por Cristina de la Torre | Abr 26, 2022 | Justicia restaurativa, ELN, Gustavo Petro, AUC, JEP, Paramilitarismo, Izquierda, Corrupción, Abril 2022
No terminaba Petro de ofrecer en bandeja el monumental disparate de congraciarse con maleantes cuando conspicuos adelantados de la derecha tronaron en la hipocresía que los distingue. Más de uno incurso en prácticas y relaciones peligrosas, subjudice alguno, vociferaron y se rasgaron las vestiduras para condenar la iniciativa de perdón social del dirigente de izquierda; nombre con el que éste designaba la propuesta de amnistía general lanzada por Uribe un año atrás. Expresidentes, fiscal, candidato de la derecha y dignatarios de su campaña explotaron exultantes el golpe de opinión de la trampa que le habían tendido a Petro, mediante documento apócrifo que circulaba en La Picota. Y el de la inveterada compulsión del candidato a lanzar globos al aire.
Celada y autocelada. Si hubo complot a dos manos por la derecha armada y la desarmada, quedaba asimismo en entredicho la consistencia ética y política de Petro. No sólo arriesgaba él su victoria electoral sino que podía afectar la primera opción de poder a la mano de la izquierda democrática en 200 años. Envanecido, ciego, responde Petro a los arrebatos de su natural narcisista, que encarna a veces en el lenguaje corporal de muelle abandono y desprecio por la audiencia.
Para Federico Gutiérrez, supuesto oficiante de pactos con la Oficina de Envigado y prosélito de este Gobierno –el más corrupto que se recuerde–, la oferta de Petro es un “descalabro moral”, y lo insta a renunciar. Ante los medios niega aquel legado vergonzoso, edulcora el abrazo de la política tradicional que es eje de su campaña, donde medran corruptos y violentos. Medra Luis Alfredo Ramos, a quien la Corte Suprema acaba de ratificar condena por asociación delictiva con paramilitares. Luis Felipe Henao, su jefe de debate, señala que Petro se propone “ser benevolente y financiador de terroristas de la primera línea, aliado político de extraditables y copartidario de estructuras delictivas como el ELN”. Ni una prueba. Pero posa en fotografías con el Ñeñe Hernández, paramilitar señalado de aportar a la campaña presidencial de Iván Duque.
Se opone el fiscal Barbosa a la propuesta de perdón social por inconstitucional, dice, y porque rompe la separación de poderes. Reivindica su lucha contra la corrupción, dizque pilar de la Fiscalía, en lo cual habría ésta logrado “grandes resultados”. Él, que metió la Fiscalía en el bolsillo del presidente, mientras ésta escamoteaba toda responsabilidad de Abudinen en el robo de $70.000 millones al Mintic y pedía precluir la investigación contra el expresidente Uribe por manipulación de testigos en delitos penales, pese a la montaña de pruebas en contra.
Álvaro Uribe presentó el año pasado propuesta preliminar de amnistía general: procesados y condenados podrían aspirar a cargos públicos o de elección popular. Buscaba, según el exfiscal Montealegre, proteger a sus colaboradores y a parapolíticos. Para De la Calle y Jaramillo, la propuesta afectaría a las víctimas y a los uniformados que comparecen ante la JEP. Ya en 2007 había concedido Uribe jugosos beneficios a miles de miembros de las AUC involucrados en narcotráfico que se hicieron pasar por autodefensas. Su proyecto otorgaba estatus político a paramilitares, declarándolos sediciosos. Pero sediciosos son armados que se alzan contra el Estado, no paramilitares que lo defienden o reciben su apoyo. Y en este sentido se pronunció la Corte.
Este perdón social, esta amnistía evocan el pacto de silencio que eximió a las elites de responsabilidad en la Violencia. Y se brincan la Comisión de la Verdad y la JEP, instituciones que cumplen ya la función de justicia restaurativa. Aquellas propuestas de reconciliación sólo serían viables si existiera antes sanción social, pero aquí reina la condescendencia con la corrupción. Basta de globos de humo, basta de hipocresía irredenta.
por Cristina de la Torre | Abr 19, 2022 | Reforma Rural, Restitución de Tierras, Líderes Sociales, Acuerdos de paz, Abril 2022
Perdida su hoja de parra en la ONU, quedó expuesta la doble moral del Presidente: no podrá ya –como lo ha hecho en estos 4 años– presentarse ante el mundo como la paloma de la paz mientras permite en Colombia incursiones homicidas de chulos y halcones y águilas de todos los colores. Sorprendido en flagrancia por omisión de la verdad completa, o por deformarla, cuestionó el Consejo de Seguridad de ese organismo su informe sobre la paz en este país: avances enanos, inacción o retroceso en sustitución de cultivos, reforma rural y restitución de tierras. Trueque de una política de Estado acordada para conjurar una guerra de 60 años y los lastres que la causaron por un modesto proyecto de Gobierno que, además, obstruyó la médula del Acuerdo. “Usted no habla del Acuerdo de Paz, habla de paz con legalidad. (Pero) este programa no fue el acordado por el Consejo de Seguridad (…) Su Gobierno ha socavado el proceso de paz y destruye lo que el pueblo colombiano ha forjado con mucho esfuerzo”, le espetó el delegado de Rusia. Y los demás objetaron su inoperancia contra el exterminio gota a gota de reinsertados y líderes sociales. Pidieron investigación judicial de los hechos, así como las Oficinas de Derechos Humanos y de Verificación de la ONU en Colombia.
Entonces Duque tendió cortina de propaganda, a tono del momento, para ocultar crímenes horrendos disparados en su Administración (853 líderes comunitarios y 241 reinsertados asesinados, medio millón de desplazados, cosecha de una política de guerra adobada en alianzas de altos mandos militares con paramilitares). “No pretendan –dijo– quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme darle mensajes de paz al mundo”. Misil que a la luz de su cuestionado informe se transformó en parodia, en bumerán: tampoco al delegado colombiano le asistiría autoridad moral para vetar a otros.
Menos aún en su propia patria cuando arrogante, irresponsable, en forma inconsulta, amaga ruptura de relaciones con Rusia y toma partido por la potencia que, de desplazarse esa guerra a América, pondría a Colombia como cabeza de playa en su potencial conflicto con Rusia; y ésta actuaría, a su vez, por interpuesta Venezuela. Otra guerra de imperios en patio ajeno, con la testa humillada de los vasallos de turno: Duque y Maduro.
Guerra de imperios, sí, como las recientes de Estados Unidos (amo dilecto de Duque) y Rusia en Iraq y Siria, que arrojaron decenas de miles de civiles muertos. Revela Le Monde Diplomatique que los bombardeos sin tregua de las potencias en acción contra el Estado islámico y el yijadismo produjeron en dos años efectos devastadores: entre 20.000 y 55.000 civiles sirios e iraquíes perdieron la vida. La ONG Airwars y Amnistía Internacional estiman entre 19.000 y 29.000 el número de víctimas de misiles norteamericanos. En la batalla de Mosul, la mayor carnicería después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y las fuerzas iraquíes habrían causado al menos 9.000 muertos. Los agresores sólo reconocieron 326. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos le adjudicó a Rusia 20.825 víctimas mortales. Su Gobierno no reconoció una sola.
En su capacidad de destrucción material y en sus enormes cotas de víctimas anónimas, las guerras de Iraq, Siria y Ucrania se parecen. Pero ninguna de ellas registra la crueldad de 6.402 falsos positivos, ahora elevados a 6.413 con los 11 del Putumayo. Claro, en todas partes se cuecen habas. El problema es negar las propias y, encima, por deseo de figuración aun a costa de vidas humanas, por inadvertencia o por desesperación, querer dar el salto a ligas mayores. Entre la parodia y la guerra, entre el ridículo y el desastre se cuece la tragicomedia. Su protagonista, algún tiranuelo en ascenso a gran déspota.
por Cristina de la Torre | Abr 12, 2022 | ELN, Clan del Golfo, Francia Márquez, Gustavo Petro, Abril 2022
La mano peluda parece estar de fiesta. Abundante, su cosecha de muertos y de obituarios prematuros, sólo en las dos últimas semanas. Se agolpan los hechos para sellar con su impronta sombría el epílogo de un orden reaccionario adicto a la violencia. Veamos.
El presidente del Senado declara que el ELN apoya a Francia Márquez, candidata de oposición a la vicepresidencia; sindicación que ya a otros candidatos les costara la vida. Como quien aparta de un pastorejo la caspita posada en su solapa, le pone lápida a la mujer luminosa que, salida de la entraña del pueblo, sería segunda del jefe de Estado. “Yo no tengo prontuario criminal, responde ella. Lo que (a él) le incomoda es que una mujer que podría ser la que tenga en su casa como empleada doméstica vaya a ser su vicepresidenta”. Cuarta incursión contra Francia, después de tres amenazas de muerte en un mes.
Un hombre ataviado con camiseta de Federico Gutiérrez invita a defender por las armas a Cali ante cualquier resultado de la elección presidencial; comparte tarima y mesa que preside el acto de campaña. “Ya son armas en pie”, exclama al micrófono el seguidor del candidato, para defender instalaciones del acueducto, dice, de la brigada, de la base aérea, todos los puntos estratégicos de la ciudad. Su discurso evoca el apoyo paramilitar a la Policía en días del paro, que costó decenas de muertos. Plan de rebelión civil armada, acota Cecilia Orozco. Pero a Gutiérrez, al presidente, a los ministros del Interior y de Defensa les resbala, como resbalan canicas los niños que juegan con soldaditos de plomo.
Advierte la Dijín que un grupo criminal amenaza a la fiscal Angélica Maldonado, en traslado relámpago al Putumayo al parecer por adelantar imputación de cargos contra figuras del alto mundo de los negocios. El Clan del Golfo niega la amenaza pues, se dice, ésta no podría venir sino de quien la hostiliza. Monsalve rechaza el esquema de seguridad que la Fiscalía le ofrece, dice preferir su independencia judicial. Gustavo Gómez, director de Caracol Radio, recuerda que el caso se ve doblemente empañado por tráfico de influencias de un exfiscal general y un rector de universidad, partícipes del aquelarre del poder tradicional, inmoral y ventajoso. Ante las amenazas contra la fiscal, exclama: “¡que ni se atrevan!” Ensañada contra personeros del pueblo y de la justicia, la campaña se completa contra la libertad de prensa: a la galardonada Cecilia Orozco, orgullo del periodismo independiente, la persigue por cuatro kilómetros un carro fúnebre que, según el conductor, iba por un fallecido. ¡Tamaño símbolo rodante de la muerte!
Todo indica que el Ejército masacra a once campesinos en el Putumayo; presidente, ministro y generales presentan el hecho como acción legítima en enfrentamiento armado con una disidencia de las Farc; pero a la fecha, no logran desvirtuar la riada de testimonios en contrario: denuncia generalizada de que se disparó contra una comunidad inerme, que once personas murieron, entre ellas un gobernador indígena, el presidente de la Acción Comunal y su esposa y un menor de 16 años; que fueron rematados con tiros de gracia y manipularon cadáveres para hacerles empuñar fusiles. Sería otro falso positivo, tras los 6.402 ya documentados.
Aquella adicción a la violencia apunta de preferencia a quienes representan valores medulares de la democracia: el poder popular, la majestad de la justicia, la comunidad, la libertad de prensa que, oh ironía, también Gustavo Petro ha desafiado. Y parece solazarse en el perseguir, en el amenazar, en la indiferencia frente al matar sin dolor, en la loca ilusión de ver convertido al adversario en “un buen muerto”. ¿No es hora de rescatar el debate político del agravio y de la sangre?
por Cristina de la Torre | Abr 5, 2022 | Impuesto progresivo, Estado Social, Capitalismo Social, Reforma tributaria, Abril 2022
Mientras la derecha en pleno se abraza a Federico Gutiérrez para prolongar –impúdica– las desgracias de este Gobierno y su partido, las fuerzas alternativas ofrecen ya programas para el cambio que urge. Su punto nodal, una reforma tributaria cifrada en el impuesto progresivo, ariete del Estado social que a lo largo del pasado siglo aseguró en el Occidente desarrollado salud, educación, pensión, renta básica y subsidio al desempleo para todos. Una tributación que aprieta más a quienes más tienen porque ataca la extrema concentración del ingreso y la riqueza, en función del bienestar general. Pero en este país el bienestar no es bien público, es particular y de pocos.
Como si no bastara para demostrarlo con el estallido social que desnudó el hambre de 21 millones de colombianos y la indigencia de otros 8 mientras una cofradía de prestantes agalludos acapara los recursos del Estado, o se los roba, la elección del 13 de marzo confirmó la revelación: Colombia no es ya la misma. Petro lo sabe e interpreta el inconformismo general, proponiendo reformas de fondo que ataquen las intolerables carencias de los más, y lanzar el país del capitalismo salvaje al capitalismo social.
En un sistema favorable a los muy ricos que pagan menos del 4% sobre rentas de fábula, donde proliferan favoritismos y evasión, el impuesto a la renta no redistribuye. Propone el candidato impuesto progresivo y equitativo, para limar desigualdades y financiar el desarrollo. Impuesto progresivo a ganancias ocasionales y dividendos a las personas (no a las empresas) tasado de 10 a 39%. Así, baja la tasa impositiva de la empresa y sube cada vez más la de sus beneficiarios individuales. En vez de expropiar, forzar la producción en tierras inexplotadas, o bien su venta, mediante el impuesto predial. A la Echavarría Olózaga.
También el proyecto de Fajardo grava más a los ricos y elimina exenciones. Se propone recaudar $33 billones adicionales suprimiendo beneficios, con aumento progresivo de impuestos sobre renta, patrimonio, dividendos a personas, y combatiendo la evasión. Impuesto sobre la tierra con catastro multipropósito y de valorización por grandes proyectos de infraestructura, al sector hotelero y a la economía naranja. Elimina beneficios a las empresas que presentan como gasto corporativo el de sus socios, y exenciones sin efecto social como por falsa creación de empleo.
De llegar a la presidencia, dice Petro, sería su primera ejecutoria un plan de choque contra el hambre. Paso primero de estrategia inscrita en la soberanía alimentaria y en la revitalización de la economía campesina. El otro plan de choque, la creación de empleo de emergencia desde el Estado con un salario que cubra el mínimo vital, en lugar de renta básica para cesantes. Inclinado a la retórica, más con sabor de plataforma ideológica que de programa pormenorizado en alcance y en financiación (que deberá precisar) resultan no obstante plausibles estas iniciativas para paliar sufrimientos redoblados en estos años de Duque: la pobreza y el desempleo. Su propuesta de largo plazo, transitar de una economía primaria a una productiva centrada en la industrialización. También aquí, ¿cómo es la estrategia, con qué sectores de punta, será factible la concertación del plan con el empresariado?
Respiran estas propuestas aire de socialdemocracia. De Estado social activo en redistribución del ingreso acrecido por el impuesto progresivo. De un modelo que cuajó también en países como Corea del Sur con protección a la industria naciente, reforma agraria, educación universal, ciencia aplicada al desarrollo concertado con el sector privado y la batuta de la iniciativa en el Estado. No venga ahora la derecha inmóvil a calificarlo de comunista, mientras se mueve, ella sí, en el pantano del privilegio y el abuso de poder.
