Mientras respira todavía una esperanza de paz con el ELN, acusa el país como una puñalada la naturalidad con que esta guerrilla amenaza volver al secuestro. Crimen horrendo que la insurgencia ha blandido, sin asomo de escrúpulo moral, como arma de guerra contra su propio pueblo: una herramienta más en el repertorio homicida del conflicto. “Muerte suspendida” de 80.000 plagiados que la Comisión de la Verdad proyecta para el conflicto armado, la mayoría a manos de las guerrillas. En el año 2000 hubo un promedio de nueve secuestros diarios. Masificaron ellas el secuestro extorsivo, lo profesionalizaron, se volcaron al narcotráfico y ahogaron bajo sus alforjas la idea revolucionaria. Un adefesio, su postura heroica contra la injusticia desde la ejecución de delitos atroces. Perdieron la batalla política. Más, para defender su expansión militar, se suman los comandantes del ELN, gobierno tras gobierno, a la idea política de la paz. Acaso para congraciarse con las comunidades, sus primeras víctimas; o con frentes como Comuneros del Sur que no se ven representados por la delegación elena en la mesa de diálogo.
Al primer amago de retomar el secuestro respondió sin vacilar Vera Grabe, negociadora del Gobierno: por ningún motivo se acepta esta práctica; el comercio con seres humanos no tiene justificación, su eliminación no es objeto de transacción por el Estado y está taxativamente prohibido por el derecho internacional. Con secuestro no habrá negociación, sentenció.
Y es que en la retina de los colombianos se ha incrustado la imagen de hombres y mujeres encadenados o entre cercos de alambre de púas. Se ha sabido de las torturas y vejámenes padecidos, aunque no de los cuerpos de las víctimas que murieron en cautiverio, de tristeza y agotamiento, o por asesinato de sus captores (2.260 homicidios, que se sepa, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH). El secuestro deshumaniza con “situaciones de horror extremo en condiciones de enorme indefensión y humillación. (Es) indescriptible la crueldad con que actuaron los grupos armados y la sevicia de sus actos, (con) prácticas de horror atroces, inimaginables”. El niño Felipe Pérez, con cáncer terminal, les rogó a las FARC licencia para que su padre secuestrado pudiera verlo. No lo logró. Murió solo. Como murió el padre, Norberto Pérez, dos años después, asesinado por sus captores. 9% de los secuestrados permanecieron en cautiverio más de un año. El agente de policía Luis Alfonso Beltrán, 14 años, 3 meses, 4 días. El dolor emocional y sicológico sobrevive a la liberación y fractura también la vida de familiares y allegados: el propio CNMH calcula en 200.000 los así afectados.
Recava el CNMH en su enunciado: en el ejercicio rutinizado del secuestro, perdió la insurgencia la guerra; se echó a la sociedad encima y trastocó su originaria vocación social. Hostigó a la población y la esquilmó. Y le añadió el negocio de la droga. El secuestro, puntualiza, degradó la guerra, pues todos sus actores se nivelaron con la delincuencia común. Guerrillas y facinerosos se juntaron en el negocio y perdieron toda justificación política. El secuestro pasó de considerarse delito político a crimen de lesa humanidad. Es un crimen atroz.
En el diálogo con el ELN reiniciado ayer en Caracas mantendrá Vera Grabe con la misma contundencia su veto al secuestro. Acaso inste de nuevo a la contraparte a adoptar, blanco sobre negro, en su sexta conferencia de julio, la decisión que el país espera: que el ELN esté en definitiva dispuesto a la paz, a terminar la violencia. Preguntamos: oirá el clamor de los colombianos, que abominan el secuestro, o porfiará como reducto de un crimen que debería cubrirlo de vergüenza.