por Cristina de la Torre | Ago 18, 2009 | Agosto 2009, Régimen político, Uribismo
Alvaro Uribe cosecha los frutos de tres robles que la Constitución del 91 sembró: la descentralización, la democracia “participativa” y la cruzada contra los partidos. Gracias a ellos, podría quedarse en el puesto indefinidamente. Sin salvaguardas que previnieran el abuso de la democracia directa, este mecanismo terminó abriendo la tronera de la opción plebiscitaria que nos acerca, más y más, a la autocracia. Una concepción de soberanía popular como voz del caudillo por cuya garganta habla Dios, terminará por suplantar las más caras conquistas de la democracia moderna. A este fin habrá contribuido la animadversión hacia los partidos que animó el espíritu de aquella Carta. Máxime cuando prevalecía la idea -jamás desvirtuada- de que narcotraficantes y políticos se habían conjurado para asesinar a Galán. Pero sin partidos, se sabe, las sociedades se debilitan y pueden convertirse en pasto de dictadores. Tampoco se previó que la descentralización, librada a su espontáneo movimiento centrífugo, sin lazos que preservaran una mínima unidad orgánica entre el centro y la periferia, abriría el boquete por donde se coló el crimen desde las regiones hasta el Congreso y el Gobierno Nacional.
Uribe quiere quedarse en la Presidencia contra viento y marea. Con la Constitución, sin ella, o contra ella, si fuere necesario. Todavía en el plan A, el de hacer aprobar el referendo en el Congreso, no escatima recursos. Le pone ultimátum a su bancada para que vote la conciliación de textos. O la abruma de ofertas: puestos y contratos en Invías, en Bienestar Familiar, en el Fondo de Regalías, según denuncia Juan Manuel Galán. Cohecho a la vista, que ahora cobijaría a docenas de parlamentarios. Rodrigo Rivera, crítico del primer referendo y de la primera reelección, hoy oficia en el bando del poder, faltaría más. En grosero chantaje a los congresistas de marras, les recuerda su responsabilidad de votar según “la voluntad popular (…). El pueblo –dice-, que quiere ser escuchado, estará atento para premiar o reprochar en las elecciones de 2010 a nuestros representantes en el Legislativo”. Los invita a insubordinarse contra la Corte. Como lo hiciera Sabas Pretelt desde su silla ministerial, con ocasión de la primera reelección de Uribe: depositó la decisión en el “veredicto popular” y no “en una prohibición constitucional”. Ni hablar del argumento que a la sazón esgrimió José Obdulio Gaviria, para quien se trataba de impedir que llegara al poder un “burócrata sin carisma”, o un “líder inferior”. A un fracaso del Plan A, entraría el Plan B. El de la consulta popular convocada, a la Zelaya, por el propio mandatario que aspira a reelección, al tenor del 104 de la Carta. Varios estudiosos ven en esta opción un golpe de Estado amparado por la aritmética de las encuestas.
El manoseo a los partidos o su hostigamiento viene de atrás. Ya desde 2001 se opuso Uribe a la reforma que pretendía fortalecer a los partidos. En lo que coincidía con la vieja cantinela de Alvaro Gómez (¡y de la izquierda!), quien aspiraba a que éstos desaparecieran bajo el peso de su propia atomización personalista. No en vano lleva 7 años gobernando con esa fuerza política. En cambio Galán pensaba que verdadera democracia sólo habría sobre una base de partidos vigorosos. El inmolado reivindicó también la democracia representativa, la división de poderes, el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, la alternación en el poder. Pasos de animal grande se adivinan en Colombia. Para detenerlo, nunca resultó tan revolucionaria la democracia liberal.
por Cristina de la Torre | Ago 11, 2009 | Agosto 2009, Internacional
El acoso a la prensa en Venezuela no viene solo. Lo acompaña un proyecto de ley de educación que precipita a ese país hacia un autoritarismo confesional. No contento con perseguir a la oposición, Chávez insiste ahora en aconductar a la sociedad mediante el control del pensamiento. Tapada, en sesión relámpago de medianoche, una comisión de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto, para alarma de medio país y de la academia en pleno, que lo considera traslapo del modelo cubano, monolítico; un atentado contra la pluralidad de ideas y la libertad de pensamiento. El gobierno busca “adecuar” la educación a su plan socialista, a los valores que lo inspiran, a los requerimientos de la “democracia protagónica”. Nada de malo tendría defender el socialismo (o el liberalismo), a condición de no imponerlo como ideología oficial y única. El rector de la Universidad Central advierte que esa ley servirá para vetar a quien se aparte del ideario del gobierno. Será medio de adoctrinamiento oficial. Tanto más eficaz por el lazo que la une a la censura de prensa que arreció con el cierre de 34 emisoras y el asalto armado de Globovisión por un grupo chavista.
El artículo 49 hermana a la Ley de Educación con la de “delitos mediáticos”: deposita en los medios y en los consejos comunales un rol educativo sobre la ciudadanía, según estrictos parámetros del socialismo bolivariano. Como se sabe, la ley mediática manda a prisión a cualquiera que, en sentir del gobierno, divulgue información atentatoria de la paz social, la salud mental y la seguridad del Estado. Para el editorialista de El País, ésta acerca más a Chávez a la dictadura; “su gobierno –apunta- ha construido (…) un imperio mediático adicto, que a su vez reprime implacablemente la información adversa”. Y Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, cataloga la iniciativa como “el texto legal más salvaje y brutal de la Venezuela contemporánea”, un verdadero “engendro totalitario”.
Mas la cosa no para ahí. A la manera de Castro y de los fascios de Mussolini, ha lanzado Chávez las “escuadras revolucionarias de lectura”. Operativo de comandos que persiguen dizque la democratización del libro para construir una visión ceñida a la ideología en el poder. Su arma de combate, una Biblioteca Popular que alterna textos de Bolívar con discursos de Hugo Rafael. Tras el ridículo, no ya el fantasma sino la rehabilitación de instrumentos que las dictaduras del Cono Sur aplicaron sin temblar. En 1976, el General Videla anunciaba en Argentina reclusión para quien divulgara información que perturbara o desprestigiara al gobierno militar. El director del Instituto Nacional de Cine, capitán Bitlestone, sólo autorizaba las películas que exaltaran la lucha del hombre contra el materialismo y por la religión. Las quemas de libros se sellaban con comunicados rubricados con la esquela “Dios, Patria, Hogar”. El decreto 3155 del 77 prohibió 3 relatos infantiles por tratarse de cuentos de “adoctrinamiento subversivo”.
Como se ve, las tiranías confesionales (y sus imitadores) no distinguen color político; las separan diferencias sólo de grado o de matiz. A la misma constelación de desafueros pertenece el espionaje que el tenebroso DAS le tendió aquí a la profesora Sonia Urrea por recomendar a sus alumnas escritores que no siempre llevan sotana ni charreteras ni rubrican sus textos con los vocablos Dios y Patria. Y el acoso vergonzoso del G3 contra periodistas en el país. Saltan las diferencias, claro. En Venezuela se escala hacia un régimen de fuerza; se agrede de frente, a la Videla. En Colombia, sibilinamente.
por Cristina de la Torre | Ago 4, 2009 | Agosto 2009, Régimen político, Uribismo
Andan todos, a cuál más recursivo, sacándole el jugo a su Estadito de opinión. Césares del trópico, Chávez, Uribe y Correa lo exprimen desde todos los flancos, con ayuda de las encuestas, de los medios y del tesoro público que ellos administran como cosa personal. Ya movilizan al pueblo para montar constituciones que los amarran al poder. Ya amordazan a quienes se extravían del camino que conduce, inexorable, a la aclamación del caudillo. En todo caso, acaban ellos por usar en su favor la esperanza siempre embolatada de las gentes. Y a esto le llaman Estado de opinión. Señuelo de demagogos que deriva en monopolio indefinido del poder.
Uribe anticipa veto a la decisión de un Congreso que negaría su re-reelección e invoca, en su defecto, la voluntad popular. También hace tres años se hizo reelegir abusando del poder, gracias al delito de cohecho y al voto de parlamentarios que quisieron refundar la patria en asocio del paramilitarismo. Hoy chantajea a los amigos que le guardaron fidelidad mientras hubo notarías y embajadas y puestos y contratos. Dizque espera que “las piruetas politiqueras (no) afecten la voluntad popular”. Velada notificación de que hará prevalecer su Estado de opinión sobre el Estado de derecho que consagraba el imperio de la ley –cuya fuente es el Congreso- y la independencia de poderes. As bajo la manga que Uribe lanzó como teoría en su campaña de 2002 y refinó como práctica a lo largo de 7 años. Hoy le sirve para desembozar la disyuntiva suprema de todos los que se atornillaron en el mando azotando las miserias de la “partidocracia”: o Congreso corrompido (¿por quién?), o “voluntad popular”.
También Correa volvió fetiche al pueblo ecuatoriano cuando lo invitó a respaldar una constitución que le daría al Presidente todo el poder, una y otra vez. “¿Se puede esperar algo más democrático?”, inquiría su gobierno; y remataba: “no se trata de disolver ni de pedirle permiso al Congreso sino de acatar la voluntad del pueblo”. A poco, para asegurar mayorías, canceló la licencia a los principales medios de información y anunció la aplicación de esta medida a 229 emisoras de radio y TV. Correa ganó la consulta. La nueva Carta introdujo reformas económicas no más audaces que las de un Carlos Lleras, pero a años luz del conservadurismo económico de Uribe. Y al artífice de esta Carta le entregó un arsenal de poderes comparable al de Hugo Chávez.
De sobra se conocen el rosario de atropellos y el despliegue de exhibicionismo con los que el venezolano se ha afirmado en el puesto. Constitución y Asamblea de bolsillo parecen asegurarle gloria eterna. Así como Correa, Chávez asfixia a la prensa independiente. Se propone encarcelar hasta por cuatro años a quienes divulguen información que pueda atentar contra la estabilidad política y la salud mental o moral pública; y a quienes creen “una matriz de opinión en la sociedad” (¡). Hace un mes amenazó con cerrar 285 emisoras de radio y TV. El 31 de julio clausuró las primeras 34. La SIP habló de “golpe devastador contra lo que queda de democracia en Venezuela”. Uribe se ahorra estas flagrancias, pero ha acusado a periodistas de cohonestar el terrorismo, acaso sin reparar en que donde él pone la injuria otro puede poner la bala.
Así medran estos autócratas en ciernes con delirio de grandeza. Elevan los dolores de sus años mozos a política de Estado y juegan a la guerra, magnificando diferencias de talante. Pero son cuñas del mismo palo que anuncia el regreso al golpismo latinoamericano. No ya militar, sino civil.
por Cristina de la Torre | Jul 28, 2009 | Iglesias, Julio 2009
Unos hablan de viraje. Otros la consideran pieza exquisita del humanismo cristiano. Y, los menos, prosa de realpolitik. En operación que sugiere un imposible metafísico, la encíclica del Papa, Caritas in Veritate, superpone la vieja doctrina social de la Iglesia a normas de moral privada que rigieron en la Edad Media y asfixian a una comunidad católica que se achica sin cesar, pues muchos de sus fieles desertan en busca de mejores aires. La crítica al capitalismo salvaje divulgada como doctrina cuando el mundo se levanta contra los ricos que causaron la crisis, oxigena. Abre horizontes. Promete nuevas conquistas para llenar el hueco de los que se fueron. Efecto político que la Iglesia busca ahora, -por qué no, siendo ella institución mundana-, con el periódico pronunciamiento de Roma en favor de la justicia social. El Papa marcha al compás de los países emergentes que reivindican un poder político supranacional capaz de ordenar los mercados y reformar el sistema financiero internacional, en nombre del bien común y la justicia distributiva.
Lenguaje inesperado, sí, en labios de un pontífice que militó en las Juventudes Hitlerianas y quiere beatificar a Pío XII, es decir, perdonarle al Vaticano cualquier participación en el holocausto judío y, al entonces Cardenal Pacelli, sus veleidades con Hitler y Mussolini. Como se sabe, el prelado de marras fue embajador de Pío XI en Berlín en tiempos de la cruz gamada. Y, como Secretario del Estado Vaticano, suscribió Pacelli con el dictador Dollfuss un concordato entre Austria y la Santa Sede que, emulando al nuestro de la Regeneración, consagraba la educación católica confesional, los efectos civiles del matrimonio católico y la superioridad del derecho canónico sobre el civil en más de un respecto. Dollfuss había entronizado el austrofascismo a partir de hombres que militaban en el partido Socialcristiano y en las guardias patrióticas de filiación mussoliniana. En concentración de miles y miles de católicos, Dollfuss proclamó en 1933 su “Estado corporativo autoritario de inspiración cristiana” y ratificó, en el acto, el concordato con Roma. En 1939 se convertiría Pacelli en Pío XII, gloria alcanzada tras largo peregrinaje tapizado de sacrificio… y de dinero. “Estiércol del demonio” llamaría Giovanni Papini al vil metal que así pervertía los caminos de la santidad.
Ratzinger, teólogo refinadísimo, hila delgado también en política. A despecho del fundamentalismo católico de los EE.UU., el Papa recibe a Obama, después que 200 mil fanáticos descalificaran allá al Presidente “abortista”. Todo comenzó cuando la muy católica Universidad de Notre Dame le concedía al mandatario un doctorado honoris causa en ceremonia de sus graduandos. Una multitud vociferante rodeó el campus para exigir la reversión de un homenaje que la jerarquía consideraba “ultrajante, escandaloso”. Pero el Papa hizo la vista gorda. Y no porque censurara la beligerancia contra el aborto, sino porque la razón práctica privilegiaba a esa hora asuntos de mayor monta. No saludaba él al abortista sino al hombre que derribaba muros en el mundo para devolverle el liderazgo a su país. Y Benedicto, guerrero de mil batallas, se encarama en todo carro de reconquista, en busca de la suya propia.
La doctrina socialcristiana se situó siempre entre las extremas. Aunque se inclina a veces más a la derecha. Wojtyla fustigó al comunismo y beatificó a Escrivá, fundador del Opus Dei y amigo de Francisco Franco. Ratzinger fustiga al capitalismo salvaje y, con ayuda del Opus Dei, beatificará a Pío XII, amigo de Hitler y Mussolini.
por Cristina de la Torre | Jul 21, 2009 | Julio 2009, Régimen político, Uribismo
A su séptimo aniversario de gobierno, el “Estado de opinión” del Presidente Uribe da lecciones a cuanto aprendiz de dictador aparece en la región, llámese Correa o Chávez o Zelaya. So pretexto de representar al pueblo, el novel paradigma invierte el sentido de la democracia. Al amparo de la libertad de pensamiento, las revoluciones liberales habían consagrado la opinión pública como expresión del sentir plural de la sociedad y medio de control sobre el gobernante. Pero ahora, ella funge como instrumento del Príncipe para convertir al pueblo en rebaño, y en “voluntad general”, el personalísimo interés del primero. La propaganda, siempre astuta, no pierde oportunidad para exhibir al caudillo; para presentar como blanco lo que es negro, y negro lo que es blanco; para trivializar lo importante y magnificar lo baladí, para tender velos sobre las “vergüenzas” cuando cae la hoja de parra. Otra condición le presta toda su eficacia al “Estado de opinión”: no se discute. No se discute la voluntad absoluta del caudillo ni la “voluntad” absoluta de la mayoría. Entronque del autoritarismo, que principia por romper dos vértebras de la democracia: la crítica y el debate público sobre las cosas que a todos atañen.
Los últimos acontecimientos dibujan bien el contorno de esta democracia de papel, donde la propaganda lo es todo. Si la orden de captura expedida por un juez del Ecuador contra el ex ministro Santos le sirve a Correa para exacerbar un nacionalismo pródigo en votos, a Uribe le viene de perlas desempolvar un video incautado hace dos meses, que destaparía intimidades ominosas del mandatario vecino con las FARC. Documento providencial para el nuestro, hábil soplador de nubes, cuando su canciller se ve en calzas prietas para explicar un convenio concedido en la sombra que podría comprometer la soberanía del país y autorizaría a una potencia extranjera a desplegar desde nuestro territorio maniobras militares autónomas de alcance continental. Bermúdez le resta trascendencia a esta decisión trascendental. Mas otras declaraciones sugieren implicaciones que desbordan la presentación del convenio como simple prolongación del Plan Colombia. A Uribito se le escapa que este acuerdo “nos va a ayudar a preservar el equilibrio de fuerzas en un vecindario que no es del todo amistoso con los colombianos”. El General ® Velasco argumenta en CMI que las bases obrarán como factor de disuasión para los enemigos de Colombia. Y al Comando Sur de EE.UU. le interesa Palanquero porque desde allá podrá cubrir medio continente con aviones C17. Tamaña audacia, cocinada con sigilo, se ha brincado a la opinión pública, al Congreso, a las Cortes. Cero participación, cero debate. Decisión excluyente y secreta. Pillados sus autores in fraganti, tal vez su impacto no podía amortiguarse sino con una bomba mayor: la imagen de Jojoy, montada o no, revelando que las FARC donaron 100 mil dólares a la campaña de Correa.
Pero éste es apenas el último episodio en siete años de “Estado de opinión”, en cabeza de un mandatario en campaña perpetua por el poder. El penúltimo episodio, la invitación del Presidente a Piedad Córdoba dizque para recibir secuestrados, en el momento mismo en que saldrían a danzar otros 34 Yidis, parlamentarios agraciados con notarías a cambio de su voto por la reelección. Entre humo, pompas de jabón y golpes de opinión, discurre este “Estado de opinión” que entroniza, sin embargo, el delito de opinión. Chávez y Correa cierran cadenas de televisión. Uribe considera traidor a la Patria a quien disiente de su Graciosa Majestad.
por Cristina de la Torre | Jul 7, 2009 | Internacional, Julio 2009
Le madrugaron. Cuando le faltaba la última zancada para quedarse en el cargo, contra la Constitución, contra todos los poderes públicos y la mayoría de hondureños, le echaron mano los militares y lo deportaron. En aquella madrugada del 28 de junio, sorprendido en paños menores, el Presidente Zelaya añoró sus botas y su sombrero alón de fauno latinoamericano. Pero enmudeció. La contundencia del gesto armado malograba su propio golpe civil, edificado paso a paso, sin estridencia de sables, como se estila hoy en el continente. El episodio insinúa un desencuentro de los caminos por donde América Latina rescata su más cara tradición autocrática: por la vía del cuartelazo (así sea benévolo), o bien, a instancias de la democracia plebiscitaria.
Autoelegido el mandatario por la fuerza, o reelegido por abuso de poder y estrangulamiento de la norma para adaptarla a su ambición desmedida, en ambos casos se arriba a la misma paradoja: a fuer de popularidad, se sacrifica la democracia. Aunque no siempre es clara la frontera entre estas dos salidas. Hugo Chávez, campeón del reeleccionismo, se parece cada día más al dictador dominicano Leonidas Trujillo, “El Benefactor”; y, aunque el lustre no le alcanza para emular a Fidel Castro, imita también los aires del dictador cubano.
Con todo, entre el viejo dictador latinoamericano y su aprendiz de hoy existen diferencias de origen, de grado y de tempo. Al golpe de mano tradicional le siguió siempre derogatoria de la Constitución, cierre o defenestración del Congreso y de las Cortes, cesación de partidos y libertades, control de los medios de información para sitiar la opinión libre y buscar aprobación con propaganda sin tregua, asistencialismo, persecución a la oposición, y violencia tasada entre atropello menor y baño de sangre. La nueva modalidad acude a los mismos expedientes pero en grado menor, y no a posteriori sino como antesala del paraíso buscado: la reelección, paso seguro para quedarse en el poder. Afrenta de entrada contra la democracia, pues niega la rotación del poder. El dictador golpea primero y a renglón seguido monta los dispositivos de un régimen de fuerza. El reeleccionista va acondicionando los mismos dispositivos, con nadadito de perro y disimulo, hasta empotrar un gobierno de factura similar.
Zelaya alarga la cadena de vanidades inflamadas que pasan por caudillos, y trafican con la idea de que buscan poder ilimitado y eterno por darle gusto al pueblo. ¡Por demócratas! Como si democracia fuera sólo votos, pueblo encandilado por el Príncipe mediático para que éste pueda decir que el suyo es un gobierno “de opinión”. La democracia contempla también respeto del gobernante a la ley, a los demás poderes públicos, a las libertades, a la oposición.
Por violar la Constitución y por abuso de autoridad sería encarcelado Zelaya. De Alvaro Uribe dijo César Gaviria que “pretende perpetuarse en el poder cometiendo toda clase de acciones arbitrarias en el Congreso Nacional para impulsar un referendo violatorio de la Constitución”. Y el congresista norteamericano Eliot Engel ve en esta tendencia a violentar la Carta para hacerse reelegir “el (verdadero) gorila del que nadie quiere hablar”.
Vamos cosechando los efectos de la democracia directa que la “Tercera Ola Democrática” antepuso a la representación política y a los partidos. Ella degeneró en un populismo plebiscitario que manipula a la masa e invierte el sentido de la realidad. Tal el absurdo que el contragolpe de Honduras creó: la súbita transfiguración de un golpista en ciernes en mártir de la democracia.
por Cristina de la Torre | Jun 30, 2009 | Internacional, Junio 2009
Tras la caída del fundamentalismo de Bush, la democracia liberal se anima a librar nuevas batallas. La última, en Irán, desnuda una teocracia agreste montada sobre la exaltación de la identidad islámica para tiranizar al pueblo. Rabia ciega de una secta que convirtió la religión en el látigo del Poder. Pero millones de iraníes marchan al grito de libertad desafiando a la Policía Moral del gobierno de Ahmadinejad, que ya cobra varias decenas de muertos. El fraude electoral del 12 de junio rompió el dique de un inconformismo que crecía desde cuando la “revolución” islámica de 1979 derrocó al Sha, un mandatario más proclive al Estado laico, moderno, que al gobierno de los sacerdotes. La revolución derivó en involución hacia el despotismo oriental que los hombres de la Ilustración francesa menearon como metáfora vergonzosa del absolutismo de Luis XIV. La brutalidad contra la prensa y la Universidad dice, una vez más, del celo con que defienden el pensamiento único todos los dictadores que en el mundo han sido.
El enfrentamiento político entre esta república islámica, ultrarreaccionaria, y la corriente reformista, liberalizante, entraña el lastre de dos concepciones distintas de identidad nacional. La historia del conflicto se remonta a los años 70, cuando la elevación de los precios del petróleo quintuplicó el producto interno del país y el Sha se lanzó a una modernización desbocada. Pero la inflación devoró esta bonanza y el gobierno perdió toda legitimidad: la tradicional, por su enfrentamiento con el sanedrín chiíta; la nacional y patriótica, por su marcada inclinación hacia occidente. De regreso del exilio, el Ayatola Jomeini capitalizó la insurrección que también nacionalistas y marxistas habían apoyado, persiguió a la izquierda o la eliminó, suprimió las libertades, se ensañó en la mujer y montó un régimen de inspiración divina. Vino, vio y venció. El nacionalismo tornó a su cauce originario, para volverse patrimonio del comunitarismo autoritario que ha gobernado hasta hoy. Su signo, la intolerancia que apadrina una secta enferma de misión sagrada.
Ha recordado Touraine que antirrevoluciones como esta de Irán contra una modernización extranjerizante que amenaza la identidad propia se apertrechan en un Estado absoluto, en una cultura excluyente, hija del encierro comunitario. El movimiento identitario deriva en secta. Sacerdotes y mesías se vuelven cruzados de una comunidad idealizada, intimidada por la pluralidad y la secularización. Destino de todo fundamentalismo, como el nazismo, que invocó a su turno la identidad nacional, la voluntad del pueblo y la raza, pilares de una nueva religión.
Mas no parece que la crisis de Irán traduzca en puridad una lucha entre oriente y occidente. También Europa y Norteamérica padecen las fiebres del Irán. Dígalo, si no, la beligerancia de la ultraderecha gringa, la de Bush, nostálgica de la teocracia que el puritanismo montó en ese país en el siglo XVII y que Obama, protestante-musulmán, debe capotear todos los días. O la versión racista del nuevo nacionalismo que en Italia se resuelve hoy en razias fascistas contra los inmigrantes de color cobrizo. ¿No es éste el mismo odio contra el “otro”, enemigo externo que invade, usurpa y amenaza lo propio? ¿No es el viejo expediente biológico de “superioridad natural” de los viejos amos sobre los colonizados? Pero, proporciones guardadas, occidente exhibe también una tradición democrática que invita a añorar el advenimiento de una primavera en Teherán. Y no como la de Praga, frustrada por el fundamentalismo estalinista.
por Cristina de la Torre | Jun 23, 2009 | Junio 2009, Modelo Económico en Colombia
Difícil imaginar con qué saldrá el Gobierno el 30 de junio cuando deba presentar, por orden de la Corte Constitucional, una política de tierras, tras enterrar la Ley de Víctimas que implicaba restitución de fundos a los desplazados. Puerta de entrada a una reforma que redistribuya la propiedad agraria y trace estrategias de desarrollo para el campo, aquella forma de reparación inauguraría el proceso de cambio indispensable para conjurar la violencia. Que el acaparamiento de la tierra está en el corazón del conflicto es verdad archisabida, pero olímpicamente ignorada por oligarquías que se entregan a la guerra antes que arañar su poder. Cuando el coeficiente de concentración de la tierra pasó en 25 años de 0.70 a 0.85 y seis de cada diez hogares en el campo no alcanzan a alimentar a todos sus miembros, viene a la memoria una tesis de Carlos Lleras que le daría a la política de seguridad genuina dimensión democrática.
Sostenía él que la defensa contra una revolución de base rural no era asunto apenas militar sino que requería mejorar las condiciones de vida de los pobres del campo. Puso el énfasis en la pequeña propiedad agraria, más eficiente que la gran explotación agroindustrial, si de crear empleo y redistribuir el ingreso se trataba. Sobre todo si esta agricultura tradicional recibía apoyo técnico y financiero, y si se organizaba en empresas comunitarias. Pero se le vino encima Nacho Vives. El mundo encima. Por boca del demagogo de marras vociferó el latifundismo de la costa, acendrado, inconmovible, desafiante. Envolvió la contraofensiva de los terratenientes en injurias a la persona del Presidente y a éste debieron frenarlo sus amigos, Octavio Arizmendi y William Jaramillo, cuando se encaminaba al parlamento, en mangas de camisa, apretados los puños y los dientes, a darle al agresor su merecido. La SAC ganó la partida. Triunfó su falacia de que, en vez de desigualdad, lo que había en el campo era inseguridad y falta de incentivos a la inversión privada. Resultado, el Estado sólo compró 8.3% de lo que se propuso. Y en 1974, ya sepultada la reforma en Chicoral, sólo 13 mil familias habían recibido tierra, del medio millón que la pedía a gritos.
Todavía perduran los factores que han hecho del campo una tragedia: desigualdad, ambigüedad en la tenencia de la tierra, sentimiento de injusticia, violencia. Y el narcotráfico pervirtió aún más la situación, con su contrarreforma. Tierras mal repartidas, mal habidas y peor usadas, en ganadería extensiva las mejores. Hoy se cultivan 5 millones de hectáreas de 19 millones aptos para agricultura, mientras los campesinos deambulan por campos y ciudades buscando destino, presa del terror y rumiando su venganza. Guerrilla, paras y narcos son los nuevos protagonistas de la violencia en el campo desde 1990. Agregado fatal a la apertura económica de la década, cuando 800 mil hectáreas salieron de la producción, la quinta parte de la superficie productiva, incapaz de competir con la invasión de productos extranjeros que ingresaron con bajísimo arancel o sin él.
Repartir tierras no lo es todo. Se trata de desarrollar el campo, de modernizarlo, de convertir a los campesinos en empresarios, de vincularlos a los grandes productores mediante modelos de asociación y desarrollo productivo que transformen las desventajas del modelo dual en complementariedad para el largo plazo. Para lograrlo, empero, se necesita voluntad política. Así desaparecería el anacronismo de una guerrilla marxista que pelecha por falta de la reforma agraria que toda América emprendió hace marras.
por Cristina de la Torre | Jun 16, 2009 | Corrupción, Junio 2009, Política económica
Mucho se habla de restituirles sus parcelas a los desplazados. Pero no todos ellos fueron expulsados por el usurpador. Si la mitad huyó de la violencia, la otra mitad huyó del hambre. Es la tendencia histórica de migración campesina, que ha crecido conforme aumenta la población en un país donde el 84% de la tierra terminó acaparado por el 0.4% de la gente. Antes de este gobierno, la tercera parte de los campesinos andaba en la indigencia. Hoy los indigentes del campo llegan al 81%. Restituir será, pues, parte del remedio. La solución de fondo, una reforma agraria que el latifundismo lleva un siglo boicoteando y sepultará para siempre ahora, cuando liba a sus anchas las mieles del poder. Pero sin catastro, sin conocer la propiedad y el uso de la tierra, difícil pensar en reforma agraria. ¿Cómo afectar la tenencia de la tierra y su uso; cómo restituir, redistribuir o titular tierras si no se sabe cuáles son, si producen o no y cuánto; ni se sabe a ciencia cierta quién es su dueño, o si se hizo al fundo mediante papeles falsos, testaferro o por la fuerza?
Falta un inventario del recurso tierra que avalúe a derechas todos los bienes inmuebles y calcule sobre esa base el impuesto predial. Primer paso para inducir una reforma agraria sería elevar el predial de las tierras ociosas y aliviar el de aquellas bien explotadas. Pero el despelote del catastro alarma. La mitad de los predios disfruta de avalúo que se les practicó hace años, en veces hasta 20. Salvo momentos de excepción, la presión terrateniente para esquivar el predial y mantener la conveniente desinformación sobre tierras ha reducido el catastro al ridículo. Siendo de 16 por mil la tasa nominal del predial, éste sólo se liquida al 4 por mil en promedio. El avalúo es liliputiense, y el precio comercial, astronómico. Tantas veces apegada a la tierra como bien que da prestigio aunque no produzca, o como medio para lavar dinero, no comprende nuestra clase dirigente que los planes de desarrollo de los municipios y su financiamiento dependen mayormente del predial. Un buen catastro, señala Ernesto Parra Lleras, primera autoridad en la materia, desincentiva tierras ociosas que no pagan impuestos, pues catastro no hay, esperando que el Estado las compre caras o las valorice con carreteras, trenes y centrales eléctricas.
Con mayor o menor fidelidad según el talante político de los gobiernos, Colombia repite el patrón de presión terrateniente sobre el catastro. Sucedió con la primera ley expedida en 1821, cuando el sabotaje vino de elites agrarias que así perpetuaban el régimen colonial. Sucedió a mediados del siglo XX, cuando las mismas elites se levantaron en guerra contra la reforma agraria de López Pumarejo y el impuesto sobre predios rurales que ya debían responder a la función social de la propiedad. Sucedió en 1973, cuando el mismo estamento “señorial” enterró el segundo intento de reforma agraria y aumento del avalúo catastral, tras 8 años de modernización del catastro. Introdujo en su lugar el impuesto sobre la renta presuntiva (imposible de calcular), malogró el sistema de avalúo de predios rurales pues les perdonó la valorización por desarrollo industrial, turismo y urbanización, y difirió en 5 años el reajuste del avalúo. Sucede desde los años 80, cuando el mismo estamento trabó amistad con narcotraficantes que reclamaban preeminencia a sangre y fuego, y avaló el despojo. La usurpación masiva de tierras es la etapa final de una historia vergonzosa que clamaría al cielo, si no fuera porque el nuevo emblema de la nación reza “Dios, Patria y Motosierra”.
por Cristina de la Torre | Jun 9, 2009 | Corrupción, Junio 2009, Modelo Económico en Colombia
Una cosa es enriquecerse con lotes de engorde, como es tradición en Colombia. Otra, adicional a la primera, acabar de enriquecerse induciendo una valorización astronómica de la tierra desde el poder del Estado. Como es el caso de los hermanos Uribe Moreno, cuyo terreno de Mosquera se valorizó cien veces y su rentabilidad creció diez mil por ciento, gracias a los buenos oficios de miembros del alto gobierno. Ya no basta, pues, especular con el valor de un predio que renta solito, sin tocarlo ni romperlo ni mancharlo, porque habrá a la larga quien pague bien para levantar en él su casa. Ahora se extiende la mano del gobierno amigo que propicia una expansión caótica de Bogotá, para contento de los especuladores.
La ciudad se desparrama a trechos sobre la Sabana. Y la rentabilidad viene por partida doble: primero, con la incorporación de nuevas tierras, aumenta el precio del suelo urbano, en poder de quienes lo monopolizan; segundo, al declarar urbanas o industriales las tierras de vocación agrícola vecinas de la capital, por acto oficial de un alcalde, su valor se trepa al infinito. Más aún, si le atraviesan vía troncal y tren de cercanías. Dice el Secretario de Hacienda de Bogotá que, con el proyecto del tren de cercanías, los precios de la tierra en la Sabana se han multiplicado por diez y florece la especulación. Hacia el Occidente, un predio que costaba 100 millones hoy vale 1.700 millones. Tan jugoso negocio debe pasar por alto el hecho de que este tren costará 750 millones de dólares y servirá a 300 mil pasajeros día, en tanto que las troncales de las dos primeras fases de Transmilenio, construidas por 1.500 millones de dólares, mueven millón y medio de pasajeros al día.
Pero hay otras mejoras del Estado que valorizan esas tierras en forma artificial (y espectacular): las zonas francas, entre cuyos beneficiarios están los hermanos Uribe. Once en 2002, hacia finales de este año serán 73. Tanta fiebre parece obedecer a las gabelas tributarias que el gobierno les concede. Todas. Y a la retribución de favores políticos del Príncipe, como lo han demostrado los senadores Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo.
En contraste violento con este panorama, informa Camacol que en Bogotá dizque no hay suelo urbanizable para vivienda de interés social y que el déficit habitacional asciende a 300 mil unidades. Los menos, construirán en municipios vecinos; los más, engrosarán los ya hacinados barrios de invasión en las laderas de la capital. Es que en Bogotá el 60% del plusvalor real del suelo se concentra en el 15% del área que es propiedad de un puñado de ricos. Esta dinámica de los precios del suelo segrega a las mayorías y les hurta los beneficios de la urbanización.
Aconsejan los expertos frenar el reguero de la ciudad y proyectar su desarrollo hacia arriba, compactándola. Concentrar el crecimiento formando “ciudades dentro de la ciudad”. Un modelo tal, según Rodrigo Manrique, localiza la vivienda cerca de los sitios de trabajo, de los centros educativos y de salud, de las áreas comerciales y lugares de recreación. Agrupa las actividades urbanas a corta distancia. Así “densificado” el espacio, se reducirían la demanda de transporte y sus costos. Más oxígeno y menos ruido, mermarían también el número de visitantes a hospitales y centros de siquiatría.
Bogotá no sale del atraso. Su clase dirigente disfraza ahora el ánimo especulativo del viejo lote de engorde con el ropaje “moderno” de un tren de alta velocidad y con zonas francas más pensadas para capar tributos que para promover exportaciones.
