por Cristina de la Torre | Mar 29, 2017 | Iglesias, Marzo 2017, Régimen político
La Inquisición no es patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica. De ella echó mano también el calvinismo, para aplastar al disidente e implantar un régimen de terror en olor de religión que tiranizó la vida pública y privada de los asociados. Divergentes en su origen, el curso de la historia fue acercando, no obstante, a las jerarquías católica y evangélica en un mismo ideal de Gobierno de los sacerdotes, en un mismo prevalecer por la violencia. A la multitud de brujas y herejes del siglo XVII se fueron sumando nuevos réprobos cada vez: librepensadores, masones, alquimistas, Copérnicos y Galileos, liberales, comunistas, homosexuales y la mujer –ay, la mujer, adúltera, víbora corruptora del varón, homicida que antepone su vida a la del cigoto deforme– El pastor evangélico Juan Rocha acaba de quemar en una pira a Viviana Trujillo en Nicaragua, para ahuyentarle el demonio del adulterio.
Ayer quemó Calvino en la hoguera al predicador español Miguel Servet, con sus libros, por negar el misterio de la Trinidad; la “Trinidad inmóvil”, diría en Colombia Augusto Ramírez Moreno casi 5 siglos después, y encendió la Violencia. Otra guerra santa. Con el primer asesinato religioso se inauguró en aquella desventurada Ginebra de Calvino la primera quema de libros. En adelante fue práctica de todos los censores que en la modernidad han sido: Robespière, Stalin, Hitler, Pio Nono, Videla. Y nuestro Ordóñez, pueril imitador de aquellos, incineró textos malditos y despachó como procurador de un país laico con la Biblia, en favor de correligionarios suyos. Autoinvestidos de poder divino, cobraron esos déspotas con sangre el delito-pecado de pensar, de sentir y obrar en libertad.
Escribió Calvino la primera guía teológica y política de la doctrina evangélica. Toda crítica a su credo será por fuerza ofensa al poder político que lo representa. Para su secretario, la libertad de conciencia es doctrina del demonio y sus mentores deben morir. Pero este catecismo no es apenas una pauta de fe: ha de erigirse en ley orgánica de Estado. En 1536 se reúnen los ciudadanos de Ginebra en la plaza pública y deciden, por mayoría, vivir “según el evangelio y la palabra de Dios”. Declaran, por referendo, una religión oficial como la única permitida, y asimilada al poder del Estado. A poco sería aniquilada la católica. Hoy pretende Vivian Morales negar por referendo el derecho a la igualdad que asiste a las parejas gay. Querrá imponer por mayoría la ley de su dios particular sobre la ley civil que rige en Colombia para todos.
Dice Castellio, antagonista de Calvino en el conocido libro de Stefan Zweig, que el Estado no puede interferir en la opinión. ¿A qué, se pregunta, ese repugnante delirar con espuma en la boca cuando alguien tiene un modo distinto de ver el mundo? ¿Por qué ese odio mortal? Y reflexiona el autor: cuando un credo se hace con el poder del Estado, pone en marcha la máquina del terror; a quien cuestione su omnipotencia, le corta la palabra y, casi siempre, la garganta. Contra todo hereje (por raza, religión, orientación sexual, o por ideas) “las consignas, los pretextos cambian, pero los métodos de la calumnia, el desprecio y el exterminio son siempre los mismos”. En su Yo Acuso de la época, sentenció Castellio: “Matar a un hombre (por sus ideas) no es defender una doctrina. Es matar a un hombre”.
De persecución y muerte a manos de la intolerancia sabe El Espectador: desde la cuna sufrió cierres, cárcel su fundador, cerco del obispado por “atacar los dogmas de la Iglesia Católica”, y el asesinato de su director. Es milagro humano que sobreviva entre tanto jerarca de república cristiana que quisiera verlo arder en los infiernos.
por Cristina de la Torre | Mar 22, 2017 | Marzo 2017, Régimen político
Dos vertientes religiosas se disputan el protagonismo en las derechas de Colombia. Y se disponen a marchar guiadas por la divisa Dios-Patria-Familia, símbolo tantas veces convertido por el frenesí del poder en guerra santa. En primer lugar, un nutrido enjambre de pastores evangélicos parece respirar el aire de la dictadura de Calvino en Ginebra, fundador de la corriente protestante que castigó en la hoguera la libertad de conciencia, impuso por el terror una teocracia monocrática y catapultó el enriquecimiento de los elegidos de Dios. Como se enriquece hoy con diezmos de pobres nuestro pastor Arrázola y amenaza de muerte al periodista que libremente cuestiona su iglesia. De otro lado, una derivación ultramontana del catolicismo invoca la Inquisición y el fascismo español de Primo de Rivera, cuyo brazo derecho fue la Iglesia. Y su discípula criolla, la dirigencia conservadora-clerical que se dio aquí a la Violencia, en la mira la patria de Cristo-rey elevada a poder del Estado. Fanatismo reavivado por la secta lefebvrista de Alejandro Ordóñez y ensayado en el uribato del Padre Marianito.
La democracia liberal triunfó del absolutismo hace siglos para asegurar pluralidad de ideas y derechos civiles para todos. Pero los estragos causados por la economía liberal librada a la gula de los más ricos —y el desprecio de un laicismo dogmático por sentimientos religiosos que habitan en multitudes— provocaron la sorpresiva involución: vuelven las derechas a armarse con el atávico expediente de la fuerza y la arbitrariedad como palancas de un gobierno de Dios y para Dios. Calibrado el 2 de octubre su potencial de manipulación contra la paz, contra la libertad sexual y la educación laica, planean reagruparse sin ocultar ahora su más retardataria inspiración.
Fraseología, imágenes y propuestas suyas parecen entresacadas, a la letra, del jefe de la Falange española. Primo de Rivera marcó su fascismo con la impronta católica. Exaltó la violencia y la acción directa, la misma que Laureano llamaría acción intrépida; y enarboló banderas de Dios, patria, familia, propiedad y orden. Todo bajo la égida de un integrismo católico llamado a proteger la tradición contra la modernidad, la democracia y las libertades ciudadanas. Propugnaba en su lugar el regreso al absolutismo y a la Inquisición. Fue su divisa instaurar una república católica y autoritaria.
Lo fue también de Los Leopardos, cepa ideológica de la extrema conservadora que antepuso a las reformas liberales de los años 30 la Violencia. Y las ahogó en sangre. Mientras el episcopado invita a desacatar la Carta del 36 porque “contraría la ley de Dios y la verdad religiosa”, Augusto Ramírez Moreno exclama: “yo quiero una patria justa, grande y moral donde la familia sea respetada […] el concepto de la propiedad intocado [y] la educación inspirada en los principios eternos de Dios”. Y remata: “juramos por la Trinidad inmóvil que dominaremos el temor abyecto de morir en defensa de Dios”. Así honra el llamado de fray Mora Díaz a responder con guerra santa a una Carta que “ataca los derechos espirituales”.
Ya se recordaba aquí que el partido Voto Católico, dilecto seguidor de Ordóñez, difunde consejas contra la “bestia liberal”. Invita, por boca del padre Iraburu, a librar resistencia armada contra los gobiernos que prescinden de Dios. Denosta de la modernidad y de la superstición diabólica de la democracia liberal. Y añora las cruzadas y las órdenes militares. En su tesis de grado como abogado exalta Ordóñez “los alzamientos militares del heroico catolicismo mexicano y español”. Se comprenderá por qué estos amantes de la guerra quieran tumbar el acuerdo de paz que clausuró una conflagración de medio siglo en Colombia.
por Cristina de la Torre | Mar 13, 2017 | Corrupción, Marzo 2017, Uribismo
Arrastrado también él por una avalancha de opinión contra la clase política que ha escalado la cima de la corrupción, Álvaro Uribe induce la renuncia de Zuluaga a la candidatura de su partido, por hallarse este inmerso en el escándalo Odebrecht. Aspira el senador a ganar así legitimidad para batirse en la campaña electoral, que arrancó pasando cuenta a la ladronera de todos los partidos. Pero la audacia del lance se trocó al punto en mero gesto de ocasión. Porque erigió en su lugar a María del Rosario Guerra, honorable cabeza de su bancada en el Senado, pero símbolo trágico de un círculo familiar que condensa, como pocos, la corrupción en la élite. No existe, por ventura, el delito de sangre en Colombia. Mas pesa como una roca en la sociedad la carga de la parentela cuando de figuras públicas se trata. Por lo demás, no le resultará fácil a Uribe fungir ahora como paladín de la decencia sin reconocer antes la responsabilidad política que le cabe por la venalidad de su Gobierno, el más corrupto de los últimos tiempos en Colombia.
Tío de la nueva candidata es Julio César Guerra Tulena, exgobernador de Sucre en cuya administración se selló negocio del chance con La Gata; y se pagaron $5.000 millones por medicamentos para enfermos mentales ficticios. Su hermano José fue condenado a prisión por enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada. A su otro hermano, Antonio, se le acusó de supuestos vínculos con paramilitares. Y su primo Miguel, firmante del pacto de Ralito, fue condenado a prisión por concierto para delinquir.
Del corazón de Uribe, la familia Guerra es apenas una partícula de la atmósfera que rodeó aquel mandato. Descolló su Incoder por la legalización del despojo de tierras; al posesionarse como Ministro de Agricultura en 2010, encontró Juan Camilo Restrepo que no se podía tomar allí ninguna decisión sin la venia tácita del paramilitarismo. Las cabezas de la Dirección Nacional de Estupefacientes y 13 parlamentarios feriaron entre familiares, amigos y testaferros centenares de bienes expropiados a las mafias del narcotráfico.
Caso aparte es el del DAS (adscrito a la Presidencia) por su presunta colaboración con el paramilitarismo auspiciada por el propio director, Jorge Noguera; y por promover asesinatos como el del profesor Correa D’Andreis, que al funcionario de marras le mereció 25 años de prisión. Pese a la ciega defensa del “buen muchacho” por el entonces presidente Uribe, y a su dramática declaración de que pondría por él las manos en el fuego. El DAS habría quedado al servicio del Bloque Norte de las Autodefensas. La cúpula del paramilitarismo tuvo a José Miguel Narváez, subdirector de la entidad y asesor del Gobierno Uribe, por ideólogo de cabecera.
También entran ahora a sala de maquillaje Germán Vargas y Monseñor Ordóñez. Preparan sendas diatribas contra la indecencia, en lanzamiento de sus campañas presidenciales: hoy el primero; el segundo en abril, cuando encabece con Uribe y con Maria Luisa Piraquive la gran manifestación de Dios, Patria y Familia contra la corrupción. Pero nada dirá Vargas de su sociedad con decenas de políticos metidos con el delito y el crimen, como Kiko Gómez condenado por asesinato a 53 años de prisión. Ni dirá cosa alguna el destituido procurador por haber dejado fenecer la investigación contra funcionarios del Gobierno Uribe sindicados de coimas y tratativas con Odebrecht. ¿Piensan Uribe, Vargas y Ordóñez que bastará con cambiar el empaque y ocultar la carroña debajo de la alfombra? ¿No temen castigo ejemplar del electorado, como el propinado al Polo? ¿Y qué dirá el presidente Santos si se prueba que su campaña de 2010 recibió $US400.000 en especie de la corrupta brasileña?
por Cristina de la Torre | Mar 6, 2017 | Internacional, Marzo 2017
Si el macartismo instrumentó la Guerra Fría en Estados Unidos para perseguir al liberal y al artista motejados de comunistas, setenta años después le da Trump nueva vida y lo resuelve en asonada contra el inmigrante; criminal y terrorista portador de todos los males. En los años 50 la cruzada contra el comunismo restauró la economía de guerra en ese país, con pingües ganancias para el gran capital; la carrera armamentista recordó todos los días una amenaza letal para la humanidad, hábilmente administrada por los dos polos que se disputaban el mundo. Hoy se amanceba Trump con los rusos, archienemigo histórico de EE.UU., tiene a su país en acuartelamiento y da nuevas gabelas a Wall Street. Como si le faltaran.
Vicepresidente, Fiscal General, asesor de Seguridad y su propio yerno se ven envueltos en el affaire ruso que amenaza con rebasar el escándalo de Watergate, acabose del presidente Nixon. Trump corre el peligro de fracturar su bastión republicano. Movido por el gusanillo desperezado de la Guerra Fría que inspira la protesta de los senadores McCain y Graham, el animal sube ya pierna arriba. En el frente de los artistas, la punzante Meryl Streep le advirtió que el irrespeto suscita irrespeto, y la violencia, más violencia. Se hacía eco de la protesta de las mujeres en las calles contra el mandatario recién posesionado, la más grande manifestación que conociera la historia de Estados Unidos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el anticomunismo se volvió allí obsesión de un Estado ahora policivo. La cruzada alcanzó dimensiones épicas, con apoyo liberal-conservador a la militarización de la economía y a la eliminación de la oposición. Manes del fascismo recién vencido, en el edén de la democracia. En 1950, el senador McCarthy divulgó una primera lista de 205 presumibles comunistas, candidatos a censura, mordaza y cárcel. Las listas se fueron estirando con intelectuales y se alternaron con quema de libros, como alguno de Thomas Jefferson y una novela de Lilian Hellman.
Hacia 1954, centenares de organizaciones culturales se sumaban a los estigmatizados, la Sociedad Cervantina y la Liga de Escritores Americanos, entre ellas. Hito de esta odisea, la ejecución de los científicos Rosenberg, acusados de espiar para los rusos. No valieron los ruegos de Einstein, de Sartre y Picasso: la silla eléctrica hizo lo suyo. En ella querría ver Trump a musulmanes de siete países que osen pisar su suelo y a los mexicanos violadores del muro que emancipe a la civilización de la barbarie.
Circuló en el Gobierno de Truman una directiva contra los comunistas que “infestan” la sociedad estadounidense, pues “llevan el germen de la muerte”, y “van por tus hijos”. Permeada de anticomunismo la cultura toda, prevaleció una atmósfera propicia al militarismo en un Estado que conocía ya sus réditos en política y en economía. En 1960, el gasto militar absorbía la mitad del presupuesto. Y favorecía con ganancias exorbitantes al puñado de corporaciones de siempre. Ahora, refinanciará Trump su cruzada contra enemigos foráneos dentro y fuera de sus fronteras con aumento de $US 54.000 millones al presupuesto militar.
No porque Trump abuse del ridículo y la hipérbole resulta menos feroz que McCarthy. Mas no tiene todas las de ganar en su celada contra inmigrantes, actores, escritores y periodistas. El arte nunca prosperó mejor en tiempos de estolidez, escribió en este diario Juan David Torres. La herejía intelectual no pierde vigencia, agrega, desde Guernica y la resistencia al nazismo hasta la canción protesta de los 60 en Estados Unidos. Porque la creación es, paradoja de paradojas, la única capaz de destruir: es antídoto letal contra el miedo que siembra todo macartismo.
por Cristina de la Torre | Feb 28, 2017 | Acuerdos de paz, Conflicto interno, Febrero 2017, Posconflicto, Proceso de paz
Dos consecuencias nefandas sobrevendrán si Álvaro Uribe, Germán Vargas y el Fiscal Martínez le ganan la partida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Primero, quedarán las víctimas de las Farc sin la reparación material que esta guerrilla deberá procurarles, extraída de una fortuna de fábula representada sobre todo en infinidad de guacas con billetes enterradas en la selva. Segundo, sin garantías de vida y libertad política (cuando siete mil hombres se disponen a entregar las armas y sus jefes a rendir cuenta de lo atesorado en décadas de secuestro, extorsión y narcotráfico) volverán al monte las Farc. Volverá la guerra. Entonces podrá el extremismo de derecha nadar de nuevo en su salsa. En una guerra cruel para casi todos, pero rentable hasta el delirio para grupos selectos de guerrilleros, militares y civiles, para el narcoparamilitarismo y su brazo de parapolíticos.
No deja duda la ofensiva contra la JEP, pepa de los acuerdos de paz diseñada para investigar y sancionar atrocidades de tirios y troyanos en el conflicto. La semana pasada anunció Uribe que recogerá firmas para “reversarla”; y sugirió en twitter instaurar la pena de muerte para narcoterroristas. Al mismo blanco de la JEP apunta Cambio Radical. Y el Fiscal la ataca en arrebatos dignos de mejor causa: antes de que las Farc puedan inventariar y entregar bienes dentro de los plazos acordados, pretende Martínez hacer borrón y cuenta nueva para entregar los desmovilizados a la justicia ordinaria y mandarlos a prisión. Reto que las Farc enfrentarán, por supuesto, regresando a la selva con sus morrales, sus fusiles, sus cananas y en busca de sus guacas.
Que serían incontables, según investigación de los reputados periodistas Camilo Chaparro y Eccehomo Cetina, vertida en su libro El Dorado de las Farc. Al lado de la máquina de guerra, escriben, esa guerrilla montó negocios legales financiados con el delito; así costeó su guerra y reservó ahorros. El flujo de recursos que no se situaba en el extranjero o en inversiones con testaferros llegaba en efectivo, por costalados, desde todos los rincones del país. El conteo de miles de millones en fajos de billetes, su almacenaje y encaletamiento descentralizado demandaban un esfuerzo supremo de logística y seguridad. Lo que no les impidió a 147 soldados contraguerrilla toparse a boquejarro con una caleta de 70 millones de dólares, que se repartieron tras cuatro días y sus noches de escarbar a machete y uñas y dedos, bañados en sudor, barro e ilusión. Pobres de nación, hambrientos, abandonados al latigazo de la selva, la dicha fue flor de un día: terminaron casi todos tras las rejas.
Fue gracias a la zona de distensión de 42.000 kilómetros que Andrés Pastrana cedió a las Farc, como el grupo armado disparó su fortuna, tras convertirse en Estado paralelo mientras “negociaba” la paz. Para los autores, las Farc convirtieron el Caguán en su fortín de guerra y sede financiera. Desde allí controlaron el negocio del narcotráfico y allí concentraron a sus secuestrados, cuyo número no conoció par en el mundo. Producto del delito, miles de millones de dólares se habrían encaletado allí y permanecerían todavía bajo tierra. Todo un paraíso fiscal.
Tendrán de sobra las Farc con qué reparar a sus víctimas. Si las dejan. Queda pendiente, no obstante, la tarea de desentrañar emporios financieros de otros que también se enriquecieron pescando en el río de la guerra. Que a lo menos devuelvan las tierras usurpadas o compradas a huevo a propietarios que huían de la muerte. Acepten los enemigos de la JEP que la justicia ordinaria se hizo para la guerra; y la justicia transicional, para la paz. Que la paz no es embeleco, es un derecho irrenunciable.
por Cristina de la Torre | Feb 22, 2017 | Febrero 2017, Modelo Político
Terminada la guerra, acarician algunos la utopía de un consenso absoluto entre los partidos, como panacea de paz y democracia. Fantasean con abrazo de reconciliación entre Vargas Lleras, Petro, De la Calle, Uribe, Claudia López y Timochenko desarmado, en acto de renuncia a sus diferencias ideológicas. Pues estas sólo traducirían codicias de grupo y serían fuente de la pasión política que sume a Colombia en crisis crónica, y sacrifica la razón al grosero instinto de la masa. Pero se engañan. Deponer las diferencias, reprimir su confrontación es negar la pluralidad, la legítima expresión del conflicto, sustancia de la democracia. Escribe Chantal Mouffe en su libro En torno a lo político que consenso debe haber sobre los valores de libertad e igualdad para todos que la democracia liberal consagra; sobre las reglas que ella impone para tramitar las discrepancias sin matarse. A ello se han sujetado las Farc tras medio siglo de subversión contra el orden constitucional. Mas debe haber disenso en la interpretación de esos valores, cada colectividad a su manera, de izquierda a derecha, según sus particulares visiones de sociedad. Un haz variopinto de demandas y programas de gobierno.
El mérito del Acuerdo de paz no estriba apenas en permitirles a las Farc batirse ahora desde la civilidad por la expropiación del latifundio improductivo. Es que aquel prohíja reformas que forzarán a los partidos a definir ideas y propuestas para suscribirlas, desbordarlas, o bien, para mantener las taras y vallas del pasado. El momento invita a “democratizar la democracia”, expresión de nuestra autora que hoy a las 10am pronuncia conferencia en el Gran Auditorio de la Universidad de Antioquia.
Intentamos aquí rescatar nociones de Mouffe útiles al debate, hoy crucial en Colombia. Concibe ella la democracia como enfrentamiento apasionado de adversarios que, en lucha por el poder, se legitiman recíprocamente; no de enemigos destinados a eliminarse al primer lance. Pan comido en democracias maduras, el postulado subvierte, empero, nuestro modo consuetudinario de hacer política: a tiros. Porque, diría nuestra filósofa, allí donde se suprime la confrontación entre adversarios –el agonismo– surge el antagonismo violento, que la democracia no tolera porque atenta contra la asociación política misma. Lejos de amenazar la democracia, la confrontación entre adversarios es la condición de su existencia. Precisamente la democracia moderna reconoce el conflicto y lo legitima; se niega a suprimirlo imponiendo un orden autoritario. Se trata de transformar el antagonismo en agonismo.
En su horror al abuso populista de las emociones, el racionalismo liberal se afirma en el mito de la superioridad moral de la razón sobre el sentimiento. Como si toda movilización política ignorara los deseos y fantasías de la gente. Propone deliberación “civilizada” entre contendores en busca del consenso, con victoria final del argumento más racional. Además de utópico, este fin mata la democracia.
Pero diálogo y deliberación suponen alternativas diferenciadas. ¿A qué puerto quiere llegar Claudia López con su cruzada para suplantar a la clase política corrupta? ¿Qué diferencia su troika Estado-ciudadanía-mercado de la de Tony Blair? ¿Querrá Vargas Lleras la presidencia para desmontar la justicia de paz? ¿La busca Petro para reeditar a escala del país su modelo de Bogotá? Y en cuanto a Uribe, ¿es núcleo de su programa agrario el proyecto de ley que frustra la recuperación de los baldíos malhabidos, y legaliza el mayor despojo de tierras en el país? Buen augurio: a lo menos cuatro opciones políticas van adquiriendo fisonomía propia. Que choquen en sana ley será paso decisivo para legitimar el conflicto.
por Cristina de la Torre | Feb 22, 2017 | Febrero 2017, Modelo Político
Terminada la guerra, acarician algunos la utopía de un consenso absoluto entre los partidos, como panacea de paz y democracia. Fantasean con abrazo de reconciliación entre Vargas Lleras, Petro, De la Calle, Uribe, Claudia López y Timochenko desarmado, en acto de renuncia a sus diferencias ideológicas. Pues estas sólo traducirían codicias de grupo y serían fuente de la pasión política que sume a Colombia en crisis crónica, y sacrifica la razón al grosero instinto de la masa. Pero se engañan. Deponer las diferencias, reprimir su confrontación es negar la pluralidad, la legítima expresión del conflicto, sustancia de la democracia. Escribe Chantal Mouffe en su libro En torno a lo político que consenso debe haber sobre los valores de libertad e igualdad para todos que la democracia liberal consagra; sobre las reglas que ella impone para tramitar las discrepancias sin matarse. A ello se han sujetado las Farc tras medio siglo de subversión contra el orden constitucional. Mas debe haber disenso en la interpretación de esos valores, cada colectividad a su manera, de izquierda a derecha, según sus particulares visiones de sociedad. Un haz variopinto de demandas y programas de gobierno.
El mérito del Acuerdo de paz no estriba apenas en permitirles a las Farc batirse ahora desde la civilidad por la expropiación del latifundio improductivo. Es que aquel prohíja reformas que forzarán a los partidos a definir ideas y propuestas para suscribirlas, desbordarlas, o bien, para mantener las taras y vallas del pasado. El momento invita a “democratizar la democracia”, expresión de nuestra autora que hoy a las 10am pronuncia conferencia en el Gran Auditorio de la Universidad de Antioquia.
Intentamos aquí rescatar nociones de Mouffe útiles al debate, hoy crucial en Colombia. Concibe ella la democracia como enfrentamiento apasionado de adversarios que, en lucha por el poder, se legitiman recíprocamente; no de enemigos destinados a eliminarse al primer lance. Pan comido en democracias maduras, el postulado subvierte, empero, nuestro modo consuetudinario de hacer política: a tiros. Porque, diría nuestra filósofa, allí donde se suprime la confrontación entre adversarios –el agonismo– surge el antagonismo violento, que la democracia no tolera porque atenta contra la asociación política misma. Lejos de amenazar la democracia, la confrontación entre adversarios es la condición de su existencia. Precisamente la democracia moderna reconoce el conflicto y lo legitima; se niega a suprimirlo imponiendo un orden autoritario. Se trata de transformar el antagonismo en agonismo.
En su horror al abuso populista de las emociones, el racionalismo liberal se afirma en el mito de la superioridad moral de la razón sobre el sentimiento. Como si toda movilización política ignorara los deseos y fantasías de la gente. Propone deliberación “civilizada” entre contendores en busca del consenso, con victoria final del argumento más racional. Además de utópico, este fin mata la democracia.
Pero diálogo y deliberación suponen alternativas diferenciadas. ¿A qué puerto quiere llegar Claudia López con su cruzada para suplantar a la clase política corrupta? ¿Qué diferencia su troika Estado-ciudadanía-mercado de la de Tony Blair? ¿Querrá Vargas Lleras la presidencia para desmontar la justicia de paz? ¿La busca Petro para reeditar a escala del país su modelo de Bogotá? Y en cuanto a Uribe, ¿es núcleo de su programa agrario el proyecto de ley que frustra la recuperación de los baldíos malhabidos, y legaliza el mayor despojo de tierras en el país? Buen augurio: a lo menos cuatro opciones políticas van adquiriendo fisonomía propia. Que choquen en sana ley será paso decisivo para legitimar el conflicto.
por Cristina de la Torre | Feb 14, 2017 | Corrupción, Febrero 2017
Hasta un niño lo sospecharía. El carrerón del fiscal para conjeturar, sin pruebas todavía, sobre aportes secretos de Odebrecht a la campaña de Santos, antes que a hacer justicia, parecía apuntar al blanco de la derecha: enlodar al hacedor de la paz. Y desplazar la puñalada hasta la yugular de los acuerdos que dieron fin a la guerra, la Jurisdicción Especial de Paz. Ya Martínez había atacado a la JEP, entre otras razones, porque ella dizque podía comprometer “a una persona que había ejercido la Presidencia”. Esta Colombia harta de corrupción le agradecerá si prueba su hipótesis de aportes de la firma brasileña a la campaña del hoy presidente. Pero el fiscal habrá alcanzado de entrada su fin primordial, que era político, no judicial.
La carga de profundidad le vino al uribismo como diamante de compromiso; y destapó intimidades de noviazgo que una doncella recatada no permitiría ventilar en público. Mas la largueza de Martínez —y su impudicia— le brindaron al Centro Democrático la coartada feliz que reza: untados todos, todos inocentes. Porque el fiscal no sólo omitió las pruebas documentales de apoyo a la bomba que explotó en el mundo contra el Nobel que había conjurado una guerra de 50 años. Es que tiró la piedra política y escondió la mano judicial. Ignorando las implicaciones penales de presuntos aportes a una campaña tramitados por lavado de activos y falsificando documentos, califica los casos como faltas administrativas y los manda al Consejo Nacional Electoral. Renuncia, pues, a su deber de investigar.
Verdad es que por el soborno de $US 6,5 millones al Gobierno de Uribe paga cárcel el ex viceministro García Morales. Pero no comparece García Arizabaleta, coordinador de la campaña de Zuluaga, a explicar el destino de $US 3 millones faltantes. Por la presunta incursión financiera de Odebrecht en la campaña de Santos paga cárcel el exsenador Bula; pero no se sabe qué hace Prieto, gerente de esa campaña, en el exterior, ni por qué el fiscal no lo llama a declarar. Ni comparece el presunto implicado senador Ñoño Elías, anfitrión de Bula y gran elector de Santos en la Costa Norte.
Un estilo se marca aquí: el fiscal se precipita a absolver o a condenar, antes de investigar. En el contrato con Navelena, cuyo socio principal es Odebrecht, declaró de entrada no haber encontrado corrupción. Pero el Banco Agrario le había prestado $120.000 millones, sabiendo que la firma había entrado en insolvencia financiera y su presidente sentenciado a 19 años de cárcel. Luis Carlos Sarmiento, amigo de negocios del fiscal, había recomendado el préstamo. Y tiene 33 % en la empresa Ruta del Sol. Tal vez por eso le propuso Martínez acogerse al recurso de oportunidad, que apareja suspensión de la acción penal y continuación del contrato.
Coda. A pocos minutos de enviar esta nota, publica Noticias Uno el documento Conpes de Planeación Nacional expedido el 2 de octubre de 2014, base del otrosí que adicionó sin licitación pública el contrato de la Ruta del Sol, para construir la vía Ocaña-Gamarra. Firman el documento el vicepresidente Vargas Lleras, el entonces superministro de Palacio y hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, el ministro de Hacienda Cárdenas, la ministra de Transporte Natalia Abello, el jefe de Planeación Nacional Simón Gaviria, y otros ministros. La Procuraduría investigará a todos los funcionarios, “del ministro para abajo”, según especifica Noticias Uno, para identificar si parte de los $US 4,6 millones que Bula habría recibido de Odebrecht sobornaron a alguno de estos personajes, si a funcionarios de la ANI, o a particulares y en qué circunstancias. Aventuremos que la precipitación del fiscal para señalar y su renuencia a investigar respondieron a cálculo político y a la necesidad de minimizar la acción judicial que podía afectarlo también a él.
por Cristina de la Torre | Feb 14, 2017 | Corrupción, Febrero 2017
Hasta un niño lo sospecharía. El carrerón del fiscal para conjeturar, sin pruebas todavía, sobre aportes secretos de Odebrecht a la campaña de Santos, antes que a hacer justicia, parecía apuntar al blanco de la derecha: enlodar al hacedor de la paz. Y desplazar la puñalada hasta la yugular de los acuerdos que dieron fin a la guerra, la Jurisdicción Especial de Paz. Ya Martínez había atacado a la JEP, entre otras razones, porque ella dizque podía comprometer “a una persona que había ejercido la Presidencia”. Esta Colombia harta de corrupción le agradecerá si prueba su hipótesis de aportes de la firma brasileña a la campaña del hoy presidente. Pero el fiscal habrá alcanzado de entrada su fin primordial, que era político, no judicial.
La carga de profundidad le vino al uribismo como diamante de compromiso; y destapó intimidades de noviazgo que una doncella recatada no permitiría ventilar en público. Mas la largueza de Martínez —y su impudicia— le brindaron al Centro Democrático la coartada feliz que reza: untados todos, todos inocentes. Porque el fiscal no sólo omitió las pruebas documentales de apoyo a la bomba que explotó en el mundo contra el Nobel que había conjurado una guerra de 50 años. Es que tiró la piedra política y escondió la mano judicial. Ignorando las implicaciones penales de presuntos aportes a una campaña tramitados por lavado de activos y falsificando documentos, califica los casos como faltas administrativas y los manda al Consejo Nacional Electoral. Renuncia, pues, a su deber de investigar.
Verdad es que por el soborno de $US 6,5 millones al Gobierno de Uribe paga cárcel el ex viceministro García Morales. Pero no comparece García Arizabaleta, coordinador de la campaña de Zuluaga, a explicar el destino de $US 3 millones faltantes. Por la presunta incursión financiera de Odebrecht en la campaña de Santos paga cárcel el exsenador Bula; pero no se sabe qué hace Prieto, gerente de esa campaña, en el exterior, ni por qué el fiscal no lo llama a declarar. Ni comparece el presunto implicado senador Ñoño Elías, anfitrión de Bula y gran elector de Santos en la Costa Norte.
Un estilo se marca aquí: el fiscal se precipita a absolver o a condenar, antes de investigar. En el contrato con Navelena, cuyo socio principal es Odebrecht, declaró de entrada no haber encontrado corrupción. Pero el Banco Agrario le había prestado $120.000 millones, sabiendo que la firma había entrado en insolvencia financiera y su presidente sentenciado a 19 años de cárcel. Luis Carlos Sarmiento, amigo de negocios del fiscal, había recomendado el préstamo. Y tiene 33 % en la empresa Ruta del Sol. Tal vez por eso le propuso Martínez acogerse al recurso de oportunidad, que apareja suspensión de la acción penal y continuación del contrato.
Coda. A pocos minutos de enviar esta nota, publica Noticias Uno el documento Conpes de Planeación Nacional expedido el 2 de octubre de 2014, base del otrosí que adicionó sin licitación pública el contrato de la Ruta del Sol, para construir la vía Ocaña-Gamarra. Firman el documento el vicepresidente Vargas Lleras, el entonces superministro de Palacio y hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, el ministro de Hacienda Cárdenas, la ministra de Transporte Natalia Abello, el jefe de Planeación Nacional Simón Gaviria, y otros ministros. La Procuraduría investigará a todos los funcionarios, “del ministro para abajo”, según especifica Noticias Uno, para identificar si parte de los $US 4,6 millones que Bula habría recibido de Odebrecht sobornaron a alguno de estos personajes, si a funcionarios de la ANI, o a particulares y en qué circunstancias. Aventuremos que la precipitación del fiscal para señalar y su renuencia a investigar respondieron a cálculo político y a la necesidad de minimizar la acción judicial que podía afectarlo también a él.
por Cristina de la Torre | Feb 7, 2017 | Corrupción, Febrero 2017, Uribismo
El espectáculo de casi 7.000 guerrilleros y guerrilleras —algunas de bebé en brazos— que arriban sonrientes a sus sitios de concentración para entregar las armas tras medio siglo de guerra, deshilacha la bandera contra la paz que el uribismo quería izar en campaña electoral. Y el estandarte anticorrupción, catapultado por el escándalo Odebrecht, llena el vacío de la propuesta bélica que ya no será. Además, promete ríos de votos. En acto de contrición que enaltece a Álvaro Uribe —aunque dice también de su sentido de oportunidad— le pide este al Centro Democrático investigar la conducta de su precandidato insignia, Óscar Iván Zuluaga, por contratar para la campaña de 2014 a un publicista pagado por la purulenta firma. E invita a su partido a encabezar la campaña contra la corrupción. No sea que ella les dé el triunfo a fuerzas independientes que no lucen rabo de paja: ni con la empresa de marras, ni con la clase empresarial y política que ensanchó sus arcas con el erario y su poder bajo la égida del paramilitarismo.
Dos retos de vida o muerte enfrenta hoy el uribismo. El primero, sobrevivir a la voluminosa visita del elefante en casa, capaz de sepultar a Zuluaga y de dejar en capilla a Duque, el otro precandidato comprometido en el lance con Odebrecht. Segundo reto, ganarse el derecho moral de alistarse en la cruzada contra la corrupción. Para lo cual deberá responder por el contrato de la Ruta del Sol suscrito por el Gobierno de la Seguridad Democrática, en cabeza del viceministro García Morales. Para comenzar. Y, luego, abstenerse de boicotear los procesos judiciales contra bananeros y ganaderos de sus afectos que, según estableció la Fiscalía el 2 de febrero, resulten incursos en delitos de lesa humanidad por haber financiado voluntariamente al paramilitarismo en Urabá, a través de las Convivir; ejército autor de mil crímenes y del robo de los recursos públicos, a dos manos con sus benefactores. Tan responsables como los financiadores de guerrillas que cometieron las mismas tropelías. Por supuesto, la guerrilla también tendrá que responder ante los jueces.
De arroparse ahora con la túnica de la ética, no podría el uribismo tornar al expediente del Gobierno que, por defender a su bancada de parapolíticos y al círculo íntimo del poder, persiguió sin clemencia a la corte que los juzgaba. Entonces alcanzaba la corrupción cotas sin precedentes, pues los políticos que ganaron curul con dinero del narcotráfico retribuyeron sin medida con leyes y contratos y posiciones de poder. Entre 2002 y 2010, ocho de cada diez parapolíticos fueron bancada del Gobierno. En 2007 declaró el fiscal Iguarán que fueron las élites regionales las que buscaron a los grupos armados: para defenderse del secuestro, expandir sus propiedades y eliminar a sus rivales políticos. Escribió Claudia López que del clientelismo, el cohecho y el soborno de las mafias armadas se pasó a la captura masiva de negocios y recursos públicos mediante cambios legales, exenciones tributarias, concesiones, contratos de estabilidad, zonas francas y carteles de contratación pública. Brilló como nunca la corrupción como modelo de doble vía: de tráfico entre un Estado que concede contratos a dedo, y criminales o delincuentes que financian a la clase política-intermediaria hasta colonizar el Estado y esquilmarlo. Mas, si por esas calendas llovía, no escampa todavía.
Nada más deseable que el expresidente Uribe se sumara a la cruzada contra la corrupción. Deber y derecho que habrá de ganarse en franca lid —como el resto de la dirigencia política— principiando por depurar las filas de su propio partido, y respetando los procesos y fallos de la justicia. Única manera de lograr legitimidad moral en cualquier colectividad política que se respete. ¿Será capaz Uribe?
