Caben preguntas. ¿Habrá intereses ocultos tras la extravagancia de querer feriar Isagén, empresa del Estado que descuella en eficiencia, rentabilidad y beneficio social? ¿Por qué expropiar a los colombianos un bien estratégico, fuente de riqueza y desarrollo, para entregarla a una firma extranjera que repatriará todas sus utilidades y terminará con domicilio en el exterior para brincarse los impuestos y las leyes de Colombia? ¿Por qué desviar los $ 5,2 billones que el Gobierno reciba por la venta de sus acciones en la empresa hacia concesionarios de vías, en forma de créditos prácticamente sin costos? ¿Habrán mediado drinks y viandas para sellar este pacto, donde los contratistas resultan mimados por el propio contratante? ¿Ruda la presunción, en un país donde la moderna alianza público-privada –de responsabilidades compartidas– es a menudo eufemismo para edulcorar el amancebamiento entre gobernantes y negociantes, o su simbiosis, que nos legó la colonia?
Que los tales recursos son de vida o muerte, argumenta el ministro Cárdenas. Que sin ellos no habrá vías, acaso ni infraestructura, ni futuro, ni país. Que nada pierde la nación, pues se trata de cambiar un activo por otro, así no más, hidroeléctrica por carreteras. Falacia. Se pierde una empresa que reinvierte sus robustas ganancias en expandirse, en potenciar así el desarrollo regional. En cambio, los peajes van a dar al bolsillo de constructores privados de las 4G, que se lucraron con los fondos de la Financiera de Desarrollo Nacional. Gracias a créditos otorgados a 20 años, con intereses ridículos, 8 años de plazo muerto y sin pago por amortización del capital, como lo demuestra el experto Diego Otero. El mismo principio que aplica el ministro de Salud para refinanciar, con 7 años de gracia, a las EPS que se robaron el dinero del sector. Es política de Estado: capitalizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Pero no contempla Cárdenas en su obsesión alternativa distinta de privatizar la empresa que produce la quinta parte de la energía del país y es modelo para América Latina. No ve la posibilidad de apretar a corruptos y evasores de impuestos. Ni ve la disposición de Bancolombia, Davivienda y el Grupo Aval a brindar créditos a constructores de vías hasta por $ 25 billones. Quiere vender Isagén a toda costa. Por más que le hubiera reportado ésta al Gobierno $ 348 mil millones en 2014. Por más que en pocos años sus propias utilidades igualaran los cinco billones que el agraciado pagara por la joya de la corona. Por más que Isagén garantizara control sobre los precios de un sector proclive a manipularlos, más aún con la privatización.
La energía es bien estratégico que no puede entregarse al interés privado. Porque éste sólo responde a imperativos de corto plazo, desdeña el bien común y el desarrollo, sostiene Otero. Pero en 1990 despegó el proceso de privatización de hidroeléctricas, con un primer efecto perverso: se dispararon las tarifas de energía. Nuestra industria paga el doble de su similar en EE.UU. En 2007, durante el Gobierno de Uribe, empezó la privatización de Isagén, con la venta de 19,2% de sus acciones. Aunque, fiel a su legendaria hipocresía, se rasgue ahora las vestiduras el expresidente. En esto, el presidente Santos le sigue los pasos y en 2013 decidió vender la participación del Estado en Isagén. Contra toda evidencia, sin sentido de patria, emula este Gobierno un ejército de ocupación: depreda, destruye los bienes del Estado y, acaso por complicidades secretas, se toma por asalto el patrimonio de la ciudadanía. En honor a la tradición, los de siempre afilan uñas para dar su zarpazo de lesa patria.