por Cristina de la Torre | Oct 2, 2012 | Conflicto interno, Octubre 2012, Política agraria
Las Farc van por reforma agraria. Santos va, en dinámica de TLC, por la agroindustria de exportación. Pero también por restituir tierras y relanzar la agricultura campesina con todos los apoyos del Estado. Estos últimos frentes, en los que el Gobierno trabajaba ya por iniciativa propia, resultarán cruciales en Oslo y La Habana. Paso intrépido, cargado de significado dio esta semana al intervenir dos haciendas, santuario del paramilitarismo, arrebatadas por los Castaño a campesinos de Córdoba y Cesar. Por su parte, el proyecto de Desarrollo Rural replantea las Zonas de Reserva Campesina, no ya en los extramuros de la patria, sino dentro de la frontera agrícola. Concebidas para estabilizar y fortalecer la agricultura campesina, fuente de la seguridad alimentaria, estas áreas podrían alojar también a las tropas desmovilizadas de las Farc: campesinos a quienes la ciudad nada ofrece, pues industrialización no hay; ésta se estrellaría contra el TLC.
La incursión del Gobierno en las haciendas Santa Paula y Las Pavas, íconos de la expropiación violenta, simboliza el reto de la restitución: revertir la contrarreforma agraria de los bandidos. Que no actuaron solos. En Urabá, verbigracia, el Fondo Ganadero de Córdoba les compró parte de las tierras robadas; negoció Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño sindicada de asesinato. También se benefició el paramilitar Benito Osorio, antes presidente de ese fondo ganadero. Ahora José Félix Lafaurie, vocero del gremio, previene contra “una reforma agraria expropiatoria”. Aceptará la recuperación de tierras malhabidas, dice, pero advierte que en aras del desarrollo rural no avalará detrimento de la legítima propiedad agraria.
Las reservas buscan estabilizar los asentamientos campesinos con producción modernizada, y protegerlos de la agresiva expansión del latifundio ganadero. La Ley de Desarrollo Rural las fortalece porque dota a sus dueños de crédito, asistencia técnica, mecanismos de comercialización; y mejora su vida con vivienda, salud y educación. Pero, sobre todo, porque ahora tendrán lugar en cualquier parte de la geografía nacional, no sólo en zonas de colonización. Así lo sugiere el Artículo 293 del proyecto de marras. En tónica de ordenamiento del territorio, la reserva campesina se establece allí donde el suelo y el entorno ofrecen la misma vocación económica y, las gentes que lo habitan, homogeneidad cultural y social. Forzoso será planificar el desarrollo y el uso de la tierra, ya en agricultura, en bosques, en ganadería o en conservación de cuencas hidrográficas. O proyectarse al turismo, a artesanías, a servicios ambientales. Y sus propietarios podrán asociarse en proyectos colectivos. La delimitación de las zonas podrá afectar latifundios improductivos cuyos dueños tendrán que vender al Estado, a los precios declarados, o someterse a extinción de dominio. De adjudicárseles reservas a las farc, éstas tendrían que cortar en el acto con la producción de coca. Y también devolver las tierras y ganados arrebatados a sus dueños, pues la ley obliga a todos.
Santos restituye tierras, pero el TLC nos devuelve a la colonial división internacional del trabajo: unos países producen carros; otros, florecitas y carbón. Hay que renegociar el tratado o, al menos, crear mecanismos de compensación que ofrezcan opciones ciertas de supervivencia. Como consolidar y proteger las reservas campesinas. Y lanzar la locomotora de la industrialización. Ampliada la democracia, habrá refriega abierta entre ideas de desarrollo. Pero, desactivado el conflicto armado, restitución y reservas serán un buen comienzo en la desactivación del conflicto social: dar tierra siembra paz.
por Cristina de la Torre | Sep 25, 2012 | Iglesias, Mujer, Septiembre 2012
Sorpresa. A la cruzada revitalizada del procurador contra el aborto le salió al paso inesperadamente Lucifer. No ya la pecadora bíblica, víbora en carne de mujer perseguida hasta la muerte por devotos que prevalecen a golpes de crucifijo. Es que ahora se revela el mismísimo demonio en figura de ministerio. Del ministerio de Justicia, que propone no sólo respetar el aborto terapéutico sino extenderlo a todos los casos, pues la prohibición induce el aborto clandestino, insalubre, causa de muerte en miles de nuestras mujeres cada año. En bumerán se trocó la falsa retractación del procurador, que se le impuso por violar la Constitución para sabotear este derecho: Ordóñez mintió sobre la píldora del día después, sobre “promoción del aborto” por la Corte y sobre la objeción de conciencia. Pero eludió, astuto, la orden y anunció que redoblaría su campaña contra el derecho al aborto en los casos prescritos por la Corte.
Cuesta arriba le quedará desde hoy, cuando el Consejo de Política Criminal abre debate sobre la iniciativa del ministerio enderezada a la despenalización amplia del aborto, más allá del terapéutico, consagrado ya. La restricción del aborto –argumenta la ministra Ruth Stella Correa- aumenta los casos de riesgo. Se trata de evitar el aborto clandestino y de asegurar los derechos de la mujer. 400.412 procedimientos se practican en Colombia cada año, la mayoría ilegales y de alto riesgo. Y concluye: en vez de perseguir a las mujeres que abortan, hay que masificar las campañas de prevención y educación sexual, servicios gratuitos de salud y asesoría en planificación.
Si, no todo va en despenalizar el aborto, medida dolorosa que la mujer adopta como solución extrema a un embarazo no deseado o peligroso. Mucho depende de la prevención del embarazo, sobre todo del adolescente, que es tragedia; porque afianza el círculo de la pobreza, frustra la educación, las oportunidades y la movilidad social de la joven. El sacerdote Carlos Novoa reafirma que a aquél contribuyen también la violencia intrafamiliar y la precaria o nula educación sexual. En acontecimiento notable, cientos de jovencitas presentan esta semana al Gobierno sus propuestas para prevenir el embarazo adolescente. Con apoyo de Naciones Unidas y del Gobierno nacional, del evento se esperan remedios a un drama que afecta a una de cada cinco niñas entre los 15 y 19 años de edad. Está visto que el riesgo disminuye con educación – en particular sobre vida sexual y reproductiva-, con servicios de salud universales y amables, con un abanico desplegado de formación y oportunidades de vida. Más vale prevenir que reprimir.
Si el ex jefe conservador José Darío Salazar declaró patético que la propuesta del ministerio es “el crimen más cobarde de todos”, para el jurista Eduardo Cifuentes la despenalización amplia del aborto es “absolutamente necesaria, (una) opción de libertad y de respeto por los derechos reproductivos de la mujer”. Y Sonia Gómez escribe en El Tiempo: abortar no riñe con la vida, es afirmar que la vida de la mujer está por encima de cualquier funcionario o credo religioso.
La iniciativa promete una revolución de sentido común en esta pobre Colombia estrangulada por exaltados que la devuelven periódicamente a la Colonia, al gobierno de la mitra, mientras el Estado de Derecho es pan comido en el mundo. Como el debate no atañe a la moral religiosa sino a los derechos civiles, no podrá dirimirse entre Dios y Lucifer, sino entre Estado laico y teocracia. Así nuestros rosaditos querubines del Congreso, monaguillos del procurador, se presten para horadar la ciudadanía de la mujer y para quemarla en la pira medieval. Por bruja.
por Cristina de la Torre | Sep 18, 2012 | Conflicto interno, La paz, Proceso de paz, Septiembre 2012
Ni la revolución ni nuevo pacto social, como lo pretendieron en el Caguán. Hoy no pueden las Farc negociar sino ajustes a lo que nuestra precaria democracia ofrece: ampliar la arena de la política legal, de modo que desmovilizados, minorías, opositores y el movimiento social puedan batirse por el desarrollo y la equidad en condiciones de igualdad con los partidos que acapararon siempre todas las ventajas. Para comenzar, que los exguerrilleros puedan convertirse en fuerza política y participar en las elecciones de 2014. Este proceso presenta dos momentos nítidamente diferenciados, y confundirlos dará lugar a maximalismos paralizantes. Una es la negociación que se ha emprendido, enderezada a desactivar el conflicto armado. A lo cual las Farc ofrecen por vez primera en medio siglo dejar las armas. La otra etapa, prolongada, laboriosa y que demandará el concurso de todos, será la de construir la paz: desactivar el conflicto social, hijo de la desigualdad que registra Colombia, sin par en el mundo entero.
Hacia allá apuntan la restitución de tierras y el proyecto de Desarrollo Rural, cuyo alcance –ha dicho el ministro Restrepo- desbordaría el de la Ley 200 de López Pumarejo. Que no serán graciosas concesiones a la guerrilla lo indica el hecho de que la restitución venía ya en marcha, aún contra despojadores de las Farc. Por su parte, la ley de desarrollo para el campo se cocina desde hace dos años y coincide en mucho con el programa agrario de las Farc. No le dará trabajo, pues, refrendarla en la mesa de diálogo. De otro lado, se estudian garantías de participación y elegibilidad políticas sin riesgo de exterminio: un código electoral que modere el porcentaje de votos necesarios para sobrevivir como partido, un estatuto de oposición que asegure medios de acción política equitativos. Si se trata de crear nuevos espacios de participación -señaló el ministro del Interior- “habrá que pavimentar el camino”. Nadie deja las armas si no puede buscar el cambio por la vía política.
Controversia mayor suscita el Marco para la Paz, porque introduce medidas de justicia transicional en favor de los desmovilizados. Para el fiscal Montealegre, este instrumento puede ser “una amnistía condicionada incluso para graves violaciones a los derechos humanos”. No habría impunidad, advierte, pero tampoco cárcel. Grave dilema, pues nadie querrá cambiar el fusil por la prisión. La Comisión Asesora de Política Criminal considera que ese instrumento restaura el delito político, eliminado por el uribismo; que rescata la dimensión política del conflicto armado; que dar tratamiento privilegiado a delitos como el de rebelión despejaría el camino a procesos de desmovilización y reconciliación.
Esta vez la relación de fuerzas política y militar favorece al Gobierno y es él quien lleva la iniciativa. Por eso pinta rosada la esperanza de arribar a buen puerto. Tras un trámite expedito que podría culminar en un paquete de reforma rural y política sometido a referendo, la paz adquiriría toda su legitimidad. Pero un peligro se cierne sobre el proceso: que jefes militares de las Farc como Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, cabezas del Bloque Sur (metido en la droga), desconozcan las decisiones de los actuales negociadores. Éstos harían política, mientras que el ala militarista derivaría en Farcrim. ¿Ruptura de las Farc? Como la agenda abordará también sus vínculos con el narcotráfico, ¿habrá contemplado el Gobierno la eventualidad de negociar en una mesa sin vocero de la fracción comprometida en el negocio? Acaso diga que a quien ejerce violencia se le liquida; y con quien hace la guerra se negocia para que pase de las balas a los votos.
por Cristina de la Torre | Sep 4, 2012 | Conflicto interno, Narcotráfico, Septiembre 2012, Uribismo
Si, como se ha sabido, el problema agrario preside la agenda de paz, la devolución de tierras malhabidas cobra protagonismo inusitado. Soñemos. Nadie como Álvaro Uribe podría ablandar a los enemigos de la restitución y de la paz, por el respeto y el fervor que entre ellos suscita el expresidente. Si él lo quisiera. Presunción explicable a la luz de revelaciones que develan el empeño del entonces presidente en dialogar con las guerrillas: seis intentos con las Farc y búsqueda de contacto con el ELN a lo largo de todo su gobierno. En el entendido de que el despojo de fincas catapultaba el conflicto hasta el delirio, ¿esperaba Uribe poner el dedo en esa llaga? O bien, ¿compartía después la advertencia-amenaza de Fernando Londoño de que la Ley de Víctimas desencadenaría una guerra civil?
Capitán entre los seguidores que depositaron en Uribe su esperanza (ganaderos, uniformados, latifundistas, propagandistas de la violencia, paramilitares, narcotraficantes, politicastros de armas tomar), no hace matices Londoño, todo lo revuelve en su defensa genérica de la propiedad agraria. Unos fueron los mafiosos que, para lavar activos y controlar con sus ejércitos los corredores del narcotráfico, compraron tierras en sana ley por oferta de sus dueños. Otros, aquellos que usurparon predios a sangre y fuego y provocaron la diáspora de cuatro millones de campesinos. Entre 1975 y 1995, los capos del narcotráfico compraron seis millones de hectáreas de las mejores tierras en 409 municipios, el 42% de las localidades del país. Arreció desde entonces la dinámica del despojo masivo y violento por paramilitares: obligaron a sus dueños a vender a huevo, falsificaron escrituras o simplemente les robaron la tierra. Historia ominosa de siete lustros que dibuja la telaraña del conflicto y revienta, al fin, en anhelo de paz.
En los 70 se expandió la guerrilla y se dio a secuestrar hacendados. Alejandro Reyes reconstruye esta historia y sus efectos (Compra de tierras por narcotraficantes, 1997): acosados, los grandes propietarios vendieron y sus compradores fueron los capos del narcotráfico. Promovidas por miembros de la Fuerza Pública y financiadas por la mafia que ya era propietaria de grandes haciendas, nacieron las autodefensas. Además, los narcos crearon sus propios ejércitos privados, los paramilitares. En Magdalena, muchos latifundistas derivaron en narcotraficantes. En Antioquia, hacia mediados de los 90 habían comprado tierras en 90 de los 124 municipios del departamento. Córdoba presentaba la mayor concentración de la propiedad y el proceso más masivo de sustitución de la elite ganadera por narcotraficantes, que acaparaban el 60% de sus tierras útiles. La compra de tierras por la nueva elite, sobre todo de ganadería extensiva, concentró aún más la propiedad agraria y agudizó el éxodo campesino. En suma, la sustitución de empresarios y campesinos por narcos, paras y guerrilleros significó un retroceso gigantesco. En tales condiciones, haya títulos legales o falsos, si se aspira a la paz, se imponen soluciones inaplazables: restitución de lo robado; y un modelo de desarrollo rural que reoriente el uso de la tierra y redistribuya predios dentro de la frontera agrícola, con miras a la modernización y la equidad.
El ministro Restrepo ha recibido reclamaciones por un millón 300 mil hectáreas; pero denuncia a “segmentos recalcitrantes que quieren poner palos en la rueda de la restitución”. Si también mafiosos y paramilitares se sintieron uribistas, autoridad le asiste al exmandatario para invitarlos a entregar lo usurpado y respetar la vida de sus legítimos propietarios. Paso trascendental hacia la paz que también él buscó.
por Cristina de la Torre | Ago 28, 2012 | Actores del conflicto armado, Agosto 2012, Conflicto interno, La paz, Narcotráfico, Política agraria
Nunca una cortina de humo tan grosera y desproporcionada. En lugar de explicarse por el escándalo del general Santoyo (hoy confeso aliado de la mafia mientras oficiaba como jefe de seguridad del primer mandatario), llegó Uribe al extremo de señalar al presidente Santos como cómplice de las Farc y lo sindicó de adelantar diálogos de paz: “una bofetada a la democracia”, dijo, “una vergüenza”. Acusación que enfrenta el deber supremo de la paz con el recurso a la guerra contra la subversión que a Uribe le había dado fama y poder. Piadosa presentación de la guerra justa que ignoraba, no obstante, la de fondo, aquella de intereses menos nobles enderezada a hacerse, motosierra en mano, con el poder del Estado. Fueron las Farc el enemigo de Uribe y derrotarlas parecía justificarlo todo. Pero ellas fueron también pretexto providencial que le daba carácter político al ascenso violento de nuevos sectores surgidos al calor del narcotráfico. Revuelta social a cuyos agentes en el alto gobierno y en el Congreso Uribe jamás vetó. Antes bien, los defendió en cruzada memorable contra los magistrados de la Corte Suprema que investigaban la parapolítica. Y no porque los togados encarnaran ideales guerrilleros sino porque amenazaban el nuevo poder.
Se rodeó Uribe de “buenos muchachos” y la cima de la seguridad del Estado terminó en manos de la justicia, por andar en tratos con criminales. No precisamente por haber abominado de las Farc. Jorge Noguera, Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo J. Miguel Narváez, el general Santoyo. Y ahora, el general Rito Alejo del Río, condenado a 26 años de prisión por apadrinar crímenes horrendos del paramilitarismo en Urabá, zona donde la contrarreforma agraria del narcotráfico más víctimas cobró. Matanzas archisabidas tras de las cuales condecoró Uribe a este “héroe” de la patria.
Escribe en este diario el columnista Rodolfo Arango que tal vez Santoyo y el círculo más cercano a Uribe hubieran traspasado la línea de la legalidad en pos de un fin que tenían por legítimo: liquidar a la guerrilla. Quedaría así en evidencia “el uso del crimen para combatir el crimen”. Razón no le falta. Mas, si de acabar con las Farc se trataba, no era apenas porque fueran izquierda alzada en armas, sino porque esta guerrilla amenazaba el monopolio de las mafias sobre el negocio de la droga. Las Farc fueron el antagonista funcional de las autodefensas y sus propagandistas interesados en darle vuelo político a una ruda conflagración de tierra arrasada y crueldad inenarrable contra la población civil. Se usó el crimen para combatir el crimen, sí. Y para extirpar toda idea de cambio, así la encarnaran inocentes (caso UP). Pero también para que los criminales justicieros se hicieran amos de territorios enteros, se tomaran poderes locales, colonizaran la tercera parte del Congreso y pusieran su pica victoriosa en plena Casa de Nari. En los conflictos de El Mexicano y de Castaño contra las Farc había menos de lucha ideológica que de rapacidad por el negocio maldito.
Ironía. Uribe es artífice involuntario del proceso de paz que se avecina, pues fue él quien redujo a las Farc a su mínima expresión. Condición necesaria para allanarse a conversar. Un buen comienzo de reconciliación arrancaría por las explicaciones que el ex presidente le debe al país: cómo pudo abrazarse durante tantos años al círculo infecto de sus amigos en el poder, sin romperse ni mancharse. Por qué permitió que parte de la fuerza pública y el DAS persistieran en su alianza con paramilitares, que el Estado democrático perdiera su neutralidad en el conflicto. Un amago de rendir cuentas sería ya la primera velita que se le encendiera a la paz.
por Cristina de la Torre | Ago 21, 2012 | Agosto 2012, Izquierda, Personajes
La sindicación se repite, contraevidente, desde hace 50 años: quien ose señalar el peligro mortal de promover el ejercicio simultáneo de todas las formas de lucha será el responsable por las víctimas que ella pueda deparar; no el animador de la táctica que trueca al movimiento legal en escudo de la guerrilla. Aquel será, sin atenuantes, el aliado de la derecha. Al temor de que en la Marcha Patriótica se reproduzca carnicería semejante a la de la UP, o en las filas de las organizaciones populares que las Farc quisieran usar como base social en una negociación de paz, Néstor Miranda responde sin medirse. En carta dirigida este diario (15,8), acusa a “quienes (les indican) al paramilitarismo y a la extrema derecha civil las razones que tienen para un nuevo exterminio: ‘ellos se lo buscaron’”. Y, en hipérbole patética, avizora “otra matanza de miembros del Partido Comunista y de la Marcha Patriótica”, entre otros. Con cargo al crítico, claro, no al que –acaso de buena fe- allanó el camino de la tragedia.
Avaro en argumentos, no toca Miranda los motivos que condujeron a expulsar del Polo al Partido Comunista (PC). Decisión que por primera vez define sin lugar a equívocos la relación de las izquierdas con la lucha armada y su degradación en Colombia. Hace un mes declaró Carlos Gaviria que “si el Polo apoyara la Marcha, no siendo claros sus orígenes y propósitos, cometería el error histórico de arriesgar las vidas de sus integrantes en una posible reedición de lo sucedido en la UP”. A sabiendas de que las Farc buscan ahora, como en tiempos de la UP, consolidar un movimiento político; de que se proponen acompañar la confrontación militar con la social permeando el movimiento popular, la gran pregunta es si la Marcha sería su avanzada para la paz, o bien, mascarón de proa de su guerra. En uno y otro caso, aunque en distinto grado, se vería la organización civil entre dos fuegos. Lo demuestran los hechos.
En el empeño de combinar formas de lucha, los entonces comandantes de las Farc, Jacobo Arenas y Alfonso Cano, gestaron la UP como brazo político de esa guerrilla. En su célebre trabajo “Las fértiles cenizas de la izquierda” (Iepri, 90), William Ramírez asevera que la UP fue concebida como “el implante legitimador de una combinación de fuerzas legales e ilegales (pero) terminó siendo la vía para que un sector importante de la izquierda empezara a explotar el sentido único de las luchas legales”. Y cuando en 1989 se enrutó la UP decididamente por el sendero legal con una propuesta democrática, ya le habían matado a mil cuadros. Víctimas caídas en la indefensión –dice a la letra Ramírez- como macabra cuota de un movimiento que pese a rechazar la guerra se desangraba en la inevitable ambivalencia de su voluntad de paz, por un lado, y el oneroso fardo de la combinación de formas de lucha legales e ilegales que compartía con el PC, por el otro. Bernardo Jaramillo representó la tendencia legal de quienes querían diferenciarse nítidamente de las Farc y el PC. Le recordó a esa guerrilla que la UP no se prestaba para aventuras militares. A poco, fue asesinado. Entonces casi todos los dirigentes de la UP renunciaron alegando discrepancias de fondo con el PC. No son nuevas, pues, las disensiones.
La derecha lleva tantos años persiguiendo al movimiento popular, como la guerrilla dándole argumentos para satanizarlo. Y para disparar contra la izquierda desarmada que se vio acorralada entre el fuego cruzado de sus dos verdugos: la mano negra, acá, y la irresponsable sacralización de las “sieteluchas”, allá. Bienvenida la ruptura con quienes acolitan tan fatal ambivalencia y endilgan sin embargo a otros el fruto de su endeblez.
por Cristina de la Torre | Ago 14, 2012 | Agosto 2012, Izquierda, Partidos, Personajes
Dos hechos trascendentales invitan a imaginar una coalición de centro-izquierda e izquierda democrática en Colombia: La expulsión del Partido Comunista por el Polo, y el nacimiento del movimiento ciudadano “Pedimos la palabra” como genuina propuesta de tercera vía. Con lo primero, se libera la izquierda de ambigüedades frente a la insurgencia, de la táctica nefasta que mezcla lucha armada con elecciones y con movimiento popular. Combinación de formas de lucha que contribuyó a la destrucción del movimiento campesino organizado en Anuc en los años 70; y, en los 80, facilitó el exterminio de la UP: 5.000 muertos. Además, vence el chantaje con que el machismo de las guerrillas embozaló por medio siglo a la izquierda legal en este país. Y se guarece de la violencia indiscriminada de la mano negra, legitimada por la obsesión militarista de las Farc. Por su parte, la flor de la socialdemocracia se emancipa de la disyuntiva Uribe-Santos, anuncia acción enérgica para erigirse en alternativa de poder y expande el campo de alianzas posibles en el espectro de la democracia radical. Si las encuestas vaticinaban hace un mes 28% de intención de voto para la izquierda en 2014, con esta redefinición de fuerzas cabrían sorpresas mayores.
Tras el sablazo del Polo, presentado como castigo a la doble militancia del PC -que se ha integrado a la Marcha Patriótica- yacería el temor de que ésta terminara por tomarse la dirección del partido e impusiera candidatos a elecciones, cuando no parecen claras sus relaciones con las Farc. Aprehensión que el propio Carlos Gaviria expresó a Semana.com (8,10). Y no andaría descaminado, si se sigue la columna de Luis Sandoval en El Espectador (8,11). Defiende este dirigente del Polo al PC, y agrega: “Hay que comprender las ambigüedades de la transición. Cuando todavía no está en firme la decisión de abandonar las armas, no puede estar totalmente claro cómo se hace política. (Hay que entender la lucha embrionaria por la paz) en las indecisiones de los actores armados que saben que la guerra no va más pero no saben cómo bajarse de ella”. Es que hay indecisiones y transiciones que matan. No puede ya cohonestarse el vicio recurrente de mezclar lo legal con lo ilegal, porque el riesgo de muerte recae sobre pacifistas desarmados que terminan como carne de cañón de la guerrilla en una guerra cuyo final no se vislumbra aun. Abundan en nuestra historia reciente ejemplos que lo demuestran.
El nuevo movimiento de políticos e intelectuales reivindica el sentido público, ético y representativo de la política. Se propone enfrentar la corrupción y la captura criminal del Estado. Declara como su mayor aspiración la paz de Colombia, fundada en la política “al servicio del ciudadano, de la equidad, de la justicia y la inclusión”. Propone un modelo económico que garantice igualdad real. José Antonio Ocampo -uno de sus más señalados voceros- indica que reducir la desigualdad implica incorporar objetivos sociales en la política económica, e introducir estrategias de industrialización y de desarrollo en el campo. Con otras figuras de prestigio nacional como Antonio Navarro, político de ideas y de acción, no será tal iniciativa flor de un día.
por Cristina de la Torre | Ago 7, 2012 | Actores del conflicto armado, Agosto 2012, La paz, Proceso de paz
Si en su búsqueda de la paz llegara Santos a una mesa de negociación, tal vez no peligrara ésta por el temor reverencial hacia Uribe que respiran otras políticas del Gobierno; fracasaría si el trato fuera puramente militar y no político. Así se han malogrado todos los intentos de paz en treinta años. Caguanes acá y allá, más exhibicionismo de comandantes guerrilleros forrados en armas y camuflado que muñequeo de fuerzas políticas. Con una excepción memorable: la negociación del M19. Este proceso fructificó porque fue político, comprometió a políticos y subordinó los fusiles a un pacto de cambio que se tradujo en la Constitución del 91. Imperfecta, si, pero logró rupturas. Mas el sello distintivo de este proceso no fue apenas la preeminencia de lo político sobre lo militar sino la inversión del modelo de negociación: hubo primero desmovilización y, luego, lucha por el cambio en franca lid. Contraria es la lógica de las Farc, que se dicen dispuestas a abandonar las armas, pero una vez conjuradas las causas de su rebelión. Pretenden, pues, que se les conceda la revolución en la mesa de negociación. Así, se envanecen en un altisonante ‘rigor’ de principios y perpetúan una guerra sin fin. Son la contracara funcional de la seguridad democrática. Coraje ha faltado para sacudirse la jaculatoria castrista de ‘vencer o morir’, tapón a todo amago de reconciliación.
Para Vera Grabe, entonces comandante del M19 y parte en su negociación de paz, este proceso cambió el paradigma de la revolución y de los procesos de paz. En un país donde dejar las armas se asocia a rendición, donde ejército y guerrillas asimilan paz a victoria, era herejía; pero conforme la guerra se degrada, cobra la renuncia a las armas toda su justeza y valor. “Es cuestión de ética, escribe, de saber leer cada momento histórico” y de estar dispuestos a “repensarse en lógicas no violentas” (En: “De la insurgencia a la democracia”, Cinep y Centro Berghof). Con todo, hoy se insinúa un viraje en esa dirección. Con Sergio Jaramillo, protagonista oficial de contactos con la insurgencia, que viene de ser viceministro de Defensa y funge como promotor de paz, el presidente Santos no disocia ya la guerra de la paz. Rubrica así la dimensión política del conflicto armado cuya existencia reconoció hace un año, para escándalo de la mano negra. Tampoco el nuevo jefe de las Farc parece suscribir a pie juntillas la religión de la violencia. En carta al historiador Medófilo Medina dijo Timochenko que esa guerrilla nunca se propuso derrotar al ejército en guerra de posiciones para tomarse el poder. El insurgente entiende que la guerra es asunto político-militar. Más aún, abundan versiones de que, en el esfuerzo por recomponer una organización comunista, agentes no armados, legales, de esta izquierda podrían compartir vocería con comandantes guerrilleros en eventuales diálogos de paz. Versión en ciernes de esta iniciativa política sería la Marcha Patriótica cuyo vocero, Carlos Lozano, la reivindica como fuerza legal no contaminada de guerrilla.
En el M19 la bandera de la democracia y de la paz cuestionó la herencia militarista de la izquierda radical, sintonizó a ese grupo con el país y exorcizó horrores como el asesinato del líder obrero José Raquel Mercado y la toma del Palacio de Justicia. En manos de las Farc, ayudaría a exorcizar sus crímenes y les daría a comunistas y socialdemócratas la plenitud del ejercicio político. Colombia respiraría. A condición, claro, de que el Presidente no recule. Y que sepa preservar el apoyo de los militares. Nunca como hoy cobró tanta vigencia la máxima de Vera Grabe: la fuerza no está en las armas sino en la capacidad para dejarlas.
por Cristina de la Torre | Jul 31, 2012 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Julio 2012, La paz, Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico, Proceso de paz
No es utopía. Ni es rumor. En primicia de El Espectador (7-29), Maria del Rosario Arrázola revela pasos que el Gobierno da en silencio para aproximar la paz con las guerrillas. No hay agenda todavía, dice, pero sí avances concretos y una perspectiva definida para conversar, negociar y buscar salidas políticas al conflicto. A la liberación de sus últimos militares plagiados y la promesa de las Farc de cesar el secuestro político le siguió el Marco Legal para la Paz, que introduciría normas de justicia transicional en un eventual proceso de paz. Ahora se habría iniciado otra fase en cabeza de Sergio Jaramillo, alto consejero del Gobierno, y el ministro de Ambiente, Frank Pearl. Apuntan ellos a la reconciliación. Otros medios especulan sobre reuniones suyas en Cuba con emisarios de las guerrillas. De otro lado, aporta su experiencia al alto Gobierno el exguerrillero del Farabundo Martí y negociador de la paz en El Salvador, Joaquín Villalobos. En una tal disposición de ánimo, el polvorín del Cauca -a punto de replicarse en otras regiones- bien podría convertirse en laboratorio de paz. La epifanía. Paz anhelada pero diríase incierta, si no aborda un factor determinante en la guerra: el narcotráfico. En el Cauca, éste ha potenciado hasta el paroxismo todos los factores de la guerra. Porque la financia. Y porque enriquece a los amantes del conflicto en medida igual que atenaza entre dos fuegos a los pueblos indígenas, mientras el Estado ignora sus derechos, los excluye y condena a la miseria.
En este departamento las Farc moran desde hace 40 años. Y han derivado en señalado protagonista del narcotráfico. La batalla militar por rearticular su Bloque Central en la intersección de Cauca, Huila y Tolima busca controlar los cultivos ilícitos, laboratorios y corredores de comercialización de la droga hacia el Pacífico. Aunque las Farc reclutan niños indígenas y compran la colaboración de jóvenes milicianos, las comunidades les ponen el pecho y decidieron expulsarlas de sus territorios. En resolución 002 de 2009, el cabildo de Jambaló instó a los dueños de laboratorios a desalojar sus predios, antes de que la guardia indígena lo hiciera por sus propios medios. Así ha procedido en más de una ocasión con la droga, y también con armas y pertrechos de la guerrilla. Los nasa andan en guerra de resistencia pacífica contra la guerra y la droga que la financia. Las Farc han empezado a asesinar a sus dirigentes.
A falta de alternativas económicas, muchos nativos malviven de coca y amapola, como si de cultivos de pancoger se tratara. De allí no extraen ni un salario mínimo. Venden a huevo la cosecha y reservan hoja para mambear, no para producir clorhidrato de cocaína. Envalentonados, guerrilla y ejército y bacrim se pavonean como fuerzas de ocupación que se disputan a muerte el control del territorio, la geografía del narcotráfico. Sin contemplaciones con la población civil, víctima de una guerra ajena. Dizque el ejército y la policía garantizan allá seguridad. Símbolo vacío, pues ni derrotan a la guerrilla ni persiguen el narcotráfico. Para Feliciano Valencia, líder nasa, si el Estado quisiera erradicar la guerrilla y el narcotráfico, le bastaría controlar las rutas por donde suben los precursores químicos y sacan la droga. Ofrece los territorios indígenas y sus comunidades como mediadores en un proceso de paz: “para ponerle fin a esta guerra se requiere que se sienten a dialogar Gobierno, guerrilla e indígenas”. Si se aspira a una paz duradera, a la redención social y económica de los indígenas ha de sumarse la erradicación del narcotráfico. Y que el presidente Santos persevere en su propuesta de despenalizar la droga.
por Cristina de la Torre | Jul 24, 2012 | Educación, Internacional, Julio 2012
El brillo de las cifras de cobertura escolar que el Presidente presentó en su discurso del 20 de julio no oculta el vacío insondable de este Gobierno –y de los anteriores- en filosofía de la educación. No ofrece el Estado colombiano una reflexión maciza sobre el sentido de la educación y sus propósitos. Al igual que en salud (donde se confunde carnetización con acceso al servicio), se cree que apiñar niños en escuelas es educar. Con mucho, apenas si se logra masificar la nadería. Anclar a Colombia en el puesto 52 entre 65 países, en pruebas PISA. Con el regreso a clases y la proximidad de contrapropuestas a la Ley 30, hierve el debate. Vengan en su auxilio ideas de hombres que en el otoño de sus días desafían el conservadurismo y la estulticia de tantos que se precian de maestros y gobernantes.
Pepe Mujica, el presidente de Uruguay que no teme vivir como pobre si por los pobres luchó toda su vida, es también maestro de maestros. Y del dicho “no le des pescado a un niño, enséñale a pescar”, desprende el “no le des un dato a un niño, enséñale a pensar” (Discurso a los intelectuales, abril 09). Todos los datos se encuentran hoy en Internet, dice, lo que no está son las preguntas: este medio ha abierto todas las bibliotecas, todos los museos, todas las revistas científicas, todos los libros del mundo, todas las películas y las músicas también. Hay que subirse a esa corriente y navegar en ella como pez en el agua. Pero sólo lo lograremos “si nuestros chiquillos saben razonar en orden y hacerse las preguntas que valen la pena”. Preguntas “fecundas”, que disparen nuevos esfuerzos de investigación y aprendizaje. Que desarrollen lo ya inventado. Moisés Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional, escribe que las innovaciones surgen de aquel capaz de imaginar lo que no existe, no del que está entrenado en atender lo que ya fue (“Buscando el futuro”, UN, 2012).
Mujica le llama a esto cultivar la capacidad de pensar. Don que debería abarcar a todos, pues el proceso inaugural es el mismo para la física nuclear que para cultivar un huerto casero. Para todo se precisa “la misma mirada curiosa, hambrienta de conocimiento y muy inconformista. Se termina sabiendo porque antes supimos estar incómodos por no saber”. Eso se adquiere temprano, nos acompaña toda la vida y se contagia. Cuando se logra, “se ganó el partido casi para siempre. Porque se quiebra la ignorancia esencial que hace débiles a muchos, una generación tras otra”.
Nuestro maestro Guillermo Hoyos repudia la idea de que para formar ciudadanos basta con prepararlos para el trabajo, para la productividad y la competitividad. A ello se quiere orientar la educación con fines de lucro, apunta. En la investigación se olvidan las ciencias sociales y las humanidades, con lo cual se marchita la democracia. La filosofía, que parecería tan ajena a la vida práctica, sirve, no obstante, “para pensar críticamente los problemas de la sociedad en una perspectiva utópica”. Utopía que en Colombia busca un cambio en la justicia, hacia la igualdad y la paz; hacia una democracia sustantiva que se construya en diálogo con politólogos, economistas y políticos (El Tiempo, mayo 30, 12). También Wasserman aboga por un modelo educativo que se resuelva en investigación científica y creación artística; en promoción de las diversas culturas, en modernización de pedagogías y en cobertura con calidad.
El puente entre el hoy y el mañana se llama educación. La experiencia de Uruguay enseña que este puente no se cruza con retórica. Ni con cifras que serán sólo miel de discursos patrios si encubren la patética realidad de una escuela que, en vez de educar, atrofia y maleduca.
