por Cristina de la Torre | Dic 8, 2020 | Conflicto armado, Derecha, Diciembre 2020, Impunidad, Izquierda, La paz, Modelo Económico, Modelo Político, Neoliberalismo, Paramilitarismo, Uribismo
Sí, es milagro la configuración de una mayoría de centro en esta democracia estrangulada por fuerzas retardatarias que perduran en estado puro o se reeditan al capricho de los tiempos. Heridas reabiertas que supuran y ya hieden en el tercer mandato del uribismo, son recuerdo viviente de la Violencia afilada por la jerarquía católica, de la Guerra Fría, de las guerrillas marxistas y el paramilitarismo, de la religión neoliberal. De todos los fanatismos, que se resolvieron en extremismo político.
A la cabeza de aquellas fuerzas, la violencia entre partidos restaurada para ahogar en sangre las reformas liberales –Estado y educación laicas, reforma agraria– que triunfaban por doquier y en Colombia intentó López Pumarejo. Hoy se extermina a todo un partido político, la UP; se asesina a los líderes del pueblo que reclaman tierras; se conspira con proyectos contra la libertad de pensamiento; se violenta la vida privada, y se enarbola la maltrecha bandera de la familia patriarcal como modelo único en la abigarrada diversidad de nuestra sociedad. Ángel de la guarda de los promotores de aquella contienda, la hipocresía de algunos obispos y cardenales engalanó como mandato divino su incitación a la violencia política y doméstica. Hoy renace en su voto contra la paz, en el ominoso bozal que impusieron al padre Llano, eminente pensador, por humanizar la figura de Jesús.
Cocinada al calor de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional convirtió en enemigo interno al contradictor político: pudo ser objetivo militar el liberal-comunista, como hoy lo sería el opositor señalado de guerrillero vestido de civil. A su vera, el paramilitarismo legalizado por los manuales militares de contrainsurgencia desde 1969, hasta su apoteosis en las Convivir del CD. Por su parte, las guerrillas marxistas invadieron el espacio de la alternativa democrática y legitimaron la tenaza iliberal de una dictablanda que no necesitó del golpe militar para acorralar a la oposición y al movimiento social. La desmovilización de las Farc y su compromiso con la paz dejarían sin bandera (sin el enemigo necesario) a la derecha guerrerista. De allí que se despeluque ella todos los días por volver a la guerra.
Por fin, a esta dinámica autocrática contribuyó en los últimos 30 años la tiranía del pensamiento único en economía: la religión neoliberal que emana en densas ondas desde la más refinada academia y desde los órganos del Estado que trazan la política económica y social. Todos los Carrasquilla en acción.
Todo el conservadurismo en acción contra el Centro político que reclama paz, respeto a los derechos civiles y políticos, genuina democracia liberal en Estado de derecho, capitalismo social garantizado por un Estado que controla los abusos del mercado y redistribuye beneficios del desarrollo. En acción contra este Centro (53% de los colombianos, según Invamer) que amenaza coligarse para ganar la presidencia y una mayoría parlamentaria.
Suculento plato electoral que quieren las extremas asaltar: el presidente, flamante miembro del eje Trump-Duque-Bolsonaro, se declara de “extremo centro”. Y meterá cuchara Uribe, verdugo de la paz, el de los “buenos muertos”, el de las “masacres con sentido social”. Más radical por la ferocidad del lenguaje y por la arbitrariedad de sus antojos que por su programa de reformas, Petro niega la existencia del Centro. Porque sí.
No puede tenerse por tibio a quien demanda democracia y equidad en un país que se sacude a girones la violencia ancestral contra todo el que se sitúe por fuera de la secta en el poder. Probado está: en este edén de águilas y tiburones cualquier desliz reformista puede costar la vida. Por eso la existencia del centro es un milagro.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz navidad y salud a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 1, 2020 | Acuerdos de paz, Diciembre 2020, La paz, Proceso de paz
Si sobrevivimos a las objeciones (a la JEP) y a los entrampamientos es porque el proceso de paz en los territorios es más fuerte que sus detractores en la capital, dice Sergio Jaramillo, arquitecto del Acuerdo con las Farc. Se declara optimista, pero reconoce que graves amenazas podrán desbarrancar el proceso de paz. La primera, la inseguridad en las regiones, que podrá provocar el rearme de los reinsertados. Este Gobierno y sus ministros de Defensa, acota, han sido asombrosamente incompetentes para controlar disputas armadas por el territorio, que se resuelven en masacres (78 este año) y en centenares de asesinatos de líderes y desmovilizados.
Al punto que la propia ministra del Interior reconoció esta semana la impotencia del Gobierno para neutralizarlos. Desapacible confesión de ineptitud e insolencia que deshonra su cargo, si es que más deshonra le cabe tras haber insultado a quienes denunciaban los crímenes invitándolos a dejar de “chillar”.
Menos optimista que Jaramillo, teme Francisco Gutiérrez el inicio de un tercer ciclo de violencia política después de la liberal-conservadora de mediados del siglo pasado y de la contrainsurgente desde 1964 hasta la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Resorte de la nueva guerra, el rabioso sabotaje del uribismo a los instrumentos de paz acordados, señaladamente a la justicia transicional y a la reforma rural integral.
Para Gutiérrez, el Acuerdo de Paz con las Farc fue un logro extraordinario, pero asimétrico: sin la fuerza de la contraparte, desprestigiada, la guerrilla cedió más que el Estado. Se recordará que desde el abrebocas de la negociación se sometió la insurgencia a no tocar el sistema político ni el modelo económico. El acuerdo final, señala Gutiérrez, no era revolucionario, ni siquiera reformista radical: su reforma rural no le llega a los tobillos al reformismo agrario del Frente Nacional.
Salvo en reinserción, el Gobierno ha birlado escrupulosamente los acuerdos. De los tres millones de hectáreas proyectadas para campesinos, se han entregado 30 mil. Saboteada por ley en curso que la desnaturaliza y por los llamados ejércitos anti restitución, la devolución de tierras usurpadas (unos 6 millones de hectáreas) es un tigre de papel. La coalición de gobierno hundió en el Congreso la reforma política y sus 16 curules de paz.
Pero el mayor incumplimiento es el de sustitución de cultivos. Los campesinos sustituyeron pero los pagos del Gobierno llegaron tarde y pocos y, nunca, los bienes públicos. En lugar de sustitución habrá fumigación, pues el Presidente y su ministro Trujillo porfían en el diagnóstico acordado, rodilla en tierra, con el defenestrado Trump: todos los problemas de este país, democracia ejemplar, se reducen al narcotráfico. Mas no desaparece la coca fumigando cultivos sino ofreciendo alternativas económicas a los cultivadores. Ni desaparece el narcotráfico atacando éste, el eslabón más débil de la cadena.
La paz con las Farc fue epílogo feliz de un conflicto sangriento que cobró ocho millones de víctimas para consolidar en Colombia el modelo de propiedad agraria más inequitativo del mundo y la colonización de vastos territorios del poder público por una alianza de políticos, ganaderos, paramilitares y uniformados que cifra su hegemonía en la guerra. Sí, en la guerra, camino expedito hacia la riqueza y el poder que sacrifica toda legitimidad, porque es receta de tiranos.
Para Gutiérrez, el Acuerdo está vivo, pero en términos de cumplimiento, este Gobierno lo destruyó a hachazos y taimadamente. Se diría sitiada la paz. Duro diagnóstico, que omite, sin embargo, imponderables capaces de revertir el desastre. Entre otros, la posibilidad de que el centro-izquierda conquiste esta vez la presidencia en las urnas y acometa sin demora la implementación de la paz. Ojo con el 2022.
por Cristina de la Torre | Nov 24, 2020 | Modelo Económico en Colombia, Neoliberalismo, Noviembre 2020, Política agraria
No es jugarreta del destino. La crisis de los paperos es el síntoma recurrente de enfermedades que carcomen la entraña del agro en Colombia y se ceban en el campesinado: la miseria, la injusticia, la violencia, el trato de parias que los gobiernos dan a quienes se rompen el lomo por la seguridad alimentaria del país. Males de siempre agudizados por la desprotección de la agricultura campesina, arrojada, como se ha visto, al mar embravecido de mercados sin control. Y doblemente azotada hoy por la pandemia, que redujo demanda y precios de la papa, mientras seguía el Gobierno amparando importaciones. Los precios de sustentación que el Estado llegó a fijar para asegurar su ingreso a los cultivadores y precios estables al consumidor son cosa del pasado.
Ciego a los disparadores del desastre –sociales, técnicos, financieros y de infraestructura– el ministro de Agricultura destina compasivo miserables $30.000 millones para paliar la crisis de los cien mil cultivadores de papa. Una migaja, debió de resultarle el óbolo a Flor Alba Rodríguez, de Samacá. Ya ella tuvo que vender las vacas que le quedaban para pagar su crédito a los bancos. Y temerá a la cercana eventualidad de feriar la finca, por lo que le den, para saldar la deuda. No faltará el oportuno comprador que quiera agrandar sus predios pagando una chichigua, en imaginativa forma de despojo.
No caben en las entendederas de este Gobierno los conceptos de planificación de la producción, o conservación y buen uso del producto excedente. Habla de “sobreproducción” en un país donde 15 millones de sus habitantes se están acostando con hambre. Eso sí, fluyen exuberantes las importaciones de papa precocida, roya de la producción propia: 50.000 toneladas traídas de Europa, equivalentes a 200.000 de las nuestras sin procesar. Entre 2009 y 2019, quintuplicó Colombia las importaciones del tubérculo. Colombia, despensa potencial del mundo, importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Puñalada trapera de los TLC a la economía campesina, que es fuente del 80% del empleo en el campo y opción más productiva que la gran explotación agrícola.
Como un buldozer arremetió hace tres décadas el modelo de liberalismo económico en bruto. Tendido quedó en la arena aquel que, mal que bien, ayudaba al agro con sistemas de riego, comercialización del producto, precios de sustentación, infraestructura de conservación de excedentes agrícolas para contener la anarquía de precios gobernada por los caprichos de la oferta y la demanda. Para regular el mercado de la producción agrícola se creó el Idema; mas, con el Incora, la Caja Agraria y la banca de fomento agropecuario, desapareció aplastado bajo el trepidar de aquella máquina infernal, engalanada con la bandera del libre comercio en patio propio y allende las fronteras.
Hoy piden los productores de papa, maíz, plátano, fríjol resucitar aquellas políticas y las instituciones que las ejecutaban. Empezando por imponer arancel del 30% a la importación de alimentos, y renegociar los TLC. En lo cual coincide el empresario Jimmy Mayer, para quien esos tratados sacrifican una protección adecuada de la industria y el agro nacionales, que han de ser fuentes de riqueza y de empleo bien remunerado.
La acción desesperada de campesinos que venden la cosecha en carreteras por la séptima parte de su precio no es exhibición de folclor patrio; es la cruda exposición de los trapos al sol: de las ruindades de un sistema de privilegios duro como una roca, despiadado como el hambre de los que producen la comida pero no comen.
Coda. A despecho de la nueva Semana, el buen periodismo es imbatible. Lo prueban, entre el elenco de galardonados con el Simón Bolívar, el magnífico Jorge Cardona, Carlos Granés y Ricardo Calderón.
por Cristina de la Torre | Nov 17, 2020 | Clientelismo, Corrupción, Derecha, Modelo Económico en Colombia, Neoliberalismo, Noviembre 2020, Régimen político, Uribismo
En manos de extremistas como Álvaro Uribe, la democracia directa es un azote. Introducida por la Carta del 91 para ampliar la participación política, el uribismo puso no obstante la democracia directa al servicio del proyecto más reaccionario que floreciera en Colombia después de Laureano Gómez. Forma de participación complementaria de la representación política, lo mismo puede propiciar soluciones de fondo democrático que violentarlas. Por plebiscito se consagró en 1957 el derecho al voto femenino y se clausuró la dictadura; una consulta popular arrojó en 2018 casi 12 millones de votos contra la corrupción. Pero dos años antes, el CD boicoteó en plebiscito con mentiras catedralicias un acuerdo de paz logrado tras medio siglo de guerra y medio millón de muertos y desaparecidos. También ahora marcha el referendo de Uribe sobre embustes y cargas de odio contra la justicia transicional que es modelo para el mundo.
Pescó la derecha en los vacíos del modelo participativo que se ofreció como antídoto a la crisis que alcanzó su clímax en 1989. El enemigo sería ahora el clientelismo, máquina infernal de corrupción en los partidos y en el Estado, depositarios de la democracia representativa. En el reformismo moralizante de tantos que habían forjado entre clientelas su poder, respiraba el esnobismo de que la nuestra era una democracia sin ciudadanos. Dos figuras simbolizaron el antagonismo entre el oro y la escoria: el ciudadano y el cacique clientelista.
La democracia directa, refrendaria, fue corolario político del modelo de mercado que el Consenso de Washington imponía en el subcontinente, como contrapartida a las dictaduras del Cono Sur. Pero repitió la receta autoritaria, ahora en formato de neopopulismo, desde Fujimori en el Perú hasta Uribe en Colombia. Dictadores desembozados y tiranos en ciernes elegidos por el pueblo legitimaron su mano más o menos dura en la corrupción del sistema político. Pero, lejos de erradicarla, la ahondaron.
A Colombia se proyectó el diagnóstico de la crisis que pesaba sobre estos países: dictaduras y dictablandas hacían agua; se decretó agotado el modelo proteccionista; se imponía una transición que armonizara libertad política con libertad económica sin atenuantes. Se trataba de compatibilizar cambio económico y modernización política. Había que transitar de la democracia representativa a la democracia directa del individuo en ejercicio pleno de su libertad; del Estado social, promotor del desarrollo, al Estado adaptado a las necesidades del neoliberalismo, del clientelismo a la ciudadanía. La Carta del 91, diría Rafael Pardo, transformó las reglas del juego político y cambió el modelo de desarrollo.
Entre reformas vitales del 91 (la ampliación de derechos, la tutela), cobró ruidoso protagonismo la ideología que exaltaba la democracia “participativa”. A su vez, la laxitud de la norma que permitía la creación de partidos fracturó el monopolio del bipartidismo tradicional, sí, pero debilitó a las organizaciones políticas y al sistema de partidos. Atomizados los odiados partidos, mistificada la democracia directa, desactivada la sociedad civil, surgió el escenario donde medrara el primer demagogo con ganas de jugar a la tiranía de las mayorías. Al Estado de opinión.
Décadas lleva Uribe practicando la democracia directa que sirve a su proyecto de vocación neofascista: con consejos comunales que descuartizan la institucionalidad, con manipulación oprobiosa del plebiscito por la paz, con su nuevo referendo contra la Justicia. A despecho de la Carta del 91, el uribismo interpretó modernización política como amancebamiento de clientelismo y neopopulismo. Esta versión de democracia directa es espejismo de cepa antidemocrática, a leguas de la genuina participación política.
por Cristina de la Torre | Nov 10, 2020 | Conflicto armado, Conflicto interno, Iglesias, La paz, Noviembre 2020, Posconflicto, Proceso de paz
Intrépido defensor de su propia impunidad, vuelve al ataque Uribe contra la verdad que lo comprometería en delitos de marca mayor. Porfía en disolver la JEP, escenario de revelaciones sobre la guerra que cuestionan su inocencia y amenazan su libertad. En país donde la hipocresía ensotanada es ley, simula honor mancillado para salvar el pellejo. Se desenvuelve el expresidente con soltura en este reino de la mentira, en el hábito de disimulo y encubrimiento que, según el historiador Luis Alberto Restrepo, es en parte fruto del ejemplo y de la formación ética impartida durante seis siglos por la Iglesia Católica en Colombia. Por su parte, Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la JEP, adivina en quienes quieren derogarla el miedo a la verdad, justamente cuando este tribunal comienza a descubrir verdades completas y reconocimiento de responsabilidades.
Explorando en la Iglesia raíces de aquella doblez, se remonta el exsacerdote Restrepo a la Colonia, cuando los tonsurados cementaron mediante la educación el poder de la Corona, cuyo brazo político-religioso era la Iglesia. Piedra angular de su influencia, sin par en la América española. Tras el afán secularizador de los liberales en el siglo XIX, la Regeneración y el Concordato de 1887 restauraron la homogeneidad cultural que la Iglesia había impuesto. Le devolvieron la construcción de la nación sobre la trilogía cultural hispánica: la religión católica, la lengua castellana y la educación.
En su arista más abiertamente política, poderosos jerarcas del cuerpo de Cristo auparon con pasión la violencia: monseñor Ezequiel Rojas, canonizado por Juan Pablo II, exhortó a empuñar las armas contra los liberales en plena guerra de los Mil Días. Sugirió lo propio Monseñor Builes contra liberales y comunistas en tiempos de la Violencia. El cardenal López Trujillo, admirador del Medellín sin tugurios de Pablo Escobar, fue verdugo de curas y monjas comprometidos con los pobres. Y en el plebiscito de 2014, se sumó la jerarquía eclesiástica al sabotaje de la paz por la extrema derecha.
Colombia –escribe nuestro autor– se ahoga hoy en un pantano de mentiras, crímenes y violencias solapadas tras cuyos bastidores medran los poderosos, algunos obispos y clérigos incluidos: o son autores intelectuales del horror o lo legitiman. Casi todos ellos se excluyeron de la JEP y esquivan la Comisión de la Verdad. Pero una mayoría aplastante de sacerdotes y obispos trabaja por las comunidades olvidadas y por la paz, con frecuencia a despecho del Gobierno.
Un llamado trascendental formula Restrepo al episcopado católico: pedir perdón públicamente por los errores de la institución en el pasado y en el presente. Este reconocimiento, apunta, sería sanador para la sociedad colombiana y podría abrir la puerta a un sinceramiento nacional. Movería a altos oficiales, políticos, terratenientes y empresarios de toda laya a decir la verdad, a asumir su responsabilidad en el conflicto y a pedir perdón a las víctimas. El triunfo de la verdad acerca del conflicto sería paso decisivo hacia la paz y derrota del recurso a la simulación, ensotanada o no.
Coda. Decapitado el eje Trump-Duque-Bolsonaro, se impone ahora el desafío de reconstruir la democracia, atropellada en estos países por un caudillismo de fantoches; por el abuso de poder, la corrupción, la violencia, la exclusión, el neoliberalismo y la desigualdad. Llegó la hora de frenar la carrera que nos arrastraba por involución hacia el Eje fascista de entreguerras: el de Berlín-Roma-Tokio. Sirva también la epifanía que esta elección en Estados Unidos aparejó para recomponer las relaciones con ese país desde el respeto entre Estados y nunca más desde el complejo de bastardía con que el gobierno de Duque humilló a Colombia ante la Estrella Polar.
por Cristina de la Torre | Nov 7, 2020 | Iván Duque, Movimiento social, Octubre 2020, Política agraria, Reforma Agraria, Tierras
Les quitan la vida, les roban la tierra y ahora quiere la caverna hurtarles también el espacio político a los indígenas, arena del poder que las élites consideran patrimonio suyo, exclusivo. Atropellando su derecho a reclamar vida, paz, democracia y territorio –motivos típicamente políticos–, el Gobierno y sus validos invaden a gritos la escena para desconceptuar a la minga y solapar la amenaza de molerla a palos. O a bala.
Dizque por sospechas de que alberga en su entraña guerrilleros. Por la “infamia” de atentar contra la reactivación de la economía, diría Mac Master, aunque ésta no toque a los millones de hambrientos y cesantes. Por desafiar al virus, que el Gobierno dejó desbordarse al depositar en las glotonas EPS semejante reto de salud pública: el sistema privado ha engavetado 70.000 pruebas de covid. Por la impudicia de buscar diálogo directo con el Presidente. Por tener la minga carácter político, no reivindicativo, un pecado mortal para la ministra del Interior. Por la diabólica aspiración de llegar al poder para instaurar el socialismo, como sagazmente se lo pilla Él, perdonavidas favorable a la masacre humanitaria (¿) cuando de terroristas –de no-uribistas-se trate. Por no ser los mingueros egresados de la Sergio Arboleda.
Tras el lucimiento de la minga que dejó a la derecha con los crespos hechos, puso Duque los pies en polvorosa. Quedó su pusilanimidad expuesta a plena luz. Y confirmado que la vieja historia de exclusión de los “otros” (opositores, librepensadores, minorías o mayorías silenciadas) se reedita hoy en charada. Ahí están, para no ir lejos, el pacto bipartidista del Frente Nacional, el exterminio de la UP con sus 6.528 víctimas, los centenares de líderes sociales asesinados en la criminal indiferencia de este Gobierno, las 17 curules de paz enterradas por su aplanadora parlamentaria. Política sin miramientos a costa del contradictor.
Pero esta charada podrá aumentar el caudal de sangre. Entre la maraña de advertencias, amenazas y conjuros del partido de Gobierno descuella el llamado del senador Fernando Araujo del CD: “en Colombia unos pirómanos buscan generar caos para destruir la democracia y el gobierno no lo puede permitir y debe apelar a la conmoción interior”. La medida autoriza al Gobierno a limitar la movilidad individual y colectiva, a controlar la prensa, a suspender mandatarios regionales, a decretar impuestos y modificar el presupuesto nacional, a allanar y detener ciudadanos sin orden judicial, por sospechas. Desenterraría el estado de sitio que durante 30 años convirtió al país en la dicta-blanda del continente. Sólo que ahora, con el autoritarismo que avanza a paso marcial, tiraría más a dicta-dura.
Alarma la coincidencia de esta propuesta extremista con el asesinato de tres dirigentes del partido de oposición Colombia Humana –Campo Elías Galindo, Gustavo Herrera y Eduardo Alarcón–, por un lado. Por el otro, con amenaza de masacre de las Autodefensas Gaitanistas contra los militantes de este partido en la Guajira. Así reza el panfleto: “hemos dispuesto como respuesta armada a los diferentes actos proselitistas de las acciones comunistas el exterminio sistemático de todos y cada uno de sus militantes… (los declaramos) objetivo militar”.
El derecho a manifestarse en las calles no es baladí: fue en la calle donde nacieron los partidos políticos; en ella se defiende el establecimiento, se gesta el cambio o se fragua la paz. La calle es escenario primigenio de la democracia, del ejercicio de la política en libertad, más allá del parlamento y de la urna. Derecho hermano del de tomar partido por el gobierno o por la oposición sin morir en la jornada. Sin tener que denunciar, como denuncian los marchantes del 9 de septiembre, los líderes sociales, los indígenas: ¡Nos están matando!
por Cristina de la Torre | Oct 23, 2020 | Cuarentena, Neoliberalismo, Octubre 2020, Reforma tributaria
La tercera parte de los colombianos está haciendo una o, con suerte, dos comidas diarias. Una hecatombe social. Muestra al canto de la pobreza y la indigencia disparadas que este Gobierno contempla altanero desde el podio de los acaudalados a quienes entregó el poder, y cree encubrir con un alud de anuncios que magnifican su mezquindad: 160.000 pesitos, verbigracia, para una franja de las familias más necesitadas. Vale decir, un salario mínimo en seis meses de pandemia, que en decenas de países –latinoamericanos incluidos– se entregan cada mes. Al finalizar este año, la mitad de la población colombiana será pobre, y los miserables se habrán triplicado. Pero no todo es obra del virus: ya en 2019 la estulticia de Duque-Carrasquilla había logrado crear 661.000 nuevos pobres y 729.000 nuevos indigentes. En el año anterior a la pandemia, la pobreza monetaria aumentó 18,4%, mientras los diez millones de colombianos más ricos elevaban sus ingresos.
Un reversazo que nos ancla en la vetusta ecuación ricos-pobres. Fetidez de populismo, acusarán las células olfativas de nuestra dirigencia, mientras exacerba, ella sí, la lucha de clases. La activa con proyectos como el de reforma laboral filtrado esta semana, que despoja a los trabajadores de sus derechos y cercena sus ingresos; largamente madurado, drinks mediante con jefes de gremios que sólo representan a la crema de organizaciones policlasistas. Con tributación favorable a los más ricos y extorsiva para todos los demás. Con nuevos recortes al gasto público. Con la venta de los bienes más rentables del Estado, como ISA y Ecopetrol. En suma, castigando la demanda agregada, fuente bendita de reactivación de la economía, cuyo desplome explicaría por qué, reabierto el comercio, poco vende. Terminarían muchos productores por suprimir los escasos puestos de trabajo que lograron conservar.
Explica Juan Daniel Oviedo, director del Dane, que gran parte de la reactivación del empleo registrada en agosto no es recuperación del trabajo formal: es que los informales volvieron a salir a batirse en la informalidad de las calles por cualquier ochavo. Y les acompañan nuevos contingentes que ingresan en la informalidad.
Tan aguda la crisis, que el mismísimo FMI, catedral primada del neoliberalismo, invita a los Estados a multiplicar la inversión social financiándola con nuevos impuestos a los más pudientes y a las empresas más rentables. Por su parte el Papa Francisco, a quien los poderosos citan apenas cuando conviene, escribe: “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal”, que sirve al crecimiento, no al desarrollo. Aboga por restablecer el papel del Estado social, por orientar la capacidad empresarial a conjurar la pobreza y a crear empleo.
Mas, he aquí que el muy católico y monaguillo del FMI, Álvaro Uribe, papa negro de la caverna en el poder, se insubordina contra todo el santoral, padre Marianito y virgen de Chiquinquirá comprendidos. En homilía post prisión advierte, dedo al cielo, contra el coco del socialismo, hoy representado en la minga indígena que apuesta a la “toma socialista del Estado”, mañana en el paro nacional. Una y otro, portadores del “riesgo socialista” que confisca, sube impuestos e impone restricciones asfixiantes. Y cierra energúmeno con la consigna de “oponerse al odio de clases del socialismo”.
Otros –la mayoría– piden, con Mauricio Cabrera, intervención del Estado “para combatir este obsceno aumento de la desigualdad, con mayores ayudas a los más pobres y más impuestos a los súper ricos”. Para combatir el hambre del pueblo provocada por omisión desde arriba, edén de la dictaduque y su ala de insaciables acaparadores de oro que pasan por empresarios de la patria: un crimen de Estado.
por Cristina de la Torre | Oct 14, 2020 | Conflicto armado, Conflicto interno, Izquierda, La paz, Octubre 2020
Uno fue el hijo de Laureano que instigó el bombardeo de “repúblicas independientes” de campesinos que por eso derivaron en insurgentes y, otro, el Álvaro Gómez amigo de la paz que 35 años después murió asesinado por aquellos. Unas fueron las Farc que le cobraron con la vida a Jesús Antonio Bejarano sus diferencias ideológicas y, otras, las que 17 años después tuvieron el coraje de desmovilizarse, entregar las armas, allanarse a la democracia y protagonizar acto supremo de acatamiento al Acuerdo de Paz: confesarse responsables de aquellas atrocidades.
Ahora tendrá la Farc que honrar su metamorfosis, documentando, para empezar, el asesinato del negociador de paz con la Coordinadora guerrillera en Caracas y Tlaxcala en 1991-92. Este homicidio es pieza vergonzosa en nuestra historia nacional de la infamia, aupada a un tiempo por dos sectarismos: el de la tradición que dirime a bala las diferencias de ideas, imperecedero en Colombia, y el importado de rivalidades entre los centros del comunismo internacional que se disputaba entonces espacios en el mundo universitario. Todos los fascismos al mando: el de la acción intrépida y el atentado personal, y el del estalinismo.
Alfonso Cano, contradictor de Bejarano mientras fueron estudiantes en la Universidad Nacional, le cobró siempre al académico el fracaso de aquellos diálogos de paz. Ya había exhibido hacia él un “odio profundo” que impactó al senador Iván Marulanda, según relató en Semana en vivo, cuando éste se desplazó en comisión con otros constituyentes a la selva para trasladar a Caracas al que sería negociador principal por las Farc. Acaso el empeño de Bejarano en aterrizar los diálogos sobre la prosaica realidad pulverizaba la fantasiosa megalomanía de las guerrillas, y destapaba el juego de buscar de palabra la paz sin abandonar el íntimo propósito de continuar la lucha armada: el diálogo concebido como táctica de una estrategia de guerra. ¿Ahondaría tal franqueza el rencor que condujo a su asesinato?
En su libro Una agenda para la paz, destaca el Consejero el desencuentro de propósitos entre las partes. Si para el Gobierno se trataba de superar el conflicto, de lograr la desmovilización de la guerrilla, ésta apuntaba a “la superación de los problemas del país”. Se erigía ella, así, en vocera gratuita de las reivindicaciones del pueblo. Las demandas de participación civil, escribe el autor, “suelen venir de minorías poco representativas y marginales” que creen encontrar en el proceso de paz el espacio que no conquistaron en 40 años de lucha armada. A diferencia del FMLN de El Salvador, que había logrado empate militar, social y político con el establecimiento, nuestras guerrillas representaban limitadísimos intereses sociales. Pero pretendían igualarse a aquel Frente que, vanguardia de amplias organizaciones de masas, pudo negociar de tú a tú con el gobierno de ese país.
De otra parte, por ahorrarse explicaciones de ética y política ante el mundo sobre sus prácticas de secuestro, extorsión y narcotráfico, boicoteaban la mediación internacional en la negociación. Y, negando confidencialidad al proceso, lo convirtieron en espectáculo de protagonismo y propaganda. Desacuerdos en delimitación territorial de los alzados, cese el fuego y tregua bilateral que tal vez querrían traicionar –como sucedió con la tregua de Betancur–, dieron al proceso su estocada final.
En este libro criticó el intelectual la tozudez de las guerrillas, causa medular del naufragio del proceso de paz. Hoy sería referente insoslayable en el esperado esclarecimiento del crimen; una salvajada que evoca el rugido de la falange franquista contra don Miguel de Unamuno, rector de la universidad de Salamanca: “¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!”.
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2020 | Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Octubre 2020, Posconflicto
Pocos testimonios habrán conmocionado el alma de los colombianos como el de Íngrid Betancur sobre su secuestro de casi siete años por las Farc. Y pocas revelaciones habrán sacudido tanto al país como esta de que la cúpula de aquella exguerrilla se asume responsable de los asesinatos de Álvaro Gómez, el excomisionado de paz Jesús Antonio Bejarano y el General Landazábal. Si la mentira –había dicho Ingrid– es el escudo de los poderosos y de los violentos para escribir la historia oficial, la verdad es el camino de la paz. No bien concluyó su exposición ante la Comisión de la Verdad, cuando el secretariado del nuevo partido reconoció su crimen y le pidió perdón. Tres días después, se comprometió aquel con la JEP a ofrecer verdad, esclarecer los hechos y asumir de antemano su responsabilidad en el homicidio del dirigente conservador. Si así fuere, estarían las Farc provocando un huracán en el país que parecía precipitarse al abismo del autoritarismo y la violencia: un paso de gigante hacia la conquista de la verdad y de la paz.
Las víctimas merecen la verdad. Y también cantan la suya, hasta generar resultados inesperados. Para Íngrid, el secuestro es un asesinato, una muerte lenta sin fecha de vencimiento. No termina con la liberación, pues expropia la identidad, descuartiza la dignidad, anula al ser humano y cambia la genética del que fue para trocarlo en otro. El peso del secuestro en el secuestrado es invencible: lo arroja al vacío donde él se pierde, olvida quién es y después luchará toda la vida por recomponer su ser. El daño es irreparable. El secuestro es el peor de los crímenes porque los incluye a todos y para siempre.
Y un sufrimiento se erige por encima de todos los demás: la mentira. La mentira para maquillar los hechos y la mentira por omisión. La que oculta el nombre de los homicidas y condena a miles de familias a la desesperación en su estéril búsqueda de responsables.
En su emplazamiento a las Farc, señalaba Ingrid que la aproximación a la conciencia de lo hecho, de lo injustificable, pasaba por la negación. Mas todos los abusos legitimados en la ficción de la lucha por el pueblo se derrumbaban ante la incapacidad para reconocer siquiera la propia verdad. Y el miedo, ay, el miedo de las Farc a bajarse de un pedestal confeccionado de falsos heroísmos, pues esa guerrilla llevaba décadas controlando su mundo, imponiendo su ley, contando la historia como ella la quería contar. Ahora podía también mostrarse como el héroe generoso que concede la paz.
Enhorabuena, agregaría, si también ellos hacen el recorrido que a todos se nos impone: escoger quiénes quieren ser en el espacio de país que se ha creado con la paz. Si tienen el coraje para mirarse de frente, sin darse justificaciones, para mirar con asco lo hecho y no querer repetirlo. Arrepentirse. Acercarse con humildad, con dulzura de corazón a los colombianos. Sólo cuando ellos puedan llorar con nosotros se derrumbarán todos los muros que se les interponen. Y se abrirá un verdadero horizonte de paz.
Su admonición pareció precipitar una decisión largamente madurada que sorprendió al país: reconocerse autores de los homicidios señalados. Escribieron en su misiva a la JEP: “Honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”. Colombia espera que honren su palabra.
Que honren la verdad todos los actores de la guerra: el ELN, la verdad de sus secuestros; los paras, la verdad de sus masacres; comandantes de brigada del Ejército, la verdad sobre los “falsos positivos”. Y los empresarios que financiaron a paramilitares para lucrarse de la guerra, ¿qué dirán?
por Cristina de la Torre | Sep 28, 2020 | Iván Duque, Justicia, Movimiento social, Septiembre 2020
Rescate del Estado de derecho desde la Corte Suprema de Justicia y burla a la democracia por el alto Gobierno quedaron expuestos sin atenuantes. Al desbordamiento de la violencia instigada con sordina desde arriba, al abuso de poder en el uribato renacido, presidente y ministro de defensa agregan el delito de desacato a una orden judicial: pedir perdón a víctimas definidas de la brutalidad policial, que se resuelve en protestantes heridos por cientos y muertos por decenas. Pero no. Como levitando sobre el horror, voz engolada de candidato en campaña, el ministro se escabulle y en cambio corona de laureles a la Policía que ha disparado a matar. “Gloria al soldado” escribirá, además, en homenaje al uniformado que asesinó a Juliana Giraldo, porque sí. Sucia asimilación de las instituciones armadas que monopolizan la fuerza del Estado, mas no ganando el respeto de los asociados sino mediante el crimen.
Cómo no disparar, si en el reino de la caverna todo el que proteste o disienta o sea distinto es terrorista que se la buscó. Guerrillero vestido de civil. Juegan ellos a prevalecer por física eliminación del inconforme. Juegan a reírse de la Justicia para culminar su avanzada hacia el poder único, inapelable, en la persona del patrón de frondoso prontuario que la encabeza. Juegan a llegar por este camino a la meca soñada: coronar el proyecto neofascista que despuntó en 2002 y ahora desespera, peligrosamente, en su impotencia para responder a la peor crisis social en muchos años.
En texto admirable que recupera principios medulares de la democracia moderna, fustiga la Corte esta vulneración generalizada y reiterada de los derechos a la protesta, a la vida, a la participación ciudadana, a la integridad personal, al debido proceso; a la libertad de expresión, de prensa, de reunión y circulación. Y el Ejecutivo no mantiene una postura neutral.
Declara el máximo tribunal que la Fuerza Pública agrede sin pausa ni medida ni control a la población civil que, en manifestaciones, es “brutalmente golpeada”. Interviene sistemáticamente con violencia, usando armas letales, contra la protesta social. Mas, por encima del orden público, postula, está el respeto a la dignidad humana. El uso de la fuerza en el control de disturbios estará limitado por el hecho de que no se trata de enfrentar al enemigo sino de controlar y proteger civiles. Siendo función suya la protección del ciudadano y de la vida, se trata de restablecer el orden, no de conculcar derechos.
Atribuye el profesor Augusto Trujillo la creciente militarización de nuestra seguridad ciudadana al hecho de que la Policía de Colombia es la única en el mundo que depende del Ministerio de Defensa. Se diría también que sigue dominada por los fantasmas de la Guerra Fría, como el del enemigo interno, que germina con más exuberancia allí donde las diferencias políticas se ventilan con corte de franela o a motosierra batiente.
Por eso cae como un bálsamo, una luz en las tinieblas, esta voz poderosa de la Corte Suprema de Justicia: una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, buenos y malos, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho. Si la mayoría de colombianos recibe con esperanza esta simiente, que ella germine dependerá de su decisión de protegerla, regarla y abonarla, pues los que mandan se proponen destruirla metódicamente, hacerla trizas, día tras día, durante los dos largos años que les quedan todavía en el poder. No será la primera lucha sin fusiles que la democracia libre contra la rudeza del poder que hoy encarna esta dictaduque.
