DAS: EL HILO DE LA MADEJA

Cerrar el DAS, como lo propone su director, sería ahogar la investigación de crímenes que conducen a la Casa de Nariño. La contundencia de documentos y testimonios en poder de la Fiscalía sobre tropelías de este organismo en los últimos años, confirma una realidad de espanto: en la guerra política contra magistrados de las altas Cortes, opositores, sindicalistas, periodistas y organismos de derechos humanos, el paramilitarismo actuó como aliado funcional de la cúpula del DAS, no como infiltrado de ocasión. Y todo indica que con conocimiento de Palacio. Ingrediente terrorífico, el gatillo de la mafia disparó la brutalidad del órgano de seguridad del Estado que degeneró en policía política y cometió delitos de lesa humanidad. Hostigamientos, chantajes, tortura sicológica, sabotajes, montajes, autoatentados, uso de explosivos y asesinatos alcanzaron su mayor ferocidad cuando se puso en riesgo el poder absoluto y arbitrario del Gobierno. Se persiguió a magistrados tibios con la reelección de Uribe y a los que llevaban procesos por parapolítica. Mientras el DAS hostilizaba al senador Petro, el Presidente lo señalaba como terrorista vestido de civil. “Mi pecado fue mostrar las vísceras del poder político (asociado) con la fracción más salvaje del narcotráfico, el paramilitarismo”, explicaría el candidato de oposición.

Con el rigor que la distingue, Maria del Rosario Arrázola desenreda en El Espectador  (mayo 2) el hilo grueso de esta madeja siniestra: hoy se sabe que los paramilitares se enlazaron con el órgano de seguridad dirigido por el Presidente, para infiltrar a la Corte Suprema mediante una empresa de seguridad privada llamada Control Total. Su gerente, Juan Felipe Sierra, asiduo de los consejos comunales de Uribe en Antioquia, resultó conectado con la banda de “don Mario”; también lo estuvo Guillermo Valencia Cossio cuando fungía como director de Fiscalías en ese departamento. Seleccionada en 2003 por el Departamento Administrativo de Presidencia para brindar seguridad a jefes desmovilizados de las AUC, Mancuso comprendido, Control Total trabajó también con Victoria Restrepo, funcionaria de Acción Social de la Presidencia. Según Arrázola, en 2005 se supo que Jorge 40 conocía los operativos del DAS y las “listas de personas por asesinar”. El exfuncionario del DAS Rafael García probó que autodefensas de la Costa seguían delinquiendo amparadas por información del DAS y reveló que hubo listas de asesinados que salieron de ese organismo. “El paramilitarismo hizo de las suyas –escribe la investigadora- uniendo sus tentáculos a quienes le dieron el privilegio de escoltar a sus jefes, es decir, a Control Total”. Mancuso acaba de confirmar el montaje de Tasmania que se urdió contra el magistrado de la Suprema, Iván Velásquez, cabeza del proceso contra la parapolítica. Agregó que dos hombres suyos (de Mancuso) habían hecho el puente con el entonces director del DAS, Noguera. Y que Control Total había participado en la infiltración y seguimientos a la Corte Suprema.

Por su parte, El Alemán declara que Narváez, exsubdirector de la entidad y creador del G3, instaba a los paras a exterminar a opositores, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Entre tanto, Uribe los trataba como “traficantes de derechos humanos”. En reciente debate parlamentario, el senador Avellaneda denunció que 124 educadores asesinados en los últimos tres años figuraron en listas negras del DAS. Acaso en un último intento por ocultar la fea verdad, el Presidente presiona el nombramiento del Fiscal de sus afectos y la extradición de otros dos jefes paramilitares que se llevarían el secreto de quiénes eran sus compinches en la cumbre del poder político, empresarial y militar. Con la clausura del DAS sellaría su homenaje críptico a la impunidad.

LA NUEVA IZQUIERDA

Ni comunismo, ni capitalismo salvaje. Cerraron su ciclo las extremas, para dar paso a una nueva izquierda. Sin tropel proletario ni antiimperialismo de campanario ni escaramuzas armadas, esta izquierda se juega en las urnas.

En Colombia, es alternativa a una derecha rabiosa cuya hegemonía expira y evoca tiempos aciagos de la Regeneración y la Violencia. La persecución que se le tendió desde el DAS y desde cuanto micrófono se le ofreció al Presidente para asociarla con el terrorismo, no consiguió liquidarla. José Obdulio tendrá que reconocer que izquierda y derecha sí existen. En el mundo y en Colombia.

En libro que ignora lugares comunes y prejuicios (La nueva izquierda, el poder de la utopía), Bernardo García observa que esta izquierda redefine líneas del Estado de bienestar en el contexto de la globalización y ofrece dos puntales paralelos a la Tercera Vía de Blair y Clinton: China y Brasil. Países en desarrollo restablecen la planeación indicativa aunque, a menudo, su política social burla la distribución de ingresos y se conforma con mitigar el hambre. Tras el desplome aparatoso del modelo soviético en 1989 y del catecismo neoliberal, hoy, esta fuerza se reafirma como búsqueda de nuevos rumbos. Lula consagra la economía mixta, lidera el tránsito hacia un poder multipolar en el mundo y tiende una mano a los marginados con su programa de “Brasil sin hambre”. Pero un principio de equidad y justicia social, ajeno al liberalismo rancio, preside su política social. Lejos anda Lula de creer que la desigualdad es resultado inevitable del mercado, donde unos ganan y otros pierden. Y de los neoliberales, que reducen la justicia social a simple igualdad ante la ley y practican libertad absoluta de mercados. Como se probó, tanta libertad en beneficio de tan pocos trepó la informalidad, el desempleo y la miseria a niveles de escándalo y produjo, entre otros estallidos, el Caracazo. Entonces, para desactivar la bomba, sobrevino el Segundo Consenso de Washington.

Como contemplar criterios de justicia social arriesgaba concesiones en derechos y en distribución del ingreso, el Banco Mundial ideó paliativos, asistencialismo enfocado a los más miserables entre los miserables. Familias en Acción acá y allá. Al fin y al cabo la desigualdad era una fatalidad del destino. Tras décadas de socialdemocracia en Occidente, con elevación espectacular del nivel de vida general sin recurrir a la revolución, se daba marcha atrás a la rueda de la historia. Países como Suecia habían incorporado la política social al crecimiento económico, de modo que salud, educación y servicios públicos eran derechos universales y, a la vez, plataforma del desarrollo. No un negocio. Ni limosna. Así lo entendió Brasil, donde pierden terreno los programas de asistencia social conforme avanza un desarrollo industrial afirmado sobre el mercado interno y el internacional. Lula negocia con multinacionales desde la perspectiva de su plan de desarrollo; no le brinda confianza a cualquier “inversionista”.

En el libro de García, esta problemática es la nuez. Su gran virtud es que no pontifica: discute y abre interrogantes. Acaso no resulten complementarios los modelos de Clinton y Lula, como lo plantea el autor, pues entre ellos media el mismo abismo que separa al asistencialismo, del principio de igualdad. Debate oportuno como el que más, ahora, con el reverdecer del pensamiento libre. Petro aventaja a sus colegas de campaña, pues no discute cómo aliviar la indigencia sino cómo erradicarla. Ni cómo redistribuir el salario por lo bajo sino cómo crear trabajo productivo y bien remunerado. Su norte, justicia social y equidad. Mientras Petro aterriza ideas y programas de izquierda moderna, otros torean en la contraparte su propia radicalidad de conversos.

AQUELARRE EN EL CAPITOLIO

Insaciable. Desvergonzado. En premio a su confabulación con el paramilitarismo, al voluminoso fraude electoral del 14 de marzo, a su carrera de inmoralidades, este Congreso admirable se dispone a reajustarse pensiones por un monto que alcanzará el billón doscientos mil millones cada año. La cifra equivale a una reforma tributaria bien aplicada como terapia de reanimación a toda la red de hospitales públicos, o para pensionar a tres millones de ancianos abandonados al hambre en esta Colombia que es pasión. Con broche de oro cerrará esta legislatura, pues el reajuste será del 25% en las mesadas de los parlamentarios, cuando el del salario mínimo fue 3.6%. Todo, gracias a un proyecto tramitado como inciso menor, subrepticiamente, que beneficia también a 330 congresistas pensionados antes de 1992. Orangután peludo que presidió el aquelarre de un Congreso virtualmente ilegítimo: un tercio de los parlamentarios es camada de naderías, suplentes de bandidos tras las rejas, que ganaron curul con una votación irrisoria o fraudulenta.

Para La Silla Vacía, es doble el efecto de la iniciativa. Primero, beneficiar a barones de antaño es congraciarse con los padrinos políticos de quienes hoy medran en el Capitolio. Segundo, el mismo argumento jurídico que aquellos esgrimen les servirá a los nuevos parlamentarios para reclamar ahora reajuste de pensión, pues este año expira el régimen especial que los cobija. Y el tal régimen, insólito, privilegia con pensión de 18 millones al parlamentario que simplemente asuma como tal, aunque sus servicios a la patria no pasen del acto de posesionarse del cargo o de desempeñarlo unos días. De donde ha resultado el carrusel de las “palomitas”. Consiste en que el congresista elegido se compromete con segundos o terceros de su lista a delegarle ocasionalmente la curul, de modo que ellos puedan derivar también pensión de congresista, así su aporte a pensiones sea minúsculo. Pero, además, el privilegio se eterniza a veces cuando el parlamentario viudo o separado que se ve en las últimas desposa a las volandas a alguna joven parienta o amiga y ésta, viuda acongojada, hereda el beneficio por décadas enteras.

Según práctica extendida en los últimos años, el entonces senador Jorge Visbal presentó el proyecto justo antes de renunciar a su curul, investigado como se vio por parapolítica. Su ponente en la Cámara fue Carlos Arturo Piedrahita, cuyo padrino político y agraciado por la iniciativa es César Pérez. También lo sería José Guerra Tulena, padre de Antonio Guerra, otro de los autores del proyecto. Pero el Cid Campeador de esta epopeya es Aurelio Iragorri, yerno de Guillermo León Valencia, cuyo busto de granito volvió a llenar las páginas sociales de los periódicos cuando lo pusieron a apoyar, alma bendita, a Juan Manuel. Lo secunda el senador de Nariño Henríquez Maya.

Tiembla el Fondo de Pensiones del Congreso pues, inminente como parece la aprobación de la ley, tendría que desembolsar hasta la pega para los 280 congresistas que a la fecha han demandado. El parlamentario Varón Cotrino protagoniza, casi solo, la contraparte de esta avanzada vergonzosa de la angurria. También se mostró en contra el Ministro de Protección Social, acaso para matizar la negativa de su colega del Interior, Valencia Cosio, a combatir el adefesio.  Falta ver si, al amparo de alguna emergencia moral, le niega su sanción el Presidente. O si más bien se allana a la voluntad del Congreso que será fortín de sus andanzas y proyectos a partir del 7 de agosto. Apoyos que Uribe cultivó con esmero, brindando desayunitos en Palacio, y puestos y contratos y gabelas y notarias a granel. Y, claro, asediando a la Corte que juzgaba a los parapolíticos del uribato, y beneficiarios por contera del proyecto de pensiones.

DAS: CONSPIRACION DE ESTADO

Las chuzadas son lo menos. Emulando prácticas de la GESTAPO, el DAS ha ejecutado un plan criminal envolvente contra la Corte Suprema y contra la oposición. Conspiración de Estado lo llamó Jaime Arrubla, Presidente de la Corte, no bien la Fiscalía reveló pruebas –no ya indicios- de un complot activado al parecer con beneplácito de la Casa de Nariño. La celada comprende infiltración en el máximo tribunal de justicia, espionaje, amenazas y chantajes, campañas de descrédito, guerra jurídica, auscultación de patrimonios privados, sabotaje, terrorismo (con explosivos o incendio)… y asesinatos.

Lo que ayer era sospecha hoy es evidencia. Las declaraciones de la cúpula del DAS ante la Fiscalía desnudan el complot de cuerpo entero y comprometen por vez primera a funcionarios del alto Gobierno. Su ex directora confesó que el organismo desarrollaba esas tareas “por requerimiento de la Casa de Nariño”. El ex director de Inteligencia reconoció que dos veces se reunieron sus hombres con otros tantos de Palacio, entre ellos, César Mauricio Velásquez y Bernardo Moreno, quienes alistan maletas para ocupar las embajadas de Italia y España. Fernando Ovalle, entonces directivo del DAS, había declarado que tal información se acopiaba “para asesorar al alto Gobierno”. Otra reunión entre cúpulas hubo con Job, emisario de don Berna en Palacio, para complotar contra la Corte. A ella concurrió Martha Leal, segunda de la Directora del DAS. Según Semana, la detective Nancy Romero confesó que a ella se le había ordenado transcribir un CD con conversaciones privadas entre magistrados, cuyo destino final era el Presidente. Y en el episodio del paramilitar Tasmania, montado para desprestigiar al magistrado Iván Velásquez, estrella del proceso contra la parapolítica, se vieron involucrados el secretario de Presidencia, el hermano y el primo del Primer Mandatario. De donde la Fiscalía concluye que el DAS no actuaba solo: el fiscal delegado ante la Corte expresó que el alto Gobierno recibía esos informes y, además, los “direccionaba”. Ya no es dable, pues, ocultar a los promotores o encubridores de la conspiración, sus responsables políticos.

En epílogo melancólico de su gobierno, el Presidente defiende atropelladamente a sus hombres: pongo las manos en el fuego por ellos, dijo. También las puso larga, apasionadamente, por su primer director del DAS, Jorge Noguera, un “buen muchacho” que resultó sin embargo implicado en tres asesinatos –el del profesor Correa D·Andreis entre ellos-  y acusado de  poner la entidad al servicio del paramilitarismo.

El DAS se convirtió en policía política contra la masonería y el comunismo, como reza el catecismo Astete, y trabajó de la mano con los paras. Se politizó el órgano encargado de la seguridad del Estado y devino en antro del crimen, donde detectives y mafiosos conviven ante la mirada impávida del Gobierno que lo preside. Para muestra un botón del tamaño de una catedral: informa El Espectador (18-4-10) que Rodrigo García, hermano del paramilitar Doble Cero, declaró haber visto a José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, de visita en la finca de Carlos Castaño dos días después del asesinato de Jaime Garzón.

Imposible seguir reduciendo esta cruzada siniestra a “choque de trenes” entre jueces y Gobierno, a riña de niños responsables por igual de sus intemperancias. Vana pretensión que hoy naufraga en una ola de hartazgo con este régimen de corrupción, demagogia, crimen, arbitrariedad y abuso de poder. El destape anuncia un terremoto: aunque Petro o Mockus no alcanzaran la Presidencia, ya media Colombia se muestra dispuesta a cambiar el rumbo. A conquistar lo que en cualquier democracia es pan del diario vivir, no un lujo: erradicar la corrupción y el crimen. Y juzgar a sus responsables.

SALUD: BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Esta semana podría derrumbarse la reforma a la salud que precipitó la caída del referendo; pero volverían a quedar en paños menores  las malformaciones del sistema. De seguro la Corte Constitucional acogerá la ponencia del magistrado Palacio, que recomienda declarar la inexequibilidad de la emergencia social a cuyo amparo se fraguaron los decretos de marras. Contrapunto de la iniciativa de Obama –un hito en la historia de Estados Unidos-, la de Uribe extrema las inequidades más repelentes de la Ley 100 que él mismo prohijara con el doble efecto de restringir aún más el derecho a la salud y favorecer el negocio de las EPS. No se crea, pues, que, caída la reforma, resuelto el problema. La nueva propuesta obró como creciente de un río que se salió de madre, con todas sus secuelas ominosas: cierre de hospitales públicos, precios astronómicos de las drogas, robo de los recursos de la salud y -¡ay!- el carrusel de la muerte para agonizantes peloteados de un hospital a otro hasta fallecer a las puertas de la última institución que les negó socorro.

La Ley 100 convirtió la salud en un negocio privado que disparó el recurso a la tutela de quienes osaron hacerla respetar como servicio público consagrado en la Constitución. En 2008 hubo 142.947 acciones de tutela por ese concepto. Entonces la Corte Constitucional instó al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Quién dijo miedo. La Casa de Nariño puso el grito en el cielo, con acompañamiento del coro de las EPS. Se oyó que los ingresos del sistema no alcanzaban para atender la demanda de servicios y medicamentos, que su colapso financiero era inminente, y se declaró la emergencia social – como si la crisis fuera trauma de última hora. Ministro y Presidente batallaron por “salvar” el sistema de salud reduciendo los servicios a su mínima expresión, y con el fin de mantener la cobertura alcanzada: mares de afiliados al sistema subsidiado, con atención paupérrima, pero tan pródigos en votos como Familias en Acción.

Ni corrupción, ni favoritismo, ni defecto alguno del modelo económico. Dijo el Gobierno que la sola causa de la crisis del sistema de salud era su iliquidez. No es del todo cierto. Fosyga se reputa pobre, pero le cobra al Estado los medicamentos muy por encima de su valor real, o factura más de lo suministrado. Y especula con los fondos. Hacia finales de 2009 había invertido 6.5 billones en títulos valores, 79% de ellos en TES. El facultativo Mauricio Torres señala que los dineros de la salud no se destinan a cubrir las necesidades ciudadanas sino a beneficiar al sector financiero; y le sirven al Gobierno de caja menor para cuadrar el déficit fiscal. Elite entre las cien mayores empresas, y contrario a sus quejas, las EPS no conocerán la quiebra. Su patrimonio saltó de 531 mil millones en 2007 a 578 mil millones un año después.

Si recursos faltan en el sector salud será en virtud de un modelo económico que no crea empleo formal. Y, sin él, no hay quien cotice para seguridad social. Los 8 millones de afiliados al sistema contributivo no pueden responder también por los 29 millones del régimen subsidiado. De otras causas, ni hablar: evasión, malversación de fondos, contratación dolosa, ineficiencia y abusos sin cuento, como el festín de las mafias con los dineros de la salud. Primero indiferente al estropicio, el Presidente se dio luego a defender su solución, esto es, a trasladar las obligaciones de las EPS a los pacientes: que éstos acudan a patrimonio, ahorros, cesantías, pensiones y créditos. Con la reforma o sin ella, urge un cambio de fondo. ¡Venga un candidato que ponga fin a este engendro de la “cohesión social”!

OSCURO VATICANO

“Era el 12 de junio de 1946. En su sede, mayestático, Pío XII tronó: ‘líderes, padre Maciel, tenemos que formar y ganar para Cristo a los líderes de América Latina y del mundo. Deben ser ustedes un ejército en orden de batalla’. Arrodillado a los pies del Papa, el joven sacerdote mexicano asentía con la cabeza sin atreverse a levantar la vista hacia el vicario de Cristo, que parecía hablar en nombre del mismísimo Dios” (Manuel Vidal). Así recibía Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, esta divisa terrible del aristócrata que, honrando una tradición milenaria del papado, convertía la mitra en espada para prevalecer en el terrenísimo orden de la riqueza y la política.

Descendiente de generales cristeros que dieron guerra a la revolución mexicana, Maciel se consagró a la obra encomendada hasta esparcirla por el Orbe entero. Y ya habría subido a los altares, a donde Juan Pablo II quiso encumbrarlo, si no hubiera incurrido en el pecadillo de pederastia y abuso sexual contra decenas de seminaristas y niños que llevan 30 años clamando justicia en vano. Una minucia. Sus propios hijos, Omar y Raúl, hombres ya, sorprendieron el 5 de marzo a la audiencia de CNN cuando denunciaron el abuso de éste su padre impostor que violentó desde niños su sexualidad. Que el Vaticano reconozca los crímenes de los Legionarios, que no los encubra más ni los deje en la impunidad, reclamaron indignados, el rostro de la madre bañado en llanto. Palabras al viento. Más volátiles ahora, cuando el Papa protegerá  a su propio hermano, Georg Ratzinger, sacerdote también, acusado de haber permitido, por años y años, abusos sexuales de sus curas subalternos contra los niños cantores del coro de Ratisbona. Alemania hierve: 350 casos de pederastia en la Iglesia de ese país han aflorado.

Cuando Maciel quedó expósito, Juan Pablo lo defendió: es “un buen guía de la juventud”, declaró; y al escándalo respondió con opípara celebración de los 60 años de sacerdocio del purpurado manito, a sólo una semana de la notificación de sus crímenes. Nada arriesgaba. Secta fundamentalista, en los Legionarios gobernaba el rigor del silencio. Mas aún si lo que peligraba era el imperio de una organización que, al lado del Opus Dei y Comunión y Liberación, llevaba la batuta de la ultraderecha católica. Auténticos ejércitos del Papa, según Wojtyla, destinados a batallar desde las cumbres del poder, su lema es que la evangelización se juega en la política. Muerto Juan XXIII y asesinado su sucesor -que anunciaba depurar de mafiosos y ladrones a la Iglesia-, jesuitas, dominicos y franciscanos fueron confinados a las tinieblas. Golpe mortal al reformismo del Vaticano II y su opción por los pobres. Ni hablar de la Teología de la Liberación. Bocato di Papa anticomunista, pronto cayó en desgracia ella también. Como bajada del cielo le venía a Juan Pablo la artificiosa asimilación del igualitarismo evangélico con el comunismo cerrero que tiranizaba a su Polonia. Gestor entre gestores de la caída del muro de Berlín, sin el entierro de los curas rebeldes Wojtyla no hubiera cantado victoria. Y, cómo no, si contó con los denarios abundantes del Opus Dei y con el tibio manto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nobel eufemismo de la Inquisición que Ratzinger presidía todavía a las puertas de su papado.

A la vista del imperio que se juega, los crímenes de Maciel –botón de muestra de los muchos de su estirpe que anidan en el seno de la Santa Iglesia- le parecerán al Vaticano una nadería. Deslices de un buen muchacho. Cosa de niños. Ratzinger buscará consagrar a san Marcial. Como inminente parece ser la canonización de san Juan Pablo Magno. Sólo falta la prueba (científica?) de la sanación milagrosa que por mano de este Papa se operó en una monja francesa.

SEGURIDAD DE URIBE, UN LEGADO GRIS

Señalar sucesores era cosa apolillada de monarcas absolutos. Cuando no pueden ocupar el trono en carne y hueso, sus herederos de hoy se agazapan tras el ungido elevando a directriz del Estado las que fueron políticas de su gobierno. Buenas, malas o perfectibles, éstas son siempre contingentes, y pueden llegar a traicionar el principio que las inspira. Como la seguridad democrática, que el Presidente Uribe pretende eternizar mediante canje de sus votos contra la rendida lealtad  del agraciado, su “genuina convicción y sincero compromiso” con ella. Pero brindar seguridad a los colombianos es norma constitucional desde cuando esta nación se instituyó en república; no nació en 2002, año que algunos tienen por octavo día de la Creación. Rodrigo Rivera, por ejemplo. Pregonero de la disyuntiva  que se le impuso al país  entre el Bien y el Mal, el candidato en ciernes del PIN  propuso un test para medir el apoyo al Príncipe; del examen resultarían dos campos: el de los elegidos y el de los condenados. El juicio final. Tal fatalidad anula toda posibilidad de discernir luces y sombras en una política de seguridad que acorraló a una guerrilla infame, pero aparejó crímenes y violencia contra la sociedad.

Francisco Leal ofrece un balance ponderado de la seguridad democrática. Se entresaca de allí que, sin estrategia eficaz, su primera etapa afectó la capacidad operativa de las FARC, pero los costos humanos y económicos para las Fuerzas Armadas fueron gigantescos. Se improvisaron vastas redes de informantes que terminaron estigmatizando a la población con sus redadas masivas preñadas de abusos y no pocos crímenes. En una segunda etapa, se perfeccionó el uso de la inteligencia militar; hubo coordinación entre las distintas fuerzas y mejor distribución de los recursos; se trocó el énfasis en bajas enemigas por deserciones y capturas, y despegó el Plan  Consolidación de los territorios recuperados. Si el 4 de febrero de 2008, cuando diez millones de colombianos repudiaron en las calles a las FARC, se hallaba esta guerrilla en retirada, en 2009 ella recuperaba la iniciativa con acciones militares en 200 municipios. Lunar macabro de esta política serían los falsos positivos, aupados por la proclividad de los militares a violar los derechos humanos, la presión del Presidente por resultados y el crecimiento explosivo de un pie de fuerza a marchas forzadas agrandado. Tanto escándalo acaba de rubricarse con la solicitud de la Corte Suprema de investigar al General Montoya por supuestos vínculos con las autodefensas.

La fiebre de oro de los  paramilitares absorbió su proyecto antisubversivo originario. Y se disparó con  la ambición de poder de los gamonales, a cuya iniciativa se sumaron paramilitares y narcotraficantes. Estos terminaron delegando el costo de sus ejércitos en el Estado,  mientras reactivaban la guerra y extendían sus tentáculos desde las regiones hasta el Congreso, con la indulgencia de Palacio. Según Miguel Angel Bastenier, la tal desmovilización consistió apenas en “trasladar su negocio de la media jungla al campo abierto”. Leal cuestiona el acento militar de la política de seguridad democrática. El  responde al criterio de que el conflicto no puede resolverse sino a bala, con olvido de las causas políticas de la violencia: la exclusión social, las desigualdades, el problema de la tierra.

Imposible convertir esta seguridad, política de un gobierno matizada de logros, descalabros y crímenes, en política de Estado. Cosa distinta será evaluarla, depurarla y reestructurarla en función del otro mandato de la Constitución: la paz. Que no implica bajar la guardia, sino empezar por desterrar del lenguaje oficial órdenes como aquella de Coronel, acábelo, tranquilo, y me lo carga a mi cuenta.

¿CESÓ LA HORRIBLE NOCHE?

Respiró media Colombia. Cuando el país se precipitaba hacia la dictadura, sellada con un tercer mandato de Uribe, se interpuso la Corte Constitucional para salvar esta democracia liberal trabajosamente construida  desde 1810. Preñada de vacíos, sí, ella replicó, no obstante, cuandoquiera que la tentación autoritaria asomó su fea cabeza. Mas esta vez podría tratarse de la victoria de una ilusión. Un alto en el proceso arrollador que desde hace tres décadas configura una nueva Colombia, cuyo protagonista  principal es la economía del narcotráfico. Con sus fases de cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas; lavado de activos y  colocación del producido mayor en los paraísos fiscales, este mercado negro permeó todas las venas de la economía nacional,  protagonizó una movilidad social sin precedentes y propuso una forma autoritaria de poder.

El de Uribe es el ciclo más reciente y dramático del nuevo país que en Ralito “refundó” la patria. Concurrieron al pacto los dirigentes de siempre y emisarios de  sectores sociales que habían padecido la humillación de la pobreza y la exclusión, y que ahora pedían pista y poder. Con armas o sin ellas, por los atajos o en sana ley, muchos ricos y pobres en ascenso formaron un contingente sustancial del pueblo cuyos anhelos supo simbolizar Uribe y convertir en savia de su Estado de opinión. Aunque sus medidas económicas ahondaron, implacables, los abismos sociales, Uribe interpretó el ansia general de reducir como fuera a la guerrilla. Y se entregó con rabia a esta misión que midió su temple de líder y lo cubrió de gloria. Pero a un costo elevadísimo. Su política de seguridad cohonestó vilezas que han puesto al Gobierno en la mira de la justicia internacional.

El parmilitarismo puso el grueso de los 150 mil muertos que el conflicto cobró en el último cuarto de siglo. Sobre todo desde cuando las Convivir derivaron en fuerza armada de las mafias, mientras éstas ejecutaban una contrarreforma agraria, a sangre y fuego. Los que no murieron en el despojo de tierras, huyeron como fantasmas a mendigar en las ciudades: hoy suman cinco millones. Ni hablar de los 2.200 falsos positivos del ejército. La estrategia de desmovilización del paramilitarismo no se hubiera truncado a medio camino, de haber desmontado las estructuras militar, política y económica que le valieron a la mafia el poder en las regiones. Y en el Congreso, como bancada uribista por interpuesto político. Ella es mayoría entre los 65 parlamentarios  investigados, a contrapelo de la Casa de Nariño, por nexos con el crimen. El Gobierno se cuidará de llenar sus sillas con la parentela que les sucederá, en retribución por los votos recibidos. Uribe preservará este fortín hasta consumar el proyecto histórico de la nueva Colombia que lo ocupa como su mentor insuperable. También hasta el Ejecutivo brincaron las elites de esta movilidad envolvente, que se sientan a manteles con cierta oligarquía, condescendiente con “la guacherna” cuando de plata se trata, piponcha mientras la pobreza en Sucre es del 70% y consentida del Príncipe que tiene a su país con el más alto desempleo en el continente. Olivos y aceitunos fundidos en uno para lucrarse del Estado y del negocio que pinte, sea santo o non-sancto.

Acaso la envergadura del fenómeno trascienda la circunstancia de una reelección (o de dos), y entonces habrá uribismo para rato. A no ser que más colombianos despierten del letargo para retomar la senda de la democracia que la Constitucional ha señalado. Que, agrietado el mesianismo, renazcan los partidos. Que digan cómo vencer el conflicto y el desempleo y la miseria, y se muestren tan dispuestos como Uribe a desvelarse por lo suyo. Entonces podríamos decir que cesó la horrible noche.

TLC: LA LEY DEL EMBUDO

Andan por aquí, condescendientes, parlamentarios del Viejo Continente en misión de respaldar un TLC de Colombia con la Unión Europea, cuya negociación se cierra esta semana en Bruselas. A la par, el senador norteamericano George Le Mieux pronostica la aprobación del otro con Estados Unidos antes de junio. ¡Antes de junio! El Presidente Uribe coronará de laureles su primer gobierno de ocho años, en la publicitada idea de que tales tratados nos abrirán mercados inmensos; nos colmarán de capitales de inversión; multiplicarán la producción nacional, el empleo y, sobre todo, los impuestos para financiar Familias en Acción, a condición de que sus famélicos beneficiarios voten por los candidatos de Palacio. Como ya se ve. Al calor de esta ilusión, se levanta de su tumba el credo que propició el segundo desastre en un siglo después de la Gran Depresión.

Hay de todo. Desde aquellos que estigmatizan a los críticos de aquel modelo, los tachan de enemigos de la propiedad privada (¿) y los asocian, sibilinamente, con las FARC. Otros, como el analista Mauricio Botero, sostienen que gracias al libre comercio se volvió Estados Unidos una de las economías más exitosas del planeta, y China arrancó de la pobreza a sectores enormes de su población. A renglón seguido, como si China no fuera una dictadura, echa mano del viejo slogan que hermana apertura comercial con libertad política. Una nación, dice, se suicida si cierra sus fronteras con tarifas y otros obstáculos al libre comercio. Para concluir que Colombia ha de perseverar en la apertura y sellar los TLC que negocia, pues ellos benefician al país y, “especialmente, a los más pobres”.

Ha Joon Chan, economista de Cambridge, destapa el doble juego de las potencias que hoy lo son precisamente porque protegieron durante siglos su industria naciente y ahora, equipadas como quedaron para batirse en el ancho mundo, les imponen a los países pobres una apertura comercial que destruye en el huevo su desarrollo. Los condenan a exportar, no ya quina –como en el siglo XIX- sino cocaína y floresitas y bananos, productos de escasísimo valor incorporado, mientras ellos nos llenan de automóviles y computadores, mercancías que en sus países pagan salarios decentes. Y muchos. Ninguna de esas potencias fue librecambista en la etapa de despegue. Antes bien, todas protegieron su industria naciente con aranceles y subsidios a la producción nacional. Inglaterra y Estados Unidos fueron en su hora febriles seguidores del Estado que interviene para proteger la economía propia y promoverla. Sólo después de la Segunda Guerra, una vez que hubieron consolidado su desarrollo, adoptaron el libre comercio. Y no les ha ido mal. Con más veras ahora, cuando fuerzan a los países en desarrollo a abrir sus mercados con tratados asimétricos, maquillados, como la Bubulina, con el afeite escuálido del libre comercio que ellos habían esquivado largamente.

Ya desde 1721 supieron qué hacer. En ejercicio pleno de la revolución liberal, Walpole, Primer Ministro de Inglaterra, cifró el bienestar de su país en la exportación de productos manufacturados y la importación de materias primas extranjeras. Estados Unidos mantuvo durante el siglo XIX y la mitad del XX aranceles que promediaban el 40%. Efecto conspicuo de la divisa del Presidente Grant: “(Así como Inglaterra), en un par de siglos, cuando América haya obtenido todo lo posible de la protección, adoptará el libre comercio”. Pragmatismo que derriba la escalera por donde se ascendió para que otros no puedan subir por ella. Y Uribe ahí: tan despiadado con los más débiles del sistema de salud, como obsequioso con los monos manilargos que vienen a hacernos el favorcito.

CHINA: VIRAJE EN LA CRISIS

Saltamos de contento porque Obama promete un TLC que confía nuestras posibilidades de crecimiento a la exportación de productos primarios, cuando ya China y Brasil marcan para el mundo la pauta contraria: moderar la obsesión exportadora y robustecer, en su lugar, los mercados internos. Como si fuera poco, en evocación vergonzante de la CEPAL, Olivier Blanchard, vocero del Fondo Monetario Internacional, aboga por revisar el modelo exportador y poner  el acento en la demanda interna. Es decir, si la solución a la crisis no puede volcarse por entero sobre las exportaciones porque los países ricos no compran ya el mismo volumen de productos extranjeros, se impondrán la sustitución de importaciones y la promoción del consumo interno. Y Sarkozy, el Reagan de Francia, pide en Davos intervención decidida del Estado como protagonista primero de la economía. El mundo al revés, rumiarán con amargura los pontífices del laissez faire que provocaron una crisis semejante a la de los años 30.

China revisa su tradición de competir en el mercado mundial con salarios de hambre. En sonoro viraje de esa trayectoria, al estímulo fiscal de la producción doméstica le ha sumado aumento de salarios para dar a sus propios consumidores capacidad de compra y volcar sobre ellos la producción nacional. Así, lidera una solución inteligente a la crisis global, conquista la segunda posición entre las economías del Orbe y reorienta su modelo de desarrollo con efectos de largo aliento. Ya nadie duda de que en 20 años China será la primera potencia del mundo.

Mayores ingresos entre empleados y trabajadores han prohijado la irrupción de una clase media solvente y abierta al consumo,  anatema en la China adusta y gris que lo fuera en la infancia de la revolución. El país de Mao fue en 2009 el mayor demandante mundial de automóviles, lavadoras, computadores y hornos microondas. Mientras el Occidente burgués periclitaba en la crisis,  la no menos capitalista economía china crecía al 10%, y su industria, al 19.2%. Obra del mercado interno, no del comercio exterior. Las ventas de bicicletas chinas se redujeron en Estados Unidos a la mitad, mientras se disparaban en su país de origen. Si el negocio no pinta ya redondo, es porque en el “reino de las bicicletas” hoy prevalece la demanda de automóviles. Pero el vuelco apenas comienza. Todavía el ingreso per cápita en la China es la décima parte del norteamericano.

Brasil es otro beneficiario de la crisis mundial. Menos solícita con Estados Unidos, esta “China de Suramérica” convirtió al continente amarillo en su primer socio comercial. También los cariocas elevaron salarios y redujeron el desempleo. Y, por supuesto, tornaron a la economía doméstica, aunque sin abandonar sus exportaciones tradicionales; su recuperación en la crisis coincide con una reanimación del consumo interno.

Ante el mea culpa del FMI, que ahora promueve más el mercado interno que las exportaciones, y más el consumo que el ahorro, Mauricio Cabrera se pregunta qué sentido tienen los TLC que los países desarrollados nos imponen dizque para cifrar nuestro crecimiento en exportaciones hacia ellos. Qué sentido tiene reducir salarios para competir afuera con la miseria de los trabajadores. Otras incógnitas nos asaltan: ¿Por qué añorar un TLC que, tras cederse el control militar del territorio, entrega nuestro mercado interno –sin contraprestación equivalente- a la voracidad de la potencia extranjera, y frustra el desarrollo potencial de nuestra industria? ¿Por qué cerrar los ojos frente a las tendencias que marcan una inflexión de fondo en la economía del mundo? ¿A qué porfiar en anacronismos que dan todas las ventajas al gigante y, a Colombia, la humillante condición de enana?