por Cristina de la Torre | Dic 4, 2012 | Diciembre 2012, Modelo Político, Personajes
Al primer amago de entregarle a Bogotá el servicio de recolección de basuras que -como el de salud- toca la médula del interés público, se levanta la reacción en coro unánime contra el alcalde Petro y anuncia proceso para revocarlo. No contento con haberse enriquecido al amparo de la privatización, el cuasimonopolio de los operadores particulares y sus socios políticos agitan una disyuntiva inventada para la ocasión: estatización chavista o libre competencia democrática. Pues ni dictadura estalinista como lo pregonan los nostálgicos de la Guerra Fría, ni la mano invisible que termina entregándole el mercado a un puñado de rapaces. Sistema mixto, de empresa pública y privada para comenzar, hacia el modelo de las Empresas Públicas de Medellín. Orgullo de Colombia, ejemplo continental de eficiencia y solidez económica, la EPM no se dejó privatizar cuando en 1994 se desbordó la riada neoliberal. Y es hoy referente obligado para el modelo de aseo de Bogotá: basuras cero, aprovechamiento industrial de residuos, tarifas bajas e incorporación de los recicladores, al tenor del auto de la Corte Constitucional que entrega al Alcalde la potestad de diseñar el modelo “pertinente”. También el Estatuto Orgánico de Bogotá deposita el servicio de aseo en el sector público. Mas no podrá burlarse el bien común, como lo hizo en su hora la EDIS, coto de caza de la clase política y monopolio de un sindicato que privatizó en favor propio a nombre de la socialización.
Pero las fuerzas vivas de la patria no quieren soltar la presa. Gina Parody, la alcaldesa que no fue, clama por preservar la “competencia pura”. Es decir, los cuatro operadores privados de las basuras en Bogotá que amasan 120 mil millones en utilidades al año, dos de ellos en posición dominante: Alberto Ríos y William Vélez, a quien Petro señaló como aliado de paramilitares. El procurador Ordóñez, emperador de la inmoralidad, no bien se hizo reelegir por una cohorte de inhabilitados y pusilánimes, calificó de ilegal el plan de transición de la Alcaldía. Calificación que puede derivar en boicot del proyecto llamado a virar hacia el control de los servicios públicos por el Estado, tal como se estila desde hace un siglo en todas las democracias maduras. Aunque en su amenaza menee el funcionario las leyes de contratación 80 del 93 y 1150 de 2007, justamente aquellas que abrieron los boquetes por donde se coló el carrusel que esquilmó el erario de Bogotá; y el Acueducto se rige es por la ley de servicios públicos. Para rematar, en contubernio natural con el inquisidor, el nieto de Laureano, Miguel Gómez, avisa que hará revocar al mandatario de la capital.
Del monopolio público de los servicios –a menudo corrupto e ineficiente- se saltó al monopolio privado, igualmente corrupto y dado a sacrificar el bienestar general al lucro particular. Sus abusos obligan volverse de nuevo hacia el Estado. Bien para que éste asuma la prestación completa del servicio, bien para compartirlo con empresas privadas que operen bajo su regulación y control. Como sucede en Estados Unidos, donde las empresas de servicios son privadas pero es el gobierno quien define sus tarifas e inversiones; y la TVA es empresa de energía ciento por ciento estatal en la meca del capitalismo.
La licitación que se prepara busca abrir verdadera competencia, racionalizar las ganancias de los operadores privilegiando el interés general, modernizar el manejo de residuos, mejorar el servicio y reducir tarifas. Plan razonable pero intolerable para quienes hacen de la cosa pública negocio, hoy con el morboso anhelo de ver a Bogotá sumida en un mar de basuras dentro de dos semanas y pretender cobrar así la cabeza del alcalde.
por Cristina de la Torre | Nov 27, 2012 | Noviembre 2012, Política exterior
Los gobernantes colombianos son como “un grupo de bandidos sicilianos o calabreses”; lo dijo en 1903 Teodoro Roosevelt, arcabuz en mano, cuando gritó victorioso “I took Panamá”. Victoria pírrica, pues aquellos ni siquiera acusaron el libelo, acaso honrados de que la estrella polar se dignara mencionarlos. Así ha perdido Colombia la mitad de su territorio, a manos de señorones siempre listos a deshacerse de “lejuras malpobladas por horrendos negros o indios”. Elite indigna que con la pérdida de 80 mil kilómetros de mar en el Caribe ratifica ahora su torpeza.
Cuando se escindió de Colombia Panamá, el presidente Marroquín y su segundo, Jorge Holguín, reconocieron solícitos el nuevo Estado, que no demoró en cederles a los gringos la construcción del Canal. No alivió el trauma de los colombianos la aritmética ventaja que Marroquín presentó: me entregaron un país –dijo- y les devuelvo dos. Londoño Paredes, nuestro negociador en La Haya, declaró tras la debacle que Colombia era ahora “más grande”. Otro acontecimiento que lacera la memoria del país fue la pérdida de la mitad del petróleo que hoy extrae Venezuela, por decisión del presidente Urdaneta. Cedió él en secreto el archipiélago de Los Monjes, vecino de la Guajira y asentado –se sabía- sobre un mar de oro negro, en canje por Eliseo Velásquez. Corría 1951. El gobierno conservador quería al jefe guerrillero liberal refugiado en Venezuela. Colombia entregó Los Monjes y recibió al rebelde. Lo apresó, lo torturó y a los dos días lo mató. Gestionaron la operación el entonces canciller Uribe Holguín y su secretario Vásquez Carrizosa.
Hoy se repite la historia con Nicaragua. Por incuria y pifia de los expresidentes Pastrana y Uribe, Colombia pierde enorme porción de mar. El presidente Santos recibió el caso cuando ya la suerte estaba echada. Pero, rehen del Estado de opinión que Uribe quiere revivir, chambonea en su perplejidad midiéndole el aceite al desconcierto general. Y, dizque en aras de la unidad, se niega a señalar culpables. Por su parte, Uribe incendia la pradera del patrioterismo llamando a desacatar el fallo. Busca votos. Y, tal vez, guerra con Nicaragua, vale decir con Chávez; a ella podrían sumarse soldados de Fidel y respaldo de casi toda Suramérica al inefable Ortega. De paso, frustraría Uribe el proceso de paz con las Farc que se adelanta con aval de Cuba y Venezuela. Gana con creces su pasión suprema: a la guerra interna le suma otra, internacional. Eso sí, enmudece –como Pastrana- sobre su responsabilidad en el fallo adverso de La Haya.
Esta comedia de equivocaciones comienza en 1928, cuando Colombia le regala a Nicaragua la costa de Mosquitia, dizque a Cambio del archipiélago de San Andrés, que ya era nuestro. Segundo, habiendo tratado en firme, Colombia acepta en 2001 que la Corte estudie una demanda sin piso de Nicaragua. Al fungir como parte demandada, legitimó el litigio. Tercero, para contestar la demanda, nuestro país debió reclamar el archipiélago entero y exigir devolución de la soberanía sobre la Mosquitia. Entonces hubiera quedado Nicaragua advertida de lo que arriesgaba. Pudo boicotear el proceso, pero lo escabulló. Cuarto, debimos denunciar el Pacto de Bogotá (que nos obligaba a comparecer en la Corte) antes de que la contraparte demandara. No se hizo. Y Uribe, en sus largos 8 años de gobierno, se obstinó en no denunciarlo.
Si nuestro servicio exterior sigue siendo coto de caza de gobernantes sin honor, a Colombia le darán siempre rocas y, al otro, el mar. Bandidos o no, como espeta el bucanero Roosevelt, Arlene Tickner sitúa con más tino el origen de esta vergonzosa tradición: es la “soberbia andina”. Responsables hay. ¡A rendir cuentas!
por Cristina de la Torre | Nov 23, 2012 | Internacional, Modelo Político, Noviembre 2012
Aunque la reelección de Obama no diera al traste con el modelo neoliberal que Reagan introdujo hace 30 años en ese país, ya su primer mandato y la reciente campaña electoral marcan un hito en la historia: desnudan, blanco sobre negro, los antagonismos que enfrentan al capitalismo social y su abanico de derechos para todos, con el capitalismo salvaje y su despótico elenco de anacronismos y privilegios para los elegidos de Dios y del dinero. Abrir la puja de ideas tras la dictadura del pensamiento único que fue rey del “fin de las ideologías” es paso de gigante hacia el restablecimiento del Estado social. Y de la pluralidad, negada a rugidos por una caverna teocrática que es la pata moral y política del modelo de mercado. Sin hoja de parra se baten ahora dos concepciones de Estado que han sido fogueadas en medidas de gobierno como la universalización del servicio de salud o como oposición de los republicanos a gravar con impuestos a los ricos. O funge el Estado como protagonista del bienestar general, o bien, como simple garante de la libertad económica que termina por favorecer apenas al uno por ciento de la población. O interviene para controlar los excesos de quienes propiciaron la segunda gran recesión en un siglo, o bien, se lo acorrala para dejarles a éstos uña libre, en la creencia interesada de que la mano invisible del mercado equilibra la economía. La misma mano que todo lo desequilibró y provocó la crisis. Prueba inicial en esta confrontación de modelos será el “abismo fiscal” que se avecina, si no se deroga la ley que recortará el gasto público y ahogará en impuestos a la clase media. Sería vía expedita hacia la recesión y el desempleo en masa.
Pero el paradigma neoliberal no es sólo la glorificación del mercado. Es también involución a los valores e instituciones más conservadores: a la exaltación del comunitarismo localista que achata todo espíritu de universalidad; a la preeminencia de la religión sobre la ley y el Estado laico; a la persecución del “otro” por ser de distinta raza o condición, o porque no piensa como todos o por su “rara” inclinación sexual; a la inviolabilidad del matrimonio; a la familia patriarcal, que se afirma sobre el autoritarismo, la degradación de la mujer como propiedad privada de su marido y la tiranía contra los niños, con desprecio de las múltiples formas de familia y de pareja que imperan hoy.
Economía, moral y sociedad, todo ello torna a siglos idos y resucita en el veintiuno en el Tea Party –evocación del Ku Kux Klan- y su teoría de que tras cada violador de mujeres obra la mano de Dios. O reencarna en cruzados como Bush y Álvaro Uribe, adalides de la guerra santa, curas en el gobierno vestidos de civil, insuperables en el arte de agrandar el ojo de la aguja para que todos los ricos accedan por ese orificio al Paraíso. Sobrecogidos de espanto deben de andar republicanos y banqueros y godos de todos los pelambres con pronunciamientos del pueblo estadounidense en favor del aborto, del matrimonio gay, de la legalización de la marihuana y contra la pena de muerte. Sobrecogido de espanto nuestro concejal del PIN Marco Fidel Ramírez, predicador cristiano cazador de homosexuales.
Signo inequívoco de democracia en Estados Unidos: se derrumbó la ficción de que allá “todos son demócratas”. No todos lo son. Pero, al calor de la crisis, todos despiertan a una confrontación de ideas que venía represada. La controversia ideológica se materializa en políticas, polariza y depura los modelos: democracia económica o capitalismo primitivo; derechos iguales en la diversidad o reino de la plutocracia. Bienvenido el destape de las ideologías. Y que Obama gobierne ahora sin miedo.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2012 | Conflicto interno, Movimiento social, Noviembre 2012, Política agraria
Tras el eufemismo de la sociedad civil, coartada que también los negociadores de La Habana emplean para buscar apoyos políticos, una voz autorizada se alza desde las afugias del campesinado irredento. Cuando el proceso debuta con política rural, la Mesa Nacional de Organizaciones Agrarias lanza una propuesta que las partes harían bien en contemplar. Aunque esta Mesa, complejo de organizaciones desprendidas de la vieja Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se proclama independiente del Gobierno y de las Farc, no juega de tercero en discordia. Lejos de la Unidad Nacional y de la Marcha Patriótica, representa el sentir de los labriegos que vuelven a pronunciarse tras décadas de olvido y dispersión, producto de la derrota sangrienta que el gobierno de Misael Pastrana le infligiera al movimiento campesino. Efecto, así mismo, del conflicto armado que no le dejó sino lágrimas para llorar a sus muertos. La iniciativa de esta mesa agraria es el primer aporte serio a las discusiones que tendrán lugar en Cuba; y después, en la aplicación de los acuerdos que inauguren la construcción de la paz.
Sostienen los campesinos que en el origen del conflicto armado está la concentración de la propiedad agraria. Inspirada en la consigna de “la tierra para el que la trabaja”, proponen crear un Conpes rural con miras a formular un Plan Decenal de Desarrollo Agrícola. Para escándalo del TLC, gracias al cual aumentaron 50% nuestras importaciones agrícolas este año, reivindican el derecho de los agricultores al manejo de semillas propias. Exigen salud, educación, pensión y devolución segura de las tierras. Eje de su propuesta, garantizar la seguridad alimentaria del país. Su inspiración, una sociedad rural más campesina que empresarial. Y el meollo, la redistribución de la tierra.
Contiene el Gobierno su propuesta en el proyecto de Ley de Desarrollo Rural, como política de Estado que resurge después de prolongada pausa. Salvo el valiente programa de restitución de tierras, el Gobierno parece contentarse con la idea de modernizar el campo pero sin redistribuir tierra. Sin remover la talanquera de la concentración de la propiedad agraria ni tocar el latifundio improductivo en tierras de primera calidad. Por supuesto, propende también a la modernización y protección de la agricultura campesina, a menudo bajo el modelo de reservas campesinas. E impulsa alianzas productivas entre grandes empresarios y campesinos. Pero pone el énfasis en la agroindustria de exportación; y acoge de buen grado la extranjerización de tierras en la Altillanura, lo que para muchos puede comprometer la seguridad alimentaria de Colombia. Pero ambas visiones coinciden en la necesidad de desarrollar bienes públicos, de suministrar a los pequeños productores crédito, asistencia técnica, subsidios y acceso a los mercados.
Buscan las Farc una “reapropiación colectiva y social del territorio”, redistribución masiva de la tierra, y reformas rurales sólo viables con un cambio del modelo económico. Aspiración legítima que desborda los alcances de las conversaciones, pero que podrá enarbolarse cuando se dispute el poder desde las urnas. Mas puede aventurarse que, no hablando para la galería, las Farc mantienen vivo el programa agrario de sus orígenes: el de una reforma agraria liberal. Que ya es mucho decir en este país sometido a fuerzas tan retardatarias.
Hay más de una coincidencia entre estas iniciativas. O, a lo menos, en el espíritu que las anima. Buen comienzo para la paz sería que ellas se tradujeran en acuerdo político sobre criterios básicos suscrito por las partes. Y con la venia del campesinado, el verdadero doliente de la guerra y de la inequidad en el campo.
por Cristina de la Torre | Nov 6, 2012 | Corrupción, Izquierda, Noviembre 2012, Personajes
No contento con haber prohijado la más monstruosa defraudación que conociera Bogotá en su historia, Samuel Moreno nos legó el mamarracho colosal del parque Bicentenario, una puñalada contra el parque de la Independencia y su complejo cultural que es patrimonio de todos los bogotanos. No se cansa la ciudadanía de contemplar atónita esta mole de cemento, tan inútil para el transeúnte como lucrativa para el constructor. Si el Consejo de Estado confirma por estos días la suspensión de la obra que el Tribunal de Cundinamarca ordenó el 31 de enero, allanará el camino para ordenar su demolición. Razones de más: que este parque se encuentra en área de influencia de interés cultural para la nación; que las obras se emprendieron sin autorización; que el contrato, leonino, se adjudicó a dedo, sin concurso ni licitación. Pero acaso tamaña barbaridad se explique por la lógica del negocio que le subyace. Negocio montado sobre el sórdido andamiaje de la corrupción administrativa, a la cual tributan por igual el narcotráfico y la blandura de nuestras leyes de contratación pública, sin par en el mundo.
La tal legislación se cocina desde los años 90 en la olla de la privatización de empresas y funciones públicas en favor de cualquier particular agraciado del poder y generoso para la mordida. Las leyes 80 del 93 y 1150 de 2007 abrieron troneras al abuso de la contratación directa y al venal aprovechamiento de las licitaciones. Por los intersticios de aquella madriguera “legal” se coló la mano experta de los Nule y los Juliogómez; la de seis concejales contra quienes la Fiscalía prepara pliego de cargos; la del entonces alcalde Moreno y su hermano el senador, ambos tras las rejas por presunta defraudación habida en concierto con delincuentes y cuyos alcances revelará Emilio Tapia.
No despreció Confase, subsidiaria de Odinsa que suscribió contrato para el proyecto del Bicentenario, la laxitud de aquellas normas. Sabía que en Colombia el contratista puede ajustar en el camino el valor del contrato, hacer sus propios diseños y presupuestos, ampliar y modificar costos, alcances y especificaciones. Juan Luís Rodríguez estudió el contrato que le entregó a aquella firma la construcción de un tramo del Transmilenio por la calle 26. Su valor original ascendía a 213 mil millones; pero con las adiciones el costo de la Fase III montó a 334 mil millones. El contrato incluía el llamado parque Bicentenario, agresiva invasión de cemento sobre el parque de la Independencia. Calculado con tarifas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el diseño del proyecto no valdría más de 250 millones; su valor terminó en 1.300 millones. Con base en los precios unitarios del IDU para construcción de espacio público, la del parque no valdría más de 11 mil millones; mas con la adición al contrato en 2007, aquella terminaba costando 30 mil millones. El metro cuadrado de parque saldría a $2.500.00, cuando éste cuesta máximo $ 1.900.000. ¿Quién se embolsilla la diferencia? Angurria desmedida: a más del sobrecosto de la obra, Confase amenaza con cobrar otros cien mil millones por suspenderla. Una mirria, dirá, comparada con los 65 billones que según la contralora Morlli le costaron al Estado los contratos mal hechos, adiciones y vigencias futuras, sólo entre 2007 y 2010.
El Consejo de Patrimonio Distrital le pidió a la Secretaría de Planeación declarar el parque de la Independencia como bien de interés cultural. Espera respuesta. Y la ciudadanía, orden de demolición expedida por un juez. La suerte de este símbolo del grotesco en contratación y en urbanismo pende ahora del Consejo de Estado. Más le cuesta a Bogotá continuar la obra que demolerla.
por Cristina de la Torre | Nov 2, 2012 | Actores del conflicto armado, Corrupción, Iglesias, Noviembre 2012, Régimen político
No es el único, pero sí uno de los más crudos ejemplares de la especie que convirtió a Colombia en el país archiconservador del hemisferio. Retrato en mano, Alejandro Ordóñez pide a gritos un espacio en la galería rococó de los hombres que manosearon el sentimiento religioso hasta convertirlo en fórmula de gobierno inquisitorial. En su nostalgia de Cruzadas y órdenes militares del Medioevo, apenas disimula el toque neonazi que la adapta a los tiempos. Desde Rafael Núñez, pasando por san Ezequiel de Pasto y monseñor Builes y Alvaro Uribe – santo de cabecera del beato Marianito- y algún pastor cristiano enredado en parapolítica, larga es la lista de nuestros teócratas que vuelven siempre sobre los pasos de la historia para petrificarla. Para sumarle nuevas telarañas a la caverna, mientras el mundo rebasa las modestas fronteras del liberalismo que aquí nos resulta todavía esquivo. Pero, más que iluminado, Ordóñez es un concupiscente del poder que, apuntando al solio de Bolívar, mueve la fibra goda de los indoctrinados en el miedo a la paz, a la pluralidad, a la preeminencia de la ley civil sobre la divina que vino con la modernidad.
La galería abruma. Núñez negoció el Estado laico contra la bendición pontificia a sus pecadillos de alcoba. Ezequiel fue heraldo de la sentencia que trocó el liberalismo en pecado y cobró miles y miles de vidas en la guerra de los Mil Días. La continuó monseñor Builes, pulpiteador de aquella sentencia de muerte contra el pueblo desafecto al partido católico, cuando Laureano, luz de Ordóñez, se declaraba seguidor del nazi-fascismo y promovía la acción intrépida y el atentado personal. Gobernaron los tonsurados por interpuesto presidente. Monseñor Perdomo, el Cardenal Crisanto Luque y Monseñor Muñoz Duque ungieron para el gobierno civil a los mandatarios Concha, Suárez, Abadía Méndez, Ospina, Gómez y Betancur. Debieron desfilar todos por el Palacio Cardenalicio para acceder a la casa de Gobierno. Y devolvieron con creces a la poderosa Iglesia sus galanterías. Los pastores cristianos siguen el ejemplo. De la sana libertad de cultos que la Carta del 91 consagró, saltaron a la divisa “un fiel un voto”. Son los suyos feudos electorales de incautos que pagan diezmos y sufragan a menudo por quienes ofrecen resignación en la tierra por la gloria de Dios. Sin preguntar antes si ofician también de parapolíticos o si su paz es la de los sepulcros. Como el pastor Jaime Fonseca, quien se permitió predicar energúmeno su fórmula divina para alcanzar la paz: “oración de cristianos y plomo ventiado”.
Ordóñez milita en una secta ultramontana del catolicismo que bebió, entre otras, en el pontificado de Benedicto. Instaba éste a la organización de políticos dispuestos a batirse por Cristo y contra el príncipe diabólico. El padre Iraburu extremó el llamado contra la “bestial liberal” y para alzarse en armas contra ella. En su tesis de Derecho, exalta Ordóñez “los alzamientos militares del heroico catolicismo mexicano y español” y aboga por un Estado confesional edificado sobre el cadáver de la democracia. Homicidio perpetrado a dos manos: por el integrismo católico y por el ejemplo nazi. Fiel a sus fuentes, ya en 1978, fungiendo como cruzado medieval, repitió Ordóñez la incineración de libros que aprendiera de Hitler, de Videla y Pinochet. El procurador es resultado y síntesis de esta historia. Fingiéndose elegido de Dios para salvar la religión católica, no oculta, sin embargo, su pasión por el poder mundano. Hacia éste apunta el ejercicio selectivo de sus condenas “judiciales” ejecutadas a golpes de Biblia y de clientela. Contra blancos legítimos del dios de sus ejércitos.
por Cristina de la Torre | Oct 30, 2012 | Izquierda, Octubre 2012, Personajes
Entre los desafíos que Petro enfrenta para materializar su idea de ciudad incluyente y respetuosa del ambiente, tal vez ninguno tan representativo como el del Parque del Bicentenario que Moreno le heredó. Porque este proyecto pone en peligro la integridad y la calidad del entorno conformado por una trilogía emblemática de Bogotá y de su identidad urbana: el parque de la Independencia, las torres de Salmona y la plaza de Toros. El del Bicentenario abre sus fauces para devorar a tarascadas aquel patrimonio ambiental, histórico y cultural. Ya apuró su primer bocado, burlando la ley, y se engulló de postre 143 árboles centenarios. Un movimiento incontenible de protesta logró que el 2 de marzo ordenaran los jueces suspender las obras, porque se adelantaban sin autorización. Y en septiembre, el propio Alcalde se mostró dispuesto a intervenir la obra, sin afectar el paso de Transmilenio por la 26. Este pronunciamiento contra la ululante devastación de la zona evoca su bandera de campaña contra el modelo del cemento que deshumaniza y envilece el ambiente. Pero suscita controversia su recurso a la concepción de cultura que allí aplica para vencer la segregación social en la ciudad.
Nora Segura, vecina y estudiosa de la amenaza que se cierne sobre este complejo urbano, puntualiza: un dudoso parque del Bicentenario –monumento al cemento que depreda- mutiló este pulmón urbano y lo debilitó como espacio de recreación popular y de circulación peatonal privilegiada para habitantes del sector y transeúntes de toda laya. La gélida armadura del diseño de Transmilenio sobre la 26 y los puentes peatonales que le dan brazos sobre esta avenida y la carrera 5a malograron el paisaje y la relación del parque con su entorno. El arquitecto Rogelio Salmona había diseñado un espacio urbano articulado desde el parque Nacional y el Museo Nacional hasta el Planetario, el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Nacional como territorio de la cultura para los bogotanos, en su mayoría gentes de otros rincones que habitamos la capital. El estudio se desconoció olímpicamente.
Por otra parte, la Alcaldía convierte la Santamaría en escenario para la cultura. Término volátil éste de cultura, apunta Segura, tan proclive al populismo y la demagogia. Recuérdese la extravagancia de alguna ministra de Cultura que contrajo su cartera a la promoción exclusiva del vallenato, pues que todo lo demás le resultaba clasista y extranjerizante. Ahora la cultura podría reducirse a espectáculo de masas entendido como explosión de ruido e inseguridad contra muchos. En las Torres del Parque resuenan, amplificadas, las estridencias que se emiten desde la plaza de Toros. Violando el límite de decibeles permitido, perturban la paz y la salud de sus habitantes: gentes de la más variada condición económica, social y cultural que nunca aceptaron autosegregarse ni excluir a otros encerrándose entre rejas, según costumbre. La abigarrada diversidad social y cultural de los pobladores de Bogotá dificulta una definición de oferta cultural satisfactoria para todos. Urge el debate.
En carta a las autoridades, Beatriz González, Doris Salcedo y Santiago Cárdenas –entre otros artistas- claman por preservar el Parque de la Independencia como Bien de Interés Cultural. Mientras en ciudades como Nueva York, dicen, demuelen manzanas enteras para hacer parques, aquí mutilan los pocos parques para hacer vías. Pruebas de fuego para Petro: enarbolar su bandera ecológica ante esta arremetida del “progreso” contra la naturaleza y el patrimonio histórico; y velar porque la cultura sea factor de integración social, no de segregación. El corazón del paisaje urbano somos todos.
por Cristina de la Torre | Oct 23, 2012 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Octubre 2012
Más elocuentes los silencios que las verdades de Iván Márquez en su discurso de Oslo: prolija requisitoria de las injusticias que casi todo colombiano repudia; pero ninguna intención de reconocer la verdad que las Farc deben a sus víctimas en acto fundacional del perdón y de la paz. Claro, tras largo silencio político de una guerrilla entregada a otros menesteres, tampoco querrían las Farc presentarse en sociedad con el prontuario de narcotraficantes que tantos de los suyos ostentan. Y es que si el intento de imponer su modelo económico en la mesa –respetable por muchos aspectos- acusa temor a defenderlo después en franca lid, sin armas, el abordaje al problema de la droga sí forma parte del compromiso suscrito. Inminente parece su discusión, pues viene atada a la reforma del agro, punto primero de la agenda. Por dos razones: una, porque la logística del narcotráfico implica control del territorio; dos, porque cultivadores de coca y raspachines forman la base social de esa guerrilla, 62 mil familias que anhelan otra opción de vida.
Mas su largo trasegar por el negocio pone en duda también el buen éxito del proceso si éste no abarca a las Farc en su conjunto. Nada han dicho ni en la mesa están Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, comandantes del Bloque Sur, núcleo originario de las Farc, el más aguerrido en combate, osado en el negocio de la droga e independiente de Timochenko y de los bloques representados en la mesa. Otty Patiño, negociador de paz por el M19, percibe esta ausencia como debilidad inocultable del proceso; teme que aquel cuerpo se bandolerice y termine convertido en farcrim (Revista Javeriana 789, Ed. Helena Castaño). Según la Fiscalía, el narcotráfico les da a las Farc dos billones de pesos al año. El día mismo de solemnidades en Oslo, la Fuerza Aérea bombardeó un campamento del frente 57 de las Farc en el Chocó, su principal centro de acopio de coca en el Pacífico y puerta de salida de toda la droga del centro y el sur del país hacia Centroamérica. Al mismo frente se le adjudica la masacre de Bojayá, que arrojó 102 muertos por incineración en una humilde iglesia: casi todos mujeres y niños.
Eugenia Mujica y Francisco Thoumi describen el periplo que comienza con el cobro de gramaje por las Farc a narcotraficantes. Pero, en historia común del desarraigo, la droga las habían afianzado ya entre campesinos expulsados por la Violencia en zonas de colonización. La siembra de coca crecía allí con el poblamiento. Las Farc habrían jugado papel protagónico en el establecimiento de muchas comunidades en el Guaviare, por ejemplo, donde la guerrilla llenó a la postre el vacío de poder del Estado. Las Farc fueron gobierno y organizador de la producción. Con los narcos negoció control armado del territorio por las Farc y les cobró impuestos. Pero hacia finales de los 80 vino la ruptura. Se sublevó Rodríguez Gacha contra aquel poder y sus asedios. Y sobrevino el exterminio de la UP. En el Magdalena Medio no se aliaron las mafias con la guerrilla, como en el Guaviare, sino con ganaderos y militares. Su enemigo fueron las Farc. La caída del muro de Berlín reblandeció los ideales de la insurgencia y ésta se plegó sin atenuantes a la guerra sucia, al secuestro y al narcotráfico.
Si no se allanan las Farc a la verdad completa, si sólo van a menear la de la inequidad (que nadie niega) y callan la de sus víctimas y sus negocios non-sanctos, habrán inaugurado la campaña de reelección del uribismo, fiero enemigo de la paz que le busca ansioso el pierde a Oslo. Como si no les bastara con haberlo mantenido durante ocho años en el poder, gracias a una polarización militarista que sólo favoreció a aquella derecha extrema.
por Cristina de la Torre | Oct 16, 2012 | Modelo Económico en Colombia, Octubre 2012
Una virtud ostenta la reforma tributaria del ministro Cárdenas: desnuda sin pudor el modelo económico que la inspira, el paradigma que no crea empleo y dispara las desigualdades. Y lo acentúa. En su grosera predilección por los ricos, la propuesta busca empero vestir de oveja al lobo, barnizarlo de rosadito. Dizque persigue trabajo y equidad y, ahora, combatir la enfermedad holandesa; pero porfía en el principio económico que ha sublevado a Europa entera.
Primero, la argucia impiadosa, refutada por los hechos, de que a más gabelas para los empresarios, más invierten ellos y más gente ocupan. No. Las empresas sólo se expanden cuando las ventas crecen o cuando surgen nuevas oportunidades de inversión. Pero a la proverbial glotonería de tanto empresario que se embolsilla los “estímulos” tributarios, de tanto Nule que le roba millonadas al Estado, se suman los ímpetus de un modelo de apertura comercial que ha feriado la industrialización. La competencia de productos extranjeros al amparo del TLC devora a las pequeñas empresas y estanca a las grandes o las hiere de muerte. Los industriales cierran sus fábricas y deciden atender a la clientela con productos importados. La Andi no es ya de industriales sino una Asociación Nacional de Importadores.
Segundo distractor, la enfermedad holandesa, venérea temible que produce impotencia en la industria y esterilidad en la agricultura. Víctima de apertura a la brava, no sufriría el país la dolencia si desde César Gaviria no se lo hubiera expuesto a un torrente de importaciones, a la persistente revaluación del peso (que las abarata) y a la caída de las exportaciones, que ya resultan demasiado onerosas. Éstas se han desplomado, pues las exportaciones de petróleo, carbón y níquel que tanto enorgullecen al Gobierno, no son tales, porque no reintegran divisas: son salidas de capital en especie. Según el Gobierno, con el recorte a parafiscales neutralizarán las empresas la revaluación. ¿Fantasía? ¿Demagogia? Si, como explica Mauricio Cabrera, el aumento de los costos laborales debidos a la revaluación va en 180% en la última década, ¿qué podrá sobre la enfermedad holandesa este alivio del 10%?
Con apertura indiscriminada y con enfermedad holandesa, no es raro que en el último año la cuarta parte de los sectores industriales acusen recesión, como lo denuncia Martha Lucía Ramírez, directora de la Coalición para la Industria. Entre 1975 y 2008, el empleo industrial se redujo a la mitad. En 2006, un exportador de bluyines que producía 120 mil unidades al día hoy confecciona 35 mil. El modelo reúne, pues, importaciones a granel financiadas con dineros del narcotráfico, con capitales golondrina o con deuda externa que el Gobierno asume; desindustrialización; revaluación; apertura radical con el TLC, y exportaciones en caída. Modelo para la pobreza y la inequidad: ni da trabajo, ni redistribuye ni desarrolla.
En la religión de la confianza inversionista y de que los poderosos, si ricos dadivosos, la reforma de Cárdenas es tributaria de este modelo de perdición: reduce impuestos de 33 a 12.5% a los capitales especulativos que llegan, comen y se van con las alforjas llenas. El año pasado los ricos dejaron de pagarle al fisco 27 billones. Ahora los empresarios se ganarán también 18.6 billones por cuanto dejen de cotizar a salud, Sena, Icbf y renta. El impuesto sobre utilidades sólo recupera 5 billones de ese monto. ¿Cómo construir paz bajo este modelo anti-empleo, depredador, montado sobre la injusticia y el atraso, que halaga a los empresarios pero no los engancha en un proyecto honorable de país? ¿No es hora de renegociar el TLC y lanzar una estrategia de industrialización?
por Cristina de la Torre | Oct 9, 2012 | Modelo Económico en Colombia
La cantinela de siempre: que los pobres empresarios, almas de Dios, no crean empleo porque los impuestos laborales los devoran. Entonces el ministro de Hacienda, doctrinante del pensamiento único que se impone contra toda evidencia lógica y práctica, les perdona los parafiscales. La panacea. Dizque la reforma tributaria formalizará un millón de empleos y reducirá la inequidad, cuyos causantes serían los asalariados e independientes. Pero el CESI de Eafit demuestra que sólo se formalizarían 125 mil empleos y que éstos representarían una desproporcionada tajada del PIB, para compensar cuanto los empresarios dejen de cotizar a Salud, Sena e Icbf. Sesudas investigaciones de Óscar Rodríguez demuestran que eximir a las empresas de estos impuestos, lejos de abrir puestos de trabajo, sacrifica garantías a los colombianos más vulnerables y agudiza la desigualdad. Así lo corrobora el Observatorio de Empleo del Externado. Ejemplo aleccionador de esta transferencia de ingresos del trabajo al capital, el del Chile de Pinochet, célebre por su villanía. Y el de la “flexibilización laboral” de Álvaro Uribe que, so capa de estimular la creación de empleo, tasajeó los ingresos del trabajador, multiplicó los del patrono y empleo no creó. La nueva propuesta de eliminar parafiscales es otra puñalada contra la política social. Y contra el ingreso del trabajador, pues la protección social es parte del salario indirecto.
Es del crecimiento económico que redistribuye de donde resulta el empleo, apunta Rodríguez. Ingresos decentes se traducen en demanda de bienes que induce a producir: aquellos dinamizan la economía, pues obligan a invertir en industrias y agricultura para satisfacer esa demanda; y conforme se amplía el aparato productivo, surgen puestos de trabajo. Abecé de la teoría de Keynes, que ya no se enseña en ciertas universidades. Ni siquiera en Harvard, donde estudiantes de economía se sumaron a la protesta de los indignados porque hasta la meca de la Academia convertía la ciencia en religión. Pero en el apogeo de la banca, muchos empresarios colombianos prefieren hacer patria (y plata), no en inversión productiva, fuente de trabajo y riqueza, sino en especulación financiera; o se vuelven importadores. Es de temer que, en vez de abrir puestos de trabajo, la gabela de los parafiscales termine circulando en estas esferas. Entre otras razones, porque el modelo económico que rige montó su reino financiero sobre el cadáver de la banca de fomento que no ha mucho empujaba la industrialización.
Con la reforma, la protección social podría quedar desfinanciada, pues lo que el Gobierno cobra como impuesto a las utilidades de las empresas, CREE, no compensa el sacrificio de los parafiscales. Así busque redondear ampliando la base tributaria (ahora se tributaría no desde ingresos de 3.6 millones sino desde 2.4 millones) y cobrando impuesto progresivo. Al primer amago de recesión o de crisis, ni habría de dónde cobrar utilidades, ni el Gobierno se saltaría la regla fiscal que le prohíbe invertir en políticas que no estén previamente financiadas.
Bienvenido el cobro del impuesto progresivo, si se destina a los más pobres. Bienvenido el esfuerzo contra la evasión, en el que se ha lucido Juan Ricardo Ortega, director de la Dian. Pero a los estragos señalados se suman cobardías que indignan: nada contra los contratos de estabilidad fiscal, regalo de billones a grandes empresas. Casi nada contra los privilegios de las multinacionales mineras. Cero contra la evasión de grandes ganaderos y terratenientes. Reforma regresiva por casi todo concepto, pues su efecto fundamental es gravar con menos impuestos a los ricos.
