por Cristina de la Torre | May 16, 2017 | Modelo Político
El referendo concebido para aplastar a la minoría homosexual, a solteros y mujeres cabeza de familia es fruto excelso de la democracia directa instituida a la ligera, sin salvaguardias, en la Constitución del 91. Y ésta se inspiró, entre otros, en el filón despótico de Rousseau, quien concedió a la voluntad general el mismo poder inapelable y sin esguinces que otros atribuyeron al monarca absoluto. Aquella Carta defendió el pluralismo, la diversidad y el Estado laico, sí. Pero, inflamada contra el clientelismo y los partidos, se extravió en la fiebre de una democracia “participativa” en bruto, cuyo llamado ardía entonces en la región que se sacudía las dictaduras. Fue su primera usufructuaria la autocracia de Uribe Vélez, edificada sobre su Estado de opinión, que se brincó mientras pudo las instituciones y reglas de la democracia. Abrevando en la misma fuente de ideas, vociferaron ahora Viviane Morales y Lucio, en arrebato místico y a la caza de votos, contra la llamada ideología de género, la homosexualización del país y su venezolanización.
Aquella democracia directa del 91 obraría en cabeza de individuos libres que convergen, dueños por fin de su destino, para adoptar por mayoría decisiones soberanas, esquivando la mano peluda de los partidos. Abundaron los constituyentes de la época en panegíricos a la expresión directa de las masas, en invectivas contra la clase política. Al punto que quisieron erigirse en Asamblea eterna, todopoderosa, y clausuraron el Parlamento para convocar, a desgana, nuevas elecciones. La divisa, armonizar modernización política con el modelo económico que Washington imponía y nuestra Carta cooptó. Tal pauta, empero, en vez de fortalecer la participación política, la debilitó aún más; en vez de desarrollar un sentido de ciudadanía, lo bloqueó; al atacar sus organizaciones, desactivó a la sociedad y la atomizó.
Enemigo jurado de los partidos y del sistema representativo fue Rousseau, heraldo de la voluntad general. Si Hobbes concibió el Estado como poder único, soberano, indivisible y absoluto, el ginebrino le confirió los mismos atributos a la voluntad general. Ya desde el Estado, ya desde la sociedad, ambos militan con la divisa absolutista: el pueblo-uno, corolario del poder-uno, tan caros a dictadores que vemos desfilar, con botas o sin ellas, en nuestros días. Como comprobamos, acá y allá, que la voluntad general así concebida es voluntad unívoca, implacable y ciega a la diversidad de la sociedad contemporánea. Presupone aquella una sociedad uniforme, que asegura su cohesión y acalla el conflicto con el postrer recurso de Rousseau: la religión civil.
No fue civil la que Calvino impuso en Ginebra por votación directa, la mano en alto, del pueblo-uno en plaza pública; pero Rousseau formularía el mecanismo después. Como lo sería la imposición de la particular fe religiosa de Morales para dictar la moral, la ley y el ejercicio del poder en un Estado laico; para quitar y poner derechos fundamentales por capricho. Confesa añoranza del representante Carrasquilla, que querría gobernar con la Biblia y no con la Constitución.
Tocqueville advirtió sobre la tiranía de la mayoría; como antídoto propuso descentralizar el poder y multiplicar partidos y organizaciones sociales. Por oposición a la voluntad general de Rousseau, previno también contra las tendencias niveladoras, homogenizadoras de la igualdad en la democracia. En suma, peca la democracia directa porque avasalla a las minorías, lacera su ciudadanía y puede conducir al totalitarismo. O, a lo menos, a una dictadura electiva, ataviada como democracia del aplauso. O como populismo refrendario, que es perversión de la democracia directa.
por Cristina de la Torre | May 9, 2017 | Mayo 2017, Política agraria, Proceso de paz, Uribismo
Tras la oferta uribista de volver añicos el “maldito” Acuerdo de Paz podrá escudarse la oposición armada a la reforma rural que buscaría formalizar la propiedad en el campo, dar tierra pública al campesino y forzar la producción en tierras inexplotadas. Tímido intento liberal que asoma periódicamente desde hace 80 años, para desfallecer con la misma regularidad aplastado por una derecha cerril y violenta empotrada desde la edad de piedra en el poder. En la intrincada rebatiña de ELN, paramilitares, Bacrim, mafias y una disidencia de las Farc por territorios y negocios que fueron de esa guerrilla, se refocilan también los enemigos más bravíos de la devolución de tierras, ejércitos anti restitución comprendidos. Y acaso terminen estos por disparar asimismo contra la ley agraria que será avenida principal hacia la paz.
Ni alarmismo ni retórica, que el embate podrá escalar a genocidio. Defensoría del Pueblo y ONU cifran en centenares los dirigentes sociales, de derechos humanos y de izquierda asesinados o amenazados de muerte en el último año. El Cinep confirma la expansión del paramilitarismo, autor en ese año de 550 víctimas de asesinato o amenaza; de 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 heridos, 9 desaparecidos y 12 torturados. Y centenares de casos permanecen en la sombra. 72 son los líderes de restitución de tierras asesinados.
Como ambientando acciones ejemplarizantes, avasalla la caverna el debate razonado sobre la ley rural, para potenciarlo como táctica de la mentira, cuya eficacia probó el 2 de octubre pasado. En impecable contravía de la realidad, le atribuye al proyecto el propósito de colectivizar la tierra y de entregársela a las Farc. Un editorial de La República lo señala como “venezolanización del campo”. Tanto crédulo dispuesto a comulgar con ruedas de molino; tan desangelada batalla del Gobierno por la estrategia madre del posconflicto podrán hasta salvar a la ultraderecha del ridículo.
Despojada la controversia de sus deformaciones más groseras, una idea nuclear se saca en limpio: el proyecto de ley armoniza la entrega de tierra al campesino con garantías jurídicas al empresario del campo. Aunque en el proceso de conciliación reparos van, reparos vienen, desde la izquierda, desde la academia, desde los gremios de empresarios. Para unos, el proyecto legaliza el despojo y favorece una mayor concentración de la propiedad, en detrimento del campesino. Para los empresarios, la ley pone en riesgo la propiedad privada. Según Yamile Salinas, el proyecto permite la acumulación ilegal de baldíos y menoscaba el derecho de la sociedad a conocer la magnitud del despojo. Otros resintieron falta de garantías de indemnización en procesos de expropiación; y objetaron el poder que el Gobierno se daba para expropiar y decretar extinción de dominio. Éste modificó el proyecto en función de esa crítica.
Pero la ultraderecha presenta por su anverso la verdad. Desde el podio de pastor en auditorio de iglesia, preside Uribe la convención de su partido; y, en delirio de dios y patria, insta al rebaño a seguirlo en su carrera ciega contra el tratado de paz; en marcha de vencedores contra el enemigo de la sacrosanta propiedad. Evocan Ordóñez y Lafaurie su concentración de un año atrás en apoyo de los llamados compradores de buena fe de tierras arrebatadas a sus dueños. Interpelado se sintió a su vez Aníbal Guerra, falso propietario de predio ajeno quien, a una con alias El Patriota, juró defender con su vida hasta el último centímetro de esa tierra. Merodeaban hombres con leyendas contra la restitución de tierras. Cómo destruirán éstos los acuerdos; como defenderán la tierra usurpada: ¿argumentando? ¿orando? ¿disparando?
por Cristina de la Torre | May 2, 2017 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Mayo 2017, Proceso de paz
No, no hay que devolverse hasta la Colonia. Si le reconocemos a la verdad histórica poder esclarecedor sobre la guerra, debemos seguir el hilo de la madeja hasta su raíz más próxima y reveladora: la violencia desatada por las dictaduras conservadoras de mediados del siglo XX contra el partido rival. Víctima suya –y del abandono del notablato liberal– fue Pedro Antonio Marín, jefe a la sazón de autodefensas liberales a las que debió convertir después en Farc, al mando del ahora apodado Tirofijo. La Violencia fue cuna del conflicto que se reeditó más adelante en clave de Guerra Fría. Despojo de tierras, desigualdad o exclusión política, violencia oficial, expulsión del campesinado y terror contra la población inerme sobrevivieron casi inalterados hasta hoy, tras breve hibernación a comienzos del Frente Nacional. Verdad es que el narcotráfico y la modalidad de guerra contrainsurgente le imprimieron nuevo sello a la vieja contienda. Pero ello no impidió que el exaltado de derechas y promotor insigne de la Violencia, Laureano Gómez, reencarnara en Uribe Vélez. Compromiso primero de la verdad histórica será descorrer el velo que se cierne sobre la Violencia. Y no callar esta vez, pues el silencio humilla la las víctimas, alimenta el odio y el deseo de venganza.
La mayor ferocidad de la Violencia tuvo lugar en el Gobierno de Gómez; en él, la política toda se resolvió a tiros, a corte de franela y a llamados de Monseñor Builes a matar liberales, pues pertenecer a esa bandería era pecado mortal. Ya Ospina había trocado a Ejército y Policía en fuerzas al servicio de su mandato, con la sibilina misión de reducir, por física sustracción de materia, el contingente electoral del liberalismo. Se acogieron los jefes de las primeras a la amnistía de Rojas, para caer asesinados, uno a uno, tras entregar las armas. No así Marín, quien fortaleció su autodefensa contra la dictadura. Lo movía también el resentimiento hacia la propia dirigencia liberal que, en pacto con la élite conservadora abandonaba a su resistencia armada. Lo movía, sobre todo, la lucha por la tierra para el campesino. Pepa del que fuera después programa agrario de las Farc, emparentado con las propuestas de reforma agraria de López Pumarejo y Carlos Lleras. No vivió Tirofijo para ver plasmada esa bandera en el Acuerdo de paz suscrito por las Farc con el Gobierno de Santos. Ni el sometimiento de sus huestes a una justicia que también a esta guerrilla le exigirá verdad sobre las atrocidades cometidas.
Allende la verdad judicial que podrá imponer penas individuales acá y allá, cuenta la verdad histórica. Memoria de acontecimientos protuberantes que ridiculizan nuestra rosada historia de Colombia, amasada con héroes de barro, con fanfarrias a purpurados y valentones, con silencios interesados en la autocomplacencia de los verdugos-vencedores. Y no es de caer en el anverso moralista de los Henao y Arrubla para volver buenos a los malos y malos a los buenos, que de bueno y de malo tiene a un tiempo la condición humana. Muchos victimarios lo fueron arrastrados por imperativos de necesidad o de legítima defensa. No fue lo mismo pagar a paramilitares para defenderse del secuestro que asociarse con ellos para masacrar campesinos y quedarse con sus tierras. Pero la verdad histórica apunta a identificar a los responsables políticos de la carnicería, y sus medios de acción. Llámense directorio de partido, trama de prelados, orden de Gobierno, conjura de generales o de jefes guerrilleros. Verdad sobre la guerra de hoy y sobre su hermana carnal, la Violencia. Condición inescapable de paz que podrá traducirse en acuerdo civilizatorio de todos los colombianos: nunca más un pacto de silencio.
por Cristina de la Torre | Abr 25, 2017 | Abril 2017, Modelo Político, Partidos
No podía hacerse el harakiri. La clase política tradicional aprobó un estatuto que democratiza el ejercicio de la oposición, pero negó los mecanismos que lo garantizan. En decisión inédita para Colombia (pan comido en democracias genuinas) ahora quien disienta del gobernante deberá declararse en el duro pavimento de la orilla opuesta. Sin puestos ni gabelas. Se acabaría el juego de oponerse al mandatario con quien se cogobierna. Mas será solo en el papel, pues seguirá fluyendo la mermelada, dinero a saco del Gobierno para los partidos de su coalición. Hundió el Congreso el artículo que obligaba a convocar audiencias públicas para discutir presupuestos oficiales. Cero vigilancia, pues, sobre fondos del Estado desviados para compra de votos y financiación de campañas amigas, con perjuicio de la oposición. Pero además se eliminó la creación de una procuraduría delegada para asegurar los derechos de los disidentes. En suma, una audaz consagración de la oposición como derecho fundamental, pero sin dientes legales para volverlo realidad.
Se opuso al estatuto el uribismo, entre otros, con el argumento de que en el país se ha respetado a la oposición (Semana, abril 16). Acaso quiera preservar la índole de su oposición como subversión contra las reglas de la democracia, contra sus instituciones y el Estado de derecho. Dígalo, si no, la invitación a “sacar a patadas” de la presidencia a Juan Manuel Santos, mandatario elegido por el pueblo. Querrá asegurarse también, por anticipado, si vuelve al poder en 2018, todo el margen de arbitrariedad y violencia que el Gobierno de la Seguridad Democrática desplegó contra la oposición y las Altas Cortes, a quienes puso el mote indiscriminado de terroristas.
Un estatuto de oposición con garantías de aplicación disolvería herencias enquistadas del Frente Nacional que trocaron el concepto de gobernabilidad en un paspartú de sosa convivencia con el adversario tradicional; de hostilidad hacia la izquierda legal —que con la Unión Patriótica escaló a exterminio—, y de represión contra el movimiento social. Se neutralizaron las diferencias de ideas y políticas entre los partidos históricos, por cooptación con puestos públicos. Y las instituciones de gobierno terminaron ensambladas a la estructura de mando de esas colectividades. Resultado, un Estado-partido del FN, peligrosamente afín a modelos autoritarios de ingrata recordación, apenas matizado por tímida participación indirecta de las fuerzas segregadas del poder. El estado de sitio casi permanente instrumentó el desmantelamiento del movimiento social librado a su suerte, sin partido. Desmontado el Frente Nacional, perduró no obstante su modo de ser, un tic de amancebamiento en la cumbre y exclusión de las fuerzas menores. Acabamos de verlo en el estatuto de oposición amputado a su primer hervor.
Según Mauricio Villegas (Mayorías sin democracia), no fue Colombia el Estado incluyente que con los populismos floreció en otros países, ni trazó la política social que aquel aparejaba. Cuando una dictadura militar sucedía a un populismo, la sociedad organizada se le oponía con banderas democráticas. Nuestra dictablanda le huyó lo mismo a la dictadura militar que a la democracia plena. La oposición de izquierda veía en el Gobierno una dictadura disfrazada; y la de derecha, un régimen tolerante con la anarquía revolucionaria. Una y otra se divorciaron del discurso democrático; por eso se fueron tan fácilmente a las armas.
Contra tal herencia obraría una democracia que respetara al disidente y protegiera su acción política como alternativa de poder. Que al garantizarle sus derechos propendiera a la confrontación civilizada entre partidos. Y esa es tarea de un verdadero estatuto de oposición.
por Cristina de la Torre | Abr 23, 2017 | Marzo 2013, Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico
La exaltación de Medellín como ciudad más innovadora del mundo dio para todo: fue bálsamo y motivo de orgullo para los antioqueños, pero también permitió exhibir una muestra selectiva de obras públicas que quisieran en su esplendor opacar el mar de fondo, la tragedia de la violencia periférica que reverdece todos los días en la desindustrialización y el narcotráfico. Causa del desempleo, la informalidad y la falta de oportunidades, el desfallecimiento de la economía productiva arrojó a su población más pobre en brazos de don Berna y los Urabeños. Trasladada a las comunas la estrategia del narcotráfico de control militar del territorio en el campo, ésta se resuelve aquí en fronteras invisibles del microtráfico que se pelea el mercado metro a metro y hace un mes segó la vida de dos niños camino de la escuela. Fueron asesinados y descuartizados, probablemente por otros menores sin horizonte pero empoderados de metralleta y organizados en bandas y combos de miles de miembros. Y no es todo. Según Fernando Quijano, de Corpades, 40% de los funcionarios públicos de Medellín colaboran con las mafias del narcotráfico.
Mientras tanto, grita el silencio de los industriales que aún quedan frente al modelo de desindustrialización que César Gaviria introdujo y sus sucesores desarrollaron, hasta alcanzar el clímax con los TLC y la política de revaluación que Santos aplica para matar toda fuente de trabajo productivo. Con revaluación del peso de 35% y subvaluación china del 30%, los productos de ese país nos llegan 65% por debajo del precio internacional en dólares constantes de nuestros productos. Su más reciente víctima, la firma de confecciones Hernando Trujillo. Claro que así no se puede competir. Pero sí se podría protestar y proponer y pelear. Si se pensara un instante en la generación sacrificada de las comunas de Medellín. Mas acaso en esta zaga irreconocible de los hombres que hicieron de Medellín cuna de la industria en Colombia haya demasiados dedicados hoy en su mutismo a labores menos patrióticas pero más jugosas para su bolsillo, tal como aconseja el nuevo modelo económico: a importar en vez de producir, a especular en vez de invertir.
Excepciones hay que se la juegan como flor solitaria en el desierto promoviendo alianza entre ciencia y tecnología, empresa y Estado. Se trata de volcar el conocimiento hacia la creación de empresas capaces de desarrollar productos y servicios de alta calidad, con apoyo del poder público. El Parque del Emprendimiento que preside Patricia Fuel descuella en este modelo tripartito, mediante concierto de la Universidad de Antioquia con la Alcaldía de Medellín. Resultado, 40 nuevas empresas con elevado potencial de crecimiento. Entre ellas, XRol, aplicación de tele-radiología médica; Tecnologías Marte, un sistema para desactivar minas antipersonal; y tecnologías nuevas y más eficientes para materiales de construcción, industria agrícola y alimenticia, cosmética y farmacéutica. De haber locomotora industrial, este tipo de alianza haría una revolución. Pero nuestro destino es otro: producir bananitos y carbón. Será aquella, pues, otra flor sin retoño.
La distinción de marras redime a Medellín del dolor infligido por los ejércitos de Pablo Escobar. Y es reconocimiento a la energía, la creatividad y el espíritu solidario de su gente. Pero mucho va de este orgullo al uso propagandístico del metrocable para deslumbrar turistas con el espectáculo de la pobrecía “rescatada”, mientras sus muchachos se inmolan en la desesperanza. Las obras sociales y de infraestructura en las comunas no conjuraron la pobreza y la violencia. Les faltó carne. También el premio pareció reparar apenas en la epidermis de una musculatura atrofiada.
por Cristina de la Torre | Abr 23, 2017 | Diciembre 2012, Personajes
Siendo ella misma fémina, encarna para muchos sin embargo la venganza bíblica contra la mujer; para otros –reducto beligerante de católicos- personifica a Juana de Arco en cruzada heroica contra el aborto. Práctica que su fe eleva a epítome de la depravación femenina, aunque lleve la venia de los jueces y ella diga respetarlos. Ilva Myriam Hoyos se multiplica como procuradora delegada para infancia, adolescencia, familia y mujer; mas consagra casi todas sus horas a obstaculizar el aborto terapéutico que la Corte autorizó, pues le niega su carácter de derecho. Una idea fija parece poseerla: el derecho a la vida del feto prevalece sobre el de la madre. “Hay que armonizar ambos derechos”, corrige. Pero en la disyuntiva suprema, la sentencia de muerte recae sobre la mujer.
Doctor cum laude en filosofía del derecho de la universidad de Navarra y decana de Derecho en la universidad de La Sabana, centros académicos del Opus Dei, Hoyos es reciedumbre y rigor metidos en una figura tan frágil como la del angelito de porcelana que preside la inmensidad de su escritorio. “Soy muy estricta conmigo misma, he estudiado toda mi vida”, declara para sellar una alusión a su casa poblada de libros de jurisprudencia. Y sonríe, casi feliz, sin pizca de vanidad. Padres y sobrinos llenan el espacio de sus afectos.
Alma de misa diaria, esta mujer –breve de estatura, prolija de palabra, indoblegable- no vaciló en urdir el naufragio de la Clínica de la Mujer en Medellín. Vislumbró un centro “abortista”. Su intervención alentó levantamiento de la curia y del ultraconservadurismo antioqueño que, con aplauso de la Procuraduría, redundó en campaña para derogar la norma que autoriza el aborto en tres casos de excepción. Aunque la nuestra es Constitución de un Estado laico, quiere contravenírsela por razones religiosas y desde la instancia misma llamada a defender el orden jurídico. No ha mucho, la Corte la conminó a rectificar declaraciones suyas que se entendieron enderezadas a boicotear la información sobre derechos sexuales y reproductivos. “Fueron días muy duros”, confiesa. Pero algo de razón le asiste, por incuria en la instrucción que algunos imparten sobre la materia. El Estado debe tomar cartas en el asunto –puntualiza- pero la sociedad también.
Difícil adivinar qué fuerza misteriosa arrastra a esta mujer al sacrificio de sus congéneres. ¿Acaso la mística, siempre pródiga en llenar vacíos? ¿Flagelo en la otra orilla de las mismas espinas que atormentan a la mujer que aborta: soledad, tristeza, miedo?
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2017 | Abril 2017, Internacional, Modelo Político
No se necesitaron 4000 opositores a la dictadura de Juan Vicente Gómez asesinados en prisión para que Maduro emulara al autócrata que lo precedió en Venezuela entre 1908 y 1931. Ni tanques de guerra en palacio, para que el mazazo de este año reuniera todos los ingredientes del golpismo que el siglo pasado subió al poder a 39% de los gobernantes en América Latina. Saga sangrienta de banana republic salpicada de revolucionarios que en Cuba y Nicaragua se alzaron contra el sátrapa que tiranizaba al pueblo, para terminar por allanarse a idéntico modelo de violencia. El propio Hugo Chávez nació a la política por cuartelazo fallido en 1992. Y una vez instalado en el poder, fiel al legado de los dictadores, prometió quedarse en él hasta 2030. Se incorporó ahora en Venezuela una réplica de los comités de defensa de la revolución cubana: redes de soplones contra padres, hermanos y amigos con las que ya nazis y estalinistas habían completado sus tareas de profilaxis política. También en el país hermano degeneraron en cuerpo paramilitar de matones a sueldo armados por el Gobierno, con sed de sangre y ningún control.
Pero lo de bulto reproduce con singular fidelidad la tradición: eliminación de poderes a la Asamblea legislativa y del fuero parlamentario. Concentración del poder todo en el Ejecutivo. Asunción de la presidencia para eternizarse en ella. Persecución a la oposición, con ostracismo, cárcel e inhabilitación de sus aspirantes a Primera Magistratura. Supresión de elecciones (regionales y referendo constitucional). Clausura de la prensa libre. Represión abierta contra miles de manifestantes, con 8 muertos que serían cuota inicial de otro caracazo, si cumple Diosdado Cabello su amenaza de defender el régimen, “aún si hay sangre”.
Chávez debutó con un reformismo salvador. Mas, ebrio el Gobierno de poder, petrodólares, corrupción y anacronismos de fe política, destruyó el aparato productivo hasta sitiar al pueblo por desabastecimiento de todo lo esencial. Apuntó a redistribuir ingresos mediante salud y educación gratuita, pero convirtió la escuela en medio de adoctrinamiento oficial. Renacionalizó el petróleo, pero no pasaron todas sus rentas a la nación sino al bolsillo de una burocracia inepta y confiscatoria. Pedevesa, corazón de la economía venezolana, se desplomó. Intentó el Gobierno reforma agraria enderezada a explotar el latifundio y a dar tierra al campesino, pero le faltó tenacidad para llevarla a cabo. Entonces mutó este reformismo hacia un socialismo de opereta, copia del modelo cubano que era desde hacía décadas un ruidoso fracaso.
Con la caída de las dictaduras del Cono Sur se creyó clausurada la era de los regímenes de fuerza en el subcontinente. Vana ilusión. Vendrían después Fujimori, las avanzadas autoritarias de Uribe Vélez y, en Venezuela, esta simbiosis de golpismo reaccionario y remedo del socialismo que quedara sepultado tres décadas atrás bajo las piedras del muro de Berlín. Triste involución la de Venezuela, que desprecia aún la forma más imaginativa de golpe de última generación: aquel que se ejecuta guardando formas de legalidad. El que reemplaza el cuartelazo sangriento por un golpe de mano que liquida la democracia en nombre de la democracia.
El autogolpe de Maduro protocoliza la existencia de una dictadura en Venezuela. Tan vetusta la fórmula, como la doctrina que la inspira: la de Laureano Vellenilla en defensa del “gendarme necesario”, que ha de prevalecer sobre la Ley. La del caudillo providencial, ayer Gómez, hoy Maduro (o Uribe), único gobernante posible en estas nuestras “democracias incipientes” de república bananera condenadas al atraso y la violencia.
por Cristina de la Torre | Abr 10, 2017 | Abril 2010, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Modelo Político, Narcotráfico
Hace bien el Presidente en denunciar el armamentismo de Chávez, proyectado sin duda como una máquina de muerte contra Colombia. Pero también Uribe practica el suyo, de puertas para adentro. Por acción y por omisión. Porque anverso sombrío de su exitosa seguridad ha sido la militarización de la sociedad y un aliento a la militarización de los espíritus. Gusto por la guerra que ya bebía en la fuente del narcotráfico, del paramilitarismo y la guerrilla, claro, pero halló nuevos bríos en la gestualidad pendenciera del mandatario más popular en mucho tiempo. Si tras una inversión militar sin precedentes siguen operando los ejércitos paralelos, difícil será valorar cómo ha incidido aquel discurso subliminal en el desmadre de la violencia entre civiles.
17.000 homicidios se cometen con arma de fuego en Colombia cada año, casi todos a manos de civiles. En Inglaterra son 600. Cifra colosal la nuestra, que coloca en primer plano la discusión sobre el desarme de civiles, como condición ineludible de la seguridad. Opción contraria a la de armar gente –a universitarios informantes, verbigracia- dizque para fortalecerla. En Colombia hay 1.043.000 armas de fuego legales en poder de particulares. Circulan muchas más, hechizas, fabricadas en la sombra o ingresadas de contrabando. Este arsenal aterroriza a la ciudadanía, multiplica la violencia, mina el desarrollo y obstaculiza el camino de la paz. 81% de los crímenes cometidos en 2009 se ejecutaron con arma de fuego. En Cali, la proporción fue del 94%. La mayoría de estos homicidios fue perpetrada por particulares, no por grupos armados. Aunque éstos terminaron por convertirse en referente ético y pragmático de miles de colombianos para quienes la violencia se ofrece como única oportunidad de supervivencia y de valía.
En la recomposición de los mercados del crimen, miles de jóvenes siguen el rastro de cuanta organización enseñó que matar paga, limpiar el vecindario de “indeseables” da prestigio, accionar un arma certifica la hombría y confiere poder. Con más veras aprietan el gatillo si el mensaje oficial reza todos los días que la fuerza es el medio único y supremo de superar el conflicto, que dialogar es apaciguar. Efecto de simplificación, la verticalidad del Gobierno frente a la guerrilla se distorsiona en divisa cotidiana de violencia por temor a “quedar como una nena”. Sambenito frecuente entre jóvenes de una comuna de Medellín.
Para ampliar los controles sobre el porte y tenencia de armas, la Coalición de Ciudadanos por el Desarme de civiles presentó en 2007 un proyecto de ley avalado por 1.800.000 firmas. Este congreso admirable ni siquiera discutió la iniciativa. Ni se enteró de que las campañas de reducción del porte de armas en Bogotá se tradujeron automáticamente en una reducción proporcional de homicidios. Productores, contrabandistas de armas y las compañías de seguridad privada –que no andan propiamente desarmadas- son los primeros en rechistar. Si extranjeras, muchas de esas firmas incorporan mercenarios que escapan a la ley colombiana y gozan de inmunidad diplomática. Si nacionales, otras tantas están integradas por miembros de AUC desmovilizados que prestan vigilancia privada y, a menudo, servicios de inteligencia.
Está visto que la guerra por sí sola no conduce a la paz. Hay que desarmar a los civiles, no sólo a los ejércitos ilegales, y devolverle al Estado el monopolio de la fuerza. Además, reorientar la seguridad revalorizando la justicia e ideando un modelo económico de crecimiento con empleo y verdadera seguridad social. Decisivo será el desarme de los ciudadanos y de los espíritus. Y reconocer más valentía en el llamado a la paz de doña Emperatriz de Guevara que en tanto pantalonudo segando vidas inocentes.
por Cristina de la Torre | Abr 10, 2017 | Abril 2017, La paz, Posconflicto
Se sale Álvaro Uribe de la ropa ante las víctimas, como ocurrió este domingo en el Congreso. Y denigra de la Verdad que atisba, porque ésta derrumba su historia oficial del conflicto: le arroja toda el agua sucia a las Farc y salva de responsabilidad a uniformados, a mafiosos y políticos, a empresarios que lo financiaron voluntariamente. No para defenderse del secuestro y la extorsión —como sucedió a la mayoría de ellos— sino para forrarse de oro y poder, al calor de una guerra que cobró la mar de muertos, desapareció por la fuerza a 60.630 civiles (¡!), desintegró la vida de millones de colombianos y les rompió el alma. Para paliar las secuelas del sufrimiento extremo y darle veracidad a nuestra historia, no basta con rescatar la memoria de las víctimas; se impone además la verdad narrada y reconocida por sus victimarios de todos los colores.
Al lado de Justicia y Reparación, dos decretos dan vida plena a la Jurisdicción Especial de Paz que tortura al expresidente. Uno, crea la Comisión de la Verdad; otro, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Se propone la primera conocer los crímenes de la guerra, registrar los estragos causados a la democracia, desentrañar las raíces del conflicto y reconocer la responsabilidad de sus actores. Si capotea a quienes quieran convertirla en instrumento de venganza, la Comisión de Paz será receptáculo de las voces acalladas de la guerra; y de las desinhibidas que reconozcan las infamias perpetradas por mano propia. Con alarde de sevicia que duele describir, menudearon aquí masacres, secuestros, desapariciones, mujeres convertidas en arma de guerra por violencia sexual y actos de terror contra la población civil, a la que todos los contendientes convirtieron en prolongación del enemigo.
La mayoría de masacres corrió por cuenta de paramilitares, a menudo con el solapado consentimiento de miembros del Ejército. Cuando no andaban éstos en faena de falsos positivos. Montaron los paras en la finca La 35, Antioquia, una de sus “escuelas de descuartizamiento” de personas vivas. A las Farc y el ELN se atribuye el 90% de los 29.879 secuestros habidos entre 1970 y 2010. El secuestro obró también como arma contra rivales políticos. De estas víctimas 50,8% fueron liberales; 29,8% conservadores; 15% de otros partidos, y 4,5% de izquierda. Entre los actos de terrorismo de las guerrillas, horrorizan los 80 incinerados de Machuca, localidad que estalló en llamas cuando el ELN dinamitó allí el oleoducto.
Soldados y paras cargan con casi todos los desaparecidos, cuya cifra más que duplica en esta democracia la habida en todas las dictaduras del Cono Sur. Copia de los nazis, la práctica nos llegó como estrategia contrainsurgente, y todos los actores del conflicto la cooptaron después. Arrojaron los paras miles de sus desaparecidos a fosas comunes, a los ríos, a hornos crematorios. En San Carlos, municipio de 25.000 habitantes reducido por la huida a 5.000, una mujer expresó: “Se sabía que cuando uno [de nosotros] desaparecía, iba muriendo despacitico toda la familia”.
Las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad serán escenario de catarsis colectiva. Muchas víctimas lograrán, por fin, elaborar su duelo petrificado en el olvido; vencer el silencio impuesto por el que disparó o por el que ordenó disparar. Terminado el conflicto, llegó la hora de las víctimas: suyo es ahora el derecho de hablar, de reclamar y exigir la verdad. Y la suprema libertad de perdonar. En los tres años que se avecinan, la Comisión permitirá no sólo conocer la Verdad sino reconocerla. A partir de la gama entera de verdades que emitan todos los implicados, su informe final será vital para una historia no oficial de la guerra.
por Cristina de la Torre | Abr 3, 2017 | Abril 2017, Corrupción, Narcotráfico
No es casualidad. El protagonismo de Popeye en una marcha anticorrupción presidida por políticos con prontuario parece una charada; pero denuncia el último tentáculo de las castas de siempre (ampliadas con emergentes) para reinar, apropiarse de lo público y enriquecerse con la guerra: el narcotráfico y la impiedad de sus ejércitos. Instrumento de la hora para mantener el control sobre la tierra y suplantar a la Justicia, no brillan estos ejércitos privados por su originalidad; que pertenecen ellos a nuestra más rancia tradición. Lo nuevo es la “democratización” de la corrupción por la vía del narcotráfico. Sacudida que no disuelve del todo jerarquías pero convierte a los políticos de provincia en mediadores de las regiones con el poder central; y abre canales de ascenso a vastos sectores de marginados y excluidos en un país que moderniza su economía pero preserva relaciones con tufo a sociedad colonial. Mas la corrupción no sólo se democratiza. También se diversifica, a veces en las mismas manos. Un personaje de la entraña uribista como Otto Bula trata presuntamente con paramilitares para hacerse con 3.000 hectáreas; y a la vez habría entregado coima de la multinacional Odebrecht a la campaña del presidente.
De la anunciada confluencia entre líderes de la manifestación y el sicario de Pablo Escobar que carga con 3.000 asesinatos no puede inferirse sino afinidad de intereses y valores pues, salvo Marta Lucía Ramírez, ninguno de ellos lo objetó. Uribe, Ordóñez, Londoño, Pastrana, Henrique Gómez, el temible pastor Arrázola guardaron silencio. Y la senadora del CD Paola Holguín la justificó por ser aquel matón ciudadano con derechos. Crisol de extremistas, en el uribismo puede lo mismo un expresidente amenazar con romperle a otro la cara, marica, o manosear la idea de patria, que un ser abominable como Popeye armarse de “valor patriótico (contra la corrupción) y gritarle ladrón al ladrón y rata a la rata”. Uno y otro parecen gobernados por el mismo patrón de conducta, por el mismo lenguaje soez que naturalizó el discurso de la violencia.
Sostiene Eduardo Lindarte en Razón Pública que la raíz de la corrupción descansa en la jerarquía de castas y su exclusión racial y social que nos viene de la Colonia. En vez de una moral colectiva, solidaria, imperan entre nosotros relaciones de dependencia personal, con sus corolarios de elitismo y sentido de privilegio que les da a los estamentos superiores licencia para burlar la ley. En los estratos inferiores, la corrupción responde a la búsqueda de las oportunidades que la sociedad les niega. Diríase que mutó la lealtad y ahora se le profesó al nuevo patrón.
Sobre ese presupuesto floreció el fenómeno redistributivo del narcotráfico. Este sobornó a políticos, jueces, funcionarios y uniformados. Allí donde gobernó impuso seguridad y orden con puño de hierro, pero regó dinero entre los olvidados que tuvieron entonces moto y celular y negocio propio y, los más avisados, metra corta. Miles de muchachos se sintieron “gente” al acertar el tiro contra la víctima del día, tras encomendarse a la Virgen para no fallar. Se generalizó la mentalidad del todo-vale y un pragmatismo amoral disparó la convivencia con la ilegalidad y el crimen. Con el narcotráfico hicieron negocio las élites y salieron del purgatorio muchos excluidos. Su gran beneficiada, la clase política.
Nuestra derecha apunta al poder en 2018 con ardoroso apoyo del rey del sicariato, que así se la juega por culminar su ascenso en la política. Momento de transparencia involuntaria que la democracia agradece. Porque mueve a las mayorías hartas de narcotráfico, corrupción y violencia a unirse en el proyecto de construir un país distinto.
