El mismo día, 3 de agosto, se enfrentaron en la que hubiera sido guerrilla unitaria hechos antagónicos que tocan el porvenir de la paz. Mientras la dirección del Eln perpetuaba con exigencias al Gobierno su proverbial uso del diálogo para ganar trincheras, la disidencia Comuneros del Sur inauguraba, con las instituciones del Estado y con la comunidad, un trabajo mancomunado de construcción de paz. Ante las fragilidades de la Paz Total (sin objetivos y metodología definidos ni líneas rojas en la negociación) se perfila este proceso como modelo (en ejecución) alrededor de tres ejes: desescalamiento de la violencia, transformación del territorio y tránsito de los miembros de ese frente a la ciudadanía plena en organización social o política, previa renuncia a las armas.
El Eln lanza ultimátum hasta el 23 de agosto para que el presidente emita decreto que lo pase de Grupo Delictivo Organizado a Grupo Armado Organizado, so pena de no renovar el cese el fuego ni descongelar conversaciones. Agallas le sobran. Aunque goza ya de estatus político, busca ahora el de beligerancia, sólo atribuible a alzados contra dictaduras o Estados ilegítimos. Obraría entonces la negociación de Estado a Estado. De tú a tú, con armados a caballo entre crímenes, negocios non sanctos, estridencias con la revolución que no lograron en 60 años y puño de hierro contra el pueblo. Pueblo ahíto de guerra.
El cese el fuego repotenció al Eln: saltó de merodear en 189 municipios a 231. Redujo al mínimo el sacrificio de combatientes de lado y lado, pero disparó hostilidades y violencias del grupo contra la población civil: confinamiento por paro armado (como el decretado ayer en el sur del Chocó); éxodo; asesinato, y secuestro de personas que aparecen a veces muertas, según Carlos Velandia.
La antípoda, Comuneros del Sur, célebre ya por la claridad de su agenda, la determinación en materializarla y el rigor con que empeñan su palabra al fin de erradicar la violencia política, avanzar en la transformación del territorio y reconstruir la vida de las comunidades. Para desescalar la violencia, grupos de trabajo se aplican a desminado, retorno de desplazados, búsqueda de desaparecidos, fortalecimiento de autoridades institucionales, comunitarias y étnicas de la zona. La transformación del territorio apunta a garantizar la vida y el Estado social de derecho, a cambiar las economías ilegales, a sembrar paz con la naturaleza. La transición hacia la ciudadanía plena implica nuevos parámetros de justicia, justicia restaurativa, abandono de instrumentos de guerra, reintegración a la sociedad, protección y seguridad de las comunidades, los territorios y el proceso.
Con su viraje hacia este modelo de negociación, el de la paz territorial, pone el Gobierno en entredicho el irónico patrón de diálogo del Eln, proclive a exigirlo todo y nada conceder. Ni siquiera el compromiso de abandonar las armas, propósito irrenunciable de un acuerdo. Ya Vera Grabe, jefe negociadora en esa mesa, lo emplazó a declarar si está por la paz o usando la negociación para fortalecerse militarmente. Lo que no le impidió seguir abierta al diálogo: reveló que el Gobierno prepara una propuesta a los negociadores del Eln, enderezada a reiniciar el diálogo. Ojalá no sea la de reconocer a esa guerrilla como fuerza beligerante, pues no vive Colombia bajo una dictadura.
Agudo contraste entre el recurso a la coacción -más hijo de prepotencia que de bien ganada autoridad- y el genuino compromiso con la paz: entre Eln y Comuneros del Sur. Velandia propone hacer una pausa con el Eln y retomar el proceso pero con desescalamiento. Cese el fuego entre combatientes servirá si se acompaña de cese de hostilidades contra la población civil.