Cuando más avanzan las conversaciones de La Habana, en la perseverancia de las partes, las Farc interponen talanqueras que pondrían en grave riesgo un desenlace de paz: quieren ellas eludir responsabilidades frente a sus víctimas. Nunca antes se había llegado tan lejos con la insurgencia, declara Humberto de la Calle. Pero al propio tiempo se vuelve esa guerrilla contra los pilares mayores del proceso, a saber, la verdad y la justicia. El Grupo de Memoria Histórica revela la cantidad y la atrocidad de los delitos perpetrados, entre otros, por guerrillas revolucionarias contra una población inerme en este conflicto armado. Por su parte, el Marco Jurídico para la Paz apuntaría a seleccionar los más graves y a juzgar a sus máximos responsables. Pues las Farc descalifican aquella historia de la guerra y rechazan el instrumento de justicia transicional que pondría fin al desangre.
Como si en la mesa se estuviera barajando el Estado de derecho al cual prometieron acogerse para librar desde la democracia liberal sus luchas por el cambio, las Farc dicen ahora no reconocerle legitimidad para juzgarlas y sugieren, mas bien, someter al Estado a un juicio revolucionario. Siendo éste, según ellas, el responsable último de la violencia, apelan las Farc a su particular interpretación de los hechos. Por ejemplo, al secuestro lo llamarían retención de algún indeseable burgués que deberá cotizar a la causa popular. Terminarían por no reconocer a sus víctimas, cuyos derechos obligan; por negarse a aceptar la verdad y a confesarla, a reparar y a pagar por el horror causado.
Contra el informe de Memoria Histórica, proponen la creación de una comisión de la verdad que indague los delitos de los agentes del Estado y se remonte a los promotores de la violencia liberal-conservadora de los años 40 –origen remotísimo y episódico de la guerrilla comunista. Con riesgo evidente de que el recurso a las calendas griegas escamotee las responsabilidades particulares de esta insurgencia en su medio siglo de existencia. Justa la exigencia de investigar a agentes del Estado incursos en crímenes atroces. Y justo volver sobre los victimarios del pasado. Pero eso no invalida la tragedia ya documentada, hija del conflicto presente, en la cual tuvieron arte y parte las guerrillas. El informe “Basta ya” atribuye a las Farc 343 masacres de las 1.982 perpetradas en las tres últimas décadas. Y a las guerrillas, 24.482 de los 27.023 secuestros registrados desde 1970 y asociados al conflicto armado.
Gonzalo Sánchez, director de la obra, se refiere a esta guerra degradada, que “rompió todas las reglas humanitarias, más allá de los objetivos sociales o políticos que los múltiples bandos puedan esgrimir”, trátese de guerrillas, de agentes del Estado, de paramilitares, o de sus aliados entre políticos y empresarios. Pero no es sólo la cifra de muertos y de daños, recava; hay que inscribir esta guerra “en el tejido de mecanismos de exclusión, de impunidad, de despojo y de terror que han configurado el diario acontecer de nuestra nación”.
Acaso no hayan comprendido las Farc que su despliegue de propuestas, viables o desmesuradas, le llegan a la opinión como un insulto mientras aquellas no asuman sus delitos, acepten sanciones y pidan perdón a sus víctimas. Negarse a hacerlo sería seguir apostándole a la guerra. Reconciliación habrá sólo cuando todos los actores armados asuman sus responsabilidades. Único camino para que la insurgencia pueda reintegrarse a la sociedad y para que el Estado recupere su legitimidad. Si no conocemos nuestra historia, estaremos condenados a repetirla, se ha dicho. Nuestra verdadera historia, pues sin verdad (reconocida) no habrá paz.