por Cristina de la Torre | Jun 2, 2009 | Izquierda, Junio 2009, Partidos
No es una tragedia. Ni signo de inmadurez. Antes bien, en la convivencia imposible de socialismo y comunismo, de reforma y revolución, la división del Polo despeja el horizonte de la izquierda. Cancela el esfuerzo inútil de juntar agua y aceite. Y define sin lugar a equívocos las dos opciones que prevalecen hoy allí donde gobierna una izquierda moderna: en España y Chile, en Brasil y el Uruguay. En estos países, la socialdemocracia ha conquistado el poder de consuno con otros demócratas, mientras el estalinismo porfía en su sueño del asalto al poder por una vanguardia de iluminados siempre alerta contra las malas compañías.
En Colombia, el Polo debió sumar a aquella disyuntiva ideológica la de cohonestar o condenar los crímenes de las FARC. El declive inexorable de este partido se precipitó hace un año cuando 8 millones de colombianos se volcaron a las calles en grito unánime contra esa guerrilla y el Polo se hizo el desentendido. Contra el querer originario de sus fundadores, empezaba a prevalecer la ortodoxia en ese partido, y el PC, miembro suyo, se permitía justificar en su programa oficial la lucha armada como forma legítima de hacer política.
Ni qué decir tiene la degradación clientelista de la Alcaldía de Moreno. En menos que canta un gallo, la vieja Anapo del General Rojas, el Moir y el PC hicieron mayoría y comenzaron a ejercer como mayoría monolítica. Lucho y Petro, la minoría azotada. En curiosa aleación de favoritismo a la criolla y concentración del poder según usanza de los partidos comunistas, Bogotá derivó en una colmena burocrática que administra una bolsa de corrupción clientelista, versión tropical de la Nomenklatura. Una tal administración no podía sino castrar todo impulso transformador, todo espíritu de lucha y de innovación. Y un partido que así obraba, sin democracia interna y sin controles, terminaba aplastado por la hegemonía de una camarilla. Nuestro politburó.
Por fuera Lucho, y Petro en disidencia, el Polo deberá precaverse contra la tradición de los aparatos comunistas que, sin émulos, terminaron presa de la corrupción. Como en el caso de Ceausescu en Rumania. O convertidos en dictaduras hereditarias, caso de Corea, donde gobierna el hijo de Kim Il Sung y ahora su hijo se prepara para asumir. Habrá de precaverse también contra el espíritu mesiánico de creerse vocero único de la pobrecía pues el resto, Lucho y Petro comprendidos, el sello del pecado sobre la frente, serían “socialtraidores”. Como lo dijera algún dirigente del Polo.
Si todo no va en función del momento electoral, sumando fuerzas para la coyuntura bajo los apremios del umbral y con olvido de un proyecto perdurable, a Petro y Lucho se les ofrece la ocasión privilegiada de liderar la construcción de un verdadero partido socialdemócrata en Colombia. Más allá de la mecánica electoral, podrían catapultar su acto de rebeldía hacia una opción estratégica que redima a las mayorías y les abra un futuro de paz y dignidad. En igual perspectiva empieza a proyectarse el uribismo. Plinio Mendoza se queja de que el Presidente no hubiera creado un partido que le diera soporte a su política; Uribe sería “un gran líder sin partido”. El mismo Carlos Gaviria, Presidente del Polo, juega a dejar un partido consolidado, que no sea flor de un día, “pero con la gente que sigue convencida de (nuestros) propósitos”. Es decir, con la ortodoxia que lo rodea. Enhorabuena. Fórmese un partido uribista, otro socialdemócrata, y consolídese el viejo mamertismo, bien apertrechado en su Biblia y en su santoral: San Stalin, San Fidel, San Mao.
por Cristina de la Torre | May 26, 2009 | Mayo 2009, Modelo Político
Se equivoca la oposición. Este gobierno no es el enemigo de la Constitución del 91 sino su beneficiario. Al menos por lo que toca a las disposiciones sobre descentralización y democracia directa; y al odio contra los partidos que nutrió el espíritu de la nueva Carta. Sin ellas, no andaría Colombia en este caudillismo que recuerda autoritarismos superados ya en el continente. 1991 desmontó el Frente Nacional, es cierto. Abrió las compuertas de la política; si no, no existirían el Polo ni el Mira ni la representación indígena en el Congreso. Además, la tutela democratizó el servicio de la justicia. Pero la exaltación del municipio como fuente eximia de la democracia y locus de audiencias públicas, por un lado; y mecanismos de democracia “participativa” como el referendo, el plebiscito y la iniciativa legislativa popular, por el otro, se resolvieron, inesperadamente, en populismo. Sobre lo primero se montaron los consejos comunales, remedo de democracia a la cual concurre el pueblo como convidado de piedra; sobre lo segundo, la refrendación del caudillo a perpetuidad. Y en el corazón del modelo, la liquidación de los partidos.
De buena fe, sin duda, pensaron los constituyentes que al cooptar la democracia anglosajona saltaríamos al punto del clientelismo a la ciudadanía posmoderna. Voluntarismo ahistórico que incrusta a la fuerza la realidad en modelos ideales. En Inglaterra y Suiza la democracia directa resultaba de una tradición centenaria de participación mediante sindicatos y partidos y asociaciones de toda laya. Pero aquí, país de montoneras despolitizadas por el Frente Nacional, aquella innovación terminó por minar lo poco que quedaba organizado, atomizó a la sociedad y la redujo a masa amorfa, generoso receptáculo del populismo.
Tras una cruzada envolvente contra la “partidocracia”, al paso de Fujimori, la Constitución precipitó la decadencia de nuestros partidos que se había gestado en su simbiosis bobalicona de 30 años, hasta reducirse a lo que vemos hoy: gavillas que se venden, hambrientas, al mejor postor, si de privilegios se trata. Como se ve a las claras en la bancada del gobierno que, bajo el síndrome de Yidis, sucumbe a las seducciones del Ministro del Interior, a la vista de Colombia entera, para aprobar el referendo que reelegirá al dador de las canonjías.
La desintegración de las colectividades comenzó cuando la Carta del 91 redujo de tal modo los requisitos para formar partidos que afloró una polvareda de microempresas electorales. En 2002 había más partidos que curules en el Senado. Una vez asegurado el poder, se pensó en entregárselo todo a la coalición de gobierno, volviendo a expulsar de la política a las minorías. La fórmula, elevar el umbral. Y mantener la mayoría protegiendo los votos de los parlamentarios subjudice. Sería éste el verdadero atentado contra la Constitución del 91.
En la crisis de los partidos pesó también la descentralización política que destruyó las jerarquías de mando nacional y robusteció a los líderes regionales, sin que mediaran mecanismos nuevos que aseguraran la unidad orgánica de las colectividades. Todo angurria, sin ideas ni control institucional y tentados por el narcotráfico, amplios sectores de los partidos se embarcarían en la parapolítica. Quedan el Polo y el último reducto del partido liberal. ¿Podrán ellos y los independientes proponer alternativas capaces de disputarle al populismo el 67% de colombianos que se dicen sin partido? ¿O creerán, ilusos, que la Carta del 91 es la panacea y que con ella bastaría para acometer semejante empresa?
por Cristina de la Torre | May 19, 2009 | Mayo 2009, Régimen político, Uribismo
La atmósfera espiritual de una época no se refleja en los grandes acontecimientos sino más bien en pequeños episodios, escribe Stefan Zweig en su autobiografía, El Mundo de Ayer. El escritor austriaco reconstruye una escena fugaz de la que fue testigo, momento anodino en apariencia pero que a él se le antojó cargado de significado. Corría la primavera de 1914. En un cine de barrio de Tours charlaba la gente del pueblo, fumaba y reía, auncuando la proyección había comenzado ya con noticias del mundo. Inesperadamente, a la vista del Káiser de Alemania, “los espectadores empezaron a silbar y patear de un modo desaforado (…) La buena gente de Tours se enloqueció por espacio de un minuto. Me sobresalté. Quedé aterrado hasta el fondo del corazón. Porque sentí hasta qué punto debía haber progresado el envenenamiento causado por la propaganda del odio”. A poco, el 29 de junio de ese año, se disparó el proyectil de Sarajevo que desencadenó la Primera Guerra Mundial.
A lo largo de todo un siglo ha logrado cierta propaganda predisponer los ánimos para la guerra y para plegarse a regímenes que, como el fascismo, se empotraron en el control de la masa mediante la fuerza y el uso de técnicas de persuasión inconsciente. Como quien vende un jabón, aquí se vende una fe. Publicistas y propagandistas condicionan los gustos de la gente y sus actitudes políticas. El secreto: simplificar las ideas (hasta la caricatura?); repetirlas hasta el cansancio; asociarlas a imágenes heroicas y motivos que subviertan las pasiones, el anhelo de poder… aunque también el de someterse a la mano férrea de un padre. Padre implacable, como Dios, pero padre, al fin. Y hallar (o inventar) un enemigo tan temible que consiga compactar al pueblo todo en unidad inquebrantable alrededor del caudillo, también uno, insustituible. Encarnación de un pueblo sin fisuras, será él mismo la voz del pueblo, ergo, la voz de Dios. La patria. Quien la amenace merecerá prisión, destierro o muerte.
Hay en Colombia quienes empiezan a coquetearle a un modelo de esa laya, a título de “gobierno de opinión”. No otra cosa sugiere la columna de un asesor presidencial que condensa el ideal de este gobierno en una simplificación grosera, apologética. Pieza rudimentaria de propaganda, menea la guerra como forma excelsa de la política, convoca la unidad del pueblo alrededor de su caudillo sin “división nacional” ni “lucha de clases”, y exhuma todo su odio contra el enemigo malo (en el país de la motosierra). Acaso para evocar las gestas del Cid Campeador, o las de los nobles de la Mesa Redonda, se proclamará primer caballero del Presidente y hasta mariscal de campo en sus batallas.
Cosas le faltan para completar un cuadro que alarma no ya apenas a la oposición liberal y del Polo, sino a contingentes crecientes de los propios amigos del gobierno que ven con horror aproximarse la quiebra de la democracia en este país. Faltaría la inclinación a configurar un Estado policivo con la conversión del DAS en aparato de persecución política; y criminal, con el asesinato sistemático de civiles inocentes; y militarista, con su concepción de seguridad confinada al solo criterio de la guerra; y elitista, por su alianza cerrada con el gran capital. Un Estado que se inmiscuye en la intimidad de la gente para ordenarle con quién irse a la cama y cuándo; para prohibirle fumarse un porro; para burlar la ley que despenaliza el aborto.
Una pregunta salvaría del tremendismo a esta glosa: ¿anda Colombia en el estadio de los pequeños episodios, o ha saltado ya a los acontecimientos de bulto?
por Cristina de la Torre | May 12, 2009 | Corrupción, Mayo 2009, Narcotráfico, Partidos, Personajes
“Reducir la corrupción a sus justas proporciones” fue precepto del Presidente Turbay en ejercicio del cargo. Aquel mal preside hoy el podio de la debacle que agobia al país. En su espectro variopinto, abarca desde el crimen hasta el terreno viscoso del enriquecimiento súbito del que se lucran, con naturalidad escandalosa, los propios hijos del Presidente.
En tiempos de Turbay, el contrabando y las esmeraldas ofrecieron la estructura comercial al mercado negro de las drogas ilícitas y éste terminaría acomodándose en la sociedad y en el poder público. La frase de marras hizo estragos. Por venir de la más excelsa dignidad del Estado, legitimó una ética de gelatina y obró como detonante del sálvese quien pueda y como pueda en un país donde sobrevivir es, para tantos, una proeza. En la informalidad del rebusque prosperó el torcido. Y éste ganó prestigio en clubes y cantinas, como rasgo de inteligencia y osadía.
Además, llevamos dos siglos practicando la política del despojo. O acaparamiento de todos los recursos, puestos, presupuestos y contratos del Estado por los políticos que ganan en las urnas mientras los derrotados languidecen en el asfalto. Privatización del patrimonio público por avanzadas de una fuerza que actúa como ejército de ocupación para hacerse con el botín de guerra. Y sin control: durante el Frente Nacional no hubo quien pusiera el tatequieto a la corrupción, pues oposición no había. Si hoy la hay, el gobierno la persigue desde el DAS, en acción que Caballero Argáez tipifica como terrorismo de Estado. La feria de los vivos, si se considera que en este país el Estado es el primer empleador.
Y el narcotráfico, ¡ay!, agregó el crimen a las formas consagradas de la corrupción (mordida, robo, peculado, abuso de información privilegiada, tráfico de influencias). La Fiscalía formaliza cargos contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera, “un buen muchacho” de la entraña del Presidente, por poner la entidad al servicio de los paras, recibir comisiones por los contratos que les daba y ser coautor de cinco asesinatos.
Marcela Anzola y Francisco Thoumi examinan un fenómeno de bulto que ellos consideran la raíz de nuestros males: el de una ética acomodaticia que confunde el espíritu del empresario con el del negociante. Hacer empresa, dicen, es acometer una acción productiva de largo alcance, que crea riqueza y empleo. El negocio, en cambio, es un acto de oportunidad que se agota en sí mismo y busca el beneficio inmediato de uno solo. En el modelo ideal, el empresario suda la riqueza; el negociante se la topa de golpe. Y se la topa por sagaz o por suertudo o por contar, como los niños Uribe, con todas las palancas del poder. Entonces el negociante corona: lo que hoy vale 300, mañana valdrá 33 mil.
Así amasada la riqueza, a golpes de suerte o de poder, premia a unos y a otros les arrebata el pan. Las “inversiones” del narcotráfico en el campo convirtieron a desclasados en terratenientes y a 4 millones de campesinos en desarraigados sin esperanza. Tampoco se diga que toda empresa, sólo por serlo, busca la función social de la riqueza. Muchas de ellas, amparadas en el mercado libre, o bien, consentidas del Estado, hacen más negocio que patria.
Empresarios de esa laya, negociantes, timadores, burócratas venales y bandidos no lo son todos en Colombia. Pero la riqueza que deriva del privilegio, del timo y la violencia ha malogrado las costumbres y abierto el espíritu al consejo paterno que emula con el de Turbay: “Consiga plata mijito, consígala honradamente; pero si no puede con honra… ¡consiga plata, mijito!”.
por Cristina de la Torre | May 5, 2009 | Iglesias, Mayo 2009
Mientras una campaña por el ateísmo anuncia el retorno al equilibrio tras la exaltación de la religiosidad de la era Bush, en Colombia un olor de santidad penetra todas las entretelas del poder. Y a veces convive, indiferente, con olores non-sanctos. En medio de falsos positivos, persecución a jueces y opositores, corrupción y abuso del poder, el ex ministro Arias, voz de hierro de una política de seguridad que terminó maltrecha, hace bendecir su sede de campaña. Cuenta Semana que el Ministro Carlos Uriel le habría recomendado a una funcionaria exorcizar su casa para conjurar los males que la acechan y que, en opinión de Gallego, serían obra del demonio. El procurador Ordóñez torpedea la despenalización del aborto haciendo prevalecer en el Ministerio Público su convicción religiosa, por encima de la ley: Myriam Hoyos, escritora antiabortista subalterna suya, clausura convenio con una ONG que instruye sobre la aplicación de la nueva ley. Ültimos indicios de que agoniza la episódica existencia de un Estado laico en el país.
El Procurador no anda solo. Si de fobia contra el aborto y la comunidad homosexual se trata, lo acompañan católicos e iglesias cristianas que cobraron ciudadanía en 1991 con la consagración del pluralismo religioso propio del Estado laico, liberal. El Movimiento de Unión Cristiana (MUC) logró imponer el principio de igualdad religiosa, la supresión de 16 artículos del Concordato y la aprobación de la ley 133 de 1994 que garantiza la libertad de cultos.
Pero pluralismo no siempre entraña liberalidad. Abonado el compromiso de algunas iglesias cristianas con los desheredados, en general ellas ostentan una moral sexual y familiar de tiempos idos. Tal atavismo no les impide militar con la Teología de la Prosperidad, que edifica el reino de Dios sobre el dinero y el poder político. Herederas del calvinismo, que fue coartada ideológica del capitalismo y a la vez mentor del Medioevo, estas iglesias han sabido ensamblar la tradición bíblica con el espectáculo mercantilista de su liturgia. Más aún, en su afán de volcar lo sobrenatural en lo terrenal, convirtieron sus iglesias en partidos, para desandar el camino hacia la fusión de religión y política. “Un fiel, un voto”, es la divisa. Muchos defienden en el MUC la idea de que el universalismo del Estado ha de subordinarse a los particularismos religiosos de las iglesias y que las políticas públicas deben traducir su moral religiosa.
Esta corriente considera enemigos de Cristo a quienes aceptan el aborto, el matrimonio gay, los derechos de la mujer. Tanto rigor le faltó, empero, al pastor Enrique Gómez cuando encabezó la lista de Colombia Viva, a cuya cúpula en pleno se le sindicaba de parapolítica. Ni inhibió al cristiano evangélico Edgar Espíndola para reemplazar en su curul al Luis Eduardo Vives, metido en el mismo saco. Mientras andaba su jefe tras las rejas, Espíndola proponía multar severamente el adulterio. Y Víctor Velásquez, senador de Colombia Viva en Unión Cristiana, quería prohibir el uso de prendas “exhibicionistas” a prostitutas y homosexuales. Sintonía con los pobres, sí. Pero también oscurantismo en moral, pragmatismo en el manejo de sus finanzas y laxitud en la práctica política de algunos pastores cristianos.
La consagración del pluralismo religioso, avance trascendental de nuestra democracia, parece insignificante frente a esta dinámica de tantas confesiones que, codo a codo con el catolicismo, mezclan religión y política y, acaso sin calibrar el nuevo protagonismo de las armas, le están abriendo el camino a una teocracia policiva.
por Cristina de la Torre | Abr 28, 2009 | Abril 2009, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción
“Se amarraba al campesino, se le vestía de camuflado y le disparábamos de lejos, porque si era a quemarropa venía la investigación”. Así parecía haber muerto en combate, relata el exparamilitar Pantera en El Espectador (IV, 24). Siendo infante de Marina, terminó cooptado por don Mario y sirviendo a dos señores. De los 30 falsos positivos en que participó, 2 fueron pastores protestantes tras una escaramuza con el ELN en El Carmen . –“Mínimo son guerrilleros y se pusieron de civil- me dijo el teniente Rivera. Hagámosles la vuelta”. Entonces Pantera los mató y luego les vistió el uniforme militar. Cuenta que por instrucciones del General Quiñónez y del Coronel Diazgranados, en compañía de 25 hombres del Batallón de Contraguerrilla 33, y al mando del jefe paramilitar Cadena, participó en la masacre de El Salado en 1999. Y que eran hombres de la Primera Brigada de ese cuerpo quienes confeccionaban las listas de los condenados que Cadena eliminaba después.
Pantera sería apenas un eslabón en la cadena de falsos positivos que, según las autoridades, puede llegar a 2 mil en la última década. Se elevó la semana pasada en Soacha el reclamo de nuevas madres cuyos hijos se sumaban a aquel número macabro. El General Padilla declaró, conmovido, que los falsos positivos eran una “monstruosidad”. Para el senador Juan Manuel Galán, tan abultada cifra prueba que “no estamos hablando de ejecuciones aisladas o manzanas podridas”.
Si el caso de Colombia escandaliza al mundo, es porque ella parece sembrarse en el estadio de la barbarie que otros, olvidadizos, transitaron también. Más de un ejército (inglés, francés, portugués, israelí) acudió a fuerzas irregulares para combatir a la guerrilla. Pero ahora el Tercer Mundo se ha propuesto conciliar seguridad con derechos humanos y construcción de paz. Pasa de la justicia militar a la civil; supedita el poder militar al civil; afina los procesos de selección, formación y control del personal militar, crea mecanismo expeditos para combatir la impunidad.
El Gobierno de Colombia decidió crear una Escuela de Derechos Humanos para sus hombres y situar en cada brigada un inspector de aquellos derechos. Espera promover así el respeto a la vida y combatir la impunidad que se ha generalizado entre uniformados. Mas el estudio formal debe corresponderse con la evaluación de resultados operativos: no pueden ofrecerse recompensas ni incentivos a la vista del primer cadáver sin saber de dónde salió… o callando por saberlo. Un abismo media todavía entre la limpia intención del papel y el margen de independencia de que goza cada comandante en su terreno. Esta circunstancia y una larga tradición de permisividad y laxitud convirtieron a amplios sectores de las Fuerzas Armadas en aliados del crimen, cuando no lo protagonizaron ellos mismos. Insuficientes resultan esas medidas, además, si el Salto Estratégico que el Gobierno anuncia se propone “consolidar” el territorio subordinando toda acción civil del Estado a la arrogante batuta militar.
Mil dificultades ha encontrado el Fiscal Iguarán para investigar a los militares acusados de falsos positivos. Dice que les aplican a sus fiscales “una especie de sicariato moral (para delegitimarlos)”. Buenas intenciones animan, sin duda, al gobierno, pero resultan tímidas. Poco se logra con cursos de derechos humanos, o con intendentes para protegerlos en brigadas a donde las víctimas no arrimarían jamás, si no se enmienda antes el error monumental de premiar con una embajada al presunto responsable de los falsos positivos: el General Montoya.
por Cristina de la Torre | Abr 14, 2009 | Abril 2009, Régimen político, Uribismo
Con los únicos precedentes de jefes nazis, dictadores argentinos de los años 70 y el yugoslavo Milosevic, han condenado a Fujimori por violación de los Derechos Humanos. “Autoría mediata” de asesinato y secuestro es la figura que se le aplica y compromete a quien comete un delito por interpuesta persona. Siendo Presidente, el peruano contrajo responsabilidad política por la masacre de 25 personas a manos del grupo paramilitar Colina; y por el secuestro de otras dos en instalaciones del servicio de inteligencia del ejército, en desarrollo de la guerra sucia que culminó con la derrota de las guerrillas. Luego se le comprobó al ex-mandatario responsabilidad penal en la eliminación de aquellas personas, asesinadas por simple sospecha de asociación con el terrorismo. El rumor creciente –con origen en medios cercanos al gobierno- de que el Presidente Uribe buscaría una segunda reelección para eludir la acción de la justicia internacional, completaría un cuadro de semejanzas con la experiencia de Fujimori que alarma e invita a reflexión.
Con amplio respaldo de opinión, Fujimori venció la inflación y doblegó a la subversión. Pero con ello se sintió autorizado a cerrar el Congreso y las Cortes, y a cambiar la Constitución de modo que él pudiera aspirar a un tercer período. En Colombia, el anhelo de reducir a las FARC rindió a la sociedad a los pies del primer pantalonudo que las desafió de frente. Tres, cuatro golpes bastaron para que éste fungiera como enviado de Dios y, en ataque perpetuo de ira santa, terminara por brincarse las instituciones de la democracia. También Uribe habrá usurpado todos los poderes públicos con el poder abrumador de su persona y se hará reelegir para un tercer período.
Aunque guardando proporciones, la sentencia del juez peruano aviva el clamor que se ha alzado en Colombia para que el gobierno sanee sus propias filas y mande juzgar a criminales mediatos o inmediatos que, al amparo del poder, cargan ya con numerosas víctimas. En Lima comprobó el fiscal que Fujimori había autorizado “violaciones a los derechos humanos como método para combatir a presuntos guerrilleros (…) en muchos casos sólo civiles inocentes”. Que el grupo paramilitar Colina había participado en aquella estrategia clandestina de Fujimori contra la subversión, de cuyas ejecutorias conocía el mandatario desde su creación como escuadrón de aniquilamiento del ejército. Y que al proyecto se había sumado el propio servicio de inteligencia del Estado.
Injusto como sería precipitarse en analogías que sacrifican las singularidades de cada proceso, cabe sorprenderse, sin embargo, con el extraordinario parecido del caso peruano con el reciente perfil de la guerra en Colombia. Aquí el DAS, órgano de inteligencia que depende del Presidente, terminó controlado por las mafias y acondicionado como aparato de persecución política. Sectores considerables de las Fuerzas Armadas se aliaron con paramilitares para producir miles de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales. Pero el gobierno hace muy poco para conjurar el horror. No se defiende la democracia asesinando o haciendo la vista gorda frente a los asesinos; ni violentando a la propia democracia.
Lo mismo que Uribe, Fujimori protagonizó en persona todos los actos de su gobierno. En su lucha sin cuartel contra el terrorismo acudió a todos los medios, legales o ilegales. Si de “autoría mediata” se trata, a Fujimori lo habrían castigado por mucho menos de cuanto le cabría a nuestro gobierno. Si el Presidente Uribe rectificara a tiempo, no tendría necesidad de hacerse reelegir.
por Cristina de la Torre | Abr 7, 2009 | Abril 2009, Iglesias, Modelo Político, Personajes
“Secta diabólica dirigida personalmente por Satanás”, pulpiteaba Monseñor Builes a la masonería. Laureano Gómez denunciaba a la Revolución en Marcha de López Pumarejo como producto de una conspiración internacional “judeo-masónica-comunista”. El Obrero Católico, órgano de la jerarquía católica, vitoreaba en 1939 el triunfo de Franco en España contra aquella supuesta alianza. Y el Opus Dei puso 12 de los 19 ministros en el gabinete del dictador peninsular.
En Colombia, el eje Iglesia-Partido Conservador se batió durante siglo y medio contra el liberalismo y contra su savia ideológica, la masonería. Como lo demuestra el libro de Mario Arango Jaramillo, en la historia del Partido Liberal va entreverado el devenir de la masonería. En la Independencia; en el programa que fundó el liberalismo en 1848; en la Constitución de Rionegro y sus hondas transformaciones sociales; en la República Liberal de los años 30 y su divisa de educación y Estado laicos, reforma agraria y tributaria, Estado social e industrializador. En todos los momentos estelares del liberalismo, fue la masonería el canal por donde se coló la ideología libertaria de la Revolución Francesa. Contra la tiranía y las tinieblas, perseguían los masones el ideal del conocimiento y del pensamiento libre. Su ética gravitaba sobre la rectitud personal que aconseja el vivir del trabajo propio, no mentir, no robar, no matar.
Cuadro idílico, a medias alcanzado por el liberalismo, cuando éste supo batallar por la libertad, la solidaridad, el cambio y el progreso. No por el partido que vemos hoy, pálida migaja deformada por un Frente Nacional que volvió politiquería la política, por el capitalismo manchesteriano y por el narcotráfico que se manduqueó a la mitad de sus dirigentes. Ni siquiera tembló al cederle al conservatismo la mitad del poder en el pacto de Sitges, siendo éste minoría. Triunfo histórico de los azules, que culminaría hoy en la resurrección de la Regeneración. El “liberal” que nos gobierna bajo la égida del Opus Dei y del más rancio conservadurismo, imita al populista Berlusconi, vergüenza de la masonería que elevó la mafia a categoría de sistema social. Al liberalismo tampoco le importó el negro lunar que la logia masónica P2 dibujó con su participación en la muerte (asesinato?) de Juan Pablo I y en los negocios sucios del banco Vaticano.
Con todo, muy significativo que la masonería del continente se reuniera la semana pasada en Bogotá, trono de una derecha agresiva que parece conducir al país por el desfiladero del autoritarismo. Tal amenaza les devuelve toda su vigencia histórica a los principios democráticos y libertarios con que la masonería supo nutrir al liberalismo. Tan abrumadora esta tendencia a la arbitrariedad y al abuso de poder, que la Ilustración vuelve a fungir como paso trascendental en la restauración de la democracia y en la conquista de la paz.
Monseñor Rubén Salazar, esclarecido jerarca de la Iglesia, rescata valores antiguos pero siempre revolucionarios: la reconciliación evangélica como divisa de paz; y el respeto a la Constitución como principio de democracia. Otros, como el ex ministro Arias, piensan que el ser joven les confiere automáticamente credenciales de renovadores. Nadie tan hecho para repetir, el puño en alto, las homilías de Monseñor Builes contra los “deportes femeninos con vestidos vergonzantes en obedecimiento a los planes masónicos”. Mientras tanto, genuinos liberales, dentro y fuera de la Iglesia y del gobierno, empiezan a cerrar filas contra la tiranía de rosario y bayoneta que se avecina.
por Cristina de la Torre | Mar 31, 2009 | Corrupción, Internacional, Marzo 2009, Narcotráfico
El contraste es brutal. Estados Unidos le da a México trato de interlocutor y, a Colombia, de lacayo. Y no es que los manitos sean potencia y nosotros una mirria. Es que México se hace respetar. Hilary Clinton, Secretaria de Estado norteamericana, sorprende al mundo al reconocer corresponsabilidad de su país en el narcotráfico de origen mexicano. A la par, el embajador de E.U. en Colombia, William Brownfield, haciéndose eco de pronunciamiento oficial de su gobierno contra nuestra Corte Suprema de Justicia, se permite cuestionarla por rendir concepto adverso a la extradición de dos colombianos.
Clinton atribuyó la responsabilidad de E.U. en el tráfico de estupefacientes desde México a la demanda “insaciable” de narcóticos en el mercado norteamericano y al activo suministro de armas por sus naturales a los carteles de la droga al sur del río Grande. A tono con el propio Presidente Obama, deploró la política antidrogas aplicada hasta ahora, pues ésta “no funciona”. Si alarmada porque la violencia de las mafias se cuela en tierra propia, la declaración de Clinton responde también a la tenacidad del Presidente Calderón, quien le exigió a E.U. asumir su parte en la lucha antidrogas. El mandatario declaró que “ellos ponen los compradores y las armas. Nosotros, las drogas y los muertos”; y denunció “la corrupción (tolerada) de autoridades americanas”, otro factor que explica la expansión del negocio en ese país.
No bien se supo de tan extraordinario viraje frente a México, nos enteramos en Colombia de la arrogante incursión del embajador Brownfield. Y, para ahondar la humillación, Ministro del Interior y Canciller se reúnen con él para explicarle (!) los argumentos de la Corte contra la extradición de “Gafas” y “César”, carceleros de tres norteamericanos secuestrados por las FARC. La disculpa personal que ofreció el embajador no borraba la nota diplomática de su gobierno.
Pero mientras el gobierno de Colombia se postra de hinojos, la Corte Suprema salva el honor. Se niega a reunirse con el funcionario extranjero. Y ratifica su posición, comprometiendo, de paso, al Ejecutivo, en un “manual” de extradición que mantiene esta política pero asegura la independencia de la Corte en la materia: ella no cambiará el principio de negar extradiciones cuando el secuestro tenga lugar en nuestro territorio; ni cuando el sindicado haya sido juzgado por un mismo delito en el país.
Que México exija compromiso de E.U. en la lucha antidrogas, no significa que quiera plegarse a estrategias como la del Plan Colombia. Plan que, lejos de erradicar el narcotráfico, lo expandió al calor de una guerra impuesta. Ni acabó con la guerrilla. Muchos temen allá que, a título de lucha antidrogas, incursionen los gringos en su política doméstica. Saben que las ayudas condicionadas refuerzan la dependencia, hieren el decoro, vulneran la soberanía de los Estados y, en casos como el del Plan Colombia, terminan por autorizar el militarismo y por generalizar la violencia.
A México no le cuesta defender su dignidad. El revolcón que Clinton deja entrever en su política antidrogas para ese país deriva también de un celo nacionalista que no es patriotismo de campanario sino sentido del honor. Y aquí es la Corte la que saca la cara por Colombia, a pesar del asedio sin pausa al que el Gobierno la ha sometido. A propósito de extradición y lucha antidrogas, se desnuda el talante de los gobiernos. A México, la usurpación de medio territorio por E.U le inoculó dignidad. A Colombia, el robo de Panamá le transmitió la genuflexión como principio.
por Cristina de la Torre | Mar 24, 2009 | Marzo 2009, Modelo Político, Partidos, Personajes
Lucho Garzón, candidato de izquierda, se declara de “extremo centro”. Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la refundación del uribismo, anuncia que buscará “elementos de centro izquierda”. Gustavo Petro, el más arrojado adversario de la ultraderecha, justifica su apoyo a un procurador idem en virtud de su alianza con Alvaro Gómez –conspicuo promotor de la Violencia-, en la constituyente de 1991. Cuánta paradoja, cuánta confusión.
Como en el populismo, en el saco del centro todos caben. Los más disímiles ingredientes se mezclan en un caldo de sabor indefinible donde termina por prevalecer el más astuto y poderoso. En equívoco alarde de liberalidad, izquierdas y derechas engavetan sus ideas para plegarse a la insulsa medianía. Cierran el abanico de opciones, y desaparecen. Las diferencias entre partidos, savia de la política, termina sacrificada a un consenso que homogeniza, paraliza y abona el terreno del caudillismo. Manes del pragmatismo que a menudo acompaña el espíritu de alianzas abortadas por los imperativos del instante. Más descaminados todavía quienes niegan las alianzas, fetichizan sus decálogos y, asustados ante los desafíos de la política moderna, se vuelven ellos mismos dogma, intransigencia, pequeñez. Entre el pragmatismo sin principios y el purismo, mucho enseñan las convergencias de largo aliento que abundan hoy en el mundo. Si liberales y socialistas se asocian en pos de equidad y democracia, no se dejan mimetizar en una fuerza asexuada que suprime las identidades políticas.
Ni caen en la ingenuidad de casarse con las fuerzas más oscuras de la historia patria. La alianza que Petro reivindica con el alvarismo (de Gómez), más que incidental, parece postura de principio. Su repulsa al “fascismo a la colombiana” que siguió al asesinato de Gaitán, no le impide añorar el trabajo a dos manos del M-19 y el dirigente conservador al cocinar la Constitución del 91. Petro atribuye la captura del Estado por las mafias a un “error” histórico del M-19. Este habría roto un pacto con Gómez enderezado a derrotar “el régimen”, suma de clientelismo y crimen que el líder conservador atribuía en exclusiva al liberalismo. Dizque abandonó a Gómez y se fue con López Michelsen. Al fin se logró desmontar el acuerdo habido entre la izquierda y el hijo de Laureano. Pacto que Antonio Navarro llamó “eje contra el clientelismo”. En la práctica, éste conducía a declarar la Constituyente como poder de facto, de duración indefinida. De no cuajar la fórmula, tan socorrida de las dictaduras, los constituyentes (cuya mayoría hacían el alvarismo y el M-19), quedarían habilitados para lanzarse a nuevas elecciones de Congreso. A instancias del pacto con López, se duele Petro, habría naufragado la nueva constitución, pues no se logró “una verdadera revocatoria de la clase política tradicional”. ¡Como si los conservadores no pertenecieran a ella!
Convergencia de extremos, acaso propiciada por una concepción del “centro” que convierte la política en río revuelto donde pescan con ventaja los más vivos. Ni chicha ni limonada. Aquelarre del inmediatismo electoral sin perspectiva para buscar, con quienes se compartan valores principales, objetivos precisos que beneficien a toda la sociedad. Sin sacrificar la personalidad política de los socios. El Polo y la izquierda liberal bien pudieran intentar una alianza de amplio vuelo. Empezando por tomar nota de la última encuesta: según Datexco, la intención de voto por Uribe en una segunda reelección, bajó de 56.8% en febrero a 35.2% en marzo.
