por Cristina de la Torre | Feb 2, 2010 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Febrero 2010, Narcotráfico
“Tienen una semana para desaparecer o los desaparecemos”, rezaba panfleto de las AUC contra 30 líderes estudiantiles de la Universidad de Antioquia. Otro le hacía la segunda: “Somos un grupo de infiltrados (de las Águilas Negras) en la Universidad. Tenemos plenamente identificados a los tropeleros que quieren imponer un discurso comunista en Colombia”. Entre 2006 y 2008 hubo en la Nacional 312 amenazas de muerte del mismo grupo armado contra alumnos y profesores, y otras tantas en las universidades de Magdalena, Atlántico y Córdoba, esta última bastión de Salvatore Mancuso. (Tomado de El Espectador, 27-I-10) Cara política del paramilitarismo en las ciudades, alcanzará cotas de horror con la transformación de estudiantes en informantes a sueldo de un gobierno que –acaso deliberadamente- confunde los escenarios: no se neutraliza en los centros de estudio la violencia entre carteles que tiene lugar en las comunas de Medellín.
Probado está que trocar el campus en campo de guerra sirve, lo más, para perseguir a quienes se apartan del pensamiento oficial. Pura y ruda cacería de brujas. Manoseado recurso de dictaduras, la sucia tarea que Uribe le encarga a esta juventud emulará con la de sus pares en predios que fueron de Videla y Pinochet, y con los ominosos Comandos de Defensa de la Revolución de Fidel Castro y Hugo Chávez. Será leña a la hoguera de esta guerra: otro sistema de arreglo de cuentas, dirá El Espectador, con profusión de denuncias gratuitas, estigmatizaciones y recorte de libertades. La dinámica del espionaje remunerado entre redes de “cooperantes” que hoy agrupan a dos millones doscientos mil civiles, amenaza con despedazar la “cohesión social” del Presidente entre una artillería de infamias, retaliaciones, venganzas y… falsos positivos.
La tal iniciativa será cortina de humo para desinflar el debate que la absurda reforma de la salud ha suscitado, señala Lasillavacía.com. O los escándalos de corrupción oficial. Si. Pero también reafirma una estrategia de privatización de la seguridad, función indelegable que el Estado se muestra incapaz de asumir, pese a los ingentes recursos que la nación le asigna. Este gobierno ha feriado entre particulares, no siempre impolutos, el monopolio de la fuerza. Ya lo recordábamos en este espacio: en Colombia proliferan las Compañías Militares de Seguridad Privada que suplantan a la Policía en la protección de una ciudadanía acorralada por el crimen y el delito. Con equipos de espionaje y armamento modernísimos, muchas de ellas terminan tributando a la tendencia de hacer justicia por mano propia, a menudo con saldo de asesinados y desaparecidos. A ellas se integran miles de desmovilizados de las AUC, como vigilantes y con labores de inteligencia. El Decreto 3222 de 2002 creó las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, que habían de articularse con vigilancia y seguridad privada y con la política de seguridad democrática.
El plan de convertir estudiantes en informantes del Ejército integrará el frente juvenil a una estrategia de seguridad que no se limita a la derrota de la guerrilla y la desmovilización de los paramilitares: también persigue el control social y político de la comunidad, con las armas de la república y militarizando a la sociedad civil. Vista la experiencia, cabe preguntarse si no terminarán por darles a estos muchachos armas y aparatos de comunicación, como a las nefastas Convivir por las calendas de la gobernación de Uribe en Antioquia. Ayer armaron campesinos, hoy arman estudiantes. ¿Quién garantiza que así ataviados y pagados no deriven estos nuevos contingentes en estructuras paramilitares de acción patriótica, no ya para ejecutar la contrarreforma agraria sino para exterminar a la oposición?
por Cristina de la Torre | Ene 19, 2010 | Enero 2010, Modelo Político, Régimen político, Uribismo
Se oyó la voz del pueblo, que es la voz de Dios, por boca del Procurador, para crear un hecho político rotundo: notificarles al país y a la Corte Constitucional que el Jefe del Ministerio Público y el Presidente de la República son una y misma cosa. Ordóñez declaró exequible la ley que convoca un referendo para que Uribe pueda quedarse en el cargo por tercera vez consecutiva. Su argumento, mil veces meneado por la plana mayor del uribato, la voluntad popular prevalece sobre el cúmulo de vicios e irregularidades de trámite que invalidarían la ley. En cristiano: frente al arrastre de mayorías configuradas a golpes de encuesta, propaganda y caridad, la Constitución y la Ley valen un higo. Ya no cabe duda. Colombia se ha encaramado en la ola de retorno a los gobiernos arbitrarios que parecían cosa de un pasado aciago.
Una visión rudimentaria de la democracia estima que la mayoría es la voluntad popular. Supone que, derrotadas en su inferioridad numérica, las minorías han de enmudecer o desaparecer, como si ellas no tuvieran velas en la voluntad general. Tal simplismo condujo al cesarismo del siglo XIX en Europa, que proscribió los partidos y transformó al líder en encarnación mística del pueblo. Todas las autocracias del siglo XX, desde el nazi-fascismo, hasta el estalinismo y las dictaduras latinoamericanas, fueron desarrollos del modelo que se erigía –con fraude o sin él- sobre el pronunciamiento de una mayoría.
Hoy se regresa en el subcontinente al autoritarismo por la vía de la democracia refrendaria. Vale decir, apelando al argumento de la mayoría, acorralando a las minorías discrepantes, violentando las constituciones sin que se note mucho, para atornillar al mandatario en el poder. Así se honra a la dictadura, que comienza por negar la rotación del mando. A Fujimori, el maestro, le han seguido Chávez y Uribe y Correa y Evo y aquel proyecto de hombre que en Nicaragua funge de Presidente. Una nota singulariza el fenómeno: el uso intensivo de la propaganda, abono a la formación de una sociedad homogénea, asustadiza, siempre a la búsqueda de un líder “de pantalones”.
Las veleidades de héroe providencial y eterno de Napoleón III confirmaron los temores de los pensadores liberales que advirtieron sobre la deformación de una democracia sujeta a una fuerza mayoritaria decidida a imponerse a la brava. Stuart Mill avistó en Estados Unidos una mayoría numérica “en plena posesión del despotismo colectivo”. Y Tocqueville, deslumbrado por la democracia en América, presintió, sin embargo, una perversión del sistema que podría conducirlo al totalitarismo: la tiranía de las mayorías.
Entrado el siglo XX, Kelsen defendería la democracia proporcional como expresión de la voluntad general pues, en lugar del poder absoluto de una mayoría, también las minorías tendrían un lugar. Deliberación y compromiso entre mayorías y minorías sobre asuntos cruciales pero respetando el ideario de cada uno, asegurarían paz y convivencia entre todas las fuerzas de la sociedad. El principio de mayoría supone la existencia de una minoría; y el derecho de la una no puede negar el derecho de la otra. La alternativa sería la guerra civil. La democracia parece ser algo más que el gobierno del pueblo y el reino de la mayoría.
Pero el Presidente Uribe ignora olímpicamente a las democracias maduras. En estos ocho años ha exhibido habilidades sin par para traficar, siempre en provecho personal, con mayorías populares –reales o ficticias- que lo mantengan en el cargo. En su concupiscencia del poder, convocará al pueblo para reelegirse, pero lo mantendrá sojuzgado en la pobreza y el desempleo. Del pueblo, rey de burlas, sólo le sirven los votos. Él gobierna para otros.
por Cristina de la Torre | Ene 12, 2010 | Enero 2010, Iglesias
La legalización del aborto y del matrimonio entre homosexuales ha despertado ira atronadora en la Iglesia y una contraofensiva legislativa que amenaza con derribar el Estado laico. En su avanzada, tonsurados y gobernantes de derecha repolitizan la Biblia, y la religión corre su cerca sin cesar sobre territorio del poder civil. En Colombia, el mismísimo Procurador de la Nación sabotea, misal en mano, la norma que autoriza el aborto; y el Presidente, teócrata en ciernes, invoca la benevolencia de Dios para quedarse en el poder por los siglos de los siglos, amén. En Madrid, a diez días de la legalización del aborto, una multitud de católicos acicateada por mensaje del Papa en español se congrega el 27 de diciembre en defensa de la familia tradicional y contra las políticas liberales de Rodríguez Zapatero. Y en México, protagonista de una revolución que en 1910 elevó la última valla entre el poder temporal y el divino tras la cruenta guerra de los Cristeros, una riada insospechada de conservadurismo habla hoy por boca del partido de gobierno, del PRI (¡) y de la jerarquía eclesiástica.
Respuesta a la despenalización del aborto en la capital, la mitad de los Estados en México ha dictado leyes que asimilan aborto a infanticidio e imponen penas hasta de 50 años de prisión, las más elevadas del Orbe. Gana terreno allí una feroz embestida contra el Estado laico y las libertades que la democracia consagra, desde un fundamentalismo que pretende suplantarlos con el categórico e irrecusable orden divino que prevaleció siglos ha, cuando los derechos personales eran anatema.
La controversia, de alto vuelo, alcanzó su clímax el 22 de diciembre, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó el matrimonio entre homosexuales y les reconoció el derecho a adoptar hijos, en decisión que ensancha el horizonte de libertades y responsabilidades individuales, cualesquiera que sean las opciones de vida de la persona. El arzobispo primado de México consideró “aberrante y perversa” la medida, pues ella “(ofuscaba) valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad”.
Pedro Miguel escribe, sin embargo, en el diario La Jornada que “el verdadero peligro para la sociedad es el ayuntamiento entre el poder religioso y el secular porque bajo ese maridaje han florecido métodos de lucha contra lo que el Santo Oficio llamaba el pecado nefando de sodomía, tales como la hoguera, la castración, la confiscación de bienes, el calabozo y los azotes”. No encuentra él agresión ni barbarie en el amor; en cambio –dice- la violencia y el abuso sexual derivan del ejercicio indebido de un poder (del padre, del cónyuge, del maestro, del guía espiritual, del patrón) sobre una persona vulnerable.
Contra esta cruzada para revertir la secularización del sexo se agita la bandera del Estado laico, que es condición imprescindible de la democracia, de la libertad de conciencia, de la privacidad del individuo. A la especie más atildada y vernácula del catolicismo mexicano respondió el poder legislativo de la capital exigiéndole al gobierno local aplicar la ley y sancionar a los purpurados que pisotean desde el púlpito la Constitución. Estima la corporación que es deber del gobierno hacer cumplir la ley, conjurar todo intento de discriminación de minorías y de involución hacia una religión oficial.
Da grima comparar la amplitud que este debate alcanza en México con la languidez del nuestro. Aquí la fugacidad de algún chispazo apenas araña la muelle conformidad de tantos que lo mismo contemporizan con la moral del todo-vale que con una dogmática religiosa impuesta como fórmula de gobierno. Y el Congreso ahí. Quieto. Callado. Sobornado.
por Cristina de la Torre | Dic 13, 2009 | Conflicto interno, Diciembre 2009, Personajes, Uribismo
A la catarata de provocaciones del Jefe de Estado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, ha respondido con la misma medicina que Uribe le suministra a Hugo Chávez: el silencio. Silencio exasperante que en sentir de algunos conspira contra los apremios del Primer Mandatario por sentar en la Fiscalía a un hombre suyo en misión de torpedear procesos que cuestionan la legitimidad de la reelección y comprometen al alto Gobierno. Tras la exaltación del Presidente Uribe se entrevé un acumulado de abusos y delitos de sus funcionarios que interpelan ya a las cortes internacionales: cohecho de una vía, que manda a la cárcel a Yidis Medina y exonera a los ministros del caso; más de un tercio de los parlamentarios, casi todos afectos al Gobierno, implicado en delitos de lesa humanidad; transformación del DAS en policía política y aparato de persecución contra la Corte; falsos positivos que pasan de dos mil y espectáculos de corrupción oficial como el de AIS, sumen al país en la peor de sus crisis, y demandarían el ejercicio pleno y autónomo de la justicia. He aquí, se dice, el mar de fondo de una cruzada de tres años contra la Corte, reducto final del Estado de derecho que no ha sucumbido al abrazo de Alvaro Uribe.
Piensan otros que la Corte actúa con criterio político. Que ha derivado en partido de oposición capaz incluso de colocarse en el bando del terrorismo (pues no toca a la farcpolítica) y de quebrantar la institucionalidad. A la voz de que Colombia se había comprometido con Naciones Unidas a preservar la independencia del fiscal, Uribe advirtió que por ese camino jugaba la Corte al golpe de Estado. No faltan quienes ven en esta admonición la secreta intención de anticiparse a poner en otro la viga del ojo propio, cuando sería una segunda reelección la causa de la temida ruptura institucional. Pero habría ligerezas que hieren la imagen de decoro de la Corte entera. Como las deferencias y larguezas de un personaje non-sancto como Giorgio Sale con algún magistrado de la corporación.
Mientras la frivolidad interesada de algunos medios trivializa la inminencia de una ruptura institucional presentándola como “choque de trenes” o de vanidades, en el encono de la disputa hacen su agosto las imágenes. Augusto Ibáñez, este tunjano de 50 años, pausado, de ademanes lentos y fino humor, bien podría simbolizar al capitalino “de coctel” que Uribe ha dado en desdeñar. Acaso para atizar regionalismos que Antioquia y la Costa, dominios predilectos de la patria refundada, agitan contra el estereotipo de un altiplano flemático y distante. Ibáñez controvierte sin gritar ni remangarse la camisa. Catedrático, analista y escritor, no va a cocteles. Le duelen las tres horas que el sueño le roba cada día a un compromiso que pareció marcarlo de por vida: a los 26 años, como profesor auxiliar de Alfonso Reyes Echandía en el Externado, lloró impotente el sacrificio de éste su maestro y entonces Presidente de la Corte, en el Palacio de Justicia, y se impuso el deber de no transigir frente a ningún poder en la defensa de la Constitución. Tal vez mientras contemplaba los destellos de la conflagración aquella noche de horror no columbró que el destino y su rigor profesional lo elevarían hasta la cumbre de la justicia, cuando ser Presidente de la Corte no representaba ya una distinción honorífica sino el más abrumador desafío de rodear el republicanismo que la nación construye con dificultad desde 1810.
Más inclinado a los libros que a los votos, Ibáñez no alcanzó los tres mil sufragios cuando quiso llegar al Congreso por Cambio Radical. Hizo el oso. En cambio, retomó la senda del jurista que había inaugurado con tesis aclamada sobre Administración Pública. El Presidente de la Corte no improvisa cuando exige a los aspirantes a Fiscal no sólo requisitos de ley sino idoneidad e independencia. Ya desde entonces valoraba la calidad del funcionario público en términos de servicio a la sociedad, no en reciprocidades con quien lo nombra. Se trata de hallar al mejor funcionario, no meramente a aquel a quien la ley no descalifique.
Su intervención como Ministro Plenipotenciario en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional en 1999 lo catapultó al mundo de los tribunales internacionales, que parecen acercarse más y más a la crisis colombiana. El propio Ibáñez se ha propuesto proyectar hacia ellos la responsabilidad de los gestores de la parapolítica. Qué relación tendría esta circunstancia con el asalto a su casa, de donde sustrajeron dos computadores con información vital sobre aquellos procesos, tal vez nunca se sepa. En todo caso, Ibáñez sabe que si se intimida a la justicia colombiana, ésta podrá acudir a la internacional. En punto a la terna para fiscal, verbigracia, los tratados internacionales suscritos por Colombia le permiten al juez español Baltasar Garzón reclamar idoneidad e imparcialidad en este funcionario, so pena de afectar la democracia.
Gorda ampolla levantó el planteamiento de Ibáñez según el cual, si el siglo XIX fue el de los parlamentos y el XX el del ejecutivo, el XXI será el siglo de los jueces, de la norma, de los derechos fundamentales. “¡Será la tiranía de los jueces!”, espetaron. “No, replicó Ibáñez. La protección de esos derechos no vulnera las prerrogativas del ejecutivo ni compromete la independencia de poderes”. Y fue más allá: en materia de derechos humanos, la jurisdicción es universal. Hoy rige una esfera de responsabilidad penal individual a escala internacional. En Colombia, la protección de estos derechos forma parte del “bloque de constitucionalidad”. Es decir que nuestra Constitución armoniza con los tratados ratificados por el Estado que reconocen los derechos humanos y prohíben limitarlos con estados de excepción.
La Corte de Roma no se limita a juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. También interviene cuando la justicia de un país no opera –por ineptitud, por venalidad o por obstrucción externa-. Y esta daga apunta a la yugular de los regimenes que toleran la impunidad. A la par, OEA y Naciones Unidas son las primeras en reclamarle independencia a nuestra Corte Suprema. De modo que a ella le está vedado negociar sus competencias y allanarse a la elección de un fiscal amigo de la parte investigada.
Ibáñez lo sabe y lo declara. Como sabe que el referendo es inconstitucional, pues se propone sustituir la Carta y acabar de concentrar todo el poder en el ejecutivo. Amenaza mayúscula que terminaría rubricada por una “pequeña constituyente” en reemplazo de la Corte Suprema. Organo ad hoc justificado en un “bloqueo institucional” que el Gobierno provoca y agiganta todos los días, pues en ello va también la justificación de un tercer mandato del Presidente Uribe. No obstante, crear una corte ad hoc atentaría contra disposiciones de la ONU suscritas por Colombia en 1985 que prohiben cambiar o cooptar por ese medio las funciones de la justicia.
Siente Ibáñez, sin embargo, que la Corte se encuentra hoy tan asediada como en aquel día aciago de 1985, cuando la fuerza bruta aniquiló a los dignatarios supremos de la justicia. Pero él no sabe de briosos corceles, no presume de caudillo ni de héroe, ni blande fierros a grandes voces para impresionar al pueblo. Libra su batalla sin estridencias, casi solo, contra un adversario formidable que teniéndolo ya todo quiere más. Arma del togado, una voluntad indoblegable, porque ese “mas” puede ser el último bastión de la democracia.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2009 | Diciembre 2009, Modelo Político
Se creía que la impopularidad de la reelección del Presidente Uribe sólo florecía en el exterior. Pero a la repulsa de los gobiernos, de la gran prensa del Primer Mundo, de los académicos y organismos internacionales de Derechos Humanos se suma el despertar de la sociedad colombiana. Una de sus manifestaciones más sorprendentes es la Alianza Ciudadana por la Democracia. En cabeza de 21 gestores de la Carta del 91, el movimiento debuta con 120 organizaciones civiles y miles de ciudadanos que le piden a la Corte Constitucional declarar inexequible la ley del referendo. Por vicios de forma, porque desbalancea gravemente los poderes públicos en favor del Gobierno, porque no persigue el interés general sino el de una persona y porque destruye el principio de igualdad.
En el virtual entierro de las garantías electorales, la ley del referendo termina por alcahuetear el monopolio que el Presidente-candidato ha ejercido sobre todos los recursos del poder del Estado a lo largo de siete años: puestos, presupuestos y contratos (católicos y poco católicos); medios de información públicos y privados; órganos de seguridad enfilados a menudo contra la crítica, la oposición y la Justicia. Lejos están los demás candidatos de poder competir en igualdad de condiciones, como lo mandan hasta las democracias más precarias.
Esta Alianza se propone defender las reglas de la democracia consignadas en la Constitución. No niega la posibilidad de modificar la norma, mientras se respeten la división de poderes, el pluralismo y el interés general. Prevalecen las mayorías electorales, sí, mas el Estado ha de garantizar también los derechos de las minorías. Y no podrá invocarse la voluntad popular mediante referendo para sustituir la Constitución o malograrla, ni en provecho personal de nadie.
En el coro de voces que impugnan esta ley descuellan las del exmagistrado Alfredo Beltrán y el exprocurador Edgardo Maya. Puntualizan ellos el cúmulo de errores jurídico-constitucionales que la invalidan, y su espíritu abiertamente antidemocrático. Agregan que gracias a esa disposición, el régimen presidencial termina por desconocer la independencia de las otras ramas del poder. Así, por ejemplo, al cabo de doce años en el mando, será el Presidente quien decida la composición de la Corte Constitucional, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Banco de la República, la Procuraduría, la Defensoría del pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Televisión y hasta el Congreso. Imperio, pues, sobre todos los poderes y controles.
La avanzada del Presidente Uribe en esa dirección no da tregua. Para remover el último obstáculo, la Corte Suprema, empiezan sus mariscales de campo a desnudar las armas: la reelección quedaría rubricada con una “pequeña constituyente” que suplante a la Corte y replique en Colombia la intrepidez de sus pares del vecindario, Fujimori, Chávez, Evo. Destino final de una gesta patriótica diseñada con esmero para superar el “bloqueo institucional” que con tanta pasión promueve el gobierno, acaso para justificar, si cupiera, un golpe de mano disfrazado de redención.
Según Marc Chernick, el Departamento de Estado norteamericano desaprueba la reelección de Uribe por considerarla “un desastre para Colombia, para la democracia y los derechos humanos”. Fino instinto que lo sintoniza con una revuelta de la opinión en nuestro país, que muerde ya en las huestes mismas del uribismo. No hay mal que dure cien años.
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Por vacaciones, esta columna reaparecerá el 12 de enero. ¡Feliz navidad!
por Cristina de la Torre | Dic 1, 2009 | Diciembre 2009, Política agraria
Dicen los que saben que una cosa es crecimiento y, otra, desarrollo. Escoger lo uno o lo otro no es problema técnico sino político. Porque trata del poder, de la capacidad para tomar decisiones que nos afectan a todos, de la distribución de la riqueza y el ingreso. En 2007 creció la economía colombiana, pero en la misma medida aumentaron el desempleo y la pobreza. De la bonanza se beneficiaron los menos, mientras las capas inferiores vieron treparse sus índices de miseria. Pero no actúa aquí una fuerza misteriosa. Ni el destino. Ni la mano de Dios. Es el modelo que el gobierno escogió, para contento de los elegidos de siempre. Y de la mafia.
Hoy hace agua este modelo de crecimiento en el campo. Si de desarrollo se trata, habría que empezar por remover su primera talanquera, la estructura de propiedad de la tierra. Y proteger el empleo rural, integrar el campesinado a las decisiones de política agropecuaria, ofrecerle una vida decorosa y ver por la seguridad alimentaria del país.
La escandalosa concentración de la tierra no desaparece, sin embargo, repartiendo la gran propiedad agraria. Absalón Machado clama por actuar sobre los factores que conducen a esa concentración y al despojo violento de predios: la fragmentación antieconómica de la tierra en grandes latifundios de ganadería extensiva y una polvareda de minifundios cuya talla no da para alimentar una familia, mientras se deteriora la mediana propiedad; la exclusión de los que no tienen dónde producir; las políticas del gobierno que propician el uso especulativo de la tierra; su indiferencia frente al poder armado de los terratenientes y su maridaje con la clase política, frente a la contrarreforma agraria del narcotráfico que sumió a Colombia en las tinieblas del Medioevo. Todo lo cual mantiene y estimula la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y le cierra al campo todo horizonte de desarrollo.
Machado propone remontar la dualidad minifundio-gran propiedad hacia un esquema “multimodal” que no elimine la gran propiedad eficiente y bien explotada y reestructure la pequeña y la mediana propiedad. La almendra del problema no estaría tanto en la propiedad como en el uso eficiente de la tierra. Podrán multiplicarse los títulos de propiedad, pero casi nunca es rentable atomizar la explotación.
Nuestro analista propone una política de desarrollo y ordenamiento rural que contemple no sólo la propiedad de la tierra sino su uso eficiente. El camino, concertar y planificar acciones públicas y privadas por regiones, según su particular vocación de desarrollo, al tenor de estrategias de largo aliento promovidas por el Estado. Esta estrategia de reforma rural, que no apenas agraria, redistributiva, deberá edificarse sobre un consenso nacional contra la miseria y la inseguridad alimentaria para resolver el conflicto social y político en una perspectiva de largo plazo. Ha de ser un consenso nacional porque los problemas del campo comprometen al país todo. Y por la urgencia de revertir la violencia, la tiranía y la injusticia que se han enseñoreado del campo y devolverle al país cuando menos el resquicio de democracia que le quedaba.
¿Encontrará eco en el gobierno esta propuesta? ¿En los candidatos a la Presidencia? ¿En los aspirantes al Congreso? ¿En los gremios y organizaciones campesinas? ¿Persistirá el gobierno en sus requiebros de amor eterno a los potentados del campo que tanto se lucran de sus políticas de crecimiento mientras estafa a los campesinos con migajas en los consejos comunales? ¿No será hora de atar una alternativa de desarrollo rural al principio de la función social de la propiedad que introdujo en Colombia López Pumarejo?
por Cristina de la Torre | Nov 24, 2009 | Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2009, Política agraria
En política agraria, descuella Uribe como discípulo aventajado de la escuela que en 1990 adoptó César Gaviria y cuyo último vástago es AIS. El artífice de Carimagua aprendió la lección y superó al maestro. A instancias de la apertura económica y dizque para fomentar cultivos de exportación como la palma africana, el abismo entre grandes propietarios y la miseria rural ha alcanzado proporciones que casi ningún país registra. Y tal inequidad apareja una violencia que hasta Stiglitz considera irreductible si no se crea empleo y se elimina el sistema de monopolios que avasalla al campo.
El escándalo de AIS, tapa de la olla podrida en la que derivó este gobierno, no va solo. El Incentivo Sanitario para Flores y Forrajes viste la misma prenda: mientras el pequeño floricultor recibe menos de 15 mil pesos, multimillonarios y particulares acaparan la tajada mayor. Por ejemplo, The Elit Flower recibe 974 millones y dos señoras (reinas de belleza?) se quedan con 1.620 millones.
Darío Fajardo, respetado estudioso de la materia, sostiene que AIS es apenas producto de un modelo que se afirmó en los 90 y hoy representa el núcleo del proyecto económico de Uribe: es una estrategia de enriquecimiento para grandes propietarios, no un modelo de desarrollo agrario de beneficio común. Con la apertura económica, Colombia perdió en aquella década 700 mil hectáreas de cultivos y 300 mil empleos en el campo, con efectos desastrosos sobre la seguridad alimentaria del país, que hoy importa la mitad de su comida, a precios astronómicos. Baja de aranceles significó invasión de productos extranjeros; repatriación masiva de dólares del narcotráfico significó revaluación del peso. Juntos, estos dos factores redundaron en el desplome de la producción nacional.
Más acusada cada día, aquella estrategia es el corazón del plan de desarrollo que Uribe proyecta a 2019. Conforme cae la producción de alimentos crecen los cultivos de tardío rendimiento. Se cree que la única manera de integrarse al mercado internacional es beneficiando a los sectores “competitivos”, aunque generen poco empleo o ninguno, y arrasen con la agricultura campesina. Resultado, una mar de indigentes aterrorizados que, cuando no huyen a mendigar en las ciudades, se alquilan como soldados de cualquier ejército ilegal.
Para asegurar la rentabilidad de los cultivos de exportación, el gobierno propicia la concentración de la propiedad, abruma de gabelas a los ricos del campo y acolita el pago de salarios de miseria a los miserables del sector, 34% de la población campesina. Todo, so capa de proteger al agro de un hipotético TLC y compensar sus elevados costos de producción. Como si éstos no resultaran, precisamente, del monopolio sobre la tierra, sobre el crédito y el capital, sobre la industria de agroquímicos. Imposible reducir costos sin desmontar esa estructura de monopolios, con estrategias de fondo como la reforma agraria, señala Fajardo. Aquí, los recursos destinados dizque a reducir costos de producción terminaron por enriquecer más a los ricos y pagar favores políticos al gobierno.
A 50 años de la muerte de López Pumarejo, a 70 de su propuesta de reforma agraria, ha crecido la desigualdad en el campo. Hambre, desarraigo y violencia cobran sus víctimas entre los más débiles. La misma oligarquía atrabiliaria que respondió con la Violencia a la Revolución en Marcha, frustró por segunda vez en Chicoral la reforma agraria que los Lleras intentaron en los 60. Voraz, insaciable, ahora coligada con los nuevos potentados que medran a sangre y fuego, aquella oligarquía de perrero se ha hecho con el poder todo, y en él quiere quedarse. No otra cosa augura la reelección.
por Cristina de la Torre | Nov 17, 2009 | Movimiento social, Noviembre 2009, Salud
“Queremos internar a un viejo; ¿qué se necesita para que lo reciban?”, transcribe El Tiempo. Desde cualquier teléfono, de oro o de baquelita, a razón de diez llamadas diarias, la pregunta se volvió estribillo en los albergues públicos de Bogotá. “No podemos tener más al viejo en la casa, porque no aporta nada, ya no produce y no sabemos qué hacer con él”. Marginados de la prosperidad, o de la simple supervivencia, nuestros ancianos son la hez en esta Colombia de pasión y corazoncitos. Tras el rosado almíbar de la publicidad y los falsos devotos se oculta una sociedad sin hígados que se abre camino a codazo limpio y venga sus sinsabores en los seres más indefensos: los ancianos. Los primeros victimarios, sus propios hijos. La crueldad se viste de humillación y abandono para coronarse, a veces, en abuso sexual y asesinato.
El drama se multiplica conforme aumenta el envejecimiento de la población. Según Medicina Legal, la violencia intrafamiliar contra ellos creció 21% en el último año. Cuántos de los cien mil que en la capital no pueden caminar, o son ciegos o sordos o mudos o baldados de brazos y manos resultan de ese trato, no se sabe. Se sabe, sí, que sólo en Bogotá casi 50 mil arañan la indigencia. El Ministerio de Protección Social y Bienestar Familiar no alcanzan a ayudar sino a la quinta parte de los abuelos que en el país padecen hambre o desplazamiento. De los 4.5 millones de viejos, sólo un millón desfruta de pensión. El resto depende de su trabajo o vive de caridad. Cuando tienen seguro de salud, una minoría, se les atiende tarde y a medias.
Vulnerable al extremo, humillado en su propia indefensión, la violencia generalizada contra el anciano contempla expulsión, desamparo, aislamiento, agresión sicológica, atropello físico y económico. El maltrato sicológico es a menudo antesala de la violencia física. Sea por desatención o abandono emocional, sea como trato vil sistemático, éste hiere su dignidad y puede desembocar en suicidio. Campea la idea de que lo viejo es inútil, una carga, un estorbo, anverso repulsivo de lo bello, lo joven, lo productivo. Chivo expiatorio de un destino ingrato, sobre el anciano se descarga al parecer el peso de una autoridad deformada que el agresor padeció de niño, y que éste ejerce ahora como afirmación de poder.
Si mayas y nipones respetan a los ancianos por su sabiduría, si los veneran los antiguos, las sociedades industriales los invisibilizan, los discriminan, los desechan, por no ser ya productivos. En Occidente, la modernidad sembró en la mayoría de cristianos una moral del rentismo que avasalló al Evangelio. Rentismo que entre nosotros, país del sálvese quien pueda, obra tantas veces como hermano natural de la violencia.
El representante Simón Gaviria ha presentado proyecto de ley que eleva las penas contra el agresor del anciano. Así como se castiga al padre que abandona y maltrata a sus hijos, habrá de penalizarse al hijo que de esta manera procede con su padre. Enhorabuena. Inspire al joven parlamentario doña Bertina Hernández que, a sus 90 años, despliega la alegría de vivir que a otros viejos se les hurta. Líder aguerrida de Malambo, Bertina es hoy celebridad de la radio en Barranquilla. Desde sus micrófonos fustiga a funcionarios venales por “embusteros y sinvergüenzas”, narra anécdotas y cuenta chistes verdes. Excepción que confirma la regla, no se conforma ella con ser otra víctima silente entre sus congéneres. Aguda de figura y de palabra, casi se oye en la fotografía de esta abuela la carcajada que escapa del hueco de su boca. ¿Habrá quién ose deshacerse de ella porque su ingenio no produzca dinero?
por Cristina de la Torre | Nov 10, 2009 | Internacional, Modelo Económico, Noviembre 2009, Política exterior
Tal vez no sea una fantasía descabellada. Datos hay para sospechar que la guerra que Uribe y Chávez promueven con su patriotismo de campanario para hacerse reelegir termine inscrita en una geopolítica mayor. A la usanza de la guerra fría –o de la caliente-, Colombia y Venezuela terminarían prestando su territorio para una disputa encubierta entre Irán y sus aliados contra Estados Unidos. Chávez, como aliado de Irán desde 2000, cuando relanzó la OPEP (Organización de Países Productores de Petróleo) y encontró en la revolución islámica el mismo sabor fundamentalista de su cursi socialismo. Uribe, obsecuente prosélito de Bush desde 2002, cuando el fanático petrolero invadió Iraq con venias de nuestro Presidente que así se apartaba del resto de Suramérica. Los opíparos acuerdos económicos de Chávez con los Ayatolas, la compra masiva de armas de última generación a Rusia, no son sino el desenlace de alianzas cada vez más robustas. Por su parte, el tratado de Uribe que les entrega a uniformados gringos siete bases militares con carta blanca para espiar a los vecinos, resulta también de un proceso de años, madurado al calor de un corazón generoso que cede soberanía al poderoso y se granjea la antipatía del subcontinente.
Como en toda guerra moderna, el control del petróleo vuelve y juega. Se sabe que la médula de la hegemonía norteamericana durante la Guerra Fría fue el dominio sobre ese recurso energético. Pero ahora la OPEP, liderada por Irán y Venezuela, controla el 78% de las reservas mundiales de crudo, y Estados Unidos, escaso 2.5%, mientras consume la cuarta parte del producido mundial. No es éste el único poder de Irán. Ese país ha ingresado al club nuclear, pinta como potencia hegemónica en Asia Central e incursiona en América Latina. A poco, podrá equiparar su potencial militar con el de Estados Unidos.
En el intento de implantar un nuevo orden global presidido unilateralmente por Estados Unidos, Bush respondía al viejo orden de la Guerra Fría. Pero a aquél se le contrapuso la alternativa de un orden multipolar, cuyo promotor fue Chávez. El coronel se volvió enlace entre la OPEP y el continente Americano, y portavoz contra el imperio. Entre tanto, para no sucumbir en un combate frontal con Estados Unidos e Israel, Irán se propone como contrapartida militar una “guerra asimétrica” que ahora busca amigos también en América Latina. En 2006, el presidente del parlamento iraní anunció en Caracas que su país podría ayudar a Venezuela a desarrollar tecnología nuclear. Las guerritas de baja intensidad parecen, pues, cosa del pasado. Esta semana, Israel acusó a Venezuela de convertirse en plataforma militar de Irán. Dani Ayalón, vocero de ese país, declaró que “el alcance del régimen iraní no termina en Oriente Medio. Es global y llega también a Äfrica y América Latina”.
Algo sugiere, pues, que una conflagración con Venezuela podría desbordar el jueguito narcisista de dos presidentes maravillados en la contemplación de su propio ombligo. Sería enfrentamiento de grandes en patio ajeno, con connotaciones de guerra santa. Venezolanos y colombianos, claro, pondríamos los muertos, mientras otros se disputan desde este triste trópico recursos energéticos, materias primas y mercados. ¿Por qué no reclamar el derecho a no jugar de idiotas útiles, y ahorrarnos la carnicería?
por Cristina de la Torre | Nov 3, 2009 | Internacional, Noviembre 2009, Política exterior
Con sigilo, taimadamente, a espaldas del Congreso y de la Corte Constitucional, ha suscrito el Gobierno un tratado que podría convertir el territorio de Colombia en puntal de dominio estratégico de EE UU sobre el continente. Semana revela documento del Departamento de Estado que considera a la base de Palanquero lugar ideal para realizar operaciones de amplio espectro en una región “crítica”, sobre todo, por albergar “gobiernos anti-Estados Unidos”. Léase Venezuela, aliado de Irán, el archienemigo atómico de EE UU. Uribe le asegura a la potencia del Norte una trastienda desde donde pueda librar su guerra contra Alá, si ella estalla.
En medio siglo de acuerdos militares, es la primera vez que el país se ve obligado a permitir el ingreso de aviones de guerra y el uso sin límites pre-establecidos de instalaciones y de la infraestructura de comunicaciones por tropas extranjeras. A título de lucha antidrogas, política que el propio Presidente Obama se apresta a revisar, el tratado le permite a EE UU introducir aquí “observadores aéreos de terceros países”. No andaban descaminados los presidentes de Suramérica cuando en Bariloche pusieron el dedo sobre esta llaga.
Leonino, el tratado concede todas las prerrogativas a la contraparte y a Colombia le reserva la humillante condición de cooperante. Para uniformados y contratistas, será ese gobierno el que determine sus funciones en suelo colombiano. Vienen, pues, fuerzas armadas de camuflado y de civil. Estos contratistas son miembros de compañías militares privadas que en más de un país operan como ejércitos de mercenarios e incurren a veces en asesinato, en tráfico de drogas y de armas. En 2001, la prensa denunció casos de hombres de la Dyncorp, contratada por el Departamento de Estado para operaciones de fumigación en nuestro país, que resultaron involucrados en tráfico de heroína y comercialización de anfetaminas. Hace dos años el sargento Cohen y el contratista Ruiz violaron a una menor en Tolemaida, y nada les pasó. Todos ellos gozan de libertad y buena salud. A todos los cobija inmunidad diplomática. Y todos, parentela comprendida, podrán ingresar a Colombia sin pasaporte y sin visa.
Amplio y ambiguo es el espectro de servicios que estas compañías militares privadas ofrecen en desarrollo del Plan Colombia: ya asesoran a nuestra fuerza pública, ya le brindan seguridad y entrenamiento, ya desempeñan labores de inteligencia para reunir información de interés público que el Estado renuncia a controlar. Colombia destina jugosas partidas para pagar esos servicios. Así cede el monopolio de la fuerza que las democracias entregan al Estado. Lo privatiza. Lo feria entre particulares que incursionan en actividades de responsabilidad militar, para agrietar la línea de mando entre la fuerza pública colombiana y el personal de esas empresas. Según datos del Departamento de Estado que publica la revista Zero del Externado, la Dyncorp realiza operaciones militares y participa en combate. Brindan apoyo militar la Northtrop Grumman Information Technology Internacional, Olgoonik y Chenega Federal System. De asesoría y entrenamiento militar se encargan Lockheed-Martin, Arinc Inc, Mantech, Tate Incorporated y Caci Inc.
Gracias al nuevo tratado y a los contratistas, veremos amplificarse el espíritu militarista y la intervención de un ejército extranjero en nuestra guerra. Entre tanto, el Presidente Uribe perseverará en reverencias y larguezas apenas comparables a las del mandatario que le regaló a Venezuela el petróleo de Los Monjes. O a las de aquel otro que, por darle gusto al imperio, permitió la secesión de Panamá. Tienen ellos alma de colonizados.
