por Cristina de la Torre | Sep 10, 2019 | Agosto 2019, Corrupción, Reforma Fiscal
Va aprobando rauda, complacida, la reforma de control fiscal que el contralor Felipe Córdoba propone. A sólo dos debates pendientes, la aplanadora parlamentaria acogerá medidas para prevenir el riesgo de asalto al erario, pero asegurándose de que naufraguen en las contralorías regionales. Conocedoras imbatibles de las artes que conducen al robo de los recursos públicos, estas mayorías de la politiquería se avienen a mecanismos de advertencia anticipada en contratos con el Estado, mas no tocan las cuevas de Alibabá donde éste pierde $55 billones al año y recupera la migaja del 0,4% del saqueo. “El parágrafo [que mantiene las contralorías] fue construido con el Congreso, no por la Contraloría”, le confiesa Córdoba a Yamid Amat, “y yo respeto la autonomía del Congreso”. Extenuante debió de ser el muñequeo con este megapoder de la venalidad, que por enésima vez canta victoria. Para no mencionar el reparto de puestos a los honorables entre los 1670 nuevos cargos que el contralor estima necesarios para tecnificar la entidad y darle la eficacia que le falta.
Podrá el funcionario dotarla de especialistas, podrá vigilar en tiempo real y sumar al control posterior el de advertencia contra el pillaje, pero quedará montado el aparato que sostiene el modelo yo te elijo-tú me vigilas, fuente viva de corrupción. De las 32 contralorías departamentales, sólo dos presentan riesgo moderado de corrupción; la abrumadora mayoría ofrece riesgo alto o muy alto, dice Transparencia. Elocuente el caso del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, apresado esta semana por encabezar una red de alcaldes y funcionarios que traficaba fallos contra dinero, puestos, contratos y bienes muebles e inmuebles. Su riqueza alcanzó $13.000 millones en un suspiro. Botón de muestra que confirma la regla: el mandatario elegido paga sus votos con puestos y contratos; concejales o diputados nombran a sus respectivos contralores, que reciben canonjías por engavetar hallazgos fiscales en la contratación. Las contralorías son instrumento privilegiado de la repartija entre partidos: es el modelo político.
Si la ley no modula la reforma en ciernes, si no elimina las contralorías regionales, Córdoba verá impotente el efecto contrario al que dice buscar: su reforma agudizará la politización de la entidad y la recuperación de las billonadas perdidas será un sueño. Ojalá el control de advertencia no derive en coadministración, en cuya virtud podrían los funcionarios de la contraloría (y los políticos que los avalan) usar su poder de veto para negociar coimas con los contratistas del Estado, so pena de paralizar proyectos.
Siempre uñón, impúdico, se apresura el Consejo Gremial a proponer la creación de un consejo asesor público-privado, dizque para acompañar a la Contraloría en estos menesteres. No creo que el contralor general deba tener una junta directiva para ejercer el cargo que la Constitución y la Ley le confían, replicó al punto Felipe Córdoba. Esa no es función de los gremios que, además, “son sujeto de control porque algunos de ellos administran recursos públicos. La Contraloría es un órgano autónomo […] los gremios existen para defender intereses privados; la Contraloría, para velar por el interés público”.
En la trágica disyuntiva de escoger entre dos males (la clase política y el gran empresariado), se inclinó el contralor por la primera. Mas no todo se ha perdido: si no fuera dable suprimir las contralorías regionales, que se escojan los contralores por concurso de méritos, público, monitoreado por académicos de las más altas calificaciones éticas y profesionales. No más empujar la roca cuesta arriba, condenados, como Sísifo, a verla rodar de nuevo para reemprender eternamente la faena.
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2019 | Agosto 2019, Corrupción, Salud
Se desborda Gustavo Morales, portavoz de las EPS, en elogios a la política de salud consignada en el Plan de Desarrollo y el Acuerdo de Punto Final. Signo ominoso de que no será éste el gobierno que ataque las causas de la crisis, llegada a su clímax tras 27 años de larguezas del Estado con los mercaderes de la enfermedad. No tocará el modelo Ley-100, en virtud del cual renuncia el Estado a prestar el servicio público de salud, derecho fundamental que confía a negociantes particulares; a quienes entrega, por contera, los fondos del sector y su manejo, a la mano de Dios, sin vigilancia ni control. Funciones por lo demás impracticables, pues el poder público se despojó de su sistema de información y de las herramientas de regulación necesarias para modular sus deudas, contener el desangre por robo continuado de recursos y desfalcos faraónicos como el de Saludcoop. El ministro de la cartera parece debatirse entre el anhelo de acertar y el deber inescapable de apadrinar un modelo de salud agonizante en la opulencia de las EPS; en la negación del servicio a la ciudadanía, en una retórica de “equidad” que es hoja de parra de medidas enderezadas a remachar el paradigma de la salud como negocio.
Hará bien el Gobierno en pagar sus deudas a las EPS y saldar directamente las de los hospitales. Pero tendrá primero que saber cuánto se debe, a quién y por qué. Y ¿cómo hacerlo si carece de información propia, si en lugar de forzar la intervención de los entes de control se enreda licitando una auditoría independiente? ¿Otra hojita de parra para velar la invitación del Plan a la “autorregulación de los gastos entre agentes de la salud?
Se propone el Gobierno, de otro lado, marcarles techo a los recobros de las EPS. Más allá de la sana intención, el efecto previsible, según Carolina Corcho, Vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, es que éstas reducirán más costos negando servicios y maniatarán a los médicos. Por encima de la Constitución que manda suprimir el sistema Pos-Nopos y cubrir casi todos los servicios con los recursos que el Estado les gira (UPC), porfiarán en lo que saben hacer: Si se mantiene el Nopos, las EPS podrán apropiarse parte sustancial de la UPC y cobrar –a menudo fraudulentamente— la mayoría de servicios por Nopos. Negocio redondo.
Tres perlas del Plan de Desarrollo dan lustre a este modelo de capitalismo montarás: primero, involuciona a la villanía del exministro Palacios que se aplicó en tiempos de Uribe a cerrar hospitales públicos por no ser “rentables”. Como si no derivaran sus penurias en gran medida de las platas que les adeudan. Como si valiera un higo la rentabilidad social. Segundo, dizque por principio de solidaridad, sacarán del Sisbén a los menos infortunados entre desdichados: 2.500.000 pobres tendrán ahora que cotizar para salud. Tercero, el Plan propone recortar el presupuesto de salud pública: la cuarta parte se convertiría en “subsidios a la oferta” (a las EPS), y los recursos no ejecutados pasarían a la Nación.
Concluye la doctora Corcho que el Acuerdo de Punto Final no corrige las fallas estructurales del sistema, origen de las deudas: “El Gobierno compra tiempo con recursos de los colombianos, aplaza la debacle”, y perpetúa el negocio de la salud. Una vez más, se trueca la misión social de la salud pública por el interés comercial. Con el agravante de que la crisis financiera y misional del sistema podrá ahora postrarlo hasta desaparecerlo. Remedios a la mano: en vez del utópico “sinceramiento” de las cuentas, imponer la intervención de los entes de control. Y allanarse al mandato de la Ley Estatutaria de Salud. Lo demás es dar un salto atrás… o al vacío.
por Cristina de la Torre | Ago 17, 2019 | Corrupción, Impunidad, Julio 2019
Me honra ceder hoy este espacio a la pluma de Isabel Cristina Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos, conjunto de asociaciones de pescadores, mujeres, barequeros, agricultores y jóvenes de las comunidades afectadas por Hidroituango. Cristina de la Torre.
Insólito. Los ministerios de Ambiente y Minas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las autoridades de Hidroituango, entidades todas del Estado, se declararon inhibidas para adelantar un estudio independiente que definiera si la obra continuaba o no, por el riesgo que presenta para las comunidades y para el país. Por lo visto, el Estado autoriza megaproyectos que, en la eventualidad de una tragedia, no puede controlar. El abandono social y económico de la población del cañón del Cauca aumenta ahora y se proyecta también al territorio.
Por los daños y riesgos derivados de la construcción de la presa, en respuesta a denuncia penal ambiental interpuesta por las comunidades afectadas, articuladas en el Movimiento Ríos Vivos; y a denuncia por fraude procesal en cabeza de la propia ANLA contra Hidroituango y EPM, la justicia decretó medidas cautelares. Se creó una Mesa Técnica que encarara la incertidumbre que nos rodea, desde la cuna misma del proyecto y, en particular, desde abril de 2018, cuando estalló la crisis. Una mesa que le dijera al país si la presa se va a caer o no, y qué riesgo presenta para las comunidades. Aunque la ANLA suspendió la obra en junio del año pasado, EPM continuó con los trabajos. Y miente. Dice que su prioridad somos las comunidades, pero no evacúa las aguas represadas, una bomba de tiempo que nadie controla.
Pero las entidades allí sentadas temen asumir responsabilidades y se declaran en “imposibilidad técnica” de actuar. Mas no le faltó al ministerio audacia para darle licencia ambiental en tres meses; ni a los constructores para iniciar la obra sin estudios de detalle, sin plan de gestión del riesgo, sin estudio real sobre la población afectada. Olvidan intencionalmente que la emergencia no empezó con la orden del juez sino hace casi año y medio. EPM no cumplió su obligación de realizar audiencias públicas con las comunidades para que éstas conocieran los impactos potenciales antes de iniciar la obra. Salvo una, en Liborina, reducidísima, donde nada pasó.
ANLA sabía que EPM llenaría el embalse como fuera; sabía que cerrarían las compuertas y matarían miles de peces. Hoy no sabemos qué pasará si tiembla; si no sale el agua por el vertedero; si vuelve a destaparse el túnel colapsado; si el vertedero no aguanta; si las montañas no aguantan; si nosotros no aguantamos más; si las aves y los peces no vuelven; si nos seguimos enfermando, si la vida se sigue cayendo a pedazos.
Ante la falta de estudios serios sobre la viabilidad de la obra y la acumulación de graves errores técnicos que ponen en riesgo a cientos de miles de personas y con grave afectación del ambiente, las comunidades llegamos a una conclusión: Hidroituango debe ser desmantelada en forma controlada, pues el riesgo no desaparecerá.
Más allá de los procesos judiciales, los líderes corremos alto riesgo. Al último ataque a nuestra sede, el Estado no responde, la Policía no va. Nos acusan de oponernos al desarrollo. Pero desarrollo no puede haber en el hambre, la violencia y la destrucción generada por este megaproyecto. En Colombia están matando a los que proponemos un país distinto. Pretenden asesinar el pensamiento democrático. Y los líderes sociales somos denuncia, convocatoria, ideas para la construcción colectiva, lucha contra la desigualdad y la injusticia. Lucha contra el falso desarrollo de obras como esta de Hidroituango, construida contra el hombre y contra la naturaleza. El rio Cauca tiene derecho a correr libremente.
*@IZAZULETA, @RiosLibresAnt, riosvivoscolombia.org
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2019 | Agosto 2019, La paz
Contra la JEP activan su batería letal, a la vista de todos; contra su hermana, la Comisión de la Verdad, cierran el cerco solapadamente. Ya por estrategia de largo aliento, ya por tramas de política menuda, ya para asegurar la impunidad de muchos en los círculos del poder, este Gobierno y su partido le han declarado la guerra a la verdad. Les resulta intolerable a fuerzas políticas que cifran su quehacer en la guerra y mandan a mansalva. A contrapelo de la realidad, porfía esta ultraderecha en negar la existencia de un conflicto armado en Colombia. Argumento al canto para obstaculizar el esclarecimiento de sus raíces, de sus impactos en la sociedad, de sus responsables más allá de las Farc.
Es que la Comisión indaga en los intrincados vericuetos del sufrimiento y del miedo, hasta dar con las causas de una guerra que se ensañó en la población inerme. Hasta lograr el reconocimiento de las víctimas; el reconocimiento de sus actos por responsables morales y políticos del dolor causado; el reconocimiento de acciones de resistencia y superación de las comunidades en pleno fragor de la contienda. Hasta proponer caminos de reconciliación que permitan convivir en la diferencia, y cambios capaces de erradicar para siempre el recurso a la violencia en la política y en el conflicto social.
Del esclarecimiento de lo vivido surgirá un relato histórico matizado por la convergencia de perspectivas diversas que rescate el pasado, reinterprete el presente recogiendo la experiencia acumulada, y despeje el horizonte del porvenir. Y no se limitará a compendiar verdades: las verificará y contrastará con fuentes varias para asegurar la consistencia de los hechos y lograr un relato plural. Se trata de alcanzar explicaciones integrales sobre qué pasó, por qué pasó y quiénes fueron los responsables. Gracias a la exploración directa con víctimas y victimarios en todo el país, la Comisión identificará patrones de violencia y contextos explicativos del conflicto. Es decir, las circunstancias sociales, económicas y culturales que lo rodearon. Según los comisionados, estos contextos desbordan la descripción de los hechos y estudian sus porqué y sus paraqué.
Embrollada tarea cuando puede saltar como la liebre una víctima que mutó en victimaria. O pulverizarse los estereotipos: ¿cómo trueca un comandante de brigada su deber de protección al ciudadano en ambición de recompensa por convertirlo en falso positivo? ¿Cómo un Mono Jojoy, dizque vocero del pueblo, tortura y encierra en campos de concentración durante años y años a cientos de secuestrados?
Nada tan amenazante como la verdad para quienes querrán repetir el pacto de silencio que amparó a los promotores de la violencia liberal-conservadora, ahora en cabeza de los instigadores de esta guerra contra el pueblo justificada en la confrontación entre insurgentes y contrainsurgentes. Se entenderá el asedio a la Comisión de la Verdad. La ruidosa ausencia del Presidente en su ceremonia de inauguración. El recorte de 35% a sus fondos. El hostigamiento contra la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país, por su eficiente apoyo a nuestra justicia transicional, que es ejemplo para el mundo. La decapitación del Centro de Memoria Histórica, fuente excelsa de información sobre la guerra, en trance de deformarse al gusto de la historia oficial que Duque reinaugura.
Perdió la caverna ya su primer round con la firma de la paz. No es seguro que pueda ganar éste contra la verdad, pues la Comisión contribuirá a sanar las heridas de la guerra. Justamente porque entiende que el conflicto no es una fatalidad sino resultado de factores que se pueden cambiar. Y porque arrestos no le faltan para luchar contra viento y marea.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2019 | Agosto 2019, Salud
Por lo visto, el acuerdo de punto final entre Gobierno y EPS para sanear las finanzas del sector Salud será la coronación del modelo atrabiliario que socializa pérdidas y privatiza ganancias. Asume aquí el Estado parte sustantiva del pasivo de las EPS y lo convierte en deuda pública que los colombianos tendremos que pagar. Son acreencias que las aseguradoras de salud han contraído con los hospitales, y los asfixian. Una billonada. Como billonada será también el pago que aquellas reciban por procedimientos y medicamentos NoPOS, sobre una facturación a menudo tramposa, exorbitante, apenas depurada de inconsistencias que saltan a la vista. Como la de cobrar dos veces por un mismo servicio o por pacientes ficticios o por prescripciones no probadas, y cuyo “sinceramiento” confía el ministro mayormente a la buena fe de buitres que pasan por palomas.
El recobro de medicamentos NoPOS se duplicó en los últimos cinco años. Ante la explosión de costos con cargo a estos recobros, mina de oro de EPS y farmacéuticas, alarma el diagnóstico del Observatorio de la Federación Médica Colombiana: “avanzamos inexorablemente –dice- hacia el colapso financiero del sistema de salud; actores con poder se apropian los recursos y a pacientes se les niegan los servicios”.
De los $10,1 billones que se les adeuda a los hospitales, sólo la décima parte le corresponde al Gobierno. Por casi todo el resto deben responder las EPS, salvo alguna porción de gastos que el Adres deberá reembolsarles, si se prueba la autenticidad de los cobros. Mas, en lugar de obligar a las EPS a pagarles a clínicas y hospitales, el ministerio se precipita a ofrecer, como graciosa concesión, la redención de una porción enorme de esos pasivos. Se habla de pagos en salmuera de $5,2 billones a las EPS del régimen contributivo y de $1,2 billones al subsidiado. Según la Asociación de Clínicas y Hospitales, los mayores deudores de los hospitales son las EPS del contributivo, señaladamente la Nueva EPS, Coomeva y Medimás. Las EPS públicas les deben $2,9 billones.
Por su parte, la Corte Constitucional se pronuncia contra el crecimiento incontenible de recobros de las EPS por medicamentos en el NoPOS. Carolina Gómez, investigadora de la UN, habla de “recobro imparable, invencible, insostenible”. Pfizer vendió a $112.167 la droga Xalatán, que valía $14.933. Por sobrefacturación en siete medicamentos, recibió multa de $83 millones; pero había hecho utilidades ilegales de $3.817 millones.
Dice el Gobierno que quiere pagar las deudas en Salud. Pero no propone una metodología sólida para habérselas con el maremágnum de datos, papeles, recibos y facturas, hechizos muchos, deformados otros, verdaderos los menos, un caos que se reproduce como alimañas en la sobra. En la oscuridad que a todos conviene, porque es en la incertidumbre y el misterio donde los mercaderes de la salud cosechan, atesoran y reclaman hasta alcanzar el premio mayor, en ciernes, bajo la figura de punto final. Si enredo hay en las cuentas del régimen contributivo, en las del subsidiado aquellas de seguro ni existen.
Todo indica que el acuerdo de punto final se contraerá a manejar desde el centro el cáncer terminal del NoPOS y a favorecer, por enésima vez, a los dueños de las EPS. Hábiles buhoneros de la salud convertida en mercancía, beneficiarios gratuitos de un Estado que traslada sus deudas a la ciudadanía inerme. Tal como ha querido hacerlo con la deuda que Odebrecht-Sarmiento contrajo con los bancos, en impúdica operación que el Consejo Gremial defiende. Es un modelo: el de trinca del Estado con corruptos de alto vuelo, sea en la Ruta del Sol, sea en la mercantilización de la salud.
por Cristina de la Torre | Jul 21, 2019 | Impunidad, Julio 2019, Paramilitarismo, Política agraria, Tierras
No cabe duda: se despliega en Colombia una campaña de terror calculada para exterminar a los líderes naturales del pueblo, savia de la democracia, y volver al régimen de fuerza que a cada víctima pide pista. Son reclamantes de tierras usurpadas, promotores de la sustitución de cultivos, líderes de Acción Comunal, aspirantes a cargos de representación política y portavoces de comunidades étnicas. Contra ellos disparan guerrilleros del ELN, disidentes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y, por abrumadora mayoría, el narcoparamilitarismo y sus aliados en política y negocios. Fuerzas vivas del poder local en los territorios.
Los que apuestan a que nada cambie, porque es en el abuso de poder, en la tradición de inequidad y violencia como medran ellos y se enriquecen. El 72% de estos asesinatos tiene lugar allí donde despuntan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Y el Gobierno apenas si actúa. No le alcanza el faraónico poder militar y jurisdiccional para neutralizar a los paramilitares, a sus brazos político y económico. No se atreve contra los incitadores, inspirados arquitectos de la matanza, conocidos de autos cuyo señalamiento le costaría la vida al ciudadano inerme. Y desdén a la valiente Defensoría del Pueblo, cuando no grosera desnaturalización de sus alertas tempranas. ¿A qué tanta cobardía del poder público frente a estos matones? ¿A qué el irresponsable diagnóstico del Gobierno que revictimiza a los sacrificados mezclándolos en el caldo del narcotráfico? ¿Ineptitud? ¿Secreta complacencia entre entusiastas del partido de Gobierno?
Partidos, organizaciones sociales, gremios, iglesias, sindicatos, académicos, la más diversa convergencia reunida en Defendamos la Paz (DLP) invita a protestar este viernes en calles y veredas contra esta carnicería. Contra el asesinato de “cientos de personas que defienden los derechos de las comunidades rurales a la vida digna, a la preservación de sus territorios, a la protección de los ecosistemas y del agua, al cumplimiento del Acuerdo de Paz y a la restitución de tierras. Este baño de sangre debe terminar”. La CUT y Fecode suscriben el llamado y abogan, además, por la restitución de tierras, la sustitución de cultivos y la participación política de las víctimas. Emplazan al Gobierno a proteger a los líderes, a frenar el régimen de terror que se instaura nuevamente.
Y es que, al parecer, no ve el Gobierno lo que no quiere ver. O lo ve al revés. El Consejero para el Posconflicto insiste en atribuir la masacre de líderes a enfrentamiento entre sujetos dedicados al delito. Y el Comisionado de Paz los asocia a cultivos ilícitos. A un pronunciamiento de Ceballos en esa dirección el 11 de julio en Córdoba respondió José Daniel Ortega, vocero de la Asociación Campesina de ese departamento, adjudicando la matanza a la incapacidad de la Fuerza Pública para controlar a las organizaciones ilegales, no a la existencia de cultivos ilícitos. “El territorio se lo están peleando porque es un corredor estratégico (para el narcotráfico) que el Gobierno no ha podido controlar”, precisó. Andrés Chica, líder social en Tierralta, explica que tras los asesinatos se juntan paramilitarismo, conflictos por la tierra y poder político.
El ministro Botero, en quien lo desangelado no quita lo siniestro, niega el regreso del paramilitarismo, y matiza su versión, a la Pambelé: “(Yo) diría que hay gente mala matando gente buena”. En todo caso, parar la matanza pasa por soluciones integrales acordadas con organizaciones sociales como la Acción Comunal. Y por identificar a sus autores intelectuales. Mauricio Cabrera escribe: “La cuestión relevante no es quién está matando a los líderes sociales sino quién los manda matar”. Pregunta consorte del grito que resonará este viernes 26 de julio: “¡Ni uno más!”
por Cristina de la Torre | Jul 21, 2019 | Acuerdos de paz, Clientelismo, Corrupción, Derecha, Julio 2019, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo
No le basta a la caverna con sabotear la devolución de las tierras robadas en la guerra; va también por los baldíos. Al proyecto de ley de María Fernanda Cabal contra la restitución de predios se suma ahora el del copartidario Rubén Darío Molano, para desmontar el último instrumento de reforma agraria: la Ley 160 de 1.994, soporte de la Reforma Rural suscrita en el Acuerdo de Paz. Tal contrarreforma volvería picadillo lo que queda de economía campesina, en el altar de la gran propiedad rural. Y, en su anhelo de reavivar la contienda, agudizaría esta derecha rapaz el conflicto agrario del que se nutre, sazonado en sangre, desde hace 200 años.
Carambola doble, en el país de mayor concentración de la tierra en el mundo: en lugar de trabajar sus haciendas, especula el latifundio con ellas y alarga su mano peluda hacia los baldíos de la Nación con destino legal al campesinado pobre. Contra la probada superioridad en productividad de la agricultura familiar sobre la gran empresa agroindustrial, el vocero del CD anuncia exultante el retroceso, que acabaría de sumir en la pobreza a 13 millones de pobladores del campo. Más tierra recibirían los grandes terratenientes y, por añadidura, una jugosa tajada de los $78,5 billones que en gabelas tributarias les concede este Gobierno a las élites. Para honrar tradición de privilegios en la cual Agro Ingreso Seguro fue un episodio más de raponazo de subsidios destinados a pequeños agricultores que aterrizaron en bolsillos de pomposos apellidos.
Si la Ley 60 reserva los baldíos para familias pobres, el proyecto del CD los entrega al grandes inversionistas, así no sean sujeto de reforma agraria. Si el baldío para el campesino sería de una Unidad Agrícola Familiar, el propuesto le reconocerá hasta 3.000 hectáreas al ocupante “de buena fe” antes de 1989. Convierte la expropiación (por falta de explotación) en “mecanismo residual” y, en consecuencia, también la redistribución de tierra. Porque las Zidres apuntan a la misma tierra de la pequeña agricultura.
El candidato a Nobel de Economía y colombianista, Albert Berry, ha demostrado que la productividad de la tierra es mucho mayor en pequeños fundos. Si cuenta con apoyo social, técnico y financiero, y si se le suministra tierra, el campesino crea más valor y empleo. Porque la agricultura familiar es intensiva en mano de obra, explota productos de alto valor y amplía la seguridad alimentaria de la población. José Leibovich probó que la economía campesina aporta el 60% a la producción agrícola total y 35% de los alimentos que consumen los colombianos. La productividad del minifundio sería 4 veces mayor que la de la gran propiedad. La talanquera está en el acceso a la tierra. Y en los apoyos financiero, tecnológico y comercial del Estado, acaso como quiso hacerlo el DRI.
Pero, se sabe, el acaparamiento violento de la tierra se amanceba con el poder político. La caverna del campo encubrió bajo el estruendo de la guerra su grosero engullir de tierras y más tierras; y hoy prepara la tarascada de gracia para eternizar el suelo patrio como su finca particular, a menudo en asocio del narcoparamilitarismo. De postre vino AIS, fondos públicos con los que remachaba Álvaro Uribe el apoyo de la crema latifundaria a su segunda reelección y, Uribito, el cupo para sucederlo. 51 aportantes a las campañas de elección y reelección de Uribe desembolsaron $687 millones y recibieron $44.000 millones entre subsidios y créditos blandos de AIS.
Sí, un vuelco se impone. Mas no para hundir más al campo en el infierno, sino para restituir predios, redistribuir tierra, desarrollar la economía campesina con el instrumental moderno e invertir la lógica del apoyo estatal, ahora para redimir al campesino y modernizar el campo. Vade retro este uribismo insaciable.
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2019 | Julio 2019, Narcotráfico, Política agraria
A todo Goliat le llega su David. Y ocurre a veces que, si al pequeño lo asisten buenas razones y voluntad de hierro, podría ganarle al gigante la partida. Este David es hoy Camilo Romero, el gobernador de Nariño que se declara en rebelión contra el descabellado plan de Duque de bañar en glifosato los sembradíos de coca, con grave riesgo para la salud del hombre y del ambiente. Y con pérdida de ingentes recursos públicos. Se la juega el mandatario regional contra la aplanadora de violencia física y económica dirigida al eslabón más frágil de la cadena del narcotráfico, los cultivadores de coca. Probado en mil batallas, lanza Romero en su tierra –primer productor de la planta– un plan piloto que suprimiría “hasta el último metro” del cultivo. Por concertación con las comunidades de cocaleros que, en lugar de erradicación forzosa y veneno, contemplarían cultivos alternativos avalados por el Gobierno. Tal como lo hizo el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, cuando eliminó, ofreciendo al cultivador otras opciones de vida, hasta la última hectárea de coca en ese departamento. Hazaña reconocida por la ONU.
Se la juega el nariñense también contra el alarde criminal y peregrino de que reduciendo al hambre a 300 mil familias dedicadas a cultivos ilícitos se conjura el narcotráfico. Mentira. Mentira interesada para ganar méritos con el patrón del Norte, que persigue la producción para disparar la rentabilidad del consumo. Hasta los menos avisados saben que de los 85.000 millones de dólares que el narcotráfico mueve, sólo 300 millones llegan a los cultivadores colombianos. El resto se enreda entre laboratorios de cocaína, exportadores y comercializadores para terminar, lavado todo, en las impolutas arcas de la banca mundial… y nacional.
Reafirma la Corte que sólo habrá aspersión si el Gobierno no logra concertación con las comunidades o sustituir cultivos. Pero éste no intenta una acción integral y quiere en cambio repetir la fracasada y costosísima aspersión con glifosato, medio infalible para provocar una crisis humanitaria. Recuerda Romero que en 2005 había en su tierra 3.875 hectáreas de coca; se asperjó sin medida y hoy son 45.000 las hectáreas sembradas. De los 70.000 cultivadores nariñenses, apenas 16.000 reciben ayuda oficial.
Ebrio en los soñados efluvios del glifosato, ignora el Gobierno experiencias que, de generalizarse, cortarían por lo sano. En 2013 se destruyeron en Caldas las últimas siembras de coca. El secreto: se pactó la solución con las comunidades, el Estado allegó bienes, servicios y abrió vías; convergieron organizaciones públicas y sociales con los órganos de gobierno para crear alternativas a los cultivos ilícitos y se estimuló la natural asociatividad de la gente, hasta pergeñar el remedio: primero fue la erradicación manual y voluntaria; luego, la ejecución de proyectos productivos acordada con la comunidad.
Tampoco, en su infinita liviandad, registra el Gobierno el horizonte de industrialización que la coca ofrece. Científicos llevan años investigando sus múltiples aplicaciones médicas y farmacológicas, maravillados del potencial que los alcaloides ofrecen en Colombia. No. Anda Duque desvariando en la economía naranja, fantasía infantil para el hada Campanita de Peter Pan.
Pero un grupo variopinto de parlamentarios presenta proyecto de ley que replantea la política de drogas: prioriza la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos, con acceso a tierras y a activos productivos. Volvemos a la pepa del asunto: perseguir al narcotraficante, al lavador, no al cultivador. Ejecutar la Reforma Rural Integral, con sus componentes sustantivos de entrega de tierra al campesino y apoyos para cultivarla a derechas. Condición necesaria para ello, la rebelión contra el glifosato que ya nuestro David emprendió.
por Cristina de la Torre | Jul 3, 2019 | Acuerdos de paz, Impunidad, Julio 2019, Justicia, Movimiento social, Posconflicto, Uribismo
Pese a la insustancialidad de Iván Duque, el presidente y su partido van pintando el cuadro de un gobierno que emula los regímenes de fuerza. Son sus trazos de brocha gorda: la criminal pereza de las autoridades para apresar y juzgar a los autores intelectuales del exterminio de líderes sociales; y la persecución (¿purga?, ¿tal vez eliminación?) de uniformados que señalan responsabilidad de superiores suyos en la comisión de falsos positivos. Tan amenazante este destape, que el uribismo precipita una propuesta de referendo para eliminar las Cortes (donde se ventilan las verdades de la guerra) y cercenar el Congreso.
Para sacar otros poderes públicos del sombrero de un líder venido a menos, reducido al afán de sobrevivir a la acción de la justicia. ¿Nostalgia de tiranías que convirtieron la voluntad general en fortín particular de algún egócrata, llámese Mussolini, Leonidas Trujillo, Maduro? ¿Purga en las fuerzas armadas, como la de Hitler contra sus tropas de asalto (SA) en la Noche de los Cuchillos Largos? ¿Cómo la de Stalin en el Ejército Rojo? ¿Cómo la de Maduro hoy contra uniformados que discrepan de la acción militar contra el pueblo desarmado? Hacia el desmonte del Estado de derecho conduciría el referendo en ciernes, si no fuera porque el prestigio del líder que lo mueve se desploma conforme se satura Colombia de la corrupción y de la violencia en las que nuestra ultraderecha es reina.
Si la ofensiva contra la JEP no ha dado tregua es porque miles de militares están declarando ante sus jueces; desde soldados rasos hasta oficiales de alto rango, en tren de identificar a los máximos responsables de atrocidades como los falsos positivos. Mientras diez generales preparan declaración, el soldado Yeris Gómez, verbigracia, sostuvo que en el Cesar hubo “un baño de sangre”, y alianzas de militares con los jefes paramilitares Jorge 40 y Alias 39. Según Semana, miembros del Ejército que han rendido testimonio son acosados por la inteligencia militar, reciben sufragios y amenazas de muerte.
De otro lado, el llanto de un niño ante el cuerpo de su madre asesinada, María del Pilar Hurtado, conmocionó al país. Era ella la víctima número 702 en dos años y medio de masacre de líderes sociales. Quince días antes, había alertado la Defensoría del Pueblo, pero la Policía desestimó en sendos consejos de seguridad la amenaza. A poco, caerían asesinados tres de los acosados. La cuarta del mismo panfleto del Clan del Golfo sería María del Pilar. Por descalificar la amenaza en vez de actuar, 70% de las alertas tempranas han resultado en el homicidio que se rogaba evitar.
En entrevista concedida a Cecilia Orozco, señala el presidente de Indepaz, Camilo González, que tras los sicarios “hay empresarios del enriquecimiento ilícito, políticos y agentes del Estado corruptos”. Que, sin la complicidad o el entronque con agentes del Estado, no podrían los narcoparamilitares crecer o reproducirse. Relaciona la airada oposición al Acuerdo de Paz con la violencia que se ejerce contra las comunidades y sus líderes. Y afirma: al Gobierno, al Centro Democrático y a la ultraderecha les cabe responsabilidad política en el recrudecimiento de la violencia.
Exterminio de dirigentes comunitarios; persecución a soldados que reivindican el honor del Ejército; creación de una red de informantes civiles que configura virtual policía política; embestida contra la libertad sexual y de pensamiento en la escuela y en la prensa son menjurjes que emiten aromas de fascismo. Otra cosa es que puedan invadir una sociedad diestra en mecanismos de supervivencia y con potencial electoral para hacer respetar la democracia y la paz. Acierta Claudia López cuando antepone al poder de la corrupción y la violencia el poder de la cédula, capaz de cambiar en las urnas la historia de este país.
por Cristina de la Torre | Jun 10, 2019 | Derecha, Iglesias, Junio 2019, Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Política agraria, Reforma Agraria
Contra todo pronóstico, para capear la desigualdad que se adueña de Estados Unidos y se creía patrimonio exclusivo del Tercer Mundo, los demócratas gringos desentierran la socialdemocracia del New Deal. Y los colombianos, la divisa liberal de López Pumarejo que, apuñaleada en la cuna, ha sobrevivido a trompicones hasta hoy, cuando el laureanismo blande de nuevo su guadaña. Al unísono con el oscurantismo cavernario que vocifera allá y acá, el neoliberalismo desmontó en el país del norte el Estado de bienestar y, en el nuestro, le bloqueó la entrada. Encima, patrocina aquí una virulenta campaña contra las instituciones primigenias de la democracia liberal.
Contra la libertad de pensamiento y de cátedra; contra la diversidad sexual y de modelos de familia; contra la real separación de iglesias y Estado; contra la reforma agraria que nunca fue, mientras hervía en sangre el conflicto por la tierra; contra la independencia de los jueces; contra el impuesto progresivo que el Gobierno de Duque ha reducido al ridículo. Si Roosevelt sorteó la crisis de los años 30 implantando el Estado de bienestar, intervencionista, López se limitó a pintar un horizonte de modernidad dentro de los cánones del Estado liberal y del capitalismo social. Una revolución, para la hegemonía de capataces que regía. Y que rige. Después de casi 90 años, como si no hubiera corrido el río de la historia, habría que rescatar el programa de López Pumarejo.
Bajo el efecto de demostración de la Revolución Mexicana, con su reforma agraria y clerical que impactaba por doquier, el modelo de López apuntó a industrialización; a reforma agraria atada al principio de función social de la propiedad, para modernizar el campo y presionar la explotación de la tierra; a impuesto directo y progresivo para financiar la política social desde el Estado. Se batió por Estado y educación laicos, que el conservatismo filofranquista y la Iglesia tuvieron por asalto a la moral cristiana, por instrumento de la bestia liberal contra la familia en la heredad de Cristo-Rey y, en materia agraria y fiscal, por usurpación de la propiedad. Entonces fue la Violencia. María Fernanda Cabal no sólo niega hoy la opción de una reforma agraria sino la restitución de las tierras robadas.
Emulando a Monseñor Builes, les niega Vivian Morales derechos a la mujer y a los homosexuales. Otra audacia de su partido religioso, el ojo puesto en el Estado confesional que fuera meca y respuesta del partido azul a la Carta del 36. Por el mismo sendero camina John Milton Rodríguez, con proyecto que mata la libertad de cátedra y de pensamiento. Y el senador del CD, Juan Carlos Wills, con el suyo de crear un ministerio para imponer la minoritaria familia patriarcal como modelo único. Se ha revitalizado en Colombia el discurso fascista presidido por los vocablos inapelables de dios, patria, familia, propiedad y orden enderezado a imponer una república autoritaria y cristiana.
Guardadas diferencias, mucho del elán del New Deal se respira en López Pumarejo. Para enfrentar la depresión de los años 30, intervino Roosevelt la banca. Reactivó la industria mediante planes gigantescos de obras públicas. Planificó la agricultura. Elevó salarios e ingresos para reactivar la demanda, y con ella, la producción. Configuró un Estado de bienestar, con fuerte impuesto progresivo para financiar políticas públicas en salud, pensiones y seguro de desempleo. En línea parecida van hoy Bernie Sanders y otros precandidatos demócratas.
En Estados Unidos y en Colombia, adquieren Roosevelt y López vigencia renovada como alternativa al modelo neoliberal de mercados sin control para engorde de los tiburones y extinción de las sardinas, tropelías del sistema financiero e impuestos en picada para los ricos. Bienvenido el legado de los años 30.
