por Cristina de la Torre | Oct 14, 2014 | Actores del conflicto armado, La paz, Octubre 2014, Personajes, Posconflicto, Uribismo
Siente la ultraderecha pasos de animal grande: a cada nueva señal de paz, toca a rebato. Como las visitas de Timochenko a La Habana acercan el acuerdo final con las Farc, el ministro de Defensa ensancha la tronera del boicot a las negociaciones con esa guerrilla. Si fuera infiltrado del uribismo en el Gobierno, no lo haría mejor. Esta vez hasta superó al vociferante Ordóñez. Y Álvaro Uribe, en insólito alarde de moralidad, protesta y acusa y amenaza, mientras pretende todavía echarle tierra a la largueza inaudita que informó su negociación con el paramilitarismo. Que en su gobierno buscara conversar de paz con las Farc mientras las apaleaba, es revelación que lo enaltece. De no haberlas acorralado militarmente, no estarían ellas hoy en diálogo para trocar armas por votos. Lo que ofende es la hipocresía de sabotear el proceso que su sucesor asumió, con eficacia y respeto por la Constitución, incendiando a la galería por mucho menos de lo que él intentó. Santos ni siquiera contempló la zona de despeje que Uribe había ofrecido. No está claro, sin embargo, si tal obsesión responde a celos o envidias inconfesables, o a un diseño más enjundioso que le impide saludar el advenimiento de una Colombia en paz. Es que la paz despoja a la reacción de su razón de ser. Sin padre a la vez protector y terrorífico, sin recurso al miedo, se evapora el elan que transforma a los seguidores de su líder en rebaño; sin parapolíticos ni señores de la guerra, periclita su aparato de poder.
Debe de exasperarle también a esta derecha montaraz que el posconflicto llegue a traducirse en plan concreto de rescate y desarrollo de la Colombia profunda, la más atormentada por la guerra. Propuesta a diez años modulada con rigor, conocimiento de causa y previsión de costos por la senadora Claudia López. Convocatoria a construir paz que debería concitar en las elites el mismo entusiasmo con que contribuyeron ellas a financiar la guerra. Más, siendo beneficiarias del despertar económico de un país sin conflicto. Será coyuntura ideal para limar desigualdades, en particular entre regiones. El posconflicto exige estrategias territoriales de paz capaces de redimir a los 15 millones de colombianos que habitan los 368 municipios abandonados a las peores crueldades de la guerra. Víctimas inermes de la dictadura que allí les montaron guerrilleros y paramilitares. Se trata ahora de reemplazar aquellos poderes de facto por los titulares de la legalidad: el alcalde, el juez, el concejal, el personero, el comandante de policía. Y la comunidad organizada.
En su jerarquía de prioridades inmediatas, propone López tres ejes de inversión que sumarían $93 billones en la década. El primero, para construir ciudadanía y Estado, creando instituciones al lado de las autoridades locales, de modo que participe la comunidad en el trazado del desarrollo y vigile su ejecución. Segundo, para “reemplazar a los bandidos”, construyendo Estado con la propia gente, in situ. Fortalecer sus fuentes de recursos actualizando el catastro y formalizando la propiedad rural. Y, por fin, el destino principal de la inversión, en función de la equidad y la inclusión: salud, educación, vivienda, vías, asistencia técnica.
¿Tímida esta propuesta? ¿Confiscatoria? El debate está servido. Venga la controversia entre la gama entera de fuerzas políticas, ahora remitida a desafíos que desbordan la política menuda. El presidente Santos será responsable de honor del posconflicto, porque una mayoría de colombianos lo eligió para que hiciera la paz. Del uribismo se esperan iniciativa creadora, imaginación y compromiso con el pueblo que sigue a su líder y no se conforma ya con dianas de alarma cuando se avanza hacia la paz.
por Cristina de la Torre | Oct 7, 2014 | Modelo Económico en Colombia, Octubre 2014
No vengan los empresarios con lamentos. La pataleta que protagonizaron por un ajuste franciscano en impuestos desnuda el alcance de su “soy capaz”: autobombo con una campaña publicitaria que convoca reconciliación, pero nada que comprometa su más grosero interés inmediato. Su aporte a la construcción de la paz se contrae a la promesa de enganchar en su firma a algún desmovilizado. Por presumir de dar el empleo que nunca crearon en respuesta a los favores tributarios recibidos una y otra vez. No bien se anunciaron medidas para llenar el hueco de 12.5 billones abierto por los regalos concedidos a los ricos en la reforma tributaria de 2012, protestó Luis Carlos Sarmiento, potentado de 16 mil millones de dólares que ocupa el puesto 56 entre los más acaudalados del orbe. Se le oyó reclamar airado el día mismo en que se hacía, de un pastorejo, con 2.5 billones de pesos en la bolsa de Nueva York. Como si no le bastara con el poder de su hombre tras el trono, el superministro Néstor Humberto Martínez. También le pareció inconveniente la reforma a Maria Mercedes Cuéllar, cabeza de una banca glotona que colma sus arcas exprimiendo a los colombianos y expropiando a usuarios de las voraces Upac. Poco dijo José Félix Lafaurie, portavoz de los señores de la tierra, porque ellos no pagan impuestos. En su lugar, menea la idea de donar, por caridad, una vaquita al campesino sumido en la miseria por sus compadres de la guerra.
En su proverbial tacañería, acaso esperen los empresarios ahorrarse su contribución a la paz. Pero, eso sí, beneficiarse de las oportunidades que el cese del conflicto traerá. Demuestra Ana María Ibáñez que, en paz, se ganaría el crecimiento una década. Crecerá la economía en 8.5 años, lo que hoy, en 18.5. Tal vez entonces decidieran nuestros empresarios proponer estrategias de industrialización y desarrollo rural, volver a montar fábricas, abandonar el poco patriótico oficio de importadores y especuladores financieros.
Mientras en países desarrollados el recaudo de impuestos representa 34% del PIB, no llega éste en Colombia al 13%. Salomón Kalmanovitz calcula en 510 billones los activos de las principales empresas colombianas. Activos cuyas rentas están exentas de impuestos. Tampoco tributan los ingresos por inversiones financieras, ni la minería ilegal, ni la tierra y el ganado. Más de la mitad de las empresas evaden impuestos. La reforma tributaria de 2012, y ésta, porfían en favorecer al capital y golpear al trabajo. Se le redujo a aquel el pago de parafiscales y no se compensó el faltante con otros impuestos. En cambió se elevó el IVA y Anif aboga hoy por subirlo aún más. Las gabelas a los más pudientes llegaron el año pasado a 30.8 billones. 2.8 de ellos por impuesto de renta perdonado a multinacionales de minas y petróleos. A los capitales golondrina, especulativos, de dudosa procedencia, arropados todavía con el manto de la “confianza inversionista”, se les bajó el impuesto de renta del 33% al 14%. En año y medio se quintuplicó su flujo al país.
Si de llenar huecos se trata, al flamante ministro de Hacienda le basta con obedecer órdenes de los adinerados. Son su gente. Pero financiar las reformas que la paz demanda será otra cosa. Una verdadera reforma fiscal se impone. Cobrar impuestos a terratenientes y ganaderos; sobre dividendos y rentas del capital; sobre patrimonio de personas naturales; suprimir exenciones a los ricos. Ponerle coto a la corrupción. Y, finalizado el conflicto, moderar el presupuesto de guerra. Decídase alguna vez el Gobierno a imponer el impuesto progresivo. No más aquello de que las clases trabajadoras han de meterse la mano al dril, mientras los ricos no acercan siquiera la suya al everfit.
por Cristina de la Torre | Sep 30, 2014 | La paz, Septiembre 2014
El experimento de La Habana podría ser nuestra última oportunidad de paz. Los acuerdos suscritos entre Gobierno y Farc, modesto reformismo liberal siempre malogrado por las fuerzas más agresivas del poder y la violencia, prometen conjurar la guerra y abrir puertas a la construcción de un país mejor. Si no la paz perfecta, a lo menos reversar los efectos del conflicto y apuntar a sus causas. La tierra, para comenzar. Cuya mitad acapara el uno por ciento de los propietarios, ya torciéndole el cuello a la ley, ya disparando contra el campesino indefenso, doliente sin sosiego de la hecatombe que tanto encopetado quisiera prolongar. No van los hijos de éste al frente de batalla. Ni huyen sus mujeres de la escena de horror sin tiempo para el llano, sin respiro para enterrar a sus muertos. A tal insania se ha llegado, que aliviar la pena, devolver sus predios a los despojados, buscar un horizonte de campesinos con tierra y tierra con campesinos, será una revolución. A leguas de la leyenda negra del castro-chavismo que este acuerdo pulveriza. A leguas del mito de que se proyecta allí la desaparición de la propiedad privada y humillación para las Fuerzas Armadas.
Un mínimo sentido de humanidad y de responsabilidad con las generaciones por venir no negará el derecho a controvertir términos del proceso de paz, pero cerrará filas sobre el anhelado desenlace: terminar la guerra. Para no abultar la cifra de 1.982 masacres – 1.166 perpetradas por paramilitares, 343 por guerrillas y 158 por la Fuerza Pública-. Ni repetir los 27.023 secuestros, 90% de ellos por Farc y Eln. Para que pierda Colombia la corona mundial en desplazados, fruto vergonzoso de la estrategia paramilitar de tierra arrasada. Para no ver otro municipio de San Carlos, que en el fragor de una guerra ajena redujo su población de 25.000 a 5.000 habitantes. Según el Plan de Desarrollo, 6.5 millones de hectáreas se abandonaron por la fuerza: a manos del paramilitarismo, 62%; y de la guerrilla, 16%. Paso natural, al desplazamiento le siguió el despojo.
Pero el conflicto armado de estas décadas no es otra cosa que el último tramo de un periplo mayor. Tanta pretensión santanderista ha convivido aquí, no obstante, con la privatización de la seguridad y la justicia por una oligarquía sin hígados; y, por ese camino, con la apropiación ilegal y violenta de la tierra. Lo demuestra Francisco Gutiérrez. Trae nuestra historia la impronta de grandes rentistas del campo que, burlando la función social de la propiedad, se hicieron a la brava con la tierra que al pequeño campesino se le negaba.
Se propone ahora desde La Habana una verdadera transformación del campo. Uso adecuado de la tierra, según su vocación. Estímulo a su formalización, restitución y distribución equitativa, garantizando acceso del campesino a la propiedad rural. Reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo. Sin perjuicio de la agroindustria, pues la economía campesina podrá convivir con otros modelos de producción agropecuaria y, en todo caso, responder por la seguridad alimentaria del país. La Reforma Rural Integral que el acuerdo de paz propone sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para el campesinado y contribuye así a la construcción de una paz estable y duradera. Definido el “qué”, a todos nos corresponde ejecutar el “cómo”. Bien desde el diseño acordado en La Habana, o desde cualesquiera otros que traigan aire de cambio. Si refrendamos el fin del conflicto armado, habremos empezado con un paso de gigante: preservar la vida de otros 220.000 colombianos. ¿Tendremos la lucidez y la grandeza necesarias para no dejar escapar esta ocasión feliz?
por Cristina de la Torre | Sep 23, 2014 | Conflicto armado, Septiembre 2014
No tuvo el debate de Cepeda la envergadura política que prometía. Amagó catarsis en nuestra aletargada democracia, si. Y abrió un espacio paralelo al de La Habana para ventilar verdades que son requisito de la paz. Se le abonan estos logros. Pero sindicaciones de carácter judicial y enderezadas, sin contexto, contra la persona de Álvaro Uribe son pobre insumo para contemplar el modelo de amancebamiento entre política y crimen que catapultó el holocausto colombiano. No podía este debate limitarse al prontuario de un personaje. Dará materia prima a una comisión de la Verdad, de exclusiva intención punitiva para que jueces independientes examinen pruebas y dicten penas. Pero poco aportará al esclarecimiento del conflicto armado: a entender sus causas y su desenvolvimiento en la historia; a identificar a todos sus responsables políticos. Colombia y sus siete millones de víctimas piden justicia. Pero merecen también saber de los autores intelectuales de esta guerra. No apenas de los que dispararon en cumplimiento de órdenes, sino de quienes la concibieron y trazaron sus estrategias de muerte. Han de ver el cuadro de las fuerzas en contienda, de las decisiones políticas que la apalancaron.
Antonio Navarro dio en ello primeras puntadas. Esta etapa de violencia se remonta a los años 80 y debutó con el exterminio de la UP, cuando la combinación de formas de lucha era signo de los tiempos. Pero la respuesta no fue unívoca. En Irlanda del Norte judicializaron a los rebeldes; en España ilegalizaron a Batazuna, el partido de ETA; en Colombia mataron a los militantes de la UP, tuvieran o no vínculos con las Farc. No juzgaron a Manuel Cepeda, dijo, lo mataron. Un nuevo adversario apareció en la mira: el cartel de Medellín que, en su carrera por desestabilizar la democracia, asesinó a tres candidatos presidenciales y al ministro de Justicia. Se dividió, y el Estado terminó aliado de su disidencia, los Pepes, y del cartel de Cali, hasta dar muerte al otro criminal, Pablo Escobar. A poco, el enemigo de todos fueron las Farc, cuando narcotraficantes se dieron el estatus de autodefensas. Con Andrés Pastrana y el Plan Colombia crecieron las Fuerzas Armadas y se modernizaron. Sobró la alianza del Estado con las Autodefensas. Antes de que pudieran ellas convertirse en el objetivo de turno, negociaron su demovilización. Mas no exigió el pacto de Ralito desmontar sus estructuras militares ni su negocio de narcóticos. Miles de ellos mutaron en Bacrim, narcos que hoy delinquen de la mano de ciertos frentes de las Farc.
La intervención de paramilitares y narcotraficantes en la política viene de atrás, pero en los gobiernos de Uribe alcanzó su cima. Datos sobran. Uno, aplastante, la movilización del paramilitarismo para forzar dos millones de votos por Uribe en las elecciones de 2002. Lo demostró Claudia López en investigación no refutada aun. Horacio Serpa, candidato de la contraparte, le dijo a Cecilia Orozco que el 9 de abril de ese año interpuso la denuncia ante la Fiscalía. El fiscal, Camilo Osorio, se hizo el desentendido. Pero Serpa reivindica la verdad histórica.
Verdad que puede comprometer a Uribe, entre muchos otros, pues no hay en esta guerra protagonista único. Invaluable la verdad judicial, si ella contribuye a esclarecer naturaleza y dinámica de esta conflagración atroz. Las valientes denuncias de Cepeda cobrarán toda su eficacia cuando se inscriban en el contexto histórico que les de sentido. Lo mismo aplica para cuanto tenga el uribismo que decir sobre farcpolítica. Algo va de la verdad judicial a la verdad política. La primera, sola, arriesga empequeñecerse como ataque a la persona. La segunda podrá explicar la historia y traer paz plena a las víctimas. Uribe y Cepeda comprendidos.
por Cristina de la Torre | Sep 16, 2014 | Educación, Septiembre 2014
El suicidio de Sergio Urrego, inducido por la atmósfera recurrente de dogmatismo que nos asfixia –esta vez desde hace 12 años- evidencia la accidentada construcción en Colombia del Estado laico y democrático: de aquel regido por la ley civil y atento a los derechos de las minorías. Un paso adelante, dos atrás, la legislación que protege a la población LGBTI se vio burlada por la arbitrariedad. No cede la beligerancia de jerarcas de la política y las iglesias que traducen su credo en discriminación y violencia moral contra la diversidad. Fuerzas rancias ceñidas a una idea fija y refractarias al cambio colonizan los colegios hasta provocar la muerte de inocentes. Contra la ley antidiscriminación que garantiza los derechos de todas las razas, nacionalidades y orientaciones sexuales, muchos planteles dieron en la flor de catalogar el homosexualismo como causal de expulsión. Sus manuales de convivencia reproducen la dialéctica de la Inquisición: por milagro divino, la falta de disciplina deviene en pecado, y éste se transforma en delito.
En el fondo de la contienda, la concepción de familia. No reconocen los tonsurados la crisis de la familia nuclear. Vida urbana, revolución social animada por la masiva incursión de la mujer en fábricas, oficinas y universidades, píldora anticonceptiva, matrimonio civil y divorcio diversificaron las costumbres sexuales y demolieron la familia patriarcal. Un tercio de nuestras mujeres vive en unión libre y sólo el 19% se casa. 31.7% de jefes de hogar son mujeres, solteras. Apenas la mitad d los niños vive con ambos padres biológicos. Y las uniones homosexuales se expanden. Pero la Iglesia no parece reconocer como familia sino la de pareja heterosexual unida en patrimonio para tener hijos. Se reclama depositaria exclusiva de la moral sexual y asume la existencia de otros tipos de familia como agresión a los valores excelsos de la familia patriarcal, fundamento de la civilización cristiana occidental.
Esconden los prelados su cabeza de avestruz para no ver el cambio: un mundo nuevo que estalla en la diversidad y pide pista en su propio seno. Como la piden hoy miles de fieles agrupados en organizaciones como Católicos por el derecho a decidir. Institución monolítica, cualquier anhelo de pluralismo desafía el poder centenario de la Iglesia colombiana, anclado en el pueblo-uno, indiviso, bajo la corona única de Cristo-rey. Mas, a la par con la libertad de cultos, acogió el liberalismo la libertad de partidos y de pensamiento y de opciones en moral privada. A Nadie se le negará el derecho de repudiar el socialismo, la homosexualidad o el aborto. Otra cosa es que quiera imponerlo como política de Estado.
Pero en este desierto se dibujan oasis como Liberarte, un espacio terapéutico fundado en la valoración de la diversidad humana. Para Carolina Herrera, una de sus sicólogas, legitimar sólo la heterosexualidad como manifestación posible de amor, le niega opciones a un segmento de población que, presa de la homofobia, desespera. En busca de identidad –explica- se cae con frecuencia en oposiciones excluyentes homosexual-heterosexual, blanco o negro que estigmatiza y oculta los colores y matices de la vida. Por miedo a lo desconocido, al “otro” que amenaza la confortable identidad que nos define.
Cabe preguntarse cómo reconocer que la cultura, la sociedad, la identidad cambian. Si identidad hay sólo una, la del católico-heterosexual-monogámico-decimonónico. Qué hacemos, en un mundo tan diverso, para cuestionar nuestros propios prejuicios frente a las diferencias de opción amorosa, de raza, de religión, de clase social. Qué, para saltar de la seguridad de lo conocido a la aventura de lo desconocido. Qué, para vencer el miedo al cambio, el miedo a la diversidad.
por Cristina de la Torre | Sep 9, 2014 | Salud, Septiembre 2014
Acorralado entre protestas, alteración del orden público y enfrentamientos con el Esmad en Carmen de Bolívar, casi no logra el ministro Gaviria acordar con las madres atención a 350 niñas que allí padecen una rara enfermedad. A causa de la vacuna contra el papiloma, o bien, secuela de la guerra, la epidemia forzó la tardía visita del funcionario. Ésta obró como detonante del descontento con el sistema de salud, que raya en ira, y las encuestas promedian en 80%. Crece la rabia conforme se constata la incapacidad del Gobierno para remontar la crisis, y su agudización, pese a la estridente promesa de desmontar los pilares mismos del modelo que convirtió la salud en negocio de maleantes. Nada. El Gobierno reculó. ¿Por miedo a enfrentar la omnipotencia de las EPS y a sus palafreneros del Congreso? ¿Por convicción? Se salva, sí, el audaz proyecto sobre medicamentos biotecnológicos, enderezado a romper el monopolio de multinacionales que nos extorsionan con medicinas a precios exorbitantes. Pero se da largas el ministro para presentar el decreto. Y toma partido en cambio por las EPS y su negocio estrella, la integración vertical. Mucha publicidad en lo secundario, y mucha contundencia para salvar el modelo de salud que no consigue eliminar el paseo de la muerte.
Argumenta el ministro que se ha logrado cobertura casi universal en salud. Carnetización, si. Pero acceso a ella y calidad del servicio, sólo para la minoría que puede pagarlo. Porque la Ley 100 entregó el sistema de salud a la rapacidad de empresas privadas que obran como intermediarias financieras y se apropian de los recursos fiscales del sector, las EPS. Al negocio contribuye la llamada integración vertical, que les permite a éstas contratar con sus propias clínicas y manipular precios de insumos hasta reventar alforjas con fondos públicos. Resultado: la más grave crisis sanitaria en la historia de Colombia.
Para el senador Jorge Enrique Robledo, en los últimos tres años no sólo no ha cambiado el estado de cosas sino que ha empeorado. Hubo 115 mil tutelas por salud en 2013, casi todas sobre derechos adquiridos en el POS. Ese año negaron las EPS 300 mil servicios, 34% más que en 2012. Mientras en Chile muere de parto una entre 2.000 mujeres, en Colombia la relación va de una a 460, la mayoría del régimen subsidiado. En estos tres años aumentó 26% la deuda de las EPS con hospitales públicos, al punto que 600 de ellos morirán por inanición: les deben seis billones de pesos. La Contraloría probó que Saludcoop, emblema de las EPS, se embolsilló 1.4 billones de los colombianos, la mayor defraudación en la historia del país. Pero ahora el ministro de Salud quiere “rescatarla”, en conocida operación salvamento de uso y abuso en el sector financiero: salvar al banquero, no a los ahorradores. En cristiano, capitalizar ganancias y socializar pérdidas.
Las causas de la crisis en salud persisten con igual o mayor intensidad. José Félix Patiño, médico ex rector de la Universidad Nacional, aboga sin pausa por una reforma estructural que suprima la intermediación financiera y el negocio en el sector. Clama por restablecer la atención en salud como servicio social, que la haga valer en su condición de derecho fundamental. Mas para el ministro Gaviria la disyuntiva no estriba entre reforma o no-reforma, pues aquella bien podría suplirse con decretos para asuntos puntuales del sector. Verónica elusiva para no tener que asir al toro por los cuernos. Aspirinas –dirán los galenos- para tratar un cáncer. Porque la estructura mercantil del sector, la pepa del problema, sigue intacta. Viva y coleando la nefasta Ley 100, cocinada en la olla del mercado sin control, y que ha cobrado más vidas de colombianos que la guerra.
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2014 | Arte, Septiembre 2014
Lo consideró el tartufato una ofensa insufrible, y tronó en bloque. Denunció escandalizado el sacrilegio de Maria Eugenia Trujillo, artista que desplazaba la hostia viril de la custodia para poner en su lugar a la mujer, fuente de perdición desde el mito fundador del cristianismo. Pero ni siquiera a la mujer sino, peor, sus partes pudendas (“sexuales, vergonzosas”, remarcaría monseñor Builes). Acusaron la secta fundamentalista Voto Católico, el procurador, las senadoras del uribismo Guerra y Vega: la caverna en acción. Habituada a la ordinariez de la propaganda, no podía sino reducir a panfleto esta obra de arte –sutil, sugerente- y logró la censura de la exposición que “atenta(ba) contra la fe católica”. Como si no fuera Colombia Estado laico, con libertad de expresión y pluralidad de iglesias.
Desplegó la ultraderecha el mismo odio hacia la mujer que anima su cruzada contra el derecho al aborto terapéutico, sin el cual muchas madres corren riesgo de muerte. La misma rudeza de su mutismo ante la violación masiva de mujeres como arma de una guerra que aquella fuerza cruel quisiera eterna. Réplica del Tartufo de Molière -falso devoto que hizo de la hipocresía herramienta de poder- esta derecha engoló la voz para decir que la exposición acarreaba violencia simbólica contra los católicos y ofendía a Dios. Reminiscencias inquisitoriales en un país al que reaniman periódicamente como la Colombia de Cristo Rey y de Laureano, ariete de la Violencia.
Para Halim Badawi, Trujillo cuestiona la masculinidad que ha obrado como medida de todas las cosas y derivado en vejámenes de todo orden contra la mujer. Masculinidad que cataloga a las mujeres como productoras de un arte menor destinado a la invisibilidad y la censura. En su repugnancia del cuerpo de la mujer y con olvido del lenguaje simbólico del arte, estos extremistas no le perdonan a Trujillo que asocie imágenes de su culto con “sugestivas representaciones del cuerpo femenino”. Emulan a las Damas de la Decencia que en 1939 vetaron a Débora Arango, grande entre los grandes pintores de Colombia de todos los tiempos. Hacían ellas la segunda a los libelos que el ultraconservador periódico La Defensa le dedicaba a la artista antioqueña. Denostaba de su “obra impía… exhibición voluptuosa (de) pintura pornográfica…” Y El Siglo de Laureano Gómez completaba la celada diciendo que Arango representaba “las más viles pasiones lujuriosas…”
Es que Débora Arango pulverizó la estética consagrada: se atrevió con el desnudo femenino, y desafió en sus lienzos las normas sociales, el fanatismo y el poder político. Se deleitó su pincel en prostitutas, prelados y políticos corruptos. La vetaron –con señalamientos idénticos- las camanduleras de la Bella Villa, Laureano Gómez y, en Madrid, Francisco Franco. Terminó excomulgada e invisibilizada durante medio siglo, en aquella Medellín de gente necia,/ local y chata y roma./ Chismes./ Catolicismo./ y una total inopia en los cerebros. Hoy aplica el poema de De Greiff a fanáticos que siguen campeando en el país y se ensañan en Trujillo.
Se pregunta ella si la censuran por ser mujer que osa hablar de su propio cuerpo y presentar su reflexión mediante el arte. Mas no todos son censores. Los Católicos por el Derecho a Decidir criticaron la censura y declararon que la artista representa “la subyugación y maltrato histórico del que ha sido objeto la mujer durante siglos”. Vengan las palabras de Débora Arango: “La vida, con toda su fuerza admirable, no puede apreciarse jamás entre la hipocresía y el oscurantismo (…) Por eso mis temas son duros, casi bárbaros; por eso desconciertan a (quienes) quieren hacer de la vida y de la naturaleza lo que en realidad no son”.
por Cristina de la Torre | Ago 26, 2014 | La paz
Emulando el morbo de nuestra violencia, que mata y remata sin pudor, Maria Fernanda Cabal revictimiza a las víctimas. Como si no sufrieran ya éstas los horrores de una Guerra degradada, la representante uribista difama a Ángela Giraldo, la insulta y provoca un alud de amenazas contra la mujer que encaró en Cuba a los jefes de las Farc por el asesinato de su hermano. Ofensa brutal de la derecha rabiosa que registra con alarma el paso de gigante que se ha dado hacia la paz con las requisitorias de las víctimas en plena mesa de negociaciones y el reconocimiento de las mismas por la cúpula de las Farc.
Exigieron ellas la verdad como condición inescapable de perdón en un país donde millones de ciudadanos tocan el umbral del dolor y se ven atrapados entre dos fuegos. Fuego de guerrillas, por un lado; de paramilitares y sus aliados del Estado, por el otro. En la mitad, la población inerme, objetivo militar de todos los ejércitos. Se especializaron los paramilitares en masacres, desaparición forzada, despojo, tortura y descuartizamiento con motosierra. Las guerrillas, en secuestro, sabotaje, atentados terroristas y minas antipersonas. A miembros de la Fuerza Pública se los tiene por cómplices de 158 masacres y autores de 4.716 falsos positivos contabilizados por la Fiscalía hasta el año pasado.
Muerte, destierro, destrucción y dolor son el legado de los actores de esta guerra estremecedora, escribe Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica. Y no ha sido una conflagración entre combatientes sino de grupos armados contra civiles inermes, acudiendo a masacres y asesinatos selectivos. Se mata a los civiles, precisa Sánchez, para forzar su lealtad al grupo que domina una región, para debilitar al adversario o acumular poder militar. Todos ellos se justifican señalando a la población como prolongación del enemigo: “pueblo guerrillero”, “pueblo paraco”, “guerrillero de civil”.
Pero matar, desterrar, secuestrar, violar… aterrorizar no son accidentes del conflicto sino estrategia de dominio del territorio para ganar ventaja en la guerra y control de la economía de la región. Se desplaza a la población para trazar corredores de movilidad militar y rutas de narcotráfico. Y para apropiarse de la tierra. 220.000 muertos, 29.000 secuestrados, 33.000 desaparecidos son cifras de espanto. En este caso, el sufrimiento para los sobrevivientes es infinito pues, sin cuerpo, queda suspendido el duelo y el dolor no termina. Especialmente entre 1996 y 2005 se produjo, según Sanchez, “el peor baño de sangre en décadas y la ruptura de todos los límites morales de la guerra… La degradación los tocó a todos”.
Por la masacre de Bojayá, con 79 muertos, responderán las Farc. Por la de Bahía Portete, con 45 víctimas, los paramilitares y miembros del ejército que les ayudaron. Al testigo de San Carlos que declara para el CMH se le contestará por qué “aquí, en pleno parque, a media cuadrita del comando, tienen una base los paramilitares (con) gente retenida, gente torturando, donde le mochan la cabeza a una persona y juegan fútbol con ella”.
Tras el anhelo mayoritario de paz reverbera indignación contra todos los actores de esta guerra. Pero ha llegado la hora de las víctimas. El sufrimiento, la valentía para enfrentar a los responsables de sus tristezas, su disposición al perdón en aras de la reconciliación, las convierten en ancla moral de la paz, según expresión feliz de Humberto de la Calle. Hoy se abre esperanza cierta de vencer el imaginario que le da a la guerra estatus natural y eterno. Ángela Giraldo podrá ser su símbolo: a la dinámica de victimizar y revictimizar responde ella tendiendo la mano al victimario y a la revictimaria. Si ellos le pidieran perdón.
por Cristina de la Torre | Ago 19, 2014 | Internacional
En la encerrona, arrojó al piso la bandera blanca de símbolo impreso contra el porte de armas y elevó en señal de entrega los brazos al cielo; pero, desde su rubicunda estatura de dos metros, le disparó el policía a quemarropa. La muerte del adolescente negro Michael Brown en Ferguson, localidad del centro de Estados Unidos, rubrica la tercera ola de violencia racial, que viene enquistada desde sus orígenes en la primera democracia del mundo. Páginas y páginas de diarios principales registran con alarma el renovado ensañamiento de la fuerza pública en la población negra. Su arremetida contra manifestantes, con armas de ejército de ocupación suministradas ahora por el Pentágono, aún en los municipios más pequeños, donde se controlan manifestaciones cívicas con tanques de guerra. Y el sorpresivo reavivamiento del debate político alrededor del secular problema racial, en un país que eligió presidente negro pero no acaba de extinguir en amplios sectores sociales la llama de la segregación racial.
Los estallidos de protesta evocan las jornadas callejeras de los años 60 por los derechos civiles y la igualdad de los negros ante la ley, cuando el movimiento alcanzó su cima trágica con los asesinatos del presidente Kennedy y el líder negro Matin Luther King, abanderados de aquellos cambios. King venía de encabezar la marcha de 200.000 afroamericanos sobre Washington, de pronunciar su sueño de igualdad y dignidad para los de su raza. Las marchas de hoy recuerdan, por contera, los días aciagos del Ku Klux Klan, años 20, cuando la eliminación de negros era práctica aceptada de blancos quemalibros en cruzada bíblica potenciada como política. El genuino segregacionista echa raíces en el populismo agrarista de aquel período, que se envalentonó contra los banqueros y, de paso, contra los negros. En los años 60 resurgió como pulsión ultraconservadora por mantener a la brava la hegemonía del estereotipo blanco-protestante. Y hoy se viste de Tea Party, aleación de conservadurismo premoderno, racismo y fundamentalismo religioso trasladado al ejercicio del poder.
Tal conmoción ha provocado la muerte de Brown, que ya políticos, jueces y académicos infieren el destape de una crisis del sistema penal que hasta algunos republicanos califican de inhumano, inmoral y discriminatorio, cargado contra el afroamericano. Crisis también de una sociedad donde aumenta la desigualdad a pasos de gigante, en particular por lo que toca al negro. En Ferguson, la población blanca no llega a la tercera parte, pero ella monopoliza el poder: el alcalde es blanco, blancos son cinco de los seis concejales y, de los 53 policías, sólo tres son negros. En el país, el blanco tiene seis veces más recursos económicos que el negro. La población de color es l 12% pero en las cárceles alcanza el 40%.
Los acontecimientos en curso dicen de la saga, viva aun, de segregación racial, inequidad y abuso de la ley que se disputa honores en la historia de este país. Para Joseph Epstein, cada nueva víctima parece encadenar una nueva ola antirracista que hace 60 años presidió Luther King, hasta derribar un cuerpo de leyes inmorales que reducían a los negros a la inferioridad y la humillación. Pero no ha surgido aun quien reemplace a los líderes de aquella gesta, prevalidos como estaban de la razón moral. Tal vez deban conquistar también la razón política por el camino de la resistencia pasiva con la que Gandhi libertó a la India y les señaló el camino Luther King a sus hermanos de raza: para que puedan un día completar la tarea de la libertad. Rotas las cadenas de la esclavitud, a vencer el apartheid racial. Y toda la impedimenta reaccionaria que le da nuevo sustento, por mano de Bush y Sara Palin.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2014 | Agosto 2014, Educación, Modelo Económico
Es primera vez en nuestra historia reciente que un presidente anuncia presupuesto de Educación mayor que el de guerra. Además, en divisa transformadora, le señala a la nación metas de largo aliento: paz sólo habrá con equidad, mas sin educación será imposible la equidad; luego, educar se impone. Enhorabuena. Pero el ajuste financiero resulta irrisorio para las necesidades del sector. Y viene absurdamente precedido del triunfal “hemos cumplido” de su ministra Campo, cuando Colombia ocupó la cola del mundo en pruebas Pisa durante los años de su gestión; bajó, aún más, el hábito de lectura del país, el Gobierno debió engavetar una reforma de ventajas a la universidad privada, e intentó reducir a la mitad el ya paupérrimo presupuesto de Ciencia y Tecnología -0.2 del PIB, mientras Brasil le destina el 1.6-. Mejoró, sí, la cobertura, pero pésima calidad e inequidad siguieron dominando el panorama de nuestra educación. Casi nada hizo este Gobierno por corregir el apartheid de educación buena para ricos y mala para pobres, que estanca a la mayoría en carencias insuperables y rodea de privilegios a los que ya lo tienen todo. Si al proceso de paz le consagra el Presidente una voluntad irreductible, en educación cabe el beneficio de la duda.
En Colombia, los mayores de 25 años de estrato uno acumulan en promedio 5.2 años de escolaridad; los de estrato 6, 12.7 años. Con vocación de república bananera, ostenta el mayor gasto militar en América Latina y no consigue asimilar el legado de la Revolución Francesa, que se empotró en el derecho de todos a una educación para la vida y la creación, patrimonio de toda democracia que se respete. Para Julián de Zubiría, nuestra educación, lejos de promover movilidad social ascendente, reafirma las jerarquías de clase. En las pruebas Pisa de 2012, el estudiante de colegio público obtuvo 50 puntos menos que el alumno de escuela privada. Si no hizo prekinder, saca 25 puntos menos. Y, si es mujer, reduce en matemáticas 25 puntos adicionales. De donde, una joven de procedencia popular alcanza en noveno 109 puntos menos que un muchacho de clase alta, el equivalente a tres años menos de educación. La distancia aumenta con los grados, de modo que las diferencias de calidad en la educación amplían las desigualdades sociales. E inmovilizan a los más en la desesperanza, a aquellos que ingresan a la educación pública básica.
El billón y medio adicional para Educación en el 2015 apenas desborda su crecimiento vegetativo. No resuelve la emergencia financiera de la universidad pública, que supera los 12 billones. Tampoco la partida de 28.4 billones se compadece con los requerimientos del sector, que José Manuel Restrepo, director del Cesa, estima en 40 billones. Menos aún se ve cómo cubrir con tan menguadas asignaciones el ambicioso programa del presidente Santos: cobertura universal en primera infancia, formación sólida de maestros, jornada completa en todos los colegios, 400 mil becas a estudiantes pobres. Los estudiantes piden salvar la universidad pública cubriendo el déficit que la sume en la indigencia. Y proponen gratuidad en la misma, en proceso progresivo de 10 o 15 años, con un costo de 850 mil millones, que equivalen al 3% del presupuesto anual del Ministerio.
Si de equidad se trata, prestar oídos al clamor de la sociedad por una educación pública de calidad como derecho irrenunciable de todos será honrar la palabra empeñada el pasado 7 de agosto. Y atender en el acto la emergencia financiera de la universidad pública para salvarla de muerte por inanición, será señal inequívoca de que Colombia Educada pasa de ilusión a realidad. Anticipación estelar de los cambios que la construcción de la paz demanda.
