por Cristina de la Torre | Jun 4, 2019 | Iván Duque, Junio 2019, Paramilitarismo
De vuelta al régimen de Seguridad Democrática, alarma la involución operada en la doctrina militar: de los derechos humanos a la tropelía. La nueva cúpula de las Fuerzas Armadas desestima la enseña de su antecesora, a saber, la paz es la victoria, para reabrir el camino de los falsos positivos, ariete de la guerra sucia. Marca de cobardía en la frente del Gobierno Uribe, el asesinato de 5.000 civiles inermes ajenos al conflicto deshonró, por contera, al soldado que entregó hasta la vida en el asedio a las Farc; (ofensiva sin la cual no hubiera podido Santos negociar después la paz). El abrupto timonazo de hoy denuncia sed de sangre en los instigadores de la guerra que ya fue, una barbaridad para un país en posconflicto.
Nuevas grietas se abren entre uniformados. Diga usted entre el general Alberto Mejía en una orilla y, en la otra, el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez. En la vertiente del primero, oficiales de alto rango denuncian la orden de duplicar bajas “como sea”, aun ampliando el riesgo de matar civiles y sellando alianza con paramilitares. La nueva instrucción emula la que el entonces ministro de defensa, Ospina, expidió en 2005 para dar lugar al genocidio de marras. Mientras la Procuraduría le abre investigación al jefe del Ejército, el general Colón dice en foro de El Espectador: “hay que preguntarles a los gobernadores y alcaldes por qué parte de sus presupuestos iban a las AUC; y a los ganaderos, por qué llegaban [estas] a sus fincas […] Hay que contar las verdades como son… contar la verdad de los falsos positivos, para deshacernos de esa cruz”.
Sí. Es ancho el horizonte de las circunstancias políticas que gestaron semejante atrocidad: la vileza de un Gobierno que exigía resultados como agregado indiscriminado de cadáveres. La alianza de militares con las fuerzas más oscuras y violentas que fungían, a su turno, como fervientes seguidoras del partido en el poder. Y contra su enemiga mortal, la guerrilla, dizque rodeada de “auxiliadores” que devenían candidatos a falso positivo. La campaña de Uribe contra las Farc floreció al costo de generalizar la guerra sucia, codo a codo con el paramilitarismo, con su brazo político en el Congreso y con los empresarios que lo financiaron.
El asesinato del desmovilizado Dílmer Torres, a quien se quiso hacer pasar por guerrillero del ELN, simboliza el retorno a los falsos positivos. En los cuales habría tenido responsabilidad por cadena de mando el general Martínez, si damos crédito al debate del parlamentario Alirio Uribe del 14 de octubre de 2014. Cruza él información de Fiscalía, Procuraduría y Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) para concluir que el entonces brigadier general Nicasio Martínez comandaba entre 2004 y 2006 la Quinta División, con jurisdicción en Cesar y la Guajira, a la que se le imputaban cien presuntas ejecuciones extrajudiciales. Imputación semejante afectó a otros ocho generales. 88% de los 6.600 falsos positivos reportados entre 1998 y 2014 tuvieron lugar en el Gobierno de Álvaro Uribe.
En su informe de febrero dice Human Rights Watch: “el Gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales”. Ya Vivanco había escrito que el general Montoya “estuvo al frente del Ejército colombiano cuando se cometieron algunas de las atrocidades masivas más graves que hayan ocurrido en el Hemisferio Occidental en los últimos años”. ¿Creerá Duque que semejante horror se conjura designando lectores de órdenes militares mientras mantiene en el mando a quienes las expiden y ascienden en la impunidad?
Coda. Lamentable la suspensión, con sabor a censura, de la columna de Daniel Coronell en Semana.
por Cristina de la Torre | Jun 2, 2019 | Iván Duque, Junio 2019, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Política económica
“No concilio que se venda Isagén, privando a la Nación de un patrimonio rentable y estratégico […] Hay que mantener el control estatal sobre este tipo de empresas porque son un elemento central de la seguridad nacional…”, dijo Duque a la venta de Isagén. Pero hoy prepara la privatización de Isa, Cenit y parte de Ecopetrol, para comenzar, los bienes públicos más rentables de Colombia. Para llenar el hueco fiscal que la ley de (des)financiamiento no cubrió, ahondado por el fastuoso obsequio en impuestos que la élite económica recibió, gratis, sin que amague ella el más leve gesto de reciprocidad hacia el país. Además, con riesgo de convertir el producto de esas operaciones en plata de bolsillo de un Gobierno en campaña perpetua, proclive a la torpeza de vender la nevera para poder mercar. Ya el Gobierno puso el ojo en las 107 empresas (que valen $170 billones) donde el Estado es accionista, para vender sus frutos más apetitosos, mientras la quejosa cresta empresarial atesora gabelas oficiales y, en vez de reinvertir ganancias en proyectos productivos para crear riqueza y empleo en Colombia, exporta sus utilidades y cierra masivamente plazas de trabajo. O especula con ellas. Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, declara sin más vueltas que se frenó la inversión en el país.
Se hace ilusiones Carrasquilla. Espera que “la significativa reducción implementada en la carga tributaria empresarial estimule la inversión y la generación de empleo”. La verdad, como ha sucedido siempre con esta fantasía, es que –entre otras razones por angurria empresarial– la economía se empereza y el desempleo se dispara. En Medellín alcanzó 13,5% en abril. No sólo no se crean nuevos puestos de trabajo sino que se cierran por cientos de miles. Revela Mauricio Cabrera que el desempleo desborda los dos dígitos, no porque haya más gente buscando empleo (621.000 renunciaron a la faena) sino porque se han eliminado 775.000 puestos de trabajo. El país entró en una temporada de destrucción neta de puestos de trabajo, apunta crudamente Dinero. Además, el subempleo creció en el último año, para desaparición total de 1.389.000 empleos decentes. Una tragedia, escribe Cabrera.
Tan mal negocio será abrumar de dádivas y canonjías a una oligarquía sin sentido de patria como sacrificar el patrimonio más preciado de la Nación. Menos, cuando sus ingresos y utilidades crecen. Como es el caso de Isa, que en tres años duplicó el valor de su acción y los dividendos que gira a la nación. El año pasado obtuvo ingresos por $7,2 billones y utilidades por $1,5 billones. Es líder del transporte de energía en el subcontinente, incursiona en vías y comunicaciones y administra el mercado de energía en el país. Ecopetrol, por su parte, es la empresa más productiva y rentable de Colombia. Registró el año pasado ingresos por más de $62 billones, 25% más que el año anterior. Sus activos valen $114 billones, y su patrimonio, $57 billones.
No se entrega la infraestructura del desarrollo al interés privado. Ni se subordina la rentabilidad social al lucro particular. Trocar en negocio privado los bienes estratégicos de beneficio general puede comprometer el futuro. Privatizar no es apenas depositar en particulares la propiedad pública: es también confiarles funciones y proyectos del Estado que terminarán supeditados a su apetito de negociantes. Con la venta de Isagén, y ahora de Isa, Cenit y parte de Ecopetrol, queda en entredicho la soberanía energética del país. Como agonizantes quedan las finanzas públicas con tanto mimo a elites improductivas. El Gobierno busca la plata fuera del tiesto. ¿Por qué no condiciona la exención tributaria a la verificada creación de empleo formal? Ominosa esta fórmula de feriar el Estado y mimar, de gratis, a los ricos.
por Cristina de la Torre | May 31, 2019 | Derecha, Iván Duque, Mayo 2019, Modelo Político, Posconflicto, Uribismo
No son las instituciones las que están en crisis, es el Gobierno de Iván Duque. Y no por falta de norte, que lo tiene, de derechas, aunque no termine el presidente de asumir en propiedad. Por convicción o por temor reverencial a Uribe (o por ambas razones), le entrega Duque el timón al impenitente que puja en vano por precipitar el país al abismo. Que quisiera elevar a conmoción interior el caso de un posible traqueto para derogar la JEP, hundir la paz, golpear a las Cortes y clausurar el Congreso. Anhelada conmoción que, sacada del cubilete y ya sin esperanza, promovería algún orate, si la convocatoria a los partidos fracasa. Pero el acuerdo de yo-con-yo, concebido para trocar las derrotadas objeciones a la JEP en actos legislativos mediante el Congreso que las negó, nació muerto. Y produjo exactamente el efecto contrario: compactó a la oposición, selló su alianza por la paz con los partidos independientes, alertó al despabilado movimiento social y dehilachó aun más el prestigio del conspirador. Maltrecha imagen del mentor que pone en aprietos a su rendido servidor.
El pacto “nacional” empezó por excluir a la mitad de los colombianos, que votó por la oposición. Dirigido contra el Acuerdo de La Habana, no podía sino recibir el portazo de los partidos independientes que lo habían suscrito: el Liberal, la U, Cambio Radical. Y contraerse a sus aliados, con bancada parlamentaria insuficiente para gobernar sin tropiezo. En respuesta, la Alianza Verde convocó a los partidos independientes, de oposición y a las organizaciones sociales a un consenso por la paz y para encarar los grandes problemas del país: desempleo, desarrollo económico, violencia desbordada en campos y ciudades. Efecto inmediato, congresistas de todas esas colectividades propondrán una nueva política de drogas, con enfoque de salud pública y regulación del consumo.
El destape de estrategias emparentadas con el crimen profundiza la crisis del Gobierno y la proyecta al extranjero. Como en tiempos aciagos de la Seguridad Democrática, ciego al destaponamiento social y político que la paz trajo, revive este Mandato los falsos positivos como política oficial. Sello y vergüenza de la administración Uribe, tras cobrar 5.000 víctimas mal contadas, haría ahora sus segundas armas. Primer efecto venenoso de un mando militar hoy infestado de generales señalados por Human Rights Watch de haber cohonestado falsos positivos en aquel entonces, la amenaza de reanudación del horror corrió por cuenta del New York Times.
Quién dijo miedo. Presidente, canciller y comandante del Ejército se rasgan las vestiduras, protestan indignados y terminan suprimiendo la directiva que obraba como prueba de lo dicho por el diario estadounidense. A poco, el editorial de ese periódico acusa al presidente Duque “y sus aliados en la derecha de [sabotear] el desarrollo pacífico del pacto de paz”. A renglón seguido, 79 congresistas de ese país piden a su gobierno presionar a Duque para que respete el Acuerdo de La Habana y frene el genocidio de líderes sociales. Según Indepaz, la matanza alcanza 702 líderes y 135 excombatientes asesinados en dos años. Mas ¡no da el Gobierno con sus autores intelectuales! A falta de conmoción interior, tragedias de esta laya sí conmocionan la opinión allende nuestras fronteras.
La crisis del Gobierno estriba, sobre todo, en que el presidente Duque es prisionero (¿involuntario?) de Álvaro Uribe. Su avanzada hacia la fabricación de un caos artificial capaz de justificar un golpe de mano no prospera, pero pone a patinar al Gobierno y le quita el aire. Para Humberto de la Calle, “no hay motivo para una crisis (institucional). Lo que ha ocurrido es un nuevo episodio de patria boba”.
Coda. Diferencias de ideas aparte, le deseo al senador José Obdulio Gaviria pronta recuperación de su salud.
por Cristina de la Torre | May 21, 2019 | Corrupción, Impunidad, Mayo 2019, Posconflicto
Malitos los actores. Quisieron montar una tragedia (sembrar el caos, hacer invivible la república); pero exageraron a tal punto en gesticulación y voces engoladas, que resultaron inverosímiles y terminaron interpretando una ópera bufa. Para salvar el pellejo, en su vieja escalada contra la justicia precipitaron el fiscal Martínez y el senador Uribe la asonada del día contra ella. Ya la Corte Suprema preparaba reconvención al fiscal por conflictos de interés en el ejercicio del cargo, a cuyo amparo encubría la desmesurada corrupción de Odebrecht. Y reactivaba llamado a indagatoria a Uribe, por manipulación de testigos en un caso que involucra a paramilitares. Curtidos manipuladores de la opinión hasta transformar franjas enteras de ciudadanos en rebaño, aprovecharon el desconcierto de muchos ―crédulos impresionables al vibrato de la caverna y fanáticos que le hacen eco― para mutar en oportunidad política su derrota colosal con las objeciones a la JEP e invitar a la protesta callejera contra ella. Y pasar a mayores. Fantasearon con demolerlo todo con la contundencia de una acción sin retorno.
Según ellos, el auto que libraba de extradición a Santrich desafiaba el orden jurídico y obedecía a un pacto de cogobierno con el narcotráfico. En nombre del Estado de derecho y de la paz, un reducto de exaltados propuso decretar estado de conmoción interior y convocar constituyente. El primero, para extraditar a Santrich acaso sin pruebas, provocar así el regreso de los desmovilizados a la guerra y ensayar los excesos que la conmoción permite en manos de algún perdonavidas desesperado y vengativo. La segunda, para rediseñar un Estado que quepa en el bolsillo de la derecha.
Ni marchó la galería en las calles, ni vivieron más de un suspiro las iniciativas de conmoción y constituyente. Pero Martínez se dio el lujo de inducir, por omisión de pruebas, la decisión de la JEP, que se pronunciaba en estricto derecho. Él y los gringos se las negaron una y otra vez. Mas, no bien se conoció aquel auto, aparecieron las esquivas pruebas. A dos minutos de su libertad, recapturó la Fiscalía al sindicado para juzgarlo, como bien lo proponía la propia JEP. Mas ya Martínez había llevado la justicia transicional a la picota pública y ahora se coronaba con laureles de justiciero insobornable. Ni el Presidente ni el partido de Gobierno le preguntaron por su oscura relación con la firma más corrupta del continente.
No podían. El flamante embajador de Estados Unidos acababa de inmortalizar a Martínez con el calificativo de “patriota”. Al estruendoso silencio con que este Gobierno bendijo la humillante violación de la soberanía nacional en cabeza de nuestras Cortes le seguirá la marcha ―hace nueve meses emprendida― de colonizados en pos del amo. José Obdulio Gaviria, ideólogo del ala extremista del Centro Democrático, abrió en febrero de par en par este camino cuando escribió con pasión de converso: “bien valdría la pena que Secretaría de Estado piense seriamente en aplicar sanciones a los magistrados JEP saboteadores/cómplices”.
Le salieron al público con una bufonada y éste va desalojando desencantado la sala. Ya lo habían dicho voceros de los Partidos liberal, la U y Cambio Radical: “el caos que algunos pregonan no existe. Las soluciones están previstas en nuestra Carta Política”. Y Álvaro García, presidente de la Corte Suprema remachó con broche de oro: rechazó “el sistemático ataque a la integridad del poder judicial […] Las Cortes representan la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Cualquier interferencia, acto injusto, persecución o interceptación ilegal contra sus magistrados es también una agresión contra la independencia judicial”. Controle la ultraderecha su compulsión subversiva contra el Estado de derecho. Mejor le va si se aviene a la democracia y a la paz.
por Cristina de la Torre | May 14, 2019 | Corrupción, Mayo 2019, Modelo Económico
Anacrónico, rudimentario propagandista del neoliberalismo, sostiene Andrés Oppenheimer en Portafolio que la mano peluda de Odebrecht no podía surgir sino en un gobierno como el de Lula en Brasil y alargarse hacia todos los que en la región replicaban ese modelo de “populismo autoritario”. Que, por contraste, aquella apenas si tocó a México y Colombia, dizque por ser estos regímenes de libre mercado. De donde se infiere que la corrupción pega naturalmente en regímenes de centro-izquierda, y menos en los de derecha que, al parecer, preservan heroicamente su virginidad. Se equivoca. Aunque corrupción hubo siempre, con el desmantelamiento del Estado, la privatización de sus funciones y la supresión de instrumentos regulatorios de la economía que el Consenso de Washington introdujo, aquella invadió como mar embravecida el poder público y la sociedad. El amancebamiento de negocio privado y función pública –distinto de la sana asociación público-privada– disparó la corrupción en proporciones bíblicas.
A Odebrecht, por mencionar el desafuero más reciente, le antecedió la crisis financiera de 2008, segunda en tamaño y capacidad de daño después del crack de 1929. La última pauperizó a millones de familias en Estados Unidos y multiplicó hasta la obscenidad las ganancias de un puñado de banqueros que hicieron (y hacen) su agosto protegidos por la inacción del Estado. Por su parte, si corrupción medró en los gobiernos reformistas de América Latina, no fue precisamente porque estos redimieran de la pobreza a porciones sustantivas de la población. Fue porque no desmontaron cabalmente el modelo privatizador que Pinochet había entronizado y los Chicago-boys convertido en dogma de fe. No se diga, entonces, que la corrupción tiene color político, pues Putin y Trump se disputan esa presea.
Por lo que a Colombia toca, no será nuestro país la casta Lucrecia que Oppenheimer quisiera. Aquí las coimas de Odebrecht no sumaron los $11 millones de dólares que él reporta, sino 50. Y si mucho ha demorado la investigación es porque el mismísimo Fiscal General resultó comprometido en ella. Lo mismo que excandidatos presidenciales, viceministros, senadores, altos heliotropos de las burocracias pública y privada, el hombre más rico del país y hubo dos envenenados con cianuro.
Informa Transparencia por Colombia que el punto álgido de la corrupción es la contratación pública. Más de la mitad de gobernadores, alcaldes y concejales están involucrados en ella, por montos que suman $18 billones en dos años. El Contralor Carlos Felipe Córdoba recuerda que en Reficar hubo sobrecostos por $17 billones y, en Saludcoop, hallazgos penales por $1,4 billones. Habla de mallas complejas de contratistas que acaparan casi toda la contratación pública, como que una sola de ellas concentra adjudicaciones por $60 billones. Todo, producto de la privatización de la función pública y de la precaria vigilancia y control del Estado.
Caso dramático, el de la salud, convertida en negocio de intermediarios financieros. Claman al cielo imágenes recientes de hacinamiento de 350% de pacientes en hospitales públicos, mientras las EPS les adeudan $10 billones, que no pagan. Y hay también otras fuentes de exacción: como los carteles de hemofilia y enfermos mentales inexistentes, negocio de exgobernador que sigue presidiendo algún notablato regional. Y de la mano vino la privatización de la política, mediada por la corrupción: la alianza entre financiador de campaña, elegido y contratista, que puso en jaque el sistema mismo de la democracia.
Por qué no cambiar el modelo privatizador, o moderarlo, rescatando los proyectos anticorrupción que este Gobierno echó a perder. Por qué no insistir en la lista cerrada de la reforma política. Por qué no generalizar la veeduría ciudadana. Nunca es tarde y hay con quién.
por Cristina de la Torre | May 8, 2019 | Derecha, Mayo 2019, Modelo Político, Régimen político, Uribismo
No es apenas cuestión de estilo, de talante; es que Santos y Uribe abrevan en modelos políticos distintos. La dramática confrontación que el país presenció atónito entre hordas que blanden picas para hacer trizas la paz y quienes la defienden, alude a cientos de miles de muertos y a los responsables de esa atrocidad. Tamaño motivo ha depurado, como ninguno otro, posturas que se afirman en paradigmas encontrados. No digamos entre civilización y barbarie, pero sí entre convivencia regida por la ley y régimen de fuerza. Aunque imperfecta, inacabada, a menudo irrespetada por sus propios mentores, la democracia liberal se ha visto desafiada por un despotismo de caudillo tropical que Laureano Vallenilla –ideólogo del dictador venezolano Juan Vicente Gómez– rubricó hace un siglo como cesarismo democrático.
Pocas veces como ahora se dibujó tan nítidamente el contraste. Reivindica Santos el logro extraordinario de su tratado de paz, que es ejemplo para el mundo, pero el mérito no le impide desplegar bonhomía y respeto por sus contradictores. En Corferias lo ovaciona el público. Por su parte, Uribe lidera en el Congreso espectáculo inédito de agresión contra la democracia en pos de una reforma que sacrifica aquel tratado y nos devuelve a la guerra, sólo para saborear la hiel de la derrota. Viene de insultar en pleno Capitolio al jefe de la oposición. Como solía ultrajar Laureano Gómez a sus adversarios, arrebatado en la consigna de hacer invivible la república. Blasón que Uribe insiste en recoger, sin percatarse de que en ocho años el país político cambió.
El modelo autoritario se reconfigura periódicamente, pero no pierde el norte. Aunque no se encumbren ahora los caudillos a trueno de cañón sino desde las urnas, ayer y hoy apuntan todos a los mismos blancos: Tomarse los tribunales de justicia, irrespetarlos o neutralizarlos; reducir el Congreso o suplantarlo; violentar libertades y derechos convirtiendo los organismos de seguridad del Estado en policía política y, a la ciudadanía, en telaraña envolvente de espionaje. A lo cual sirve fabricarse un enemigo y magnificarlo en proporción a la megalomanía del caudillo, pues éste definirá su identidad por contraposición a la de aquel. Y atornillarse en el poder. Basta con pasar revista a los gobiernos de Uribe, y al de Duque que los reedita, para redescubrir en ellos el ensamblaje del modelo: persecución a la Corte Suprema ayer, misiles contra la JEP y dispositivos contra la Constitucional hoy; avasallamiento del Congreso ayer, intento frustrado hoy; ayer y hoy persecución a la oposición, Estado policivo y redes de millones de informantes secretos.
Pululaba en América Latina el cesarismo democrático, región sembrada de desajustes que el déspota vestido de mesías pintaba como catástrofe para trocar en votos el miedo del común. Elegido o hereditario, este caudillo es para Vallenilla una necesidad social: el gendarme necesario en países inmaduros para la democracia. En la trastienda, la arista dictatorial de Bolívar, que llegó a concebir constitución con presidente y senado vitalicios. Laureano, el nuestro, propondría en 1953 constitución parecida, ahora tocada del corporativismo fascista que hervía en tiempos de Vallenilla. Que el gendarme necesario no es estereotipo retórico sino amenaza viviente lo dicen la personalidad y las ejecutorias de Álvaro Uribe. Consuela que ahora trastabille.
Dijo Iván Karamazov que el inquisidor pelecha en “la tranquilidad que da a los hombres el verse reducidos a rebaño”. ¿Condición eterna del humano? No. Llega un momento, según Sergio Ramírez, en que “el dueño del poder… se acerca al abismo sin darse cuenta porque no queda nadie que se lo advierta. [Cae como] se derriban los ídolos de sus pedestales de cera y el bronce hueco resuena en ecos contra el suelo”.
por Cristina de la Torre | Abr 29, 2019 | Abril 2019, Corrupción, Derecha, Impunidad, Izquierda, La paz, Paramilitarismo, Política agraria, Posconflicto, Uribismo
Sí, la conjetura es plausible: Porque tiene miedo la derecha, insulta, miente, manipula, persigue, atropella e incita a la violencia. No controvierte, patea. Y a cada coz destapa una nueva arista de la catadura que la emparenta con Bolsonaro, Maduro y el inefable Ortega de Nicaragua. Sorprendida por una oposición que se acercó a la presidencia el año pasado, que integra por vez primera una bancada que decide y saca inopinadamente casi doce millones de votos contra la corrupción, patalea la derecha. Acostumbrada a prevalecer por perrero, percibe el ascenso de la oposición y del movimiento social como amenaza de muerte. Afrentoso le resulta lo que en cualquier democracia es regla; y, desafiante, la depuración ideológica que rescata a los partidos del pantano donde todo se revuelve para mejor pesca de la suertuda derecha. Entonces echa mano de su recurso proverbial: el poder en bruto. Si no para segar la vida de un Leonardo Posada o un Carlos Pizarro en cruzada de exterminio de partidos enteros desafectos al sistema, para ponerles ahora bozal, hurtarles el derecho de representación política y, al pueblo, el suyo de elegir.
Retornando a la senda de acoso y conculcación de derechos, cercena esta derecha la representación parlamentaria de sus adversarios. Tras despojar a Mockus de su curul mediante fallo contradictorio del Consejo de Estado y a resultas de demanda de personajes cercanos al partido PIN cuya cúpula resultó procesada por parapolítica, quiere alargar la uña hacia otras cinco del Partido Verde. La senadora Angélica Lozano revela que viene en camino la anulación de las curules indígenas del partido Mais, no bien le quitaron la suya a Ángela María Robledo, estrella de las fuerzas alternativas, con curul por derecho constitucional de oposición que ocho millones de votantes refrendaron. Se preguntan por qué juzga el tribunal con rasero distinto casos iguales como los de Robledo y Marta Lucía Ramírez. O por qué no sanciona la doble militancia que en su momento ostentaron Viviane Morales y Germán Vargas.
Tan artero ataque contra la oposición, defensora de la paz, denuncia el miedo que ésta suscita en el uribismo. Ya el partido de Gobierno lanza puñales contra la JEP, ya Álvaro Uribe quisiera que sus contradictores saltaran del debate público al fusil; de modo que pudiera él volver a regodearse en la guerra, a esconder tras el humo de los cañones la temida verdad y a velar porque nada cambie en el campo. Ejes de su programa, que se depura sin pausa. Con la desmovilización de las Farc vino el destape: perdió el uribismo el último centímetro de hoja de parra que mal disimulaba su predilección por la violencia y el gobierno arbitrario. A su vez, despertó la Colombia contestataria del prolongado letargo impuesto por alguna oligarquía cruel, provinciana y abusiva que, tal vez asustada, vuelve a dar palos, y no precisamente de ciego. Es tradición: al primer amago de pluralismo y participación social, sale del closet la caverna.
Dígalo, si no, el hundimiento de las 16 curules de paz para las víctimas, a manos del conservadurismo en pleno. O el exterminio de la UP: miles de cuadros asesinados allí donde ese partido vencía en las urnas. O la masacre de Segovia en 1988 que rubricó el horror con un aviso: “no vuelvan a votar por la UP; eso les causa la muerte”. O la brutal decapitación de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) en los 70. Con la terrible excepción de los líderes sociales en el campo, el asesinato físico de dirigentes se ve ahora desplazado por una estrategia que apunta a la abierta negación del pluralismo, del debate, del derecho de oposición y de la democracia. Ofensiva temeraria que no puede emanar sino del miedo.
por Cristina de la Torre | Abr 23, 2019 | Abril 2019, Corrupción, Impunidad, Política agraria, Tierras, Uribismo
En la grosera obstinación de la caverna por acaparar más y más tierras y privilegios, sorprende como una flor exótica el proyecto de catastro. Si recortado, dirá en todo caso qué tierras hay, de quién son, cuánto valen y cómo se usan. Y suministrará fundamento técnico a la legalización de predios sin título de propiedad, y al diseño de modelos de desarrollo rural. Decisión sustantiva que el notablato del campo contemplará ahora con ojos menos inflamados, porque presenta dos vacíos de fondo: primero, elude una justa derivación del impuesto predial sobre el real valor de la tierra; segundo, margina de la elaboración del catastro a la comunidad, fuente inestimable de información sobre historia legal de predios. La iniciativa convive, empero, con proyectos de entraña uribista que extreman la ancestral concentración de la propiedad agraria, legalizando el despojo que hizo su agosto en la guerra. Un proyecto de María Fernanda Cabal contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras bendice la “inocente” adquisición de millones de hectáreas arrancadas a sus dueños. Otro proyecto, incorporado al Plan, legaliza el asalto masivo de baldíos con destino original a pequeños campesinos.
Cerezas del pastel de inequidad en el tercer país con mayor concentración de la tierra, donde 68% de la población campesina sufre pobreza aguda o miseria y sólo se explotan 7,6 de los 40 millones de hectáreas de tierra feraz. Arquetipo en el que, pese a la expansión de la agroindustria, el latifundista improductivo es rey, y paria, el campesino. Tierra sin hombres y hombres sin tierra, el modelo ha sido motor del conflicto. Pero los señores de la guerra se apertrechan de nuevo en lo “suyo”, contra la reforma rural que es eje del Acuerdo de Paz, y celebran la ausencia de partidas para restitución de tierras en el Plan de Desarrollo. Ya reorganizan ellos sus ejércitos antirrestitución.
La iniciativa de la senadora Cabal destruye el núcleo de la ley de restitución: la inversión de la carga de la prueba. No será ya el nuevo propietario quien deba demostrar que compró de buena fe, sino el dueño original quien deba demostrar que lo es y que fue despojado. Si de 6,5 millones de hectáreas usurpadas se han devuelto apenas 338.000, es de suponer que en este Gobierno caería la cifra dramáticamente. Y no sólo en virtud de aquel proyecto –si prospera– sino de los ejércitos antirrestitución. Mercenarios enganchados por la élite más reaccionaria del campo para “exterminar” a todo el que reclame tierra o verdad, reaparecieron el 11 de abril contra una comisión del Ministerio de Agricultura para dejar cuatro policías agonizantes. Por su parte, la invasión de baldíos quedaría amparada por la figura de prescripción adquisitiva, que suplanta a la legal de adjudicación por el Estado. En 25 años se habrían entregado 376.000 hectáreas por prescripción. Insólito.
Aunque limitado, el catastro marcharía en dirección de la paz: empezaría por los 170 municipios más flagelados por la guerra, que podrían así planificar su desarrollo. Además, avanzaría información para el ordenamiento social de la propiedad y resolución de conflictos por la tierra. Si es que la caverna y sus ejércitos no frenan este cambio, sin el cual no habrá paz. Si no se serena Álvaro Uribe, cuyos arrebatos crecen conforme se desploma su prestigio. Si sus prosélitos no asumen la dignidad del cargo que representan. Como Myriam Martínez, alta funcionaria oficial que se postra de hinojos ante una deshonrosa solicitud de su “presidente” Uribe. Ya se ve: espinas como puñales tendrá que sortear el cogollito de catastro que está por nacer. Sean los demócratas la partera que le permita florecer.
Coda. En la atmósfera neofascista que se respira, quieren matar al brillante escritor y periodista Juan José Hoyos. ¿Qué dice el Gobierno?
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2019 | Abril 2019, Derecha, Iglesias, Mujer
Difícil fungir de humanista y demócrata defendiendo un evento que respira los aires del neofascismo internacional; que va de Trump a Erdogan, a Bolsonaro, a Colombia Justa Libres y al ala más recalcitrante del uribismo. Podrá María del Rosario Guerra barnizar de rosadito el rugiente fundamentalismo de la que este diario llama cumbre mundial del oscurantismo; pero lo dicho, dicho está. Y no es precisamente la defensa de los valores (¿cuáles?), de la familia (¿cuál?), de la vida (¿de quién?), de la libertad de conciencia y de culto, como lo proclama en carta a El Espectador la senadora por el Centro Democrático. Todo lo contrario. Se abundó en pleno Capitolio, con rabia, contra la llamada ideología de género (ficción cultivada en los surcos más oscuros de la caverna para desconceptuar la paz). Para convertir en política de Estado el principio religioso que denuesta el aborto, la familia homoparental, la eutanasia. Para volver al Estado confesional. En suma, para resolver la crisis de la civilización occidental destruyendo sus conquistas: la libertad, el pluralismo, los derechos ciudadanos. Peligrosa involución a un pasado de opresión y guerras de religión que las revoluciones liberales rebasaron hace siglos. Que no son la panacea, pero sí un paso de gigante hacia la convivencia cimentada en la ley civil. En la separación de religión y política, disuelta aquí por la estrategia de “un fiel un voto”.
En el escrito de Guerra las palabras engañan. Por sesgo. Y por contradecir el quehacer político de la autora, de su partido y su líder. Defiende ella la vida del cigoto mas no la de la madre que, negado su derecho al aborto terapéutico, fallece o queda prisionera de una criatura condenada de por vida a la tragedia. Exige respeto a la objeción de conciencia, acaso no tanto como derecho del objetor sino como barrera final a la larga cadena de obstáculos que sabotean el derecho al aborto. Propone extender la objeción de la persona natural a la persona jurídica, de modo que médicos y hospitales, todos a una, frustren el procedimiento. Tampoco parece importarle mucho la vida de muchachos que mueren por miles en la guerra que su partido promueve. Ni hablar de su silencio ante el insólito lapsus del senador Uribe cuando aconseja el recurso a la masacre del movimiento social. ¿Es todo esto proteger la vida?
La apelación de Guerra a los valores liberales es puramente retórica. Y equívoca la de aquella cumbre sobre libertad de cultos. Hace más de tres siglos abogó Locke por la libertad de conciencia y de religión que, no obstante, la ley debía proteger contra los embates de la política. Repudió la imposición coactiva de una fe a toda la sociedad, su conversión en medio de dominación política. Abogó por el poder del Estado como instancia neutral frente a las religiones. Y dijo que el poder del gobernante llega hasta la protección de los derechos civiles (vida, libertad y propiedad); que no puede extenderse a la salvación de las almas.
Tras larga interferencia de la Iglesia Católica en el poder del Estado, entronizó la Carta del 91 la libertad religiosa y de cultos. En triunfo resonante, consiguió Viviane Morales traducirla en ley. La norma es taxativa: el Estado garantiza libertad de cultos, pero ninguna confesión religiosa será estatal o tendrá carácter oficial. Mas, en su carrera hacia el Estado confesional, la propia Morales y sus prosélitos han desnaturalizado la norma: proponer una ley que concede el derecho de adopción sólo a la familia bíblica es negárselo a la mayoría y reducir el poder el Estado al poder político de una fe en particular. La libertad de credos es corolario natural del Estado laico. No del Estado confesional que aquella cumbre persigue, bien trajeada de eufemismos. Oscurantismo medieval ensamblado en neofascismo: el lobo feroz disfrazado de Caperucita.
por Cristina de la Torre | Abr 9, 2019 | Abril 2019, Salud
Si no es globito electorero del uribismo, apuntaría al control de precios que ya Alejandro Gaviria ensayó. Colada entre insinuaciones de declarar borrón y cuenta nueva para la billonada de deudas contraídas entre EPS, hospitales y el Estado –punto final de ostensible ventaja para las primeras– una luz de esperanza habría brillado esta semana. Julio César Aldana, director de Invima, retoma la idea de abrir el mercado a genéricos de fármacos biotecnológicos cuando los precios de monopolio han puesto el sistema de salud al borde de la quiebra. Precios de multinacional farmacéutica que pesan abrumadoramente sobre los recobros por medicamentos que en el último año representan 20% del gasto público en salud. Propone el funcionario echar a andar el decreto de 2014 que les abre a los monopolios competencia, en particular al grupo de biosimilares. Clásica manera de quebrar precios. Para facilitar el acceso a medicamentos como factor medular del derecho a la salud; y para alivio sustancial de los costos del sistema. De un sistema orientado por desgracia a satisfacer la gula de multinacionales, algunas EPS y clínicas privadas.
Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos y directivo de la Federación Médica Colombiana, revela que en los últimos cinco años aumentaron los precios del mercado farmacéutico en $5,4 billones. Casi todo por medicamentos no-pos, los más caros, que no pagan las EPS sino el Estado. Se han reanimado ahora estos recobros, tras haber amainado con el control de precios del Gobierno anterior.
Todo comenzó, recuerda Andia, con la libertad absoluta de precios decretada por la Administración Uribe en 2003. Muchas medicinas se vendieron a precios hasta veinte veces por encima de los internacionales. El efecto fue devastador. No sólo para el ciudadano de a pie, sino para el Estado que debía desembolsar billonadas por recobros de las EPS. Vino luego un período de estabilización entre 2011 y 2013, y un nuevo crecimiento entre 2014 y 2017. Ocurrió que la regulación en biotecnológicos del Gobierno Santos redujo dramáticamente los precios, sí. Pero las multinacionales neutralizaron el logro con un aumento desproporcionado de la oferta de estos fármacos. Vendieron a menor precio pero en cantidades extraordinarias. Los recobros por estos biotecnológicos son astronómicos y siguen mandando la parada.
Para nuestro analista, la viabilidad del sistema de salud en Colombia depende no sólo de perfeccionar la regulación de precios y extenderla más allá de los biotecnológicos, sino también de otras medidas estructurales. Como esta de atacar el monopolio y el abuso de posición dominante mediante competencia abierta de fármacos en el mercado. Además, fijar precios a la entrada, expedir declaratorias de interés público y exigir licencias. Y, por supuesto, estimular la producción y la innovación de nuestra propia industria farmacéutica. No apenas protegiéndola de importaciones sustitutas sino con una política que obligue a transferir tecnología a cada cesión de un nicho de mercado. Finalmente, el Gobierno podría centralizar las compras y proteger el autoabastecimiento del país con productos genéricos. Como se estila en la India, se entroniza en Argentina y Brasil, y se estudia ya en toda Suramérica. Y concluye: una política de fomento a la industria nacional tendrá que pasar por apoyar los genéricos y abrir el abanico de la competencia.
Mas esta política no podrá emanar sino de revolcar la Ley 100, para devolverle al Estado la iniciativa, la dirección del sector y el control de sus recursos. El buen éxito de la iniciativa de Aldana dependerá de su determinación para suprimir privilegios a EPS privadas. Y para vencer el miedo al gringo, jefe del sumiso, humillado presidente que es jefe del director de Invima. ¿Lo logrará?
