por Cristina de la Torre | Jul 18, 2017 | Arte, Julio 2017, Posconflicto
Dos obras descuellan en la reciente producción sobre la guerra en Colombia: Basta ya, texto de consulta obligada del Grupo de Memoria Histórica; y El Silencio de los Fusiles, documental de Natalia Orozco que debuta esta semana en salas de Cine Colombia. De género y alcance distintos, se complementan, no obstante, para brindar una panorámica completa del conflicto armado y su final. Con sensibilidad de artista, trayectoria de periodista y la audacia que el desafío demandaba, la documentalista puso el dedo en el acontecimiento que partió en dos la historia del país en un siglo: la negociación de La Habana y su desenlace en el fin de la guerra. Tras cuatro años de rodaje, venciendo mil obstáculos, entrega Orozco el primer registro documental del proceso de paz, cocinado desde su entraña misma.
La autora se cuela por las entretelas del proceso y consigue que sus entrevistados (en particular los comandantes de las Farc) terminen por hablar desde la intimidad de sus ambivalencias, incertidumbres y esperanzas. Lejos del maniqueísmo que informa las versiones interesadas de buenos y malos, de héroes y villanos, se desnuda aquí el torbellino todo de impulsos y razones que movieron a la guerra y a la paz. Gracias a la abundancia de material fílmico al servicio de una pregunta definida (¿qué existe al otro lado de la guerra?); gracias a la impertinencia de la entrevistadora que, sin ocultar su aversión a la guerra hace preguntas políticamente incorrectas, registra el espectador una evolución inesperada en los comandantes de la guerrilla. Va la mutación desde el relato heroico inicial con el que pretendió Iván Márquez encubrir las vilezas que se habían tomado el levantamiento armado, hasta el reconocimiento de sus víctimas, el desarme de su ejército y el sometimiento a las reglas de la democracia.
Tal transformación, por sí sola, humanizaba a las Farc. Por más que la directora se esforzara en extirpar toda traza de arte o poesía infiltrada en la imagen de “responsables de algo tan poco estético como la guerra”. Mas no les concedió el privilegio de la fatalidad, del destino inexorable que justifica la irresponsabilidad de los héroes. Y la paradoja: por más que se pronunciara ella contra la objetividad forzada (que redunda en artificio), por más que obedeciera a su propio corazón y a sus ideas, a fuerza de rigor resultó su documental modelo de ponderación y equilibrio.
Aleccionador pronunciamiento el de los protagonistas del diálogo de paz en la obra de Orozco. Pero en ella se echan de menos más voces de víctimas, pues el testimonio descarnado del sufrimiento y el horror padecidos es memoria de los dolientes, nervio de la verdad histórica. Porque ellos cuentan qué pasó y por qué pasó, son sustancia de la conflagración que La Habana sofocó. Dirán los que saben que es cuestión de énfasis, de preservar el foco principal del documental. Y que obras como Basta Ya han convertido el testimonio de las víctimas en materia de dominio público. Sea.
Proliferan en sus páginas relatos como el de las mujeres de El Tigre, Putumayo, que sacan del río los cuerpos de sus hijos, de sus maridos, recién “abiertos”, para coserlos y darles dignidad. El de una sobreviviente en Trujillo, Valle, que ve sentarse al padre de los hermanos Vargas (dos ebanistas torturados y desaparecidos en 1990) en una banca del parque, día tras día, al sol y al agua, la mirada perdida en el vacío, esperando a que aparezcan “mis muchachos”. Cuerpo público del dolor, murió de tristeza. Estado y guerrilla, los actores de la guerra representados en La Habana, tendrán que ser fieles al testimonio rendido en El Silencio de los Fusiles. Porque es ya de dominio público, y obliga.
por Cristina de la Torre | Jul 10, 2017 | Internacional, Julio 2017, Régimen político
Camisas pardas en la Alemania de Hitler, camisas negras en la Italia de Mussolini, camisas rojas en la Venezuela de Maduro. Comandos de acción intrépida y atentado personal aterrorizaron allá y acá, como SS, como fascios, como colectivos chavistas. Dictaduras semejantes en política a las de Stalin y Fidel, se hicieron todas ellas con el poder desde la idea socialista, para ahogarla en sangre conforme mutaban sus mentores en verdugos del propio pueblo. Son regímenes de partido único, de monolito. De piedra abrazada en hierro, indivisa, impenetrable, con vocación de eternidad, erigida sobre la corrupción de una camarilla en funciones de gobierno (la nomenklatura), sobre la violencia y el miedo. En eso derivó la revolución bolivariana: en fascio-estalinismo como ciencia de gobierno.
91 muertos en cien días de protesta callejera se cargaban la Guardia Nacional y los paramilitares de Maduro cuando irrumpieron éstos a rugidos en el recinto de la Asamblea Nacional. De su brutalidad contra los diputados resultaron siete hospitalizados. Y repudio mundial por el asalto a mano envarillada al órgano supremo de representación popular. Minutos antes del asalto había azuzado el Vicepresidente Tareck El Aissami a los energúmenos para tomarse “las instalaciones de un poder del Estado secuestrado por la misma oligarquía que traicionó a Bolívar”. Los invitó a invadir el salón y, en ánimo golpista, “a tomar juramento de nuevo”. Mas no se contrae la ofensiva al Legislativo; se extiende al poder Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia, órgano de bolsillo del Gobierno, prepara juicio y destitución de la Fiscal General, por reivindicar el Estado de derecho, la separación de poderes y objetar la convocatoria de una constituyente que dará poderes sin límite al Presidente y a su partido. Que prensará, aún más, el monolito.
La que se prepara es, en recuerdo de Oliveira Salazar, una constituyente corporativista. Invocando el Estado comunitario –manoseado también por Uribe y Fujimori–, organizará el poder local en consejos comunales con representación desproporcionada en la Constituyente. Pero serán organismos controlados por el Gobierno. Adminículos del partido único en el poder, obrarían más como fachada legitimadora del régimen que como poder con autonomía y capacidad decisoria. Quedará la soberanía popular encasillada en órganos de representación estamental adscritos al poder del partido de gobierno. En suma, ni voluntad general, ni pluralidad política. Dijo el vocero de los obispos en Venezuela que esta constituyente será la formalización coercitiva de una dictadura militar.
No en vano declaró Maduro que haría con las armas lo que no se pudo con los votos. Si no con las armas oficiales de la república, (en previsión de deslizamientos intestinos en el Ejército) con su anunciado medio millón de milicianos. Brazo armado del autócrata, cuyo primer contingente de 100.000 hombres obra hace años a sus anchas y en completa impunidad. Rasgo prominente en los regímenes de fuerza, ya fascistas, ya comunistas, otros lazos unen a los dos modelos. Como la concentración del poder y su carácter absoluto. O el ejercicio de la autoridad desde arriba y por encima de la ley.
Mas, como todo dictador, se cuida Maduro de aparecer como representante del pueblo. Lo que le da licencia para halagar a sus prosélitos, si condescienden; o para destruirlos, si se le oponen. Pero no es infinita su fuerza. Un pueblo volcado a las calles con la bandera en alto de la no-violencia conquista lo impensable: empieza por lograr casa por cárcel para el líder de la oposición. Si persevera y se organiza, si mantiene la simpatía del mundo, podrá perforar el monolito. Y hasta disolverlo.
por Cristina de la Torre | Jul 5, 2017 | Conflicto interno, Julio 2017, La paz, Política agraria, Posconflicto, Uribismo
La tienen menos fácil cada día. Ganada la paz política en un país donde cohabitaron siempre el poder y la violencia, tendrán que batirse ahora las extremas en un escenario menos auspicioso que el de la guerra: el escenario del posconflicto. El de las reformas que apuntan hacia un país mejor. A la voz de reforma rural y más democracia suscritas por acuerdo de paz, y desacreditado el recurso al miedo, terminarán todas las fuerzas por pelar el cobre. Allí donde la ambición desmedida se fermenta desde la eternidad, querrá la derecha exaltada defender hasta su última hectárea de engorde, habida por graciosa concesión del destino, de la trampa o del fusil; defender hasta su último concejal elegido a razón de $30.000 el voto.
Y la otra extrema, diga usted el ELN reintegrado como partido legal, podrá caer en altisonancias de neófito educado en guerra santa, pródiga que fue en secuestro y destrucción de la riqueza nacional. Un misterio, también, cómo podrán las Farc desvanecer el odio que la mayoría de colombianos les profesan, si resultan verosímiles como organización política. Será cuestión de tiempo. Pero será, sobre todo, un logro sin precedentes, que todo radicalismo y la gama entera de opciones políticas puedan expresarse sin matarse y con respeto a las reglas de la democracia. No será la rosada aurora de los soñadores –que lo somos casi todos– pero sí un empezar a sacudirse el atraso, la miseria, la humillación. Ni más ni menos.
En la antesala del posconflicto grita el imperativo de propiciar una reintegración en regla de las Farc y su conversión en partido, para evitar que se reciclen ellas en violencia. Pasado el umbral, reconocerles a las regiones olvidadas, epicentro del conflicto, el poder electoral y de gestión siempre monopolizado por la política tradicional: llámanse curules para las víctimas y sus comunidades en Circunscripciones Especiales de Paz, y participación en la planificación y el desarrollo propios. En segundo lugar, financiación de los programas sociales y de infraestructura que el posconflicto apareja. En $130 billones estima el Gobierno la inversión a 15 años; la Misión Rural, en $200 billones; y Claudia López, en $330 billones. Sólo el 3% de los cuales iría a reintegración, seguridad, educación y oportunidades de trabajo para los desmovilizados; 11% a Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y 86% a cubrir las necesidades básicas de los 15 millones de colombianos olvidados en esas regiones. Es la paz territorial.
Empoderar a las comunidades, se dice, ahorrándoles el aterrizaje paternalista del Estado Central, con su bonhomía de ocasión. De la mano con los pobladores, con sus autoridades legítimas en departamentos y municipios, echar a andar la sustitución de cultivos con proyectos de desarrollo productivo y todos los apoyos del Estado. Será comienzo del desarrollo rural integral con enfoque territorial, que contempla formalización de la propiedad en el campo, creación de un fondo de tierras para agricultura campesina e impulso a la agroindustria. El catastro multipropósito no sólo se traducirá en pago justo de impuestos sino que será base técnica de la descentralización.
En el origen del conflicto armado que termina obra, como pocos factores, la desigualdad. Demuestra Consuelo Corredor que, mientras en Uruguay la minoría que constituye el grupo de los más ricos recibe 5 veces lo que el grupo más pobre, en Colombia recibe 22 veces más. Sin embargo, el uribismo propondrá el 20 de julio derogar el decreto que crea los programas con enfoque territorial del posconflicto y el plan de construcción de vivienda social en el campo. ¿Otra incursión de la minoría ruin que acapara privilegios haciendo trizas la paz?
por Cristina de la Torre | Jun 26, 2017 | Corrupción, Junio 2017, Salud, Seguridad social
Héroe de la paz y villano de la política social. Terrible ambivalencia pesaría sobre el presidente Santos que hoy preside la disolución de las Farc, si a su turno objeta leyes de beneficio a los pensionados y perpetúa la seguridad social como coto de mercaderes: de las EPS en salud, de los Fondos Privados en pensiones. Para guardar proporción mínima con la inflexión histórica que la ceremonia de hoy encarna; para dar pasos ciertos en la construcción de un país distinto, debería empezar por sancionar dos proyectos que el Congreso aprobó esta semana: la ley que reduce el confiscatorio aporte a salud de los pensionados, y la que reduce semanas de cotización a pensión para mujeres que obtendrán ese derecho por debajo de dos salarios mínimos. La primera rescata la mesada en regla; la segunda compensa en parte la discriminación salarial contra la mujer.
Mas, como en catatónica respuesta a una fatalidad; como si la distribución del gasto público se labrara en piedra; como si estuviera Colombia condenada sin remedio a la privatización de su seguridad social, advirtió el ministro de Hacienda que las tales leyes le costarían al fisco $3,3 billones. Que plata no había. Y no faltó entre “los economistas” quien propusiera otra reforma tributaria (más IVA para el escuálido bolsillo) y echar mano de partidas que los maestros lograron para la educación pública. Y el ministerio de Salud hizo la segunda. Que con ello se ahonda el hueco fiscal del sector, dijo, aunque nunca obligó el pago de los $9 billones que las EPS adeudan a los hospitales. Por su parte, los Fondos Privados de Pensiones, tiburones en este mar bravío, vuelven a la carga con idéntica cantinela de tragedia fiscal. Tragedia es el haber convertido estos derechos en negocio de particulares, a kilómetros-luz del principio solidario que dio vida a la seguridad social en el mundo civilizado.
Tragedia la de los afiliados a esos fondos privados, que sólo pensionan a la mitad de sus cotizantes y, cuando lo logran, reciben mesadas equivalentes a la cuarta parte de los ingresos sobre los cuales se calculó su aporte. Escribe César Giraldo en Le Monde Diplomatique que el poder financiero propone abiertamente privatizar por completo el sistema de pensiones. Y es porque, visto el fraude perpetrado, ha habido desbandada de sus afiliados hacia Colpensiones. En 2016, la estampida fue de 200.000 personas. Y espera que todos caigan ahora como corderos en su corral, dizque para defenderlos de un sistema público insostenible. Pero, sostiene Giraldo, el alto costo fiscal es culpa de las AFP pues, mientras la mayoría de pensionados está en el sistema público, los activos financieros están en el privado. El uno, paga las pensiones; el otro, atesora la plata. En 2016, los privados acumulaban activos financieros por $196 billones (22% del PIB).
¿No se le ocurrirá al Gobierno ponerle mano al abuso y proteger a la ciudadanía? ¿O reducir siquiera a la mitad los $50 billones que alcanza al año la corrupción? ¿O poner a pagar impuestos a los potentados del campo, a las Iglesias (católica y cristianas)? ¿Quién responde por la defraudación de $17 billones en Reficar? ¿Hasta cuándo rigen los vergonzosos contratos de estabilidad tributaria y tarifas especiales en zonas francas? ¿Es esta clase dirigente incapaz de devolverle al Estado la iniciativa y el control directo de fondos destinados a salud y pensión, derechos fundamentales de la ciudadanía?
Plata hay; es que está mal repartida y robada. Si salió Santos victorioso en su osada guerra contra la guerra, ¿no querrá también apretarle el guante al abuso y al negocio que se tomaron los derechos sociales de los colombianos? ¿De quién espera la venia: de la OCDE?
por Cristina de la Torre | Jun 20, 2017 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Junio 2017, La paz, Proceso de paz, Uribismo
Destilando bilis, envenenado de rencor asiste el uribismo al desarme de las Farc, mientras millones de dolientes celebran el milagro de una guerrilla poderosa que silencia sus fusiles para siempre. Es el fin de una guerra de medio siglo que cobró miles y miles de vidas inocentes. Como traicionado por la amante que halaga su hombría en el juego de la guerra, queda el Centro Democrático disparando al aire, reducido a la prosaica realidad: con la desaparición del enemigo armado se descorre el velo heroico de su gesta anticomunista, para desnudar ahora la crudeza de una propuesta ultraconservadora, por la que siempre se batió entre bastidores. Ni democracia, ni reforma rural, ni redención de la Colombia olvidada, ni castigo para responsables de atrocidades en el bando de terratenientes, uniformados y parapolíticos. Bien la definió, con contundencia digna de Laureano, Fernando Londoño: somos de derecha y volveremos trizas el Acuerdo de Paz. Verdad que ha brillado solitaria en la manigua de mentiras, hipérboles y eufemismos que signan la índole del uribismo. Y su objetivo estratégico.
Destruir el Acuerdo de Paz no es cosa baladí. Ni se contrae a suprimir las ventajas que la justicia transicional le ofrece a la guerrilla (y a todos los contendientes del conflicto). Concesiones enanas si se las compara con las que quiso Uribe darles a las AUC en la negociación secreta de Ralito: amnistía y cero cárcel aun para responsables de delitos atroces; y estatus político al narcopramilitarismo. A tiempo frenaron las Cortes semejante extravagancia. En 10 años, de 32.000 desmovilizados, La Ley de Justicia y Paz arrojó míseras 22 condenas. Una vergüenza. Hoy quiere el uribismo eludir la responsabilidad judicial y política que le cabe en el conflicto que termina. Pero volver añicos el Acuerdo es, sobre todo, sepultar la posibilidad de reconstruir la sociedad sobre cimientos de equidad y democracia.
Rapaz de nación, hoy se disputa el CD en el Senado las curules que en circunscripciones de paz corresponderían sólo a víctimas y campesinos que jamás se vieron representados en el Congreso. Así buscará el uribismo recomponer su hueste parlamentaria, tras la paliza de 80 congresistas suyos judicializados por parapolítica, cuando en los altos poderes menudeaban convites non-sanctos. Como aquella visita de jefes paramilitares todavía en armas al Salón Elíptico, para júbilo del pleno parlamentario que registró, ojos y boca muy abiertos, la erguida protesta de Gina Parody y Rafael Pardo. O los repetidos encuentros del paramilitar Job para conspirar con la plana mayor del Gobierno de Seguridad Democrática, en plena “casa de Nari”.
De reforma rural, ni hablar. Hostil a la devolución de predios arrebatados al campesino en la guerra y a la recuperación de baldíos malhabidos para dar tierra a quien la necesita, no se conforma esta derecha con promover el hundimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Apunta también a donde nadie se atrevió en 80 años: contra las leyes de expropiación con indemnización por razones de utilidad pública y necesidad social, y las de extinción de dominio en tierras ubérrimas sin explotar. Y es aquí donde más debe de dolerle el fin de la conflagración. Que fue al calor de la guerra, en la batahola de ejércitos de malhechores, como se consumó la más sangrienta reconcentración de la propiedad rural y el control del territorio en Colombia.
Llegada la hora de la verdad, las Farc responden con grandeza. Esta semana entregarán hasta el último fusil de su fuerza en armas. Uribe y su bancada de soldaditos de plomo tendrán que habérselas ahora sin la coartada de las Farc. Sin la hoja de parra que disimula sus vergüenzas.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2017 | Corrupción, Junio 2017, Salud
Si no fuera por demanda del senador Robledo, habría ya triunfado el estropicio Pero las aves de presa de la salud no darán su ala a torcer. Llena de irregularidades y abusos, escoltada por el mismísimo Gobierno, la operación de venta de Cafesalud a Prestasalud viola las normas de contratación pública, afecta el patrimonio de la Nación, pone en riesgo a los acreedores, extrema el modelo de concentración en una EPS y compromete más, si cabe, la calidad del servicio de salud. Prestasalud comprará por $1,45 billones los activos de Cafesalud, empresa quebrada que no podrá pagar sus deudas de $2,9 billones. Como no pudo asignar sus 4 millones de citas con especialistas ni practicar las 260.000 cirugías represadas. Tampoco la compradora asumirá deudas y pasivos. Ni correrá riesgo económico, porque financia en buena medida su inversión con créditos del Gobierno (Fosyga, Findeter después). Mano tendida a particulares que atesoran dinero público en proporción a la violencia pasiva que ejercen contra los pacientes.
La operación es maná del cielo: Prestasalud compra a huevo, descarta deudas y pasivos, recibe crédito público desviado del bien común al enriquecimiento privado, y recibirá del Gobierno $5 billones cada año (y más ahora, por decreto, para la compradora) para prestar misérrimo servicio de salud y embolsillarse el grueso. Que así lo estableció la Ley 100: mientras menos gaste en sus pacientes la EPS, más gana; ergo, ésta mezquina la atención, o no la presta.
Tal billonada recibirá Prestasalud por transferencia directa de fondos públicos a las 180 clínicas particulares de Cafesalud, que fueran de Saludcoop. Dígase al entorno de Carlos Palacino, por interpuesta persona. Inmune a juicio y prisión, no obstante haber abastecido sus negocios y una vida ostentosa de modesto empleado venido la magnate con $1,4 billones succionados a fondos de la salud, le juega Palacino verónicas a la justicia. La tratativa de marras será la cereza del pastel horneado durante un cuarto de siglo, desde cuando Álvaro Uribe, imitando el modelo que Pinochet introducía en Chile, trocó la Salud en mina de rufianes.
Esta venta legaliza la integración vertical total, prohibida por la Corte. Consiste en que la EPS prestará servicios sólo en hospitales de su propiedad. Y confunde en una y misma cosa a aseguradora y prestadora de salud. Negocio redondo: la EPS transfiere a sus clínicas una jugosa tajada del dinero que el Estado le confía en administración. Abusó Palacino de este esquema, al punto que el Estado debió intervenir a Saludcoop. Mas no para obligar al desvalijador a pagar lo que debía, sino para asumir sus pasivos y entregar los activos a Cafesalud… ¡que era de Saludcoop! Todo quedaba en familia.
Denuncia Jorge Enrique Robledo que no hubo en la venta de Cafesalud pluralidad de oferentes. Que fue una falsa subasta. Como lo fuera la pantomima de Isagén, vendida a proponente único, sin competencia que en la puja elevara el precio de venta de la empresa. Y demandó la operación, exigiendo corregir los entuertos. José Roberto Acosta, por su parte, revela que el ministro de Salud prestó en forma irregular recursos del Fosyga a una empresa quebrada, Cafesalud. De la misma manera como lo hizo el Banco Agrario con Navelena-Odebrecht. El Estado al servicio de corruptos e insolventes.
La privatización de la salud no resolvió los defectos del sistema; antes bien, los agravó. Hoy se traduce en salud buena para quien pueda pagarla y, para la mayoría, atención primaria mínima, barata, o nula. Efecto perverso de la alcahuetería de los Gobiernos con los mercaderes de la salud, y de su desdén hacia el símbolo trágico del sistema: el paseo de la muerte.
por Cristina de la Torre | Jun 5, 2017 | Junio 2017, Narcotráfico
Un negocio siniestro florece en Medellín: el narcotour. Y opera al parecer con la misma naturalidad con que el sicario de los 300 muertos desfila en manifestación uribista contra la paz, codo a codo con celebridades de la política que fingen no verlo. Pero uno y otro hecho ultrajan el sufrimiento de una ciudadanía que se arranca como puede el lastre de horror que Pablo Escobar legó. Rubios mochileros alternan aquí turismo sexual y consumo barato de cocaína con este recorrido morboso por lugares y objetos distintivos del Robin Hood antioqueño, cuyos carros-bomba y pistoleros cobraron la vida de miles de inocentes. En 1990, los extraditables asesinaron a quemarropa a 300 policías. El País escribía que la guerra de Escobar arrojaba 4.000 muertos cada año. Popeye pregona orgulloso haber participado en el homicidio de 3.000 personas.
Clientes mimados del tour son ejemplares del Primer Mundo cuyo vicio pagamos nosotros con sangre, mientras ellos, exaltados por la serie Narcos, acuden en masa al recorrido. Thriller de quinta, aun para Hollywood, es aquél grosera deformación del fenómeno del narcotráfico. Repite la lucrativa amalgama de droga, sexo y crimen, sobre el más lucrativo negocio en cabeza de quien fuera tildado primer homicida del mundo. Condición que beneficiarios de Medellín sin Tugurios disculpan “por la persecución que se le tendió a un hombre bueno”. Feudo del Patrón, en aquellos barrios la fe en Escobar diluye su pasado violento. Wberney Zabala pregunta cómo puede uno sentirse al salir de un basurero para recibir una casa digna de manos del único que quería darla: Pablo. Sentimiento parecido albergan los excluidos que ganaron poder y dinero al calor del narcotráfico, emulando el modelo milagroso de enriquecimiento fácil. Así se llena el vacío de Estado.
De otros, incluidos desde la cuna, ni hablar. En codicia desbocada, depusieron todo escrúpulo, se sumaron al negocio –de frente o de ladito– y le dieron carta de ciudadanía a la ética del traqueto. Otros vendieron sus mansiones a narcotraficantes por sumas de fábula, en el barrio más exclusivo de Medellín. Bajo presión, o de buena gana, un enjambre de residentes acudió a la feria de ventas: “le tendieron la mano al enemigo”, apunta la escritora María Cristina Restrepo. Y allí se levantó el edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar y su familia, dinamitado en 1983 por el cartel de Cali. Mole desapacible en su abandono, recuerdo ominoso del pavor que se apoderó de la ciudad, la construcción es punto de partida del narcotour y paisaje de fondo en la fotografía del turista.
Se la hizo tomar, cómo no, el reguetonero J. Álvarez vistiendo camiseta de Escobar. Entonces el Alcalde Gutiérrez le exigió respeto por la ciudad: lo suyo es una ofensa para Medellín y para el país, le espetó exasperado. Y al rapero norteamericano Wiz Khalifa, que repitió la dosis, lo llamó sinvergüenza; en vez de llevarle flores a Pablo Escobar debió llevárselas a sus víctimas, y disculparse con la ciudad, remató. Tras ires y venires de Gobiernos anteriores, Gutiérrez tomó la añorada decisión: demoler el edificio Mónaco y construir, en su lugar, un parque en memoria de las víctimas. Aplauso cerrado.
A la mar de libros, películas y seriados que hacen la apología del narcotráfico y sus delitos se suman los 110 videos de Popeye en You Tube con sus diez millones de visitas. La versión de los victimarios. Pero es hora de incorporar a la historia también la verdad de las víctimas. Sin ella, en lugar de aportar a la comprensión del pasado, la sombra de Escobar seguirá obrando como fetiche que desfigura la realidad. Del cruce de versiones podrá resultar un relato que se aproxime a la historia.
por Cristina de la Torre | May 30, 2017 | Mayo 2017, Mujer
Parece complacerse nuestra cultura en la violencia que hiere todos los días a las mujeres y los niños. En un país que ha “domesticado” su población más indefensa a fuete y a puñal, la mayoría ni se entera de que éste compite por la corona mundial en feminicidio, y las cifras le resbalan: los cinco últimos años registran 345 asesinatos de mujeres por su condición sexual; sólo en los tres primeros meses de 2017 fueron asesinadas 104 mujeres, según Medicina Legal. La estadística de maltrato infantil y violencia doméstica da escalofríos, mientras el matoneo y la represión en la escuela se atemperan con pereza. Mas, en generalización optimista que tantos quisiéramos dar por cierta, el psicoanalista Guillermo Carvajal saluda gozoso un supuesto derrumbe de la estructura política, social y psicológica que sostenía la pedagogía del miedo infundido por violencia en la educación. Más aún, dizque “Dios desapareció del contexto punitivo”. ¡Dios lo oiga!
Porque ya podríamos esperar el vuelco de una saga milenaria a tiro de una generación. No serán muchos los niños que gocen de educación sin sufrimiento y, en todo caso, ninguno escapa al asedio de padres, curas, maestros, Malumas, publicistas y seriados de televisión que enseñan la feminidad como impotencia y daguerrotipo de muñeca deseable; y la masculinidad como ferocidad, miedo a la ternura y a la furtiva, que es “cosa de nenas”. ADN del aire que se respira desde la cuna, para troquelar relaciones de poder entre padres e hijos, y entre géneros, que sólo se resuelven en brutalidad. Aún en las familias más distinguidas. Y quien creció en la violencia, violencia podrá ejercer después.
Excepciones habrá, claro, como el movimiento de Nuevas Masculinidades. Como padres y colegios que apalancan, contra el medio, una educación en libertad y sentido de equidad. Pero son contados. No existe todavía este “mandato colectivo (instalado) en la mente de casi todos los adultos” que el doctor Carvajal acaricia. Para alcanzarlo, habrá que escarbar antes en las raíces culturales que moldean las relaciones entre hombres y mujeres. Así lo propone en Razón Pública la antropóloga Myriam Jimeno, cuyo texto nos permitimos glosar:
Aquella cultura echa raíces en un pasado remoto y camina lerdo con relación al cambio laboral y educativo de la mujer. Tres ejes culturales parecen explicar la violencia contra ella. Primero, el ideal sublime y eterno del amor romántico; a salvo de contradicciones, encarna la idea que ensambla a dos en uno, dos medias naranjas no admiten diferencias. La mujer deviene aquí propiedad del varón y éste lo mismo premia su sumisión que castiga todo conato de rebelión. Baladas, vallenatos y boleros cantan a la propiedad privada, “para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente”. Otro confiesa: “tuve que matar al ser que quise amar”.
Segundo, se tiene a la crueldad contra la mujer como acto de locura. El agresor resulta justificado en un descontrol humano y presentado como insania su plan deliberado de matar. Por último, la idea de que razón y emoción son ríos separados. Así, se legitima la violencia que da cauce a los celos, a la rabia, al miedo de perder la pareja. La exaltación del sentimiento –escribe nuestra autora– recupera la vieja idea del honor que se defiende con el crimen. Sólo un cambio profundo en esos ejes, agrega, infundido a hombres y mujeres desde la primera infancia les darán eficacia a las leyes contra el feminicidio y equidad a la relación amorosa. “Hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos”. No educar el niño a golpes, ni predisponerlo a agredir después a su pareja. Que al feminicida se lo hace desde la cuna.
por Cristina de la Torre | May 22, 2017 | Mayo 2017, Modelo Económico, Política agraria
Su angurria no tiene límites. No contentos con que se les legalice lo usurpado, los poderosos del campo quieren reducir a fórmula inane el poder de expropiar y de extinguir dominio sobre tierras inexplotadas, que el Ejecutivo ostenta desde 1936. Temiendo su aplicación ahora, se despelucan ellos por reversar la legislación vigente. El coco castrochavista seguirá probando su eficacia como coartada para preservar el acaparamiento de tierra, y agudizarlo, en un país donde 80% de la población campesina se apelmaza en el 5% de la tierra cultivable, para producir el 90% de los alimentos. Pero, en el juego de encenderle una vela al campesino y otra a su enemigo inveterado, el Gobierno le concede a éste gabelas que podrán malograr la reforma. Como la legalización de baldíos usurpados, cuyo trofeo es la Ley Zidres. Y la supresión de la expropiación por vía administrativa, para condenarla a su agonía en la inmovilidad eterna de los juzgados. Cosa distinta haría una jurisdicción agraria creada para desenredar y evacuar rápidamente los procesos.
Exultante el uribismo con el golpe de mano que la Corte acaba de asestarle a la implementación de los Acuerdos de Paz, cuyo eje es precisamente la reforma rural, el CD librará una batalla encarnizada contra ella. Asistiremos a la enésima defensa de la concentración de tierras, mientras la derecha armada hace lo suyo en custodia de los predios robados al campesino. Y el país podrá verse de nuevo ante el abismo de la guerra. Misión cumplida. Tras el fragor de la contienda pretenderá seguir agazapado el curubito de los avivatos, miembros prestantes del empresariado y de la política, contra quienes pide acción judicial la Contraloría por haber adquirido ilegalmente 123.000 hectáreas en baldíos destinados a economía campesina.
La prohibición de acumular tierras para no explotar o cultivar a medias mientras se valorizan y no pagan impuestos viene desde 1936. A la luz de la función social de la propiedad, toda la legislación agraria hasta hoy consagra la extinción de dominio para lotes de engorde y predios inadecuadamente explotados. Y expropiación con indemnización, por razones de utilidad pública o de interés social. No se buscó en el 36 cambiar la estructura de propiedad agraria; antes bien, se quiso fortalecer la propiedad privada mediante titulación. Modestísimo alcance que se repite hoy, si se comparan estas iniciativas con las muy liberales reformas agrarias que Europa ejecutó con incautación directa del latifundio y su repartición entre el cultivador medio y el pequeño.
En su tortuosa concertación con los gremios del agro, aceptaría el Gobierno como legal la acumulación de baldíos antes de 1994. Y, además, esos predios sólo configurarían acumulación indebida si el Registro lo hubiese consignado por escrito. Naturalmente, casi ninguna escritura habrá incorporado la nota, y no podrá argumentarse ilegalidad. Será vía expedita para fomentar el acaparamiento y perdonar el robo de las tierras reservadas por la Constitución al campesino que las necesita.
Como van las cosas, en el proyecto que el Gobierno negocia no quedaría espacio para la agricultura campesina. Ni la concentración servirá siempre a proyectos productivos sino a la especulación con la tierra, bien protegida por las armas y por un remedo de catastro rural que no obliga con impuestos. Aboga Alejandro Reyes por “garantizar la propiedad de tierras legales, no de las ilegales”. También se ha dicho que el último recurso para asegurar una reforma rural capaz de desactivar la causa mayor de la guerra será la movilización social y política de todos los demócratas contra la codicia desbordada de quienes llevan siglos haciendo lo que les da la gana.
por Cristina de la Torre | May 16, 2017 | Mayo 2017, Modelo Político
El referendo concebido para aplastar a la minoría homosexual, a solteros y mujeres cabeza de familia es fruto excelso de la democracia directa instituida a la ligera, sin salvaguardias, en la Constitución del 91. Y ésta se inspiró, entre otros, en el filón despótico de Rousseau, quien concedió a la voluntad general el mismo poder inapelable y sin esguinces que otros atribuyeron al monarca absoluto. Aquella Carta defendió el pluralismo, la diversidad y el Estado laico, sí. Pero, inflamada contra el clientelismo y los partidos, se extravió en la fiebre de una democracia “participativa” en bruto, cuyo llamado ardía entonces en la región que se sacudía las dictaduras. Fue su primera usufructuaria la autocracia de Uribe Vélez, edificada sobre su Estado de opinión, que se brincó mientras pudo las instituciones y reglas de la democracia. Abrevando en la misma fuente de ideas, vociferaron ahora Viviane Morales y Lucio, en arrebato místico y a la caza de votos, contra la llamada ideología de género, la homosexualización del país y su venezolanización.
Aquella democracia directa del 91 obraría en cabeza de individuos libres que convergen, dueños por fin de su destino, para adoptar por mayoría decisiones soberanas, esquivando la mano peluda de los partidos. Abundaron los constituyentes de la época en panegíricos a la expresión directa de las masas, en invectivas contra la clase política. Al punto que quisieron erigirse en Asamblea eterna, todopoderosa, y clausuraron el Parlamento para convocar, a desgana, nuevas elecciones. La divisa, armonizar modernización política con el modelo económico que Washington imponía y nuestra Carta cooptó. Tal pauta, empero, en vez de fortalecer la participación política, la debilitó aún más; en vez de desarrollar un sentido de ciudadanía, lo bloqueó; al atacar sus organizaciones, desactivó a la sociedad y la atomizó.
Enemigo jurado de los partidos y del sistema representativo fue Rousseau, heraldo de la voluntad general. Si Hobbes concibió el Estado como poder único, soberano, indivisible y absoluto, el ginebrino le confirió los mismos atributos a la voluntad general. Ya desde el Estado, ya desde la sociedad, ambos militan con la divisa absolutista: el pueblo-uno, corolario del poder-uno, tan caros a dictadores que vemos desfilar, con botas o sin ellas, en nuestros días. Como comprobamos, acá y allá, que la voluntad general así concebida es voluntad unívoca, implacable y ciega a la diversidad de la sociedad contemporánea. Presupone aquella una sociedad uniforme, que asegura su cohesión y acalla el conflicto con el postrer recurso de Rousseau: la religión civil.
No fue civil la que Calvino impuso en Ginebra por votación directa, la mano en alto, del pueblo-uno en plaza pública; pero Rousseau formularía el mecanismo después. Como lo sería la imposición de la particular fe religiosa de Morales para dictar la moral, la ley y el ejercicio del poder en un Estado laico; para quitar y poner derechos fundamentales por capricho. Confesa añoranza del representante Carrasquilla, que querría gobernar con la Biblia y no con la Constitución.
Tocqueville advirtió sobre la tiranía de la mayoría; como antídoto propuso descentralizar el poder y multiplicar partidos y organizaciones sociales. Por oposición a la voluntad general de Rousseau, previno también contra las tendencias niveladoras, homogenizadoras de la igualdad en la democracia. En suma, peca la democracia directa porque avasalla a las minorías, lacera su ciudadanía y puede conducir al totalitarismo. O, a lo menos, a una dictadura electiva, ataviada como democracia del aplauso. O como populismo refrendario, que es perversión de la democracia directa.
