por Cristina de la Torre | Oct 27, 2009 | Octubre 2009, Salud
Ni se le acusa de bruja, como en la Edad Media, ni se le incinera en una pira. Los modernos Torquemadas prefieren lapidar a la mujer por los atajos y pueden hasta contemplar su muerte invocando la ley divina. Dígalo, si no, Maribel Paniagua, a quien médicos de Medellín le negaron el aborto de un bebé ya desahuciado desde el vientre. En vez de respetar su derecho, le dieron cátedra de religión y la tildaron de asesina. En una estridente cruzada de atavismos contra la ley que autoriza el aborto en tres circunstancias, el Procurador cambia el estandarte de la ley civil que él encarna por el de la espada y la cruz. El pretexto, una disposición de la Corte Constitucional que obliga a instruir en los colegios sobre derechos sexuales y reproductivos, y prohibe el uso colectivo de la objeción de conciencia para boicotear el aborto legal. Jueces, hospitales y entidades de salud tendrán que acatar la ley, con independencia de sus creencias religiosas o morales. Tampoco podrán sujetar los contratos laborales de sus facultativos al compromiso de no practicar abortos.
La reacción no se hizo esperar. Frente a este plan de enseñanza, el Secretario de la Conferencia Episcopal declaró que los educadores católicos no enseñarían “eso”. El Cardenal Rubiano habló de crimen legalizado. El Procurador Ordóñez pedirá nulidad de la sentencia de la Corte. La senadora cristiana Claudia Rodríguez tramita proyectos de ley para volver a penalizar el aborto y para proteger la objeción de conciencia. Y José Galat convoca a un movimiento de resistencia civil para conjurar el “execrable crimen” que atenta contra la ley natural y la voluntad divina.
El Procurador no improvisa. Ha plasmado en su Ideología de Género (Ediciones Doctrina y Ley, 2007) ideas que explican la intrepidez de su verbo y de su acción. Si, en abierta insubordinación contra la norma, estipula en Directiva 030 de este año que el aborto no es un derecho y ordena proteger el derecho a la vida del feto, ya en su libro denunciaba la marcha de una revolución cultural dirigida contra los valores de la familia cristiana. Contra su carácter heterosexual, monogámico e indisoluble, mediante el divorcio, los contraceptivos y el aborto. Inspiración de esta cruzada sería la que él llama ideología de género. Sus primeras manifestaciones se remontarían al proyecto de ley sobre igualdad de géneros, donde homosexualismo, autoerotismo, amor libre, bestialismo, zoofilia, sodomía y necrofilia podrían darse por normales. Esta cruzada, dice, descalifica los roles que la naturaleza dio al hombre y a la mujer: el primero en el trabajo, la otra, en tareas del hogar. También rompe lanzas contra el Plan Nacional de Educación Sexual, que buscaría la muerte del otro, pues promueve el aborto y el placer hedonista. Y contra el diagnóstico del Plan, en virtud del cual la familia patriarcal estaría en crisis, y habrían surgido nuevas formas de pareja y de familia. En suma, la perspectiva de género se propondría “desmaternizar” a la mujer, eliminar la patria potestad y promover el aborto. Disolver la religión, la familia, el sexo, el idioma, la educación, el derecho; la cultura occidental y cristiana, fundada en un orden natural creado por Dios.
Postulados respetables pero ya caducos. Ojalá los Ministros de Educación y Protección Social persistan en su valerosa defensa de la ley por encima de la fe, pues es mucho lo que está en juego. Educación sexual para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, son hoy divisa universal que en Colombia, sin embargo, el integrismo cristiano quiere convertir en anatema. Nostalgias de la Inquisición.
por Cristina de la Torre | Oct 20, 2009 | Modelo Económico en Colombia, Octubre 2009
No es malo el rico por ser rico, ni bueno el pobre por ser pobre. Pero sí es una canallada alimentar con fondos públicos la glotonería insaciable de los unos mientras a los otros se les reservan las migajas. Cosa distinta son los subsidios que incentivan la inversión en proyectos –grandes, menores y cooperativos- inscritos en planes de desarrollo, concertados, pero en cabeza de un Estado que persigue el bien común. Que aplica todos los controles a los beneficiarios y exige resultados en creación de empleo, equidad, crecimiento económico y desarrollo de tecnología.
Anverso del modelo desarrollista que no concibe productividad sino en la gran propiedad y en el lucro individual; contrario a esta vergonzosa orgía de genuflexiones y mercedes concedidas a gentes de pro fue, por ejemplo, el fomento a las exportaciones de los años 60. A este modelo respondió la industrialización que muchos países de América Latina alcanzaron y, ni se diga, los del Sudeste Asiático.
El Estatuto Cambiario de Carlos Lleras se orientaba a corregir el desequilibrio de la balanza comercial fomentando el crecimiento de las exportaciones y diversificándolas. Buscaba reducir el riesgo de depender sólo del café, generar divisas para el desarrollo y ampliar el mercado más allá de las fronteras patrias. Se creó Proexpo. Se favoreció a los exportadores con la elevación de la tasa de cambio, estímulos tributarios y el Plan Vallejo. Éste permitía la importación sin impuestos de aduana de insumos y materias primas para producir bienes exportables. Todo, bajo un régimen estricto de contratos con el Estado que así vigilaba el uso estipulado de los subsidios. No se subsidiaría sino a quienes crearan empleo y generaran tecnologías apropiables. Pero el proceso se ahogó cuando las sirenas de la globalización a la Reagan se le atravesaron al Grupo Andino y no pudo multiplicarse la masa de consumidores para las mercaderías de la región.
Un abismo media entre aquella filosofía y lo que vemos hoy. Ocho billones suman las gabelas y subsidios y regalos e impuestos perdonados en los dos últimos años a un puñado de empresarios selectos de la ciudad y del campo para que no generen un solo empleo ni bajen a Colombia del podio que ocupa como segundo país más desigual del continente después de Haití. Con ese dinero se hubiera podido entregar un salario mínimo durante cuatro meses a cada desempleado y, durante ocho meses, a cada uno del medio millón de jefes de hogar sin trabajo. No se hubiera arrojado esa plata por la alcantarilla pues, como se sabe, el subsidio al desempleo crea demanda, dinamiza el mercado, reactiva la industria y abre plazas de trabajo productivo.
Desafiante y corrompido, a este gobierno le sobra largueza para los poderosos e impudicia para brincarse la ley. El Artículo 355 de la Constitución prohibe dar auxilios o donaciones a particulares, como no se trate de entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para impulsar programas y actividades de interés público. Y siempre guardando el principio de igualdad, agregaría la Corte Constitucional. Letra muerta. ¿Qué criterio de igualdad habrá en la entrega de 3.948 millones a familiares del banquero Sarmiento por AIS, cuando a septiembre el sector financiero había alcanzado utilidades de 5.9 billones? ¿O en la negativa del gobierno a restituirles sus tierras a los tres millones de desplazados? ¿O en birlarle a la universidad pública fondos de supervivencia que representan una mirria en esta mar de privilegios cultivada por funcionarios que se comportan como una verdadera canalla de cuello duro?
por Cristina de la Torre | Oct 13, 2009 | Corrupción, Modelo Político, Narcotráfico, Octubre 2009, Régimen político
Ni manzanas podridas, ni avivatos que abusaron de la “candidez” del ex ministro Arias cuando éste, obedeciendo al jefe, convirtió la política agraria en escándalo perpetuo. Es el modelo: el tránsito hacia un orden enderezado a mantener el dominio de los ricos y sumarles elites emanadas de nuevos sectores sociales que se han impuesto a sangre y fuego. La emergencia de otras clases, que toda democracia saluda, obra en Colombia como mentís de la democracia, pues ellas porfían aquí en prevalecer desde el narcotráfico y el crimen. Viejos y nuevos potentados usufructúan la filosofía de Uribito, para quien favorecer a los ricos es ver por los pobres. Beneficiarios de AIS son la familia del banquero Sarmiento Angulo (recibió 3.948 millones); las familias Lacouture (11.996), Vives (7.068) y Dávila Abondano (2.982); Ismael Pantoja, extraditado por narcotráfico, (700), para abundar en queriduras con narcotraficantes como Macaco y Micky Ramírez que recibieron otra millonada de FINAGRO. La punta del iceberg.
Tras observar con microscopio la penetración de los grupos armados en la vida de 18 municipios, un estudio que dirige Fabio Velásquez introduce enfoques originales sobre la captura del Estado por los violentos y sus alianzas con políticos de la localidad. Sin ánimo de señalar personas, el libro Las otras caras del poder examina los procesos de control del territorio, de la economía, de la política y la población por narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, que parecen anunciar el advenimiento de un nuevo orden en este país. Sus pilares, “un régimen político autoritario, una acumulación de capital a sangre y fuego en nuevas manos y una base social legitimadora, beneficiaria de favores y prebendas”.
Matriz de esta transformación sería el conflicto. No obstante los logros de la seguridad democrática, los violentos siguen vivos, y marchan hacia la acumulación de riqueza en tierras y negocios, en el control de las rentas y megaproyectos de la economía local y regional. Cuando no se alían con guerrillas y mafias, los paramilitares reinan en zonas estratégicas por su potencial minero y agropecuario y meten mano en grandes proyectos agroindustriales, como los de palma africana, tan afectos al gobierno central.
Su meta, instaurar un sistema que envilece la descentralización, compromete la democracia y sacrifica la equidad. A sus logros contribuye la alianza con familias de tradición que, por afinidad, o por oportunismo, o por instinto de conservación –pero siempre con desprecio de la moral y de la ley, diríamos nosotros- deriva en una estructura de poder asentada en cimientos de capacidad económica, seguridad privada, influencia política y reconocimiento social. Con dominio creciente sobre la riqueza y las elecciones, estos grupos armados terminan por controlar el orden público, las disposiciones legales, las políticas del municipio y sus inversiones. Hegemónicos, se legitiman en la tradición más conservadora de nuestro sistema político: en la concentración de la propiedad y del poder, en un rudo catolicismo, en el todo vale, en la predilección por el garrote para aconductar al de a pie y eliminar al adversario. Un ingrediente agregan: la amenaza cotidiana de las armas.
El grosero favoritismo de AIS y otras agencias hacia los opulentos amigos del Poder; la impunidad que cubre la conversión del DAS en policía política penetrada por las mafias, denotan más que corrupción: sugieren que el modelo autoritario y concentrador de las regiones encuentra inspiración y aval en el gobierno central. Y que Álvaro Uribe funge como mentor del nuevo orden.
por Cristina de la Torre | Oct 6, 2009 | Izquierda, Octubre 2009, Personajes
Un doble desafío enfrenta Petro: remontar la indigencia programática de la izquierda y, de pasada, llenar el vacío de propuestas económicas del gobierno. En sintonía con los tiempos y con el país, éste lanza iniciativas de desarrollo que dejan en paños menores a las extremas: revitalizar el Pacto Andino y emprender una reforma agraria que principie por expropiar las 6 millones de hectáreas malhabidas para devolvérselas a los campesinos que deambulan por el campo o se hacinan, desplazados, en las ciudades. Petro libera a la izquierda moderna del purismo de otros que, sin embargo, enmudecen ante la corrupción de la Alcaldía de Bogotá. Sabe, por otra parte, que Uribe carece de programa económico. Su Plan de Desarrollo, el Estado Comunitario, ni es plan ni es de desarrollo. Se limita a repartir el presupuesto cada sábado en obritas y chequecitos que le reportan, sin falta, nuevos votos. Pantalla y campaña electoral permanente. Mas por debajo van los apoyos y subsidios y regalos y canonjías a los viejos y los nuevos ricos. Entre tanto, lo que queda todavía de industria desfallece en la apreciación del peso y en el deterioro de las exportaciones a Venezuela y Ecuador. Y el Presidente, en vez de cojurar esta amenaza que compromete el desarrollo de la región, sueña con su TLC a la Bush y soporta con pasivo alborozo las andanadas de Chávez que aseguran su reelección.
Petro se proyecta hacia el futuro. Apunta a acuerdos entre fuerzas varias capaces de ganar el gobierno y compartir mínimos enderezados a preservar la democracia y garantizar los derechos económicos y sociales de todos. A la concentración centenaria de la tierra, extremada hasta la tragedia por la contrarreforma de las mafias y los mimos del gobierno a los potentados del campo, Petro contrapone una reforma agraria integral que democratice la propiedad de la tierra y garantice la seguridad alimentaria del país. Propone que el Estado compre los latifundios improductivos y expropie los predios habidos ilícitamente, para darles uso intensivo a los 12 millones de hectáreas cultivables que hoy se destinan a ganadería extensiva. El Estado garantizaría la distribución de alimentos comprando parte de las cosechas, construyendo vías para comercializarlas, abasteciendo de alimentos costeables a los barrios populares. Habría banca de fomento para el sector, crédito accesible y protección arancelaria de nuestros productos hasta cuando los países ricos eliminaran los subsidios a sus agricultores.
En política industrial propone Petro desarrollar sectores de punta con abundante inversión e innovación tecnológica, en la perspectiva de un mercado regional ampliado. Insiste en una planeación permanente para revitalizar la industria y devolverle al Estado su función reguladora y su iniciativa como empresario, sin alienar la libertad de empresa.
Si ideas como estas desnudan por contraste la pobreza y el elitismo de los programas del gobierno, no es seguro que la ortodoxia del Polo las acoja. Inútil será buscar unidad monolítica en una opción de izquierda que nació como coalición de fuerzas distintas, no como partido –y menos como cápsula estalinista. Tal vez pueda preservarse la unidad del Polo si se le aplica el criterio que regiría en una convergencia entre partidos: alianza de fuerzas afines pero no idénticas.
Una incógnita enturbia el brillo de este cuadro, y tiene que ver con el alcance de la convergencia que Petro propone. ¿Su voto por el oscuro Procurador Ordóñez obedeció a convicción de principios, o fue un desliz? La respuesta diría si su ruptura con los tradicionalismos (de izquierda y de derecha) pudiera configurar una verdadera petrostroika.
por Cristina de la Torre | Sep 29, 2009 | Modelo Político, Septiembre 2009
Chuza el DAS, chuza la Fiscalía. Chuzan la Policía, la Procuraduría y el CTI. Chuzan los delincuentes. Doce compañías privadas están interceptando a los colombianos, dice el Ministro del Interior. Su denuncia simula severidad para la exportación, pero intenta embolatar el prontuario criminal del DAS en un revoltillo falaz: allí donde todos pecan, nadie se condena. Mas no se mordió el anzuelo. Antes bien, quedó expósita la incuria del gobierno que ha cohonestado tal descomposición; y la impresión de que la privatización de la seguridad –servicio público indelegable- alcanza proporciones insospechadas. Pescando en el mercado libre de un Estado que cede el monopolio de la fuerza, decenas (centenares?) de “Compañías Militares de Seguridad Privada”, extranjeras y nativas, suplantan a la policía en la protección de una ciudadanía avasallada por el robo, el atraco, el asesinato, el secuestro, el atentado terrorista.
Si foráneas, estas compañías obran a sus anchas, pues el brazo de la ley propia no las alcanza. Si locales, la norma es blanda. Muchas de ellas, con equipos de espionaje y armamento sofisticadísimos; integradas por personal de pasado tan enigmático como sus propósitos, terminan tributando a la dinámica de hacer justicia por mano propia. Incurren en asesinatos, desapariciones y amedrentamientos sobre los cuales la prensa abunda. Más aun, cuando operan en la clandestinidad. Otra suerte de delitos cometen sus miembros cuando el gobierno les reconoce inmunidad diplomática, como a los contratistas del Plan Colombia.
Amplia es la gama de servicios que estas empresas prestan. Ofrecen desde cuerpos de mercenarios para librar guerras ajenas, hasta entrenamiento militar y asesoría en seguridad a cualquier ejército del mundo. En Colombia, la Dyncorp, verbigracia, apoya operaciones de seguridad de las Fuerzas Militares. Pero también prestan servicios de seguridad y vigilancia a empresas, edificios residenciales, bancos, cárceles y particulares.
Visto el desbordamiento de estas Compañías, las Naciones Unidas estudian una legislación global que las ponga en cintura y les devuelva a los Estados el monopolio de la fuerza. Entre sus documentos de soporte, adoptaron un dossier que sobre la materia publicó la Revista Zero del Externado. Las profesoras Margarita Marín e Irene Cabrera de esa Universidad rastrean el origen de ésta que la Rand Corporation ofreció como alternativa privada a la función protectora del Estado, en 1972, cuando se elevaba la fiebre neoliberal. La propuesta resultó providencial para enganchar a miles de expertos en lides militares que, terminadas la Guerra Fría y las dictaduras del Cono Sur, habían quedado cesantes. Valioso activo para el mercado que descubría en la inseguridad un negocio.
A los efectivos del Plan Colombia se sumaron aquí miles de desmovilizados de las AUC que terminaron como vigilantes y con carta blanca para labores de inteligencia. El decreto 3222 de 2002 creó las “Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana”, que habían de articularse con la vigilancia y seguridad privada y con la política de seguridad democrática. Asombra su parecido con los comandos de defensa de la revolución en Cuba y en Venezuela: redes de soplones del vecindario, son trasplante del Estado policivo a la sociedad. Al parecer, hacía allá va el nuestro, que privatiza la seguridad por dos caminos: va entregando su función de seguridad a agentes privados de dudosa ortografía; y, cuando la asume, la comparte a veces con particulares de origen ilegal o criminal. Como en el DAS. Estado militarista, pues, que quiere afirmarse sobre una sociedad paramilitarizada.
por Cristina de la Torre | Sep 22, 2009 | Iglesias, Septiembre 2009
“Lapidación mediática contra la mujer”, escribió el profesor Juan Guillermo Londoño, Jefe de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Antioquia, para referirse a la mar de oprobios que la inquisición de Medellín ha lanzado contra una Clínica de la Mujer que la Alcaldía dará al servicio de la ciudad. Doce obispos y un séquito de Torquemadas encabezan la cruzada. Dicen que ésta prepara su clímax en pulpitazo simultáneo de 150 párrocos que sacarán a sus fieles a las calles en manifestación sagrada contra ese “centro abortista” inspirado en sospechosa “ideología de género” que pretende “separar a la mujer de la maternidad”.
Y es que la clínica se propone proteger la salud integral de la mujer, agravada por las variadas formas de violencia que la aplastan. Entre otras, la de negarle el derecho a disponer de su cuerpo, de su vida y de su libertad en aras de un metafísico derecho a la vida del feto. Desenlace fatal de semejante afrenta, miles de colombianas fallecen en la desesperación de abortos practicados a mansalva y sin higiene, como conviene a la clandestinidad y la pobreza. No saben ellas que la ley las ampara, pues el aborto se despenalizó en Colombia a la voz de malformación del feto, embarazo por violación o peligro de muerte para la madre. Mas, si lo saben, pueden dar con un facultativo que se insubordina contra la ley y niega el procedimiento. Si 93% de los delitos sexuales recaen sobre la mujer, se comprenderá por qué el aborto sin seguridad es la segunda causa de muerte entre las colombianas.
Precisamente a esta tragedia respondió aquí la despenalización del aborto. La norma obliga al Estado a “proveer servicios de salud seguros y a definir los estándares de calidad que garanticen el acceso oportuno a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo. (Si las entidades de salud) no ofrecen estos servicios con calidad y oportunidad, serán objeto de sanciones”. Pero la altanería de la jerarquía católica y de sus amanuenses contra el Estado laico restaura un pasado que no muere. Se pasan ellos la ley por la sotana y descorren el velo de su hipocresía. Ahora la “reina del hogar”, eufemismo que en Antioquia coronó a la mujer como sirvienta de su marido y de la prole, queda reconocida como ser inferior y sin derechos, humillado en el sadismo de una sociedad enferma.
El aborto, escribe Londoño, se practica entre ricas y pobres, entre blancas y negras, solteras y casadas. La diferencia radica en las condiciones en que se practica: el rostro de las madres muertas por aborto inseguro “es joven, es pobre, es marginado y lleva las huellas de una violencia de género que las acompaña por generaciones desde su propia concepción y hasta el último de sus días y de ello es cómplice una sociedad indolente e hipócrita como la nuestra”.
La polvareda moralizante que este proyecto ha levantado, asfixia. Y ofende. Porque no sólo conculca derechos adquiridos sino que degrada, aun más, la condición toda de la mujer colombiana. Negarle servicios especializados para atender sus dolencias físicas y morales cuando la sociedad y la cultura se han ensañado en ella, perpetúa una desigualdad que autoriza todos los excesos. Nos parece ver de nuevo, en cada púlpito, las manitas gesticulantes de Monseñor Builes instando, no ya a la guerra contra liberales y masones en tiempos de la violencia, sino contra las mujeres. Un tal “Juan David”, lector de El Colombiano, habrá acatado la orden, pues escribe: “si hoy permitimos que una madre mate a su hijo, debemos (…) plantearnos la idea de matar madres abortistas para que las cosas se equiparen”.
por Cristina de la Torre | Sep 15, 2009 | Internacional, Régimen político, Septiembre 2009, Uribismo
En carta a El Espectador (9-09), don Alberto Ruiz discrepa de columna anterior de la suscrita que señala coincidencias entre los regímenes de Hitler y Älvaro Uribe. “Aunque los regímenes populistas suelen invocar al pueblo –dice- no creo que sea conveniente homogenizar las épocas y los países en función de estas características”. Razón poderosa que previene contra los abusos de la analogía pero que, a la luz del escrito de marras, entraña un malentendido. Precisamente se salvan allí proporciones y modos que impiden fundir a los dos personajes en uno: Hitler sería genio del mal mientras Uribe calificaría apenas como aprendiz de caudillo tropical. Pero ambos se desprenderían de un mismo orden de cosas, pues una matriz común hermana a autocracias que cobijan desde el totalitarismo hasta dictaduras de blanda máscara democrática. Y el núcleo de esta matriz es una paradoja: la soberanía popular –germen de la democracia-, lejos de encarnar la voluntad del pueblo, se trueca a veces en medio al servicio de un tirano.
El nazismo y su parentela explotaron a favor de la arbitrariedad la semilla totalitaria que la democracia incubaba en su seno, si bien las sociedades modernas habían ideado normas capaces de contrarrestar aquella tendencia disolvente. Hitler cooptó a Carl Schmitt, para quien la democracia sería compatible con la dictadura plebiscitaria, con el bolchevismo y el fascismo. Si la democracia era apenas un método para validar la voluntad general mediante la regla de la mayoría, terminaría por servir a cualquier amo: bien podría el mismo pueblo decidir por mayoría la supresión de la democracia. Añadió Schmitt que el pueblo es masa, que ésta sólo adquiere entidad política por adherencia a un líder y confrontación con el enemigo que éste le señale.
Hitler llevó esta teoría hasta sus últimas consecuencias. Transformó en demonio al adversario, y lo extirpó. Negó el pluralismo y la capacidad de la democracia para resolver los conflictos por el camino de las instituciones. Burló la ley y acompasó a las mayorías alrededor de su carisma. A base de violencia y propaganda se erigió en salvador de un pueblo homogenizado en el sentimiento de la derrota tras la Primera Guerra. Bloqueada su capacidad de reacción por el pánico a enemigos creados o magnificados – Los judíos, el liberalismo, el socialismo-, fascinada en la revancha que Hitler le ofrecía, la mayoría hincó la rodilla y no vio el humo de carne humana que expelían los hornos crematorios.
La democracia plebiscitaria ha vuelto, más potenciada ahora por los desarrollos de la radio y la televisión. Y, entre nosotros, también por la impotencia de una sociedad descoyuntada por la ética del sálvese quien pueda, con motosierra o sin ella, sin partidos capaces de emular la voracidad de un hombre y su “partido” que todo lo absorbe y lo domina. A grandes zancadas va desafiando los últimos baluartes de la democracia. La civilidad institucional involuciona aquí hacia la era de los caudillos militares que sólo saben de guerra. De guerra sucia.
El proyecto de raparle a la Corte Suprema la facultad de juzgar a los políticos amigos de los delincuentes que ayudaron a elegir y reelegir a Uribe sólo cabe como tropelía de quien manipula mayorías que ya no ven. No ven los miles de muertos que los aliados del uribato llevan a cuestas. Se quiere doblegar a la justicia y avanzar hacia la protección del crimen. Entre tanto, Uribe dizque señalará a los corruptos frente a las cámaras de TV, en espectáculo de democracia justiciera para deleite de las mayorías. Pero sin los amigos en el banquillo. Y sin jueces.
por Cristina de la Torre | Sep 8, 2009 | Clientelismo, Internacional, Personajes, Régimen político, Septiembre 2009, Uribismo
No faltará a quién le ofenda la comparación. Exagerada le parecerá, arbitraria. Pero, guardadas proporciones, ella alude a fenómenos del mismo orden. En su escalada sibilina hacia la dictadura, Uribe se ampara en la aritmética de una supuesta mayoría. También a Hitler lo llevó al poder un movimiento de masas y en él lo mantuvo 12 años. Muchos matices separan a estos dos hombres, claro: si el alemán fue genio del mal, el nuestro será simple aprendiz de caudillo para república bananera. Y, en punto al pueblo, destaca otra diferencia de bulto. Hitler lo usó para legitimarse, pero lo redimió en la crisis de los 30: le dio empleo y elevó su nivel de vida, aunque nunca ocultó su desprecio por las muchedumbres. Uribe, por su parte, halaga la soberanía popular, los voticos, y los envuelve en miel para feriar, de golpe, 200 años de una democracia en construcción. Pero, no bien apoltronado en la silla presidencial, gobierna para los ricos: desdeña el desempleo, ignora a los desplazados y el hambre de 8 millones de miserables que se preguntan cuándo los incluirá este Salvador en su categoría de patria. Uribe convierte al pueblo en trampolín para adjudicarse la torta entera del poder y no soltarla. También Hitler avasalló a su pueblo, pero no le mintió y en algo retribuyó su lealtad. Aquí y allá, dondequiera que impera un megalómano, el argumento de la mayoría le da a su egocracia cariz de democracia.
Cuando en 1933 Hitler ganó las elecciones, destruyó las instituciones de la democracia liberal. Cerró el Parlamento, maniató a la Justicia, liquidó a la oposición, degradó el voto a puro repentismo plebiscitario y se declaró dictador-salvador de la patria. Montó un Estado policivo cuya consigna fue el asesinato.
Abunda “Mi Lucha”, su autobiografía, en hipérboles que parecerían inspirar cuanto el uribato dice en exaltación del jefe y su Estado de opinión. Veamos. Hitler injuria a los partidos por carecer de “aquella singular y magnética atracción a la cual las muchedumbres responden sólo apremiadas por una fe indiscutible combinada con un fanático brío combativo. (Ellas serán) las murallas vivientes de hombres y mujeres henchidos de amor a la patria y de fanático entusiasmo nacionalista”. El líder es “la suma viviente de todas las almas anónimas que tienden al mismo fin”. Mas éste sólo existe como corolario de una masa homogenizada en un afecto rudimentario y ciego, la adoración del caudillo. Si Hitler afirmaba en la masa su poder, no ocultaba su desprecio hacia ella. Ni inteligencia ni vocación de heroísmo le concedía, condenada como le parecía a obrar siempre por miedo a lo desconocido y a refugiarse en un líder. La autoridad no podía emanar de la mayoría, ni el Estado sucumbir “bajo el peso abrumador del número”.
Acaso a Uribe le parezca menos inelegante presumirse encarnación de la voluntad general, como en su hora el déspota ilustrado creyó encarnar el Estado. Pero hace siglo y medio advirtió Tocqueville sobre el desenlace que registramos hoy: la tiranía de las mayorías deriva en totalitarismo. Por eso las democracias maduras imponen controles y límites lo mismo al gobernante que a los gobernados.
A fuer de caudillo, Uribe va acaparando todo el poder. Así, de golpe, violentando la ética y las leyes, ahora querrá reducir, de golpe, el censo electoral, y alcanzar el umbral que valide su reelección. Despotismo deslustrado el suyo, que una camarilla sin escrúpulos acolita, para configurar un fenómeno inédito en la historia de Colombia: nunca nadie había concentrado tanto poder en su persona. Ni siquiera el dictador Rojas Pinilla.
por Cristina de la Torre | Sep 1, 2009 | Internacional, Personajes, Política exterior, Septiembre 2009
La rivalidad de prima donna que ha enfrentado a Uribe y Chávez empieza a revelar dimensiones insospechadas. Ambos mandatarios se despojan de su hoja de parra para fungir como emisarios latinoamericanos de la nueva guerra fría que, hoy como ayer, enfrenta a las potencias por el dominio de los recursos energéticos del planeta mediante el control militar de posiciones estratégicas, esta vez en Colombia y Venezuela. Uribe le ofrece a EE UU su territorio, desde donde ese país podría “promover movilidad aérea global” y apoyar la proyección estratégica de su ejército sobre el subcontinente. Tras largo silencio y secreto, el Presidente dirigió a parlamentarios un documento según el cual el acuerdo militar se propone perseguir el narcotráfico, el terrorismo y “otras amenazas de carácter transnacional”. Chávez, a su turno, apadrina el renacimiento de la OPEP, al lado de Rusia e Irán, ricos productores de petróleo y de armas nucleares que también quieren mandar. Entre los tres producen la cuarta parte del crudo en el mundo. La OPEP volvió sobre su estrategia de reducir la producción de crudo que en 1974 quintuplicó súbitamente los precios del petróleo, con gravísimo daño para el Primer Mundo.
Supérstite gratuito del gobierno norteamericano, con el convenio de las 7 bases Uribe dirige un torpedo contra el proyecto de unidad de Suramérica, que se le sale de las manos al Tío Sam. Por ver si éste condesciende con su reelección, le “concede” un TLC nefasto para el país y sigue ayudándole en su guerra contra las FARC, les vuelve la espalda a los amigos. Y ofrece mantener a Colombia como patio trasero de la potencia del Norte y teatro de operaciones de una guerra ajena, por fría que ella pueda ser. Con idéntica mansedumbre les ofrece Chávez lo propio a las potencias de Oriente. Entre tanto, irritado en la frivolidad de la cumbre de Bariloche, el Presidente Lula alcanza a menear el motivo que convoca a Unasur: si América Latina dependió siempre de Estados Unidos y Europa, ahora busca su unidad en la independencia frente a potencias extranjeras. En suma, conforme Uribe y Chávez se alinean en la vetusta polaridad de la guerra fría, Lula reivindica el derecho a montarse en otro tren. Líder indiscutible de la región, busca para ella integración económica, defensa propia y autonomía política.
Como EE UU, Rusia busca sus propias bases, y esperaría saltar pronto de maniobras militares en Venezuela a bases de movilidad en ese país. La perspectiva del vecino es aliarse con Rusia, China e Irán, para restablecer el equilibrio militar estratégico que el acuerdo de Uribe con EE UU empeñó. Con la guerra de Iraq en 2003 se despabiló la nueva guerra fría y los precios del crudo se dispararon. Chávez pudo financiar su socialismo que deriva en dictadura y comprar apoyos en el continente. Envalentonada también por la bonanza, Rusia volvió a levantar cabeza, se propuso recuperar el protagonismo perdido dos décadas atrás y respondió al escudo antimisiles que Bush montaba en países de la OTAN reivindicando multipolaridad en el nuevo escenario de poder global.
En tal recomposición de fuerzas afirmadas en la capacidad de control militar sobre los recursos energéticos y biológicos del planeta, Suramérica anda con el corazón dividido. Los gobiernos socialdemócratas reclaman autonomía frente a esta nueva guerra fría. Los más conservadores, Uribe y Chávez, se prestan al juego y compiten por ver quién llega más lejos. De momento, saca ventaja Uribe: ha confinado a su país en la soledad, tragedia cuyo primer acto tuvo lugar en Bariloche.
por Cristina de la Torre | Ago 25, 2009 | Agosto 2009, Internacional
En su galope desbocado por el liderazgo de América Latina, Chávez afina cuerdas vocales para copar la escena en la cumbre de Bariloche. Mientras tanto, media Venezuela protesta en las calles contra la Ley de Educación que aprieta el paso hacia una dictadura en ese país. Esta reforma convierte a la escuela en instrumento monolítico de la revolución bolivariana. Su fundamento, la censura. Así como veta la enseñanza plural, incorpora la aplazada ley de delitos mediáticos y subordina los medios a los objetivos de la nueva educación. Tras diez años a la búsqueda de un socialismo “endógeno, participativo y protagónico”, burlado por la esquiva originalidad, Chávez no puede sino rendirse a la evidencia. Para mandar a sus anchas, basta acudir al recurso que no falla: imponerse a gritos y blandiendo fierros. El reformismo que alentó sus primeros años terminó arrollado por la improvisación, la arbitrariedad, la corrupción y el revanchismo. Autocomplaciente, huérfano de ideas, el coronel supeditó cuanto se había logrado a la obsesión de consagrarse como el héroe del siglo XXI. Y redujo el socialismo a réplica del modelo cubano que había periclitado ya.
No fue poco lo sacrificado. El chavismo debutó con redistribución del ingreso mediante programas de salud y educación gratuitas para los olvidados de siempre. Recuperó para Venezuela el petróleo que la fiebre privatizadora había entregado al capital foráneo. Nacionalizó el sector eléctrico, estratégico, como lo hicieran siempre las democracias de occidente. Intentó una reforma agraria liberal que obligaba a trabajar el latifundio subexplotado y entregaba tierra a los campesinos bajo la figura de propiedad cooperativa. Quién dijo miedo. Aunque el agro en Venezuela representa apenas el 6% del PIB, se alzaron las elites, todas a una en Confecámaras, y dieron golpe de Estado.
De regreso al Palacio de Miraflores, Chávez se emborrachó de poder y de petrodólares. Con la renta del crudo financió “lo social” a manos llenas, aunque los fondos empezaron a desfondarse sobre las arcas de los amigos y a privilegiar a sus prosélitos. A la conquista de la hegemonía del continente, el chorro de oro negro regó también la sedienta economía de Cuba, las de Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Convertida en alcancía del gobierno, PDVSA redujo su producción de 3.150.000 barriles diarios a 2.400.000. Por acuerdo con la OPEP, es cierto. Pero también porque cientos de experimentados profesionales de la empresa fueron reemplazados por activistas del chavismo, que mucho saben de sisa y de votos y de propaganda, pero nada de industria petrolera. Resultado: la firma estatal que es corazón de la economía venezolana, fue todo ineficiencia y corrupción. A tanta incuria se suman la drástica reducción de los precios del crudo y el hecho insólito de que en los tres últimos años, 40% del ingreso petrolero nutriera fondos que Chávez maneja a su arbitrio personal y sin control. La economía se derrumba.
Chávez desperdició una oportunidad dorada: convertir la bonanza en riqueza productiva. Malogró la posibilidad del socialismo en su país. El suyo es un régimen siempre transitorio, dominado por el dogma de un hombre que considera “burgués” propender al equilibrio entre libertad e igualdad, entre liberalismo y socialismo. En su afán por descubrir el agua tibia, olvida que hubo ya socialismo democrático; y, por supuesto, también dictaduras que se impusieron a nombre del socialismo. Cuando América Latina se debate entre democracia redistributiva y dictadura, Chávez se inclina por la dictadura. Dictadura para un socialismo de opereta.
