Sin siervos no hay yugo que valga. Si la multinacional Novartis vende en Colombia su Imatinib contra el cáncer seis veces por encima de lo que valdría el genérico es porque en 2012 nuestro flamante Consejo de Estado le otorgó, hincada la rodilla, patente de exclusividad a la farmacéutica suiza. Y porque la Superintendencia de Industria y Comercio, que nueve años atrás se la había negado, enmudeció. Entonces salieron los genéricos del mercado y Novartis navegó a sus anchas con precios astronómicos que atentan contra la vida de los pacientes y contra las finanzas de nuestro sistema de salud. Se propone ahora el ministro Alejandro Gaviria romper el monopolio que a ese tiburón le permite devorarse a los más débiles; triturarlos bajo el peso de su obesidad. Colombia sometería la patente de su fármaco a licencia obligatoria, y lo declararía de interés público, pues se trata de un medicamento esencial. Enhorabuena.
Manes de la soberbia extranjera, le han llovido al país advertencias, amenazas, chantajes desde todos los poderes habituados a imponerse a coces sobre pueblos vulnerables: vociferan en el mundo (y en Colombia) los gremios de las multinacionales farmacéuticas, agentes del congreso estadounidense que velan por los intereses comerciales de ese país, y hasta su propio gobierno. Porque para ellos, escribe nuestra embajada en Washington, “regular el precio de ese fármaco […] puede desembocar en disputas relacionadas con lo pactado en el TLC o crear inconvenientes en la aprobación de los recursos para ‘Paz Colombia’”.
Pero no será el nuestro el primer país que libre en su suelo esta batalla planetaria contra la gula de la gran industria farmacéutica. Ya Tailandia, Brasil, Suráfrica y la India la dieron. Y cobraron victoria. En la India, la Corte Suprema de Justicia tomó en 2013 la histórica decisión de negarle la patente al Imatinib. Privilegió el principio de brindarle a su población acceso a medicamentos genéricos sobre la supuesta mayor eficacia terapéutica del fármaco de Novartis. Su precio se redujo a la dieciochoava parte: pasó de 2600 dólares a 145. Estos países han montado toda una industria nacional de genéricos incentivada por el Estado, vía expedita para democratizar la salud reduciendo drásticamente los precios de las drogas. Y Colombia sufre ahora una segunda embestida: hace dos años arremetieron las farmacéuticas gringas contra el proyecto del ministro Gaviria de optar por medicamentos biotecnológicos y de producirlos en el país.
Pero conforme pujan los tiburones por apretar la encerrona contra Colombia, surgen apoyos acá y allá, de quienes saben que nuestro país es el escenario de la hora donde tiene lugar esta disputa global contra los muy civilizados mercachifles de la salud. Ciento veinte oncólogos del mundo entero le dirigieron al Gobierno una misiva donde protestan por la desmesura de Novartis. Para la Federación Médica Colombiana, entre otras muchas, al país le asiste pleno derecho a priorizar la salud de sus ciudadanos, a defender el interés público de atropellos como éste.
En búsqueda de competencia equilibrada, jugará papel crucial la aplicación Click Salud que el Gobierno prepara, donde aparecerá el precio de cada droga, comparado por laboratorios. Divulgará, por ejemplo, tres valores distintos del omeprazol: $36, $138 y $11.249. El consumidor decide. Mas no debería el Estado limitarse a controlar precios y a apoyar la industria nacional de genéricos. Debería, también él, producirlos. Inyectar recursos abundantes en ciencia, tecnología e innovación. Y pedir dignidad a quienes, como en el caso que nos ocupa, regalan el país desde el Consejo de Estado. Como si el alto tribunal pudiera degradarse a guarida de la servidumbre del déspota extranjero.