por Cristina de la Torre | Sep 26, 2017 | Iglesias, Régimen político, Septiembre 2017
Claro que la religión incursiona en los problemas de la sociedad y estos tocan, a menudo, la política. Pero una cosa es proyectar un criterio ético sobre asuntos públicos de acción social, de beneficencia y salud, de intermediación por la paz o, aún, del compromiso con los pobres que el Vaticano II trazó. Otra cosa es imponer una religión oficial que ejerza como poder del Estado. Tomar partido en las disputas y guerras entre colectividades políticas; animarlas desde el púlpito y colonizar, como ejército de ocupación, esferas enteras del poder público, y pretender absorberlo por completo. Como ha sido el caso de la Iglesia Católica a lo largo de la historia de Colombia. Y el de Iglesias evangélicas que, por imitación de la jerarquía católica, se ofrecen ahora como la otra opción de Estado confesional.
Si en el origen de nuestra política hecha violencia obra la privatización de la justicia y de la seguridad con ejércitos particulares para hacerse con la tierra, la competencia entre partidos no podía liarse sino a bala. Y en ello metió mano, con rabia, la jerarquía de la Iglesia, para darle carácter sagrado al bando conservador en la contienda. Fue su bandera la “guerra justa” por la fe, en el país que fungía como meca continental del debate sobre el Estado secular: la nación más católica de América, bañada en sangre. Entreverada en las luchas partidistas desde el siglo XIX, la jerarquía católica extremó el conservadurismo del partido azul, hasta depurarlo en ideal de Estado teocrático. Y la Iglesia suscribió a su turno la intransigencia del aliado.
La separación entre Iglesia y Estado, conquista de las revoluciones democráticas en Occidente de 300 años para acá, fue hazmerreír del “régimen de cristiandad” que la Regeneración instauró en 1886. Fue afrenta para Laureano Gómez y monseñor Builes, adalides de la sangrienta reacción contra los intentos de López Pumarejo por rescatar el Estado laico. Letra muerta fue para los purpurados Herrera, Perdomo y Luque que durante décadas designaron a dedo candidatos y presidentes conservadores. También lo fue para las iglesias evangélicas, que siguieron el añoso ejemplo de la jerarquía católica en su divisa de privilegiar el poder espiritual sobre el poder temporal. Pese a la provocadora riqueza que las iglesias Católica y Evangélicas ostentan.
Burlada por enésima vez se vio la separación de Iglesia y Estado cuando Rodrigo Rivera asumió la cartera de las armas en 2011 proclamando a Dios “como jefe máximo de este Gobierno y quien vaya delante de las Fuerzas Armadas de Colombia, (país) de Cristo y para Cristo”. Miembro fidelísimo del Centro Mundial de Avivamiento, este evangélico fue ungido por Dios mediante rito medieval al uso para consagrar el derecho divino de los reyes. Paso inicial, entroncar en su credo el poder coercitivo del Estado. Así descendía el dios de los ejércitos en la patria de Cristo Rey.
En idéntica dirección camina la senadora Viviane Morales, puesta la mira en un Estado patriarcal, heterosexual, de confesión protestante. Así parece ella entender el pluralismo religioso que la Carta del 91 entronizó, con el que se rompió el monopolio del poder católico. Aunque más locuaz en la vena política de los cristianos, Édgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, declara: “en Colombia somos siete millones de cristianos… si nos organizamos podemos elegir presidente”. Para allá van. Pisando el terreno largamente abonado por la Iglesia Católica, actor político sin par en un país donde las guerras partidistas azuzadas por ella misma sabotearon la consolidación de un Estado unitario y secular. Ahora todos cosechan en la debilidad del Estado, padre ausente, con la madre omnipresente, la religión.
por Cristina de la Torre | Sep 20, 2017 | Arte, Mujer, Personajes, Septiembre 2017
Visionaria, Débora Arango pintó hace 70 años como batracios a las élites retardatarias de la política. A jerarcas de la Iglesia que, eternos en su misoginia, se unieron a la encerrona contra esta pionera del arte moderno en Colombia, por ser ella contestataria y mujer. Acaso vislumbró la artista el renacer de la cruzada, hoy contra la “ideología de género” (eufemismo del odio milenario a la mujer) trocado en arma de guerra. A la campaña se sumó el cardenal Rubén Salazar, tan activo en exhibirse ahora al lado del papa Francisco que sacudió al país con su prédica de paz. Débora Arango forma parte de la reveladora obra Rebeldes, de Myriam Bautista. Reúne la escritora en ella perfiles de seis colombianas del siglo pasado, dechado de las virtudes negadas a las mujeres de su tiempo: talento, carácter y valentía para ocupar el podio de las iconoclastas. Glosamos aquí apartes del capítulo sobre la pintora antioqueña.
A Débora Arango la persiguieron, la ocultaron por humanizar a la mujer en sus desnudos; por demoler la estética del eterno femenino, tan conveniente a la supremacía del varón. Por pintar las fealdades de un país que navegaba en sangre y miseria hacia la esquiva modernidad. Por destapar en sus lienzos el grotesco que reverberaba en el oscurantismo, en la hipocresía y el poder intimidatorio de las fuerzas más retrógradas. Hoy convergen éstas de nuevo para disputarse el poder en 2018 y reavivar el espíritu fascista que acosó a la pintora; retroceso que iniciaba ya el gobierno de Seguridad Democrática.
Discípula de Pedro Nel Gómez, incursionó Débora Arango en el expresionismo con sus desnudos, sus óleos y acuarelas de sátira política y de denuncia social. En 1939 debutó con una exposición que el diario conservador La Defensa consideró “obra impúdica que ni siquiera un hombre debiera exhibir”. El obispo de Medellín, García Benítez, la reconvino por mostrar obra indigna de una mujer (no de un hombre). Pero ella siguió pintando desnudos sabiendo que un cuerpo puede no ser bello, pero es humano, natural. El arte, dijo, no tiene que ver con la moral: un desnudo el sólo naturaleza sin disfraz, paisaje en carne humana. Como la vida no puede apreciarse desde la hipocresía y el ocultamiento, mis temas son duros, acres, casi bárbaros y desconciertan a quienes quieren hacer de la naturaleza lo que no es.
En animales representó a los protagonistas de la política y de la Violencia. Primera en cuestionar el poder desde la pintura, revolucionaria no de palabra sino de obra, se paseó por el 9 de abril, la dictadura de Rojas y el Frente Nacional. Escribe Santiago Londoño que a la idealización de la antioqueñidad opuso Arango la realidad de los marginales. Y la de la política: “batracios, reptiles, aves de rapiña, sapos, lobos sustituyen a los políticos y a sus aduladores. (Hay también) ratas que arañan el erario, sapos entorchados que se regocijan en su banquete”. Obispos, calaveras y serpientes refrendan el esperpéntico saqueo. Catilinarias le dedicó Laureano Gómez desde el Capitolio. Y Francisco Franco mandó descolgar sus cuadros el día mismo en que se iniciaba una exposición de Arango en Madrid.
Mas ella pintó lo que quiso, contra su tiempo y su medio. Contra las fuerzas de una sociedad paralizada en las tinieblas y en la arbitrariedad. En medio de políticos afectos a la Falange española; de damas de insospechable ferocidad organizadas en ligas de la decencia; de purpurados que reinaban sobre las almas, la escuela y las instituciones públicas. Como a tantas rebeldes, a Débora Arango la aislaron, la abrumaron de consejas y la señalaron todos los dedos de la inquisición. Sólo a los 70 años le llegó la consagración, llevada por mujeres al trono dorado de los blasfemos.
por Cristina de la Torre | Sep 10, 2017 | Acuerdos de paz, Izquierda, Modelo Político, Partidos, Posconflicto, Proceso de paz, Septiembre 2017
Por su estatura moral e intelectual, artífice de la Constitución del 91 y del fin de una guerra de 52 años, Humberto de la Calle se ofrece como el más seguro candidato de la paz y del cambio que ella demanda. Crece el número de quienes le auguran la candidatura presidencial en la amplia coalición que se cuece como alternativa a las extremas de izquierda y de derecha: al Centro Democrático y a la Farc. Aunque reñida será la competencia con Claudia López, batalladora implacable contra la corrupción, que coloniza cada día nuevos territorios de opinión.
En conversatorio con Natalia Orozco en Medellín, reafirmó De la Calle sus discrepancias con el Centro Democrático, por porfiar ese partido en hacer trizas los Acuerdos de Paz, abocándonos de nuevo a la guerra. Añicos lo haría por estocada letal, a la Londoño (diría yo); o bien, “corrigiendo” su esencia al negar la participación de los reinsertados en política y al desmontar la Justicia transicional. Censura el candidato la treta uribista de cambiar la reflexión por el insulto, la controversia razonada por la masificación del odio pues, a la manera de la Violencia, los insultos en la capital se convierten en bala en la periferia. Porque, recaba, la Mano Negra no ha muerto. Tampoco transige con amenazas contra la sociedad abierta desde el caudillismo y el populismo, ni con la malévola intención de arrastrarnos a una guerra religiosa. Objeta, además, la repulsa del uribismo a la reforma rural y su descabellada pretensión de sacrificar aun el principio de función social de la propiedad consagrado en Colombia desde 1936.
De la Calle se propone defender el Acuerdo de Paz contra aquella celada. Jugársela por las reformas pactadas, porque ellas atañen a la sociedad entera: estabilizar el campo, garantizar acceso a la tierra para los campesinos, limpiar la política, ampliar la democracia, integrar las comunidades olvidadas, son deudas históricas del Estado que la sociedad no perdona ya. Paso inicial en el camino de la equidad y la inclusión, hacia una sociedad abierta, de filosofía liberal, pluralista, que reconozca la diferencia, que propenda al diálogo y no a la violencia para dirimir contradicciones. Terminada la guerra, dice, en una sociedad tan desigual como la nuestra seguirán vivos elementos del conflicto. Y el paso a la modernidad consiste en tramitarlos por los canales de la democracia, sin apelar a la fuerza. Es la suya una propuesta de cambio que mira hacia el futuro; su antípoda, inmovilismo e involución al pasado.
Si se congratula de que las Farc ingresaran por fin en la política sin armas, guarda De la Calle toda su distancia ideológica frente a ellas. En entrevista concedida hace un mes a Juan Gabriel Vásquez, calificaba al grupo armado de “excrecencia del pasado”: una organización autoritaria en su seno, anacrónica inicialmente en su idea de propiedad agraria (condena a priori de la gran explotación y santificación del microfundio) e ineficaz para mejorar la vida en comunidad. El recurso a la violencia se sumó para convertirla en una carga retardataria. Mas reconoce que el proceso de paz “liquidó una fase anacrónica y superada en todas partes”: la fase del alzamiento en armas.
A la espera del programa de la Farc, acaso ablande el candidato en algo tan duro juicio a una colectividad con la cual habrá de competir en el ejercicio de la política. Política que será ahora “más ideológica y aún más radical: un desafío para los partidos tradicionales”, que deberán ofrecer soluciones de verdad. La apertura política permitirá una participación en aumento de la sociedad por sus derechos, signada por la disyuntiva que Humberto de la Calle ha planteado: reforma o estancamiento.
por Cristina de la Torre | Sep 5, 2017 | Corrupción, Derecha, Partidos, Régimen político, Septiembre 2017, Uribismo
De tanto toparse en las alcantarillas, no sorprendería que Germán Vargas y Álvaro Uribe armaran trinca electoral. A sus partidos, Cambio Radical y Centro Democrático, los une el prontuario delictivo de cientos de sus dirigentes; a sus comandantes en jefe, la impunidad política que los cobija por darles aval y defensa apasionada ante los jueces. Comparten además el liderazgo de esta derecha bronca que no se resigna a la paz, quiere estancar a Colombia en el atraso y devolverla a la arbitrariedad que selló el régimen de Seguridad Democrática.
Más aún, echan mano de la democracia directa que la Carta del 91 concibió como respiradero en el asfixiante monopolio de la politiquería. La convirtió Uribe en populismo al servicio de su persona y de los ricos. Y Vargas se toma ahora por asalto el mecanismo de inscripción de candidatura por firmas, diseñado para opciones independientes, sin partido o para propuestas de beneficio general. Avivatada de malandrín para regarle pachulí a la fetidez de su partido y brincarse las normas electorales. Podrá Vargas adelantar así la fecha permitida de campaña, sin vigilancia ni rendir cuentas. Además, dirigentes del mismísimo Cambio Radical anunciaron que rodearán después como partido a su jefe natural, que hoy se presenta como pulquérrima alternativa suprapartidista. Caradura este Vargas. Correrá, a un tiempo, por ambas vías: por democracia directa, con rúbricas de opinión; y por democracia representativa con su aparto de partido, más los de todos los Ñoños y Musas y Néstorhumbertos que adhieran a su candidatura, estén en la cárcel o no. Y acaso también con el del Centro Democrático.
Gorda es la suma. 104 dirigentes de Cambio Radical, congresistas comprendidos, andan subjudice o tras las rejas por parapolítica, corrupción, desfalco al erario, saqueo de la alimentación escolar, asesinato. En 2002, fueron elegidos 251 alcaldes, 9 gobernadores y 83 parlamentarios mediante alianza con paramilitares. Prácticamente todos habían apoyado la elección del presidente Uribe.
Del viejo populismo latinoamericano, Uribe recogió la impronta caudillista, pero no el hálito nacionalista, redistributivo e industrializante que en otras latitudes integró las masas a la economía y amplió la participación política. No registra el experimento uribista genuina participación política sino manipulación de la opinión y de la sociedad, convertida en masa informe, en rebaño de un caudillo hechizo. Así degradada la democracia directa en Colombia, en lugar de robustecer el sentido de ciudadanía, contribuyó a fracturar la sociedad y su capacidad de respuesta organizada; en lugar de propender a la democracia económica, amplió la brecha social, pues su aliado fue la economía de mercado. Así cristalizó en Uribe el ideal del demagogo trajeado de adalid para avivar odios en la manada, cercar las instituciones y dar el golpe de gracia a los partidos. Arquetipo de gobernante que deriva, casi siempre, en dictador. La otra burla a la democracia directa serán las firmas de Vargas Lleras.
La última encuesta Gallup arroja 87% de desprestigio para los partidos; para el Congreso es del 80%. Bien ganados. Pero a cada nuevo estropicio de la clase política se inflama el país de indignación, como no se viera antes. Cabe preguntarse si la ascendente intención de voto en favor de los candidatos que propenden al cambio refleja la rabia de la ciudadanía contra el estado de cosas y su disposición a cortar por lo sano eligiendo un Congreso de gente honrada. Entonces la alianza Vargas-Uribe podría darse contra una muralla de tamaño insospechado. Y habría de batirse después como oposición a la construcción de un país moderno y en paz. Nada Fácil.
por Cristina de la Torre | Ago 29, 2017 | Actores del conflicto armado, Agosto 2017, Corrupción, Paramilitarismo, Uribismo
Como si tantos latifundistas y ganaderos no tuvieran velas en el entierro; dizque en defensa de la legitimidad del Estado, la SAC y Fedegán suscriben ataque del Consejo Gremial contra la prohibición constitucional del paramilitarismo. Les parece que sobra. Pero a la ambigüedad de la ley que lo condena en el papel se suma la inocultable realidad: entre los Gobiernos de Uribe y Santos suman 616 líderes sociales asesinados por paramilitares. Mas tampoco el uribismo se muestra conforme con la medida. Pese al poder que esa fuerza homicida ostentó en la bancada de la Seguridad Democrática. Pese a que en 1996, siendo Uribe Gobernador de Antioquia, se convirtieron las Convivir en paraguas legal del crimen que se organizaba en AUC. Su coartada política, declararse contrainsurgentes, alivió a muchos que pedían protección contra el secuestro de las Farc. Pero fue maná del cielo para los incontables que se sumaron al negocio de la droga y financiaron sus ejércitos.
Han sido precisamente estas élites del campo usufructuarias privilegiadas de una política, setentona ya, en cuya virtud pierde el Estado el monopolio de la fuerza, que es garantía de seguridad para todos en un Estado de derecho. Ceder soberanía en ello a civiles armados, sean socios o amigos, sea un gremio o un partido, o el pueblo raso arrojado contra sus hermanos (como aconteció en las dictaduras conservadoras de mediados del siglo pasado). No se ha curado Colombia de este sino, desde cuando destruyó Ospina Pérez la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Con sus chulavitas, bandas armadas por el Gobierno conservador para cercenar, por exterminio, el contingente de sufragantes liberales, redujo Ospina la Fuerza Pública del Estado a organización sicarial de un gobierno de minoría. En 1947 se masacraron en Ceilán 150 personas en un mismo día.
Evolución de los chulavitas fueron los pájaros en el Gobierno de Rojas Pinilla. Hombre despiadado, de misa diaria, fue El Cóndor su jefe en el Valle. Mereció un reconocimiento del General que destapó la trama de una alianza siniestra prologada hasta hoy: El Cóndor, dijo Rojas, “ayudó al Ejército de la Tercera Brigada a sostener el gobierno legítimo del doctor Ospina Pérez”. 30 años después, Héctor Abad Gómez, preclaro defensor de los derechos humanos, acusaba “a los interrogadores militares de ser despiadados torturadores… criminales a sueldo oficial”. Lo asesinaron. Y no los militares, sino sus aliados: los paras.
En 1958 separó Alberto Lleras cobijas entre militares y políticos. Pero su sucesor, Guillermo León Valencia, volvió a privatizar esta función medular del Estado. Con altibajos, ilegalizado o no, pero de manera sostenida, prevalece desde entonces el modelo que alcanzó su apogeo con las audaces incursiones de aquella fuerza en el Gobierno de Uribe. Fue ella actor de primera línea en la toma sangrienta de la Comuna 13 en Medellín, al lado de las autoridades municipales. Con guiño del alto Gobierno, convirtió al DAS en su servidor y consueta. Cuando Juan Camilo Restrepo asumió la cartera de Agricultura en 2010, declaró que en el Incoder no se podía tomar ninguna decisión sin la venia tácita del paramilitarismo.
Si tanto poderoso exaltado se serenara, menos alas tendría el paramilitarismo, que sueña con un triunfo electoral de quienes prometieron volver trizas la paz. Entonces podría aquel prolongar su fiesta indefinidamente. Escribió hace medio siglo Monseñor Guzmán, coautor de La Violencia en Colombia: “Si los bandidos hablaran, saltarían en átomos muchos prestigios políticos de quienes condenan el delito pero apelan a sus autores”. ¿No es hora de aislar a los bandidos, para salvar el honor y la patria?
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2017 | Agosto 2017, Internacional, Racismo
Trump no es el único comprometido en este nuevo estallido del racismo que acompaña desde su cuna al país estrella de la democracia en el mundo. Responsable sería también Abraham Lincoln, emancipador a regañadientes de los esclavos, por el legado de ambigüedad que el prócer dejó. Movido siempre por el interés electoral, jugó él a dos bandas entre esclavistas y rebeldes, hasta dar con una emancipación sin verdadera libertad de los vejados. Su doble moral no apagó el odio de blancos prevalidos de una superioridad moral y étnica que se resolvió a lo largo de la historia en humillación, linchamiento y crucifixión de negros, por decenas de miles. Y que la semana pasada aupó explosión de nazis y miembros del Ku Klux Klan, supremacistas armados de fusiles y granadas y escudos y cascos y garrotes en Charlottesville, donde gigantones rugientes, ya rapados, ya de larga cabellera, tronaron, gesticularon y asesinaron a una joven, en heroica defensa de la estatua del general Lee, adalid de los confederados alzados en guerra en 1860 para preservar el sistema esclavista del Sur.
Extremos de insania anclados en un pasado que se niega a morir. Pero también hechura de Donald Trump, pavoroso animador de la bestia del racismo que dormita a trechos en el resentimiento de una franja blanca de trabajadores maltratados. Primero, como peones de la aristocracia sureña. Dueña y señora de plantaciones infinitas de algodón y tabaco, cultivadas por esclavos negros sin paga, configuró el más formidable modelo de acumulación de capital, pues la industria del Norte hacía sus primeras armas. Hoy, una desindustrialización inducida hundió en la pobreza a los trabajadores blancos y enriqueció hasta la obscenidad al 1% de la población. Derrumbado el mito de la sociedad igualitaria, se acude a la ficción aristocratizante y fácil de sentirse superiores al oprimido de siempre. Hasta violentarlo.
Tras cinco años de guerra de secesión contra once estados del Sur, se rinde el ejército confederado en 1865 y se proclama la libertad de los esclavos. Mas obra al punto la restauración de la supremacía blanca, y la lucha interminable de los negros por libertades y derechos escritos en el papel y burlados todos los días por nuevas leyes y abusos. Un hito en este recorrido fue la insurrección de los años 60 por los derechos civiles. Y ahora, el pronunciamiento en masa de demócratas de todos los partidos contra la involución homicida de Trump.
Escribe Howard Zinn que en vísperas de la guerra se mostró el Gobierno dispuesto a suprimir la esclavitud, pero sólo en condiciones favorables a los blancos y a los intereses económicos de la élite. Y fue Lincoln quien ensambló la lógica de los negocios con el trazado del Partido Republicano y una retórica humanitaria. Plutocracia, negros una clase media en ascenso cupieron ahora en el mismo saco.
Creía Lincoln que la esclavitud era hija de la injusticia, sí; pero que buscar abolirla podía agravar el mal. Propuso en 1849 acabar la esclavitud, mas para devolver los negros al África. Y adaptaba su discurso a conveniencia electoral. Ya proclamaba en Chicago la igualdad entre los hombres y, a poco, la negaba en Charleston: siempre habrá una raza superior y otra inferior, dijo; y “Yo tengo por raza superior a la blanca”. Terminada la guerra, 19 estados del Norte negaron el voto para los negros. Y todos los del Sur consagraron en leyes la segregación racial. Llegado a la presidencia en 1860 confesó: “mi objetivo estratégico en esta lucha es salvar la Unión (Americana), no salvar o destruir la esclavitud”. Dijo por estos días Susan Sarandon: este país se fundó sobre el genocidio de los nativos americanos y sobre las espaldas de los esclavos.
por Cristina de la Torre | Ago 15, 2017 | Agosto 2017, Clientelismo, Personajes, Régimen político, Uribismo
Chávez acudió al Estado comunitario acaso para potenciar la dictadura comunista que se abre paso en Venezuela. Uribe, para alardear de benefactor del pueblo mientras atornillaba el retorno al modelo de capitalismo que agudizaba la desigualdad y la pobreza. Si antagónicos en economía, se avinieron en el recurso al populismo atávico de estos trópicos. Instrumentaron ambos la democracia directa para fabricarse aureola de caudillo. Y Maduro, llegado el declive, para burlar la democracia representativa que le propinaría en las urnas una derrota colosal. Ante un 70% de venezolanos que vetaba su Constituyente, impuso un Estado comunitario asimilado al minoritario partido de gobierno.
Ataviado de poncho y carriel, suplantaba Uribe cada semana en consejos comunales de 12 horas, transmitidos por televisión, a partidos, organizaciones sociales, órganos de representación popular y a las autoridades del municipio. Brincándose jerarquías y competencias, volvía añicos las instituciones de la democracia. Repartía, como dádiva suya, chequecitos de chequera oficial: pero eran partidas ya asignadas en el presupuesto y negociadas palmo a palmo con todos los Ñoños que en Colombia han sido. Media Colombia lo adoraba. Chávez protagonizaba, a su turno, alocuciones de 12 horas, transmitidas por televisión: vendía, entre gracejos, injurias y arengas, su revolución bolivariana, guitarra en mano, transpirando petrodólares bajo su espesa sudadera tricolor. Y ganaba todas las elecciones.
Inspiración del coronel, los soviets; sus koljoz y sovjoz, cooperativas de jornaleros y campesinos medios, en la Rusia revolucionaria. La de Uribe, más próxima al comunitarismo de Oliveira Salazar, denunciaba impronta feudal. Se veía al presidente colombiano exultante en ejercicio de la autoridad vertical de tiempos idos, ahora a caballo entre la demagogia y el pragmatismo. Entre autoritarismo y nostalgias localistas. Mas aquel poder vertical debió ceder, siglos ha, al poder horizontal, republicano, de los municipios. La ancestral rivalidad entre comunas y municipios marca con Mussolini un hito dramático, cuando el dictador elimina el autogobierno de los municipios. Le seguiría la prohibición de los partidos y la instauración del Estado totalitario, corporativo, de raigambre comunal.
También la Venezuela revolucionaria acabará el municipio. En 2010 se depuró allí el perfil del Estado comunal, con leyes que desairaban la propia Constitución y dibujaban otra visión de país: la del socialismo a la cubana. La Ley Orgánica de Comunas consagra el autogobierno del pueblo mediante la democracia directa. Elimina este estatuto la división político-territorial vigente y suprime el municipio. Es decir, el poder descentralizado, para reemplazarlo por el de una jerarquía central inapelable que coopta a todas las corporaciones, mata su autonomía y su capacidad decisoria: el Ministerio de las Comunas.
Se precipita Venezuela en una dictadura mal disimulada por esta imagen de la voluntad general convertida en fetiche, del bien común reducido al interés de la nomenklatura. Es la antítesis del pluralismo democrático moderno. Y éste incorpora también a las comunidades organizadas, con capacidad deliberativa, electiva y decisoria, cuyos mentores ostentan representatividad política. No son simples voceros de necesidades en una masa amorfa, presa del primer caudillito de cartón que quiera devorársela para hacerse con el poder. No lo serán, verbigracia, nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes legalmente constituidas para defender derechos ancestrales y acceder al poder político. Es hora de vencer la premodernidad y de contrarrestar esta vuelta inusitada a dictaduras revaluadas por la historia: ¡no más uribe-chavismo!
por Cristina de la Torre | Ago 8, 2017 | Agosto 2017, Clientelismo, Corrupción, Posconflicto, Régimen político, Tierras
Como luchando contra el tiempo y el olvido, en Colombia parecería reinventarse a cada paso la figura del señor del siglo XIX. Por lo general un hacendado-militar que disponía de la peonada para librar sus guerras, como fuerza de trabajo y cauda electoral, rasgos suyos perviven en “el Patrón” que hoy prevalece como autoridad política: a veces dirigente de partido; otras, capo de mafia o socio de paramilitar y, no pocas, todo ello a la vez. No es gemelo de su antecesor, pero sí pariente en un sistema de poder que el más acendrado conservadurismo preservó, ahogando en sangre las reformas liberales que rompían con el pasado y se extendían por doquier. No hubo aquí ruptura sino solución de continuidad entre el siglo XIX y el XXI. A Rafael Núñez, a Laureano Gómez, a monseñor Builes, a Nacho Vives, a Salvatore Mancuso, a Álvaro Uribe y Viviane Morales les debemos el humillante honor de fungir como el país más conservador del continente.
Pero el paradigma de hacienda decimonónica, paternalista y despótica no se contentó con mangonear a la clientela. Se proyectó como estructura del Estado, y éste fue patrimonio privado de la dirigencia que se hacía con el poder. Poco ha cambiado. También hoy se ganan elecciones para saquear el erario. Ayer, como derecho natural de una casta cargada de privilegios; hoy, como derecho natural de la misma casta que deglute la pulpa de la contratación pública, y de élites emergentes que reclaman su parte. Una y otras sobreenriquecidas, por añadidura, en la economía del narcotráfico. Y todas ellas (la clase gobernante) catapultadas por la misma red de caciques que siglo y medio atrás cultivaba los feudos electorales que persisten como cimiento y nervio del poder político en Colombia. Mañana debate el Congreso una reforma que quisiéramos capaz de cambiar la manera de hacer política. Que a lo menos disuelva el matrimonio entre políticos y contratistas del Estado, factor que ha trocado la corrupción en ADN del sistema.
En busca de nuestra idiosincrasia política, se remonta Fernando Guillén a la hacienda del siglo XIX, edificada sobre la adhesión servil y hereditaria de peones y arrendatarios a un patrón. El cacique que se rindió al encomendero y después al hacendado obró como intermediario que aseguraba la lealtad del grupo. Salvo en Antioquia y Santander, encomienda y hacienda funcionaron consecutivamente como sistema de adhesión autoritaria y sumisión paternalista al patrón. Términos de Guillén que definirían con exactitud el clientelismo que así campeó, hasta cuando el narcotráfico, la crisis de los partidos y su atomización minaron la obediencia en la base de la clientela electoral. Entonces se concedió ésta la autonomía necesaria para empezar a negociar su propio ascenso en política, sus mordidas y contratos con el Estado. Sin alterar la estructura del vetusto modelo de poder ni desafiar el espíritu de casta, se democratiza por los laditos la corrupción. El sistema político. Aunque sólo para quienes profesan las ideas más conservadoras y lealtad al viejo-nuevo patrón.
Turbios atavismos se divulgan ahora por Tweeter. Otra paradoja en un país de leyes con 95% de impunidad; en la democracia admirable de América que ingresa apenas en la extravagancia de respetar la vida del adversario y vive en régimen agrario colonial. Donde la caverna se disputa el poder para instaurar un régimen de fuerza bajo la égida de Dios. Pero es también el país de hombres sin par, como Sergio Jaramillo, estratega del proceso que clausuró una guerra de medio siglo y trazó las líneas del cambio que traerá la paz. Y ese cambio principiará por enterrar herencias que nos encadenan al atraso y la violencia. La primera, esta saga exasperante del Patrón.
por Cristina de la Torre | Ago 1, 2017 | Agosto 2017, Posconflicto, Reforma Agraria, Tierras
Tuvieron que pasar cincuenta años y una guerra para que el problema de la tierra volviera a escena. No ya como redistribución de la propiedad sino, al contrario, para darle formalidad legal; para devolver los predios robados, y entregar tierra pública al campesino. Pero, honrando una tradición de siglos, han exhibido ya las élites sus fierros contra la reforma rural que entra a debate en el Congreso. Quieren ellas preservar lo suyo, habido tantas veces a la brava; y, más aún, invalidar la función social de la propiedad, cuya letra rige desde 1936. Boicot tras boicot a manos de una oligarquía troquelada en granito, el último intento de reforma agraria se ahogó en Chicoral. Corría 1972. Se venía de una agreste ofensiva contra la política repartidora de Carlos Lleras, cuya punta de lanza fue la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC). Si modesta, volvió a resultarle intolerable al latifundismo, que rugió esta vez en las catilinarias de Nacho Vives. Y en la metralla que decapitó al movimiento campesino.
Conflicto armado y narcotráfico andaban entonces en pañales. Pero hoy le sirven al Consejo Gremial (el poder económico en pleno) como coartada para “concertar” con el Gobierno el proyecto de Ley de Tierras, apuntando a dejarlo mueco, inane. De hecho, logró ya despojar al Ejecutivo de su prerrogativa para declarar extinción de dominio en tierras ociosas y expropiación con indemnización por razones de utilidad pública e interés social. Por emular a José Félix Lafaurie, el Nacho Vives de la hora, y a los terratenientes del Valle que al primer amago de expropiación en Jamundí amenazaron con alzarse en armas contra el Gobierno de Lleras R., Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, declara sin sonrojarse: “nos oponemos a cualquier ley de tierras que contemple posibilidad de expropiar a través de la extinción de dominio”.
Y Jorge Humberto Botero, Presidente de Fasecolda y flamante negociador del TLC que terminó de arruinar el campo, violenta toda evidencia cuando califica de arcaico el Acuerdo Rural; siendo éste una propuesta que lo mismo moderniza la gran explotación que la agricultura campesina. Pero él lo considera “…más bien socialista, basado en pequeñas unidades productivas (?), en proteccionismo y en subsidios…” Comprensible, por otra parte, que Álvaro Uribe se oponga frenéticamente a la actualización del catastro rural: su Ley 1152 y la de Agro Ingreso Seguro dieron el golpe de gracia a todo intento de reforma agraria.
En su último libro, El problema de la Tierra, demuestra Absalón Machado que nuestra estructura agraria, empotrada en la concentración de la propiedad, frenó el desarrollo del campo. Allí donde el campesinado no accede a la tierra ni a los bienes públicos, la producción apenas crece y arroja ingresos franciscanos. De otro lado, la informalidad en la propiedad bloquea el crédito, la asistencia técnica, los subsidios y margina del mercado de tierras. Tal desigualdad impide la formación de una clase media rural que desconcentra la propiedad, equilibra las cargas y, si propende al uso adecuado del suelo, catapulta el desarrollo. Sostiene Machado que aquí se ha desarrollado la agricultura campesina con sobreexplotación de tierras en montañas y laderas, mientras las tierras feraces, planas, se destinan a ganadería extensiva. Para bajar a los agricultores de montaña a tierras ubérrimas, se imponen una política de repoblamiento y nuevos polos de desarrollo.
Abecé de cualquier reforma que se respete, la del Acuerdo de Paz le resulta enana. Pero la caverna de antaño se repite ahora: en tiempos de Chicoral, contra la redistribución de tierra; en2017, contra la restitución de la usurpada. La misma consigna ayer y hoy: ¿tierra? ¡Nanay!
por Cristina de la Torre | Jul 25, 2017 | Iglesias, Julio 2017, Posconflicto
Conforme se entra en campaña electoral, se va desnudando esta sociedad de sectas, donde el poder se instaura a látigo y desde una supuesta superioridad moral de los elegidos de Dios que blanden credos de fuego contra todo el que se salte el redil. En lucha sin tregua contra la modernidad que separó el poder terrenal del divino, a cada paso se pone aquí la religión al servicio de la política y a ésta se le convierte en trinchera de una fe. De cualquier fe, mientras ella invite a prevalecer sobre el rebaño. Por persuasión o por la fuerza.
Para no ir lejos, recuérdese el poder sin atenuantes que la jerarquía católica –firme aliada de la corriente ultramontana del Partido Conservador– ha ejercido sobre las almas y sobre la sociedad toda; desde el púlpito, desde la escuela, desde el palacio arzobispal y el palacio presidencial. O el ministerio público que el entonces procurador Ordóñez transformó en bastión de una secta oscura, tenebrosa, para disputarse ahora la Presidencia vistiendo la azufrada sotana de Savonarola. O la aventura sin fin de Uribe Vélez quien, a caballo entre el padre Marianito, la pastora María Luisa Piraquive y una plétora de alfiles del Centro Democrático con prontuario, lidera una propuesta de conservadurismo atrabiliario, que amenaza la paz todos los días.
Hace dos meses, con ocasión del referendo que promovía contra la adopción de niños por solteros y parejas homosexuales, canceló toda ambivalencia la senadora Viviane Morales. Ahora denunciaba la ideología de género, ficción inventada por Uribe y Ordóñez para movilizar a miles de incautos contra el logro extraordinario de un acuerdo de paz. Y reclamaba legitimidad exclusiva para la familia patriarcal, que representa apenas la tercera parte de los hogares en Colombia. Todo lo demás debía despreciarse, pues no calificaba en sus parámetros de moral. Y bien, hoy se lanza ella a la Presidencia invocando a “las inmensas mayorías creyentes… al cristianismo todo, a católicos y evangélicos (para) salvar a Colombia”. En el fondo de su discurso yace el ideal de elevar su fe religiosa al mando del Estado. De un Estado que subordine a la ley civil y que invada las alcobas de creyentes y no creyentes para bendecir o maldecir, con dedo inquisitorial, la moral privada. En Ello la acompañan Uribe, Ordóñez, las iglesias evangélicas y el episcopado católico casi en pleno.
Mas la superioridad moral de raíz religiosa que estas fuerzas se autoadjudican para ocultar pecadillos e ignominias en su marcha hacia el poder parecería extenderse a otras, insospechadas. Acaso al ELN. Esa guerrilla presentó el asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo en 1989 como “ajusticiamiento por delitos contra la revolución, (por rabiar) contra la organización…” Pero estas no son acciones de enemigo, son pecados de hereje, de traidor. Castigo para aquel de quien se esperaba lealtad al legado de los curas Camilo Torres y Pérez que militaron en esa guerrilla. Le preguntaron a uno de los verdugos del obispo si creía en Dios. –Dios es mi fusil, replicó. Criminal autocomplacencia de quien podrá sentirse emisario de la justicia divina, que así se resuelve en violencia.
Cuando se cree tener la verdad revelada entre el bolsillo o en la canana, el desenlace inevitable será la eliminación del disidente. Pero esta semana se dieron la mano los peores enemigos, jefes paramilitares y jefes de las Farc, y prometieron dar un paso de gigante hacia la reconciliación y la paz: revelar toda la verdad humana de esta guerra atroz. Gesto de grandeza que reduce a humo la palabrería de tanto profeta con pies de barro; de tanto impostor que manipula el sentimiento de Dios para medrar en la política reducida a fango.
