibió el ciudadano inerme contribuyeron las guerrillas. Su táctica de lucha legal e ilegal redundó en el sacrificio de muchos demócratas que nunca dispararon. Y le dio a la derecha argumentos para violentar a la izquierda legal y al movimiento social, pretextando lucha antisubversiva.
No se visualiza la desaparición de tal legado: el ministro Botero evoca ahora símbolos de aquella tradición. Y el CD acaba de presentar proyecto de ley que niega acceso de la JEP y de la Comisión de la Verdad a información reservada sobre las vicisitudes del conflicto armado, con el argumento de que algunos de sus magistrados son “de tendencia de izquierda». Secta de extrema derecha en lo político y en lo económico, el partido de Gobierno rinde otra vez tributo a su lema: mano dura y corazón de piedra.
