por Cristina de la Torre | Nov 26, 2017 | Banca, Noviembre 2017
Ave rara entre tanto cuervo, gallinazo y buitre que aletea en nuestro universo financiero, Bancamía rompe todos los moldes del sistema. No presta dinero al que ya lo tiene sino al marginado que lo necesita dramáticamente para catapultar una micro iniciativa productiva capaz de arrancarlo de la pobreza; y del usurero que al final del día le cobra el doble de lo prestado. Procede aprisa Bancamía y sin exigir garantía distinta de la cédula. Su lema: confianza en el que nada tiene, salvo dignidad, inteligencia y valor. La mujer pobre, mayoría entre sus usuarios, ha resultado ser mejor paga que el hombre rico. Y mejor batalladora contra la adversidad dondequiera se emprende la tarea de reconstruir comunidad tras la guerra, entre otros recursos con el motor de arranque de Bancamía. Innovadora como banco social de desarrollo y líder de microfinanzas en Colombia, en vez de reventar con sus utilidades el bolsillo de los socios, esta entidad las reinvierte, todas, en nuevos préstamos para más clientes de estratos uno y dos. Lejos está de atesorarlas y sin pagar impuestos sobre dividendos. Como es práctica del gremio de marras, reacio a reinvertirlas en nichos de mercado menos apetecibles, lucro que en 2016 alcanzó los $10 billones. Así hace patria la banca privada.
Patria hace también el sector público, cuando los ministros Iragorri y Cárdenas autorizan un préstamo irregular de $ 120.000 millones del Banco Agrario a Navelena-Odebrecht, parte del cual termina en las arcas de Sarmiento Angulo. Fondos de un banco pensado para campesinos que desfallecen de necesidad hasta cuando Dios agache el dedo sobre la formalización de la propiedad agraria. Nada nuevo. Por tradición, el banco de los desheredados seguirá auxiliando a los más ricos y siendo caja menor de políticos y mafiosos. Patria, el ministro Gaviria, que permitió prestarle a la impresentable Cafesalud, entidad quebrada, $200.000 millones del fondo público de salud, Fosyga.
Sin pretender llenar el vacío de la banca de fomento en mala hora desmontada por los feligreses del mercado; en un país desindustrializado, con informalidad laboral del 60% y donde 90% de las empresas son microempresas, Bancamía responde a los apremios más imperiosos de los acorralados por la pobreza y la desigualdad. Margarita Correa, su directora, revela que 97% de sus clientes han salido airosos en su proyecto. Que, en dos años de servicio financiero, 53% de ellos sale de la pobreza; y en cinco años lo logra el 75%. En 9 años de ejercicio, este banco acumula 1.300.000 clientes y son sus funcionarios quienes van en pos de ellos, desde oficinas abiertas en 951 municipios de Colombia.
Cuando en 1984 se topó esta antropóloga con un enjambre de mujeres y niños que en basureros del barrio Moravia de Medellín se disputaban con gallinazos y perros desperdicios de comida maloliente, montó la cooperativa Coofema con 300 mujeres. “Ellas dignificaron su trabajo, garantizaron un sustento permanente, ganaron confianza, autoridad” y dieron la largada a una verdadera revolución pacífica. Desde entonces, casos semejantes se multiplican. Como el de la madre tres veces desplazada y a quien la guerra le desapareció dos hijos, abre tienda en Arauca y empieza de nuevo. En Chinchiná cuatro hermanas van sumando máquinas de coser y empleadas en un taller que produce cien mil bluyines bajo un modelo de cooperativa inspirado en la divisa poderosa de que “la unión hace la fuerza”. No dan abasto. Ni da abasto Miguel, reciclador de huesos de animal, hoy microempresario que ve transformarlos en botones y juegos de dominó.
¿No abre este esfuerzo de Bancamía otra puerta a la nueva Colombia que el posconflicto traerá? ¿Por qué sabotear la paz?
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2017 | Actores del conflicto armado, Derecha, La paz, Noviembre 2017, Paramilitarismo, Posconflicto, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo
Primer acto: tras una campaña difamatoria de años que vendía el Acuerdo Agrario de La Habana como arremetida colectivizadora del campo, uribismo y varguismo cooptan al Consejo Gremial e intimidan al Gobierno para trocar la Ley de Tierras en la más agresiva contrarreforma agraria que el país conozca. Segundo acto: Corte Constitucional y Congreso saltan de la relativa impunidad concedida a las Farc a impunidad total para dos actores cruciales de la guerra: para civiles responsables de atrocidades y para mandos militares que las cohonestaron. Ni castigo para estos, ni verdad para las víctimas. Tercer acto: en las tinieblas de la noche, desenfunda el Senado su daga siciliana para tajar el cuello de medio Tribunal de Paz. Y de la Constitución. Lejos de catalogar como ventaja precisamente su solvencia en derechos humanos y delitos de guerra, ésta le parece, vea usted, una amenaza. Ya el senador Uribe había sindicado de terrorista al reconocido historiador Mauricio Archila, creyéndolo miembro de ese órgano. Epílogo: como no se discutía ya si la Farc podía o no hacer política, sino cuándo, los tres actos de la que pareciera comedia de equivocaciones podrán derivar en drama triunfal de la derecha. O en tragedia, si algún gatillero toma a pecho la acusación contra Archila.
Podrá vaticinarse que ninguno de los 15.000 civiles incursos en delitos graves del conflicto con prontuario en la Fiscalía, sea de izquierda o de derecha, abandonará ese cálido nido para presentarse voluntariamente ante la JEP. Por más que muchos de ellos emulen la conducta de un Jaime Alberto Angulo, o de un Gordo García. Terrateniente el primero, no fue paramilitar, pero participó en la masacre de El Aro en 1997, cuando 200 paramilitares incendiaron el poblado, asesinaron a 16 personas y desplazaron a otras 250. Angulo se sumó a la orgía de sangre y terminó acusado de crímenes de lesa humanidad. García, el segundo, gran elector de Sucre y parlamentario 24 años, tampoco fue paramilitar, pero participó en la masacre de Macayepo que las AUC perpetraron a machete y garrote contra campesinos indefensos. Detalla la sentencia de la Corte Suprema contra él sus reuniones con otros políticos, ganaderos, empresarios y el entonces gobernador del departamento para pactar negocios y “hasta asesinatos” con jefes paramilitares. ¿Cuántos entre los 15.000 habrá que menearan en encuentros de tal laya negocios de narcotráfico y de tierras?
El despojo de predios ha sido masivo, violento y asegurado por ejércitos anti restitución; y la usurpación de baldíos no cesa. Virtual contrarreforma agraria que deja al Estado sin tierra disponible para entregar a los labriegos que la necesitan, dar vitalidad a la economía campesina y eliminar la causa mayor del conflicto. A remediarla con tierras públicas apuntaba La Ley de Tierras. Pero entonces tronó unánime la voz de quienes llevan dos siglos apoderándose de todo en el campo. El proyecto de ley evolucionó de caricatura a afrenta: a instancias de los gremios, de los ricos y de la ultraderecha, terminará por legalizar el despojo y la acumulación ilegal de baldíos.
El Uribe-varguismo soñará con haber hecho moñona contra los dos pilares del Acuerdo de paz: la Reforma Rural y la JEP. Más se equivoca si no percibe a tiempo la oleada de rabia que crece día a día contra la clase parlamentaria que le reporta a esa derecha sus triunfos de ocasión. Contra la inequidad agudizada del campo que podrá estallar, de nuevo, en guerra. Contra la saga de la Violencia que pretendió cerrar ese conflicto mediante un pacto de silencio entre las élites responsables, y que hoy querría repetir el espejismo exonerando de la verdad a los Angulo y a los Guerra.
por Cristina de la Torre | Nov 13, 2017 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Impunidad, Izquierda, La paz, Noviembre 2017
El ELN parece repetirse como víctima sin remedio de su propio invento: la compulsión a disparar contra los suyos por diferencias de ideas, y contra ciudadanos inermes. Envilecimiento del levantamiento armado que algunos siguieron a la búsqueda de un país mejor, tal sello reapareció esta vez en el asesinato del gobernador indígena Isarama, y amenaza con agrietar, aún más, a esta guerrilla, en el trance mismo de su nacimiento a la política. Precisamente cuando, en viraje encomiable, se acercaba ella a la paz y pactaba por vez primera en su historia un cese el fuego y de hostilidades. Contra la versión mentirosa del ELN que sugería accidente porque la víctima opusiera resistencia, Medicina Legal concluyó que no hubo forcejeo, que el líder embera murió de disparos a quemarropa y por la espalda. Arrogante, provocador resulta su mea culpa reducido a “error” que invita a “reflexión” en esa organización. Pero no habrá castigo. No matar no requiere mucha reflexión, escribió el editorialista de este diario.
Autocomplacido en la fantasía pueril de un supuesto heroísmo tantas veces desbocado como violencia bruta, lleva el ELN 50 años cosechando vergüenzas. “Errores”. A error redujo Gabino el infierno de Machuca: 84 civiles calcinados entre un bombardeo de bolas de fuego y un río en llamas, cuando estos paladines del edén socialista dinamitaron –por enésima vez– el oleoducto Colombia. La semana pasada dejaron esperando en Medellín a pobladores de Machuca en escenario dispuesto para el perdón y la reconciliación. El grupo armado “dio la cara” como eco lánguido de una voz grabada en Quito que reconocía a desgana su responsabilidad, pero la descargaba también en otros. Lamento insincero con sabor a desplante, no hizo sino repetir eventos parecidos para dar la cara sin darla, en 2008 y 2011.
Como error catalogaron la ejecución de un contingente de fundadores de esa guerrilla, entre otros, de Víctor Medina, Julio César Cortez, Heliodoro Ochoa, Hermidas Ruiz y Carlos Uribe. Fusilados, a la manera de Stalin y de Leonidas Trujillo, por discrepar del credo político y del militarismo del jefe, Vásquez Castaño, más celoso de preservar la rugiente supremacía de su persona que cualquier divisa ideológica. Por error tuvieron el asesinato de Jaime Arenas, hereje de alto vuelo, asesinado por la espalda a poco de publicar una historia crítica de esa guerrilla que hizo historia: resultó premonitoria del horror en que se convertiría aquel grupo armado precario, miope y sin pueblo. Por error tuvo el asesinato de Ricardo Lara, cofundador y segundo al mando que fuera del ELN, también por pensar con cabeza propia y por el pecado mortal de hacer política.
Error les pareció el secuestro, tortura y “ajusticiamiento” de monseñor Jesús Emilio Jaramillo, dizque por delitos contra la revolución y por no suscribir el comunismo. Jamás reconocieron responsabilidad en la muerte de Camilo Torres, sometido a la regla militar que obligaba a todo guerrillero recién incorporado a ganarse el arma en combate. Pero Camilo no era cualquier recluta. Era líder político que venía de movilizar multitudes. Eso sí, se dieron el mártir que necesitaban. Y al cabo de muchos años, algún dirigente del ELN reconoció en esta tragedia… un error del grupo armado.
Para esta guerrilla, como para las Farc, la guerra fue religión y sus grupos armados, iglesias. Pero un abismo las separa hoy: las Farc se desarmaron, saltaron a la política y van en el camino de dignificar a sus víctimas. Acaso deba el ELN invertir el recorrido en sus diálogos de paz que el país aplaude: empezar por honrar a sus víctimas, pedirles perdón de corazón. Y aceptar la distancia insondable que media entre un crimen y un error.
por Cristina de la Torre | Nov 6, 2017 | Noviembre 2017, Posconflicto
Chantajistas, vendedores de la paz por un plato de lentejas, prosélitos vergonzantes o aulladores de la guerra, pasarán a la historia por su pequeñez los parlamentarios que malograron el Acuerdo del Colón o lo redujeron a flecos. Si hubieran librado batalla de ideas, sería una victoria honrosa. Pero casi todo ha sido marrulla, trampa, patrasiada de lo acordado limpiamente y ya aprobado, cálculo sobre mermelada y puestos, y un mendigar acomodo en los altares de la caverna, el Centro Democrático y Cambio Radical. Razón tiene el 89% de los colombianos, que desprecia a esta clase parlamentaria hoy dispuesta a sepultar el proceso que desarmó a la mayor guerrilla de Occidente, la allanó a la democracia burguesa y a su justicia. Y que es modelo de negociación para el mundo.
Salvo por figuras como Angélica Lozano, Jorge Robledo y Claudia López que ocupan sistemáticamente el podio de senadores ejemplares, se echa de menos el brillo intelectual de un Laureano o un López Pumarejo; de un Álvaro Gómez, un Gaitán, de Alberto y Carlos Lleras o de un López Michelsen. Dieron ellos categoría a la política y a la controversia parlamentaria. Hoy, en cambio, se aglomeran en el Capitolio supérstites de parapolíticos que ovacionaron a Mancuso en “el estrado sublime de la democracia”. A donde se llegó el criminal de marras sin haber firmado paz alguna ni entregado las armas, para promover su causa: la del paramilitarismo, brazo armado del narcotráfico. El entonces Presidente Uribe, tan inflexible ahora contra las que estima excesivas concesiones a las Farc, declaró: “Desde que haya buena fe para avanzar en el proceso (de Ralito) no tengo objeción a que se les den estas pruebitas de democracia. Creo que se sienten más cómodos hablando en el Congreso que en la acción violenta en la selva”.
33 años después, en elocuente evocación de un pasado infame, un grupo de congresistas se ha bautizado Los Pepes. No ya Perseguidos Por Pablo Escobar, sino Perseguidos Por el Palacio Presidencial. Por mezquinarles puestos. Razón para sumarse al contingente de “señorías” que hundirán, en represalia, la Justicia Especial de Paz. Y es condición para ingresar en las toldas de Vargas Lleras, que pasará por pomposo acuerdo programático entre Cambio Radical y el Partido Conservador. Entre reuniones formales, cenas acompañadas de un “drink” y chocolatico con colaciones marcha en firme la alianza. Ya verá Santos qué hace con la Aerocivil, Fiduagrario y la Superintendencia de Notariado que le negó al Partido Conservador; y con los Centros de Integración Ciudadana que tampoco entregó a los alcaldes de su colectividad.
Vaticina Lorena Arboleda (El Espectador, 11,6) que, si el Gobierno no cede, Hernán Andrade, director de ese partido, seguirá pronunciándose contra la reglamentación de acuerdos de paz ya discutidos, acogidos por todos y aprobados mediante votación del Acto Legislativo de la JEP. Táctica diabólica que Efraín Cepeda aplica desde la presidencia del Senado, mientras Rodrigo Lara hace lo propio desde la presidencia de la Cámara. Alianza en los hechos que cristaliza en manipulación de la agenda parlamentaria, de las sesiones del Congreso y del quorum. Y apunta a una alianza electoral de derechas.
Lo que está en juego no es de poca monta. Y enfrenta dos retos. El primero, inmediato, cerrar el ciclo legislativo para la reincorporación plena de los desmovilizados y echar a andar la justicia transicional. El segundo, trazar el derrotero de los cambios que el país reclama, en un horizonte de largo plazo. Para lo cual será preciso ganar las elecciones. La alternativa sería inducir el regreso a la guerra y sembrarse en el status quo. Fácil adivinar qué camino tomará la clase parlamentaria.
por Cristina de la Torre | Oct 30, 2017 | Iglesias, Octubre 2017
Dos precursores de natural antagónico tuvo la Reforma Protestante: Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. Un volcán el primero, un aristócrata del espíritu el otro, ambos precipitaron el cisma de la cristiandad que decidió, a la par con otros terremotos, el ingreso de Occidente en la modernidad. Apuntaron ellos contra la autocracia de la iglesia de Roma, contra su envilecimiento y sus dogmas, pero con armas distintas. Lutero provocó una sublevación que derivó en guerras de religión; baño de sangre alimentado por el fanatismo de todos los bandos, duró siglos. Erasmo, el humanista venerado en Europa toda, ridiculizó con sutil ironía el poder del papado, la dogmática católica, la escolástica. Su Elogio de la Locura condensó en sarcasmo de fina prosa la atmósfera de crítica y descontento que les insufló todo su potencial subversivo a las 95 tesis que hoy hace cinco siglos fijó Lutero a martillazos en la iglesia de Wittenberg.
Erasmo fundó la crítica reformadora de la Iglesia que Lutero transformó después en ataque contra el papado, escribió Stefan Zweig en su biografía del humanista holandés. Rivalizaron aquellos titanes desde su propio flanco y estilo, como religioso revolucionario el alemán, como defensor de una reforma conciliada entre las partes su adversario. Pero éste perdió la partida, entre otras razones porque en la hora suprema de mediar no lo hizo, se apocó. Entonces campeó el terror. Hasta siglo y medio después, cuando la Carta sobre la Tolerancia de Locke, epílogo de la revolución inglesa, puso fin a las guerras de religión. Mas no a la Inquisición, al uso entre católicos y protestantes por igual, y cuya impronta aletea todavía hoy.
Lutero devino en Mesías de fuego venido para purificar la Iglesia, para rescatar al pueblo alemán de las cadenas del Papa. A Erasmo le espetó: “la cuestión no podrá quedar arreglada sin tumulto, escándalo y revueltas. De una espada no puedes hacer una pluma ni de una guerra una paz. La palabra de Dios es guerra, es escándalo, es ruina, es veneno”, cita Zweig. Fue el parteaguas entre razón y pasión, “entre la religión de la humanidad y el fanatismo de la fe”. Erasmo lamentó que el nombre de Cristo se trocara en grito de guerra, en pendón de acción militar. Jamás pudo con el obstinado y el monoideista, ya vistiera el hábito de sacerdote, ya la toga de académico, que exige obediencia de cadáver para sus opiniones y a toda idea divergente llama herejía. Mientras Lutero acude sin escrúpulo a cualquier arma, a Erasmo el odio y la venganza le resultan plebeyez, barbarie.
Pero Lutero abrió un camino de libertad que le sonreía al espíritu del Renacimiento y al sentir del capitalismo en ciernes: la libre y personal interpretación de la Biblia. Vino esta merced con la irrupción de un mundo nuevo, opuesto al que asfixiaba en la comunidad tradicional. Mas trajo, a su vez, un sentimiento de desarraigo, de perplejidad y miedo a la libertad. En la íntima añoranza de la autoridad perdida, la versión luterana de Dios llenó el vacío. Ahora podía el hombre entenderse con Él sin mediación de sacerdote, sí, pero humillado en su vileza e insignificancia ante el Padre implacable que había ya elegido a los suyos y condenado a todos los demás. Se satisfacía así el perpetuo anhelo de humillarse a un poder inapelable. Y, en el odio al no-elegido, la compulsión de prevalecer a la brava sobre los demás.
Lutero nunca le perdonó a Erasmo su absoluta libertad intelectual y moral, su rechazo a la argucia que cambiaba el despotismo del papado por el de un Dios tronante. Después de 500 años, ay, el dilema que enfrentó a los paladines de la Reforma entre libertad y dogma reverdece todos los días. En todas las latitudes. En todas las esferas.
por Cristina de la Torre | Oct 24, 2017 | Octubre 2017, Posconflicto
Antípoda de la clase política que medra en el delito, en la mentira, en el odio y la violencia, Humberto de la Calle conquista cada día nuevos sectores de opinión y va trocando el hastío en esperanza. Talla de estadista, cabeza de la hazaña que conjuró una guerra de medio siglo, este hombre presenta una rara particularidad en el escenario de la política colombiana: habla con la verdad. Y se le cree, porque su discurso respira el pundonor de una vida honrada. Tanto más, por el contraste que ofrece su contraparte a la derecha, Germán Vargas, lanzado esta semana a fanfarria batiente.
Mientras éste torna al redil uribista pujando por resucitar a las desaparecidas Farc –enemigo de rechupete que lo fuera allí para cosechar votos–; mientras se apertrecha de candidatos y jefes de debate con prontuario en 23 departamentos, según denuncia Claudia López, De la Calle invita a recorrer “el camino de la transformación más importante del país en su historia reciente”. Hacia una sociedad abierta ajena al fanatismo, al autoritarismo, al caudillismo, a las guerras de religión. Sociedad guiada por un liberalismo igualitario, reconciliada y dispuesta a dejar atrás el pasado. Esta campaña no es como las demás, ha dicho: demostraremos que es posible un proyecto político decente y honorable. Una rareza, un bálsamo inesperado, se diría, en esta Colombia atormentada, humillada en la improbidad de sus hombres públicos.
Pero sabe que no será fácil. Si en el pasado se dibujó la disyuntiva entre paz y guerra, hoy se debate entre paz y miedo. Si bien miedo empotrado en la mentira por Uribe y Vargas para malograr la paz. No le ve Vargas horizonte a ella, y pronostica que las Farc van por el poder en mayo, con beneplácito de sus supuestos corifeos, De la Calle, Fajardo y López. Con recurso al mismo infundio terrorífico del castrochavismo que hace un año les dio la victoria a los corifeos de la guerra, dizque hay ya decenas de cubanos capacitando campesinos en nuestro país, tal como en Venezuela. En entrevista concedida a María Isabel Rueda, insinúa el jefe de Cambio Radical que la desmovilización de las Farc no es plena, que sus disidencias son retaguardia armada de la misma guerrilla, que “hay acuerdo tácito entre los que pasaron a la legalidad y los que se quedaron en la ilegalidad”.
Tras la mentira, la ilusión de prolongar el conflicto. Avivada, sobre todo, por la celada de Vargas y su gente contra la JEP. Si ésta no se aprueba, quedan sus amigos civiles comprometido en graves delitos de guerra a salvo de verdad y de justicia. Y los desmovilizados de las Farc, sin garantías legales, a punto para diáspora, rearmada, rumbo al monte. Misión cumplida. Se habría disuelto el “embeleco” de la paz, se habría incendiado de nuevo la manoseada patria, para pescar más poder y dinero e impunidad en la conflagración. Todos los compadres reirían a carcajadas y recibirían, de ñapa, $20 billones cada año en nuevas gabelas tributarias.
Mas Humberto de la Calle dice sentirse “un seguro para la construcción de la paz […] Como liberal de corazón y de pensamiento creo tener la experiencia, la fuerza intelectual, la paciencia y el carácter necesarios para afrontar esa inminencia y llevar al país, de la mano de todos los colombianos, hacia una nueva era. (Mi objetivo como Presidente será) contar todos los días menos muertos y menos pobres”. Se le cree. Como se les creyó en su hora a Rodrigo Lara Bonilla y a Luis Carlos Galán. Víctimas magnas del narcoparamilitarismo al cual perteneció Martín Llanos, supuesto aliado de Vargas. Contemplarán ellas perplejas el extravío de sus hijos en un líder tan pobre de escrúpulos. Pero acaso complacidas de verificar que vuelve a germinar una buena simiente.
por Cristina de la Torre | Oct 15, 2017 | Modelo Económico, Octubre 2017, Política económica, Tierras
Volver a la industrialización, o bien, acabar de desindustrializar al amparo de un librecambio leonino podrá ser dilema crucial para la Colombia que se juega en mayo sus restos. O se imponen quienes paralizan al país en las desigualdades que engendran la violencia, o prevalecen quienes apuntan al cambio como camino de paz. Pero éstos no avanzan todavía de coalición electoral a alianza perdurable, y dilatan la definición de estrategias como ésta de reanimar la desfalleciente producción nacional. Pocos como Jorge Enrique Robledo abogan por ella cuando la pregunta acosa: “y bien, más allá de perseguir la corrupción, allende la paz vuelta retórica, ¿cómo transformar este país empujándolo de nuevo hacia la industrialización, según lo hicieron todos los países desarrollados?”.
Banqueros, importadores, especuladores, rentistas y no pocos constituyentes del 91 se llevarán las manos a la cabeza. Bien apadrinados por “los economistas” que completan tres décadas ululando a coro, en sí sostenido, el credo, no de un mercado en sana competencia, sino del que entrega al poderoso de afuera la parte del león y a nosotros nos reserva la cola del ratón. Nos invaden ellos de automóviles, computadores y hasta de maíz mientras aquí regresamos a las exportaciones de un siglo atrás: minerales y productos agrícolas en bruto. Más dura la tendría, sin sus genuflexiones, el rubio Coloso, adecentado ahora impostando business de tú a tú.
Cuna de la industrialización en Colombia fue la sustitución de importaciones, desde la posguerra hasta 1980. Si bien favoreció de preferencia a las élites que concentraron sus beneficios y se ahorró la reforma agraria, salud, educación y bienestar familiar se extendieron como no se viera antes. Mientras ella rigió creció la economía 3,5% en promedio, para descolgarse al 0,6% con el modelo neoliberal. Se lamenta el analista Álvaro Lobo de que la infraestructura manufacturera, creada con esfuerzo en el siglo XX, decayera en favor de la minería y la banca: de bienes primarios, sin valor agregado, y de la especulación financiera. Con el renacer del librecambio y la privatización del Estado por dictamen de Washington se desvanecieron los logros sociales y económicos alcanzados.
Como se sabe, la apertura de la economía que el Gobierno de Gaviria precipitó no dio lugar a defenderse de la avalancha de importaciones que se tomó el mercado. Vimos los colombianos cerrar, una tras otra, nuestras fábricas, a miles de trabajadores arrojados a la ya obesa informalidad, al exilio, o a recoger migajas envenenadas del narcotráfico. Coltejer y Fabricato tienen hoy la mitad de trabajadores que emplearon en los noventa. Mas, tampoco se crea que fueron nuestros empresarios víctima impotente del destino. En el frenesí de la riqueza fácil, terminaron muchos especulando con sus capitales de inversión.
Un estadio de desarrollo semejante compartían Colombia y Corea del Sur en los sesenta. Pero tomaron senderos diferentes: Colombia quedó sembrada en el subdesarrollo mientras su colega descolló entre las economías del Sudeste Asiático. Ésta decidió proteger su industria naciente, con aranceles, subsidios, financiación y apertura de mercados en el exterior. Una vez consolidada su industria, la desprotegieron. Pero podía ya lanzarse sola al mar bravío de la competencia mundial. Siguieron el ejemplo de Europa y Estados Unidos.
El crecimiento, por sí solo, no corrige las desigualdades, que ha de ser a un tiempo económico y social: se trata de crecer y repartir a la vez, y bajo la dirección del Estado. Principio socialdemocrático del desarrollo, que repugna a la envanecida, glotona cofradía neoliberal. Pero será el único principio que pueda dar consistencia al posconflicto.
por Cristina de la Torre | Oct 10, 2017 | Corrupción, Octubre 2017, Salud
Mientras más calidad y eficiencia prometen, peor el resultado. Hija putativa de Saludcoop-Cafesalud por operación comercial más dolosa que equívoca, Medimás ofrece el oro y el moro pero reedita, a escala de avalancha, todos los abusos de las EPS. Y las aberraciones de un modelo que, lejos de seguridad social en salud, le monta negocio a una gavilla que se embolsilla casi todos los fondos que el Estado le confía para asegurar la salud de los colombianos. Trenzados en rapiña por los cinco billones anuales del Gobierno, la EPS y sus clínicas abandonan a los pacientes o los atienden a desgana. Con 10.000 quejas ante la Procuraduría despegó en su primer mes la flamante Medimás que prometía enmendar, “ahora sí”, el drama de los seis millones de afiliados a Cafesalud. Pero éste porfía y se teje desde adentro, al calor de la Ley 100: la aseguradora mezquina, a menudo con consecuencias fatales, cuanto recibe del Estado para atender a los pacientes; y el hospital factura con uña larga para amarrar utilidades desproporcionadas.
En el viejo modelo de integración vertical entre EPS y hospitales, aquella asegura el lucro por dos caminos: Primero, le atraviesa al afiliado un mar de trabas para acceder al servicio, y gasta lo menos; segundo, les impone a los hospitales tarifas prohibitivas y, a la hora de pagarles, se duerme. En el caso de Medimás, explica Mario Hernández, no obra integración vertical entre EPS y hospitales, sino horizontal. No puede aquí la aseguradora prevalecer sobre las prestadoras de salud, y la rebatiña entre empresarios se encarniza, cada uno queriendo ganar más que el otro. Y los pacientes ahí. Podrán suplicar durante meses una cirugía impostergable; velar días y noches en urgencias; o fallecer en el rebote de una EPS a otra, vía paseo de la muerte. Si no como “paseo” de un enfermo, el desplazamiento en masa de una entidad a otra amenaza al sistema todo de salud. Cientos de pacientes acuden cada día a otra EPS y, si ellas aceptan el ingreso de 50.000 enfermos crónicos de Medimás, el sistema colapsa.
Ya la venta de Cafesalud extremaba la concentración del servicio en una EPS y legalizaba su integración total con 180 clínicas propias para que aquella las financiara con el dinero de todos. No faltó en la operación la venia del Ministro que corrió a prestarle, porque sí, $200.000 millones a una entidad en quiebra. Nada nuevo: cuando el Gobierno intervino a Saludcoop no fue para sancionarla ni para obligarla a pagar los $1.4 billones públicos que ocultaba en sus arcas. Fue para asumir sus pasivos y entregarle los activos a Cafesalud…!que era de Saludcoop!
Mas la privatización de la salud no para allí, se le suma la corrupción de figuras del poder público que se reparten gajes y coimas con los mercaderes del sector. La de un ex gobernador Guerra Tulena, la de un parlamentario Holger Díaz, la de un procurador Ordóñez que se brinca las pruebas y lo absuelve.
Solución de fondo al caos, restablecer el principio solidario que prevaleció por décadas en Occidente desde la posguerra. Concertar el sistema de salud entre empresarios y usuarios, como responsabilidad colectiva de la sociedad bajo la dirección del Estado, escribe Hernández. Vale decir, robustecer la capacidad del poder público con instituciones capaces de administrar la prestación y los recursos del sector. Devolverle al Estado su poder de iniciativa. El propósito, implantar en Colombia un sistema de salud universal, descentralizado y actuante para todos. El mercado, remata nuestro autor, es mal consejero cuando se trata de equidad en salud, derecho fundamental autónomo que la Ley Estatutaria de 2015 consagró. Necesitamos otro sistema de salud.
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2017 | Conflicto armado, Conflicto interno, Justicia, Octubre 2017
Cuando ya todo se daba por perdido, envilecida la cúpula de la Justicia, asqueado el país en la imagen de su togado supremo tras las rejas, nos sorprende la creación de un órgano de justicia único en la historia de Colombia: un tribunal de paz integrado por personalidades de probada solvencia moral y profesional, seleccionadas entre miles de postulantes de todas las etnias, regiones e inclinaciones ideológicas, con predominio de mujeres y presidido por ellas. Por Patricia Linares en la presidencia y Luz Marina Monzón en la Búsqueda de Desaparecidos. Instancia de cierre del conflicto, este órgano será decisivo en la reconciliación. Su misión, hacer justicia para asegurar la paz; su meta, la verdad de lo ocurrido y la reparación integral de las víctimas. Juzgará a responsables de todos los bandos por los delitos más graves cometidos en la guerra, para que haya verdad, sanción y reparación.
Mas, no bien se enciende esta luz al final del túnel, saltan al ruedo, todos a una, picos y garras afilados, los que temen a la verdad, los nostálgicos de la violencia. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, declara que la Justicia Especial de Paz (JEP) es “indigna, una claudicación estatal”. La también uribista, Paloma Valencia, gestiona en nombre de su bancada referendo para derogar este instrumento expedito de paz y reconciliación. El Fiscal Martínez convierte imprecisiones salvables del proyecto de ley que la reglamenta en monstruo de siete cabezas; y teme que la ley desproteja a empresarios tenidos por protagonistas del conflicto y no por víctimas. Pero no aclara si habla de los que pagaron para protegerse del secuestro o de quienes financiaron a paramilitares para lucrarse de sus crímenes. En la misma vena, Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, anuncia que no votará la ley, por supuesto sesgo político en el recién creado Tribunal contra los mismos empresarios del corazón del Fiscal. Y, por si fuera poco, Jesús Santrich, vocero de la corriente más oscura de la Farc, se suma a la descalificación del Tribunal. Sesgo no habrá en un órgano cuyas decisiones se adoptan en colectivo, previa deliberación entre magistrados de todas las tendencias y sabedores de que el país entero ausculta, una a una, sus determinaciones.
Contraste agudo entre la violencia de estas reacciones y la sindéresis que respira la presidenta del Tribunal, su dominio de la materia y la fuerza de carácter que proyecta. Dijo ella: “hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del Acuerdo de Paz; estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento; y, en la JEP, para administrar justicia restaurativa que sirva a la reconciliación y alivie el dolor de las víctimas (…) El compromiso de esta jurisdicción es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra”.
Guerra sucia, despiadada, que cobró su mayoría de víctimas entre la población inerme. Conflagración de crueldades inenarrables que hunde raíces en la exclusión, en el despojo, en la impunidad, en el terror de nuestro diario vivir. En el entramado social y político que la produce y retroalimenta. Es hora de que todos los comprometidos en el desastre asuman su responsabilidad, Estado incluido. La reconciliación, insiste Linares, no puede fundarse en el ocultamiento y la negación.
Madruga nuestra derecha a sacudirse la hoja de parra que disimulaba sus vergüenzas. En su íntimo propósito de hacer trizas la paz, acomete de frente contra la espina dorsal del Acuerdo y su Tribunal de Paz. Se dará contra el pueblo que ha padecido la guerra. Y contra el reclamo universal por haber querido reabrir la puerta del horror.
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2017 | Conflicto armado, Conflicto interno, Justicia
Cuando ya todo se daba por perdido, envilecida la cúpula de la Justicia, asqueado el país en la imagen de su togado supremo tras las rejas, nos sorprende la creación de un órgano de justicia único en la historia de Colombia: un tribunal de paz integrado por personalidades de probada solvencia moral y profesional, seleccionadas entre miles de postulantes de todas las etnias, regiones e inclinaciones ideológicas, con predominio de mujeres y presidido por ellas. Por Patricia Linares en la presidencia y Luz Marina Monzón en la Búsqueda de Desaparecidos. Instancia de cierre del conflicto, este órgano será decisivo en la reconciliación. Su misión, hacer justicia para asegurar la paz; su meta, la verdad de lo ocurrido y la reparación integral de las víctimas. Juzgará a responsables de todos los bandos por los delitos más graves cometidos en la guerra, para que haya verdad, sanción y reparación.
Mas, no bien se enciende esta luz al final del túnel, saltan al ruedo, todos a una, picos y garras afilados, los que temen a la verdad, los nostálgicos de la violencia. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, declara que la Justicia Especial de Paz (JEP) es “indigna, una claudicación estatal”. La también uribista, Paloma Valencia, gestiona en nombre de su bancada referendo para derogar este instrumento expedito de paz y reconciliación. El Fiscal Martínez convierte imprecisiones salvables del proyecto de ley que la reglamenta en monstruo de siete cabezas; y teme que la ley desproteja a empresarios tenidos por protagonistas del conflicto y no por víctimas. Pero no aclara si habla de los que pagaron para protegerse del secuestro o de quienes financiaron a paramilitares para lucrarse de sus crímenes. En la misma vena, Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, anuncia que no votará la ley, por supuesto sesgo político en el recién creado Tribunal contra los mismos empresarios del corazón del Fiscal. Y, por si fuera poco, Jesús Santrich, vocero de la corriente más oscura de la Farc, se suma a la descalificación del Tribunal. Sesgo no habrá en un órgano cuyas decisiones se adoptan en colectivo, previa deliberación entre magistrados de todas las tendencias y sabedores de que el país entero ausculta, una a una, sus determinaciones.
Contraste agudo entre la violencia de estas reacciones y la sindéresis que respira la presidenta del Tribunal, su dominio de la materia y la fuerza de carácter que proyecta. Dijo ella: “hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del Acuerdo de Paz; estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento; y, en la JEP, para administrar justicia restaurativa que sirva a la reconciliación y alivie el dolor de las víctimas (…) El compromiso de esta jurisdicción es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra”.
Guerra sucia, despiadada, que cobró su mayoría de víctimas entre la población inerme. Conflagración de crueldades inenarrables que hunde raíces en la exclusión, en el despojo, en la impunidad, en el terror de nuestro diario vivir. En el entramado social y político que la produce y retroalimenta. Es hora de que todos los comprometidos en el desastre asuman su responsabilidad, Estado incluido. La reconciliación, insiste Linares, no puede fundarse en el ocultamiento y la negación.
Madruga nuestra derecha a sacudirse la hoja de parra que disimulaba sus vergüenzas. En su íntimo propósito de hacer trizas la paz, acomete de frente contra la espina dorsal del Acuerdo y su Tribunal de Paz. Se dará contra el pueblo que ha padecido la guerra. Y contra el reclamo universal por haber querido reabrir la puerta del horror.
